Abriendo la norma
Cámara Civil y Com
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la sentencia apelada. Costas de Alzada a los coejecutados apelantes (art. 68 del CPCC). Difiérese la regulación de honorarios profesionales para su oportunidad (arts. 31 y 51 de la ley 8904)
Expte. N°: JU-5288-2010 BADO GUSTAVO RAMONC/ PAZ, SALAMENDY & CIA.S.A. y otros S/COBRO EJECUTIVO ------------------------------------------------------------------------------ N° Orden: 129 Libro de Sentencia Nº: 53 Folio: Sentencia - Folio:
/NIN, a los 4 días del mes de Septiembre del año dos mil doce, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Junín Doctores JUAN JOSE GUARDIOLA Y RICARDO MANUEL CASTRO DURAN, en causa Nº JU-5288-2010 caratulada: "BADO GUSTAVO RAMONC/ PAZ, SALAMENDY & CIA.S.A. y otros S/COBRO EJECUTIVO", a fin de dictar sentencia, en el siguiente orden de votación, Doctores: Guardiola y Castro Durán.-
La Cámara planteó las siguientes cuestiones:
1a.- ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?
2a.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION, el Sr. Juez Dr. Guardiola dijo:
1. Contra la sentencia de fs. 617/619 que rechazó su planteo de prescripción de la "actio iudicata" dedujeron apelación el heredero de Ebel Omar Amicucci, Sr. Javier Marcelo Amicucci y el codemandado Oscar Pedro Balestrasse.
Critican por medio del memorial de fs. 633/637 el fallo, por el cual el Sr. Juez Dr. Cognigni consideró que en el plazo de diez años desde que quedó firme la sentencia de trance y remate de fs. 68, esto es el comprendido entre el 25/4/1997 al 25/4/2007, se han ejecutado innumerables actos procesales tendientes al impulso del proceso que alcanzan con su efecto interruptivo a todos los deudores en función de lo dispuesto por el art. 713 CCivil.
En apretada síntesis señalan que el no mantenimiento de las cautelares trabadas - embargos e inhibición general de bienes - que caducaron ante la no reinscripción oportuna, hace caer el efecto interruptivo de dichos actos procesales, interpretando por analogía lo dispuesto por el art. 3987 del Código Civil; por lo que al no existir medidas vigentes a los 10 años de quedar firme la sentencia la prescripción es procedente. Aducen también que todas las actuaciones para cobrar el crédito contra el codemandado Franco carecen e virtualidad ante la renuncia a la solidaridad formalizada el 15 de diciembre de 2009 ( fs. 564)
Ejerció su derecho a réplica el apoderado del ejecutante Dr. Faviano a fs. 640/646 resistiendo la impugnación. Llegan así las actuaciones a esta Alzada en condiciones de ser resueltas.
2. El recurso no puede prosperar.
Si bien alguna jurisprudencia (Cámara Apelaciones Civil y Comercial de Concepción del Uruguay "Barrios, Alberto Horacio c. Fernández de Macri, Dora" 25/04/2008 LLLitoral 2008 (setiembre) , 892) adscribe a la interpretación extensiva del art. 3987 CCivil en relación a las medidas cautelares que caducaron, otra que estimo más acorde al criterio que debe regir en la materia ha sostenido que "en materia de prescripción liberatoria debe prevalecer una interpretación amplia y no una exégesis rigurosa o restrictiva sobre el efecto de las medidas cautelares que a pesar de mostrarse prima facie infructuosas o inhábiles para hacer avanzar el proceso hacia el cobro del crédito, denotan o trasuntan la voluntad del acreedor de mantener vivo el derecho, contradiciendo a la presunción de abandono que caracteriza al instituto."(Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala D "Banco del Buen Ayre S.A. c. Del Campo Wilson, Alberto J. y otros" 06/07/2007 La Ley Online AR/JUR/7762/2007)
Debemos recordar que "Las medidas cautelares pedidas por el acreedor son indudablemente interruptivas de la prescripción en cuanto ponen de manifiesto, con la misma energía y veracidad de una demanda, la voluntad del acreedor de mantener vivo su derecho, sin que para atribuir a esos actos conservatorios (mucho más si son ejecutivos) su efecto interruptivo de la prescripción, sea necesario equipararlos a una demanda deformando el concepto procesal... Revisten idoneidad suficiente para interrumpir el curso de prescripción de una sentencia firme, ya que tienden a la efectiva concreción del crédito reclamado por el actor las medidas que ha desarrollado y que se extienden desde pedidos y trabas de embargos de bienes muebles e inmuebles, ampliaciones de estos, liquidación y actualización de la acreencia, medidas preparatorias de subasta, solicitudes de designación de martillero a tal efecto y de remate, etc, tanto más cuando dichas precautorias tuvieron el carácter de ejecutivas . Se debe merituar por demás que basta para interrumpir el acaecimiento del instituto una manifestación de voluntad suficiente que desvirtúe la presunción de abandono del derecho por parte del interesado" (López Mesa Código Civil To. IV p. 977/978;
CC0100 SN 7673 RSD-54-6 S 20-4-2006 JUBAB857430)
Por otro lado, la caducidad de la inscripción de las medidas cautelares "produce automáticamente plenos efectos a partir de su acaecimiento, sin que la decadencia del asiento registral pueda operar en forma retroactiva" (Luis Andorno-Marta Marcolin de Andorno "Ley nacional registral..." p. 662 comentando el art. 37 de la ley 17801). Provoca la extinción del asiento sin retroactividad ( Roca Sastre Derecho Hipotecario III p. 171; Scolarici "Código Procesal Civil.." de Highton-Arean To. 4 comentario al art. 207 p. 216 ) Opera ex nunc y no ex tunc (Garcia Coni "Registración inmobiliaria argentina" p. 109) Entonces, así como los efectos interruptivos cesan con la registración de la medida que los dispone ( Trigo Represas en Código Civil Comentado Rubinzal-Culzoni del que es codirector Tomo Privilegios-Prescripción p. 412 nota 15 "El embargo anotado produjo efectos interruptivos pero, a partir de allí, debe comenzarse a computar el nuevo período. Y, como en el caso, luego acaecieron también actos interruptivos, a partir de esta última fecha deberá considerarse el nuevo período, el cual a tenor de la nueva presentación del oficio, había transcurrido el plazo decenal previsto en el art. 4023 del Código Civil". CC0203 LP 95809 RSD-94-1 S 19-6- 2001 JUBA B353174) su caducidad no borra los alcances de aquel acto.
En este sentido, considero impropio asimilar la caducidad de los embargos o inhibiciones a la extinción de un proceso por caducidad de la instancia, máxime cuando la ejecución de la sentencia pudo seguir por otras vías y como ha quedado dicho su no vigencia no altera la interrupción provocada por el pedido y orden judicial de su traba. Lo contrario es confundir lo registral con lo procesal/judicial.
Por tal razón tienen efectos interruptivos el embargo incripto en el año 2002 y renovado en el año 2007 al igual que la inhibición del año 2006, generando un nuevo lapso útil por diez años más de la actio iudicata desde la fecha del que fuera el último acto, independientemente de que al momento de operarse el vencimiento del plazo computado desde la firmeza de la sentencia tuviesen vigencia registral.
3. Ahora bien, al margen de este fundamento que puede considerarse discutible, existen otras razones que echan por tierra la pretensión liberatoria sobre la que se insiste.
En efecto dejando a un lado que la renuncia a la solidaridad respecto del codemandado fallido Franco no borra los efectos expansivos de los actos interruptivos contra él realizados (arts. 713 y 3994 CCivil) previos a su formulación( el pedido de verificación de un crédito en el concurso o quiebra del deudor interrumpe la prescripción Trigo Represas idem p. 413; Areán en Código Civil Bueres-Highton To.6B p. 679); ninguna duda puede caber que teniendo ese carácter los mandamientos de embargo de fs. 88 y 90, diligenciados el 16 de noviembre de 1997, independientemente de su resultado, el embargo trabado sobre el inmueble de Amicucci el 23/8/2007 (fs. 539vta ) aunque no se trata de un reinscripción, fue cumplido en tiempo útil, generando el cómputo de un nuevo plazo decenal.
Amén de ello, obra a fs. 416/417 constancia de diligenciamiento el 10 de octubre de 2006 de oficio al Banco Central de la República Argentina respecto de una medida cautelar sobre activos bancarios del Sr. Balestrasse.
En suma como bien dijo el Sr. Juez de la instancia anterior han sido numerosos los actos realizados tendientes a la percepción de la acreencia que impiden tener por operada la prescripción de la actio iudicata.
Doy así mi voto POR LA AFIRMATIVA El Señor Juez Dr. Castro Durán, aduciendo análogas razones dio su voto en igual sentido.-
A LA SEGUNDA CUESTION, EL Señor Juez Doctor Guardiola, dijo: Atento el resultado arribado al tratar la cuestión anterior, preceptos legales citados y en cuanto ha sido materia de recurso -artículo 168 de la Constitución Provincial y 272 del CPCC-, Corresponde: CONFIRMAR la sentencia apelada. Costas de Alzada a los coejecutados apelantes (art. 68 del CPCC). Difiérese la regulación de honorarios profesionales para su oportunidad (arts. 31 y 51 de la ley 8904)
ASI LO VOTO.-
El Señor Juez Dr. Castro Durán, aduciendo análogas razones dio su voto en igual sentido.-
Con lo que se dio por finalizado el presente acuerdo que firman los Señores Jueces por ante mí: FDO. DOCTORES JUAN JOSE GUARDIOLA Y RICARDO MANUEL CASTRO DURAN, ANTE MI, MARIA V. ZUZA (Secretaria).-
//NIN, (Bs. As.), 4 de Septiembre de 2012.-
AUTOS Y VISTO:
Por los fundamentos consignados en el acuerdo que antecede, preceptos legales citados y en cuanto ha sido materia de recurso – artículos 168 de la Constitución Provincial y 272 del CPCC-, se
CONFIRMAR la sentencia apelada. Costas de Alzada a los coejecutados apelantes (art. 68 del CPCC). Difiérese la regulación de honorarios profesionales para su oportunidad (arts. 31 y 51 de la ley 8904)
Regístrese, notifíquese y oportunamente remítanse al Juzgado de origen.- FDO. DOCTORES JUAN JOSE GUARDIOLA Y RICARDO MANUEL CASTRO DURAN, ANTE MI, MARIA V. ZUZA (Secretaria).-
Fin de la sentencia