Abriendo la norma
Juez de Recurso 2º Circ. Judicial
TOMO CXXVI – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 8211 FOLIO Nº 045/047 PROT. ELECT. JR101087I.231
Río Gallegos, 02 de noviembre de 2023.-
La presente causa caratulada: “Dra. G.L.G.B. s/ interpone recurso de queja por apelación denegada en autos “B.A.P. s/ Dcia. Pta. Infracción al título III del libro II del CP”, Expte. N° 16841/19 – Causa JR Nº 8596/23, venida a despacho para resolver y de la que;
Que, con fecha 31/10/23 se presentaron ante esta Alzada los Dres. V.B.G. y S.O.L.D., con relación a los autos caratulados: “B.A.P. s/ Dcia. Pta. Infracción al título III del libro II del CP”, Expte. N° 16841/19, de trámite por ante el Juzgado de Instrucción Nro. Tres con asiento en Río Gallegos, recurriendo en queja por recurso de apelación denegado. De la lectura de la presentación articulada, surge que el argumento de los quejosos radica en que -en fecha 20/10/2023- no se hizo lugar al recurso de apelación presentado contra la providencia de fecha 05/10/2023. En consecuencia, se encuentran estos actuados en estado de resolver sobre la procedencia del recurso de queja;
Y
Que el recurso impetrado reúne los requisitos previstos por el art. 460 del CPP, consecuentemente, corresponde abordar su tratamiento.
Que, de la presentación se observa que en fecha 28/09/2023, la defensa técnica del imputado E.D.Z., ofreció a la Instrucción prueba testimonial y siendo que en fecha 05/10/2023 la Sra. Jueza de Instrucción no hizo lugar a dicha medida probatoria por no advertir su pertinencia ni utilidad, interpusieron recurso de apelación por considerar que la providencia no se encontraba debidamente fundamentada. Finalmente, en fecha 20/10/2023, la Magistrada no hizo lugar al recurso de apelación por improcedente, en virtud que contra la providencia que se pretende recurrir no procede la interposición del recurso de apelación (art. 190 del CPP), sumado a que se encuentra vencido el término para solicitar medidas de instrucción, en razón de haber transcurrido más de un año desde la recepción de la declaración indagatoria, conforme lo dispuesto por el art. 197 del CPP.
Fundaron su planteo en la arbitrariedad, exceso ritual, ilegalidad y equívoca interpretación de las normas procesales que turbarían los derechos de su representado y el acceso a la justicia. Entendieron que la Jueza debería haber considerado las presentaciones obrantes en el expediente, pues aseguraron que al no considerar los testimonios propuestos por la defensa -los que darían cuenta de cómo habrían acontecido los hechos y que conformarían un relato diferente a la imputación-, lleva a colisionar el derecho de defensa, pues el apresuramiento de correr la vista del art. 329 del CPP, conculca los derechos que le asisten al imputado, encontrándose ante un prejuzgamiento, por cuanto entienden que ya se tendría por definida la situación procesal del encausado.
Citan doctrina y jurisprudencia en apoyo de su tesitura. Por último, pidieron se admita la queja y se declare formalmente admisible el recurso de apelación interpuesto, haciendo reserva de casación y del caso federal. Pues bien, analizada la cuestión planteada, entendemos que corresponde no hacer lugar al recurso de queja interpuesto por la defensa, contra la providencia que denegó el recurso de apelación deducido contra el decreto por el cual no se hizo lugar al ofrecimiento de prueba testimonial; por cuanto todo lo relativo a la prueba -ya sea sobre su ofrecimiento, producción, sustanciación o denegación-, está comprendido en la irrecurribilidad establecida por el art. 190 del CPP. Asimismo, compartimos con la Magistrada que, con relación a la oportunidad (art. 197 del CPP), habiendo transcurrido más de un año de la recepción de la declaración indagatoria a E.D.Z., se encontraría vencido el término para solicitar medidas de instrucción.
Con lo cual no se advierte afectación alguna a las garantías constitucionales que invocan los quejosos. Ello así, pues se advierte que la decisión de la Magistrada referida a la producción y a la sustanciación de la prueba ofrecida enmarca en la normativa del art. 190 del CPP y ello determina su inapelabilidad. Cabe recordar que el art. 190 del CPP, en tanto consagra una excepción al régimen general en materia de recursos, debe ser interpretado en forma estricta. De modo semejante, corresponde destacar que los jueces de Instrucción son los directores del proceso y la producción de pruebas resulta arbitrio excluyente de los Magistrados Instructores, como consecuencia de las facultades que gozan.
Que, por su parte, el derecho del imputado a producir prueba de descargo, se encuentra ampliamente reconocido en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. Veamos, el art. 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos sostiene que: "…Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia pena…". De igual modo, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en su art. 26 expresa: "…Toda persona acusada de delito tiene derecho a ser oída en forma imparcial y pública, a ser juzgada por tribunales anteriormente establecidos de acuerdo con leyes preexistentes y a que no se le imponga penas crueles, infamantes o inusitadas…".
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos detalla con precisión el derecho a ofrecer y producir prueba de descargo. Así el art. 14.3 establece que durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas de: (b) disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa y a (e) obtener la comparecencia de los testigos de descargo y que éstos sean interrogados en las mismas condiciones que los testigos de cargo. A su turno, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto San José de Costa Rica) también reconoce taxativamente como garantías judiciales el derecho de toda persona a ser oída en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada en su contra (art. 8.1), a la concesión del tiempo y de los medios adecuados para preparar su defensa (art, 8.2.c) y al derecho de obtener la comparecencia de testigos que puedan arrojar luz sobre los hechos (art. 8.2.f).
Doctrinariamente el Dr. Sebastián Soler ha dicho: "…la producción de prueba de descargo no es una 'facultad' del tribunal ni del Fiscal sino un 'derecho del acusado', que no puede ser desconocido sin violación de la garantía de defensa en juicio, salvo el caso de que notoriamente las medidas ofrecidas carezcan de vinculación con la materia del proceso. Es evidente, en efecto, que si la producción de la prueba de descargo constituye un derecho del acusado, el tribunal (…) tiene la correlativa 'obligación' de ordenarla siempre que guarde relación con los hechos que se trata de juzgar…" .(Del Dictamen del Procurador General Sebastián Soler en los autos: "Recurso de hecho deducido por el procesado en la causa P.
F. s/Art. 302 del C. Penal".) En consecuencia, de la integración del art. 190 del CPP: "…Las partes podrán proponer diligencias. El Juez las practicará..." con el art. 287 del CPP: "…El Juez deberá investigar todos los hechos y circunstancias pertinentes y útiles a que se hubiere referido el imputado…", surge el derecho del imputado que debe ser habilitado por el Juez, pues constituye un mandato para él salvo cuando la prueba sea evidentemente inconducente para la investigación (no para el Juez) y no guarde relación alguna con el objeto del proceso. En ese sentido, de las constancias obrantes, entendemos que la Sra. Jueza de Instrucción sustentó su denegatoria en los dos supuestos previstos legalmente, esto es, cuando la prueba sea impertinente (la que no guarda relación con el objeto procesal de la causa) o inútil (llamada también "sobreabundante", aquella que apunta a comprobar hechos evidentes o asegurados por otros medios).
Que nuestro art. 190 del CPP es contundente al respecto. La resolución que deniega la prueba propuesta por las partes es irrecurrible. Este principio general que deniega el derecho al recurso y a la doble instancia del imputado encuentra justificación en la posibilidad futura que posee el acusado de criticar el mérito de la Instrucción y ofrecer nuevamente medidas de prueba no producidas con anterioridad, donde el juez de instrucción nuevamente evaluará los planteos y decidirá a su respecto. Es por ello que entendemos desacertada la postura de los quejosos acerca de la teoría de la práctica tribunalicia que supone que el Juez que deniega prueba de descargo durante la instrucción difícilmente cambie su postura y ordene producirla en una etapa ulterior -la de la crítica del mérito investigativo- cuando ya estimó completa su labor y se encuentra a pocos pasos de elevar la causa a juicio, por tratarse de una apreciación personal carente de sustento legal.
Por todo ello, corresponde rechazar el recurso de queja impetrado. En razón de lo expuesto, de conformidad con las normas legales citadas, y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. NO HACER LUGAR a la queja interpuesta por los Dres. V.B.G. y S.O.L.D. (defensores técnicos de E.D.Z.)
2. TENER PRESENTE la reserva de casación y caso federal formulada por los quejosos.
3. REGÍSTRESE y NOTIFÍQUESE mediante SNE. Fecho, DEVÚELVASE al Juzgado de Instrucción Nro. Tres con asiento en Río Gallegos.
(A.I.G.)
Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez -Juez-, ante la Actuaría firmante -Dra. Adriana I. Geyer-, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. CONSTE.-
Fin de la sentencia