Abriendo la norma
TOMO CLXII – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 10.171 FOLIO Nº 146/150 PROT. ELECT. JR101 318I.261
Río Gallegos, 11 de agosto de 2026.
La presente causa caratulada: “B.A.R. S/ PRESUNTA INF. ART. 119 C.P.” Expte. Nº 9467/24, Apelación Nº 10253/26, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 121/127 vta., obra glosado el auto dictado por la Sra. Jueza subrogante del Juzgado en lo Criminal, Correccional y Penal Juvenil de Puerto Santa Cruz, quien en el punto I) ordenó el procesamiento sin prisión preventiva de A.R.B., en orden al delito de “abuso sexual con acceso carnal en concurso real con amenazas” (arts. 55, 119 tercer párrafo, y 149 bis del Código Penal); y en el punto II) trabo embargo sobre los bienes del imputado por la suma de pesos dos millones ($ 2.000.000.-). Que a fs. 131/137 vta., la defensa técnica apeló dicho auto -motivándolo-; a fs. 141/143 vta. sostuvo el recurso y, no habiéndose presentado el memorial regulado en el art. 437 del CPP, quedan en consecuencia los presentes autos en condiciones para ser resueltos, y;
Que, en primer término, la defensa considera prematuro el decisorio atacado, pues señala que aún no se cuenta en autos con prueba relevante, directamente relacionada con la materialidad y la autoría del ilícito. También entiende que es contradictorio, pues reconoce que falta producir medidas objetivas. En otro apartado, cuestiona que se rechace la versión defensiva, dado que considera que ello desplaza indebidamente sobre el imputado la carga de probar su inocencia. De otro lado, explica que la amplitud probatoria de la Ley 26.485 no autoriza a sustituir prueba penal por presunciones débiles, ni a neutralizar la prueba objetiva negativa. Señala que esa regla no habilita a convertir automáticamente el relato en prueba suficiente, ni a prescindir de la exigencia de sana crítica racional.
Seguidamente, critica que se hubiera considerado elemento decisivo de cargo la pericia psicológica de la denunciante y de su asistido, así como el testimonio de la psicóloga interviniente –Lic. M.A.- pues afirma que este relato no puede transformarse en prueba autónoma de materialidad y autoría. Siempre referida a la prueba, niega que exista pluralidad probatoria, pues destaca que nada aportan los informes médicos derivados del protocolo y las pericias sobre prendas. Al respecto, entiende que para el dictado del procesamiento se requerían datos externos verificables.
La agravia que se omita investigar hipótesis alternativas, tales como: la existencia de un conflicto relacional intenso; animosidad posterior; hostilidad hacia el imputado; posible móvil espurio por citar algunas).
Critica la calificación legal (en concurso real con amenazas), pues advierte que no se explica cuál sería exactamente la frase típica; su entidad objetiva o idoneidad concreta; etc.
Por ello, sostiene que corresponde revocar el procesamiento y dictar el sobreseimiento de su defendido o, eventualmente, dictar la falta de mérito.
Finalmente, entiende que el monto fijado carece de motivación, pues no individualiza eventual pena pecuniaria aplicable; costas estimadas; daño patrimonial concreto; etc. Señala que no se analizó la situación económica del imputado ni de la proporcionalidad de la cautelar, razón por la cual pide se deje sin efecto, o se ordene su reducción y/o sustitución por una medida menos gravosa.
En virtud de lo reseñado, entiende que el resolutorio carece de motivación, razón por la cual, plantea la nulidad parcial del mismo.
Por último, formula reserva de caso federal.
I. Que, analizados los agravios vertidos por la defensa frente a las constancias obrantes en autos y la resolución en crisis, adelantamos que los mismos serán desestimados en virtud de las siguientes consideraciones de hecho y de derecho:
1. Del estándar de probabilidad y la alegada prematuridad del resolutorio:
En este sentido, entendemos, yerra la recurrente al calificar de prematuro el auto de procesamiento argumentando que aún restan producir diligencias probatorias en el expediente. Es doctrina y jurisprudencia unánime y pacífica que el procesamiento constituye una resolución jurisdiccional de carácter provisorio y mutable (véase apelación nro. 9294/24).
Para su dictado no se exige la certeza apodíctica de culpabilidad propia de la etapa de juicio, sino la acreditación fundada de un estado de probabilidad positiva acerca de la existencia del hecho delictuoso y de la participación del imputado. Al respecto, calificada doctrina tiene dicho: “ El procesamiento contiene un juicio de probabilidad acerca de la existencia del hecho delictuoso y de la participación de cada uno de los imputados en éste, tratándose, pues, de la valoración de los elementos probatorios suficientes para producir probabilidad aún no definitivos ni confrontados, pero que sirven para orientar el proceso hacia la acusación, vale decir, hacia la base del juicio ” (Clariá Olmedo, J.A., “Derecho Procesal Penal”, Ed. Lerner, Córdoba, 1985, pág. 612).
La circunstancia de que el sumario continúe en trámite y que eventualmente se produzcan nuevas medidas tendientes a profundizar el conocimiento del suceso no anula ni torna contradictoria la resolución apelada. Por el contrario, la existencia de un plexo indiciario de cargo suficiente habilita a transponer válidamente la valla del art. 289 del CPP, a fin de orientar el legajo hacia la etapa de debate oral, ámbito natural donde rige con plenitud el principio contradictorio y se evaluará si dicha probabilidad alcanza la certeza necesaria para una condena.
2. Del descarte de la versión defensiva y la carga de la prueba:
Al respecto, consideramos, no asiste razón a la defensa cuando sostiene que el rechazo de la versión exculpatoria brindada por el encartado importa desplazar indebidamente sobre éste la carga de probar su inocencia, conculcando su derecho de defensa en juicio y el principio de presunción de inocencia. El descargo efectuado por el imputado en su declaración indagatoria constituye un acto de defensa material que el magistrado de instrucción se encuentra obligado a oír, analizar y motivar debidamente, ya sea para receptarlo o para refutarlo en base a las constancias objetivas de la causa (véase apelación nro. 9306/24).
El deber de motivación del juez exige precisamente la confrontación racional de la hipótesis defensiva con el universo de elementos incriminantes colectados. Cuando el juez de grado descarta la versión del procesado expresando los motivos lógicos y las probanzas que la contradicen, no está exigiendo que el imputado demuestre su inocencia, sino que está ejerciendo la labor crítica de apreciación de la prueba bajo las reglas de la sana crítica racional.
La presunción de inocencia permanece incólume y sólo se ve enervada de manera provisoria por la fuerza de un conglomerado de pruebas de cargo que tornan inverosímil la versión ensayada por el encartado.
3. Del principio de amplitud probatoria (Ley N° 26.485) y la sana crítica racional:
Sobre el particular, la defensa critica la aplicación de las directrices de la Ley de Protección Integral a las Mujeres (Ley N° 26.485) señalando que la amplitud probatoria no autoriza a forzar la imputación en base a presunciones débiles ni a prescindir de la sana crítica racional. Al respecto, cabe formular una precisión fundamental de carácter convencional y constitucional.
El juzgar con perspectiva de género es una metodología de aplicación obligatoria para los operadores judiciales que deriva de los compromisos internacionales asumidos por el Estado Argentino al suscribir la Convención de Belém do Pará y la CEDAW - Art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional (véase apelación nro. 9301/24). Esta perspectiva no implica relajar los estándares probatorios ni conculcar las garantías constitucionales del imputado, sino efectuar un análisis integral y contextualizado de la prueba sin invisibilizar las asimetrías de poder y las desigualdades estructurales entre hombres y mujeres. En delitos que típicamente se ejecutan en ámbitos de estricta intimidad, en ausencia de testigos presenciales y con tendencia al ocultamiento (como la violencia de género y el abuso sexual), el relato de la víctima adquiere una preferente ponderación y un valor convictivo singular. No obstante, este relato de ningún modo ha sido receptado de manera automática o dogmática.
La sana crítica racional –conceptualizada como un sistema de apreciación de los hechos y de las circunstancias fácticas de las figuras delictivas y de los hechos procesales, conforme a las leyes fundamentales de la lógica, de la psicología y de la experiencia social, que el juez debe respetar para asegurar la certeza de sus afirmaciones y la justicia de sus decisiones– exige valorar el relato de la damnificada de forma conjunta, armónica e interrelacionada con el resto del cuadro indiciario reunido en la causa. En la especie, la resolución apelada se apoya en un sólido conglomerado de elementos que dotan de verosimilitud y razonabilidad la acusación, descartando que se trate de un decisorio basado en meras presunciones aisladas o arbitrarias. En particular, el auto se apoya en la declaración de la víctima, R.E.C., y la testimonial de la Lic. M.M.A., quien la habría contenido en el Hospital de G.G. (fs. 05/06 vta. y 72/73 vta.); y las pericias psicológicas de la damnificada y el imputado (fs. 97/98 y 99/100 vta.).
4. Del valor convictivo de las pericias psicológicas y la declaración de la Lic. M.A.:
Sobre el tópico, la defensa cuestiona la utilización de las pericias psicológicas de la víctima y del imputado, así como de la declaración testimonial de la psicóloga tratante, Lic. M.A., bajo el pretexto de que la psicología no es una ciencia exacta y que estas probanzas no acreditan de forma directa los hechos materiales.
Frente a ello, se debe recalcar que los informes psicológicos elaborados por el Cuerpo Pericial de Psicólogos del Poder Judicial constituyen instrumentos públicos oficiales emitidos por auxiliares de la justicia cuya imparcialidad y corrección técnica se encuentran legalmente garantizadas. Su valor probatorio ha sido reiteradamente consagrado como un verdadero medio de prueba idóneo en la investigación penal (CSJN - Fallos: 319:103; 327:4827 y 6079).
Ciertamente, el perito psicólogo no declara como testigo presencial de la materialidad del hecho, sino que analiza de forma científica la estructura clínica del testimonio, determinando si el relato cumple con criterios de verosimilitud, coherencia y fiabilidad, y si se advierten indicadores psicotraumáticos o secuelas compatibles con la victimización sexual o la violencia sufrida (Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, sala III;
31/05/2011; TR LALEY AR/JUR/24410/2011).
Asimismo, la pericial practicada al imputado resulta plenamente válida para desentrañar los rasgos de personalidad y los mecanismos defensivos del encartado. Por su parte, el testimonio de la Lic. M.A. en su carácter de psicóloga tratante que asistió terapéuticamente a la denunciante, resulta de fundamental relevancia indiciaria periférica (véase apelación nro. 9390/25). La profesional depuso sobre el cuadro clínico emocional, la sintomatología traumática y la revelación espontánea del abuso efectuada en la intimidad del espacio terapéutico, lo cual dota de indudable coherencia y solidez al relato brindado en sede judicial, complementando perfectamente el plexo cargoso.
5. De la alegada ausencia de pluralidad probatoria y la falta de lesiones físicas:
Que, tampoco asiste razón a la defensa cuando niega la existencia de pluralidad probatoria basándose en que el informe del protocolo de abuso físico-ginecológico descartó la presencia de lesiones físicas observables y que los peritajes de prendas arrojaron resultados que califica como negativos. Jurisprudencialmente se ha establecido que la ausencia de lesiones físicas o genitales en modo alguno invalida o desmiente el relato de abuso de la víctima. Al respecto, se ha dicho: “La inexistencia de lesiones constatables ni siquiera presupone falta de resistencia que, de todos modos, como indican los magistrados de grado, tampoco es necesaria ni exigible para una víctima de violencia sexual.” (Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional; Sala II; 20/10/2022; G.M.,B. c. S.D., J.D. s/ abuso sexual - art. 119 1° párrafo; RDP 2023-1, 188;Cita: TR LALEY AR/JUR/147500/2022).
El mayor porcentaje de los delitos contra la integridad sexual no causa lesiones físicas permanentes o clínicamente observables, por lo que el informe médico-forense que descarta lesiones genitales no desvirtúa la ocurrencia de los hechos, limitándose únicamente a acreditar de manera objetiva el estado corporal periférico al momento del examen.
Así resolvió recientemente este Juez de Recursos en apelación nro. 8557/23.
De igual modo, la inexistencia de perfiles genéticos viables en las prendas secuestradas no obsta al procesamiento, en tanto este se fundamenta en un conglomerado de indicios serios, precisos y concordantes que surgen de las declaraciones de la víctima, las declaraciones de testigos de oídas y la consistencia de las evaluaciones psicológicas, cuya valoración en conjunto supera holgadamente la exigencia de probabilidad positiva requerida para esta etapa provisional.
6. De las hipótesis de animosidad o conflictos relacionales previos:
La defensa insiste en que se omitió investigar hipótesis alternativas de conflicto intenso de pareja, hostilidad posterior o móvil espurio por parte de la denunciante.
Es preciso señalar que la existencia de conflictos severos anteriores o rupturas de pareja tormentosas no constituye un óbice para desacreditar la veracidad del testimonio de la víctima, ni autoriza a presumir de forma lineal que la denuncia responda a un móvil espurio.
Por el contrario, los episodios de violencia doméstica y de género se enmarcan usualmente dentro de vínculos relacionales altamente conflictivos, donde la agresión de índole sexual o física suele ser el detonante o la manifestación extrema de esa dinámica asimétrica de poder.
La mera alegación genérica de animosidad ensayada por la defensa carece de respaldo probatorio objetivo y se presenta como una mera disconformidad con la valoración racional efectuada en la instancia de origen.
7. De la provisoriedad de la calificación legal:
Respecto de la crítica dirigida contra el encuadre típico provisorio (concurso real con amenazas), aduciendo falta de especificidad en la determinación de la frase típica y su idoneidad, cabe recordar que es criterio firme de esta Alzada que la calificación legal no es pasible de revisión en esta instancia, toda vez que los hechos imputados resultan ser de naturaleza netamente 'provisoria' a lo largo del proceso, pudiendo ésta variar, en su caso, al momento del requerimiento de elevación a juicio y asimismo en el juicio propiamente dicho hasta el dictado de la sentencia; ello siempre y cuando no se modifique el hecho imputado en sí, dado que afectaría el principio de congruencia (postura asentada en apelaciones nros. Nº 8013/22, 8370/23, 8190/23 y 9303/24, entre otras).
En todo caso, la delimitación definitiva de la significación jurídica de los sucesos se concretará en la etapa del juicio oral.
Sin perjuicio de ello, de las constancias reunidas surge con claridad que los términos intimidatorios proferidos por el imputado se contextualizan dentro del escenario de violencia doméstica y de género acreditado en autos, adquiriendo una idoneidad típica suficiente para infundir temor real en la damnificada y limitar su autodeterminación.
8. De la legalidad, motivación y proporcionalidad del embargo cautelar:
Finalmente, la defensa objeta la medida cautelar de embargo establecida por considerarla excesiva, arbitraria y de imposible cumplimiento material, afirmando que se fijó de manera dogmática sin considerar la situación de desempleo o magros recursos del encartado.
Este agravio carece de todo sustento legal y jurisprudencial. El art. 499 del CPP establece de manera imperativa y obligatoria que el juez –al momento de dictar el auto de procesamiento- ordenará el embargo de los bienes del imputado. La finalidad legal y naturaleza de la medida de embargo en el proceso penal no es de carácter punitivo anticipado, sino estrictamente cautelar y de garantía. El monto establecido debe ser suficiente para garantizar una eventual pena pecuniaria si la hubiere, la indemnización civil de los daños causados por el ilícito, el pago de las costas procesales, comprensivas de la tasa de justicia, los honorarios profesionales devengados por los letrados de las partes, peritos y los demás gastos que se hubieren originado por la tramitación de la causa.
La jurisprudencia es unánime al consagrar que: “A los fines de establecer el monto del embargo fijado en el auto de procesamiento debe tenerse en cuenta que el mismo está destinado a garantizar el pago de la tasa de justicia y los honorarios profesionales, sin que deba tenerse en cuenta, a los fines de su cuantificación, la situación económica del acusado. ” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Sala IV; 17/09/2009; D.Y., C.F.; La Ley Online; Cita: TR LALEY AR/JUR/44048/2009).
La alegada falta de recursos, insolvencia o desempleo del imputado resulta legalmente irrelevante para modular el quantum de la traba. Asimismo, el monto fijado en la instancia de origen de ningún modo aparece como irrazonable, desproporcionado o antojadizo, habiendo la a quo explicitado detalladamente las pautas y los rubros que pretendía garantizar con el dictado de la medida.
No advirtiéndose una desproporción grosera que habilite la excepcional intervención de esta alzada, la medida cautelar y su quantum deben ser enteramente ratificados.
9. De la reserva del Caso Federal:
Se tiene por formulada la reserva de caso federal planteada por la defensa técnica en su escrito recursivo, para el momento procesal oportuno en que pudieren conculcarse garantías constitucionales directas.
II. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.
III. Comunicaciones: En virtud de la resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz, firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, a la Oficina de Género dependiente del T.S.J., y al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. RECHAZAR el planteo de nulidad parcial articulado por la recurrente, y CONFIRMAR el auto glosado a fs. 121/127 vta. por los motivos expuestos en los considerandos que preceden.
2. TENER PRESENTE la reserva de caso federal formulada por la defensa.
3. REGISTRESE y NOTIFÍQUESE a las partes mediante SNE.
4. Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente a la Oficina de Género dependiente del T.S.J., y al correo electrónico [email protected].
5. Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen.
(PB)
Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez –Juez-, ante la Actuaria firmante, Dra. Adriana I. Geyer, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital.
CONSTE.-
Fin de la sentencia