Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa 35.660-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la Resolución (AD ROSA) n° 85/15, recaída en el expediente SIGEA n° 12552-98-2009.
2Costas a la actora.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-109729766-APN-VOCXVII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 2 de Octubre de 2025 DE ADUANAS s/ recurso de apelación".-
En Buenos Aires, reunidos los Vocales miembros de la Sala “F” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Christian M. González Palazzo y Pablo A. Garbarino, para dictar sentencia en los autos caratulados “BAAMONDE VICTOR SEBASTIAN c/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS s/ recurso de apelación”, expte. nº 35.660-A, El Dr. González Palazzo dijo:
I. A fs. 30/38 vta., se presenta el Sr. Victor S. BAAMONDE e interpone recurso de apelación contra la Resolución (AD ROSA) n° 85/15, recaída en el SIGEA n° 12552-98-2009, que lo condenó al comiso de la mercadería en trato, por la presunta comisión de la infracción tipificada en el inciso a), art. 965, del C.A. Plantea la nulidad de la resolución apelada por falta de causa en los términos del inc b) del art. 14 de la Ley de Procedimiento Administrativo. Expresa que el vehículo al momento del dictado de la resolución se encontraba nacionalizado de manera legal y debidamente registrado ante el Registro Nacional de la Propiedad Automotor de Rosario. Interpreta que ha habido un error inexcusable de la Administración al afirmar que egresó del país inmediatamente después del libramiento del automotor y que volvió antes del dictado de la fecha de la resolución apelada, cuando ello no fue así. Manifiesta que se encuentra residiendo en el país y que se puede acreditar esto con sus prolongadas estadías durante los años 2009 y 2010. Sostiene que la prueba denegada en sede administrativa tiene estrecha vinculación con la causa siendo tal rechazo un acto arbitrario y abusivo de la jurisdicción. Realiza consideraciones en cuanto al domicilio real. Ofrece prueba, hace reserva del Caso Federal y solicita se revoque la resolución apelada, con costas.
II. A fs. 51/54, la representación fiscal contesta el traslado que le fuera oportunamente conferido. Niega todas y cada una de las afirmaciones y hechos manifestados por la actora que no sean objeto de un expreso reconocimiento de su parte. Efectúa un relato de los hechos y contesta los agravios de la actora. Realiza consideraciones respecto de la infracción tipificada en el inc a), del art. 965 del C.A. Refiere a la Resolución ANA n° 1568/92. Ofrece como prueba las actuaciones administrativas que acompaña, hace reserva del Caso Federal y solicita se confirme la resolución apelada, con costas.
III. A fs. 58/58 vta., se abre la causa a prueba. A fs. 65, se da por decaído el derecho de la actora a producir la prueba ordenada. A fs. 67, se clausura el período probatorio. A fs.70 se elevan los autos a la Sala “F” y quedan en estado de dictar sentencia.
IV. De las actuaciones administrativas SIGEA n° 12552-98-2009 se inicia, a fs. 1, con la solicitud de retiro de automotores, motociclos y velocípedos usados. A fs. 26, obra el informe n° 3018/09 de la Sección “V”. A fs. 29/30, luce la Disposición n° 288/06. A fs. 46/47, consta la Nota n° 402/10 de la Sección Análisis y Selección. A fs. 48, obra el Acta de Denuncia n° 47/10. A fs. 52/53, se dispone de la instrucción de sumario y se corre vista de todo lo actuado a la recurrente. A fs. 64, se notifica al Sr. Victor S. BAAMONDE (29/3/12). A fs. 66/70, contesta vista la actora. A fs. 100/102, obra el Dictamen n° 369/12. Finalmente, a fs. 103/107, se dicta la Resolución (AD ROSA) n° 85/15, aquí apelada.
V. En primer lugar, la actora solicita se declare la nulidad de la resolución apelada por falta de causa, haciendo alusión al inc a), del art. 14 de la Ley 19.549 (LPA).
Al respecto, señala las faltas de circunstancias, antecedentes de hecho y de derecho que justifican el dictado del acto administrativo.
Sin embargo, la resolución cuestionada es consecuencia de un procedimiento en el cual han intervenido las áreas correspondientes y competentes y se sustenta en hechos que le sirven de causa, con la normativa aplicable al caso.
Particularmente, el supuesto incumplimiento que condicionó la importación para consumo en términos del inc a) del art. 965 del C.A.
Por lo tanto, no se colige en la especie, que el acto administrativo cuya nulidad absoluta e insanable se plantea haya sido emitido sin causa alguna. Por el contrario, la Aduana expresa sus razones, las cuales - independientemente de ser compartidas o no- dan sustento suficiente para considerar al acto válido en cuanto a sus formas y requisitos esenciales según lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo (Ley 19.549).
En suma, considero que no se constata en el sumario, error o vicio alguno, que causaren a la agraviada indefensión o gravamen que no pueda ser subsanado en esta instancia, por lo cual, atento a la posibilidad de la recurrente, en esta instancia de ofrecer y producir prueba con toda amplitud y exponer todos los argumentos que estimen convenientes, sin restricción alguna, las posibles nulidades se tornan relativas y subsanables.
Por ello, corresponde rechazar el pedido de nulidad efectuado.
VI. Que corresponde analizar si se ajusta a derecho la resolución apelada, que condenó a la actora por la presunta comisión de la infracción tipificada en el inciso a), artículo 965, del Código Aduanero, por haber incumplido lo establecido en la Resolución ANA n° 1568/92.
De las actuaciones administrativas surge que la recurrente mediante la declaración de Solicitud de Retiro de Automotores, Motocicletas y Velocípedos Usados, ingresó al territorio aduanero un camión marca Scania, Modelo 143HA 4X2A, chasis n° VLURH4X2A09012957, que autorizaba la permanencia del vehículo desde el 2/6/09 hasta 31/8/09.
En fecha 21/6/09, a través de la Disposición n° 288/06, la Aduana de Rosario dispuso la “autorización de importación y nacionalización” del vehículo en cuestión, estableciendo -en los arts. 5 y 6-, que el automotor debía registrarse ante la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad y Créditos Prendarios y que durante el período de un año (1) el propietario debía comunicar cualquier cambio de domicilio dentro de los días de producido el mismo al servicio aduanero.
Sobre lo manifestado, la Sección Análisis y Selección por medio de la Nota n° 402/10 comunicó que hasta a la fecha (31/5/10) el vehículo no se encontraba registrado en el Registro de la Propiedad automotor y Crédito Prendario, además de que, de la base de datos del Registro de Migraciones se detectaba que la actora había ingresado a la Argentina en fecha 9/5/09 y volvió a salir rumbo a España (mismo país de donde procedía) el día 13/08/09, no ingresando hasta el momento. Asimismo, informó que en fecha 29/6/09 solicitó ante la AFIP/DGI la baja en el Impuesto a las Ganancias, IVA y aportes de la Seguridad Social.
Por tal razón la Aduana consideró que la recurrente había transgredido las condiciones establecidas en la Resolución ANA n° 1568/92 toda vez que no había ingresado al país para residir de forma definitiva. Por consiguiente, se dispuso la apertura de sumario por la infracción prevista y penada en el inc a), del art. 965 del C.A., infracción por la que finalmente se la condenó.
VII. Que a los efectos de examinar la calificación infraccional endilgada, devine imprescindible efectuar un relato de las normas involucradas en la causa.
El inciso a), artículo 965, del C.A. establece que “El que no cumpliere con la obligación que hubiera condicionado el otorgamiento de: a) una excepción a una prohibición a la importación para consumo o a la exportación para consumo, será sancionado con el comiso de la mercadería en infracción”.
En concordancia a la prohibición antedicha, el Anexo III "A" de la Resolución de la ex ANA n° 1568/92 autoriza la importación de automotores usados, sujetos al pago de tributos, entre otros supuestos, en el caso de “Automotores de propiedad de ciudadanos argentinos con una residencia en el exterior no menor a un (1) año que retornen para residir definitivamente en el país” –inc a), punto 2-. El punto 8, del instrumento citado, señala que “Los automotores, motociclos y velocípedos importados en las condiciones establecidas en los apartados a), b), c) y e) del Punto 2 y en los Apartados a), b) y c) del Punto 4 precedentes, quedan sujetos al régimen de comprobación de destino y al pago de la tasa correspondiente.”.
De la lectura del articulado citado puede evidenciarse que la residencia definitiva forma parte de una de las condiciones establecidas en el régimen para que proceda su otorgamiento. Asimismo, tal requisito –así también los demás- se encuentran sujetos a la comprobación de destino a los efectos de verificar que efectivamente se cumplan con los propósitos que tuvo en miras su autorización, impidiendo que los mismos sean desviados.
VIII. Que puede corroborarse de los documentos obrantes en la causa que la recurrente ingresa y egresa al país en las siguientes fechas relevantes para el período en el que debió acreditar su residencia permanente, del 9/5/09 al 13/8/09 (3 meses y 4 días) y del 17/910 al 13/11/10 (1 mes y 25 días) permaneció en el país. Contrariamente, del 13/8/09 al 17/9/10 (1 año y 1 mes) y 13/11/10 al 14/4/12 (1 año y 5 meses) la recurrente permaneció en el extranjero.
Además, a fs. 56 y 57 de las actuaciones administrativas, nótese que desde julio del 2009, el contribuyente se encontraba en “BAJA DEFINITVA” del Impuesto a las Ganancias, IVA y aportes de la social. En este contexto, obsérvese la inscripción tardía del vehículo en el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor, inscribiéndose al año posterior (22/9/10) del dictado de la Disposición que le requería tal obligación.
De lo dicho se infiere que, claramente la apelante tenía una residencia de carácter temporaria en la Argentina, en contraposición con lo requerido por la normativa precitada que exige residir definitivamente en el país.
En consecuencia, es por demás evidente que la recurrente no ha dado cabal cumplimiento con lo normado, por lo que corresponde tener por configurada la infracción endilgada y confirmar la resolución apelada en autos.
IX. En cuanto a las costas del proceso, no advierto motivos para apartarme del principio general de la derrota, motivo por el cual las mismas deben ser soportadas por la actora vencida (conf. Art. 1163 del C.A.).
Por lo expuesto, VOTO POR:
1. Confirmar la Resolución (AD ROSA) n° 85/15, recaída en el expediente SIGEA n° 12552-98-2009.
2. Costas a la actora.
Así lo voto.-
El Dr. Garbarino dijo:
Adhiero, en lo sustancial, al voto del Vocal Preopinante. ASÍ LO VOTO.-
Que, en virtud de los votos que anteceden, SE RESUELVE:
1. Confirmar la Resolución (AD ROSA) n° 85/15, recaída en el expediente SIGEA n° 12552-98-2009.
2. Costas a la actora.
Regístrese y notifíquese.
Suscriben la presente los Dres. Christian M. González Palazzo y Pablo A. Garbarino por encontrarse vacante la Vocalía de la 18° Nominación (art. 1162 del CA).
Date: 2025.09.29 23:04:33 ART Date: 2025.10.02 13:41:11 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Adrian Garbarino Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Vocal Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2025.10.02 13:41:38 -03:00
Fin de la sentencia