Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala I · Causa MO-35551-2022
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe confirma la resolución apelada en cuanto a la aplicación de la pauta contenida en el art. 1255 del Código Civil y Comercial. Sin costas de esta instancia atento la naturaleza de la cuestión planteada (artículo 68 y 69 del CPCC). Respecto de las quejas vinculadas a la cuantía de los estipendios fijados en la instancia de grado, las mismas serán consideradas a continuación . Lo que así se declara y resuelve.
Teniendo en cuenta que los trabajos profesionales remunerados en el pronunciamiento apelado fueron realizados con la Ley 14.967, entendemos que corresponde su aplicación en el análisis del recurso (conf. arg. arts. 3 C.C.; 5 y 7 del C.C.C.N., Dto. Ley 8904/77; Ley 14.967; Dec. Ley 522/77; A.C. SCBA 3869/17 y 3871/77; Sup. Corte de Bs. As., 8/11/2017, "MORCILLO HUGO HECTOR C/ PROVINCIA DE BS. AS. S/ INCONST. DECR. LEY 9020").
Sentado ello, en atención al monto del asunto por la naturaleza, valor, merito, calidad jurídica de la labor desarrollada en autos -Acuerdo de pago por la suma de $34.412.000-, corresponde confirmar los honorarios fijados a los Dres. Daniel Bautista Guffanti (T°V F°214 CALZ), María Soledad Espiñeira (T°44 F°438 CASI), Javier Augusto Santiere (T°44 F°465 CASI). Con más la adición legal y el porcentaje que corresponda según la condición tributaria de los nombrados frente al impuesto al Valor Agregado (arts. 9, 14, 15, 16, 21, 25, 26, 28 y condts. de la Ley 14.967). …
VISTO: El recurso interpuesto por la Mediadora Stella Maris Castagna mediante escrito electrónico del día 1/10/26, sustentado el día 7/10/26, contra la resolución dictada el día 25/9/26, sin haber merecido réplica y;
CONSIDERANDO: La Sra. Jueza a quo -en lo que aquí interesa- reguló los honorarios profesionales en la resolución del 25/9/26, fijando la retribución de la mediadora en la suma de 25 JUS, para ello se apartó de los aranceles mínimos previsto por la ley arancelaria local, aplicando lo normado por el art. 1255 del Código Civil y Comercial.
Contra tal pronunciamiento se alza la apelante. Disiente con la aplicación de la normativa contenida en el ordenamiento de fondo, alegando la inaplicabilidad del art. 1255 del CCCN. Describe las tareas inherentes a la mediadora, sosteniendo que la normativa específica le acuerda una remuneración tarifada, la que forma parte de su derecho de propiedad, fundamentos a los que nos remitiremos a la brevedad. Liminarmente corresponde señalar, que el tratamiento del recurso interpuesto va a circunscribirse en la correcta aplicación o no de la disposición contenida en el ordenamiento de fondo para la fijación de la retribución de la mediadora apelante, tratándose las apelaciones por la cuantía al final de la presente.
La ley 13591, que implementó el régimen de Mediación como método alternativo de resolución de conflictos judiciales en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, estableciendo para fijar la retribución de los mediadores un decreto reglamentario (vigente al momento de realizar la tarea) donde dispone en el mismo una tabulación para cuantificarla.
En diversos precedentes se ha señalado que a los fines de merituar lo concerniente al monto de la retribución de los mediadores resulta aplicable la pauta contenida en el ordenamiento de fondo, la que es de aplicación general a cualquier servicio, no encontrándose exento el prestado por el mediador en el marco de la ley 13591.
En tal sentido, el art. 1255 del CCCN faculta a los jueces a fijar equitativamente la retribución atendiendo a la labor cumplida por el prestador, apartándose de los aranceles locales impuestos por las leyes, incluso respecto de montos o porcentajes mínimos, para el caso de verificarse una evidente e injustificada desproporción entre la retribución resultante y la importancia de la labor cumplida (S.C.B.A., C. 86.346, 'Calleri', sent. del 26-IX-2007; Q. 70.627, sent. del 13-VIII-2014).
No se desconoce el rol que cumplen las leyes arancelarias locales, como instrumento de afirmación de la justicia y de la paz social, al reconocer que los jueces deben fijar el precio en atención a las mismas, predisponiendo así un marco objetivo y reglado dentro del cual se cuantifica el arancel (GARCÍA SOLÁ, Marcela y EGUREN, María C., Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Santa Fe, dir. PEYRANO, T°4ª, P.19).
Sin embargo, no puede dejar de considerarse la labor cumplida por el prestador y la evidente e injustificada desproporción que pueda surgir -en ciertos casos- de la aplicación estricta de los aranceles locales, ya que de verificarse dicha circunstancia, debe emerger la equidad como la norma de clausura del sistema previsto para la determinación del precio (LORENZETTI, Código Civil y Comercial de la Nación comentado, T° VI, art. 1255).
Por otro lado, elementales razones de prelación normativa, hacen que las disposiciones arancelarias locales carezcan de potencialidad para escapar a las directivas de la ley de fondo, más aún cuando estas últimas se vinculan con el costo de acceso a la justicia (CIDH "Cantos"; Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Morón, Sala II, cs. MO-31826-2013 R.S. 77/2018). De ello se desprende que, además de la pauta objetiva prevista en el Decreto 600/21 para la fijación de la retribución -monto del litigio-, deben contemplarse otros extremos del pleito como las tareas cumplidas por el profesional -art. 31 ley 13.951- y la proporcionalidad respecto de los restantes profesionales (art. 1255 del CCCN; esta Sala, voto del Dr. Russo al que adherí, cs. 15007 R.S. 172/18).
Por lo que no constituiría un obstáculo para analizar la labor cumplida la confidencialidad que caracteriza la tarea de la mediadora (art. 31, ley 13.951), dado que el Juez conoce las funciones que ésta tiene a su cargo y el servicio que presta, pudiendo hacer mérito: de la complejidad del asunto litigioso, de la cantidad de audiencias celebradas y de las tareas efectuadas para posibilitar las mismas, de la comparecencia o no de las partes, etc.
Por todo lo expuesto, se confirma la resolución apelada en cuanto a la aplicación de la pauta contenida en el art. 1255 del Código Civil y Comercial. Sin costas de esta instancia atento la naturaleza de la cuestión planteada (artículo 68 y 69 del CPCC). Respecto de las quejas vinculadas a la cuantía de los estipendios fijados en la instancia de grado, las mismas serán consideradas a continuación . Lo que así se declara y resuelve.
Teniendo en cuenta que los trabajos profesionales remunerados en el pronunciamiento apelado fueron realizados con la Ley 14.967, entendemos que corresponde su aplicación en el análisis del recurso (conf. arg. arts. 3 C.C.; 5 y 7 del C.C.C.N., Dto. Ley 8904/77; Ley 14.967; Dec. Ley 522/77; A.C. SCBA 3869/17 y 3871/77; Sup. Corte de Bs. As., 8/11/2017, "MORCILLO HUGO HECTOR C/ PROVINCIA DE BS. AS. S/ INCONST. DECR. LEY 9020").
Sentado ello, en atención al monto del asunto por la naturaleza, valor, merito, calidad jurídica de la labor desarrollada en autos -Acuerdo de pago por la suma de $34.412.000-, corresponde CONFIRMAR los honorarios fijados a los Dres. Daniel Bautista Guffanti (T°V F°214 CALZ), María Soledad Espiñeira (T°44 F°438 CASI), Javier Augusto Santiere (T°44 F°465 CASI). Con más la adición legal y el porcentaje que corresponda según la condición tributaria de los nombrados frente al impuesto al Valor Agregado (arts. 9, 14, 15, 16, 21, 25, 26, 28 y condts. de la Ley 14.967).
Se deja aclarado que habiéndose fijado los honorarios del Dr. Lucas David Dayan en el acuerdo del 22/9/26, el que fuera suscripto por el apelante del 28/9/26, no corresponde tratar la apelación con respecto a los emolumentos de dicho profesional.
Atento a que las labores desarrolladas -acta de mediación- de conformidad con lo normado por el decreto 600/21 y siendo éste el decreto a aplicar; por lo que según el monto del presente juicio -646,45 JUS a la fecha de regulación de primera instancia-, valor, mérito, calidad jurídica de la labor desarrollada en autos, términos de la apelación interpuesta, se FIJA la retribución de la mediadora interviniente Dra. Stella Maris Castagna (Matrícula MO207) en la suma de 47,70 JUS arancelarios, considerando el plazo que trascurrió desde la intervención de la nombrada hasta la finalización de la causa (Ley 13951). Con más la adición legal y el porcentaje que corresponda según la condición tributaria de la nombrada frente al impuesto al Valor Agregado.
Teniendo en cuenta el monto del presente juicio, valor técnico de la pericia realizada en autos, término de la apelación interpuesta se CONFIRMAN los honorarios fijados a los peritos psicóloga Vanesa carolina Aguilera Gómez y médica Vanesa Elizabeth Condoreano en la suma de UN MILLÓN SETECIENTOS VEINTE MIL ($1.720.000) para cada uno de ellos . Con más la adición legal y el porcentaje que corresponda según la condición tributaria de los nombrados frente al impuesto al Valor Agregado (art. 5, inc. 6 y 12 inc. 3 del decreto 5413/58, t. s/ art. 3° Ley 9384, y art. 1° ap. 7 del decreto 502/85 y art. 1° ap. 7 del decreto 6732/87 y art, 35 inc. e y f de la Ley 12207; Ley 10306, Res. 890/202, art. 40 inc. c de la Ley 12.163, modif. por art. 1° de la Ley 14.054; art. 1255 CCCN).
La presente resolución se pronuncia en la Ciudad de Morón, Provincia de Buenos Aires, firmando las Señoras Juezas doctoras Liliana Graciela Ludueña y Laura Andrea Moro (Acuerdo Extraordinario de Cámara N° 908/2025) y el Funcionario interviniente, tal como queda consignado -con expresión de fecha y hora- en las referencias que se agregan a continuación.
Articulo 54 de la Ley 14967: "Las providencias que regulen honorarios deberán ser notificadas personalmente, por cédula a sus beneficiarios, al mandante o patrocinado y al condenado en costas, si lo hubiere. Asimismo, será válida la notificación de la regulación de honorarios efectuada por cualquier otro medio fehaciente, a costa del interesado. Los honorarios a cargo del mandante o patrocinado quedarán firmes a su respecto si la notificación se hubiere practicado en su domicilio real y a la contraparte en su domicilio constituido. Habiendo cesado el patrocinio o apoderamiento y constituido el ex cliente nuevo domicilio, la notificación de honorarios a este podrá ser efectuada en este último domicilio. En todos los casos, bajo pena de nulidad, en el instrumento de notificación que se utilice para ello, deberá transcribirse este artículo. Los honorarios regulados por trabajos judiciales deberán abonarse dentro de los diez (10) días de haber quedado firme el auto regulatorio. Los honorarios por trabajos extrajudiciales se abonarán dentro de los diez (10) días de intimado su pago, cuando sean exigibles. Operada la mora, el profesional podrá optar por: a) reclamar los honorarios expresados en la unidad arancelaria Jus prevista en esta ley, con más un interés del 12% anual. b) reclamar los honorarios regulados convertidos al momento de la mora en moneda de curso legal, con más el interés previsto en el artículo 552 del Código Civil y Comercial de la Nación."
Notifíquese de manera automatizada conforme Acuerdo n° 4013 de la S.C.B.A., a los siguientes domicilios electrónicos:
Firmas
Funcionario firmante: MORO Laura Andrea - JUEZ
Funcionario firmante: LUDUEÑA Liliana Graciela - JUEZ
Funcionario firmante: OSORIO Ricardo Amilcar - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES - Número: RR- 691-2026
Fin de la sentencia