Abriendo la norma
Juez de Recurso 2º Circ. Judicial
TOMO CXXXIII – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 8598 FOLIO Nº 132/134 PROT. ELECT. JR101214I.242
Río Gallegos, 16 de abril de 2024.
La presente causa caratulada “B.N.E. S/ TENTATIVA DE HURTO” Expte. Nº 27.285/23, Apelación Nº 8760/24, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 47/50, obra glosado el auto dictado por la otrora Sra. Jueza titular del Juzgado de Instrucción Nº Tres de Río Gallegos, quien en el punto I) ordenó el procesamiento sin prisión preventiva de N.B.E., en orden al delito de “robo agravado por el uso de arma en grado de tentativa” (arts. 42 y 166 inc. 2 del Código Penal); y en el punto 2) trabó embargo sobre los bienes del imputado por la suma de pesos cien mil ($ 100.000). Que a fs. 53/58 la defensa técnica apeló dicho auto -motivándolo-; a fs. 62 sostuvo el recurso y, no habiéndose presentado el memorial regulado en el art. 437 del CPP, quedan en consecuencia los presentes autos en condiciones para ser resueltos, y;
Que, a continuación, trataremos cada uno de los agravios expresados, en el orden propuesto por la defensa en su presentación.
I. Agravios referidos a la valoración de las pruebas en el auto de procesamiento: en primer término, sostuvo la defensa que los elementos colectados en el sumario resultan insuficientes, contradictorios y -en cierto modo- viciados de nulidad, a los fines de endilgarle a su defendido la conducta puesta a consideración. En tal sentido, calificó de arbitrario el procesamiento dictado. Pues bien, analizado este primer planteo, adelantamos, no podrá prosperar.
En efecto, a fin de tener por acreditada prima facie la autoría del ilícito, la magistrada valoró el informe de inicio de actuados, en el cual la preventora, relató –entre otras cuestiones- cómo tomó conocimiento del hecho, el estado de cosas a su arribo, y las labores que allí se efectuaron.
A esos mismos fines, ponderó las contestes declaraciones de los hermanos C.M. y N.A.
El primero nombrado, contó que oyó que abrían la puerta trasera de su camioneta y, al salir, vio y reconoció al imputado. Expresó que este tenía parte de su cuerpo dentro del vehículo de su propiedad, por lo que estimó que intentaba sustraer algo de su interior. Dijo que allí lo tomó y forcejearon, que el incuso extrajo un cuchillo del bolsillo de su ropa y, aun así, logró quitárselo hasta que llegó el personal policial. A todo ello, se aduna el acta de inspección ocular, que describió el lugar en que se encontraba posicionado el vehículo de mención.
Asimismo, se tuvieron en cuenta las declaraciones testimoniales de los efectivos policiales -M.A. y G.G.- quienes acudieron al domicilio y –en lo sustancial- describieron el estado de cosas y las personas que encontraron a su arribo, aprehendiendo al sujeto y secuestrando un cuchillo (ver fs. 12/14).
Finalmente, se valoró el informe de la División Comisaría Segunda, sobre las imágenes extraídas de las cámaras de seguridad de un local contiguo, que capta el momento en que un masculino, primero observa adentro del local, y abre la puerta trasera de la camioneta (ver fs. 31/34).
Siendo la suficiencia de elementos probatorios motivo de agravio, por dar un ejemplo, con idénticos –y aún menos elementos a los valorados en autos-, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, dispuso el procesamiento de los encartados, señalando: “El recurso de apelación interpuesto por el fiscal contra la sentencia que dispuso la falta de mérito en una causa en donde se investiga el delito de robo en grado de tentativa debe tener acogida favorable, y por ende, se debe procesar a los imputados, ya que existen declaraciones contestes en cuanto a la descripción de las circunstancias incriminantes, las cuales forman un cuadro probatorio suficiente para acreditar, con el grado de provisoriedad que caracteriza esta etapa procesal, la materialidad del hecho investigado y la responsabilidad de aquellos.” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Sala V; 04/06/2013; “B.E.M.y.o. s/ robo en tentativa”; La Ley Online; Cita: TR LALEY AR/JUR/21982/2013). En suma, en nuestro caso, contamos con las declaraciones contestes de los primeros testigos que vieron al imputado intentar abordar el vehículo; los testimonios de los efectivos policiales; las imágenes de las cámaras de seguridad; y el acta de inspección ocular; los cuales –contrario a lo señalado por la defensa- resultan suficientes para atravesar la barrera del art. 289 del CPP, razón por la cual, rechazaremos este agravio.
II. Crítica a la calificación legal: en este apartado, explicó que resulta incorrecto calificar al hecho como robo, pues no se habría concretado el apoderamiento, ni violencia y/o fuerza en las cosas, ya que el imputado no habría podido disponer del botín, quedando sólo en tentativa.
Consideró que no basta para configurar la agravante, llevar un arma impropia o, que el sujeto pasivo se intimide simplemente porque imagina que el ladrón está armado. En otras palabras, el elemento debe servir como medio de ejecución del acto.
Insistió en que no puede atribuirse robo agravado, pues no se encuentra acreditado el medio empleado, pese a lo que declaran los testigos M., A. y G.
Asimismo, advirtió que -al ser aprehendido-, el imputado no tenía ningún arma, razón por la cual –dijo- carecería de fundamento el argumento esgrimido por la jueza.
En otro orden de ideas, aseguró que en autos no se acreditó el dolo, y postuló que no existe violación de tipo penal alguno, dado que no quedó acreditado, con la certeza que requiere la etapa instructoria.
Finalizando, pidió el cambio de calificación legal y se encuadren los hechos como hurto en grado de tentativa. Citó abundante doctrina en sostén de su tesitura.
En relación a esta crítica, del estudio de la resolución recurrida se observa que la instrucción explicó con sólidos fundamentos e indicación de las piezas probatorias en que lo sustenta, la razón que la llevó a encuadrar provisoriamente los hechos en orden al delito de "robo agravado por el uso de arma en grado de tentativa” (art. 42 y 166 inc. 2 del CP). En cambio, de los argumentos de la defensa se advierte que su planteo constituye una mera disconformidad con la conclusión a la que arriba la Sra. Jueza de grado sin lograr controvertir lo decidido. Por consiguiente, y siendo criterio de esta alzada -en concordancia con reiterados dictámenes de la Sra. Fiscal ante las Excmas. Cámaras de Apelaciones-, que la calificación legal no es pasible de revisión en esta instancia procesal, este agravio no prosperará.
Ello así, toda vez que los hechos imputados resultan ser de naturaleza netamente "provisoria" a lo largo del proceso, pudiendo ésta variar, en su caso, al momento del requerimiento de elevación a juicio y asimismo en el juicio propiamente dicho, hasta el dictado de la sentencia; ello siempre y cuando no se modifique el hecho imputado en sí, dado que afectaría el principio de congruencia. (Criterio asentado en las Apelaciones N° 8013/22, 7813/22, 8190/23, 8370/23 y 8488/23, entre otras tantas). Este criterio resulta imperante a nivel jurisprudencial. Al respecto los tribunales se han expedido sosteniendo que: "...La lectura del recurso de apelación (…) refleja que los agravios allí invocados se relacionan exclusivamente con la calificación legal asignada al hecho objeto del procesamiento. Este tribunal ha interpretado que no es posible impugnar tan solo la significación jurídica, por ser esencialmente provisoria y no resultar vinculante para el Ministerio Público Fiscal al momento de concretar la acusación ni para el Tribunal de juicio al fallar, en caso de que la causa llegue a tales momentos procesales...". (TR LALEY AR/JUR/56181/2014). En virtud de lo expresado, se advierte que la defensa no ha demostrado un agravio concreto relativo a la provisoria calificación legal de los hechos reprochados a su asistido, motivo por el cual será desestimado.
III. Del embargo: aquí, pidió la reducción del monto de embargo establecido en el procesamiento, por considerarlo excesivo.
En tal sentido, al efectuar una atenta lectura de la resolución que se intenta poner en crisis, surge que la magistrada en el punto IV.b) del considerando, dio las pautas por las que consideraba adecuado establecer el monto del embargo en la suma de pesos cien mil ($ 100.000). Dicha cifra no aparece como irrazonable, ya que la misma guarda relación con el perjuicio que se hubiere causado (ello en función de que el art. 499 del CPP establece que al momento de decretar el procesamiento el magistrado debe ordenar, también, el embargo de bienes del imputado). Por otro lado, la parte recurrente no dio ningún argumento o parámetro en apoyo a su postura que nos permitan apartarnos del criterio seguido por la Sra. Jueza interviniente, limitándose genéricamente a señalar que es excesivo, razón por la cual rechazaremos este infundado cuestionamiento.
IV. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.
V. Comunicaciones: En virtud de la resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz, firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto glosado a fs. 47/50, por los motivos expuestos en los considerandos que preceden.
2. REGISTRESE y NOTIFÍQUESE a las partes mediante SNE.
3. Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente al correo electrónico [email protected].
4. Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen.
(PB)
Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez –Juez-, ante la Actuaria firmante, Dra. Adriana I. Geyer, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. CONSTE.-
Fin de la sentencia