Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa B-2643/25-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por BACS S.A., en PE1729353-2025, RCA00000224.pdf y en consecuencia, revocar la resolución dictada por el Juzgado de Primera Instancia Nº Dos en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de esta ciudad¸ en carácter de Alzada, obrante en PE1766617-2025.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: B-2643/25-TSJ Interlocutorio N°: 3893 Actor: BACS S.A. EN AUTOS: 'ACTA DE DOCUMENTACIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE A LA RAZÓN SOCIAL BACS S.A.' Demandada:
Objeto: RECURSO DE QUEJA POR APELACIÓN DENEGADA Fecha: 05-09-2025 Texto: TOMO XXXVII -INTERLOCUTORIO- T.S.J.-
REGISTRO Nº 3893 FOLIO Nº 7203/7206 PROT. ELECT. TSS1 044 I.251
Río Gallegos, 5 de septiembre de 2025.-
Los presentes autos caratulados: “BACS S.A. EN AUTOS: 'ACTA DE DOCUMENTACIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE A LA RAZÓN SOCIAL BACS S.A.' s/ RECURSO DE QUEJA POR APELACIÓN DENEGADA, Expte. Nº B-22.407/23 (B-2643/25-TSJ), venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que llegan los presentes autos a tratamiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso de casación articulado por BACS S.A., por intermedio de su letrado apoderado, Dr. Mario R. Paradelo con el patrocinio letrado del Dr. Alejandro Ángel García (cfr. PE1729353-2025, RCA00000224.pdf), contra la resolución dictada por el Juzgado de Primera Instancia Nº Dos en los Civil, Comercial, Laboral y de Minería de esta ciudad en su carácter de Alzada, en cuanto rechazó el planteo de inconstitucionalidad del artículo 66 de la Ley Nº 2450 y el recurso de queja por apelación denegada interpuesto contra la Resolución Nº 597/MTEySS/2023 (cfr. PE1709944-2025).- Para así resolver, el Sr. Juez de Grado entendió que la recurrente no dio cumplimiento con el pago previo de la multa y tampoco ha invocado ni probado su imposibilidad de pago, limitándose a efectuar alegaciones dogmáticas relativas a la privación de acceso a la justicia y la vulneración del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva, sin efectuar una relación al caso concreto, sin fundamentación y, en definitiva, sin que ello haya sido acreditado en el expediente (cfr. PE cit., pág. 8).-
II. Contra esta decisión, la recurrente interpone recurso de casación sustentándolo en la violación o quebrantamiento de la ley, del artículo 17 de la Constitución Nacional y del principio de congruencia del art. 164 del CPCyC; en la incorrecta interpretación al caso de la normativa y doctrina en materia civil y en la violación de la doctrina legal y arbitrariedad (cfr. PE1729353-2025, RCA00000224.pdf, pág. 3).- Funda su recurso tachando de inválido el fallo: “…por haber incurrido en arbitrariedad y absurdo en la apreciación de los hechos y en violación y errónea interpretación de distintas normas legales citadas ut supra, así como en la violación de la doctrina legal...” (cfr. PE y pdf. cits., pág. 4).-
Añade que la sentencia recurrida: “…desnuda la existencia de posturas disímiles en el ámbito jurisprudencial respecto del instituto del solve et repete, a punto tal que el A quo reconoce que modifica su criterio en la materia a partir de los fallos dictados por el Tribunal Superior de Justicia […] Sin embargo, esa doctrina legal corresponde a una mirada de parte del Poder Judicial en este caso provincial, que no corresponde con las decisiones adoptadas en otras provincias e incluso en el ámbito nacional.” (cfr. PE y pdf. cits. pág.5).- Afirma que: “El A quo condiciona el estudio de constitucionalidad a la existencia y demostración de un severo ataque económico en cuanto a la cuantía de la multa o lo que se pretende como pago previo. Es decir debe existir un peligro cierto de quiebre económico de la persona para que pueda existir la posibilidad de una revisión judicial respecto de la constitucionalidad de la exigencia del pago previo.” (cfr. PE, pdf. y pág. cits.).- Agrega que: “…mi representado no comparte este vuelco en la postura del Magistrado, pero no por una cuestión de un mero descontento con lo que se dice respecto de la postura insinuada, sino concretamente porque dicho camino jurídico no respeta los principios constitucionales y los pronunciamientos masivos a nivel nacional. Se trata de una mirada subjetiva y parcial, frente a la cual mi representado no está sometido a conformarse y debe imperar el principio de revisión de las decisiones.” (cfr. PE y pdf. cits., pág. 6).- Solicita que: “…se revise lo actuado y se declare la inconstitucionalidad de lo previsto en el Art. 66 de la Ley Provincial 2450, la que ataca y atenta contra principios de índole constitucional, los que afectan a mi representado privándolo del acceso a la justicia, mediante la obligación de pago previo de las multas dispuesta por el Sr. Ministro.” (cfr. PE, pdf. y pág. cits..).-
Insiste en que: “…el requisito de pago previo…altera los valores constitucionales, privando al justiciable del acceso a la justicia, o limitándolo solo para los casos en los que cuente con el capital para pagar la multa que le sea impuesta.” (cfr. PE, pdf. y pág. cits.).-
Enfatiza que: “Estos requisitos de pago previo, no solo se traducen en una contradicción con la Constitución Provincial, sino que también atacan y afectan a los derechos y garantías previstos por la Constitución Nacional y Tratados Internacionales…” (cfr. PE y pdf. cits., pág. 7).-
Seguidamente transcribe la normativa cuya validez ordenaría el pago previo de la multa, y concluye que: “En la norma analizada, se advierte una decidida voluntad recaudatoria evidenciada por el legislador provincial, atacando y vulnerando normas de la constitución provincial y de la Constitución Nacional.” (cfr. PE y pdf. cits. pág. 8).-
Cita fallos de la Provincia de Buenos Aires (cfr. PE y pdf. cits., pág. 8).-
Asegura que: “…las normas que imponen el previo pago de una multa como condición para la interposición de un recurso ante sede judicial, se encontrarían derogadas desde que nuestro país ratificó el 'Pacto de San José de Costa Rica' por la Ley 23.054, el cual ha adquirido jerarquía constitucional…” (cfr. PE y pdf. cits., pág. 10).-
Sostiene que: “La Ley provincial confiere un plazo de apelación de tres (3) días, en el cual mi representado debió desviar fondos con asignación específica, en el caso para el pago de salarios por la fecha del mes, para realizar el depósito.” (cfr. PE y pdf. cits. pág. 11).-
Considera que: “En las condiciones actuales de la Argentina, donde los procesos se extienden por años y donde no hay mecanismos para paliar la inflación, resulta un total despropósito obligar a los administrados al pago anticipado de una multa que no ha quedado ni firme ni consentida, pues coloca a los recurrentes en una situación de franca desigualdad y en un estado de indefensión, al invertir las reglas habituales del proceso y condicionar la admisión de sus recursos a que previamente hayan satisfecho el pago de las multas. Ello es discriminatorio y contrario a los preceptos constitucionales correctamente interpretados.” (cfr. PE y pdf. cits., pág. 12).- Cita Jurisprudencia.-
Hace un desarrollo referido al acceso a la Justicia como derecho fundamental y el principio de proporcionalidad (cfr. PE y pdf. cits. págs. 15/18).-
Finalmente solicita se disponga la apertura y concesión del recurso y se case la sentencia en todas sus partes.-
El Juzgado de Primera Instancia en su carácter de Alzada declara formalmente admisible el recurso de casación interpuesto en PE1766617-2025.-
Pasan los presentes al Acuerdo (cfr. PE1088559-2025).-
III. Sentado ello se debe, en esta etapa, efectuar el examen preliminar que establece el artículo 7º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Pará-grafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- a efectos de verificar si se encuentran reunidos los extremos formales que habilitan la admisibilidad del recurso intentado.-
Para realizar esta faena no debe perderse de vista que -tal como lo ha sostenido reiteradamente este Alto Cuerpo- la casación es un sendero extraordinario que no constituye una tercera instancia común, lo que conduce a discernir que para que este Tribunal Superior pueda entrar a revisar el mérito del recurso interpuesto, deben reunirse determinados presupuestos cuya carencia conlleva a la inaceptabilidad del planteo casatorio.- Para que esta vía tenga andamiento resulta imperativo que la recurrente despliegue una técnica impugnativa adecuada, de modo que el escrito portador de su recurso formule una crítica concreta, directa y eficaz de las motivaciones esenciales del pronunciamiento jurisdiccional, sin que reúna tal condición aquélla que deja incólume la decisión por falta de cuestionamiento de los conceptos básicos, determinaciones o fundamentos sobre los que se asienta.- A la luz de estas premisas, resulta dable anticipar que la pieza recursiva obrante en PE1729353-2025, RCA00000224.pdf no satisface mínimamente los recaudos reseñados, lo que conduce indefectiblemente a declarar su inadmisibilidad.-
IV. En primer lugar se advierte que, al precisar los motivos de la impugnación, la recurrente ha querido abarcar casi todas las vías impugnativas previstas en las normas que rigen la casación, empero, ha omitido sustentar en debida forma, sus embestidas contra el fallo de la anterior instancia.-
En resumen, señala que la resolución dictada por el Juzgado de Primera Instancia en su carácter de Alzada, ha violado o quebrantado la ley, el artículo 17 de la Constitución Nacional, el principio de congruencia del art. 164 del CPCyC en la incorrecta interpretación al caso de la normativa y doctrina en materia Civil, y la doctrina legal e incurrido en arbitrariedad (cfr. PE y pdf. cits., pág. 3)
V. En cuanto al pretenso agravio referido a la errónea aplicación de la ley, se observa que la casacionista no ha logrado poner de manifiesto la transgresión que aduce. Conforme surge del escrito recursivo, la impugnante se limita a mencionar la norma que a su entender vulnera la Constitución Provincial sin indicar -aunque sea someramente- de qué manera la misma debería ser aplicada e interpretada de conformidad con las constancias que surgen de la causa.- Ante este panorama es preciso recordar que: “…'Existe 'violación' de ley cuando, frente a una determinada situación de hecho, se prescinde de aplicar la norma que conceptualiza esa situación, eligiéndose otra norma cuyas menciones contemplan un supuesto distinto. La 'errónea aplicación' de ley significa, en cambio, que si bien la norma ha sido correctamente elegida, se le acuerda, por restricción o ampliación, un sentido incompatible con el supuesto de hecho planteado en el proceso' (confr. Palacio, Lino E., Recursos Procesales, Lexis Nº 2508/001696).” (cfr. Interlocutorio, Tomo XX, Reg. 2639, Folio 3967/3970).- Ninguno de los supuestos mencionados han sido suficientemente demostrados por la interesada, pues como se dijo ésta se limita mencionar la norma que, a su entender, infringe la Carta Magna sin dar mayores precisiones al respecto omitiendo suministrar con ello fundamentos que estén referidos directa y concretamente a los conceptos que estructuran la construcción jurídica en que se asienta el decisorio en crisis, por lo que el planteo referido también obsta a la admisibilidad del recurso en cuestión.-
VI. Idéntica suerte adversa debe asignarse a la endeble crítica ensayada por la recurrente según la cual se ha violado la doctrina legal de otras Provincias.-
Ello es así en virtud que la única doctrina legal obligatoria para los Tribunales de la Provincia es la que emana de este Alto Cuerpo (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo XV, Reg. 511, Folio 2860/2871 e Interlocutorio, Tomo XXVIII, Reg. 3349, Folio 5590/5594). Así hemos sostenido que “...es este Tribunal Superior el forjador de la doctrina legal que debe regir en el ámbito provincial, ya que está en juego uno de los objetivos principales de la casación como lo es el deber de uniformar la jurisprudencia a través de sus fallos y en toda la actividad interpretativa del orden jurídico vigente (confr. art. 132 de la Const. Prov.)...” (cfr. Interlocutorios, Tomos XVI, Reg. 2077, Folio 3046/3049 y XXVIII, Reg. 3349, Folio 5590/5594).-
VII. En lo tocante a la arbitrariedad denunciada debemos sostener nuevamente que los fundamentos esgrimidos -en los términos planteados- tampoco resultan suficientes a los fines de la apertura del presente recurso.-
La impugnante no demuestra que la resolución recurrida sea arbitraria, es decir, aquellas que se apartan en forma inequívoca de la solución normativa prevista para el caso o que padezcan de una carencia absoluta de fundamentación, así como también las que se fundan en afirmaciones meramente dogmáticas u omiten pronunciarse sobre cuestiones planteadas por las partes y conducentes para la resolución del caso (cfr. Germán J. Bidart Campos: “Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino”, Tomo II, Buenos Aires, Ediar, 1995, pág. 441) (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo XIX, Reg. 629, Folio 3621/3625).- La casacionista no intenta demostrar el vicio alegado. Su discurrir se dirige a contradecir los argumentos expuestos en la resolución impugnada, partiendo de un punto de vista diferente, que cuestiona el criterio sustentado respecto de la valoración y ponderación de las circunstancias que llevaron al Juzgado de Primera Instancia a decidir en un sentido distinto del pretendido, y desde este particular cuadrante, no refuta todas y cada una de las razones desplegadas en el pronunciamiento objetado, incumpliendo con el requisito formal de adecuada fundamentación.- La decisión que adoptó dicho Juzgado en su carácter de Alzada, no resulta, en principio, revisable ante esta instancia, al haber fundado debidamente su posición, sin encontrarse ésta desprovista de fundamentos, más allá de la discrepancia que pudiera tener la recurrente con la postura asumida por el sentenciante.-
VIII. En cuanto a la alegada violación de principios y garantías que emanan de la Constitución Nacional y de los Convenios Internacionales con jerarquía constitucional, no podemos soslayar que la impugnante sólo se ha limitado a mencionar los artículos que considera violados sin explicar, de qué manera la resolución recurrida produjo esa violación. No basta la mera invocación, sino que se requiere la demostración plausible de la agresión a un derecho que la Carta Magna resguarda para que pueda prosperar un planteo en tal sentido. Este Tribunal, en reiteradas oportunidades, ha puntualizado que: “...la sola mención de normas y principios constitucionales sin hacer referencia de su aplicación concreta en el caso y sin explicar de qué manera se habrían afectado las garantías que ellas tutelan no es base idónea de agravio...” (cfr. Interlocutorio, Tomo XXVI, Reg. 3143, Folio 5153/5156).-
IX. En lo que respecta a la violación del principio de congruencia del art. 164 del CPCyC se observa que la recurrente sólo se ha limitado a mencionar la existencia del vicio, pero ha omitido relacionarlo con los elementos que surgen de la causa para demostrar cómo, en el caso concreto, se ha producido tal violación. Es por ello que, en este punto, tampoco ha cumplido con el recaudo que le impone desarrollar una crítica concreta y razonada del fallo a efectos de demostrar cómo es que se ha producido la incongruencia que se denuncia.- Este Tribunal Superior de Justicia ya ha expresado que: “…en el decisorio atacado, el principio de congruencia -entendido éste último como la coherencia o correspondencia lógica que debe existir entre lo peticionado por las partes y la resolución (confr. Enderle, Guillermo J. 'La congruencia procesal', Buenos Aires, Rubinzal-Culzoni Editores, 2007, pág. 57)-...Sólo agregar que los magistrados intervinientes, han resuelto el litigio sometido a su decisión, en base a las impugnaciones efectuadas por la actora y subsumiendo -como es su deber- el caso en la normativa que consideran apropiada con independencia de la señalada por la parte.” (cfr. Interlocutorio, Tomo XXIV, Reg. 2940, Folio 4704/4708).- Como corolario de lo expuesto, se debe concluir que las críticas de la recurrente no resultan suficientes para ingresar al análisis de las consideraciones expuestas en el pronunciamiento impugnado, en especial frente a la excepcionalidad del remedio que se intenta. Máxime cuando la interpretación sustentada por el Sr. Juez de Grado en carácter de Azada resulta suficientemente motivada, lo que avienta la posibilidad de su descalificación como acto jurisdiccional válido.-
X. Que, en virtud de lo expuesto, el recurso de casación articulado por BACS S.A., en PE1729353-2025, RCA00000224.pdf, no ha logrado habilitar la presente instancia extraordinaria por lo que corresponde declararlo mal concedido, y en consecuencia, revocar la resolución dictada por el Juzgado de Primer Instancia Nº Dos en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de esta ciudad, en carácter de Alzada, obrante en PE1766617-2025., de conformidad con lo establecido en el artículo 7 del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15.-
Por ello, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por BACS S.A., en PE1729353-2025, RCA00000224.pdf y en consecuencia, revocar la resolución dictada por el Juzgado de Primera Instancia Nº Dos en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de esta ciudad¸ en carácter de Alzada, obrante en PE1766617-2025.-
La presente resolución se dicta con la firma de cuatro miembros del Tribunal, por constituir mayoría concordante en la solución del caso, en virtud de encontrarse en uso de licencia la Sra. Vocal Dra. Alicia de los Ángeles Mercau (art. 27, 2º párrafo, Ley 1600 y modificatorias).-
Fdo: Dr. Daniel Mauricio Mariani -Presidente-, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-, Dr. Fernando Miguel Basanta -Vocal-; Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos.-
Protocolización: TSS1044I.251 Tomo: XXXVII Interlocutorio: 3893 Folio N°: 7203/7206 Secretaría: 1
Fin de la sentencia