Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor todo lo expuesto, confirmaremos el auto apelado.
II. Perspectiva de derechos:
Firmado digitalmente por SANCHEZ Nelson Andres DN: SERIALNUMBER=CUIL 20219452781, C=AR, CN=SANCHEZ Nelson Andres Razón: Doy fe de la exactitud e integridad de este documento Fecha: 2026.06.11 09:03:36-03'00' Foxit PDF Reader Versión: 12.0.1 Firmado digitalmente por GEYER Adriana Inés DN: SERIALNUMBER=CUIL 23275532754, C=AR, CN=GEYER TOMO CLX – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.- Adriana Inés Razón: Doy fe de la exactitud e integridad de este documento REGISTRO Nº 10.067 Fecha: 2026.06.11 09:03:51-03'00' Foxit PDF Reader Versión: 12.0.1 FOLIO Nº 187/190 PROT. ELECT. JR101 214I.261 Río Gallegos, 11 de junio de 2026.
La presente causa caratulada: “B.W.E.A. S/ AMENAZAS -V.G.-” Expte. Nº B-82203, Apelación Nº 10184/26, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 95/100 vta., obra glosado el auto dictado por la Sra. Jueza titular del Juzgado de Instrucción Nº Dos de Río Gallegos, quien en el punto 1) ordenó el procesamiento sin prisión preventiva de W.E.A.B., en orden al delito de “amenazas simples en concurso real con amenazas coactivas” (arts. 55 y 149 bis, primer párrafo, primera parte y segundo párrafo del Código Penal).
Que a fs. 103/104 vta., la defensa técnica apeló dicho auto -motivándolo-; a fs. 116 sostuvo el recurso y, no habiéndose presentado el memorial regulado en el art. 437 del CPP, quedan en consecuencia los presentes autos en condiciones para ser resueltos, y;
Que, en líneas generales, la defensa considera que la resolución recurrida deviene arbitraria, carente de fundamentación suficiente, y dictada con sustento en una valoración fragmentaria del material probatorio reunido. Refiere que el auto transforma un contexto de conflictividad vincular y relacional, en una imputación penal de extrema gravedad.
En dicha línea argumental, advierte que el decisorio aparece sustentado casi exclusivamente en el relato de la denunciante y en el informe interdisciplinario confeccionado en el ámbito de la Oficina de Violencia Doméstica; el cual asegura, no constituye una pericia de acreditación histórica de los hechos, ni una validación objetiva de la materialidad de las amenazas atribuidas. Dice que surge del propio informe la existencia de una dinámica relacional compleja, signada por separaciones, reconciliaciones, convivencia intermitente, conflictos emocionales y episodios de alta intensidad vincular, extremos que, si bien pueden justificar abordajes preventivos o cautelares en materia de violencia familiar, no sustituyen el estándar de análisis exigido en sede penal para concluir, con el grado de probabilidad requerido por nuestro ordenamiento jurídico, que su defendido cometió los delitos imputados.
Destaca que el resolutorio no efectúa un examen integral del informe de la OVD, y cuestiona que se hubiera receptado linealmente la versión incriminante.
Siempre referido a la prueba, critica que en autos no existan pericias psicológicas complementarias, ni análisis técnicos de dispositivos. También refiere que no se secuestraron armas, no existe constatación material sobre supuestos explosivos, no obran registros audiovisuales, ni testimonios independientes de entidad suficiente que corroboren de manera objetiva la plataforma fáctica imputada.
En particular, respecto del delito de amenazas simples, lo agravia que la resolución no individualice adecuadamente cuáles serían las expresiones concretas que revisten aptitud típica suficiente; en qué circunstancias exactas fueron pronunciadas; cuál habría sido el contexto específico de emisión; de qué manera dichas manifestaciones superarían el umbral de meras expresiones impulsivas, airadas, o emocionalmente exacerbadas propias de un conflicto interpersonal intenso.
Entiende que la configuración de una amenaza exige una exteriorización seria, concreta, inequívoca y objetivamente idónea para generar temor en la víctima acerca de la producción de un mal injusto y determinado, lo cual no aparecería debidamente desarrollado en el auto recurrido.
Contrario a ello, el apelante advierte una valoración aislada y fragmentaria de frases atribuidas al imputado, extraídas de un contexto de discusión de pareja, sin un adecuado examen de temporalidad, persistencia, contexto emocional, mecanismos de corroboración, ni actos objetivos posteriores compatibles con una verdadera voluntad intimidatoria. A su juicio, la insuficiencia argumental se profundiza aún más respecto de la imputación por amenazas coactivas, pues –según dicemás que una intimidación, el tipo penal exige una finalidad específica consistente en obligar a otro a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad. Advierte que el procesamiento no logra precisar cuál habría sido concretamente la conducta exigida a la denunciante, de qué modo la supuesta intimidación se dirigía funcionalmente a imponer dicha conducta ni cuál sería el nexo concreto entre amenaza y compulsión.
Asevera que se requiere una estructura intimidatoria orientada inequívocamente a doblegar la voluntad ajena, extremo que –a criterio de la defensa- no surge acreditado en autos, con el grado de probabilidad requerido para dictar un procesamiento.
En referencia a la prueba valorada, resalta que el informe de la OVD al que alude la resolución, posee una finalidad preventiva y asistencial, orientada a la evaluación de riesgo y adopción de medidas de protección, más no a la determinación penal de autoría ni a la acreditación histórica de hechos delictivos. Al respecto, critica que se utilizara los antecedentes de denuncias previas o intervenciones anteriores de OVD para corroborar los hechos investigados.
Por último, aduce que la resolución recurrida carece de fundamentación suficiente y, a su criterio, se habría efectuado una valoración parcial e incompleta de la prueba reunida. Entiende que no se cuenta en autos con elementos de convicción que hagan presumir la precariedad exigida en esta etapa del proceso, lo cual, creando un estado de duda que impide extender la responsabilidad de su asistido, debiendo prevalecer su estado de inocencia, por lo que pide se revoque el auto apelado y se disponga el sobreseimiento de su asistido o, en su caso, se dicte la falta de mérito.
Quedan así planteadas las cuestiones a resolver.
I. Que, analizados los agravios expresados, adelantamos, serán desestimados.
Ello así, por cuanto –aun cuando no favorezca a los intereses de la defensa-, la resolución recurrida no se presenta arbitraria, dado que –tras el análisis de la prueba reunida- la jueza expuso razones serias que justifican el dictado del procesamiento del imputado. Se ha dicho que la doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto corregir sentencias equivocadas o que la parte estime tales según su criterio divergente, sino que atiende sólo a supuestos en los que se verifica un apartamiento palmario de la solución propuesta por la ley o una absoluta carencia de fundamentación (Fallos: 293:344; 274:462; 308:914; 313:62; 315:575).
En nuestro caso, es evidente que los planteos defensivos resultan meros juicios discrepantes, pues el pronunciamiento se encuentra motivado.
Es que, sucintamente, pero con solidez, la magistrada consideró acreditada la materialidad y presunta autoría de los ilícitos atribuidos, en virtud de los dichos de la víctima, reforzados con el informe de la Oficina de Violencia Doméstica, y las actuaciones policiales labradas en virtud de un hecho insólito, en el cual el imputado se habría atrincherado en las oficinas de una inmobiliaria de su propiedad, y –portando combustible envasado-, amenazaba con hacerse daño, poniendo también en riesgo a la víctima y los vecinos del lugar.
Así, la damnificada declaró que durante todo ese día el imputado la habría estado acosando para que retomen su relación (matrimonio), siguiéndola mientras efectuaba sus actividades, y abrumándola con expresiones tales como: “no te quiero ver con nadie”, “te voy a buscar y te voy a encontrar en todos lados, donde vayas”. Es evidente que la conducta encuadra en uno de los tipos de violencia contra la mujer, previsto en los arts. 4 y 5, inc. 2º) de la Ley de protección integral a las mujeres (26.485) que, en lo pertinente, establece: “Artículo 5º - Tipos. Quedan especialmente comprendidos en la definición del artículo precedente, los siguientes tipos de violencia contra la mujer… 2.- Psicológica: La que causa daño emocional y disminución de la autoestima o perjudica y perturba el pleno desarrollo personal o que busca degradar o controlar sus acciones, comportamientos, creencias y decisiones, mediante amenaza, acoso, hostigamiento, restricción, humillación, deshonra, descrédito, manipulación aislamiento. Incluye también la culpabilización, vigilancia constante, exigencia de obediencia sumisión, coerción verbal, persecución, insulto, indiferencia, abandono, celos excesivos, chantaje, ridiculización, explotación y limitación del derecho de circulación o cualquier otro medio que cause perjuicio a su salud psicológica y a la autodeterminación.”.
Nótese que el precepto prevé conductas concretas, v.gr.:
controlar sus acciones, mediante amenaza; acoso; hostigamiento; vigilancia constante; exigencia de obediencia, sumisión; coerción verbal y persecución.
Que, todo ello habría ocurrido en nuestro caso, pues la damnificada lo puso en palabras en la sede de la preventora, y en la OVD. Asimismo, el informe policial de fs. 07/07 vta., viene a apuntalar los dichos de la pretensa víctima en cuanto al hostigamiento e intento de amedrentamiento, pues téngase presente que el incuso habría amenazado con incendiar el lugar, y la Oficial de Policía G.D., señaló que allí, se procedió al secuestro de dos envases plásticos que contenían combustible, lo cual se encuentra corroborado con el acta de inspección ocular que refiere el hallazgo dentro del local de dos (02) bidones de plástico de los cuales emanaba “olor a combustible”, que fueron reservados en secretaría (fs. 18 y 23).
Es relevante señalar que el informe de laboratorio confirmó que se trataba de nafta (fs. 42/42 vta.).
Así las cosas, debemos rechazar el agravio relativo a que el auto de procesamiento no estuviera fundado, así como el planteo referido al supuesto análisis fragmentado de la prueba, pues su valoración, a la luz de la sana crítica racional, en el marco de los compromisos internacionales asumidos por nuestro país, legislación interna (ley 26485 y 27372), y jurisprudencia imperante sobre la materia, resulta inobjetable. En este sentido, y teniendo en cuenta el embrionario estadio que transita la causa, debe considerarse probable que el imputado pudiera haber amenazado a la víctima tal como ésta declaró, pues en su relato dijo haberse sentido intimidada frente a las expresiones del incuso, quien prometía seguirla a todos lados, más aun, cuando dijo que luego habría amenazado con incendiar el lugar, y que tuvo que aceptar tomar un café con él, para que depusiera su actitud (fs. 02). Resulta claro que su accionar, estaba dirigido a doblegar la voluntad de la denunciante. A mayor abundamiento, el epílogo de los hechos tomó carácter público, y debieron asistir al lugar fuerzas especiales de la policía y personal de bomberos.
Por dar un ejemplo, recientemente, en un caso de similares características, en un contexto de violencia familiar y de género, donde se amenazaba con prender fuego un auto y a las propias víctimas, se confirmó la condena del imputado por amenazas coactivas. Allí, se dijo: “El imputado debe ser condenado por el delito de amenazas coactivas, dado que los términos que transmitió la damnificada en las llamadas al 911, la inmediatez con la que formuló la denuncia, el temor que reveló durante las comunicaciones y la circunstancia de que en el primer llamado refirió que su ex marido vociferaba que quemaría a su actual pareja y su auto si lo denunciaban, mientras que en el siguiente explicó que éste había tenido que irse debido a dichas amenazas, respaldan la entidad de la conducta reprochada y que ésta se encaminó a que los damnificados hicieran algo contra su voluntad.” (Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional; Sala I; 14/08/2024; Juzgado Penal Contravencional y de Faltas N° 2 C-15944/2020, y otro c. M., L. F. s/ coacción (art. 149 bis); RDP 2024-11, 191; TR LALEY AR/JUR/109262/2024).
Por su parte, no podrá prosperar la crítica relativa a la prueba que no se habría producido, pues recordemos que la evaluación tanto de la pertinencia de las medidas probatorias a adoptar en el expediente, como del momento y la oportunidad en la que corresponde su adopción, son cuestiones que pertenecen al ámbito de la esfera de discrecionalidad del magistrado instructor y, en nuestro caso, la defensa no requirió la producción de ninguna prueba.
Finalmente, no obtendrá favorable acogida el planteo relativo a que el informe de la OVD no pudiera ser utilizado como indicio de los hechos pues, en casos como el que nos ocupa, tratándose de un hecho de suma gravedad y violencia contra la mujer, debe siempre considerarse el contexto y la persistencia del relato de la víctima.
A fin de respaldar este criterio, viene al caso citar un fallo del Máximo Tribunal de Tucumán del corriente año que, en torno a la importancia del informe de la OVD en un caso de amenazas, señaló: “… la valoración del testimonio de la víctima en un contexto de violencia de género se considera prueba válida y suficiente si presenta coherencia, persistencia y verosimilitud, lo cual se verificó en este caso. El testimonio fue consistente y detallado, apoyado por informes de riesgo de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) que, aunque no se refieren directamente al hecho juzgado, constituyen elementos de contexto válidos para comprender la amenaza y la situación de la víctima…” (nuestro resaltado), (Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Tucumán; 07/04/2026; G.M.R. s/ lesiones agravadas. Art. 92, amenazas; La Ley Online; Cita: TR LALEY AR/JUR/28670/2026).
Por todo lo expuesto, confirmaremos el auto apelado.
II. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.
III. Comunicaciones: En virtud de la resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz, firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, a la Oficina de Género dependiente del T.S.J., y al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto glosado a fs. 95/100 vta., por los motivos expuestos en los considerandos que preceden.
2. REGISTRESE y NOTIFÍQUESE a las partes mediante SNE.
3. Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente a la Oficina de Género dependiente del T.S.J., y al correo electrónico [email protected].
4. Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen.
(PB)
Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez –Juez-, ante la Actuaria firmante, Dra. Adriana I. Geyer, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. CONSTE.-
Fin de la sentencia