Abriendo la norma
TOMO CXLII – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 9041 FOLIO Nº 120/125 PROT. ELECT. JR101719I.242
Río Gallegos, 23 de octubre de 2024.
La presente causa caratulada: “B.R.O. S/ AMENAZAS" Expte. Nº B-78653/24, Apelación Nº 9199/24, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 44/49, obra glosado el auto dictado por el Sr. Juez subrogante del Juzgado de Instrucción Nº Dos de Río Gallegos, Dr. F.Z., quien en el punto 1) ordenó el procesamiento sin prisión preventiva de R.O.B., en orden al delito de “AMENAZAS COACTIVAS REITERADAS” (arts. 149 bis 2do. párrafo y 55 del Código Penal); y en el punto 2) trabó embargo sobre los bienes del nombrado por la suma de pesos quinientos mil ($ 500.000).-
Que a fs. 54/57, la defensa técnica apeló dicho auto -motivándolo-; a fs. 64 sostuvo el recurso (cód. validación 1cd840f2) y, no habiéndose presentado el memorial regulado en el art. 437 del CPP, quedan en consecuencia los presentes autos en condiciones para ser resueltos, y;
Que la defensa argumentó que el auto dictado le causa a su defendido un gravamen irreparable y perjudicial a los intereses de éste.-
Manifestó -a su entender- que no hay elementos que permitan alcanzar el grado de certeza sobre el hecho y la participación de su representado en el mismo; agregó, que el resolutorio impugnado se funda con exclusividad en los solitarios dichos de la víctima.-
Hizo alusión a la orfandad probatoria; estimando, que ni siquiera se daban en autos los presupuestos del art. 278 del C.P.P., el cual establece que deben existir motivos bastantes para haber citado a su defendido a prestar declaración indagatoria; es decir, que la incorporación del testimonio de la pretensa víctima no resulta ser un elemento de prueba suficiente en los términos del art. 278 del C.P.P. y mucho menos para dictar el procesamiento -su visión-.- Indicó, que no se produjo ninguna prueba tendiente a corroborar el relato de la denunciante en cuanto a la existencia de una situación de violencia de género, sino que las declaraciones de los operadores de la OVD resultan ser una reproducción de los dichos de la víctima.-
Cuestionó la declaración de la Sra. L, en cuanto habló que no se encontró el rifle en el domicilio de R. -fs. 26-, advirtiendo la defensa que no obra en autos orden de allanamiento.-
Asimismo, señaló en relación a las imágenes fotográficas de fs. 05 -capturas de pantalla-, que se han utilizado como prueba en contra de su defendido, y que no se encuentra probada su legitimidad, no surge de autos si se realizaron las pericias correspondientes para corroborar que dichas capturas son verdaderas.-
Continuando con su exposición, dijo que el testimonio de la Sra. L.M. no resulta ser un elemento de prueba suficiente para arribar al resolutorio impugnado; por lo cual, el resolutorio es arbitrario y violatorio del principio de inocencia de su defendido.-
A su modo de ver, expuso que no se ha podido acreditar la existencia de las amenazas; habló acerca de la tipificación de las mismas.-
Objetó el monto del embargo considerándolo excesivo. Advirtió que tanto la cuantía de la medida cautelar, como así también la imposibilidad de su asistido de ofrecer bienes para cubrir dicha suma, necesariamente conducen a la inhibición general de sus bienes, constituyendo la traba de dicha medida cautelar un daño innecesario. Por ello, solicitó la reducción del monto consignado en la resolución en crisis, de manera tal de asegurar los gastos derivados de costas procesales y honorarios.- Citó doctrina y jurisprudencia en apoyo a su tesitura.-
Quedan así planteadas las cuestiones a resolver.-
I. Que, en primer lugar, tomando atenta lectura de los argumentos esbozados por la parte apelante junto a la resolución atacada y las constancias de la causa, entiendo que obran en autos suficientes elementos probatorios como para considerar, en este juicio de probabilidad delictual, que R.O.B. habría cometido el hecho que se le enrostró, razón por la que adelanto desde ya que confirmaré -por ser justo y adecuado a derecho- la resolución dictada por el Sr. Magistrado de grado.- La recurrente argumentó que el auto dictado no se ajustaba a derecho, y que era arbitrario. Entendemos no le asiste razón, dado que el resolutorio apelado analizó la totalidad de las probanzas colectadas a la luz de la sana crítica racional, arribándose acertadamente a un provisorio juicio de valor, de tipo incriminante, en lo que se refiere a la situación procesal del encartado.-
La sana crítica racional, para la valoración de la prueba, se define como: “…un sistema de apreciación de los hechos y de las circunstancias fácticas de las figuras delictivas y de los hechos procesales, conforme a las leyes fundamentales de la lógica, de la psicología y de la experiencia social, que el juez debe respetar para asegurar la certeza de sus afirmaciones y la justicia de sus decisiones” (Navarro Guillermo Rafael – Daray Roberto Raúl; Código Procesal Penal de la Nación -análisis doctrinal y jurisprudencial-; ed. Hammurabi José Luis Depalma Editores; pág. 222).- Esta Alzada ya se ha expresado en reiterados pronunciamientos acerca que la tacha de arbitrariedad requiere que se invoque y demuestre la existencia de vicios graves en el pronunciamiento judicial consistentes en razonamientos groseramente ilógicos o contradictorios, apartamiento palmario de las circunstancias del proceso, omisión de considerar hechos y pruebas decisivas o carencia absoluta de fundamentación. Circunstancias que no se observan en el caso.- En efecto, una resolución es arbitraria cuando carece de motivación. Lo arbitrario se opone a lo razonable, esto es: “…ser justo, moderado, prudente: todo aquello que puede ser resumido en arreglo a lo que dicte el sentido común…” (Nicolás Jorge Negri -Doctor en Ciencias Jurídicas-; “La argumentación jurídica en las sentencias judiciales”; Universidad Nacional de La Plata -Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales-, pág. 132).-
En este mismo sentido, tiene dicho la CSJN que: "...La doctrina de la arbitrariedad requiere que las resoluciones recurridas prescindan inequivocadamente de la solución prevista en la ley, o adolezcan de una manifiesta falta de fundamentación..." (Cita online: CSJN 325:324 •30003297).-
Al respecto, viene al caso señalar que, en las resoluciones judiciales: “La motivación configura una garantía de garantías, pues ella debe contener las razones de cada afirmación, atender los planteos de las partes y explicar por qué la decisión es legalmente correcta. Por su intermedio el juez describe y valora la prueba, mediante la cual establece los hechos objeto del proceso y define el derecho aplicable…” (Ferrajoli, Luigi; “Derecho y razón. Teoría del garantismo penal”; Ed. Trotta; pág. 378).- El pronunciamiento del Juez subrogante de Instrucción se presenta racional y fundado íntegramente en las pruebas recabadas en el legajo. En tal sentido, baste con tomar vista de la fs. 44, en el punto "DE LA QUE RESULTA" del auto recurrido, donde se enumeraron las piezas probatorias en que se apoyó para determinar la materialidad y autoría del hecho en cabeza de R.O.B., con el grado de probabilidad que reclama esta instancia, analizados a la luz de la sana crítica racional (art. 199 del CPP) y, con perspectiva de género, conforme lo establecido por la Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales (Ley 26485) y los Tratados Internacionales sobre la materia, tales como la Convención de Belem do Pará.- No se es coincidente en la pretensión de arbitrariedad o que la misma sea contraria a los principios elementales del derecho, pues en su dictado se efectuó el análisis en conjunto de la prueba observándose las pautas previstas en los art. 115, 116 y 199 del CPP..-
Cabe recordar que, en este estadio no se requiere la certeza, sino la prevalencia de elementos incriminantes, como es el caso que nos ocupa, por eso no quedan dudas que los elementos reseñados, alcanzan -al menos en esta etapa procesal- para acreditar el hecho, y la responsabilidad que "prima facie" le cabe al imputado en el mismo.-
En virtud de la cual, corresponde desechar este planteo, pues no se observa la orfandad probatoria ni la falta de fundamentación en la actividad desplegada por la Instrucción.-
II. En segundo lugar, en cuanto a la valoración del hecho y la prueba con perspectiva de género, en un caso de similares características al que nos ocupa, donde las amenazas eran reiteradas; se resolvió condenar al imputado diciendo: “…teniendo en cuenta que el delito endilgado no constituyó un hecho aislado, sino que se inscribió dentro de un contexto de violencia doméstica de larga data entre imputado y víctima, quienes constituyeron una pareja, ahora separada, con un hijo en común…resulta indispensable juzgar en base a principios de perspectiva de género.” (CP Contrav. y Faltas; Sala III; Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 11/05/2017; M., S. G. s. Infracción art. 149 bis Código Penal; Rubinzal Online; RC J 4167/17).- En el supuesto bajo estudio, el magistrado juzgó probada la materialidad del hecho en razón de los dichos de la víctima, aportados en sede policial -fs.03/04 y vta.-, judicial -fs. 26 y vta.- y la O.V.D. -fs.13/16 y vta.-. En tanto, consideró –prima facie- acreditada la autoría en cabeza del incuso, en virtud de la armónica valoración de las declaraciones de la damnificada (efectuadas en la División Comisaría de la Mujer y la Familia y en la Oficina de Violencia Doméstica -fs. ); junto al informe de riesgo elaborado por la O.V.D..- Así las cosas, consideramos, falta a la verdad la defensa cuando asegura que el pronunciamiento impugnado se apoya sólo en los dichos de la damnificada pues, a la vista está, que obran en autos otros elementos incriminantes.-
Al respecto se ha dicho: “El procesamiento por el delito de amenazas debe confirmarse, pues los obrados exhiben suficiente información para asumir, con alto grado de probabilidad, que el imputado agredió verbal y psicológicamente a su pareja, utilizando palabras amenazantes infundiéndole temor, tanto a ella como sus hijos menores, siendo estos comportamientos contrarios a las normas que protegen a la mujer de agresiones basadas en el género para restringir su libertad de determinarse en las diferentes facetas de su vida, aprovechándose de su estado de vulnerabilidad” (Cámara 1a de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de Formosa; 18/10/2018; “S., M. A. s/ amenaza concordante con violencia de género”; RDP 2019-6, 1307; TR LALEY AR/JUR/89185/2018).- Que, contrariamente a lo señalado por la recurrente, los elementos reseñados alcanzan para atravesar la barrera del art. 289 del CPP, pues como dijimos, fueron valorados con perspectiva de género, acatando la normativa nacional e internacional precitada, y sopesando el especial contexto relatado por la víctima, donde –en apariencia- la falta de aceptación de la ruptura de la relación por parte del imputado, constituiría el móvil del ilícito objeto de autos.- Tampoco acierta la defensa al señalar que no se hubiera contextualizado los dichos de la denunciante, dado que sus declaraciones, frente a distintos interlocutores, fueron valoradas por el juez en el marco del informe de evaluación de riesgo elaborado por la O.V.D. -fs. 17/18 y vta.-, donde se lo calificó como “ALTO” en función de una serie de factores, dentro de los que se destaca: el hostigamiento del denunciado y la no aceptación de la disolución del vínculo amoroso; la probabilidad de que se susciten nuevos hechos o se agraven los existentes; los antecedentes del vínculo afectivo.
Y es relevante este informe, pues si bien es cierto que se basa esencialmente en los dichos de la Sra. L.M.E., la estimación del grado de riesgo que la pudiera afectar, es una conclusión formulada por un cuerpo interdisciplinario creado al efecto para evaluar precisamente dichos aspectos, por lo que no debe ser desestimada como otra prueba indiciaria.- Por si fuera poco, debo recordar que con relación al valor que se le otorga a las declaraciones prestadas por la víctima (e incluso por parte de sus familiares, amigos y/o allegados) esta Alzada ya ha establecido en anteriores pronunciamientos que, la sola mención de que se trate de la persona damnificada (e incluso de sus familiares y/o amigos y/o allegados) no quita veracidad al testimonio que presta en la causa, debiéndose analizar el valor incriminante a adjudicarle en el conjunto de la prueba incorporada a la misma (a modo de ejemplo apelaciones 7245/21,7167/21,7272/21), es por ello que la inexistencia de testigos no habilita a poner en duda el testimonio de la damnificada.- Además, no podemos soslayar, tal como lo mencionó el Sr.
Juez de grado subrogante, que del contenido de estos autos y el tenor del hecho atribuido al imputado, emerge claramente un contexto de violencia de género, cuya naturaleza impone al juzgador un posicionamiento especial desde el punto de vista probatorio.-
Siguiendo esta línea, se ha asentado jurisprudencialmente el valor especial que tiene la declaración de la víctima en los procedimientos judiciales vinculados con la problemática de la violencia doméstica, donde “…la prueba de los hechos denunciados por la víctima no es una tarea simple y ello es así porque se trata de hechos que normalmente transcurren en la intimidad o en circunstancias en las que solo se encuentran presentes la víctima y el agresor. Es por ello que, en este tipo de supuestos, los testimonios de las personas directamente involucradas en el conflicto cobran mayor relevancia para analizar y confrontar las diferentes hipótesis en cuanto a las circunstancias en las que presumiblemente habría sucedido el hecho denunciado y, especialmente, reviste fundamental entidad el relato de la ofendida que tiene que ser recibido con las debidas garantías, para posibilitar su contradicción por el sujeto ofensor…” (Corte Suprema de Justicia de San Miguel de Tucumán, recurso de casación, SENT Nº 1134, del 15/08/2017).- Es por ello, que lo planteado luce desacertado y desajustado a la perspectiva de derechos en materia de violencia de género que el caso amerita.-
III. En cuanto al cuestionamiento vinculado que en autos no se dan los presupuestos del art. 278 del C.P.P., dado que es requisito necesario para que pueda disponerse la receptación de la declaración indagatoria la existencia de un grado de sospecha determinado acerca de la existencia de un delito, y lógicamente, de la participación en él de su defendido, diremos lo siguiente.-
En tratamiento de este agravio, cabe señalar que no le asiste razón a la apelante, fundado en la existencia de elementos que configuran el estado de sospecha suficiente para convocar al imputado a prestar declaración indagatoria y, siendo este el caso, no debe brindar mayores explicaciones en cuanto a su decisión.-
En particular, en cuanto al estado de sospecha, se ha sostenido que “…toda sospecha que se tenga acerca de la participación criminal de alguna persona en la comisión de un delito cualquiera, puede ser fundada, por la fuerza de los indicios que la suscitan, o infundada, en tanto tenga el carácter de vana conjetura en la percepción del sujeto encargado de dar a conocer su juicio respecto de un hecho en particular… ”. Este mismo autor concluye diciendo que “…para imputar, es probable que se comience por sospechar de algo, de alguien o de algunos” (Parajón, Hubert M.; “Reflexiones acerca del uso de la expresión "estar sospechado" en vinculación con el denominado derecho penal de autor”; Sup. Act. 18/10/2007, 18/10/2007, 2 Cita: TR LALEY AR/DOC/3058/2007).- Entonces, el aporte doctrinario enseña que la sospecha puede ser fundada o infundada, sin embargo, para poder imputar a alguien; se debería comenzar por sospechar; y esto es lo que ocurre en autos.-
En este sentido, se ha dicho: “El procesamiento contiene un juicio de probabilidad acerca de la existencia del hecho delictuoso y de la participación de cada uno de los imputados en éste, tratándose, pues, de la valoración de los elementos probatorios suficientes para producir probabilidad aún no definitivos ni confrontados, pero que sirven para orientar el proceso hacia la acusación, vale decir, hacia la base del juicio” (Clariá Olmedo, J.A., "Derecho Procesal Penal", Lerner Editora, Córdoba, 1985. Pág. 612).- Al respecto, es menester recordar que el llamado a declaración indagatoria del imputado es una facultad discrecional del/la juez/a (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional; Sala IV; “B., H. E. s/ Queja”; 23/08/2018; Cita: TR LALEY AR/JUR/50338/2018, entre otros). Así las cosas, el Juez no está obligado a enumerar qué elementos a su entender se encuentran reunidos en la causa para decidir el comparendo del imputado. A título ilustrativo, baste citar “El llamado a prestar declaración indagatoria es materia discrecional del juez como director del proceso y no requiere otro fundamento que su convicción en punto a la sospecha de que una persona ha participado en la comisión de un delito” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal; Sala II; 07/02/2018; “D. V., J. M. s/ nulidad”; La Ley Online; TR LALEY AR/JUR/2201/2018).- Asimismo, el llamado a indagatoria tiene como correlato la oportunidad para el imputado de brindar todas las explicaciones que estime corresponder en el ejercicio de su derecho de defensa por excelencia, tras ser debidamente intimado del/los hecho/s que se le atribuye/n, siendo ese el momento en el que se lo pone en conocimiento en detalle de las pruebas existentes en su contra.-
Al respecto, la jurisprudencia es pacífica al entender que: "...La indagatoria es un acto de defensa material que la ley la rodea de diversas solemnidades y cuyo objetivo es brindar al sospechado las garantías necesarias para que libremente refleje en ella todo aquello que estime conveniente o beneficioso. Por ello, el magistrado le hace conocer la naturaleza del acto, la posibilidad de negarse a declarar, el derecho de designación y presencia de su defensor, la explicación de los hechos atribuidos y la invitación a expresar su descargo o aclaración de la imputación, indicando las pruebas oportunas..." (TR LALEY 1/4720).- En nuestro caso, no se trata de una decisión arbitraria, pues el a quo, como director del proceso, dejó en claro que existen elementos en la causa para continuar la investigación, motivo por el cual debo desestimar este planteo.-
IV. Para continuar, en otro pasaje de su presentación, la recurrente criticó que no se realizaron las pericias -medidas de pruebas-, correspondientes para corroborar la legitimidad de las capturas de pantalla -imágenes fotográficas-.-
En este punto, y en base a todas las circunstancias arriba mencionadas, debo recordar que el Sr. Juez selecciona las pruebas a producir, por lo tanto, tal determinación constituye una prerrogativa que le permite escoger ciertos elementos o descartar los que a su consideración no resulten pertinentes para la causa.-
Que además, entiende esta Alzada que la producción probatoria llevada adelante por la instrucción resultaría satisfactoria a fin de endilgar responsabilidad al imputado.-
Por otro lado, advierto que en la presente investigación no se vislumbra ninguna solicitud por parte de la defensa en aras de producir prueba en contrario para mejorar la situación de su asistido, por lo que no puede responsabilizar a la instrucción en este sentido, máxime conforme las facultades que le otorga el art. 190 del C.P.P., motivo por el cual rechazaré el presente.-
V. Siguiendo con el análisis de lo planteado, y en relación al delito de amenazas, todo indicaría que los dichos vertidos por el imputado sí tuvieron capacidad para alarmar o amedrentar con la finalidad deliberada de atemorizar a la presunta víctima. Es así que “...se puede amenazar directa o indirectamente, en forma velada, manifiesta o tácita; por gestos o ademanes simbólicos, palabras o signos, en forma verbal, o por vía escrita, postal, telefónica o personal, por interpósita persona; o con elementos atemorizantes...” (Breglia Arias Omar- Gauna Omar, “Código Penal y Leyes Complementarias. Comentado, Anotado y Concordado”, Editorial Astrea, pág. 1074).- Por su parte, la jurisprudencia ha dicho que “...es necesario que las amenazas puedan ser tomadas en serio tanto por la víctima como por un observador objetivo, no solamente en el sentido literal del alcance de la agresión, sino en el sentido genérico de la agresión física y el de ocasionar algún mal grave...” (Trib.
Oral Crim. Nº 9, 12/5/1997, `Tomaso, Juan´ citado en Horacio J. Romero Villanueva, en su “Código Penal de la Nación y Legislación complementaria”, Tercera edición ampliada y actualizada, Abeledo Perrot, pág. 565).- En efecto “...el contenido de su idoneidad (se refiere a la amenaza) debe ser definido con estricta referencia al contexto dentro del cual fueron expresadas, es decir, tomando en cuenta específicamente las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se profirieron las mismas, las que determinarán la concreta lesividad de dichas expresiones con relación al bien jurídico protegido por la norma que las incrimina. Y ello no implica que su carácter lesivo, y por ello típicamente relevante de las amenazas, dependa exclusivamente del efecto que generen en la víctima, pues bien puede ocurrir que ésta no se vea afectada por dichas expresiones, en razón de ser una persona absolutamente desaprensiva...”.
Lo primordial del delito de amenazas es la intención del sujeto de infundir temor, (requiere dolo específico para alarmar o amedrentar), con la finalidad considerada de atemorizar a otro. (Trib. Casación Penal Bs. As., Sala 2º, 17/8/2006, “Cazzaniga, Juan C.”, AP 14/112012).- Lo expuesto en párrafos anteriores y aplicados al caso de autos, implicarían que los dichos habrían sido expresados por B., encontrándose prima facie comprobados en debida forma y que el contexto propio de dicha situación violenta, le habría generado a la misma miedo, tal como ella lo puso de manifiesto al realizar la denuncia. Es por eso que este agravio no prosperará.-
VI. En relación a este último planteo, y al efectuar una atenta lectura de la resolución que se intenta poner en crisis, surge que en el punto III) del considerando, el magistrado dio las pautas por las que entendía adecuado establecer el monto del embargo en la suma de pesos quinientos mil ($ 500.000). Dicha cifra no aparece como irrazonable, ya que la misma guarda relación con el perjuicio que se hubiere causado (ello en función de que el art. 499 del CPP establece que al momento de decretar el procesamiento el Magistrado debe ordenar, también, el embargo de bienes del imputado). Por otro lado, la parte recurrente no dio ningún argumento o parámetro en apoyo a su postura que nos permitan apartarnos del criterio seguido por el Sr. Juez interviniente, limitándose genéricamente a calificarlo como `excesivo´, razón por la cual desestimaré este último cuestionamiento.-
VII. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.
VIII. Comunicaciones: En virtud de la resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz, firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, a la Oficina de Género dependiente del T.S.J., y al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.-
Por todo ello, conforme las normas legales citadas y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto de fs. 44/49, en cuanto ha sido motivo concreto y fundado de agravios, por los argumentos expuestos en los considerandos que preceden.-
3. Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente al Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género de la Oficina de Género del Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz y al correo electrónico [email protected]
GP
Fin de la sentencia