Abriendo la norma
TOMO CXXX – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 8416 FOLIO Nº 033/047 PROT. ELECT. JR101032I.242
Río Gallegos, 05 de febrero de 2024.-
La presente causa caratulada “B.P.N. s/ Denuncia” Expte. Nº 79.879/20 Apelación Nº 8466/23, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 88/91vta. obra glosado el auto dictado por la Sra. Jueza del Juzgado de Instrucción Nº Uno de esta localidad, quien en el punto I) ordenó el procesamiento sin prisión preventiva de G.C.M., en orden al delito de “Abuso Sexual simple agravado por el vínculo” (arts. 45 y 119, 2º párrafo, inc. b del Código Penal); y en el punto II) trabó embargo sobre sus bienes por la suma de Pesos quinientos mil ($ 500.000).-
Que a fs. 95/98 la defensa apeló dicho auto -motivándolo-; a fs. 122 mantuvo el recurso; y a fs. 124/127 presentó el memorial previsto en el art. 437 del C.P.P..-
Que a fs. 129/130vta. obra dictamen de la Sra. Fiscal ante las Excmas. Cámaras de la Primera Circunscripción Judicial, quedando en condiciones de ser resueltos los presentes autos, y;
Que la defensa se agravió en primera medida sosteniendo la incompetencia de V.S. para entender en estos actuados.-
En dicho sentido refiere que surge de las presentes actuaciones que los hechos investigados se habrían materializado en una circunscripción judicial distinta a la que compete al Juzgado a su cargo, de los cuales se desprende que el delito investigado se habría materializado en la ciudad de Gualeguaychú –Entre Ríos-.-
Señala que la competencia es improrrogable, inalterable y absoluta; que el principio consagrado en nuestra Constitución de Juez Natural está vinculado a este concepto. La territorialidad es la nota característica de la competencia.-
Que por todo ello señala que deberá declararse la incompetencia de la Sra. Jueza y la consecuente remisión de las actuaciones al juzgado de instrucción de la ciudad indicada precedentemente.-
Seguidamente la apelante se agravia asimismo por entender que está prescripta la acción.-
Señala que conforme al art. 2º la pena aplicable debe ser la contemplada por la ley anterior al hecho delictivo, y no la contenida en una norma posterior, salvo si ella es más benigna para el condenado (art. 18 C.N.).-
Que, como en autos nos encontramos ante un hecho que habría ocurrido en el año 2007, es decir con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley Nº 27206, refiere plantear consecuentemente la prescripción de la acción.-
Bajo el acápite “orfandad probatoria-Mérito Inexistente-Inexistencia de Testigos o prueba de cargo” la apelante se agravia por entender que el pronunciamiento apelado no ha realizado un lógico tratamiento de la cuestión planteada y carece de fundamentos suficientes para sostener su postura, observándose una valoración errónea o parcializada de la escasa prueba incorporada.-
Concretamente indica que el análisis de los indicios y las presunciones que surgen de autos fueron realizados únicamente en contra y en perjuicio de su asistido, en total desconocimiento y contraposición a las más elementales normas vigentes en materia penal, afectando el principio general de In dubio pro reo (art. 4 CPP).-
Indica que de la simple lectura de las actuaciones se puede aseverar que no están acreditados en autos, ni siquiera con la probabilidad que esta etapa procesal requiere, los elementos mínimos y constitutivos de la figura penal que se le enrostra a su asistido.-
Remarca que la prueba recolectada e incorporada resulta insuficiente a la hora de atribuir a su asistido la responsabilidad penal que, como autor material del hecho, le fuera oportunamente intimada en su indagatoria. Todo ello atento la ausencia de testigos presenciales que corroboren este extremo de la imputación, máxime cuando la víctima y denunciante aducen que habrían ocurrido episodios de violencia con la progenitora de la primera, pero sin ser corroborados dichos extremos con el testimonio de la madre de la Sra. I.M..- Entiende la apelante que asimismo se desvirtúa el informe del Cuerpo Pericial de Psicología, en el cual se expresa que “(…) es posible inferir que la misma presenta indicadores de haber vivenciado situaciones traumáticas (…) situaciones concretamente a autolesiones corporales, siendo importante destacar que de acuerdo a la información suministrada por la joven, habría tenido dos intentos de suicidio, previos a la reciente situación (…) presenta imágenes recurrentes sobre las situaciones relatadas (…)”, observándose que en ningún momento de dicho informe se estableció un nexo de causalidad entre las autolesiones corporales con la supuesta comisión del hecho que se investiga, como así tampoco se determinan las circunstancias de tiempo, lugar y modo en el que habría sucedido el intento de suicidio plasmado, insertando en el informe dicha apreciación por la sola manifestación de la Sra. I., razón por la cual, sostiene, dicho relato debe ser analizado con la mayor rigurosidad posible y su valoración debe ser restrictiva, ya que no aporta una versión de los hechos que pueda ser acreditada, sino todo lo contrario, debiendo ser desestimada.- Agrega que, aún así y forzadamente, V.S. interpreta que las situaciones relatadas obedecen al tipo penal que se le endilga a su defendido, además de otorgarle un carácter irrefutable a la nota expedida por la terapeuta personal de la Sra. I., informe éste que no sólo es a su entender absolutamente parcializado, sino que reza dubitativamente que “habría ocurrido…”.-
Sostiene que tanto la doctrina como la jurisprudencia nacional han venido exigiendo que, para que la declaración de la víctima sea hábil para desvirtuar la presunción de inocencia, debe comprobarse como mínimo la concurrencia de las siguientes notas o requisitos:
a. Ausencia de incredibilidad subjetiva: derivada de las relaciones acusador/acusado que pudieran concluir a la deducción de la existencia de un móvil de enemistad, venganza, enfrentamiento, interés o cualquier otra índole que prive al a declaración de la aptitud necesaria para generar certidumbre. Nótese que el móvil es justamente el rédito económico derivado de la denuncia que realiza la víctima ante la autoridad de infancia municipal, y que le permite con ello obtener una cuota alimentaria por parte de su defendido. Obsérvese que la Sra. I. oportunamente decide convivir con su defendido trasladándose voluntariamente desde la provincia de Entre Ríos hasta esta ciudad, preguntándose: ¿si acaso no llama poderosamente la atención que, habiendo sufrido los hechos que denuncia, decida vivir con su victimario?. b. Verosimilitud: Es decir, constatación de la concurrencia de corroboraciones periféricas de carácter objetivo, que avalen lo que no es propiamente un testimonio sino una declaración de parte.
c. Persistencia en la incriminación: ésta debe ser prolongada en el tiempo plural, sin ambigüedades ni contradicciones.-
Que en este orden de ideas, asevera la apelante que en el caso de marras, a los efectos de establecer el verdadero acontecer de los hechos investigados, atesoramos testimonios de la denunciante, y la supuesta víctima, los cuales, si tuviera intención de calificarlos, sólo podría decir que son como mínimo “contradictorios y falaces”.-
Que más allá de no existir testigos presenciales que puedan corroborar que su defendido se comportó de acuerdo a la conducta que se le imputa, los dichos de la Sra. I. no aclaran el verdadero acontecer e los hechos investigados, sino, más bien, generan una duda infranqueable de su materialización, atento la ambigüedad del relato y el tiempo transcurrido.-
Sostiene que es evidente e injustificada la flexibilidad probatoria de las que da cuenta el auto que apela, colocando en un plano de desigualdad a su asistido e implicando así una seria afectación a importantes mandatos constitucionales como ser la igualdad ante la ley, el derecho de defensa en juicio, la presunción de inocencia y de debido proceso legal.-
Finaliza la apelante solicitando que se revoque por contrario imperio y se deje sin efecto el pronunciamiento atacado y se disponga el sobreseimiento de su asistido o, en su defecto, se dicte la Falta de Mérito en relación al nombrado.-
Por último, la recurrente se agravia por el monto excesivo, arbitrario y exorbitante del embargo trabado sobre los bienes personales de su asistido.-
Indica que el a quo no ha valorado de manera imparcial todos los elementos probatorios agregados a la causa, ni tampoco surge que se haya explicado los fundamentos de la medida ordenada, por lo cual solicita su nulidad.-
Que en oportunidad de presentar memorial a fs. 124/127 la parte apelante reedita textualmente los agravios de la presentación precedentemente transcripta.-
Que atento el planteo de la defensa, a fs. 128 se ordenó correr en vista el legajo a la Sra. Fiscal ante las Excmas. Cámaras de la Primera Circunscripción Judicial.-
Que a fs. 129/130vta. obra dictamen fiscal expresando que, en relación a la cuestión de competencia, no obstante ser una situación planteada y resuelta (ver fs. 66/68vta y 71), en virtud del interés superior del niño resulta ser competente para entender en las presentes actuaciones la Dra. M.Q..-
Dicho parecer lo sustenta en que se encuentra en una situación de mayor inmediación judicial con el centro de vida de las víctimas y más eficaz ejercicio de la defensa de sus intereses. Ello aunado al hecho de que fue la jueza que previno y está en mejores condiciones para resguardar la tutela judicial efectiva de la adolescente víctima.-
Respecto de la prescripción de la acción penal, la Sra. Fiscal refiere que si bien los hechos imputados se materializaron en un período de tiempo indeterminado, pero presumiblemente en el año 2008, es decir con anterioridad a la entrada en vigencia de las normas 26705 y 27206, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos fueron rubricados por nuestro país con anterioridad e incluidos en nuestra Constitución Nacional como Tratados de Jerarquía Constitucional. Razón por la cual, luego de una valoración armónica de los elementos de prueba recolectados y de los principios de derecho internacional que protegen tanto al imputado como a la víctima niña de autos, considera que no ha operado el instituto de la prescripción de la acción penal.- Finalmente refiere que, luego de analizar el cúmulo de prueba recolectada, se arbitren los medios a su alcance a fin de obtener copia de DNI y de la partida de nacimiento de la damnificada de autos a fin de determinar el lapso temporal en el cual se materializaron los hechos, como así también a fin de acreditar el agravante imputado a M.-
Quedan así planteadas las cuestiones para resolver.-
I. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.-
II. En primer lugar se deja constancia que se alterará el orden de tratamiento de los agravios presentados por la recurrente, ello en atención a que devendría abstracto el tratamiento de la cuestión de competencia si la acción penal está prescripta.-
Pues bien, en tratamiento de la extinción de la acción penal por prescripción articulada por la recurrente, adelanto, en concordancia a lo dictaminado por la Fiscalía ante las Excmas. Cámaras de la Primera Circunscripción Judicial, que la misma no prosperará, debiéndose proseguir la investigación de los hechos denunciados, ello en mérito a las siguientes consideraciones.-
No quedan dudas de que, conforme la Ley Nacional que regía al momento de que habrían tenido lugar los hechos aquí investigados, los delitos no serían susceptibles de posible prosecución penal atento el tiempo que transcurrió desde que acontecieran hasta que se plasmó la pertinente denuncia que dio origen a la causa principal.-
Pero estoy convencido de que mucho menos ningún/a Juez/a del país pueda arribar a esa conclusión sin dejar entrever un desconocimiento del contenido de los Tratados Internacionales que la Argentina en materia de Derechos Humanos suscribió, los que gozan de Jerarquía constitucional desde el año 1994, al ser incorporados en el art. 75 inc. 22 de nuestra carta magna.
Estos son de cumplimiento obligatorio para el Estado Argentino, y compete a la exigencia de los Jueces –por imperio de los arts. 1 y 131 de nuestra Constitución Provincial- el debido control de convencionalidad.-
Es que justamente, con la incorporación de los Pactos Internacionales sobre Derechos Humanos, dándoles la misma jerarquía que a la Constitución, ello trajo aparejado que hoy en día se haga referencia al llamado “bloque constitucional” y se considere que el control constitucional no sea suficiente, debiendo efectuarse el citado control de convencionalidad.
Al integrar la Convención Americana sobre Derechos Humanos nuestro bloque constitucional desde el año 1994, es por ese motivo que, cuando cualquier tribunal ejerza el control de constitucionalidad, evidentemente en el caso concreto deberá hacerlo teniendo en cuenta el texto de la mencionada Convención.-
Admitir lo contrario hubiese significado privar de efectos a la Convención de los Derechos del Niño antes de que se sancionara la Ley Nº 26061 (cosa que no ocurrió pese a que en un primer momento existían ciertos sectores de la doctrina que negaban aplicabilidad porque sostenían que no eran normas operativas, sino programáticas, y que por lo tanto necesitaban ser reglamentadas en el orden interno para que tengan viabilidad jurídica). Incluso seguir aplicando ciertos artículos de la Ley Nº 22.278 que responden enfáticamente al modelo tutelar porque, pese a ser contrarios a los postulados de los Tratados Internacionales de rango constitucional, se alegue que indefectiblemente para que ello ocurra la ley debe ser derogada.
Ya nuestra C.S.J.N. se expidió en el sentido de que los jueces debían hacer una interpretación de la Ley Penal Juvenil que concilie con los lineamientos de los tratados internacionales de DDHH que se encuentran receptados en nuestra Ley Nº 26061.- Así: “…. La ley 26.061, que establece un sistema de protección integral de las niñas, niños y adolescentes, únicamente deroga a la ley 10.903. Por lo tanto, la interpretación de la ley 22.278 no debe ser efectuada en forma aislada sino en conjunto con el resto del plexo normativo aplicable, como parte de una estructura sistemática, y en forma progresiva, de modo que mejor concilie con la Constitución Nacional y con los tratados internacionales que rigen la materia…” (del voto de los jueces Lorenzetti, Highton de Nolasco, Fayt, Maqueda, Zaffaroni y Argibay) .- En una misma línea de pensamiento debo decir que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, órgano de aplicación de la Convención con jurisdicción supranacional ha señalado en reiteradas oportunidades que: “…los tribunales locales no deben limitarse a analizar si una ley es o no inconstitucional, sino que el Poder Judicial debe ejercer una especie de “control de convencionalidad” entre las normas jurídicas internas […] y la Convención Americana…” y en tal sentido se expresan los fallos: a) “… La Corte es consciente que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico.
Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de “control de convencionalidad” entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana…” ; b) “…Cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque el efecto útil de la Convención no se vea mermado o anulado por la aplicación de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin.
En otras palabras, los órganos del Poder Judicial deben ejercer no sólo un control de constitucionalidad, sino también “de convencionalidad” ex officio entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes…” ; c) “… el análisis del CJCP no debería haberse limitado a evaluar si la LDCP era inconstitucional. Más bien la cuestión debería haber girado en torno a si la ley también era “convencional”. Es decir, los tribunales de Barbados, incluso el CJCP y ahora la Corte de Justicia del Caribe, deben también decidir si la ley de Barbados restringe o viola los derechos reconocidos en la Convención…” .-
Es por ello que el control de convencionalidad es un dispositivo que, en principio y siempre que sea adecuadamente empleado, puede contribuir a la aplicación armónica, ordenada y coherente del derecho vigente en el Estado, abarcando a sus fuentes internas e internacionales.
Queda claro que los Estados al adoptar la CADH asumen la obligación de cumplir con la misma y, al mismo tiempo, en virtud de que en nuestro país se encuentra vigente la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, éste no puede argüir disposiciones de derecho interno para no cumplir con un tratado internacional. En otras palabras, el control de convencionalidad se debe realizar teniendo en cuenta las cláusulas de la CADH, más las interpretaciones que de ello ha hecho la Corte IDH en sus sentencias y opiniones consultivas. Así autorizada doctrina ha dicho que “… el control de convencionalidad desempeña un doble papel: por el primero, represivo, obliga a los jueces nacionales a inaplicar las normas internas (incluso las constitucionales) opuestas al referido Pacto (o Convención americana sobre los derechos del hombre), y a la interpretación que sobre dicho pacto ha realizado la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Por el segundo, constructivo, también los obliga a interpretar al derecho doméstico de conformidad al Pacto y a su interpretación por la Corte Interamericana. Es la interpretación “armonizante” o adaptativa”…. del derecho local con el Pacto o la exégesis dada al Pacto por la Corte Interamericana. Ello conduce a desechar las interpretaciones del derecho nacional opuestas al referido Pacto y/o a la manera en que fue entendido por la Corte Interamericana… Por ello, en definitiva, cualquier regla jurídica doméstica (ley, decreto, reglamento, ordenanza, resolución, etc.) está sometida al control de convencionalidad. En el Estado donde la doctrina jurisprudencial establecida por la Corte Suprema o el Tribunal Constitucional es obligatoria para los tribunales inferiores, ella reviste materialmente condición de norma, y por ende, está captada por dicho control.
Incluso, la constitución nacional, no exceptuada en los veredictos aludidos. En este tramo tan importante de la doctrina que referimos, se parte tácitamente del supuesto del que el Pacto de San José se encuentra por encima de todo el ordenamiento jurídico del Estado, sin omitir a la propia Constitución. El Pacto asume así condición de supranacionalidad. Por ello, como en el caso de “La última tentación de Cristo”, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos reclamó a Chile modificar una cláusula de la Constitución local opuesta al Pacto, como efectivamente se hizo después.-…” .- Es que en casos como el presente la prescripción se erigiría como un obstáculo de acceso a la justicia de las víctimas vulnerables, y se transformaría en una herramienta al servicio de la impunidad de imputados para evitar ser sometidos al accionar de la justicia.
Efectivamente aquí se nos presenta una relación conflictiva entre el instituto de la Prescripción de la acción penal –a favor del imputado- y los derechos de acceso a la justicia y a una tutela judicial efectiva de las víctimas de abuso sexual infantil. La tensión es mayor cuanto más vulnerable es la víctima. De la presente se desprende que los delitos enunciados, de índole sexual y en la modalidad calificados, son adjudicados a una persona en perjuicio de una por entonces niña de muy corta edad. Sabemos que los niños víctimas, por lo general, tienen dificultades para denunciar por su particular situación de vulnerabilidad e indefensión, a las que se adicionan a veces determinadas circunstancias como la falta de apoyo y el contexto social que operan negativamente, careciendo de reales posibilidades para denunciar siendo menor.
Que a veces alcanzada la mayoría de edad tampoco les es fácil denunciar, ya sea por la índole de los hechos, por el proceso interno-psicológico que atravesó, por la presión de diferentes ámbitos y por la concepción sociológica de la época, en la cual estos hechos resultaban tabúes sociales. Es por ello que entiendo que los ilícitos en cuestión no pueden considerarse ordinarios o comunes, sino que revisten una singular gravedad y, en consecuencia, no son pasibles de que se extinga la acción penal a su respecto en la actualidad.-
La gravedad de los delitos aquí denunciados y el estado de vulnerabilidad en que se habría encontrado la víctima al momento de su concreción, me obliga a apartarme del precedente Apelación Nº 6381/19 –de fecha 24 de Octubre de 2019 .- por ser disímiles las connotaciones que lo rodean, tales como víctima de muy corta edad, hechos en perjuicio de la integridad sexual y un único imputado.-
Huelga aclarar que es en este sentido como se ha expedido con posterioridad en forma unánime y homogénea la dependencia, siendo éste el criterio rector imperante en esta Alzada, tal como se ha explicitado en numerosas resoluciones .-
Aquí también, como en el caso señalado en el párrafo anterior, el eje central del conflicto es una colisión de derechos y garantías, entre las garantías del imputado y la tutela de la víctima- que surgen de normas con igual jerarquía, y para dirimirlo entiendo que el Interés Superior del Niño erigido como estandarte por la Convención de los Derechos del Niño, interpretado como un plus de derechos, hace prevalecer éste último.
En este sentido también se hubo de expedir nuestro máximo tribunal al referir que: “… La Convención pone en evidencia un doble orden de consideraciones, además de la derivada del art. 43, vale decir, haber dejado intactas, salvo en cuanto las haya mejorado, todas las protecciones que otros textos internacionales habían enunciado en punto a los niños. Por un lado, da por presupuesto que los niños gozan de los derechos que le corresponden, en tanto que personas humanas. Por el otro, en atención a lo antedicho, tiende, como objetivo primordial, a “proporcionar al niño una protección especial”, con lo cual el tratado continúa, no sin profundizarla, la orientación que ya habían marcado los instrumentos internacionales que expresamente menciona el párrafo octavo de su Preámbulo. Por ello, interesa particularmente subrayar que dicha protección especial importa reconocer lo que todo niño es, vale decir, un sujeto pleno de derechos, y, por consiguiente, configurar la “protección especial” en términos de concretos derechos, libertades y garantías, a los que los Estados deben dar “efectividad”, adoptando todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole, requeridas a tal fin…” (del voto de los jueces Lorenzetti, Highton de Nolasco, Fayt, Maqueda, Zaffaroni y Argibay) .- No nos debemos olvidar que desde hace algún tiempo se viene abriendo paso un cambio de paradigma en la interpretación y aplicación del derecho en general y, en particular, del derecho penal.-
Desde lo general, la modificación se orienta a dejar de lado una orientación positivista-formal en la que los jueces aplicaban las leyes vigentes en su sentido literal y aun aislado (sin realizar una valoración axiológica o sustancial del contenido de éstas), dando lugar a un criterio de aplicación de las leyes en el cual, tomando como norte la efectiva protección de los derechos humanos, prevalecen los principios constitucionales y convencionales por sobre las reglas enunciadas en las normas positivas, significándolas en función de aquellos. Dicha tendencia se refleja, especialmente, en la doctrina del “control de convencionalidad”, a la que ya hemos aludido, emanada de los fallos de la Corte IDH, que está siendo crecientemente receptada por los tribunales locales.
Nuestra Corte Suprema inició el reconocimiento de esa doctrina en “Mazzeo” (2007); y luego, en “Rodríguez Pereyra” (2012), expresó que los organismos judiciales de los países que han ratificado la CADH están obligados a ejercer dicho control, de oficio, descalificando las normas internas que se opongan a dicho tratado. Por último, en “Carranza Latrubese” (2013), declaró enfáticamente el deber del Estado, en su orden doméstico, de cumplir con los pronunciamientos de la Corte IDH. En este punto se considera necesario realizar una breve mención al fallo “Fontevecchia” de la Corte Suprema, dado que, si bien estrictamente no se alteró la doctrina del “control de convencionalidad”, lo cierto es que surgen dudas en relación al carácter vinculante de las sentencias de la CIDH, su deber de cumplimiento y efectos a nivel local.
Ocurre que, en este último fallo, la CSJN se negó a dejar sin efecto una sentencia firme propia (como lo había hecho en “Espósito” y “Derecho”), a partir de sendas condenas de la CIDH contra Argentina en “Bulacio” y “Bueno Alves”, respectivamente, alegando que ello supondría transformar a la CIDH en una cuarta instancia, revisora de los fallos de los tribunales nacionales, lo que no se condice con la estructura del sistema interamericano de derechos humanos. Esto no necesariamente debe tomarse como un retroceso en la evolución referenciada, sino interpretarse como un paso más, que permite continuar delineando los extremos del diálogo jurisprudencial entre ambos tribunales. La decisión de la CSJN en modo alguno desconoce jurisdicción de la CIDH, dado que efectivamente ordenó realizar varias medidas para dar cumplimiento a la sentencia de la CIDH, pero, esta vez, con ciertas limitaciones y dejando a salvo un determinado margen de apreciación nacional.
Aclarado esto, es en el ámbito estrictamente penal, en donde el nuevo paradigma se manifiesta particularmente en la reconfiguración del delito, que ahora se entiende más como un conflicto que afecta o lesiona personas, que como mera infracción o desobediencia de la ley estatal. El nuevo norte, sin desmedro del imputado, reconduce la mirada hacia la víctima y pone el acento en la necesidad de su tutela o protección judicial efectiva y su integral satisfacción o reparación de sus derechos afectados. Pero ello, cabe enfatizar, no significa menoscabar las garantías del imputado frente al Estado y, en particular, frente a su poder penal. El nuevo enfoque fortalece, en la criminalidad media y leve, las soluciones alternativas, consensuadas o reparatorias, con intervención –en pie de igualdad- de todos los protagonistas del conflicto, como vía de escape de las graves consecuencias que implica la pena.
Por oposición, respecto de los delitos más graves, especialmente aquellos que implican afectaciones a derechos humanos fundamentales, se potencia la tendencia a evitar la impunidad como respuesta efectiva a la necesidad de proteger a la víctima y reconocer sus derechos, así como también de prevenir la repetición de conductas similares.-
Al respecto, la CIDH señaló que “(…) en caso de vulneración grave a derechos fundamentales la necesidad imperiosa de prevenir la repetición de tales hechos depende, en buena medida, de que se evite la impunidad y se satisfaga las expectativas de las víctimas y la sociedad en su conjunto de acceder al conocimiento de la verdad de lo sucedido. La obligación de investigar constituye un medio para alcanzar esos fines…” .-
En el mismo sentido, la CIDH refirió que: “(…) entiende como impunidad la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derecho[s] protegidos por la Convención Americana, toda vez que el Estado tiene la obligación de combatir tal situación por todos los medios legales disponibles, ya que la impunidad propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y sus familiares…” .- Ahora bien, una de las consecuencias del cambio de paradigma y de esta nueva concepción del derecho, particularmente en el ámbito penal, es el cuestionamiento a la aplicación de la prescripción en los casos de delitos graves, justamente, para evitar la impunidad en estos casos.-
No se trata de un cuestionamiento al instituto de la prescripción como tal, dado que, de hecho, la CIDH lo valora como una herramienta de control y límite al poder punitivo estatal, eximiendo además al imputado de la carga de velar por la celeridad del proceso .-
Así se fue imponiendo el criterio de la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, tal como lo sostuvo la CIDH en el caso “Barrios Altos vs. Perú”, al pronunciarse respecto de la incompatibilidad de las leyes de amnistía con la CADH, dado que obstruyen el “deber de investigar” . Lo mismo hizo la CSJN en “Priebke” , al señalar que las reglas de prescripción de la acción penal previstas en el Código Penal no son aplicables a los delitos de lesa humanidad, criterio que reiteró en “Arancibia Clavel” . Luego, en “Simon” y “Mazzeo” ratificó esta postura, al expedirse respecto de otros obstáculos internos al cumplimiento de obligaciones internacionales (leyes de amnistía y de indulto, respectivamente).- Asimismo, y profundizando más aún la corriente, se fue generando una paulatina deslegitimación de la invocación de normas de derecho interno para bloquear la obligación de investigar y sancionar, pero ya no solamente de los delitos de lesa humanidad, sino de aquellos técnicamente comunes, que a su vez constituyen violaciones de derechos humanos de cierta gravedad, en los casos en que los delitos han sido ejecutados desde el Estado –u obrando bajo su amparo-, impidiéndose por tal motivo el acceso a la justicia y a una tutela judicial efectiva de sus víctimas.- Así en el mencionado fallo “Barrios Altos”, la CIDH dijo: “..
El Estado no puede invocar ‘dificultades de orden interno’ para sustraerse al deber de investigar los hechos con los que se contravino la Convención y sancionar a quienes resulten penalmente responsables de los mismos (…) son inadmisibles las disposiciones de amnistía, de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos (…)” .- Dicho criterio fue reiterado por la CIDH en los dos fallos citados en los que se condenó a la República Argentina por la violación de diversas normas de la CADH (“Bulacio” y “Bueno Alves”), que motivaron a su vez sendos pronunciamientos de nuestra CSJN (“Espósito” y “Derecho”, respectivamente), mediante los cuales esta última acató –como se dijo- los lineamientos de la CIDH, revocando las sentencias por las cuales había quedado firme la prescripción de la acción penal (sin perjuicio de manifestar expresamente su disconformidad con el hecho de tener que revocar sentencias firmes, incluso de la CSJN; aspecto que, como se dijo previamente, fue modificado luego del caso “Fontevecchia”).- En “Espósito” señaló: “(…) la confirmación de la decisión por la cual se declara extinguida por prescripción la acción penal resultaría lesivo al derecho reconocido en este caso a las víctimas a la protección judicial, y daría origen, nuevamente, a la responsabilidad internacional del Estado Argentino”.
Además, refirió expresamente que la decisión alcanza a los hechos que no son considerados de lesa humanidad, al concluir que: “(…) corresponde declarar inaplicables al sub lite las disposiciones comunes de extinción de la acción penal por prescripción en un caso que, en un principio, no podría ser alcanzado por las reglas del derecho internacional incorporadas a nuestro ordenamiento jurídico en materia de imprescriptibilidad…” .- Luego, en “Derecho”, dijo que “(…) resulta inadmisible la invocación de cualquier instituto de derecho interno, entre los que se encuentra la prescripción, que pretenda impedir el cumplimiento de las decisiones de la Corte en cuanto a la investigación y sanción de los responsables de graves violaciones de derechos humanos, en los términos de las obligaciones convencionales contraídas por los Estados...” .-
Es dable señalar que ninguno de estos casos se refería a delitos de lesa humanidad , no obstante lo cual a partir de los pronunciamientos de la CIDH, la CSJN dejó sin efecto el cierre por prescripción de procesos referidos a hechos que constituían violaciones a los derechos humanos de considerable gravedad, pero técnicamente se trataba de delitos comunes, que no alcanzaban el estatus de delitos de lesa humanidad.
Con lo explicitado precedentemente queda claro que en los delitos de lesa humanidad no hay prescripción; son imprescriptibles. Pero, a partir de estos últimos fallos, también podemos ver que la prescripción también puede excluirse excepcionalmente, en delitos que, si bien son técnicamente comunes, revisten especial gravedad y constituyen violaciones a los derechos humanos de las personas, por afectación de derechos fundamentales. Y en los cuales, además la víctima se encuentra en una situación de elevada vulnerabilidad frente a un imputado poderoso, que obra bajo el amparo del Estado o de un aparato de poder que impide el acceso de jurisdicción a la víctima. Debe quedar en claro el carácter excepcional y restringido de estos supuestos de exclusión de la prescripción en los delitos comunes.
Así lo señaló la CIDH en “Vera Vera”, dónde aclaró que no puede pretenderse que en todo caso sometido a su jurisdicción no se aplique la prescripción, por tratarse de violaciones de derechos humanos que, en sí mismas, implican gravedad. Y aclaró: “(…) toda violación de derechos humanos supone una cierta gravedad por su propia naturaleza, porque implica el incumplimiento de determinados deberes de respeto y garantía de los derechos y libertades a cargo del Estado a favor de las personas. Sin embargo, ello no debe confundirse con lo que el Tribunal a lo largo de su jurisprudencia ha considerado como ´violaciones graves a los derechos humanos´, las cuales (…) tienen una connotación y consecuencias propias...” .- Tal doctrina, que fue establecida por la Corte IDH en “Albán Cornejo” , luego fue ratificada en fallos más recientes [“Vélez Restrepo” y “Suárez Peralta” entre otros], receptada por la CSJN en “Funes” donde nuestro máximo tribunal concluyó, con base en los lineamientos de la CIDH, que el caso no presentaba los requisitos exigidos para la exclusión de la prescripción fundamentalmente por el carácter “culposo” del hecho inicial.
Es en este contexto, y de conformidad a lo explicitado precedentemente y a sendos fallos en este sentido , que entiendo que los casos de abusos denunciados en el expediente, se encuentran dentro de esta nueva concepción, que otorga prioridad a los principios constitucionales y convencionales por sobre la ley vigente, aislada, cuando su aplicación implique una intolerable violación de tales principios, y en particular de derechos humanos fundados en tal fuente.
La cuestión de la ley vigente al momento de los hechos es otro de los temas importantes a tener en cuenta respecto de la problemática específica de la prescripción en el abuso sexual infantil, dado que si bien es innegable que en todos los casos citados la legislación local establecía que los plazos de prescripción estaban cumplidos, lo cierto es que hay una evolución normativa en nuestro país que acompañó el cambio de paradigma. En particular con la suscripción de numerosos tratados internacionales, y, en segundo término, con la adaptación, aunque lenta de la legislación interna a los estándares que surgen de esos tratados. Específicamente sobre los menores de edad tenemos la Convención sobre los Derechos del Niño, pero también en las “100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad”, se considera a la minoría de edad como causa específica de vulnerabilidad. Recordemos que a la última legislación mencionada ha adherido nuestro T.S.J. mediante Acordada inscripta al Tomo: CXLVI; Registro: 141; Folio: 149/150 de fecha 26/10/2011.-
También es aplicable en razón del género de la denunciante y la pretensa víctima la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, al explicitar los deberes de los Estados que, en lo concerniente al caso, estatuyó en el art. 7º que los Estados partes, entre otras medidas, convienen en actuar con la debida diligencia (inc. b); incluir en su legislación interna normas penales…(inc. c) y establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso a tales procedimientos (inc. f).- Hay un elemento más a tener en cuenta cuando hablamos de prescripción en el abuso sexual infantil, que influye en la imposibilidad de denunciar, aún con posterioridad a adquirir la víctima la mayoría de edad: la perpetuación en el tiempo de los efectos del delito.- Numerosos estudios científicos, particularmente desde el área de la psicología, dan cuenta de esa perpetuación en los abusos sexuales contra menores, así como también de las dificultades que tienen para interiorizar y comprender los abusos; la distorsión y represión del recuerdo de los hechos; la vergüenza; las barreras sociales para contar lo que pasó; etc. Al respecto la CIDH señaló que “(…) la violación sexual es una experiencia sumamente traumática que puede tener consecuencias y causa gran daño físico y psicológico, que deja a la víctima “humillada física y emocionalmente”, situación difícilmente superable por el paso del tiempo, a diferencia de lo que acontece con otras experiencias traumáticas. En el caso de las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual, este impacto podrá verse severamente agravado, por lo que podrán sufrir trauma emocional diferenciado de los adultos, y un impacto sumamente profundo, en particular cuando el agresor mantiene un vínculo de confianza y autoridad con la víctima, como un progenitor…” .- Más allá de todo lo enunciado, se han fijado en doctrina estándares objetivos muy rigurosos, de interpretación restrictiva, para legitimar el apartamiento de las normas legales sobre la prescripción, tales como: gravedad de los hechos, vulnerabilidad de la víctima, amparo o tolerancia del poder y consecuente imposibilidad real de denunciar de la víctima y perduración de los efectos del delito.-
Finalmente, y por los motivos expuestos, es incuestionable que puede excluirse la prescripción en los casos donde concurran estas circunstancias o estándares, interpretados a la luz del cambio de paradigma descripto, teniendo en cuenta la obligación que recae en los Jueces de llevar a cabo siempre el control de convencionalidad de las normas que aplican en los casos concretos, y la necesidad de hacer operativas las disposiciones convencionales, conforme al compromiso asumido por la Argentina (deber de garantía y de remover obstáculos internos; arts. 1º y 2º, CADH; en relación con el art. 27, Convención de Viena –que prohíbe a los Estados invocar disposiciones de derecho interno como justificación de incumplimiento de un tratado-). Particularmente, debe atenderse a que, cuando el art. 2º de la CADH prevé la necesidad de adoptar medidas legislativas o “de otro carácter” que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades, se incluye allí las sentencias judiciales. Es decir, si el derecho no fue garantizado por la ley (como los casos de abuso sexual analizados y el que se investiga en el expediente principal de esta incidencia), toca a los jueces subsanar la deficiencia, y hacer efectivas las obligaciones internacionales asumidas.- La resolución atacada, con opinión concordante del Ministerio Público Fiscal, hace una interpretación a la luz de todo el plexo normativo, entre los cuales, y con preeminencia, se encuentran los Tratados Internacionales de DDHH suscriptos por la Nación Argentina y que ostentan rango constitucional.
Esto es, la labor desplegada se enrola en la acción positiva que los jueces tenemos la obligación de desarrollar, brindando la tutela judicial efectiva prevista en los arts. 8.1 y 25 de la CADH, léase acceso a la justicia para su investigación y juzgamiento a pesar del tiempo transcurrido desde el hecho hasta la denuncia, adecuándose de esta manera las previsiones de la ley penal con el orden público convencional, orientado a proteger el Interés Superior del Niño. No corresponde el abordaje de las leyes internas aisladamente en términos de su aplicación o no retroactiva (vgr. Ley 27.206), sino que la solución emerge al conjugarla con los principios jurídicos fundamentales ínsitos en los Tratados de DDHH de rango constitucional vigentes en nuestro orden interno en épocas de ocurridos los abusos sexuales denunciados en el expediente principal.- Caso contrario la tan aludida tutela judicial efectiva consistiría en una mera quimera. Es en virtud de todo lo explicitado en los considerandos que se concluye que las disposiciones de los arts. 59 inc. 3 y 62 inc. 2º del Código Penal, en un contexto como el presente en el que los graves hechos de delitos comunes son anteriores a la reforma vigente del art. 67 pero posterior a la entrada en vigencia en el orden interno de los Tratados analizados, deben conjugarse con la suspensión de la prescripción en los términos establecidos en la actual redacción del código de fondo.- No puede convertirse en letra muerta por aplicación del art. 62 del C.P. las disposiciones de la Convención de los Derechos del Niño (arts. 2, 3,12,19,38 y ccss.) de la Convención Americana de Derechos Humanos (arts. 8 y 25), entre otros tantos ya nombrados, dejando sin sustrato el mandato constitucional de “afianzar justicia”.-
Como ex Juez de Menores de esta localidad por un espacio de casi una década, y habiendo trabajado en la especialidad por más de 15 (quince) años, no concibo ni puedo tener otro enfoque respecto a la plena exigencia de que se cumplimenten y hagan efectivos los derechos de los niños/as víctimas de abuso sexual a que se investiguen los delitos en los que resultarían pretensas víctimas, ello por su especial condición de vulnerabilidad, por su interés superior, por los dispositivos de orden constitucional, internacional y local que los amparan, y por las extensas consideraciones reseñadas precedentemente.- Por todo lo expresado se concluye en que no corresponde hacer lugar a la prescripción de la acción incoada por la apelante.-
En tratamiento de la cuestión de incompetencia territorial, y luego de haber sido examinadas todas las constancias se concluye, en total concordancia con lo dictaminado por la Sra. Fiscal ante las Excmas Cámaras, que no corresponde hacer lugar a citado planteo formulado por la defensa técnica, debiendo seguir entendiendo el Juzgado de Instrucción Nº Uno local.-
Ello en virtud del Interés Superior del Niño y del doble carácter de vulnerabilidad que reviste la pretensa víctima que tornan exigibles los postulados de la debida diligencia reforzada, todo lo cual hace aplicable los principios de economía procesal.-
La decisión adoptada por la Sra. Magistrada se enrola en los estándares de Perspectiva de Género -que recientemente ha acuñado la CSJN-, de Infancia y a la valoración que los jueces debemos efectuar cuando estamos en presencia de estos delitos .-
Ello fundamentalmente en atención a que ha sido materia de tratamiento la circunstancia de vulnerabilidad en la que se habría encontrado la niña al momento de los hechos que se denunciaran.-
Se evidencia en torno a este punto un acabado cumplimiento de las disposiciones de los Tratados Internacionales de DD.HH., tales como la “Convención sobre los Derechos del Niño”, “Convención Belem do Para”, “100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad” (a la cual ha adherido nuestro T.S.J. mediante Acordada inscripta al Tomo: CXLVI; Registro: 141; Folio: 149/150 de fecha 26/10/2011), entre otras disposiciones normativas de carácter internacional y nacional.- Yendo a los agravios referentes al insuficiente caudal probatorio recolectado en autos, de la lectura de las presentes actuaciones entiende esta sede judicial, contrariamente a lo señalado por la apelante, que existe prueba de mérito suficiente para confirmar la resolución.-
Ello por cuanto no debemos olvidar que el legajo tuvo origen en la denuncia presentada por P.N.B. dando cuenta de los hechos que habrían tenido como víctima a I.N.M., en relación a que el imputado, quien resulta ser progenitor, aprovechándose de su estado de vulnerabilidad por su corta edad (04 años), en el interior del domicilio de la Sra. M. de los A. G. ubicado en la ciudad de Gualeguaychú (Pcia. de Entre Ríos), y en ocasión de efectuar una visita durante un fin de semana, habría realizado tocamientos inverecundos en sus genitales por encima de la ropa interior, como asimismo la habría obligado a que le efectúe tocamientos del mismo tenor sobre las partes íntimas del imputado.- Por otra parte se advierte que, en contraposición a lo sostenido por la recurrente, la Sra. Jueza no se limita en la resolución a desarrollar el contenido de lo expresado por la denunciante.- Tuvo en consideración el resto del plexo probatorio, es decir pruebas tales como: Acta ante la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la municipalidad local de fs. 3; escrito, informe psicológico y fotografías de fs. 20/21vta.; informe pericial (Cámara Gesell) de fs.32/35 (correspondiente a I.N.M.); Oficio Nº 288/20 del Cuerpo Pericial de Psicólogos de fs. 36; Nota Nº1336 (DVD) de fs. 37; entre otras circunstancias.- Estas connotaciones son las que fueron tenidas en cuenta por la Sra. Magistrada al momento de resolver la situación procesal del imputado, tal como luce en el punto I) de los considerandos de la Resolución.-
Es por lo expuesto que el cúmulo de prueba no es insuficiente como lo sostiene la defensa, a tal punto de no configurar elementos para sostener que su defendido sea probablemente autor del hecho que le fuera impuesto. Por el contrario, resulta suficiente para el grado de probabilidad requerido en esta instancia y el Juzgado actuante ha tenido en cuenta las pruebas señaladas.-
Sin embargo, no debemos olvidar que los delitos aquí denunciados son de aquellos que, en la generalidad de los casos, se cometen sin la presencia de testigos. Pese a ello, se ha dicho que no son de imposible investigación, debiéndose analizar no sólo el relato brindado por las propias víctimas sino de todos aquellos que tomaron conocimiento de los sucesos por alguna referencia que la víctima/denunciante les haya efectuado.-
Concordantemente con ello, “...no hay que olvidar que los delitos de abuso sexual se consuman en un marco de privacidad que conspira habitualmente para la incorporación de elementos probatorios, por ello el testimonio de la víctima adquiere plena prueba al no advertir interés u odio tendiente a perjudicar al imputado...” (C. Nac. Crim. y Corr., Sala 4º, 8/11/2001, “Rodas Jaras, Domingo”) y “...con todo acierto se ha sostenido que resulta inimaginable que alguien denuncie a otro como que lo ha sometido sexualmente, inventando gratuitamente episodios que lo exponen a las burlas y comentarios de sus vecinos y conocidos, y que le generan a la par una pérdida de tiempo, al tener que someterse a exámenes, análisis e interrogatorios nada cómodos o placenteros...” (Trib.
Oral Crim. Nº 3 Cap. Fed., 7/4/2003, “Gorosito, D.O.”).- En este caso, contamos con el relato directo de la propia presunta víctima, debiéndose adicionar que el auto atacado se encuentra apontocado en las diversas pruebas incorporadas, las cuales guardan coherencia entre sí, no pudiéndose pretender tampoco un grado tal de exactitud en la narrativa por parte de las víctimas de los hechos como el que nos ocupa, ya que sabido es que muchas veces se forman lagunas en el recuerdo de algún tipo de circunstancia, siendo que dicha imprecisión no puede erigirse en un obstáculo que prive de efectos a la investigación en curso, y que por lo tanto obstaculice la prosecución de la acusación.- Los reparos vinculados a la pericia psicológica que le fuera practicada a la pretensa víctima no alcanzan para refutar su valor probatorio.
Mucho menos si tenemos en cuenta que los profesionales han expresado que “…I. presentó un testimonio con características insuficientes respecto de la fiabilidad del relato del acuerdo al instrumento del CBCA… No obstante, es oportuno tener presente el tiempo transcurrido desde el momento de los presuntos hechos investigados en autos y el momento de la toma testimonial, lo que podría habilitar la organización de defensas que interfieran en la misma…”. Ello además de otra circunstancia señalada en el informe que fuera convenientemente omitida por la defensa: “…I. al momento de la presente instancia pericial no presenta indicadores que den cuenta de inducción en el relato por parte de terceros, ni vinculada a alguna otra cuestión familiar…”.- A la luz de lo señalado precedentemente, la aseveración del rédito económico derivado de la denuncia al permitirle con ello obtener una cuota alimentaria por parte de su defendido, además de infundada, se presenta como impregnado de estereotipos correspondientes a otras épocas que ya a estas alturas se encuentran superados.-
En relación a que la declaración de la Sra. P.N.B. no aportaría nada a la investigación por cuanto sólo refiere lo que la niña dijo, debemos señalar que la Sra. Jueza lo valoró como un elemento más que guarda relación con lo declarado por la pretensa víctima.-
Una alejada perspectiva de género por parte de la Sra. Magistrada encargada de la instrucción sólo podría prescindir de tales elementos probatorios. Por estas mismas razones es que luce poco feliz la conclusión de la defensa de que le llama poderosamente la atención que habiendo sufrido los hechos que denuncia decida vivir con su victimario.-
No se advierten contradicciones entre lo declarado por las presuntas víctimas ni tampoco lagunas sobre detalles fundamentales que hacen a la existencia de los hechos imputados. No podemos dejar de mencionar que este contexto fue tomado en cuenta y analizado por la Sra. Jueza en el auto apelado.-
Es por ello que tampoco se advierte que el plexo probatorio reunido sea desviado en su interpretación al sólo fin de mantener supuestamente justificada la acusación.-
Tampoco se desprende en las declaraciones de la pretensa víctima ánimo de perjudicar al encartado.-
No nos debemos olvidar que de ninguna manera se han afectado las garantías constitucionales ni se ha alterado el debido proceso. El imputado fue enrostrado de los hechos en las circunstancias referidas en la denuncia formulada y testimoniales recepcionadas, las cuales guardan coherencia con lo relatado en la denuncia y ampliación y lo referido por los testigos y documentación adjunta, ello sin perjuicio que siempre las actuaciones estuvieron en condiciones de ser sujetas a su contralor.- Es que, contrariamente a lo sostenido por la apelante, la Sra. Jueza ha arribado a una resolución de mérito cargoso luego de ponderar los elementos colectados.-
Así, con relación al episodio meritó las contestes declaraciones de la denunciante en todas las instancias que tuvo que formularlas, lo expresado por los profesionales del Cuerpo Médico Pericial en cuanto a los indicadores de vulnerabilidad de la pretensa víctima, lo relatado por ésta, entre otras probanzas.-
Con respecto al valor convictivo de las Periciales Psicológicas es dable señalar que la Sra. Jueza las hubo de ponderar con el resto del material probatorio.-
Como esbozáramos precedentemente, los extremos invocados por la defensa no autorizan a declarar una merma en la entidad probatoria de las piezas procesales en cuestión, siendo que, a mayor abundamiento, la mayor o menor correspondencia de los resultados de un informe pericial con los de otra pericia tampoco es una cuestión relativa a la validez de las piezas probatorias, sino que en todo caso concierne a la valoración de las mismas.-
Más aún, no constituye una prueba irreproducible ni mucho menos definitiva que exija o torne inexorable declarar su nulidad. Está al alcance de la defensa, la posibilidad de peticionar una nueva evaluación y ofrecer perito de parte.-
Incluso, yendo más lejos, llegando a pareceres disímiles se ha dicho que: “… la contradicción existente entre las conclusiones de los peritos jamás podría volverlas írritas siempre que hayan sido realizadas conforme a su ciencia…” .-
En este sentido, ante planteos similares ya se ha expedido en forma concordante esta Alzada (vgr.: Apelación 6938 , entre otras).-
Es decir, que contrariamente a lo sostenido por la apelante, la resolución puesta en crisis es una derivación razonada y ajustada a las constancias probatorias colectadas.-
Se advierte, por ende, que la parte no ha logrado desvirtuar los elementos de cargo que obran en su contra, respecto de las circunstancias de los hechos expuestas por las denunciantes en mérito a lo anteriormente analizado.-
Es menester poner de resalto que las medidas probatorias que entiende la recurrente serían de importancia producirlas no han sido requeridas ante la instrucción, que es donde hay que formular el planteo, ello pese a las facultades que le acuerda el art. 190 del C.P.P., razón por la cual el agravio esbozado en dicho sentido tampoco puede prosperar.-
Debemos tener presente que corresponde la aplicación del principio de amplitud probatoria, por las especiales características del hecho endilgado al imputado: delitos contra la integridad sexual, habiéndose aprovechado del estado de vulnerabilidad en el que se encontraban las niñas al momento por las circunstancias ya señaladas.-
Por otra parte, tanto la doctrina como la jurisprudencia imperante, son contestes en sostener que la valoración de la prueba en delitos como el que nos ocupa, no puede realizarse como si se tratara de cualquier otro de los delitos tipificados por la legislación de fondo, debiendo conferir especial relevancia a la denuncia de la víctima.-
En tal sentido, acerca de esta particular característica, y en oportunidad de resolver la situación procesal de los imputados, otros Tribunales han dicho: “…el estándar de prueba normalmente exigido para alcanzar el grado de certeza necesario a efectos de pronunciarse sobre la materialidad de los hechos y la responsabilidad del inculpado, se satisface de un modo distinto que aquél que puede exigirse para otros supuestos, y ello bajo un doble aspecto. Principalmente, porque los hechos de esta naturaleza son, por regla general, llevados a cabo en ámbitos íntimos excluidos de terceras personas que pudieran dar fe de lo ocurrido. De suerte tal que lo determinante en esta clase de asuntos, a los efectos de la reconstrucción histórica del suceso, suele ser pura y exclusivamente el relato que la víctima pueda brindar al respecto.
Además, cuando se trata de víctimas menores de edad, la ponderación de su relato no puede ser llevada a cabo de la misma forma y bajo los mismos parámetros con los que analizan los dichos de los mayores, pues la exigencia de una narrativa histórica coherente, concatenada, descriptiva y lo más detallada posible en relación a un hecho pasado difiere en uno y otro caso, de acuerdo a las distintas capacidades cognoscitivas de los sujetos involucrados.” (Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional - Sala 1 CCC 73954/2013/TO1/CNC1, causa nº 73.954/2013, caratulada “D. de M., R. F. s/ abuso sexual”).- En la provincia de Santa Cruz, respecto a la forma de valorar las pruebas en esta clase de delitos, el Tribunal Superior de Justicia, sostuvo: “En los hechos de abuso sexual este Alto Cuerpo expresó que el carácter de testigo único que reviste la víctima no descalifica su procedencia como prueba pertinente y útil; por ello, pretender revocar una sentencia condenatoria por el delito de abuso sexual con acceso carnal, alegando que lo único que sustenta la acreditación del mismo es la versión del hecho aportada por la víctima, atenta contra una regla de la experiencia común como es, que los delitos contra la integridad sexual no suelen cometerse frente a testigos presenciales.
Los dichos de la menor no deben descalificarse apriorísticamente si el tribunal de juicio los considera dignos de credibilidad –en el caso, se confirmó el abuso sexual denunciado– y más aún cuando el modus operandi implica de suyo la ausencia de testigos.”. (Tribunal Superior de Justicia, Secretaría Penal, Interlocutorio Nº: 018 - Recurso de casación, 19/08/2008 - autos: “A.G.A. s/ abuso sexual simple agravado”, Expte. Nº 2665 (A-566/07/T.S.J.).- En efecto, de las constancias de autos surge que la Sra. Jueza de instrucción valoró de manera adecuada la prueba rendida en autos, atendiendo a las particularidades del presente caso, en el que los hechos habrían acontecido.- De esa manera dictó una resolución que se desprende del relato lógico efectuado luego de la investigación llevada adelante y a la luz de la sana crítica racional, no apareciendo a mi criterio atisbo alguno de arbitrariedad o fragmentación en la valoración de la prueba aunada a la causa, motivo por el cual su agravio no podrá prosperar.- No corresponde, como pretende la defensa, valorar cada medio probatorio por separado, ni atomizar el análisis y evaluación de las pruebas colectadas.
En relación a la valoración de la prueba en las resoluciones, el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz, sostiene: "...debe reposar en el análisis de las pruebas, indicios y presunciones en su conjunto y no en forma aislada o parcial tal cual lo sostiene la Corte Nacional, contraria a toda consideración fragmentaria y aislada que impida '...una visión de conjunto de la prueba reunida...' depende de la valoración conjunta que se hiciere...teniendo en cuenta su diversidad, correlación y concordancia, pero no su tratamiento particular, pues por su misma naturaleza, cada uno de ellos no puede fundar aisladamente ningún juicio convictivo, sino que éste deriva frecuentemente de su pluralidad...".
(Fallos 300:928; T.S.J. Sta. Cruz, Tº II, Sentencia, Rº 55, Fº 310/320, entre otros).- Recordemos que la probabilidad es la requerida para iniciar la investigación, y para fundar eventualmente el procesamiento del imputado como es el caso que nos ocupa. Sabido es que en esta instancia priman los elementos de cargo por sobre los de descargo, siendo que el grado de certeza apodíctica de culpabilidad no es necesario en este tramo del proceso.- En mérito a ello no se hace lugar tampoco al agravio esgrimido por la parte que no se encuentra acreditado con el grado de probabilidad suficiente para atribuirle a su defendido la responsabilidad que se investiga.- Debo recordar aquí que, con relación al valor que se le otorga a las declaraciones prestadas por la víctima de delitos como el que nos ocupa, esta Alzada ya tiene dicho que la sola mención de que se trate de la persona damnificada no quita veracidad al testimonio que presta en la causa, debiéndose analizar el valor incriminante a adjudicarle en el conjunto de la prueba incorporada a la misma, tal como lo efectuara la Jueza A quo.-
Es sabido, conforme la normativa vigente en la materia (Ley Nº 26.485 art. 31), que los operadores judiciales deben garantizar la amplitud probatoria para acreditar los hechos denunciados, teniendo en cuenta las circunstancias especiales en las que se desarrollan los mismos y quiénes son sus naturales testigos. Para ello, se deben considerar las presunciones que contribuyan a la demostración de los hechos, siempre que sean indicios graves, precisos y concordantes. Por otro lado, respecto al valor probatorio de los testimonios acerca de los hechos endilgados al imputado, con acierto se ha dicho que: “La circunstancia de que los testigos no hayan visto por sí mismos los hechos que motivaron la causa penal, sino que se limitan a repetir lo que escucharon de terceras personas, no invalida per se sus declaraciones.”.
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional; Sala IV; “Marcus, Alejandro Fabián Rubén”; 10/11/2008 Cita Online: AR/JUR/17536/2008.- En relación a la suficiencia de la prueba para el dictado del procesamiento, en un caso como el que nos ocupa, incluso en una etapa de casación más avanzada a la que transita esta causa, fueron valorados por un Alto Tribunal elementos similares a los agregados en autos, llegando en este antecedente a rechazar un recurso de casación. Al respecto se dijo: “El recurso de casación interpuesto contra la condena por el delito de abuso sexual agravado por la calidad del sujeto activo y por la situación de convivencia debe ser rechazado, pues los argumentos recursivos evidencian una disconformidad con el pronunciamiento del Tribunal del Juicio y no un ataque fundado contra aquél, ya que los reproches se dirigen más bien a una negación ilógica de las probanzas que a demostrar la arbitrariedad en el razonamiento del juzgador que se basó tanto en los testimonios de la víctima y en los informes psicológicos realizados sobre aquella, los cuales dan cuenta que no presentaba pensamientos fabulatorios o imaginativos, lo que conjugaba para la gravitación de la credibilidad de su testimonio.” (Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Corrientes; 12/02/2015; “E., M.
A. P/ abuso sexual gravemente ultrajante doblemente calificado por la calidad de guardador y por la convivencia preexistente con una menor de 18 años dos veces reiterada (tres hechos) y abuso sexual por acceso carnal doblemente calificado por la calidad de guardador de la víctima y por la convivencia preexistente con una menor de 18 años s/ concurso real”; LA LEY 05/06/2015, Cita Online: AR/JUR/187/2015).- En función de lo expresado, no vislumbrándose, se insiste, la resolución atacada violatoria de los derechos de defensa, que deberá confirmarse en esta instancia el procesamiento del imputado G.C.M. dictado por la instrucción y en orden al delito allí calificado.-
Por tales motivos, no quedan dudas que los elementos reseñados, alcanzan –al menos en esta etapa procesal-, para acreditar los hechos, y la responsabilidad que “prima facie” le cabe al imputado en los mismos.-
En este sentido, se ha dicho: “El procesamiento contiene un juicio de probabilidad acerca de la existencia del hecho delictuoso y de la participación de cada uno de los imputados en éste, tratándose, pues, de la valoración de los elementos probatorios suficientes para producir probabilidad aún no definitivos ni confrontados, pero que sirven para orientar el proceso hacia la acusación, vale decir, hacia la base del juicio.”. (Clariá Olmedo, J.A., "Derecho Procesal Penal", Lerner Editora, Córdoba, 1985. Pág. 612).- Con relación al monto del embargo trabado, corresponde decir que no tendrá acogida favorable en esta instancia.-
Sobre esta cuestión cabe referir que la Ley de Procedimientos en materia penal, de manera imperativa, establece que el Juez -al dictar el auto de procesamiento- ordenará el embargo de bienes del imputado, cumpliendo el auto apelado -en este punto- con las reglas establecidas en el Art. 499 del C.P.P..-
En efecto, y contrariamente a lo señalado por la defensa, de una atenta lectura de la resolución puesta en crisis -en lo que se refiere propiamente al agravio articulado- se advierte que la Sra. Magistrada en el punto III de los Considerandos ha valorado todos los elementos probatorios agregados a estos autos, los cuales le han permitido arribar a una resolución de tipo incriminante como lo es el auto de procesamiento, y que conforman basamento de suficiente entidad para sustentar una acreditación provisoria de los hechos investigados y de la participación del imputado en los mismos, lo que respalda el dictado de la medida cautelar atacada, resultando la misma adecuada a derecho, señalando los rubros a garantizar mediante dicha medida precautoria, considerando que guardan relación con el perjuicio que se hubiere causado.- En orden a lo expuesto y en razón de las circunstancias de los hechos debo decir que comparto el criterio seguido y los parámetros tenidos en cuenta por la Sra. Magistrada para la fijación de la medida precautoria y acorde a la entidad del daño penal como consecuencia de los delitos investigados en autos, por lo que la suma ordenada de Pesos quinientos mil ($ 500.000) no aparece como irrazonable ni desproporcionada.-
Así se ha dicho que “…A los fines de establecer el monto del embargo fijado en el auto de procesamiento debe tenerse en cuenta que el mismo está destinado a garantizar el pago de la tasa de justicia y los honorarios profesionales, sin que deba tenerse en cuenta, a los fines de su cuantificación, la situación económica del acusado…” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, sala IV, fecha 17/09/2009, La Ley Online, cita: TR LA LEY AR/JUR/44048/2009).- En este sentido, resulta oportuno citar calificada jurisprudencia que dice “...el texto del art. 554 C.P.P. (art. 518 C.P.P.N. y 499 del C.P.P.S.C.) alude, de esta manera expresa, a la determinación de la cantidad sobre la que puede recaer el embargo explicitando que debe ser suficiente para garantizar la pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas. El legislador ha dejado librado al órgano judicial la apreciación o valoración de tales circunstancias, siendo posible su control jurídico, solo en tanto y cuanto el monto de la medida preventiva resulte grosera desproporción con las razones que determinaron al Juez a tomarla...” (Cámara de Acusación de Córdoba, A.I.: N20, 14/3/88. Causa: “Meana, Héctor Angel”. Vocales: Funes, Pueyrredon, Vargas. Secc. N1).-
III. En otro orden, se hace saber a la Sra. Magistrada lo consignado por la Sra. Fiscal ante las Excmas. Cámaras de Apelaciones de la Primera Circunscripción Judicial en el punto IV.- del dictamen de fs. 129/130vta., ello a los fines de su cumplimiento.-
IV. Comunicaciones: En virtud de la Acordada dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz de fecha 16 de Junio de 2021 (inscripta al Tomo: CCXXVII, Registro: 89; Folios: 142/146), por la que se adhiere al “Protocolo de Actuación del Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género”, elaborado por la Comisión de Género de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JU.FE.JUS.), firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, a la Oficina de Género dependiente del T.S.J., y al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. NO HACER LUGAR AL RECURSO DE APELACION INTERPUESTO por la defensa técnica de G.C.M. a fs. 95/98, confirmándose íntegramente el resolutorio atacado por los motivos expuestos en los considerandos que preceden.-
2. HACER SABER a la Sra. Magistrada de Instrucción lo explicitado en el punto III) de los Considerandos para su debido cumplimiento.-
4. Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente al Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género de la Oficina de Género del Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz y al correo electrónico [email protected]
(NAS)
Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez –Juez-, ante la Actuaría firmante -Dra. Adriana I. Geyer-, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. CONSTE.-
Fin de la sentencia