Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121448
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971/2020, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 121.448, "Soria, Segundo Sergio contra Badany, Gustavo Javier y otro. Despido" con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores de Lázzari, Soria, Kogan, Genoud .
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Mar del Plata admitió parcialmente la demanda promovida, con costas del modo que especificó (v. fs. 265/280 vta.).
Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 288/294).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte decidió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. En lo que interesa, el tribunal de grado desestimó la demanda incoada por Segundo Sergio Soria contra Gustavo Javier Badany en cuanto procuraba el cobro de las indemnizaciones derivadas del despido y las previstas en los arts. 9, 10 y 15 de la ley 24.013; 2 de la ley 25.323 y 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. fs. 265/280 vta.).
Para así decidir, tras tener por acreditado que el actor laboró para el demandado desde el día 1 de julio de 2006, cumpliendo tareas como "medio oficial" (CCT 231/94) en la panadería que aquél explotaba, el juzgador se dispuso a evaluar el modo y fecha en que se produjo la disolución del vínculo laboral habido entre las partes (v. vered., fs. 265/266).
En este sentido, refirió que surgía del intercambio telegráfico que el día 14 de octubre de 2014 el empleador había intimado al trabajador para que se reintegrase a sus tareas y que éste le respondió el día 15 de octubre de 2014 alegando que a esa fecha se encontraba de vacaciones e intimándolo para que le aclarase su situación laboral, registrase debidamente la relación, acreditase el pago de aportes debidos al sistema de la seguridad social, le entregase los recibos de haberes y le abonase diferencias salariales, bajo apercibimiento de considerarse despedido (v. vered., fs. 266).
En ese marco, entendió que el actor no había demostrado que, al momento de la intimación, se encontrara gozando de licencia por vacaciones y que, contrariamente a sus dichos, se corroboraba que el contrato de trabajo se hallaba debidamente registrado, que se le abonaba correctamente el salario y que, según lo informado en la experticia contable (v. fs. 88 vta. y 90), el principal había cumplido con el depósito de los aportes correspondientes al sistema de la seguridad social y emitido los recibos de sueldo pertinentes (v. vered., fs. 266 vta.).
Asimismo, se tuvo por acreditado que el día 17 de octubre de 2014 el demandado le comunicó al accionante la extinción del vínculo ante su incomparecencia al trabajo. Consideró entonces que dicha decisión resultaba justificada, toda vez que el trabajador no se había presentado a retomar tareas pese a la intimación efectuada por su empleador, argumentado razones injustificadas para su inasistencia (v. vered., fs. cit. y sent., fs. 269).
II. La actora dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y violación de los arts. 9, 10, 11, 58, 62, 63, 80 y 244 de la Ley de Contrato de Trabajo y de doctrina legal que cita (v. fs. 288/294).
Alega que en el caso la demandada realizó un "artilugio" que consistió en enviarle el día 14 de octubre de 2014 una intimación para que se reintegre a sus labores, misiva que fue notificada a su parte con fecha 15 de octubre de 2014 y contestada por ella al día siguiente (16 de octubre de 2014), no obstante que el empleador la recibiera el día 20 de octubre de 2014. Refiere entonces que fue sorpresiva la conducta de la accionada al disponer el despido por abandono de tareas el día 17 de octubre de 2014, sin esperar su respuesta durante un plazo prudencial, como -señala- ella misma lo reconociera al contestar la demanda.
Sostiene que el a quo no se expidió sobre la manera en que se configuró el distracto, es decir, acerca del cumplimiento por parte del principal de los plazos legalmente exigidos y la configuración del supuesto de abandono de trabajo, ello, además de que omitió considerar la evidente "mala fe" de la contraria.
Por otro lado, cuestiona que se tuviera por no probado por el actor que se encontraba de vacaciones, cuando la Ley de Contrato de Trabajo dispone que es el empleador quien debe notificar por escrito al dependiente del otorgamiento de las vacaciones, sin perjuicio de las modalidades de cada actividad. Agrega que, si bien la costumbre indica que en la mayoría de los casos dicho otorgamiento se produce en forma verbal, como sucedió en el presente, el juzgador nada dijo sobre las vacaciones del demandante.
Postula que en el caso no se configuraron los presupuestos legalmente establecidos para la procedencia de la extinción del contrato por abandono de trabajo. Aduce que el art. 244 de la Ley de Contrato de Trabajo requiere que se evidencie la intención del trabajador de no reintegrarse a sus labores y que, en el caso, el dependiente no sólo se presentó en el lugar de trabajo buscando respuestas a "decisiones arbitrarias mantenidas en el intercambio telegráfico", sino que además contestó a la intimación de su empleador al día siguiente de haberla recibido, poniendo de manifiesto su voluntad de continuar con el vínculo, sin que -aduce- su respuesta pueda considerarse tardía y carente de efectos jurídicos por el hecho de que el empleador la recibiera el día 20 de octubre de 2014.
Por último, cuestiona que se desestimara la sanción prevista en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, puesto que -refiere- de la fecha de imposición del instrumento agregado a la presente (10 de abril de 2015) y el momento en que se produjo el distracto (17 de octubre de 2014) se advierte que nunca pudo haber estado a disposición de su parte en tiempo y forma, sino que fue confeccionado para ser acompañado a la contestación de demanda.
III. El recurso no ha de prosperar.
III.1. Este Tribunal tiene dicho que tanto la interpretación del intercambio telegráfico y la valoración del material probatorio, así como la evaluación de la conducta de las partes previa a la rescisión del vínculo laboral y la determinación de las circunstancias en que se produjo la extinción del contrato de trabajo, constituyen facultades privativas de los jueces de grado, excluidas -en principio- de la revisión extraordinaria, salvo la demostración de absurdo (causas L. 101.189, "González", sent. de 11-VIII-2010; L. 106.683, "Suárez", sent. de 29-V-2013; L. 117.678, "Falcón", sent. de 17-XII-2014 y L. 119.701, "Parrotta", sent. de 9-VIII-2017; e.o.).
III.2. En el caso, no obstante las consideraciones que podrían formularse sobre el análisis realizado por el tribunal de origen en torno a las circunstancias en que se produjo el despido, la crítica basada en la propia visión del interesado acerca de la interpretación que debió efectuar el a quo sobre lo que fue materia de controversia, resulta insuficiente para obtener la modificación de la decisión de grado.
Ello pues, de su lectura se avizora que el ataque a los fundamentos del pronunciamiento no resulta eficaz para enervar la conclusión esencial del fallo, desde que el compareciente se limita a oponer a las conclusiones sentadas por el a quo su propia apreciación -naturalmente, favorable a sus intereses- sobre los hechos y las pruebas de la causa, ignorando que la mera exhibición de un criterio discrepante, o la crítica basada sólo en razones de preferencia o conveniencia personal (causas L. 113.301, "O., V. A.", sent. de 3-VII-2013 y L. 118.470, "Castro", sent. de 24-VIII-2016; e.o.) distan, en mucho, de constituir una vía idónea para demostrar el absurdo.
En efecto, apoyado en su subjetiva versión respecto al modo en que debió ponderarse el intercambio telegráfico y las circunstancias fácticas de la causa, no logra descalificar el razonamiento seguido por el tribunal de grado, según el cual, valorando las misivas cursadas entre las partes, concluyó que en autos resultaba legítima la cesantía dispuesta por el empleador ante la ausencia injustificada del trabajador.
Pero además, es dable advertir que el recurrente intenta desligarse de los propios términos en que dedujo la demanda, en cuanto del relato efectuado en dicha oportunidad se desprende que, al momento en que el accionante recibió la intimación a retomar sus tareas (14 de octubre de 2014), se encontraba vencida la licencia anual otorgada por su empleador (que el propio actor indicó concedida desde el día 6 de octubre de 2014 hasta el día 12 de octubre de 2014), al tiempo que reconoce que la repuesta cursada a dicha misiva intimatoria (con fecha 15 de octubre de 2014) ingresó a la esfera de conocimiento del principal el día 20 de octubre de 2014, esto es, pasado el plazo de cuarenta y ocho horas que le fuera otorgado para reintegrarse a sus labores (v. demanda, fs. 7 vta./8 vta.).
Luego, la impugnación trasunta su mera disconformidad con la solución dada al caso, postura esta que no autoriza a tener por acreditado el absurdo, ni tampoco puede esta Corte sustituir con su propio criterio al de los jueces de la instancia de mérito (causas L. 91.407, "Flores", sent. de 25-II-2009 y L. 90.267, "Lazarte", sent. de 15-VI-2011; e.o.).
Además, más allá de que la solución adoptada pueda resultar opinable o discutible, lo expuesto por el interesado no alcanza para evidenciar el vicio de absurdo, desde que lo que habilita la revisión casatoria no es cualquier equívoco o disentimiento, sino que es necesario que se configure un desarreglo en la base del pensamiento, una falla palmaria del raciocinio, es decir, un error extremo (causas L. 92.804, "Olivares", sent. de 3-VI-2009; L. 89.665, "Rodríguez Pimienta", sent. de 13-VII-2011; L. 109.927, "Banegas", sent. de 11-III-2015 y L. 119.380, "Servian", sent. de 8-XI-2017), circunstancias que -como se dijo- no demuestra el recurrente.
En definitiva, las argumentaciones traídas en la impugnación transitan por carriles diferentes al razonamiento seguido en el fallo, sin concretar una réplica eficaz para descalificar las conclusiones plasmadas en el decisorio impugnado. Resulta de aplicación -ante ello- la doctrina de esta Corte que tacha de insuficiente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley si las apreciaciones que en él se vierten no van más allá de los disentimientos personales o de la exteriorización de un criterio meramente discrepante con el del juzgador, sin rebatir adecuadamente las esenciales motivaciones del fallo (causas L. 114.397, "Perrota", sent. de 14-X-2015; L. 117.869, "Videla de Maldonado", sent. de 24-II-2016 y L. 119.492, "Geiser", sent. de 29-XI-2017).
Circunscripta entonces la facultad revisora de esta casación al contenido de la sentencia según la concreta impugnación contra ella formulada (causas L. 117.775, "J. Q., F.", sent. de 29-III-2017 y L. 120.120, "Ojeda", sent. de 12-IX-2018), la insuficiencia del recurso interpuesto impide revisar el acierto o no de lo decidido en este tramo de la sentencia.
III.3. En lo que respecta a la objeción planteada en torno al rechazo de la pretensión fundada en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (modif. por el art. 45, ley 25.345), cabe en primer lugar delimitar su ámbito de abordaje.
En este sentido, en línea con lo resuelto por este Tribunal en análogas situaciones (causas L. 86.645, "Barroso", sent. de 21-V-2008; L. 112.590, "Escudero", sent. de 9-IV-2014 y L. 119.351, "Martínez", sent. de 6-IX-2017), corresponde señalar que, tratándose el caso de un supuesto de acumulación objetiva de pretensiones, y puesto que una de ellas, la vinculada al reclamo indemnizatorio mencionado, no alcanza a satisfacer el monto mínimo previsto por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, el intento recursivo contra lo resuelto a su respecto debe ser analizado dentro del marco definido en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
Por consiguiente, en este aspecto, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal vigente a la fecha del pronunciamiento impugnado, hipótesis que se configura cuando la Suprema Corte ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una controversia y el fallo apelado la transgrede en un caso similar (causas L. 116.711, "Borja", sent. de 6-V-2015; L. 119.402, "M., L. E.", sent. de 20-XII-2017 y L. 120.201, "Morris", sent. de 25-IV-2018).
Desde esa perspectiva, no sin dejar de advertir que el planteo propuesto por el impugnante remite al análisis de típicas cuestiones de índole fáctica y probatoria, excluidas del ámbito de la casación por la vía examinada (causa L. 119.555, "Bocca", sent. de 15-VIII-2018; e.o.), lo cierto es que no se comprueba la concurrencia de los extremos de la excepción prevista en la ley adjetiva, ya que el impugnante prescinde denunciar la conculcación de doctrina legal alguna relacionada con el agravio que expone, razón por la que el recurso deviene inadmisible en la parcela examinada (causas L. 117.638, "Malvendes", sent. de 10-VI-2015 y L. 119.427, "De Santo", sent. de 21-II-2018).
He de recordar que la doctrina legal a que se refiere el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial es la que fluye de los pronunciamientos de esta Suprema Corte y no de los fallos de otros tribunales o la doctrina de los autores (causas L. 114.396, "Navarro", sent. de 25-IX-2013; L. 119.683, "Pineda Muñoz", sent. de 14-VI-2017 y L. 119.736, "Yucra", sent. de 21-II-2018).
IV. Por todo lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad traído, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa .
El señor Juez doctor Soria , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votó también por la negativa .
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El recurso no prospera.
I.1. Adhiero al voto del doctor de Lázzari, con excepción de lo expresado en el punto III.3.
I.2. En efecto, he de disentir con el citado colega en cuanto sostiene la falta de concurrencia de los requisitos de admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley respecto de la pretensión vinculada al pago de la indemnización prevista en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, modificada por el art. 45 de la ley 25.345.
Como he hecho referencia, entre otras, en las causas L. 97.982, "Santisteban" (sent. de 30-III-2011) y L. 108.498, "Carabajal" (sent. de 22-V-2013), a fin de examinar la concurrencia de los requisitos de admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (valor del litigio), entendí necesario el análisis de la normativa vigente. En dichas causas, determiné que no resulta pasible de discriminar las distintas pretensiones, sumando por separado los montos que son motivo de agravio, en una acumulación objetiva de pretensiones como la de autos, precedentes a los que remito en honor a la brevedad.
Siendo dicha decisión minoritaria, y puesto que uno de los objetivos del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley es no sólo mantener sino -y especialmente- procurar la unidad en la jurisprudencia, ante la reiteración de los pronunciamientos habidos sobre el tema y a tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827 y modificatorias -dejando siempre a salvo mi opinión al respecto-, acompaño lo decidido por el colega que abre el acuerdo -también- en lo concerniente a este tramo de la queja.
II. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso de inaplicabilidad de ley traído. Con costas (art. 289, CPCC).
Con el alcance indicado, voto por la negativa .
El señor Juez doctor Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votó también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD HILDA KOGAN
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
La Plata, a los 2 días del mes de junio de 2020.
ANALÍA S. DI TOMMASO
Secretaria
Fin de la sentencia