Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal, Sala III de Morón
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe revoquen por prematuras, las medidas de coerción personal dictadas en este proceso, en contra de H. E. B. R. y L. D. J. N., por considerarlos “prima facie” coautores penalmente responsables del delito de privación ilegal de libertad seguido de muerte, en perjuicio de C. S. R., y se dispongan sus inmediatas libertades en este proceso , de conformidad con lo normado en los arts. 18 de la C.N.; 45 y 149 bis -anteúltimo párrafo- del C.P.; 157 “a contrario sensu” y ccdtes. del C.P.P. Así lo voto.
A la misma segunda cuestión, la Señora Juez Dra. Fernández, dijo:
Adherir al voto de la Sra. Juez doctora Mingolo, en igual sentido y por los mismos fundamentos, razón por la cual, vota por la afirmativa.
A la misma segunda cuestión, el Señor Juez Dr. Naldini, dijo:
Después de leer detenidamente el voto de mi distinguida colega, la Dra. Sandra Mingolo, no puedo sino adherir a sus argumentos y conclusiones.
No obstante, a continuación analizaré algunas cuestiones ya tratadas por la Dra. Mingolo, y otras que estimo conveniente abordar. A fin de ordenar la exposición de las razones por las que considero que el auto que dispone la prisión preventiva de H. E. B. R. y L. D. J. N. debe ser revocado, estructuraré el voto en diferentes acápites; en los primeros -I a V- analizaré el hecho que tanto fiscal como juez de garantías han considerado acreditado, en el anteúltimo -VI- trataré el supuesto móvil del crimen, y en el último -VII- realizaré algunas consideraciones finales. …
- A C U E R D O –
//la Ciudad de Morón, a los --doce-- días del mes de junio del año dos mil trece, se reúnen en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces integrantes de la Sala III de la Excma. Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial Morón, Dres. Elisabet Miriam Fernández, Adolfo Eduardo Naldini y Sandra Claudia Mingolo, bajo la presidencia de la primera de los nombrados, para resolver en la causa Nº 17.499 caratulada “B. R., H. E. - J. N., L. S. s/ Incidente de apelación de la prisión preventiva”; y practicado que fue el sorteo de ley, resultó que en la votación debía observarse el siguiente orden: MINGOLO - FERNANDEZ - NALDINI.
- A N T E C E D E N T E S –
1. Que con fecha 18 de diciembre del año 2012, el Señor Juez de Garantías interviniente, Dr. G. G. Robles, ha convertido en prisión preventiva las detenciones de los encartados H. E. B. R. y L. D. J. N. por considerar la existencia de indicios vehementes y elementos de convicción suficientes para sospechar su intervención en el hecho tipificado como constitutivo del delito de privación ilegal de la libertad seguida de muerte, ello en los términos de los arts. 142 bis - anteúltimo párrafo- del Código Penal y 144 “a contrario”, 146, 157, 158 y ccdtes. del Código Procesal Penal, según acontecimiento que tuviera ocurrencia temporal entre los días 22 y 31 de agosto de 2011, en la localidad de V. T., Partido de H., estableciendo los roles de cada uno de ellos en la calidad de coautores penalmente responsables (cfr. fs. 80/123 del presente).
2. Oportunamente, las medidas de coerción personal en trato, fueron recurridas por los Dres. F. A. M. y J. R. A. en representación del encausado H. E. B. R.; y por la Dra. C. P. F. respecto de su por entonces asistido L. D. J. N. -ver fs. 179/182vta. y 183/206 respectivamente-. A fin de ordenar la tarea en el tema que nos convoca, respetando el orden cronológico en que fueron introducidas las quejas, ha de exponerse en forma suscinta los agravios de las defensas técnicas.
2a) Los quejosos, Dres. M. y A., sostienen que no se han reunido en este proceso elementos suficientes para tener por acreditada del modo en que el Sr. Juez de la instancia, Dr. G. G. Robles, la tuvo, la relación fáctica que terminó con la muerte de C. S. R.; y que tampoco existen datos de los que puedan inferirse la coautoría penalmente responsable de su asistido, B. R., en ese accionar disvalioso.
Principalmente, lanzan parcialmente su ataque a ciertas circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se perpetró el hecho que terminó con la vida de la menor causante, conforme fue descripta la materialidad ilícita, tanto por el Sr. Agente Fiscal, Dr. M. A. Ferrario, en su requerimiento -ver fs. 1/79-, y relatada por el Sr. Juez de la instancia, Dr. G. G. Robles- ver fs. 80/123-.
En concreto, para ellos, la víctima fue sustraída de la localidad de V. T., Partido de H., en un automotor de color negro marca F., modelo E., y desplazada hasta las cercanías de la antena denominada “La F.”, con ubicación en la arteria B. J. M. de R. n° ... de la localidad de L. H., partido T. de F., de la provincia de Buenos Aires, debiendo dirigirse la investigación hacia dicho ámbito, ya que allí fue la zona, dónde emitió la señal por última vez la antena del celular que portaba C. S. R., circunstancia ésta omitida por ambos Magistrados al desarrollar cómo fueron los acontecimientos, máxime cuando parece ser a criterio de la defensa que aquél fue el destino final de la camioneta (el de L. H.) -lo cerrado entre paréntesis me pertenece-.
Critican de la investigación la gran cantidad de elementos colectados, algunos superfluos e innecesarios, más no la concentración de esfuerzos para obtener el dominio de la camioneta en que presumiblemente fue secuestrada la causante, a pesar de que dicho rodado fue captado por las cámaras de seguridad del municipio de H., razón por la cual, en su opinión, no se han agotado los medios técnicos para descubrir la misma. Remarcando la incidencia del reconocimiento negativo de la persona de su asistido por parte de los testigos que llegaron a visualizar ese vehículo, o uno parecido, lo que denota la inocen-cia de su pupilo, tal como lo vienen sosteniendo a lo largo de éste proceso. Circunstancia que se corrobora por la demostración de B. R. de estar a derecho, y no haberse fugado desde la libertad obtenida por orden de ésta Sala. Atacan acerca del cuerpo del delito, fijado en el capí-tulo primero de la resolución del Sr. Juez de Garantías, la vinculación objetiva y subjetiva, que se atribuyó a su pupilo en el accionar ilícito. Vale decir, la de tener aquél… “el dominio del uso de la vivienda de la calle C. ...…” (sic), y que también, “…la de ser funcional al grupo, conforme a la idea primitiva previamente acordada, de deshacerse de todo rastro y vestigio de la actividad que desarrollaron hasta ese momento con claros fines de alcanzar la impunidad de los participantes” (sic); atribuyendo a su defendido, H. E. B. R., el rol de coautor penalmente responsable.
Destacan los apelantes que dicho rol, tanto el Fiscal actuante, Dr. M. A. Ferrario, como el anterior, Dr. Tavolaro, lo sustentaron en la existencia de un banda conformada por su asistido, y J. N., quienes eran piratas del asfalto, y que su actividad ilícita la ejercían con “J.” (sic), padre de C. S. R., y que la muerte respondió a una venganza contra aquél, por una mala distribución del dinero producto del accionar ilícito.
Reflexionan los quejosos, que si la venganza fue el móvil de la muerte de C., el investigador debería haber indagado en profundidad el entorno del padre de la víctima, circunstancia que luce por ausencia.
Añaden que no se investigó la supuesta conexidad de H. B. con el padre de C. S. R., por ende, mal puede haber ánimo de venganza entre sujetos que no se conocen entre sí.
Resumen sus críticas, argumentando cuestiones de hecho, como son las que encierran, la apreciación y valoración de los elementos de cargo, de los que se valió el Sr. Agente Fiscal, Dr. Ferrario, y que tomó el Sr. Juez de Garantías, Dr. G. G. Robles, para dictar la medida de coerción personal respecto de su pupilo.
Para ello, señalan ilogicidad en el razonamiento del Magistrado, al sopesar los testimonios de, J. R. C., R. F. O., y L. C. B., vecinos de la finca de la calle C. n° …, de la localidad de V. T., Partido de H., propiedad de L. P., madre de la pareja de B..
Dicen que por medios de estos testigos se construyó un “fantasioso relato” (sic), sin precisar fechas, sustentado en los ladridos del perro de la casa de aquéllos hacia el jardín de la vivienda, ubicada en la arteria C. de mención, para fijar en ese lugar, el sitio, dónde se mató a C., tomando como referencia que la casa se hallaba vacía, sin valorar los motivos que rindió la testigo L. P., poseedora de la vivienda Versión corroborada por otro testimonio, el de M. E. G.. Como que tampoco se valoraron, los dichos del vecino P. M. C., quién todos los días estacionaba su rodado en ese lugar y tampoco se reparó, en la conducta del propio perro de la casa, ya que de haber estado C. retenida y ocultada en ese lugar, alguna alteración debió haberse notado en su comportamiento. Lo cierto es, que ninguna persona allí se encontraba porque la vivienda se hallaba deshabitada.
Continúan manifestando que el Señor Magistrado intervi-niente, dio gran trascendencia al hallazgo de material genético compatible con el ADN de su asistido, B. R., en ciertos objetos de la casa de la calle C., como ser: en el palo utilizado como atizador, en un teléfono celular marca M., y en las sillas del comedor, cuando el propio enrostrado manifestó su asidua concurrencia a dicho domicilio.
De otro lado, atacan a la figura del testigo de identidad reservada, expresando que el secreto de los datos iden-tificatorios obstaculiza el derecho de las partes de controlar, e interrogar al testigo de cargo, cuestión esencial para el derecho de la defensa en juicio, y del debido proceso de su asistido.
Para finalizar, solicitaron la revocación del auto apelado, y que se disponga el cese de la prisión preventiva dictada a H. E. B. R. en éste proceso.
2b) Los agravios de la asistencia técnica de L. D. J. N., Dra. C. P. F., expuestos a fs. 183/206 de éste incidente, también se centralizan en cuestiones de apreciación, y valoración, que tanto el Agente Fiscal requirente, Dr. M. A. Ferrario, como el Sr. Juez de Garantías actuante, Dr. G. G. Robles, han hecho sobre determinados elementos de cargo, a saber: los testimonios de N. C. L., de A. O. R., del informe pericial genético que arrojó la existencia de ADN de B., en un objeto que se había incautado en el domicilio de la calle L. ... del Partido de H., domicilio de R. O., una de las parejas de su defendido, J. N., para vincularlo a su ahijado procesal, y del testimonio de identidad guardada; dejando para lo último las conclusiones de la pericia de cotejo de voz realizada por la División Fónica de la Gendarmería Nacional Argentina, obrante a fojas. 10.334/10.371 del cuerpo XLVI -cuando en realidad debió señalar el cuerpo XLIV-, en cuyo punto nueve se establece correspondencia de voz, entre la identificada como “VOZEXTRODDC1” y la voz indubitada de L. D. J. N., con lo cual, ambos Magistrados, tuvieron por acreditada su participación en el crimen.
Primero, sus quejas se lanzan a que se da por acreditada la constitución de una banda, entre el padre de C. S. R. (J. A. R.), H. E. B. y su pupilo, entre otros, cuando el propio progenitor y su madre sostienen no conocerlos; y en lo que respecta a la menor tampoco J. N. formaba parte de sus conocidos.
Segundo, ataca al testigo de identidad secreta, por considerar que éste miente, sosteniendo que conoce a J. N. desde hace ocho años, más o menos, cuando para dicha época su asistido estaba cumpliendo una pena de dieciséis años de prisión. Que persiste en la mendacidad al afirmar que el procesado formaba una banda integrada por los antes nombrados y su cliente, de la que también formaban parte el F. G., el G. L., A. E., el T. M., cuando ya el padre de C., J. A. R., negó que eso fuera así, refiriendo que al único que conocía de los nombrados era al T. M.. Que también miente cuando intentó vincular a su asistido a J. M. por manejar la camioneta E. de éste, cuando no sólo no lo conocía, sino que tampoco se hallaron rastros de ADN que correspondieran a J. N.. Relato lleno de mentiras e imprecisiones. Citó doctrina en cuanto a cómo debe valorarse la credibilidad de un testigo.
Tercero, alegó, que se omitió señalar al recibírsele declaración a tenor de lo normado en el art. 308 de nuestro Código de Rito a su pupilo, entre los elementos de cargo la existencia de un rastro de ADN de H. E. B. R. en una taza incautada en el domicilio de R. O. -ex pareja de J. N.-, sito en la calle L. de W. M., partido de H.; c on lo que la letrada defensora concluye que el mismo ha sido “plantado” (sic) ya que la familia O. desconocía al imputado B. R.. Remarcando que el accionar del Sr. Agente Fiscal actuante ha sido apresurado y confuso, llevándola a sostener que hubo animosidad en el requeri-miento fiscal respecto de su cliente.
Cuarto, respecto de la pericia de cotejo de voz lanzó que ha sido fraudulenta, con referencia a la segunda, ya que la primera dio un resultado negativo, generándose así una cantidad de interrogantes consistentes en: cómo nada se actuó respecto de un CD que entregó, donde a su entender surgía que el A. G. perjudicaría a su asistido; por qué no se investigó la denuncia que ella hizo en Comodoro Py, y por último por qué el Sr. Agente Fiscal omitió citar a personas pedidas por la defensa para declarar en éste proceso, cercenando así el derecho de defensa. Previo citar doctrina y jurisprudencia, concluye solicitando la nulidad del testigo de identidad reservada, y que se revoque la prisión preventiva de L. D. J. N. por no hallarse reunidos los presupuestos del art. 157 del Código de Forma.
Luego, y hallándose la causa en estado de resolver, tras deliberar, y sometido los recursos a consideración del Tribunal, se plantearon y votaron las siguientes:
- C U E S T I O N E S –
1. ¿Resulta nula la declaración testimonial bajo identidad guardada, que el Sr. Agente Fiscal, Dr. M. A. Ferrario, utilizó para sustentar los pedidos de las medidas de coerción personal de H. E. B. R. , y de L. D. J. N., receptada también, por el Sr. Magistrado interviniente, Dr. G. G. Robles, al dictar las mismas?
2. ¿Hubo arbitrariedad en la apreciación de los elementos de cargo por parte del Sr. Juez de Garantías actuante?
3. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión, la Señora Juez doctora Mingolo dijo:
En este punto, debo recordar que en mi previa intervención en esta causa, incidente de apelación n° 16.756 de éste registro, resuelta el diecisiete de abril del año dos mil doce, sostuve que el instituto del testigo de identidad reservada, regulado por el art. 233 bis del Código de Forma, introducido por la ley 14.257, publicada en el Boletín Oficial, el 16 de mayo del año 2011, no era inconstitucional, ni mucho menos nula.
En vista a los motivos a los que allí he hecho referencia, la voluntad del legislador al sancionar la ley de cita, ha sido la de tener en cuenta el recelo, y temor que muchos ciudadanos sienten cuando han de concurrir a un debate oral frente a las represalias que pueden sufrir al enfrentarse con el imputado, de allí que los redactores del texto de la ley 14.257 han querido liberar al testigo de identidad reservada de su obligatoriedad a la comparecencia del debate, tal como surge, no sólo de los fundamentos, sino del texto expreso de la norma. Pero así como he dicho ello, no se me escapa que los redactores de la regla que hoy ya tiene fuerza de ley, buscando salvaguardar el respeto por las garantías del encausado -en especial en el derecho de interrogar a los testigos de cargo-, derecho recono-cido por los pactos internacionales, arts. 8.2.f de la Convención Americana de Derechos Humanos, y 14.3.e del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, incorporados en el orden local a partir del art. 75 inc. 22 de nuestra Constitución Nacional, han establecido ciertos límites: a) que los testimonios que sean rendidos bajo reserva de identidad en la etapa investigativa, no pueden ser utilizados para fundar una sentencia condenatoria si el testigo no concurre al debate oral, aunque no impiden que tenga eficacia como fuente de información para la investigación de los hechos, y la validación de las diligencias; y b) de ningún modo pueden ser utilizados como único fundamento para sustentar una medida cautelar de privación de libertad personal (el resaltado me pertenece). Son estos límites, y su carácter de excepcionalidad, el que surge de una interpretación armónica con la prevista en el inciso 1° del art. 241 del Código de Rito, que establece la carga pública de todo habitante de la República a declarar como testi-go, claramente la obligación de concurrir que tiene todo hombre a declarar como tal, los que me permiten sostener que dadas las razones de política criminal que dieron origen a esta figura, y repito, las limitaciones que en la misma norma se han impuesto para su utilización a fin de salvaguardar el debido proceso y la defensa en juicio, es que la misma es constitucional.
Íntimamente conectado con lo expuesto, alegan violaciones a garantías constitucionales de orden absoluto, (art. 203 del C.P.P.), la defensa del procesado L. D. J. N., representada por la Dra. C. P. F., quien requirió expresamente la nulidad de los testimonios de identidad reservada; y en forma implícita lo hizo la asistencia técnica del encausado H. E. B. R., Dres. M. y A., al considerar éstos que su uso violenta las garantías constitucionales del debido proceso y de la defensa en juicio, en lo que hace al derecho de interrogar a los testigos, y controlar de tal manera la prueba de cargo, consagrada en el art. 18 de la Constitución Nacional, y por el Bloque Federal Constitucional -art.75 inc. 22 de la C.N.-
Cuestionamientos que me obligan a rememorar lo dicho acerca de la constitucionalidad de la ley que implementó dicha figura.
Con lo que ya anticipé que no le asiste razón a los quejosos en la cuestión traída a juicio. Sustenta mi pensamiento en que no pueden tacharse de nulidad los testimonios recibidos bajo identidad reservada cuando la misma norma contempla su validez, habiendo sopesado el legislador el resguardo del derecho de defensa en juicio -exte-riorizado en el interrogatorio del testigo y su consecuente con-tralor de prueba, al imponerle al Ministerio Público Fiscal cuánto menos dos limitaciones importantes al echar mano de esta figura, una para la etapa del plenario propiamente dicho -debate oral- en el sentido de que si el órgano de prueba no concurriera al debate no puede sustentarse una sentencia condenatoria en dicha figura al no haber quedado sometido al contralor de la parte contraria, y la segunda limitación, no menos importante, es que de ningún modo se puede fundamentar el dictado de una prisión preventiva valiéndose de é stos testimonios únicamente, equili-brando de este modo el interés social en la búsqueda de la verdad material, con el derecho personal de todo individuo de defenderse.
Dicho ésto, y por los mismos motivos explicados en la resolución del incidente n° 16.756 del 17 de abril de 2012, soy del criterio que no se halla la figura del 233 bis sancionada bajo nulidad alguna, y en consecuencia, la recepción de todos los testimonios de identidad reservadas en éste proceso son válidos, en cuanto hace a la cuestión planteada por los quejosos.
No obstante lo expresado, y en el ánimo de echar luz en un tema tan espinoso como el que trae la materia convocante, es preciso hacer una distinción entre la validez de una norma en cuanto a los requisitos legales que la misma debe reunir para que tenga fuerza de ley, y a ello es a lo que ya me he referido en el desarrollo de mi pensamiento que gobernó la resolución recaída en incidente n° 16.756, y otro distinto es la valoración de cada uno de los testimonios de identidad guardada utilizados “ex ante”, y del que debe hacerse respecto del empleado en ésta oportunidad en el proceso, vale decir, la evaluación de cómo se ha utilizado, su extensión y el control de legalidad que implica el manejo de éstos testimonios. Pero esto último no forma parte de su validez, sino de su valoración, que constituye uno de los temas medulares en el caso convocante, y que será abordado en otra cuestión.
Por ello, no encuentro tachada de nulidad absoluta la figura que prevé el art. 233 bis de nuestro ordenamiento procesal penal, al no ser ella inconstitucional; motivo por el cual, en la presente cuestión, voto por la negativa.
A la misma primera cuestión, la Señora Juez Dra. Fernández, dijo:
Adherir al voto de la Sra. Juez doctora Mingolo, en igual sentido y por los mismos fundamentos, razón por la cual, vota en igual sentido.
A la misma primera cuestión, el Señor Juez Dr. Naldini, dijo:
Adherir al voto de la Sra. Juez doctora Mingolo, en igual sentido y por los mismos fundamentos, razón por la cual, vota en igual sentido.
A la segunda cuestión, la Señora Juez Dra. Mingolo, dijo:
Preliminarmente, y a fin de exponer mi criterio de todo lo leído en este complejo y abultado proceso, que en la actualidad alcanza los 56 cuerpos de aproximadamente 12300 fojas y un legajo reservado con 7 anexos con diferentes cuerpos cada uno de ellos, compuestos, en parte, de escuchas telefónicas, análisis de las comunicaciones, informe de la Honorable Cámara del Senado de la Provincia de Buenos Aires, y otros elementos que han servido para sustentar los pedidos de las prisiones preventivas; he de recordar que el descubrimiento de la verdad debe ser considerado como un objetivo al que tiende el procedimiento penal.
Que a veces la reconstrucción se dificulta, circuns-tancia que en ésta causa ha ocurrido por una investigación penal preparatoria que se ha iniciado con una cantidad de imper-fecciones, sobre las que ya me he expedido en resolución judicial del 17 de abril del año 2012, y sobre las que no he de volver porque el proceso debe marchar hacia adelante en búsqueda de esa verdad que por otra parte tiende a la tutela judicial efectiva de la víctima, a las garantías del debido proceso, y por ende, a la seguridad jurídica de la sociedad.
Ahora bien, en esta búsqueda de la verdad, muchas de las veces no se puede reconstruir exactamente todo cuánto ocurrió en el pasado, porque sólo dos son los que la conocen -los ejecutores y la víctima-, en éste último caso, C. S. R..
Sin embargo, si bien no es posible alcanzar la verdad como ideal, sí es posible aproximarnos a la verdad histórica, pero ésta debe ser una verdad garantizada, como expone Luigi Ferrajoli, en su obra “Derecho y Razón” (pág. 540, Ed. Trotta, Madrid, 1989), a fin de evitar que lo que se adquiera en este proceso judicial quede en aguas de borrajas.
Para que se entienda evocando al autor citado “…si una justicia penal completamente con verdad constituye una utopía, una justicia penal sin verdad equivale a un sistema de arbitrariedad…” (Ferrajoli, Luigi, ob.cit., p.45).
Por tanto, éste camino de la averiguación de la verdad debe estar circundado de las garantías procesales contempladas en nuestra Constitución Nacional -art.18- y en el Bloque Federal Constitucional -art.75 inc.22 C.N.-
Y es mi deber como juez de revisión en ésta etapa intermedia del proceso, controlar la legalidad del acto puesto en crisis dictado por el Sr. Juez de Garantías, Dr. G. G. Robles, al resolver las medidas de coerción personal en contra de H. E. B. R. y L. D. J. N. ante el requerimiento fiscal del Dr. M. A. Ferrario.
Y este es el camino que, objetivamente, ha de gobernar mi pensamiento.
Examinando el requerimiento fiscal del Dr. M. A. Ferrario -fs.1/79 del presente incidente- al describir la materialidad ilícita, noto que nuevamente se incurre en defectos que si bien es cierto, y como lo adelanté , no lo invalidan es necesario recalcar, porque a poco que se repare no surge de la materialidad ilícita, la descripción de las conductas atribuidas a H. E. B. R., y a L. D. J. N., circunstancia ésta que sí fue observada por el Sr. Juez de Garantías, Dr. G. G. Robles, las que incluyó en la descripción del “corpus delicti” de la resolución del 18 de diciembre de 2012 que fue impugnada.
Y digo que ese defecto no acarrea la nulidad del pedido fiscal, por cuanto dentro del propio pedido el Señor Agente Fiscal, define las conductas delictivas en el capítulo de autoría y responsabilidad penal, con lo que podemos decir que esta defectuosidad no es sustancial, y de otra parte las defensas técnicas, y los encausados, H. E. B. R. y L. D. J. N., tuvieron claros los roles que se le adjudicaron en dicha causa al recibírseles declaración a tenor del art. 308 del Código de Rito -ver fs. 11.335/11.339 y 11.351/11.356vta. del cuerpo LI- con lo que así queda cerrada para mí todo margen de duda posible.
Ahora bien, yendo al análisis de los agravios intro-ducidos por los impugnantes, Dres. M. y A., en lo que hace a la defensa del inculpado B. R., y de la Dra. F., por J. N., entiendo que ninguno de ellos ha puesto en duda, ni la fecha, ni la hora, ni el modo en que fue sustraída la menor C. S. R., como tampoco las circunstancias de tiempo y modo en que fue muerta, ni las que rodearon el hallazgo del cadáver de la niña, conforme fuera lo descripto en el pedido del Fiscal de la instancia, y receptado por el Sr. Juez de Garantías, Dr. G. G. Robles, en la resolución del 18 de diciembre de 2012 . Asimismo, nada se dijo acerca de la adecuación legal que se diera a este accionar delictivo, razones por las cuales no he ingresar a su trata-miento, ya que ese es el límite externo que marca el recurso (arts. 421, 434 y 439 del C.P.P.).
Comenzando, ahora sí, por la queja de la defensa técnica de H. E. B. R., como ya señalé en los antecedentes, los mismos remarcan a partir de cuestiones de hecho, como son la apreciación y valoración de los elementos colectados hasta el momento, la ausencia de evidencias suficientes para reprocharle a su defendido, el haber facilitado a un grupo de personas, que en su mayoría no se hallan identificadas hasta el presente, la vivienda de la Calle C. ... de la localidad de V. T., Partido de H., donde fue abusada sexualmente y muerta C. S. R., por autor o autores ignorados; y el haberse encargado aquél de eliminar todo rastro y vestigio de la actividad ilícita que desarrollaron allí con claros fines de lograr la impunidad de los miembros del grupo. Todo ello respondiendo a un plan previamente acordado por una banda, cuya existencia a su entender no está probada, con roles definidos, con el fin de vengarse del padre de C. S. R., A. O. R., por no haber manifestado dónde había ocultado un botín malhabido por dicha banda.
En síntesis, no cabe reprocharle la coautoría penalmente responsable de la privación ilegal de libertad coac-tiva seguida de la muerte de la víctima -art. 142 bis anteúltimo párrafo del C.P.- En principio, he de recordar que para dictar una medida de coerción personal, debe existir un alto grado de probabilidad que vincule objetiva y subjetivamente a los encausados con el hecho de marras, conforme el art. 157 del C.P.P.. Y este no es un razonamiento caprichoso de mi parte, así lo han sostenido, desde los más antiguos procesalistas hasta los más modernos - “Derecho Procesal Penal”, C. J. Rubianes, Ed. Depalma, 1978; y “Derecho Procesal Penal”, J. B.J. Maier, Tomo III. Actos Procesales, Editores del Puerto. SRL- 2011-
Ello establecido, veamos cómo el Sr. Magistrado actuante estructuró su razonamiento para llegar a la vinculación objetiva y subjetiva de H. E. B. R. en este accionar disvalioso. De comienzo, el “a quo” parte de la premisa de que los procesados L. D. J. N. y B. R. integraban una banda dedicada a la modalidad delictiva de “piratería del asfalto” y el motivo que los llevó a consumar dicho hecho fue una venganza contra el progenitor de C., A. O. R. . Primeramente, valoró el testigo de identidad reservada que citó el Señor Fiscal, Dr. M. A. Ferrario, cuyos dichos obran a fs. 7041/7042 del cuerpo XXX del principal, y que a continuación transcribo: “…que se presenta ante esta Fiscalía a fin de dar noticia sobre todo lo que conoce respecto de esta causa.
Que a L. J. lo conoce desde hace ocho años más o menos. Y que siempre trabajó con la gente que está detenida, esto es F. G., el G. L., con el peruano H. B., con A. E., que siempre fue un equipo grande que incluso también trabajaban estos con J., el papá de C.. Que más o menos hace un par de años, un poco menos, la banda tuvo problemas con el J., porque se habría quedado con un vuelto de dos camiones, que entregó y no rindió la plata. Que también de la banda participa el T. M., quien también es reduce y tiene relación con éstos y estaba recaliente por la mejicaneada de la plata que hizo J.. Que sabe que L. J., está durmiendo en una casa de C. P. ... entre B. y M. de O., Partido de J. C.P., que es una casa celeste, en donde alquila una habitación en el primer piso que da a la calle, y en Avda.
M. F., lado izquierdo visto de frente del ... de la localidad de S. M., entre El G. y T. G., siendo que también es una habitación que se entra por calle El G. frente al nro...., siendo un portón celeste, la habitación del fondo. Y los fines de semana esta en una quinta, que queda en el Barrio F., Partido de J. C.P., en calle A. entre V. P. y W., portón negro, todo alrededor con lona verde. Que el sábado, lo vieron a J. en M. de A. y B., en H., en donde una gordita que vive por ahí de unos treinta años, petisa, rubia, le hizo un documento nuevo, en donde le pusieron de nombre G., no sé que apellido. Y también a L. se lo suele ver en G. B. lado derecho vista de frente con la casa del número…, casa con portón de chapa plateado, de G.
B.. Que en cuanto a su fisonomía L. J. está igual como siempre, con gorrita y a veces se deja la barba candado y se viste siempre con ropa deportiva; y sale con una piba de M. de unos 18 años de edad. Que J. salía con C., y se encontraban siempre a la salida de la escuela, o a dos cuadras de la casa de C.. Que el gordo J. también es otro de la banda, el que vive por el club M., cerca del C.C. y tiene una E. negra, camioneta que alguna vez vio manejar a J., y también J. supo tener un S. F. de color gris, y ahora anda en un VW blanco del tipo Senda y una camionetita tipo utilitaria del tipo K, con caja playa. Que J. le da a su tía de nombre M. N., la ropa para lavar, que la tía vive a unas cinco cuadras de la casa que dije en J.
C.P. y a unas dos o tres cuadras de la Comisaría de Barrio F.. Que además sabe que el T. y H. B., la plata que ganan en los camiones la invierten en “merca”, es decir cocaína y la revenden....” (sic).
Este testigo de identidad guardada es el atacado por ambas defensas.
Previo examinar sus dichos, he de recordar al Señor Fiscal, Dr. M. A. Ferrario, que la Suscripta en el voto de la incidencia n° 16.756 resuelta el 17 de abril de 2012 sólo se ha referido a la constitucionalidad o inconstitucionalidad del instituto del testimonio de identidad reservada, a su validez, y cómo los mismos debían ser valorados a fin de sustentar un pedido de prisión preventiva, pero de ningún modo me he pronunciado sobre éste testigo en particular; por lo que no le corresponde afirmar que los dichos del testigo no han sido objetados por la Sala III que integro, cuando tan siquiera han sido examinados.
Aclarado el punto, reitero, es en el momento de la valoración de estos testimonios dónde cobra importancia el control de legalidad que todo juez de garantías debe hacer sobre los mismos, solicitando el legajo donde conste n sus circuns-tancias personales y sus manifestaciones. Ello, para resguardar las garantías del debido proceso, y del derecho de defensa en juicio que goza todo imputado, conforme el art. 18 de la Constitución Nacional, observando fundamentalmente si el sujeto que declara puede tener alguna relación de enemistad o le comprenden las generales de la ley, ya que lógicamente de existir, la valoración no puede ser la misma, aventando todo planteo que al respecto puedan hacer las defensas técnicas por la injerencia que estos testimonios puedan tener en el ejercicio del poder coercitivo del Estado. Y asimismo, como una forma de equilibrar esta garantía con el derecho de saber la verdad que tiene la víctima, y la sociedad -art. 75 inc.22 de C.N.-
Continúo, solicitado que fue por ésta Sala el legajo de identidad del testimonio citado por el Sr. Agente Fiscal requirente, y receptado, en las medidas de coerción personal, por el Sr. Juez de Garantías, el 18 de diciembre de 2012, observo con sorpresa que el testimonio de fs. 7041/7042 del cuerpo XXX, difiere del contenido que se halla en el legajo. O bien su recepción por el anterior Fiscal, Dr. Tavolaro varía de lo declarado ante el actual Agente Fiscal, Dr. Ferrario. Me explico. En la declaración de fs. 7041/7042 el sujeto de prueba habla en primera persona, en el sentido que todas las circunstancias que menciona parece haberlas percibido en forma directa. Sin embargo cuando se procede en esta Excma. Sala a la apertura del sobre sellado, su contenido revela que el mismo había obtenido la información de una tercera persona, cuya identidad no quiso develar (el destacado me pertenece). Que argumentó que los datos aportados los recordaba con claridad, porque esa persona, por ahora, inexistente en esta causa (por cuanto no se sabe quién es), fue el que le dictó toda la información volcada a fs. 7041/7042, y que copió en una hoja aparte para no omitir ningún dato. Esto a fin de dar razón de sus dichos. Anotación que luego rompió, y que se ignora qué sucedió con sus trozos porque tampoco se hallan incorporados en el legajo fiscal.
Conforme lo dicho, difiero con el Sr. Agente Fiscal y con el “a quo” en cuanto a su valoración, porque en definitiva a quién se meritó como testigo no resultó ser testigo de nada, ya que lo que aportó no lo percibió por sus sentidos, sino que por el contrario tuvo que memorizar anotaciones a “contrario sensu” de lo prescripto en los arts. 241, en relación al art. 101 del C.P.P. Por tanto, no se puede valorar aquello que se desconoce (el resaltado me pertenece).
Aún haciéndolo, la conclusión no muda mi pensamiento, porque también se observan imprecisiones en ambos relatos; como ser: el tiempo en que conoció a J., en una hace ochos años, en la otra cuando el sujeto probante era pequeño; en cuanto a los integrantes de la banda delictiva, el propio padre de la menor causante, A. O. R., en sus distintas declaraciones manifestó no conocer a ninguno de ellos, salvo al T. M. -ver fs.82/84 y 11.512/11513, cuerpos I y LII del principal-; y la madre de C., C. L., reiteró exactamente lo mismo (ver fs. 5726/5727 cuerpo XXIV). A menos que el entorno oculte parte de la verdad, en cuyo caso debió haber profundizado el Señor Agente Fiscal sobre el círculo íntimo de la víctima, circunstancia que en principio no valoró como necesaria.
Y por último, y no menos importante, sino de vital relevancia para éste proceso, es que el hecho de decir conocer que todos los mencionados conformaban una misma banda, nada informa, que todos o algunos de ellos hayan cometido éste crimen, que es lo que interesa (el resaltado me pertenece).
En conclusión, éste testimonio carece de seriedad y solidez para sostener imputación alguna. De allí en adelante, al examinar los extensos testi-monios colectados tanto por el Sr. Agente Fiscal, Dr. M. A. Ferrario en su pedido de fs. 1/79, como los citados por el Sr. Juez, Dr. G. G. Robles, en el auto puesto en crisis de fs. 80/123 vta. del presente incidente de apelación, no vislumbro que alguno de ellos permita -por el momento- acreditar directamente la imputación atribuida a H. E. B., como facilitador del lugar, donde se expone que se abusó sexualmente y se dio muerte a C. S. R.. Ni tampoco el rol de haber sido el nombrado quien hizo desaparecer los rastros de éste crimen, actuando en función a un plan previamente acordado con el fin de procurar la impunidad de los participantes, participantes que se desconocen por el momento, ya que así surge de la materialidad ilícita descripta en el auto puesto en tela de juicio. Esto me lleva a una nueva revisión de los datos colectados, y de las inferencias que de ellos pudieran hacerse, ya que al no existir prueba directa, todo conduce a lo que en un futuro podría conformar una prueba indiciaria.
Ahora bien, bajo esta óptica, para desvirtuar en el caso la presunción de inocencia de B. R. en este hecho es necesario que exista una pluralidad de indicadores que constituyan un enlace lógico, preciso y directo con el hecho criminoso que se le atribuye al nombrado.
Y hablar de un enlace lógico significa que deben estar de acuerdo, por obvio que sea, con las reglas de la lógica y de la experiencia, de manera que la conclusión no puede ser irrazonable o arbitraria. Y es irrazonable o arbitraria porque no se arriba a la conclusión ya en forma coherente, o en forma natural, o en definitiva, el carácter no es concluyente por ser excesivamente abierto, en el sentido que puede derivar en más de una conclusión, o simplemente por ser débil. En cuyo caso, la coautoría penalmente reprochable por el delito perpetrado en éste proceso a H. E. B. R. no estaría en principio probada.
Bajo estos parámetros, y suprimido el testimonio del testigo de identidad guardada, veamos, qué elementos constitu-yeron el sustento de la medida de coerción personal dictada por el “a quo” contra el antes mencionado.
La primera conclusión a la que arriba el Sr. Juez de la instancia, Dr. G. G. Robles: “…es que el imputado B. R. y J. N., no sólo se conocían sino que formaban parte de un mismo grupo delictual…” (sic) punto 1-4 del auto hoy impugnado -ver fs. 87 vta./88-.
Y a esta aseveración llega a través de dos vías:
a) de los testimonios de oídas de Y. G. a fs. 176 /178, de M. J. Q. a fs. 188/191, de P. V. L. a fs. 245/247, de J. M. C. a fs. 310/311vta., de A. M. M. a fs. 336/337 vta. y de M. S. F. a fs. 338/339vta; actuaciones todas glosadas en el Anexo III del legajo Reservado, quiénes expresaron que H. E. B. R. se dedicaba a la modalidad delictiva vulgarmente conocida como “piratería del asfalto” (el resaltado me pertenece).
Testimonios de oídas por haberse basado en rumores del vecindario, sin poder determinar la fuente, y en el caso de los dos últimos mencionados, en que sí fue identificada la fuente, no se la citó en ésta oportunidad a declarar como testigo, me refiero concretamente a M. S. N., ya que cuando compareció al proceso, fue al comienzo y sólo se manifestó respecto de N. A., sin hacer alusión al hoy encausado -ver fs. 3807 del Cuerpo XX de actuaciones complementarias-. Más aún de estos testimonios, hay un testigo, J. R. C. C. -ver fs. 179/183 Cuerpo I del Anexo III del Legajo reservado-, quien en materia de prueba sería un testigo unilateral, por no ser neutral respecto de B. R., que claramente cuando se refirió a éste dijo que “…se dedicaba a ser pirata del asfalto, siendo que andaba con su hermano, J., con un tal M., con el cual andaba en Capital Federal, con un tal D., que dirigía la banda y creo que tenía una concesionaria en Haedo,…y con un tal L.…” (sic). De aquí, no se infiere la existencia de la conexión entre los hoy procesados. b) Del vínculo existente entre encausado B. R. y J. N., vínculo que tuvo por verificado a partir del hallazgo de un gen mayoritario coincidente con el de B. R., obtenido de la muestra levantada de una taza de plástico color naranja, a casi diez días de la detención de B., que se hallaba en el domicilio de la calle L. ... de la localidad de W. M., partido de H. -ver informe de la pericia genética correspondiente a C 2 LEF 1957/11 de fs. 8962/8975 del cuerpo XXXIX-; finca dónde habitaba toda la flia. O., habiendo sido R. O., pareja de del procesado J. N.. La conclusión no guarda coherencia porque no fluye naturalmente, y de otra parte es abierta.
Sobre todo lo que se infiere a partir de este último dato, porque no sólo fue negada la relación con B. R. por el propio J. N., sino que oídos todos los integrantes de la familia O., me refiero a O. O., L. E. V., J. R. O., P. O. O., M. L. O. y S. G. O., coincidieron en que R. O. hacía más de diez o quince años que se hallaba distanciada del procesado, y que en el último tiempo lo habían visto en tres oportunidades, cuando salió de la cárcel y le llevó prendas de vestir a los hijos, y para los respectivos cumpleaños de ellos; habiendo ingresado, sólo una vez y por unos instantes, al interior de la casa principal. Que para entonces R. O. habitaba con su madre O. en la plata baja. Y en lo que importa de los testimonios antes sindicados surge que no ingresaban varones desconocidos al predio, y que nunca conocieron a H. E. B. R..
De esto último tampoco es posible inferir que J. N. y B. R. tuvieran vínculo alguno, a lo sumo de tenerlo, lo podría haber tenido con R. O., y ello fue negado por sus familiares (ver fs. 11.501/11.502; 11.506/11.507; 11.510/11.511; 11.514/11.515; 11.613/11.614vta. y 11.615/11.616vta de los cuerpos LI y LII).
Y aquí hay otro hallazgo. No contamos con los dichos de R. O., porque si bien se la citó, no se la hizo comparecer nunca, por tanto, su versión se ignora.
Segunda conclusión: H. E. B. R. facilitó el ingreso a la vivienda de la calle C. ... de la localidad de V. T., lugar donde se dio muerte a C. S. R. -previo ser sometida sexualmente-, e hizo desaparecer los rastros del delito, utilizando un palo como atizador para lograr la impunidad de todos los participantes.
Para sustentarla se apoyó en los siguientes elementos:
a) en los testimonios de J. R. C., R. F. O., y L. C. B. , grupo familiar domciliado en la calle C. n° …, vecinos de la vivienda de de J. L. P., en la cual había vivido M. P., y H. E. B. R.; y de su vecino colindante, C. A. L. -ver fs. 293/295, 315/316,317/318, cuerpo II, Anexo III, y fs. 11.455/11.456 del cuerpo LI del principal-.
De todo ello, el Sr. Magistrado de la instancia presume que los ladridos del perro relatado por el testigo J. R. C., correspondían a la madrugada del día 29 de agosto de 2011, ya que éste los situó entre 48 a 72 horas antes de la aparición del cuerpo sin vida de la niña víctima. Al concordarlo no sólo con la fecha en que C. S. R. fue trasladada de la finca de la calle K. n°... de V. T., Partido de H., sino también con el horario del deceso de aquélla - ver pericia de autopsia de fs. 709/730 del cuerpo IV del principal- Sin embargo esta presunción no es lógica, porque 72 o 48 horas antes de la aparición del cuerpo de la causante, nunca puede conducir a la madrugada del 29 de agosto de 2011, como fija el Sr. Juez, ya que como dato probado, ello fue el día 31 de agosto del 2011, a la hora 16.00 (fs. 425 del cuerpo III del principal), de esto se enlaza naturalmente que 72 horas antes nos lleva al día 28 de agosto de 2011 a la hora 16.00, y 48 horas nos sitúa en la fecha del 29 de agosto del año 2011 a la hora 16.00, obvio es que no coincide con la madrugada de la fecha fijada. Tampoco ha quedado verificado como probabilidad que C. S. R. haya sido introducida a la casa de la calle K. n°... de V. T., ni sacada de ella, en el horario de la madrugada del 29 de agosto de 2011, puesto que B. del V. M., domiciliada en K. n°…, manifestó no haber escuchado nada raro, saliendo a trabajar a la hora 4.00, y J. A. C., de K. …, que si bien percibió ruidos, como personas que estaban hablando o discutiendo , no pudo preci-sar el contenido de la discusión, agregando que al salir de su casa no observó nada extraño -ver fs.117/118vta. y 121/123 del cuerpo I del Anexo III-.
De manera que de los ladridos del perro de C., ningún enlace lógico se puede extraer, y las inferencias podrían ser varias.
De otra parte, hay contradicciones entre las versiones de C. y R. F. O..
Esta última dijo que, un día después que apareció el cuerpo de C., estaba en la verdulería y escuchó que charlaban algunas personas, y decían que en C. ... se habían prendido fuego algunas ropas, y que restos de esas prendas ahí quemadas habían ido a parar a la casa de vecinos. También expresó que tres días después, vio tres bolsas de basura de color negro, pero ignora quién las sacó, y que a H. E. B. R. lo había visto por la casa antes de la desaparición de C.. Ahora bien, todo lo narrado por ella, es muy distinto a lo que trasmitió C. como escuchado de boca de la aquélla. A saber: que a las 48 horas de la aparición del cuerpo de la niña, había visto entrar al encausado a la casa de C. ... con la camioneta chiquita de color bordó, y que la mujer de éste le gritó: “…H. esto no anda…”(sic), y le contestaba “…qué no anda?...”(sic), “…diciéndome R. que después de eso escuchó el ruido de una aspiradora…”(sic).
En lo que sí coinciden todos los testimonios citados, es que en la casa no había nadie. Repito la presunción que obtuvo el Sr. Juez de los elementos sindicados como a), y que por cierto, también fueron los utilizados en el requerimiento fiscal, no concuerda con las reglas de la lógica, por no conducir naturalmente a la conclusión de que H. E. B. R. facilitó en la madrugada del 29 de agosto del 2011 el ingreso de C. S. R. en la casa de C. ... de V. T., Partido de H..
B) Siempre con el objetivo de acreditar la última parte de esta segunda conclusión, el Sr Magistrado, Dr. Robles, en conjunción con lo sostenido por el Sr. Agente Fiscal, echa mano a los informes genéticos para probar que H. E. B. R. , fue quién hizo desparecer los rastros del delito.
B1) Hallazgo de perfil genético de H. E. B. R. en diferentes objetos existentes en C. ..., a saber: un celular marca M. que se encontraba dentro del cajón de una cómoda (evidencia F4 del LEF 1939, 1891 y 045/11), en dos sillas del sector del comedor (evidencia A6 y A7 de LEF 1939, 1891 y /o 045/11), y en el palo que se hallaba en el fondo de la vivienda, al lado de una serie de elementos que habían sido quemados (evidencia G3 de LEF 1939,1891 y 45/11) ver fs. 5906/5937 del cuerpo XXV del principal. Todos ellos incautados en el primer allanamiento que se realizó en dicha vivienda con fecha 12 de septiembre de 2011 -fs. 2215/2219 del cuerpo XI del principal-.
B2) Hallazgo de un frasco símil de esmalte de uñas semi-combustionado (evidencia G1 de LEF 1939, 1891 y 45/11) también correspondiente al levantamiento de rastros realizado en la primera diligencia de allanamiento de C. ....
B3) Levantamiento de cuatro bolsas de nylon de color gris humo de varios tamaños, varios objetos incinerados y el palo de madera, relacionado con el segundo allanamiento practicado en la calle C. ..., de fecha 3 de octubre de 2011 -ver fs. 6169/6171 del cuerpo XXVI y 6544/6572 del cuerpo XXVIII, todas del principal-.
A partir de estos hallazgos, especialmente del ADN de toque verificado en un palo de madera encontrado en el patio del fondo de la vivienda antes mencionada, y que fuera sindicado como evidencia G3, y rastros de objetos sometidos bajo la acción del fuego, sobre todo la existencia de un frasco símil de esmalte de uñas -evidencia G1-, tanto el Sr. Agente Fiscal, Dr. Ferrario, como el Sr. Magistrado actuante, Dr. Robles, afirman que fue el procesado B. R. quién incineró los restos del delito.
Para ello, el Sr. Juez se basó en los testimonios de la bioquímica S. M. J., en los de la abuela materna de C., Z. V. D. , y en los de Y. A. G. -ver fs. 29/30 y 354/vta del Anexo III del legajo reservado-; también valorados por el Sr. representante del Ministerio Público Fiscal. Ahora bien, la evidencia de un ADN de toque en el palo sindicado como G3 coincidente con el ADN del incuso B., junto con los rastros de ADN de toque colectados en dicho domicilio, no conducen inequívocamente, con el grado de convicción que se requiere en esta instancia, a que el nombrado lo haya empleado para eliminar los rastros del delito que se utilizaron en perjuicio de C. S. R.. Sólo conduce a que esos elementos (palo, celular y dos sillas), fueron tocados por el nombrado.
Expongo razones: La existencia del imputado en la proximidad inmediata a la comisión del delito puede constituir una señal de relevancia como elemento de su autoría. Pero repito su presencia en la cercanía debe ser inmediata a la comisión del delito, y no haber otro motivo que la justifique..(“La Prueba, Su Práctica y Apreciación, Erich Döhring, Ed. Librería El Foro, Parte Segunda, Cap. III, Año 1998; y “La Prueba En El Proceso Penal, M. Jaén V.jo, Ed. Ad.Hoc, Primera Edición Año 2000, entre otros).
Y me refiero a ello, puesto que, el Sr. Juez resalta los dichos de la testigo G. en cuanto a establecer que B. R., el día 29 de agosto de 2011, a la hora 18.00, la condujo a ella y a su amiga P. L. al B. F. a comprar droga, y luego las regresó a su casa, y se retiró. ¿Hacia dónde?, no se sabe, no surge de la investigación. Ni los testigos mencionados en el punto a) del análisis de esta segunda conclusión lo vieron en el lapso en que se produjo la muerte de la niña víctima, desde las 20.30 del 29 de agosto del año 2011 a las 8.30 del 30 de agosto del citado año. Por tanto, que la casa de G. se hallara ubicada en las cercanías de la calle C. ..., no conduce naturalmente, y en forma cerrada, a la conclusión de que el nombrado se hubiera constituido el 29 de agosto de 2011 en ese lugar, con el fin de borrar los restos del crimen de C., bajo la acción del fuego.
Aún cuando en C. se hallaron objetos con su ADN, porque se ha verificado en el proceso que el encausado tuvo una relación de presencia en dicho lugar. Así lo ha dicho la testigo J. L. P., como también la testigo R. O., cuando manifestó haberlo visto al procesado antes de la desaparición de C., ya que a veces venía sólo de visita o a lavar la camioneta -ver fs. 11.370/11374 vta. Cuerpo LI del principal y fs.315/316 del Anexo III del legajo reservado-. Tampoco surge con claridad el tiempo que puede permanecer el ADN de toque, para ello fue convocada dos veces la perito genetista, S. M. J., una a fs. 29/30 y la otra a fs. 304/305, quién especificó que los tiempos en biología no eran exactos, y que el ADN de toque en los objetos puede durar hasta 30 días, conforme los últimos estudios del año 2010, aclarando ello en su ampliación testimonial de fs. 304/305, ya que en la primera había dicho hasta 50 días, acompañando documentación soporte.
Pero esto, siempre y cuando, las condiciones de preservación fueran óptimas. Ya que, si el elemento del cual se obtiene la muestra está a la intemperie, el período puede ser menor. A partir de allí, tanto el Sr. Agente Fiscal, como el Señor Magistrado actuante elaboraron una serie de suposiciones para arribar a la idea de que la impresión de ADN en el palo citado como evidencia G3, coincidía con la fecha del 29 de agosto. Y reitero sólo suposiciones, sin haberlo sometido al análisis de la perito en el caso concreto. Puesto que del elemento que estamos hablando el mismo se hallaba en el patio del fondo de la vivienda expuesto a la intemperie -ver fotos de fs. 5912, fs. 6550/6651, cuerpos XXV y XXVIII respectivamente-.
Sólo suposiciones, que no llevan a caminos lógicos en las conclusio-nes, como por ejemplo, afirmar que B. R. estaba nervioso al momento de ejecutar la acción-.
Continúo en este discurrir, hay un punto que es central, y en principio, hasta el presente, con los datos colectados, es prematuro convalidar que B. R. atizó con el palo de madera secuestrado los rastros del delito de C. S. R. para hacerlos desaparecer.
Lo central, a lo que se debe arribar con alto grado de probabilidad, para sostener la segunda conclusión a la que llegó el “a quo” es que la menor fue retenida, ocultada y muerta en C. ..., para sostener que los rastros que fueron semi- combustionados pertenecieran a efectos personales de C. S. R., y/o se relacionaran con los elementos empleados para cometer el delito.
Hasta ahora nada de lo analizado permite por el momento, llegar natural y lógicamente a esa conclusión.
Veamos, si estuvo allí, hasta este instante, no se habría encontrado ningún fluido, filamento piloso, huella dacti- lar o palmar propia de la víctima, durante los dos días y medio que se supone que estuvo. Tampoco rastro de alguna prenda combustionada que perteneciera a aquélla. De acuerdo a lo testimoniado por la perito genetista, bioquímica S. M. J., a fs. 304/305 Anexo III del legajo reservado, todas las evidencias remitidas fueron analizadas.
Con relación al frasco de símil esmalte incinerado, que se incautó entre los restos quemados en C. ..., a partir del primer allanamiento allí realizado, se escuchó testimonialmente a C. L., como a su abuela, Z. V. D., para saber si las uñas de la menor estaban pintadas o despintadas, y en este sentido la segunda de las testigos manifestó que el día domingo, previo a desaparecer, las uñas de la menor estaban pintadas de un color R. fuerte, pero con el esmalte saltado. Y había llegado a ver que el frasco que la niña tenía presentaba la forma de corazón.
Ahora bien, con la observación de la foto del frasco ahí incautado -evidencia G1 ( ver fs. 9479vta. cuerpo XLI)- la morfología no es coincidente con lo dichos de esta testigo. Y tampoco se pudo determinar qué tipo de sustancia contenía, conforme el informe de policía científica de fs. 9475/9488.
Pero la duda que tampoco se puede despejar, ya que nadie dijo que así fuera, si la niña el día en que fue sustraída llevaba consigo frasco de esmalte alguno, por lo que el hallazgo de ese elemento en C. ... no constituye un preindicio -ver denuncia de fs.1/vta. del principal- . Y ya, con respecto a las bolsas de nylon color gris humo, que fueron vistas en la puerta de C. ..., luego de la aparición del cadáver, se concluye conforme la pericia científica de fecha 9 de noviembre de 2011 :a) que las siete bolsas de nylon de color gris humo incautadas en el último domicilio del procesado B. R. de la calle A. n°… de la localidad de Morón no presentan características físicas (tonalidad, etc.), ni dimensiones, ni espectros infrarrojos coincidentes con los observados en las bolsas de nylon descriptas en los puntos Sobre 1), Sobre 2), Sobre 3), y Sobre 4 del expediente interno n° 3481/11, que se relacionan con las incautadas en el lugar de hallazgo de la víctima, tampoco con las bolsas de color gris humo levantadas de la casa de la calle C. n° ... -ver fs. 2249, 6132/6143 y fs. 9475/9488 del cuerpo XII, XXVI y XLI del principal-. Y ello enarbolado con el informe de cotejo de policía científica de fecha 10 de enero de 2012, tampoco se compadece con las dimensiones de la bolsa de nylon de color gris humo incautada del domicilio donde fue detenido L. D. J. N. , calle C. P. ... de J. C. P. -ver fs. 11.586/11.588vta. del cuerpo LII del principal-.
Para terminar con respecto a los elementos de cargo que pesan sobre H. B. R., tanto el Señor Fiscal, Dr. Ferrario, como el Sr. Juez de Garantías interviniente, valoraron los dichos de la madre de la víctima, N. C. L., y de M. del C. M. a fs. 156/157 y a fs. 173/174 vta., respectivamente, del Anexo III del legajo reservado.
En lo que interesa, la madre de C. manifestó que luego de lo ocurrido con su hija se entrevistó con una chica de nombre M., que por las circunstancias que da en su testimonio, sabemos que es M. S. N., y que ésta le dijo sin más, que era amiga de la P. -por P. L.- y de B., o sea, el encausado. Y que en el amanecer del día martes, a B. R. se le había ido la mano con la piba C., en el sentido de que la habría tenido que matar porque P. L. lo había visto que estaba abusando de aquélla. Además le dijo que el citado se encontraba con P. L. en la casa de C., y que en ese domicilio se quemaron las prendas que vestía la occisa.
Precisando en el tiempo, ello ocurrió el seis de septiembre de 2011, de acuerdo con lo expresado por la vecina, M. del C. M.. Pero no todo lo que trasmitió la testigo L. coincide con lo testimoniado por M., sólo convergen en un punto y es que de acuerdo a los dichos de M. N., B. le habría dicho “loca se me fue la mano con la piba” (sic).
Ahora bien, valorando la credibilidad de esta testigo, que hubiera sido de relevancia que fuera escuchada por el Sr. Agente Fiscal, cosa que no sucedió, la misma parece ser poco seria. Días antes, más precisamente, el 2 de septiembre de 2011, -ver fojas 3807 del cuerpo XX de actuaciones complementarias-, la misma nada mencionó al respecto, solo sindicó que del domicilio de R. N. A., en la calle Ch. 1081 de la localidad de V. T., hubo ruidos toda la noche, como el subir y bajar escaleras, lo que le parecía extraño, para luego, el seis del mismo mes y año, de acuerdo a la testigo M., sostener que fue B., y que A. no tenía nada que ver en éste crimen, cuando ella supuestamente ya conocía -según su versión- la verdad.
Es más, sobre la capacidad de un testigo de decir verdad, que es uno de los resortes técnicos que deben valorarse al momento de analizar los datos por parte de los agentes del Estado, la misma deja mucho que desear.
Fincaddo lo dicho, porque la vecina M., expresó que M. N., es una chica que desde pequeña tuvo problemas con las drogas, y que bajo el efecto de estupefacientes, balbucea y dice incoherencias, pero que cuando se encuentra lúcida, dice la verdad. Que ese día le dijo la verdad porque no decía incoheren-cias.
Vale decir, que la verdad en una cuestión tan seria como la que se dilucida en el presente proceso, dependerá de la etapa de abstinencia que en el caso se encontraba M. S. N. valorado por la testigo M.. Poco serio.
Finalmente, la madre y padrastro de N. -M. S. F. y A. M. M. (ver fs. 336/337 vta. y 338/339vta. del Anexo III del legajo reservado)-, refirieron que tres meses después de la muerte de C. S. R., la tal M. manifestó que para ella C. había estado en lo de C. , donde vivía B., y que para ella la mató éste. Que eso se comentaba en el barrio.
Esta claro, que no es lo mismo suponer, que escuchar comentarios, o afirmar algo. Y para concluir con estos testimonios, de boca de M., la madre de C. -C. L.-, le habría ofrecido dinero para que declarara, y ellos le aconsejaron que no lo hiciera.
Entonces, a quién creer en este proceso, hay más dudas que certezas. Con testigos como M. N., en donde su percepción es variable de momento a momento.
Respecto de los agravios de la defensa de L. D. J. N..
En orden de importancia, la misma atacó de nulidad al testigo de identidad guardada, valorado por el Sr. Agente Fiscal, Dr. Ferrario, y receptado por el Sr. Magistrado interviniente, Dr. Robles, para tener por acreditado que B. R., y su asistido, J. N., integraban una misma banda delictiva.
A fin de no reeditar mi pensamiento en punto a la validez del instituto del testimonio de identidad reservada en el ámbito de nuestro ordenamiento procesal penal, me remito a lo expuesto en la primera cuestión.
Y en lo que hace a la apreciación y valoración del testigo de identidad guardada, que fue utilizado por ambos Magistrados para tener por probado que H. B. R. y L. D. J. N., formaban parte de una misma banda, he de excluir su valoración, como ya fue explicado cuando traté el mérito de los elementos de cargo de B. R., en tanto no resultó testigo de nada, ya que nada de lo dicho por ese sujeto probante cayó bajo la percepción de sus sentidos, que es lo que define en derecho procesal a un testigo.
Aún examinado sus dichos, los mismos son pocos serios, en el sentido de cómo creer a alguien que viene a repetir lo que un tercero desconocido en este proceso le trasmitió casi como un dictado, lo que tenía que decir.
Por lo demás, me remito a lo allí expuesto.
Luego el Señor Magistrado valoró como otro elemento de cargo, los dichos de L. D. J. N., rendidos bajo las prescripciones del art. 308 del C.P.P. -obrante a fs. 11.351/11.356vta. Cuerpo LI-.
Ahora bien, la declaración rendida por un procesado, es un medio de defensa, lo que no quiere decir que ella no pueda ser fuente de prueba, cuando se compatibilice con los demás elementos aportados en el proceso, cobrando dimensión frente a lo mendaz de su descargo.
Sin embargo, tampoco puedo coincidir en cómo estas manifestaciones fueron apreciadas por el “a quo”.
Doy razones.
En primer lugar, porque nuevamente parte del error de contrastar sus expresiones con lo que vino a decir alguien que, como expliqué, no fue testigo de nada, me refiero claramente al testigo de identidad secreta.
Pero es necesario, reiterar, que según este sujeto probante, la banda delictiva que dice que J. N. integraba, entre otros, con H. E. B. R., y de la cual, también formaba parte, el padre de C., A. O. R. , ha sido desmentida por el propio progenitor a fs. 11.512/11.513 del cuerpo LII. En dicha oportunidad A. O. R. dijo que con relación a las personas que habían estado detenidas en esta causa, no conocía a nadie, a excepción de H. M. (El T.) con el que se había dejado de frecuentar. Es claro que no conocía a L. D. J. N..
De manera que a menos que mienta el propio padre de la víctima, circunstancia, que si así fuera, debiera haber sido investigada, sus dichos coinciden con lo manifestado por el encartado J. N., y desmerecen lo valorado por el Sr. Juez de Garantías interviniente para tener por integrada una misma banda delictiva con los hoy sometidos a juicio por la muerte de C..
También meritó el “a quo” como evidencia el perfil genético coincidente con el de H. B. R. en una taza de plástico de color naranja incautada en la casa de R. O., ex pareja de J. N., domiciliada en la calle L. ... de W. M., para sostener que J. N. y B. R. integraban la banda que se dedicaba al robo en la modalidad delictiva de “piratas del asfalto” Y que por ello era mendaz en sus dichos.
Nuevamente me he de remitir a lo ya expuesto al tratar el tema de autoría y responsabilidad penal de B. R., respecto de querer obtener de un dato que no queda claro hasta el presente, un indicio que es anfibológico porque no conduce naturalmente a lo que es medular en este proceso, y que es determinar quién o quiénes integraban la banda para llevar a cabo la privación de libertad de C. S. R. seguida de su muerte, no concordando así, ni con el Señor Agente Fiscal, ni con el Sr. Magistrado actuante.
Por fin, el Sr. Juez, valoró como mendaces los dichos de J. N. en cuanto a que éste manifestó no haber manejado una camioneta marca F., modelo E. de color negra, para así revalorizar las manifestaciones del testigo de identidad guardada.
Mas allá de reeditar mi razonamiento a la incidencia de esta evidencia, es necesario relevarlo al respecto, a fin de no dejar ningún cabo suelto.
Veamos, dicho testigo expresó “…el gordo J. también es otro de la banda, el que vive por el club M., cerca del cruce C., y tiene una E. negra, camioneta que alguna vez vio manejar a J.…” (sic) -ver fs. 7041/7042, cuerpo XXX del principal-.
Conforme el criterio del “a quo” fortalece lo veraz de sus expresiones, en cuanto a que todos los por él mencionados formaban una banda delictiva, el hallazgo en el interior de la guantera de esa camioneta, de una lapicera color verde y de unas llaves de esposas, cuyo perfil genético era coincidente con el de H. B. R..
La camioneta de referencia fue incautada en el domicilio de la calle M. n° ... de la localidad de S. M., propiedad de J. M. M., y se encuentra individualizada bajo el dominio …….. del 15 de septiembre de 2011 (fs. 8931/8936, cuerpo XXXIX del principal).
De la pericia de cotejo con todos los rastros papilares de origen dactilar y palmar, incluyendo los de la víctima, C. S. R., no se halló rastro en ella de la occisa, ni de J. N. -ver fs.9783/9792 cuerpo XLIII del principal-.
Por lo aquí estudiado, hasta el presente, no podemos deducir que J. hubiera conducido esta camioneta, y menos que en ella se haya traslado a la occisa.
La fortaleza del testigo de identidad secreta se afeblece a poco que se lo contraste con otras evidencias.
Y en cuanto al hallazgo de una lapicera y de unas llaves de esposas con perfil genético de H. E. B. R., las dudas se imponen, por cuanto, de los elementos incautados, podría generar cierta sospecha las huellas en las llaves de esposas, pero lo cierto es que de la autopsia de la niña no surgen marcas de sujeción alguna, lo que fue reafirmado por los facultativos que la practicaron, Dres. A. R. C. y E. B.- (ver fs.7967/7968- cuerpo XXXIV del principal).
Entonces, de lo confrontado no podemos deducir la mendacidad de J. N. como sostienen los Sres. Magistrados de la instancia inferior.
Párrafo aparte merece, la pericia de cotejo de voz obrante a fs. 10.334/10.371 del cuerpo XLVI del principal, realizada por la división fónica del Departamento de Estudios Especiales de la Gendarmería Nacional.
Respecto de ella, la asistencia técnica del encausado J. N. alegó que la experticia ha sido fraudulenta, sustentado ello, en que se realizaron dos pericias, dando la primera un resultado negativo, en tanto que la segunda arrojó un resultado contrario a su asistido.
Que siempre relacionado con esta cuestión, argumentó que presentó un CD, con la transcripción de una conversación telefónica, entre un perito y el A. G., supuestamente uno de los agentes del estado interviniente en la misma. Material, que si bien se incorporó al proceso, nada se actuó, lo que redundaría en perjuicio de su asistido, por entender que se habría forzado el resultado en su contra.
También lanzó sus quejas en cuanto a que no se había investigado la denuncia que ella hizo en Comodoro Py, todo lo cual afecta el derecho de defensa en juicio de L. D. J. N. . Ahora bien, poniendo blanco sobre negro, he de dejar en claro dos cuestiones.
Primero, el tema de la denuncia no depende de esta jurisdicción sino de la Federal. Segundo, he de remarcar que no se realizaron dos pericias de voz, sólo una, con dos planas. Y los dos actos contaron con su previa notificación, y aceptación del propio encausado, como debe ser al tratarse de una diligencia en donde el procesado se comporta como sujeto de prueba, de lo que emerge que desde lo formal el acto es válido.-art. 18 de la C.N.
Respecto de la primera plana de voz, de fecha 12 de enero de 2012, ver fs. 9327/vta, y 9364/9365 del cuerpo XLI, y fs. 9746 del Cuerpo XLIII, y con relación a la segunda de fecha 6 de marzo de 2012, ver fs.9844 y vta. del cuerpo inmediatamente anterior, fs.9.999/10.001, todos del principal.
Continuando con el examen de la apreciación y valoración por parte del Sr. Juez actuante, Dr. Robles, respecto del informe pericial cuestionado, he de decir que el mismo ha sido cuanto menos superficial, ya que se ha remitido directamente a la conclusión del estudio, donde se afirma que la voz de J. N. corresponde con la voz calificada supuestamente de extorsiva. Con lo que voy anticipando, que tampoco he de concordar, con el grado de certeza absoluta con el que se caracterizó a dicho informe.
Para dar razones de mi pensamiento, he de precisar ciertos pasos hechos en la investigación penal preparatoria.
De la División de Pericias Científicas de la Gendarmería Nacional se solicitó a la UFIJ interviniente, en ese momento, a cargo del Dr. Tavolaro, la ampliación de plana de voz de Horacio M., la del hoy procesado, L. D. J. N., y la de F. G. F. (ver fs. 9.745, cuerpo XLIII) sin especificar motivo. Lo que derechamente ordenó, el entonces Fiscal, Dr. Tavolaro, con fecha 1 de febrero de 2012, sin profundizar las razones que requerían una segunda plana de voz -fs. 9832 del cuerpo XLIII-.
De otra parte, al ejercer su derecho de defensa, el encartado, J. N., negó haber realizado la llamada calificada de extorsiva, y pidió que se investigue de dónde se había hecho esa llamada, y se estableciera si en el lugar existía una cámara para clarificar si el llamante era él. Y por último se somete a realizar una nueva pericia de voz, para dejar en claro que no tuvo nada que ver con esa llamada (fs. 11.351/11.356vta. -cuerpo LI-).
A partir de ello, el Sr. Agente Fiscal, Dr. Ferrario, evacuó parcialmente las citas del imputado, por no considerar pertinente al resto.
Entonces, a fs. 12.231/12.232 -cuerpo LV-, la empresa T. informó los registros de llamadas salientes de la línea….., como así su pertenencia, domicilio del abonado, localidad, código postal, y fecha de alta.
De este informe surgió que el abonado pertenece a Radiotrónica Argentina S.A., su domicilio está constituído en la Avda. Dr. R. M.…, C. F., Código Postal…, habiendo sido dado de alta con fecha 20.1.2010.
De este abonado fijo salió con fecha 29-8-2011, una llamada al abonado n° …… , dado de alta con fecha 18 de marzo de 2011, a nombre de A. D. D., y correspondiente al domicilio de la menor víctima, C. n° …, de la localidad de H.. Esta fue la única llamada que se emitió de aquel abonado a éste, a la hora 22:41:31, y duró 17 segundos.
Profundizando sobre este hilo conductor a fs. 3383/3391vta. del cuerpo XVIII de las actuaciones complemen-tarias, surge que con fecha 24 de agosto del año 2011, siendo la hora 01.00 personal policial del Gabinete de Análisis Delictual de la DDI La Matanza, se trasladó a la finca de C. S. R. en C. de V. T., y bajo el consentimiento de C. N. L., madre de la causante, se instaló sobre la línea del abonado fijo… un equipo de identificador de llamadas, marca IDD caller de Telefónica, como así también un equipo de grabación digital marca C., para el registro de comunicaciones de índole extorsivo, o que pudieran brindar indicios sobre la víctima. Precisamente, el día 29 de agosto de 2011, a la hora 22.41 del abonado referenciado, esto es el ….., se recibió la llamado de un masculino quien refirió “NUNCA MAS VAN A VER A LA HIJA, NUNCA MAS VAN A ENCONTRAR A LA HIJA, DECILE A ESA CONCHUDA QUE HASTA QUE NO DEVUELVAN LA GUITA, NUNCA MAS VA A ENCONTRAR A LA HIJA. QUE LE PREGUNTE AL MARIDO DONDE DEJO LA GUITA”.
Enlazando este dato con el anterior la llamada se efectuó de un abonado fijo correspondiente a la zona de R. de la C. A. de B. A.. Circunstancia que se corrobora con un informe que hace el Subcomisario, J. A. C., a fs. 3504, del 30 de agosto del año 2011, constatando que el aparato telefónico emisor es un teléfono público, ubicado en el interior de la Estación de R., no logrando ubicar la existencia de cámaras de filmación.
Continuando con la evacuación de citas, fueron escuchados testimonialmente, D. M. B. y S. D. B., y ambos refirieron que desde el mes de julio del año 2011, el procesado J. N. no frecuentaba la zona de H., en razón de que se lo buscaba por un hecho anterior, residiendo en J. C. P., cerca de su tía M. N..
Hasta aquí se evacuaron las citas del encartado. Que corroboran los dichos de J. N., en cuanto a su desvinculación con el hecho bajo examen.
Pero retomando, el estudio de identificación de voz, en cuanto a la correspondencia de su voz con la del llamado del 29 de agosto de 2011, y la negativa de parte del imputado, sólo sabemos que se realizó lejos de su último domicilio dónde fue detenido, y que no se localizaron cámaras que pudieran visualizar quién la efectuó.
Entonces, arribamos al punto medular del valor de este informe pericial frente al desconocimiento del procesado. Ya que aquí la evacuación de citas fue parcial.
Y digo que fue parcial, porque J. N., negó haber efectuado el llamado, y se ofreció a realizar una segunda pericia por entender que la misma había sido fraguada. A lo que no se hizo lugar. Ahora bien, nadie niega el carácter reproducible de este acto, y la naturaleza de indicio que puede tener una pericia de identificación de voz conglobada con otros elementos, aunque nunca con el grado de certeza alcanzado en otras áreas como la impresión digital -conforme “Implicancias y proyecciones forenses en el análisis de la voz”, de C. R. y Jorge Sommerhoff, proyecto de investigación FONDECYT Regular n° 1 .070.210-.
Pero he de remarcar que es al Estado al que le corresponde probar la culpabilidad de un sujeto en el hecho criminal, a lo largo de todo el proceso, no dejando lugar a duda alguna -arts. 1, 209, 210 y 367 del C.P.P.-
Dicho ello, confrontando la negativa del procesado con el resultado de una pericia que lo implica en la llamada, y la existencia en el proceso de un CD con grabación obtenida de un tercero, ya que no procede del imputado, y que lo presenta la defensa técnica del incuso -ver fs. 11.169/11.171-. Grabación que fue requerida y escuchada. Desconocerlo, roza a la garantía de la defensa en juicio, al derecho de saber y a obtener justicia mediante una amplia investigación sobre lo ocurrido.
Basta con observar el texto de la transcripción. De ella se revela una conversación telefónica e ntre un perito no identificado y el A. G., en principio, uno de los agentes del Estado actuante en dicho estudio, donde en lo sustancial se conversa de los resultados de la pericia, diciendo entre otras cosas: A. G.: “…todavía no podemos ver la identidad de… del chico este, creo yo que vamos a terminar bien…” … Perito:“…y de este tipo …por más que se utilizó el audio…y todo eso tampoco noo, no dio nada”. A. G.: “ Sí, el drama es que tenemos que hacer que cierre…”, Perito: “pero ….el programa ya te tiró algo….”, A. G.:” no, no, nos tiro nada…”, A. G.: “ …como me puede tirar por los dos lados, puede decir la abogada que nosotros lo inducimos, pero si puedo entrar, va a ser por todos los flancos…voy a…tratar de apuntarle… el drama es que, o sea, eh, viste la causa pende de un hilo…”(sic).
Es aquí, donde nuevamente se relativiza, a mi criterio, el valor probatorio de esta pericia, ya que si bien lo que ha aportado la asistencia técnica de J. N. es una grabación particular procedente de un tercero, la misma cobra valor cuando se trata de ejercer el derecho de defensa de su asistido, sobre todo cuando las limitaciones que nuestro ordenamiento procesal provincial impone a la obtención de los elementos de prueba son a las agencias del estado, pero no entre particulares (arts. 18 C.N. y 1 del C.P.P.) -cfr. contenido del texto “Grabaciones, Escuchas Telefónicas y Filmaciones como medios de prueba”, Editorial Rubinzal Culzoni, Año 2005-. Repito en un proceso donde hay más dudas que certezas, es al Estado al que le corresponde probar la culpabilidad de sus actores.
Cabe una reflexión sobre cuando vamos a aclarar las dudas: sino es en esta instancia, las vamos a arrastrar hasta el momento del juicio.
Los jueces no somos adivinos, somos humanos, y al momento de revisar una medida de coerción personal, donde el Estado ejerce su máximo poder coercitivo, deben existir elementos que conlleven a determinar con un alto grado de probabilidad que a quienes se persigan como autores sean en principio ellos.
Para finalizar, he de poner en el presente fallo palabras que no me son propias pero que representan mi profundo sentimiento.
“Esta mirada puede resultar incómoda desde el punto de vista de la persecución penal, y en esa incomodidad radicaría en que el interés de la sociedad de la persecución de los delitos pagaría un alto precio por proteger garantías individuales. Sin embargo, ese costo no es sino imputable a las Garantías que la Constitución enuncia” (Carrió, Alejandro; ”Garantías Constitu-cionales en el Proceso Penal”, 5ta. edición ampliada y actualizada, énfasis agregado, pág. 312, Ed. Hammurabi). Además, no olvidemos, las palabras del Ministro Enrique S. Petracchi sobre el aparente dilema: “(…) Al efectuar un balance entre la seguridad y la libertad individual, debe atenderse al valor de la supervivencia de esta Nación como tierra de hombres libres (Conf. Warren, “ The Bill of Rights and the Military” 36 N.Y.U.L Rev..761, 196, cit. por Oakes James L., “The proper role of Federal Courts in enforcing the Bill of Rights”, New York University, Law Review, volúmen 54, noviembre de 1979, pág. 932) según el propósito de sus creadores enunciado en el Preámbulo de la Carta de 1853, que no se lograría acentuando el autoritarismo y la ilegalidad en la persecución de delitos; ni propiciando un derecho oscuro, nocturnal, cuyas normas son el marco de la injusticia. La experiencia demuestra que no es por esa vía espuria y destructiva del estado constitucional que puede mejorarse la seguridad general que sólo florece y medra si se procura el perfeccionamiento profesional de los cuadros policiales, dotándolos de un nivel decoroso de existencia y de los medios modernos de investigación, y más aún en el plano general, a través de la elevación de los medios de condiciones de vida y del pulimiento de lo organización social, a la que no es ajeno el suministro eficaz de una correcta educación cívica. La aspiración legítima a que se imponga el valor seguridad se frustra, se frustra según lo comprueba hasta el hartazgo la historia argentina por la vía del autoritarismo y se vislumbra, en cambio, en las perspectivas que abren la senda de la libertad (voto del Ministro nombrado, considerando 9°, en el caso “Florentino”).
Por las razones expuestas, propongo al acuerdo, que de compartir mi opinión, se revoquen por prematuras, las medidas de coerción personal dictadas en este proceso, en contra de H. E. B. R. y L. D. J. N., por considerarlos “prima facie” coautores penalmente responsables del delito de privación ilegal de libertad seguido de muerte, en perjuicio de C. S. R., y se dispongan sus inmediatas libertades en este proceso , de conformidad con lo normado en los arts. 18 de la C.N.; 45 y 149 bis -anteúltimo párrafo- del C.P.; 157 “a contrario sensu” y ccdtes. del C.P.P. Así lo voto.
A la misma segunda cuestión, la Señora Juez Dra. Fernández, dijo:
Adherir al voto de la Sra. Juez doctora Mingolo, en igual sentido y por los mismos fundamentos, razón por la cual, vota por la afirmativa.
A la misma segunda cuestión, el Señor Juez Dr. Naldini, dijo:
Después de leer detenidamente el voto de mi distinguida colega, la Dra. Sandra Mingolo, no puedo sino adherir a sus argumentos y conclusiones.
No obstante, a continuación analizaré algunas cuestiones ya tratadas por la Dra. Mingolo, y otras que estimo conveniente abordar. A fin de ordenar la exposición de las razones por las que considero que el auto que dispone la prisión preventiva de H. E. B. R. y L. D. J. N. debe ser revocado, estructuraré el voto en diferentes acápites; en los primeros -I a V- analizaré el hecho que tanto fiscal como juez de garantías han considerado acreditado, en el anteúltimo -VI- trataré el supuesto móvil del crimen, y en el último -VII- realizaré algunas consideraciones finales. Como se verá, en los primeros cinco puntos transcribiré distintas secuencias del hecho que ha narrado el juez y valoraré la prueba que ha utilizado para justificarlo, a excepción de los dos iniciales, en los que analizaré los elementos esgrimidos por el fiscal, ya que el magistrado no ha explicado en base a qué evidencias afirma que los sucesos ocurrieron como los narró. No obstante, esta ausencia de justificación no acarrea sanción procesal alguna, ya que a J. N. y a B. R. no se les ha adjudicado participación en éstos.
Cabe hacer una aclaración final, del suceso que se ha considerado acreditado, eludiré el tratamiento acerca de la manera en la que fue sustraída C. S. R., ya que independientemente de algunas diferencias en cuanto al color del vehículo, la cantidad de sus ocupantes, y el horario posible en el que aconteció la acción -atribuibles a las distintas percepciones de los testigos-, lo narrado resulta -en principio- plausible.
I.-
Siguiendo la hipótesis fiscal, el juez sostuvo que los captores de C. , tras privarla de su libertad “…se dirigieron en definitiva hasta las cercanías de la antena telefónica denominada “La F.”, con ubicación exacta en la arteria B. J. M. de R. n° ... de la localidad de L. H., partido T. de F., provincia de Buenos Aires, sitio en el que continuó retenida y ocultada en un lugar hasta el momento no determinado…”.
Si bien el juez no ha valorado ningún elemento de prueba respecto a esta secuencia del hecho, del requerimiento fiscal surge que se ha arribado a tal hipótesis debido a que la última antena que captó el celular que tenía C., antes que se apagara -a las 17 horas del día en que fue sustraída-, fue la denominada “La F.” (fs. 331 del cuerpo II del legajo principal). Creo que es temerario tener por acreditado lo narrado a partir de esta circunstancia, ya que el hecho de que el celular fuera apagado en la zona de influencia de dicha antena, no implica necesariamente que fuera en sus inmediaciones donde se retuvo inicialmente a la menor. Además, el fiscal ha considerado que esta hipótesis se sustenta también a partir de las declaraciones testimoniales prestadas por M. L., quien recibió un llamado de un desconocido que le dijo que a C. debían buscarla en C. E.; Paola F., quien dijo que clientes de la remisería en la que trabajaba -de los que no pudo aportar datos- mencionaban que la menor estaba cautiva en ese mismo barrio; y M. C., quien dijo que una amiga de nombre E. -de la que no pudo aportar otros datos- le comentó que la noche del 29 de agosto, se enfrentaron dos grupos -uno del barrio “Puerta 8” y el otro del asentamiento “C. E.”-, y miembros del primero le decían a los del otro “larga a la nena que vas a ir a parar en cana”, además E. le dijo que escuchó en un supermercado a dos personas que comentaban que la niña estaba retenida en C. E. (fs. 326 y 331 del cuerpo II del legajo reservado anexo III y fs. 2676 del cuerpo XIV de las actuaciones complementarias, respectivamente).
Cabe señalar que L., F. y C. -al igual que A. M. M., M. S. F., N. C. L. y M. del C. M. (testimonios que se analizarán en el acápite III) y el testigo de identidad reservada (que se examinará en el acápite VI)- no son testigos, ya que nada han percibido por sus sentidos en relación a los hechos que se intenta probar con sus dichos. Son -en el mejor de los casos- “testigo de oídas” o “testigo de referencia”, es decir, narran lo que le contaron que sucedió. Mucho se ha discutido sobre si deben ser aceptados como prueba ese tipo de testimonios, y pese a los reparos que se le han realizado desde el punto de vista constitucional (por las posibles afectaciones del derecho de defensa en juicio, principio de inmediación y contradicción), los tribunales los han admitido como tal, entre ellos nuestro tribunal de casación (TC0003 LP 22403 RSD-27-9 S 3-2-2009). Sin embargo, su eficacia probatoria es sustancialmente inferior a la que tiene el testimonio de aquella persona que ha percibido directamente el suceso. Al respecto De La Rua señala que: “…es testigo de oídas quien, en lugar de una percepción original y directa, sólo escuchó un relato de una persona sabedora de un acontecimiento. La diferenciación sirve para apreciar el valor de cada testimonio. La versión que transmite el testigo de oídas encierra graves riesgos. Si se hace circular una entre varias personas, suele llegar deformada al final…” (Teoría General del Proceso, editorial Depalma, Bs. As. 1991, pág. 117 - el resaltado me pertenece).
En el caso de los valorados en este punto su eficacia probatoria es aún menor, ya que sus fuentes son personas indeterminadas que por ende no pueden dar cuenta de sus afirmaciones; desconocemos si saben lo que transmitieron porque la percibieron, o si les fue dicho por otros que si lo observaron, o simplemente transmiten lo que se dice en el barrio.
Independientemente de lo peligroso que es dar por probados hechos a partir de este tipo de comentarios, en el caso aquí analizado es aún más grave, ya que debido a la repercusión mediática del suceso que tuvo a C. como víctima y la manera en que se sensibilizó la ciudadanía -a lo que se suma la jugosa recompensa ofrecida-, cuerpos enteros de esta voluminosa causa están compuestos por información aportada por personas que infundadamente detallaron lugares -incluso en distantes provincias- en los que creían que estaba cautiva la menor, e indicaban nombres y señas de personas que habrían tenido participación en el hecho.
En concreto, no hay ningún elemento que indique que C. estuvo cautiva en las cercanías de la antena telefónica denominada “La F.”.
II.-
El magistrado continuó el relató explicando que “…para luego en la madrugada del día 29 de agosto de 2011, ser trasladada hasta al inmueble sito en la calle K. n° ... de la misma localidad y partido donde fue interceptada, permaneciendo allí por un escaso período de tiempo…”.
De la reseña surgen dos circunstancias -una de tiempo y otra de lugar-; veamos con qué elementos se pretende probar cada una de ellas. En atención a que el juez de garantías no ha valorado ningún elemento de prueba en relación a esta secuencia, analizaré los utilizados por el fiscal.
El titular de la acción pública tuvo por acreditado que C. fue llevada a la finca ubicada en la calle K. ..., de la localidad de V. T., partido de H. (propiedad de la Sra. G. M. C.), específicamente en la madrugada del día 29 de agosto, por los dichos de J. A. C., vecino lindero a dicha vivienda, quien dijo que en esa madrugada, aproximadamente a las 3:00 hs., escuchó a personas discutiendo en la vereda de dicha vivienda, pero que al asomarse por la ventana no vio a ninguna persona ni advirtió nada que le llamara la atención. También explicó que cuando salió de su domicilio -alrededor de las 4:30 hs.- no observó nada extraño (fs. 121 del cuerpo I del legajo reservado anexo III). También prestó declaración testimonial la moradora de la otra finca lindera a la de K. ..., B. del V. M., quien esa madrugada -la del 29 de agosto- salió de su vivienda a las 4:00 hs., y relató que no advirtió nada inusual en dicho inmueble (fs. 117 del cuerpo I del legajo reservado anexo III). Es decir, conforme estos testigos, entre una hora u hora y media luego del supuesto ingreso de C. y sus captores al domicilio, no había ni luz, ni movimientos, ni ruidos extraños en el interior de éste ¿Ya se habrían retirado?
Veamos ahora qué acreditaría que C. estuvo cautiva en el lugar indicado por el fiscal y el juez de garantías. En esta nueva hipótesis acerca de cómo ocurrieron los hechos -construida con casi idéntico cuadro probatorio- la vivienda de la calle K. ... , dejó de ser el principal lugar de cautiverio de C. -en el que además había sido abusada y ultimada- para convertirse en un lugar sólo de paso, en el que estuvo retenida por unos instantes. ¿A partir de qué elemento se sostiene tal cosa? Sólo por el resultado de la pericia genética practicada sobre las muestras levantadas de un vaso de vidrio y de un recipiente de plástico que se encontraban en la finca, que indicó la presencia de ADN de C. en estos objetos (fs. 4467/4479 del cuerpo XVIII y fs. 5274/5290 del cuerpo XXII, ambos del legajo principal). No existe ningún otro elemento que indique que la niña haya estado en ese lugar. Por ello, se impone analizar nuevamente -como lo hiciera en mi voto del pasado 17 de abril de 2012- las razones por las que se decidió allanar dicha morada. Recordemos que el cuerpo de C. fue hallado el día 31 de agosto del año 2011 pasado, cerca de las 16 horas, y tras interrogar a varios centenares de vecinos próximos al lugar del hallazgo, a las 23:33 horas de ese mismo día se obtiene el testimonio de M. A. G., quien narró ciertos eventos relacionados con el inmueble de K. ... -a su criterio- fueron inusuales (fs. 3359/3360 del cuerpo XVIII de las actuaciones complementarias). A partir de este testimonio, el día 1° de septiembre a las 3:00 hs. -once horas después de hallado el cuerpo de C.- se allanó el lugar donde -conforme esta nueva hipótesis- habría estado cautiva transitoriamente la menor. No obstante las sospechas del testigo G., sabemos fehacientemente que las circunstancias que narró -si bien a priori podían justificar el allanamiento- no están vinculadas con los sucesos que tuvieron por víctima a C.. En efecto, ni la fachada que acababa de pintar el futuro inquilino del inmueble, J. I., ni la presencia de éste y de su grupo familiar en el lugar, ni el camión del “Ejército de Salvación” estacionado frente a la finca -entidad convocada por la propia Sra. C.-, ni las chapas colocadas por el vecino R. N. A., tienen vinculación alguna con el hecho investigado.
Es decir, los motivos por los que se registró la vivienda de K. ... y se levantaron las muestras, no guardan relación alguna con la privación de la libertad, abuso sexual y homicidio de C.. El allanamiento del inmueble ha sido un acontecimiento absolutamente fortuito, y en esta inteligencia, debo señalar que existen tantas posibilidades de que de esta accidental manera se lograra dar con el lugar de cautiverio de C. como que se lo hubiera conseguido eligiendo aleatoriamente cualquier otra casa de la localidad de V. T. o del partido de H..
Además, de acuerdo a la hipótesis sostenida en la resolución atacada, C. habría estado retenida en la vivienda tan solo unos instantes, tal vez menos de una hora -teniendo en cuenta lo percibido por los vecinos linderos-, pero en ese escaso lapso habría dejado sus perfiles genéticos en los referidos objetos. Sin embargo, la Sra. C. que concurrió regularmente durante toda la semana y por varias horas, y que incluso utilizó con posterioridad el vaso que supuestamente había utilizado la niña, para bendecir la casa con aceite, no dejó ningún rastro de su perfil genético. Tampoco los imputados.
Resumiendo, considero que el hecho de que se hallara perfil genético de C. en la finca a la que se registró por razones ajenas a los hechos investigados y perfectamente explicables es un hecho extraordinario y poco verosímil, y por ende -a criterio del suscripto- el resultado de la pericia genética no puede ser convalidado si no se cuenta con al menos algún otro elemento -creíbleque lo confirme.
Se suma a lo analizado otro detalle importante y no tenido debidamente en cuenta, la puerta de ingreso a la vivienda de la calle K. ... estaba cerrada con llave, y de acuerdo a los dichos de la Sra. C., de quien -a criterio del suscripto- ya no es posible sospechar vinculación alguna con estos sucesos, no observó nada inusual en el inmueble en la mañana del 29 de agosto -ni cerradura forzada ni objetos fuera de lugar-; además explicó que sólo había dos llaves de la puerta, una en su poder y la restante en el de A., quienes evidentemente no tienen relación alguna con el resto de los imputados (fs. 11565/11571 del cuerpo LII del legajo principal). Recordemos que cuando se realizó el primer allanamiento hubo que forzar la cerradura de la puerta para ingresar a la finca (fs. 3370/3372 del cuerpo XVIII de la actuaciones complementarias).
Sin dudas el estudio genético por medio del cual se determina el ADN de una persona es un gran aporte a la investigación criminal, y si bien -en términos generales- ha demostrado ser confiable, como toda actividad humana no está exenta de errores y por ende puede ser falible.
Por ello, no corresponde tomar su resultado como una verdad apodíctica, ya que pueda conducir a los operadores del sistema penal a cometer groseros errores e injusticias. Por el contrario, sus conclusiones deben ser analizadas rigu rosamente mediante las reglas de la lógica, de la psicología y de la experiencia común (sana crítica racional), contrastándolas con los demás elementos e indicios incorporados a la investigación.
Tras haber realizado esta tarea valorativa, por las razones que he explicado en los párrafos precedentes, me apartaré del resultado de esta pericia genética de cotejo de ADN. La doctrina y la jurisprudencia coinciden en señalar que los dictámenes periciales no obligan a la jurisdicción, y que el juez, a través de un razonamiento lógico y motivado, puede apartarse de sus conclusiones (ver en tal sentido J. Cafferata Nores, “La prueba en el Proceso Penal”, Depalma, 3ra. Edición, pág. 84; y lo resuelto por el Tribunal de Casación -TC003 LP, P3953 RSD-221-1 S 11-6-2001-).
Por las razones expuestas en este acápite, no encuentro acreditado que la niña C. S. R. haya estado cautiva -siquiera unos instantes- en el interior de la vivienda de K. ....
III.-
El magistrado prosigue la narración del hecho afirmando lo siguiente: “…siendo en la misma madrugada transportada hasta la vivienda ubicada en la arteria C. n° ... siempre de la misma localidad y partido, lugar éste donde previo a ser abusada sexualmente mediante acceso carnal por autor hasta el momento ignorado, le produjeron una asfixia mecánica por sofocación que trajo aparejado un paro cardiorrespiratorio traumático, que en definitiva ocasionó su deceso…”.
Al igual que en el fragmento del hecho tratado en el punto anterior, en éste también está identificada una circunstancia de tiempo y otra de lugar. Veamos entonces en primer término por qué el magistrado considera acreditado que la niña fue llevada a dicho inmueble específicamente en la madrugada del día 29 de agosto de 2011, y luego, por qué sostiene que ese fue su último lugar de cautiverio.
El juez afirma que “en la misma madrugada” -la del 29 de agosto- C. fue trasladada a la finca de C. ... , de la localidad de V. T., partido de H. -propiedad de la Sra. J. L. P.-, únicamente por el comportamiento de la perra de la finca lindera a ésta, la que habría ladrado -conforme sus dueños- de una manera inusual, apoyando sus patas sobre la pared que divide ambas propiedades. Independientemente que el animal pudo haber actuado de esa manera por diversos motivos, ni siquiera está claro que este evento ocurriera en esa fecha, ya que sus propietarios, J. R. C. y L. B., no pueden determinar con exactitud cuándo ocurrió. En efecto, el Sr. C. estima que aconteció entre 48 a 72 horas antes de que encontraran el cuerpo de C. (es decir, en la madrugada del 28 o del 29 de agosto), en tanto la Sra. B. no recuerda si fue antes o después de dicho hallazgo (fs. 293/295 y 317/318 del cuerpo II del legajo reservado anexo III). No es posible tener por acreditado, a partir del comportamiento que tuvo el animal -en una madrugada no determinada-, que C. fue llevada a dicha vivienda al amanecer del 29 de agosto. La finca de C. ... es sindicada por el magistrado como lugar de cautiverio, abuso sexual y asesinato de C., pues concluye que ésta estuvo deshabitada durante el cautiverio de la menor y por los dichos que M. N. les habría transmitido a terceras personas.
El cuadro probatorio que indicaría que el inmueble estuvo desocupado, está constituido por los testimonios entregados por algunos vecinos próximos a la vivienda. En primer lugar, los prestados por los ya nombrados C. y B., y la anciana prima de esta última, R. F. O. (fs. 315/316 del cuerpo II del legajo reservado anexo III). Los tres coinciden en que la vivienda en cuestión estuvo deshabitada durante los días de cautiverio de C.. Del mismo modo, los dichos del vecino C. A. L. corroborarían la ausencia de moradores en la finca en dicho período (fs. 11455/11456 del cuerpo LI del legajo principal). Sin embargo, la Sra. O. también dijo que durante esos días la Sra. J. L. P. en ocasiones iba a su vivienda. Estos testimonios han sido transcriptos por el juez de garantías sin efectuar ninguna valoración de los mismos.
En cuanto a los testimonios brindados por la vecina M. E. G., y sin bien el juez los ha transcripto para justificar su hipótesis de lo ocurrido, lejos de acreditar que la vivienda estuvo deshabitada, indican en realidad que la Sra. P. -al menos- concurrió con cierta regularidad al lugar. En efecto, en su primer declaración -fs. 5689 del cuerpo XXIV- cuando se le preguntó si había observado algún movimiento extraño en la finca de C. ... entre los días 22 y 29 de agosto de 2011, aseguró que no, y explicó que “…en el domicilio no se encontraba ninguna persona, ya que la dueña del lugar tenía a su hija operada y se encontraba cuidándola, en el domicilio de Morón, la cual la veía muy pocas veces en el domicilio, y en una de las oportunidades fue al domicilio de la dicente a cobrarle el alquiler…” (el resaltado me pertenece y se corresponde con una parte de la declaración no transcripta por el magistrado). En su segundo testimonio, dijo que “…ella (por la Sra. P.) estuvo en el domicilio en esos días, más le digo que mi marido le pagó el alquiler por guardar la camioneta allí…” (fs. 7250 del cuerpo XXXI).Sabemos por la Sra. G. que su esposo, P. C. -quien no fue llamado a prestar declaración-, pese a haber guardado la camioneta todas las noches y haberla retirado por la mañana, no observó nada fuera de lo común en la finca.
Por otra parte, la Sra. J. L. P. dijo que -tras cuidar a su hija- regresó a su domicilio el día 13 de agosto de 2011 y permaneció en éste hasta el 6 de septiembre, día en que fue aprehendido H. B. R.. También explicó que esta circunstancia podía ser corroborada por dos vecinas, I. P. y L. S., a quienes lamentablemente no se les recibió declaración testimonial (fs. 11370/11374 del cuerpo LI del legajo principal). También M. P. -pareja de B. R.- coincide en que su madre regresó a su domicilio el día indicado por ésta (fs. 11370/11374 del cuerpo LI del legajo principal). Independientemente de estos testimonios contra-puestos, existe un elemento que demuestra que la Sra. J. L. P. estuvo en su domicilio al menos uno de los días que transcurrieron entre el que privaron de su libertad a C. y el del primer allanamiento realizado en la finca; me refiero a las anotaciones realizadas por la Sra. P. en un papel -incautado en el primer allanamientovinculadas al hecho que originó estas actuaciones. En efecto, en el anverso y reverso de dicho papel, intercaladas con una receta de cocina, el nombre de una patología médica y la referencia a una publicación de medicina ayurvédica, se pueden leer datos relaciones con esta investigación, escritos en distintos momentos (fs. 5917 del cuerpo XXV del legajo principal). Obviamente, sólo es posible que hiciera estas anotaciones si se encontraba en su domicilio. Al prestar declaración testimonial, la Sra. J. L. P. admitió haber realizado tales anotaciones. Si bien no se ha dispuesto una pericia caligráfica para corroborar sus dichos, resulta creíble -en principio- lo que ha manifestado, ya que la letra de todos las notas -las que se vinculan con la causa y las que no- es similar (a excepción de la última que está escrita con letra de imprenta). Además, M. P. reconoció la letra de su madre en tales anotaciones.
De lo expuesto puede concluirse que la Sra. P. concurrió -al menos- en algunas oportunidades a su vivienda durante el período en el que el juez afirma que estuvo deshabitada. De todas maneras, aunque el inmueble hubiera estado sin moradores, tampoco ello indica que allí haya estado cautiva C.. Cabe puntualizar que ninguno de los vecinos de la vivienda de C. ... -aún aquellos que afirmaron que estuvo desocupada- vio a H. B. R. en el lugar durante el cautiverio de C., ni tampoco advirtió ruidos extraños o movimientos de personas allí, a excepción de J. R.
C..
En efecto, el Sr. C. dijo que durante el cautiverio de C. vio a B. R. en un par de ocasiones en el domicilio de C. ..., sin embargo esto lo mencionó recién en su segundo testimonio, el del 26 de septiembre de 2012 (fs. 293/295 del cuerpo II del legajo reservado anexo III), ya que en el primero, prestado el 22 de septiembre de 2011 -a sólo 22 días del hallazgo del cuerpo de C.- nada dijo al respecto, como así tampoco del -a su criterio- inusual comportamiento de su mascota (fs. 4521 del cuerpo XVIII del legajo principal). En el próximo acápite trataré algunas contradicciones entre sus testimonios que atentan contra la eficacia probatoria de este testigo. No he analizado los testimonios de Y. A. G. y del Oficial Principal F. A. -transcriptos en la resolución atacada- ya que del primero ni siquiera es posible extraer un indicio -como lo intenta el magistrado-, en cuanto al segundo, no tiene relevancia alguna lo constatado por el citado funcionario policial el día 9 de septiembre, pues la propia Sra. P. admitió haber dejado la vivienda a partir del día 6 de dicho mes (fs. 176/178 del cuerpo I del legajo reservado del anexo III y fs. 1851/1852 del cuerpo X).
El juez de garantías también transcribió -sin hacer ninguna valoración- los testimonios de A. M. M., M. S. F., N. C. L. y M. del C. M., prestados a fs. 336/337, 338/339, 156/157 y 173/174 del cuerpo II y I del legajo reservado anexo III. Todas estas personas relataron lo que a su vez les habría dicho M. N., quien si bien depuso el día 2 de septiembre de 2011, no hizo mención a ninguna de las circunstancias que refirieron los testigos (fs. 3807 del cuerpo XX de las actuaciones complementarias). Veamos qué les habría dicho M. N..
A. M. relató que le dijo: “…para mí que C. estuvo en la calle C., donde vivía B., y para mí que la mató éste…”. En tanto M. S. F., madre de M. N., refirió que ésta le indicó que: “…en el barrio se comentaba que eso fue porque la mamá no pagó lo que pedían, creo que me dijo algo de un 'vuelto' que se quedaron, ahora no recuerdo bien… que para ella la nena C. había estado en la casa de C., en la casa de la mujer actual de H. B.…” (el resaltado me pertenece). No alcanzo a comprender qué es lo que se pretende probar con las suposiciones y creencias de M. N. en relación al posible lugar de cautiverio de C., y con las especulaciones que de lo acontecido se habrían hecho en el barrio.
Por su parte, C. L. explicó que -conforme lo que le dijo N.-: “…B. la llamó a M. el día lunes a la noche, ya amanecer del día martes, y le dijo que se le había ido la mano con la piba… la tuvo que matar porque P. L. lo había visto que estaba abusando de C.…”. En su sentido similar, M. del C. M. señaló que M. le indicó que: “…acá fue H., se le fue la mano… él me llamó y me dijo: loca se me fue la mano con la piba…”.
De acuerdo a los testimonios de L. y M., B. R. habría llamado a M. y confesado su crimen. L. especifica el momento del llamado: “día lunes a la noche, ya amanecer del día martes”. Recordemos que -conforme surge de la autopsia- C. fue asesinada entre las 20:30 hs. del lunes 29 de agosto y las 8:30 hs. del martes siguiente; es decir que el nombrado -extremadamente cuidadoso en borrar rastros y evidencia conforme la hipótesis expuesta en la resolución atacadatras abusar y asesinar a C., habría llamado inmediatamente por teléfono a una inestable M. N. -a la que conocía pero con la que no tenía una relación cercana- para confesarle tan aberrante crimen.
La testigo M. aportó un elemento importante para evaluar la eficacia probatoria de los supuestos dichos de N.: “…cuando está bajo los efectos de los estupefacientes balbucea y dice incoherencias, pero cuando se encuentra lúcida dice la verdad ya que es una buena persona…”.
Como se aprecia sin hesitación, el relato que les habría dado N. a C. L. y a M. del C. M. es inconsistente, y por ende estos dichos no deben ser utilizados como prueba. Lamentablemente no se le recibió una nueva declaración testimonial a M. N. para que confirme o no, lo que les habría dicho a M., F., L. y M..
Advierto que aquellas declaraciones testimoniales que abonan la hipótesis sostenida por el fiscal y el magistrado -aún las más inverosímiles-, no han sido sometidas a un imprescindible examen crítico. Como bien lo señala Cafferata Nores “Frente a la comprobada fragilidad de la prueba por testigos (los testimonios falsos o erróneos han sido la causa de la mayor parte de los trágicos errores judiciales que relatan los autores) la tarea valorativa deviene de imperiosa necesidad” (obra citada, pág. 120)
Por lo que he expuesto en este punto, considero que no existe ningún elemento de prueba que indique que C. S. R. estuvo cautiva en la vivienda de la calle C. ... de V. T., Partido de H..
IV.-
El juez de garantías, refiriéndose a B. R., sostuvo que: “…se encargó de deshacerse de todo rastro y vestigio de la actividad que desarrollaron hasta ese momento, con claros fines de alcanzar la impunidad de los participes…”.
La conducta que se le atribuye al nombrado habría sido realizada en el domicilio de C. .... Corresponde analizar a partir de qué elementos se sostiene que en dicho lugar se habría eliminado evidencia comprometedora para los autores del hecho.
No mencionaré los diferentes testimonios que con mayor o menor precisión indican que allí se quemaron algunos objetos, ya que es evidente -a partir de los restos incinerados secuestrados y fotografiados- que tal cosa ocurrió.
Sí existen dudas respecto a quien fue la persona que quemó dichos elementos; por un lado la Sra. J. L. P. admitió haber realizado una fogata el día en que encontraron el cuerpo de C., y por el otro, podría inferirse -como lo hace el fiscal y el juez de garantías-, a partir del resultado de la pericia genética realizada sobre un palo utilizado como atizador, que quien lo hizo fue B. R. (más allá de las dudas que en lo personal me generan los resultados de las pericias genéticas practicadas en esta investigación, a partir de lo que he dicho al tratar la que determinó la presencia de ADN de C. en la finca de K. ... y lo que expondré en relación a la que halló ADN de B. R. en la vivienda de L. ...).
Independientemente de quien haya sido el autor de la fogata, corresponde examinar las razones por las que se sostiene que con ella se eliminó evidencia comprometedora. En los restos de la hoguera se hallaron los siguientes elementos carbonizados: un trozo de tela color verde flúor, un frasco similar a los utilizados para el esmalte de uñas, y varios caparazones de caracoles (ver fotografías obrantes a fs. 5924/5927 del cuerpo XXV). El fiscal y el juez de garantías sospechan que el frasco hallado le podría haber pertenecido a C..
La pregunta que subyace es la de si C. tenía consigo un esmalte de uñas cuando fue privada de su libertad. Si bien su abuela, Z. D., mencionó que en la noche del día 21 de agosto C. tenía “un frasquito de esmalte de color R. fuerte” (fs. 8209 del cuerpo XXXV), ni del testimonio de su madre, C. L., ni del de su vecina, G. R. -quienes la vieron partir al encuentro de sus amigassurge que C. llevara consigo dicho objeto (fs. 1, 1866/1867, 1880/1885, 5726/5727 de los cuerpos I, X y XXIV del legajo principal y 156/157 del cuerpo I del legajo reservado anexo III, y fs. 54 del último cuerpo citado, respectivamente). Concretamente, ni siquiera es dable afirmar que C. tuviera en su poder un frasco de esmalte cuando fue privada de su libertad. La Sra. D. también describió el frasco de esmalte que vio en poder de C.; explicó que tenía “forma de gota es decir un poco redondeado” (fs. 354 del cuerpo II del Legajo Reservado Anexo III). Lamentablemente no le fue exhibida a la testigo la fotografía obrante a fs. 5925 del cuerpo XXV para que indicara si el frasco incinerado es similar al que tenía su nieta, ya que tampoco es claro que éste tenga las características indicadas por la abuela de C.. Pero además de la fogata y de los elementos quemados hallados, fiscal y magistrado arriban a la hipótesis que encabeza este acápite, a partir del testimonio de algunos vecinos que indican que fueron dejadas en el exterior de la citada finca tres bolsas de basura, de lo que concluyen que se habría hecho una exhaustiva limpieza del inmueble. Se impone analizar los dichos de estas personas.
La primera persona que mencionó la existencia de estas bolsas fue J. R. C., en su primigenia declaración, la que prestó a sólo 22 días del hallazgo del cuerpo (fs. 4521 del cuerpo XVIII del legajo principal). Transcribiré parte de su testimonio: “…mi amiga Rosita, que tiene 81 años y vive con nosotros en la casa, me comentó que el día domingo antes de que apareciera el cuerpito de la nena, el H. con su mujer estuvieron en la casa de al lado, con la camionetita bordó… además dejaron en la vereda tres bultos como para que el camión de la basura el que recoge ramas y escombros se los lleve…”, y agregó “…yo vi esos bultos, que estuvieron allí por lo menos un par de días…” (el resaltado me pertenece). El testigo C. no sólo nos cuenta lo que habría visto O. (versión que como se verá no es confirmada por ésta), sino lo que él vio; y lo más importante es que lo cuenta a escasos días de haberlo percibido por sus sentidos. Lo dicho por C. a poco de ocurrido el hecho objeto de pesquisa, en cuanto al momento en que las bolsas fueron dejadas en la vereda, se corresponde con lo afirmado por la propietaria de la finca, J. L. P., quien dijo que unos días antes del domingo previo a la aparición del cuerpo de C., dejó unas bolsas de consorcio en el exterior de su vivienda.
De ser cierto este primer testimonio del Sr. C., el episodio de las bolsas carecería de relevancia ya que habría acontecido antes que C. -conforme la hipótesis sostenida en el auto atacado- fuera llevada a la finca.
Pero transcurrido un año de su primera declaración, el 26 de septiembre de 2012, C. fue llamado nuevamente a declarar. En esta oportunidad narró el mismo episodio pero lo ubicó luego del hallazgo del cuerpo de C. (fs. 293/295 del cuerpo II del legajo reservado anexo III). También L. C. B. y R. F. O. (esposa y amiga del Sr. C. ), quienes declararon a más de un año de los hechos que atestiguan -28 de septiembre de 2012-, vieron las bolsas luego de la aparición del cuerpo de la niña, aunque esta última -contrariamente a lo afirmado por C. en su dos declaraciones- dijo que “…después que desapareció C. R. yo no lo volví a ver más a H. B.…” (fs. 317/318 y 315/316 del cuerpo II del legajo reservado anexo III).
Considero que se le debe dar mayor credibilidad al testimonio brindado en la fecha más próxima a lo percibido, ya que -como bien lo explica Cafferata Nores- “…el tiempo transcurrido entre este momento (el de la declaración) y el de la percepción puede determinar que la evocación de lo percibido sea fragmentaria, con el consecuente peligro de su complementación con juicios, deducciones, versiones de otros testigos o noticias periodísticas…” (obra citada, pág. 122). Pero de todas maneras, aún en el caso en que las bolsas hubieran sido dejadas con posterioridad al hallazgo del cuerpo de C., tampoco nada indica que en ellas hubiera elementos relacionados con el hecho que diera origen a esta investigación.
Concluyendo, no hay un solo elemento de prueba del que pueda inferirse que en el domicilio sito en C. ... se eliminó evidencia comprometedora para quienes perpetraron este crimen.
V.-
Con respecto a J. N. el juez de garantías consideró acreditado que: “…realizó cuanto menos un llamado telefónico al abonado nº…, ubicado en el domicilio perteneciente a los progenitores de la pequeña, a los efectos de comunicar la consumación de la venganza o su inminente producción, y la intimación para que su padre manifieste dónde había ocultado parte de un botín mal habido y que fuera obtenido por el grupo…”.
El llamado al que se refiere el magistrado es el que se recibió el día 29 de agosto de 2011 a las 22:41 hs., en el domicilio de la víctima, en el que un hombre transmitió lo siguiente: “…Nunca más van a ver a la hija, nunca más van a encontrar a la hija, decile a esa conchuda que hasta que no devuelva la guita, nunca más va a encontrar a la hija, que le pregunte al marido dónde dejó la guita…”.
La División Fónica de la Gendarmería Nacional realizó una pericia cotejando la voz de dicho llamado con las de las personas imputadas, la que arrojó como resultado que existe correspondencia entre la del llamado y la de J. N. (fs. 10334/10370 del cuerpo XLVI del legajo principal).
El resultado parece concluyente, sin embargo éste debe ser puesto en duda a partir del testimonio brindado por M. A. B. P., perito de parte propuesto por la defensa de G. F. G. y G. S. L., ante la Comisión Especial de Acompañamiento para el Esclarecimiento del Asesinato de C. S. R. (fs. 137/149 del cuerpo I de las copias legalizadas de las versiones taquigráficas). Este perito relató -entre otras circunstancias igual de relevantes- que “yo ya sabía, por las actitudes que iban a meter a J.. Lo sabía, dado que supuestamente era G., y me habían dicho que ellos estaban seguros que era G., y que justamente, para que no se ponga nervioso, habían llamado a otros. Empiezo a hablar por handy con él y le pregunto: '¿Alguna novedad?' Y me dice: 'No, no podemos dar con la voz de esta persona'.
Y digo: 'Ah, pero, ¿nada de nada? ¿Algún porcentaje?' Dice: 'No, no da'. O sea, el programa no da el positivo. Está diciendo que la voz no es. Estoy hablando de J.. Entonces, le digo: '¿Cómo van a hacer?' 'Vamos a buscar otro silabeo en otras partes, para poder sumarlos a la frase'. O sea, ¿qué me está diciendo con eso? Ellos se tenían que agarrar de la oración o de la frase que se utilizaba en la voz extorsiva, pero en este caso iban a utilizar frases y cosas, o silabas, vocales, de otro lugar, de otro audio. Entonces, iban a acomodar esas vocales para que el programa les pueda cerrar, porque aparte muy corto el fraseo. No les cerraba, y necesitaban que cierre… me decían que no podían dar con la identidad de la persona, que era J. y que tenían que buscar la manera de que dé… Lo llamo el jueves y me dice: 'Es imposible.
No podemos dar con la voz. No nos da la voz'…”. Estos dichos del perito se encuentran corroborados en parte por el audio aportado por la Dra. C. P. F., entonces abogada defensora de J. N., del que se advierte una ambigua conversación que - vía radial- habría mantenido éste y un funcionario de Gendarmería Nacional, el A. G.. Teniendo en cuenta este testimonio y el audio aportado por la defensa, no se comprende por qué el fiscal -aduciendo que se trataría de un dispendio jurisdiccional innecesario y que la prueba podría realizarse en una futura instrucción suplementaria- no hizo lugar a la nueva pericia de voz requerida por la Dra. F.. La única imputación que pesa sobre J. N. es la de haber realizado la llamada que he transcripto, y la única prueba que la sustenta es el resultado de esta cuestionada pericia ¿Por qué no hacer una nueva pericia de voz que lo confirme?
¿Por qué esperar hasta una hipotética instrucción suplementaria a realizarse en la próxima etapa del proceso para practicar la pericia? Entonces sí podría ocurrir el temido dispendio jurisdiccional innecesario, en caso que la nueva pericia no confirmara el resultado de la actual. Considero que siguiendo un correcto orden de prioridades, debe motivar una mayor preocupación requerir la prisión de una persona con una prueba con este nivel de cuestionamiento, que el supuesto dispendio jurisdiccional.
Por otra parte, inexplicablemente fue ignorada la información traída al proceso por la otrora defensa técnica de J. N., la Dra. F., quien aportó un artículo en idioma inglés -con su pertinente traducción- elaborado aparentemente por distintos especialistas que estarían vinculados a prestigiosas universidades e instituciones, quienes -tras explicar distintas cuestiones de orden técnico- concluyen que “… en la actualidad, no existe un proceso científico que permita caracterizar en forma única la voz de una persona o identificar con certeza absoluta a una persona a partir de su voz…” (fs. 11174/11182 del cuerpo L del legajo principal). Debería al menos haberse verificado la veracidad del informe y el alcance de la conclusión a la que habrían arribado los firmantes, ya que de ser cierta y aplicable al presente caso, el resultado de la pericia de voz -además de los aludidos cuestionamientos- tampoco sería concluyente.
Por lo dicho y al menos por el momento, estimo prudente apartarme de las conclusiones de esta pericia.
VI.-
Tanto el juez como el fiscal coinciden en el móvil del crimen. En palabras de éste último, “el luctuoso suceso fue una venganza en contra de A. O. R.… por parte de una organización… a la que el padre pertenecía, en razón que éste les habría sustraído parte del botín…”. Se ha arribado a esta conclusión a partir del testimonio de un testigo cuya identidad ha sido reservada. Su testimonio ha sido vital para la construcción de esta hipótesis, ya que -además de aportar el móvil del crimen- individualiza a los integrantes de la supuesta organización criminal. Este testigo también aportó los domicilios que permitieron la detención de J. N.. Si bien el testigo ha brindado información cierta sobre los lugares donde podía ser hallado uno de los imputados, no por ello debemos considerar el resto de su relato como una verdad incontrastable. Por el contrario, deben ser cuidadosamente confrontados con los demás elementos de prueba incorporados a la causa, sopesando la eficacia probatoria que cabe asignarle a unos y otros.
Veamos qué relató el testigo de identidad reservada: “… a L. J. lo conoce desde hace ocho años más o menos. Y que siempre trabajó con la gente que está detenida, esto es F. G., el G. L., con el peruano H. B., con A. E., que siempre fue un equipo grande, que incluso también trabajaban estos con J., el papá de C.… más o menos hace un par de años, un poco menos, la banda tuvo problemas con el J., porque se habría quedado con un vuelto de dos camiones que entregó y no rindió la plata. Que también de la banda participa el T. M., quien también es reduce y tiene relación con éstos y estaba recaliente con la mejicaneada de la plata que le hizo J.…”. Se desprende de estos dichos que conocería a J. N. desde hace ocho años aproximadamente -tal vez en este conocimiento radique la certeza de la información que aportó sobre los domicilios donde podría encontrarse el nombrado-, pero no es posible saber cómo accedió a la restante información que aportó a la investigación. En busca de esta precisión, el fiscal citó nuevamente al testigo, y éste le explicó que obtuvo estos datos a través de una persona cuya identidad se negó a revelar, tampoco especificó si ésta había percibido a través de sus sentidos las circunstancias que le narró, o si le transmitió lo que presenció un tercero, o simplemente le contó lo que se dice en el barrio. Nuevamente un testigo de oídas.
En concreto, no sabemos ni quién es la persona que le aportó estos datos al testigo de identidad reservada, ni cómo accedió a tan importante -de ser real- información.
¿Qué se contrapone a este relato?
Obviemos lo dicho por los propios imputados, quienes en términos generales -a excepción de algunos que sí se conocían y explicaron su vínculo- han negado conocerse. Pero el testigo afirmó -concordantemente con la información que daban los medios de comunicación al momento de su primera deposición- que el papá de C., A. O. R. , alias J., también integraba esta organización delictiva, y que se había quedado con parte del botín de esta banda, insinuando que lo que le ocurrió a C. podía ser una venganza dirigida a su padre, perpetrada por sus antiguos secuaces.
Es importante entonces para valorar el relato dado por este testigo de identidad reservada, tener en cuenta qué dijo el padre de la niña privada de la libertad, abusada y asesinada. A. O. R. cada vez que fue interrogado acerca de si conocía a algunas de las personas que individualizó este testigo, negó categóricamente conocerlos -a excepción de H. Horacio M.- (fs. 5728/5729 y 11512/11513 de los cuerpos XXIV y LII respectivamente del legajo principal).
Es decir, al relato de no sabemos quién se contrapone el del padre de la víctima. Por lo que, para sostener la hipótesis contenida en la resolución atacada, hay que asumir que A. O. R., pese a saber todo lo que padeció su hija de diez años de edad, mintió. Sopesando estos elementos, no veo el motivo por el cual debemos descreer de lo afirmado por el papá de C..
El juez estima que el relato de este sujeto indeterminado, que le habría transmitido la información señalada al testigo que declaró bajo identidad reservada, se encontraría corroborado en parte por el resultado de la pericia genética realizada sobre las muestras levantadas en la vivienda de la calle L. ... de W. M. , ya que en una de ellas se habría hallado perfil genético de H. E. B. R., lo que indicaría que -pese a la negativa de ambos- éste y L. D. J. N. se conocían (fs. 8090/8102 del cuerpo XXXIV del legajo principal).
Este domicilio corresponde a la morada de la ex esposa del coimputado J. N., R. O., de quien se separó hace más de quince años. El ADN de B. R. habría sido hallado en una taza de plástico que se encontraba sobre un lavarropas, y esto indicaría que el nombrado estuvo en el lugar aproximadamente dentro de los cuarenta días previos a la realización del estudio genético. Cabe aclarar que dicho inmueble -al momento del allanamiento- contaba con dos edificaciones, una de ellas compuesta por dos pisos, en cuya planta baja -donde se encontraba la taza en cuestión- habitaban ocho personas: O. O., sus hijas M. L. O. y R. D. O. y cinco de sus nietos de diversas edades; en la superior vivían P. O. O., su esposa L. V. y tres de sus hijos; y en la restante edificación moraban J. R. O., su pareja S. C. y las hijas de ambos.
Todas las personas que se domicilian en el inmueble -a excepción de R. O. quien aún no ha testificado- negaron conocer a B. R., coincidieron en que el lugar no es frecuentado por hombres ajenos al grupo familiar, y explicaron que la última vez que vieron a J. N. allí fue para el cumpleaños de unos de sus hijos, en el mes de enero del año 2011, y que permaneció apenas unos instantes -inexplicablemente el fiscal concluye a partir de estos testimonios que J. concurría “asiduamente” a dicha vivienda- (fs. 11501/11502 del cuerpo LI del legajo principal y fs. 11506/11507, 11508/11509, 11510/11511, 11514/11515, 11613/11614 y 11615/11616 del cuerpo LII del dicho legajo). Además, teniendo en cuenta el tenor de la relación que -conforme los testigos- J. N. mantenía con su ex familia política, cuya vínculo -insisto- concluyó hace más de quince años, no parece factible que pudiera reunirse allí con uno de sus supuestos cómplices. Por otra parte, a pesar de la cantidad de celulares secuestrados, las llamadas telefónicas analizadas, las escuchas realizadas, y demás tareas de pesquisa, no ha sido posible incorporar siquiera un elemento que indique que J. N. y B. R. se conocían antes que fueran detenidos en el marco de estas actuaciones -a excepción de la declaración bajo identidad reservada que ya he analizado-.
En definitiva, para sostener el resultado de la pericia genética en cuanto al hallazgo del ADN de B. R. en este domicilio, debemos necesariamente asumir que todos los miembros de la familia O. que han dado su testimonio han mentido ¿Cuáles son las razones por las que debemos descreer de sus dichos? ¿Por qué desearían proteger al ex esposo de R. O. de tan horrendo crimen? Considero que estamos ante otro resultado de la pericia genética poco consistente, y dado su carácter no vinculante me apartaré de sus conclusiones.
Por lo expuesto en este punto, considero que no es posible tener por acreditado la existencia de una asociación criminal compuesta -entre otros- por J. N., B. R. y el padre de C., A. O. R., y por ende, tampoco el supuesto móvil del crimen.
VII.-
Si bien lo que he expuesto en los acápites anteriores alcanza para explicar el porqué deben ser revocadas las medidas de cautela personal dispuestas respecto de H. E. B. R. y L. D. J. N., para concluir deseo hacer una reflexión final, ya que considero preocupante la manera en la que se ha valorado la prueba en este proceso, tanto antes como ahora; toda aquella que sirviera para justificar la hipótesis sostenida por el fiscal y el magistrado, fue tomada y utilizada por más precaria e inverosímil que fuera, sin someterla a ningún examen crítico, y por el contrario aquella que podía desacreditarla no fue debidamente verificada.
Nuestro ordenamiento ritual establece el principio de libertad probatoria (art. 209) y como método de valoración de la prueba el de las libres convicciones o sana crítica racional (art. 210); el legislador le ha conferido al fiscal y al juez absoluta libertad para determinar qué elementos de prueba utilizará para probar cómo ocurrieron los hechos objeto de investigación, sin indicarles qué valor probatorio les debe asignar, pero como contrapartida el sistema exige una rigurosa actividad intelectual en el análisis de las evidencias, que se adecue a las reglas de la lógica, la psicología y la experiencia. El Dr. A. Vélez Mariconde explica la importancia de este razonamiento lógico y motivado: “La valuación de la prueba es el examen crítico de los elementos introducidos en el proceso, o sea, una obra lógica y psicológica de singular trascendencia, destinada a descubrir la verdad de los hechos que se investigan y expresada en la discusión y en el pronunciamiento jurisdiccional” (Derecho Procesal Penal, tomo I, 3ra. edición, pág. 351).
Sin embargo, las reglas aludidas han estado ausentes o no se han aplicado con la debida seriedad. En efecto, como se ha podido advertir a través del desarrollo de los puntos anteriores, B. R. y J. N. están encarcelados con un más que endeble cuadro probatorio. Cierto es que tanto uno como otro tienen profusos antecedentes penales, algunos de éstos por hechos de extrema gravedad, pero esto no significa que el estándar probatorio que se requiere para privarlos de la libertad sea diferente del que se necesita para cautelar a cualquier otro miembro de la sociedad, ya que éstos -y aunque sea una obviedad creo importante remarcarlo- gozan de los mismos derechos y garantías que tienen todos los ciudadanos -incluida por supuesto la presunción de sus inocencias-.
Por tales razones, en la presente cuestión, voto por la afirmativa.
A la tercera cuestión, la Señora Juez Dra. Mingolo, dijo:
Atento el resultado que arroja el tratamiento de las cuestiones precedentes, a mí entender, corresponde:
a) Rechazar el planteo de nulidad de los testimonios de identidad reservada (especialmente la citada a fs. 7041/7042), introducido por los letrados de confianza de L. D. J. N. y de H. E. B. R., de conformidad con los fundamentos analizados en el exordio y acorde con lo normado en los arts. 18 y 75 inc. 22 de la C.N.; 8.2.f de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 14.3.e del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 203 y 233 bis del Código Procesal Penal -t.o. ley 14.257.-
b) Revocar, por prematuras, las medidas de coerción personal dictadas en este proceso, en contra de H. E. B. R. y L. D. J. N., por considerarlos “prima facie” coautores penalmente responsables del delito de privación ilegal de la libertad seguido de muerte, en perjuicio de C. S. R., debiendo disponerse sus inmediatas libertades (arts. 18 de la C.N.; 45 y 149 bis - anteúltimo párrafo- del C.P.; 157 “a contrario sensu” y ccdtes. del C.P.P.-
c) Enviar las presentes actuaciones al Juez de Garantías interviniente, Dr. G. G. Robles, quien deberá disponer las medidas pertinentes para hacer efectivas las libertades de H. E. B. R. y L. D. J. N., ello previo certificar la no existencia de otros impedimentos legales.-
Así lo voto.-
A la misma cuestión, la Señora Juez Dra. Fernández, dijo:
Adherir al voto de la Señora Juez doctora Mingolo, y por los mismos fundamentos, votando en igual sentido.
A la misma cuestión, el Señor Juez Dr. Naldini, dijo:
Adherir al voto de la Señora Juez doctora Mingolo, y por los mismos fundamentos, votando en igual sentido.
Acto seguido, en mérito al resultado de la votación de las cuestiones precedentes, el Tribunal resolvió dictar la siguiente - R E S O L U C I O N – I.- RECHAZAR EL PLANTEO DE NULIDAD de los testimonios de identidad reservada (especialmente la citada a fs. 7041/7042), introducido por los letrados de confianza de L. D. J. N. y de H. E. B. R., de conformidad con los fundamentos analizados en el exordio (arts. 18 y 75 inc. 22 de la C.N.; 8.2.f de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 14.3.e del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 203 y 233 bis del Código Procesal Penal - t.o. ley 14.257-).
dictadas en este proceso, en contra de H. E. B. R. Y L. D. J. N., por considerarlos “prima facie” coautores penalmente responsables del delito de privación ilegal de la libertad seguido de muerte, en perjuicio de C. S. R., debiendo disponerse sus inmediatas libertades ( arts. 18 de la C.N.; 45 y 149 bis -anteúltimo párrafo- del C.P.; 157 “a contrario sensu” y ccdtes. del C.P.P.).-
III. ENVIAR las presentes actuaciones al Juez de Garantías interviniente, Dr. G. G. Robles, quien deberá disponer las medidas pertinentes para hacer efectivas las libertades de H. E. B. R. y L. D. J. N., ello previo certificar la no existencia de otros impedimentos legales.- Regístrese, y envíese el presente incidente al Juzgado de origen a efectos de que se de cumplimiento con lo ordenado “supra”, y se practiquen ante dicha instancia las notificaciones de rigor, sirviendo al efecto la presente de atenta nota de envío; en tanto que con respecto a los autos principales, anexos, legajos reservados y efectos remitidos oportunamente a esta sede, devuélvaselos a la Unidad Funcional de Investigación intervi-niente, con copia de lo aquí resuelto.- Fdo.: Elisabet Miriam Fernández, Adolfo Eduardo Naldini y Sandra Claudia Mingolo; Ante mí: Ana Laura Picerno, Secretaria”.-
Fin de la sentencia