Abriendo la norma
Juez de Recurso 2º Circ. Judicial
TOMO CXXIX – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 8406 FOLIO Nº 198/200 PROT. ELECT. JR101022I.242
Río Gallegos, 02 de febrero de 2024.
La presente causa caratulada: “B.R.L. Y OTRO S/ ROBO CALIFICADO (RESULTARAN VÍCTIMAS)” Expte. Nº 78962/19, Apelación Nº 8118/23, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 01/07 de este incidente, obra glosado el auto dictado por la Sra. Jueza titular del Juzgado de Instrucción Nº Uno de Río Gallegos, quien en el punto I) ordenó el procesamiento sin prisión preventiva de M.R.R., S.M.N.L. y L.N.C., en orden al delito de “robo doblemente calificado por causar lesiones y por su comisión en poblado y en banda” (arts. 45, 166 inc. 1 y 167 inc. 2 del Código Penal). Que a fs. 09/11 vta., la defensa técnica apeló dicho auto -motivándolo-; a fs. 15 sostuvo el recurso y, no habiéndose presentado el memorial regulado en el art. 437 del CPP, quedan en consecuencia los presentes autos en condiciones para ser resueltos, y;
Que, a continuación, trataremos los agravios impetrados, en el orden propuesto por el recurrente en su presentación.
I. Agravios relativos a la prueba valorada – presunta insuficiencia - falta de realización de algunas diligencias: inicialmente, sostuvo la defensa que la resolución apelada resulta insostenible e infundada para sustentar la acusación. Al respecto, señaló que las pruebas existentes resultan insuficientes para tener por acreditadas sus autorías y participaciones en el delito que se investiga. En particular, atento el delito atribuido, pidió considerar que las actas de requisa personales arrojaron resultados negativos.
Siempre referido a la prueba, cuestionó que no se realizaran ruedas de reconocimiento, ni allanamientos en las residencias a sus asistidos, ni diligencias tendientes a localizar testigos presenciales del hecho denunciado, considerando que un taxista que se retiró del lugar de los hechos (desde la parada sita en R. y K.).
Por otro lado, juzgó tardía la certificación de actuaciones judiciales de los encartados, pues –según dijo- ello debió hacerse previo al acto de indagatoria.
Pues bien, adelantamos, estos primeros planteos serán rechazados.
En efecto, habiendo asegurado el recurrente que la prueba valorada resulta insuficiente para el dictado del auto apelado, deviene imperativo efectuar un breve repaso que demuestre su desacierto en este aspecto.
En primer lugar, a fin de delimitar la labor, y toda vez que la crítica está dirigida únicamente a la acreditación de la autoría del hecho, en cuanto a la materialidad del mismo, el auto ha quedado firme.
Así, a fin de tener por acreditada la coautoría del hecho en cabeza de los encartados, la jueza consideró el análisis de las secuencias fílmicas del local nocturno al que habrían concurrido la noche de los hechos, la víctima, su pareja y –por separado- los encartados (informe policial de fs. 32/44 y 46/50). Allí, se captó el ingreso y retiro de todos (consignado día y hora) y se efectuó una descripción física y de vestimenta que portaban los incusos. Que, el examen de las filmaciones por parte de los investigadores, determinó –en principio- la identidad de los imputados (fs. 50).
Por su parte, la jueza ponderó el examen de las imágenes extraídas de las cámaras de seguridad de la parada de taxis “E.G.”, ubicada en la intersección de la Avda. K. y la calle B.R. de Río Gallegos. En estas secuencias, se habría visualizado todo el episodio, tal como lo relató la denunciante, es decir, la embestida previa provocada por los tres agresores y, ya cuando la víctima se hallaba tendida en el suelo, (aparentemente inconsciente) uno de los encausados habría tomado elementos de entre sus prendas de vestir. Jurisprudencialmente, se ha confirmado el procesamiento de un sujeto -por idéntico delito al atribuido en autos-, tomando como base las imágenes captadas de las cámaras de seguridad de un empresa cercana al lugar de los hechos (Al respecto véase: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Sala VI; G., O. H. y otros s/ Procesamiento; 25/02/2016; Cita: TR LALEY AR/JUR/13856/2016). Inclusive, en una etapa más avanzada a la que transita la presente causa, se llegó a condenar a los autores del robo si su accionar quedó registrado en las cámaras de monitoreo urbano (Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 24 de la Capital Federal; 29/07/2021; B., A. G. s/ robo en poblado; RDP 2021-10, 167; Cita: TR LALEY AR/JUR/112444/2021).
Por su parte, se ha considerado válidos los informes elaborados por el personal de las fuerzas de seguridad encargados de llevar a cabo la actividad pesquisitiva, como los emitidos en autos -en los cuales se apoya el auto de procesamiento-, siempre que se hubieran vertido en razón de estar cumpliendo sus funciones y sin fundarse en interés, afecto u odio hacia alguno de los imputados. (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal; Sala I; 08/08/2017; B., C. A. y otro(s) s/ infracción ley 23.737; Cita: TR LALEY AR/JUR/68285/2017). En el caso que nos ocupa, a partir de las imágenes de las cámaras de seguridad, se logró confirmar –prima facie- la versión de los hechos aportada por la denunciante y el damnificado, y los investigadores lograron identificar a los presuntos responsables.
Que, estos elementos, sumados al informe del Cuerpo Médico Forense, analizados como lo hizo la instructora –a la luz de la sana crítica racional-, resultan suficientes para atravesar la barrera del art. 289 del CPP.
Que, no resiste el análisis el pedido de la defensa, acerca de que se deba considerar el resultado negativo de las requisas personales practicadas a los encartados. Ello así, toda vez que el hecho se habría perpetrado el 28/09/2019, y en el caso del imputado L.N.C. la requisa se habría efectuado el 08/10/2019 (ver fs. 22), en tanto los otros dos imputados fueron convocados por el juzgado mucho tiempo después, hasta incluso se dispuso su comparendo por la fuerza pública, motivo por el cual tuvieron tiempo suficiente para desprenderse de los elementos que pudieran haberle sustraído a la víctima. Para finalizar este primer análisis, tampoco obtendrá favorable acogida el planteo relativo a que no se hubiera ordenado la realización de rueda de reconocimiento o búsqueda de testigos, pues es facultad exclusiva de la Jueza de instrucción disponer la producción de tales diligencias y, evidentemente, no las consideró necesarias o útiles. Asimismo, no se registró un pedido de la defensa a esos fines (art. 190 del CPP), previo al dictado pronunciamiento hoy apelado.
II. De la calificación legal: en otro orden de ideas, lo agravió la calificación legal atribuida. Allí, señaló que el art. 166 inc. 2 no contiene un concepto de banda que permita extraer los elementos típicos, por estar ellos incluidos en el art. 210 del CP que caracteriza la asociación ilícita.
En dicho carril argumentativo, aseguró que la actuación en banda requiere la conjunción de varios elementos, faltando uno de los cuales la agravación desaparece. Advirtió que, en nuestro caso, no hubo actuación conjunta de tres o más personas en los actos de ejecución, ni pertenencia de dichas personas en los actos de ejecución del robo, con codominio de hecho de cada uno de ellos. Explicó que la actuación en banda fue incluida para hacer referencia a los robos cometidos por una asociación organizada de personas destinada a cometer delitos indeterminados, que de ningún modo se ve plasmada en este caso.
Precisó que la definición de banda no está contenida en los arts. 166 inc. 2 y 167 inc. 2, pues –según indicó- nada dicen al respecto.
Concluyó diciendo que, cualquier intento de delimitación del término banda que tome como base solo la mención de dicho término en el delito de robo agravado, afectaría el principio constitucional de legalidad penal, por no poderse conocer con precisión los elementos que deberían probarse para la habilitación de una penalidad mayor que la del robo simple. Citó jurisprudencia en sostén de su tesitura. En relación a la crítica referida a la calificación legal atribuida a los imputados, del estudio de la resolución recurrida se observa que la instrucción explicó con sólidos fundamentos e indicación de las piezas probatorias en que lo sustenta, la razón que la llevó a encuadrar provisoriamente los hechos en orden al delito de "robo doblemente calificado por causar lesiones graves y por su comisión en poblado y en banda” (arts. 45, 166 inc. 1 y 167 inc. 2 del CP). En cambio, de los argumentos de la defensa se advierte que su planteo constituye una mera disconformidad con la conclusión a la que arriba la Sra. Jueza de grado sin lograr controvertir lo decidido.
Por consiguiente, y siendo criterio de esta Alzada -en concordancia con reiterados dictámenes de la Sra. Fiscal ante las Excmas. Cámaras de Apelaciones-, que la calificación legal no es pasible de revisión en esta instancia procesal, este agravio no prosperará. Toda vez que los hechos imputados resultan ser de naturaleza netamente "provisoria" a lo largo del proceso, pudiendo ésta variar, en su caso, al momento del requerimiento de elevación a juicio y asimismo en el juicio propiamente dicho, hasta el dictado de la sentencia; ello siempre y cuando no se modifique el hecho imputado en sí, dado que afectaría el principio de congruencia. (Criterio asentado en las Apelaciones N° 8013/22, 7813/22, 8190/23, 8370/23 y 8488/23, entre otras tantas). Este criterio resulta imperante a nivel jurisprudencial. Al respecto los tribunales se han expedido sosteniendo que: "...La lectura del recurso de apelación (…) refleja que los agravios allí invocados se relacionan exclusivamente con la calificación legal asignada al hecho objeto del procesamiento. Este tribunal ha interpretado que no es posible impugnar tan solo la significación jurídica, por ser esencialmente provisoria y no resultar vinculante para el Ministerio Público Fiscal al momento de concretar la acusación ni para el Tribunal de juicio al fallar, en caso de que la causa llegue a tales momentos procesales...". (TR LALEY AR/JUR/56181/2014). En virtud de lo expresado, se advierte que la defensa no ha demostrado un agravio concreto relativo a la provisoria calificación legal de los hechos reprochados a sus asistidos, motivo por el cual será desestimado.
III)Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.
IV. Comunicaciones: En virtud de la resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz, firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas y en mi carácter de Juez de Recursos,
1)CONFIRMAR el auto glosado a fs. 01/07 de este incidente, por los motivos expuestos en los considerandos que preceden.
2)REGISTRESE y NOTIFÍQUESE a las partes mediante SNE.
3. Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente al correo electrónico [email protected].
4. Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen.
(PB)
Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez –Juez-, ante la Actuaria firmante, Dra. Adriana I. Geyer, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. CONSTE.-
Fin de la sentencia