Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
I. Rechazar el recurso de casación interpuesto por la defensa particular de Lázaro Antonio Báez, SIN COSTAS (arts. 530 y ss. del C.P.P.N.).
II. Tener presente la reserva del caso federal.
En la ciudad de Buenos Aires, a los 17 días del mes de diciembre de 2025, se reúne la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal integrada por el doctor Mariano Hernán Borinsky, como Presidente, y los doctores Javier Carbajo y Gustavo M. Hornos, asistidos por la secretaria actuante, a los efectos de resolver los recursos de casación interpuestos en la presente causa CFP 3017/2013/TO2/145/1/CFC100 del registro de esta Sala, caratulada “BÁEZ, Lázaro s/recurso de casación”; de la que RESULTA:
I. Que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal n° 4 de esta ciudad, el 11 de julio del 2025, resolvió, en lo que aquí interesa: “I. CONDENAR a LÁZARO ANTONIO BÁEZ a la pena única de quince (15) años de prisión, multa seis (6) veces el monto de la operación acreditada en la causa N° 3017/2013/To2 y accesorias legales, comprensiva de la de diez (10) años de prisión, multa de seis (6) veces el monto de la operación y accesorias legales impuesta en la causa N° 3017/2013/To2 y de la de seis (6) años de prisión y accesorias legales impuesta en la causa N° 5048/2016/to1 del registro del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2, debiendo regirse las costas por sus respectivos pronunciamientos (art. 58 del CP)”.
II. Esta decisión fue recurrida por la defensa particular de Lázaro Báez, la impugnación fue concedida por el tribunal el 21 de agosto de 2025 y mantenida oportunamente ante esta instancia.
1 REGISTRO Nº: 1472/25.4
III. Luego de discurrir sobre la admisibilidad de su presentación y de relatar los antecedentes del caso, la parte planteó una violación a la garantía del ne bis in idem en la mensuración de la pena, considerando que “la plataforma fáctica por la que Lázaro Báez fue indagado, elevado a juicio, juzgado y condenado por lavado en la causa CFP 3017/2013 incluyó, en todas las instancias, el reproche correspondiente a la administración fraudulenta en concurso real con la asociación ilícita contenida en la causa n° CFP 5048/2016”.
Expuso que no se trataba de efectuar una composición de penas entre dos hechos independientes, sino de ilícitos conexos o subsiguientes, en la medida en que la sanción del autolavado requiere, necesariamente, el reproche del delito previo. En esa dirección, señaló que “la administración fraudulenta en concurso real con la asociación ilícita por la que Lázaro Báez fue oportunamente elevado a juicio en la causa n° CFP 5048/2016 y que fue expresamente valorada e integrada al reproche que se le formuló a nuestro defendido al fijarse la pena que, finalmente, fue de 10 años de prisión, multa, decomiso y accesorias (causa n° CFP 3017/2013/TO2)”.
Cuestionó que en la decisión impugnada se hubiera afirmado que existieron plataformas fácticas independientes en materia de tiempo, modo y lugar, cuando de la lectura de ambas sentencias se advertía una “subsunción temporal total de la plataforma fáctica de la plataforma fáctica de la condena en autos CFP 3017/2013/TO2 (mediados 2010 a principios del 2013) con aquella dictada en el expediente CFP 5048/2016/TO1 (principios del 2003 a principios del 2016)”.
Explicó que también se había producido una identidad espacial, en la medida en que los hechos típicamente relevantes de ambas plataformas habían confluido en la Provincia de Santa Cruz y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por último, postuló una identidad de modo comisivo, fundada en “la relación dogmática existente entre ‘ilícito/delito precedente” y “acto posterior copenado”.
Señaló que el a quo había omitido el tratamiento de esa cuestión jurídica, sin dar respuesta a los fundamentos expuestos por esa defensa.
Recordó que la independencia en el juzgamiento de ambos expedientes había derivado de la necesidad estratégica de los órganos jurisdiccionales de segmentar la investigación de una misma maniobra y expuso que la conexidad objetiva y subjetiva no había sido cuestionada “por ninguno de los organismos intervinientes”.
A continuación, postuló que en el caso se había producido una errónea interpretación de la ley aplicable, al desconocer la relación dogmática intrínseca que mediaba entre el delito de autolavado y el ilícito precedente. Desde esa perspectiva, consideró que “bajo ningún aspecto la pena unificada podría superar el total de diez años impuesto oportunamente por la Cámara de Casación Federal, en tanto ese reproche ya contenía, precisamente por la autonomía del lavado, el reproche correspondiente al ilícito previo”.
Expuso que el tribunal había soslayado considerar la superposición de los bienes jurídicos afectados en ambos expedientes, en la medida en que el lavado de dinero es un delito pluriofensivo que protege, además del orden económico y financiero, el bien tutelado por el ilícito precedente. Expuso que ese solapamiento surgía, incluso, de la fundamentación de la condena dictada en la causa CFP 3017/2023/TO2.
Señaló que el juicio de unificación requería del tratamiento de estos problemas jurídicos en función de las reglas del concurso y que el a quo se había limitado a ponderar las condiciones personales de su asistido, como si se estuvieran analizando conductas completamente diferenciables.
Como tercer motivo de agravio, observó que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal n° 4 “fundó el reproche a partir de los términos en que fuera expuesta la acusación”, considerando también “el delito de asociación ilícita por el que nuestro defendido fue elevado a juicio en la causa n° CFP 5048/2016”. De esta manera, continuó, se había lesionado el principio de inocencia, al soslayar que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal n° 2, con posterioridad a la condena dictada en la causa CFP 3017/2013, absolvió a Lázaro Báez por el delito mencionado. Luego, dijo que no se había valorado adecuadamente la extensión real y actual del daño causado y que se desconoció que el bien jurídico principal, las arcas del Estado, fue “restaurado o asegurado por el Estado por partida doble”. Reiteró que el tribunal había computado dos veces un mismo daño “primero, por la sustracción de fondos al Estado, y luego, por la reintroducción de esos mismos fondos en el sistema financiero, como si se tratara de un perjuicio autónomo, sin vinculación alguna con el precedente”. Agregó que “en ambas causas se dictaron medidas patrimoniales (hoy firmes) que garantizaron la recuperación del total del dinero cuestionado, no una sola vez, sino por duplicado. (...) En el marco de la causa CFP 5048/2016/TO01, se dispuso el decomiso de $646.123.145,75 (84.835.227.378,04 actualizados al 6 de diciembre del año 2022) Por su parte, en la causa CFP 3017/2013/TO02 se ordenó, también con carácter firme, el decomiso de: U$D 54.872.866,69 (hecho “a”), U$D 5.000.000 (hecho “b”), $444.220 (hecho “c”), $1.511.640 (hecho “d”), $261.226,12 (hecho “j”), $1.957.611 (hecho “k”), U$D 307.994,17 (hecho “m”) y U$D 950.000 (hecho “n”), con las actualizaciones previstas por el índice de precios al consumidor en los casos correspondientes. En total, este decomiso asciende a U$D 61.130.860,86 y $4.174.697,12.18”.
Posteriormente, cuestionó que no se hubiese efectuado una ponderación objetiva de todas las condiciones personales del condenado. Entre las pautas que se habrían omitido, enumeró: “1- la consideración de que nuestro defendido lleva privado de su libertad 9 años y 4 meses en el marco de estos expedientes; 2- que llevaba hasta hace apenas unos meses casi cinco años de privación de la libertad en su domicilio sin que haya existido una sola observación en su estricto cumplimiento; 3- que formó una nueva familia; 4- que tiene hijos menores de edad a quienes cuida y educa; 5- que su pareja se encuentra bajo tratamiento en el marco de una enfermedad terminal; 6- que se encuentra próximo a cumplir los setenta años de edad (69 años y 6 meses) 7- que tiene un cuadro de salud con comorbilidades crónicas que lo afectan y condicionan su futuro y su derecho a la esperanza (Fallos: 347:1770, “Guerra”). 8- que terminó el secundario en el marco de su detención carcelaria en el penal de Ezeiza”. Hizo hincapié en que el tribunal había valorado como agravante que tuviera estudios secundarios completos al momento de los hechos, cuando su asistido los había finalizado dentro del establecimiento carcelario.
También señaló que se había omitido valorar “la persecución judicial de su familia e hijos, especialmente de sus dos hijas mujeres, quienes fueron sometidas a un proceso de más de diez años que culminó con su absolución; los montos exorbitantes de multas y decomisos y la quiebra de todas sus empresas (aún cuando éstas tuvieran flujos no criminalizados de funcionamiento económico), lo que también hace a la pena y constituye la medida del reproche que se le dirige, algo que ni siquiera fue ponderado por el Tribunal”. Mencionó, también, “la pena natural producto de la mediatización de los procesos” y “la realización de escuchas ilegales dentro de la cárcel que incluyeron la vulneración del secreto profesional”.
Invocó una violación al debido proceso y a la garantía de juez natural, explicando que no existían razones legales que imposibilitaran la composición del tribunal en su integración original, destacando que “son los y las magistradas que oportunamente juzgaron el tramo CFP 3017/2013/TO2 las que se encuentran en mejores condiciones de abordar en toda su extensión el fenómeno concursal que nos ocupa”.
Por otro lado, la parte efectuó un planteo de inconstitucionalidad, o “inaplicabilidad en el caso concreto”, del art. 12, en su segunda y tercera disposición, del Código Penal, peticionando que “se deje sin efecto [la] (…) sentencia condenatoria dictada el pasado 11 de julio, en lo que respecta a la imposición de las penas accesorias allí previstas”. Cuestionó, concretamente, que se sometiera a su asistido a un régimen de curatela, la privación del derecho de administrar y disponer de sus bienes y la suspensión de la patria potestad.
Afirmó, con cita del voto mayoritario de un fallo de esta Sala IV, con integración parcialmente distinta, que las accesorias en cuestión constituían una auténtica sanción de carácter retributivo.
Explicó que la pena discutida producía efectos concretos y gravosos en la vida de su asistido y en su entorno familiar y pidió que se tuviese en consideración “el rol de cuidado y responsabilidad parental respecto de los hijos menores de edad de su pareja Claudia Insaurralde, quien (como bien sabe este Tribunal, al igual que la Excma. Cámara Federal de Casación Penal) enfrenta una enfermedad oncológica terminal”. Recordó que su asistido había sido un referente afectivo y familiar para los menores. Destacó, en ese mismo sentido, que en el Juzgado de Familia n° 6 de La Plata se había emitido una resolución en la que se dejó constancia de que su asistido “reviste calidad de progenitor afín de hecho, en los términos y con los alcances previstos en el art. 673 del CCyCN”.
A su vez, indicó que la inhabilitación para administrar su patrimonio constituía una restricción injustificada de sus derechos, al anular la capacidad jurídica de Báez y colocarlo en una situación asimilable a la de una persona incapaz. Agregó que “opera como una sanción autónoma, con un efecto estigmatizante y mortificante que vulnera su dignidad como persona y se aparta por completo del principio de resocialización que debe guiar toda ejecución penal”.
Sostuvo que su defendido había pasado más de ocho años privado de la posibilidad de ejercer libremente sus derechos patrimoniales, pero que con la accesoria aplicada esa situación se extendería por un total de 23 años.
Hizo reserva del caso federal.
IV. Que en la etapa procesal prevista por los artículos 465, cuarto párrafo y 466 del Código Procesal Penal de la Nación, se presentó el representante del Ministerio Público Fiscal y señaló que “el tema planteado es similar o, mejor dicho, está íntimamente relacionado con el de otro incidente de esta causa, en el que ya me expedí y a cuyos términos me remito (breves notas presentadas en la audiencia del 16/7/2025 en el incidente CFP 3017/2013/TO2/137/CFC95). Sintéticamente, los tiempos de detención, en prisión preventiva, sea efectiva o en la modalidad de arresto domiciliario, deben ser computados de igual modo en los términos del art. 24 CP, aunque esas situaciones cautelares se hayan producido en causas paralelas. Es que, en definitiva, finalmente, las condenas y penas serán unificadas y la respuesta punitiva del Estado deberá ser una sola, tanto en el quantum como en los tiempos de cumplimiento, con base en los arts. 24, 54, 55 y 58 CP”.
Señaló que la defensa, única impugnante, había planteado un asunto de interpretación del derecho común con base constitucional, al considerar que “la aplicación de pena por el delito de autolavado debía estar contemplada en la determinada en los delitos precedentes del mismo sujeto”. Expuso que esto remitía al “viejo problema de los actos posteriores copenados (...) que no fue solucionado por la nueva concepción del delito de lavado de dinero o activos, al quitarlo del capítulo de los encubrimientos y sancionarlo como un delito autónomo”. También resaltó que no era la misma cuestión que esta Sala IV había analizado en el incidente CFP 3017/2013/TO2/86/CFC57 “porque aquí no se cuestiona la condena por el delito posterior en sí misma (sería la solución por vía del concurso aparente de leyes), sino la determinación o individualización de la pena (establecidas ambas condenas), en tanto parte del delito posterior, según la defensa, sería copenado, donde parte del injusto de uno está en el otro, como si fueran círculos secantes y, por ende, reclama que la respuesta punitiva debería ser menor”.
Finalizó su presentación afirmando que “la cámara se encuentra perfectamente habilitada a tratar y resolver la impugnación”.
Por su parte, la defensora particular de Lázaro Báez se presentó y afirmó que de la lectura del término de oficina presentado por el fiscal se podía advertir que no existía contradictorio entre las partes en cuanto a que “los casi diez años de privación de libertad que lleva mi defendido deben ser necesariamente ponderados por VVEE tanto al decidir la modalidad de cumplimiento de la pena, como al momento de fijar el quantum de la condena unificada”.
Expuso que “tanto esta defensa como el Ministerio Público Fiscal coincidimos en que esta circunstancia de especial relevancia debe ser contemplada al resolver la presente incidencia, conforme fuera desarrollado en el punto IV.e del recurso de casación y siempre en consonancia con la finalidad resocializadora que debe orientar la pena”. Agregó que “la pena debe ser fijada y ejecutada atendiendo al extenso tiempo de detención ya cumplido y a la finalidad resocializadora que inspira nuestro sistema constitucional y convencional”. En segundo lugar, informó que el 7 de agosto de 2025, pese a no estar firme la sentencia de unificación de condenas, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal n° 4 ordenó la ejecución del decomiso dictado en la sentencia condenatoria del 26 de abril de 2021, y requirió “la remisión de los activos financieros resguardados en Suiza y Bahamas y la apertura de cuentas bancarias en Argentina para recibirlos; la inscripción de bienes inmuebles a nombre de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; y la adjudicación definitivamente a la Corte Suprema los fondos obtenidos por subastas de aeronaves”. Por otro lado, que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal n° 2 intimó a los condenados en la causa CFP 5048/2016/TO01 al pago de $ 684.990.350.139,86, de acuerdo al decomiso ordenado el 6 de diciembre del 2022. Relató que, frente a aquella intimación, su parte alegó la “imposibilidad material de Lázaro para afrontar dicha obligación y, a su vez, dedujo la correspondiente declinatoria de competencia y pedido de suspensión de la medida, por cuanto, a partir de la unificación de condenas dispuesta en autos, la ejecución de esa sanción corresponde al TOF N° 4”.
Afirmó que, si bien ya había impugnado sendas decisiones, aquellas demostraban la doble punición que esa parte había alegado, en la medida en que se encontraban ejecutándose “dos decomisos independientes sobre un mismo fondo de dinero”. Agregó que la cuestión no se limitaba a las consecuencias económicas, sino que también impactaba en la pena única de 15 años de prisión que debe ser revisada.
Como tercera cuestión, señaló que, a pesar de encontrarse una condena unificada, la ejecución se hallaba fragmentada en dos tribunales que avanzaban simultáneamente sobre el patrimonio de su cliente, enfrentándolo a “decisiones paralelas, autónomas y contradictorias, lo que torna ilusoria la posibilidad de ejercer una defensa eficaz”.
Por último, relató que “el pasado 18 de agosto el TOF N° 4 dio inicio a la ejecución de la multa impuesta a mi defendido en la condena dictada en el año 2021”. Ello, consideró, constituía un apartamiento de los términos establecidos en el artículo 58 del Código Penal. Expuso que resultaba “jurídicamente inaceptable la ejecución de una multa que, pese a no haber sido modificada por la sentencia de unificación, no está firme tras haber sido expresamente recurrida por esta defensa”.
Por su parte, y en esa misma ocasión, la Unidad de Información Financiera peticionó el rechazo del recurso de la defensa. Afirmó, en lo sustancial, que la impugnación presentada buscó introducir cuestiones ajenas al trámite de unificación de condenas que establece el art. 58 de Código Penal y que en la sentencia analizada se había efectuado “un análisis de la situación fáctica de ambos procesos a unificar, a través de la cual escindió ambas plataformas, en respuesta al planteo de unidad de acción pretendido por la defensa”.
V. Que en la etapa prevista en los artículos 465, último párrafo y 468 del Código Procesal Penal de la Nación, la Unidad de Información Financiera presentó breves notas sustitutivas de audiencia en las que se remitió a lo manifestado durante el término de oficina. En la misma oportunidad, la defensa particular instó el apartamiento de la dicha parte acusadora, por las razones que allí esgrimió.
VI. El 5 de noviembre de 2025, se celebró la audiencia de conocimiento directo prevista en el artículo 41 del Código Penal, a la que compareció Lázaro Antonio Báez, mediante sistema de videoconferencia desde su lugar de detención, junto a su defensa técnica, quienes hicieron uso de la palabra.
Superado dicho estadio, las actuaciones quedaron en estado de ser resueltas.
Efectuado el sorteo de ley para que los señores jueces emitan su voto, resultó el siguiente orden sucesivo de votación: doctores Javier Carbajo, Mariano Hernán Borinsky y Gustavo M. Hornos.
El señor juez Javier Carbajo dijo:
I. El recurso de casación interpuesto es formalmente admisible, toda vez que corresponde a esta Cámara Federal de Casación Penal resolver cuestiones como la que en esta oportunidad viene impugnada.
Además, el recurrente se encuentra legitimado para impugnarla (art. 459 del C.P.P.N), sus agravios encuadran dentro de los motivos previstos por el art. 456 del Código Procesal Penal de la Nación, y se ha cumplido con el art. 463 del citado código.
En cuanto a los nuevos agravios introducidos por la defensa técnica ante esta Cámara durante el término de oficina, resulta oportuno destacar que el art. 463 ibidem prevé que en la interposición del recurso de casación “…deberá indicarse separadamente cada motivo. Fuera de esa oportunidad no podrá alegarse ningún otro”, de lo que se desprende el carácter perentorio del término, como así también que la deducción y motivación debe realizarse al mismo tiempo, pues de ahí en más no puede añadirse otro motivo diverso, incluso para el que impugnó en casación.
Una consecuencia de ello es que ni durante la oportunidad prevista en el art. 466 del CPPN -donde se puede ampliar fundamentos- ni durante la audiencia establecida por el art. 468 ibidem, las partes se encuentran facultadas a introducir nuevos motivos de casación. Es claro entonces que una cosa es ampliar fundamentos de los motivos y otra diversa extender el recurso a otros no determinados oportunamente.
Cabe hacer excepción cuando se introduzcan fundadamente afectaciones a garantías constitucionales, planteos de inconstitucionalidad o nulidades absolutas, supuestos que no se encuentran presentes en el caso.
II. Llega a conocimiento de esta Sala el recurso de casación interpuesto por la defensa de Lázaro Antonio Báez contra la pena única impuesta por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal n° 4 de esta ciudad.
Resulta pertinente recordar, por razones de claridad expositiva, que el 4 de julio de este año se celebró ante aquella sede una audiencia contradictoria, en la que intervinieron todas las partes, con el fin de determinar la sanción a imponer al nombrado, en los términos del artículo 58 del Código Penal, a raíz de las condenas firmes impuestas en las causas CFP 3017/2013/TO2 y CFP 5048/2016/TO1.
En esa oportunidad, la Unidad de Información Financiera destacó que en el caso se presentaba un supuesto de concurso real; propuso aplicar la suma aritmética de ambas condenas y solicitó, en consecuencia, que se impusiera una pena de 16 años de prisión.
El Fiscal General, por su parte, también coincidió en que las conductas reprochables eran diferenciables, destacó “la gravedad de los injustos acreditados, las características de los hechos, los colosales beneficios económicos y los aportes realizados por el condenado”. Como atenuantes, mencionó la falta de antecedentes y la circunstancia de que estuviera próximo a cumplir los 70 años. Por esos motivos, requirió que se le impusiera la pena única de 15 años de prisión y multa de seis veces el monto de la operación identificada.
La defensa, finalmente, indicó que “la autonomía del delito de lavado de activos se refería a su juzgamiento, pero que ahora era el momento de ordenar una situación irregular, impidiendo la duplicación de reproche por los mismos hechos”. Concluyó que “en virtud de la calidad de acto posterior copenado que correspondía a los hechos calificados como lavado de activos, debía estarse al monto de la pena impuesta por el delito precedente, razón por la que solicitó la aplicación de la pena única de 6 años de prisión y la disposición de la pena de multa y decomiso en los mismos términos ordenados en la causa N° 5048/2016/to1”.
Al momento de resolver, el a quo recordó que en la presente causa Lázaro Antonio Báez tiene una condena firme a la pena de diez (10) años de prisión, multa de seis (6) veces el monto de la operación, accesorias legales y costas, por considerarlo coautor del delito de lavado de activos agravado. Por su parte, en el marco de la causa CFP 5048/2016/TO1 del registro del Tribunal Oral en lo Criminal Federal n° 2 se lo condenó a la pena de seis (6) años de prisión por considerarlo partícipe necesario del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, sanción que también se encuentra firme.
Luego, señaló que no se encontraba discutido por ninguna de las partes que el caso bajo análisis encuadraba en el supuesto de unificación de condenas, en la que la pena única debía dictarse según las reglas del concurso real de delitos. Explicaron que “tratándose de un supuesto establecido en el primer párrafo del artículo 55 del CP, puesto que para el momento de comisión de los hechos aún no se registraba una condena firme sobre el encartado Báez, la cosa juzgada de los pronunciamientos cede y sólo quedan remanentes las declaraciones de los hechos y la calificación jurídica que se les hubiere asignado, encontrándose habilitados los suscriptos para aplicar su propio criterio punitivo dentro de la escala penal que indica la norma señalada”.
También hizo hincapié en que “las condenas a unificar se refieren a plataformas fácticas claramente independientes en cuanto a su tiempo, modo y lugar, con intervención de distintos imputados, calificaciones jurídicas diferentes y con afectaciones a bienes jurídicos claramente separados; cuyos procesos fueron sustanciados autónomamente y finalizaron con las condenas firmes que determinaron sus hechos y significación jurídica, a partir de lo cual ahora corresponde fijar una única pena que contemple ambos reproches”.
En respuesta a los argumentos expuestos por la defensa de Báez, vinculados a cuestiones de fondo de las condenas, destacaron que estos escapaban al objeto y finalidad de la unificación, ya que las plataformas fácticas acreditadas en cada sentencia y su relevancia jurídica mantenían la calidad de cosa juzgada.
A partir de esas consideraciones, y luego de mensurar las pautas previstas en los artículos 40 y 41 del código penal el a quo concluyó que correspondía imponerle a Lázaro Antonio Báez la pena única de quince (15) años de prisión, multa de seis (6) veces el momento de la operación acreditada en la causa 3017/2013/TO2 y accesorias legales.
III.a. En primer lugar, corresponde recordar que, como bien señalaron mis colegas de la instancia anterior, nos encontramos ante un caso de unificación de condenas, previsto en el artículo 58 del Código Penal.
Este supuesto comprende casos como el sub examine, en los que se dicten dos o más sentencias firmes con violación a las reglas del concurso. Por ello, para que proceda, resulta un requisito indispensable que se haya omitido aplicar los arts. 55 y 56 del Código Penal (cfr., en lo pertinente y aplicable, votos del juez W. Gustavo Mitchell en las causas “Leiva, Ernesto G. s/rec. de casación”, Reg. nro. 2852 de la Sala II C.F.C.P., del 23/9/99 y “Penczarski, Alejandro s/rec. de casación”, Reg. nro. 718/01, del 19/11/01 y sus citas bibliográficas, en especial, Núñez, R. Derecho Penal Argentino, parte general, ed.
Bibliográfica Argentina, Bs. As., 1960, p. 515, nota 603). De la lectura del recurso interpuesto por la defensa, y de las aclaraciones efectuadas por el Ministerio Público Fiscal en el término de oficina, se desprende que la parte considera que se habría producido una violación al ne bis in idem, en la unificación cuestionada, al tratar las condenas a unificar como hechos escindibles y no valorar que en la mensuración de la pena impuesta en la maniobra de lavado de activos (CFP 3017/2013/TO2) ya se encontraba reprochado el disvalor contenido en la administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública por la que fue condenado en la causa CFP 5048/2016/TO1. No se trata, entonces, de la discusión, ya perimida en este caso, acerca de la autonomía de las maniobras de lavado de activos respecto del delito precedente a los efectos de que ambos sean objeto de juzgamiento independiente (cfr., al respecto, mi voto en CFP 3017/2013/TO2/86/CFC57, Reg. 125/23 del 28 de febrero de 2023), sino de una discusión sobre cómo debe mensurarse la pena cuando, de acuerdo con la defensa, parte del injusto del delito posterior ya está contenido en el otro.
Ahora bien, efectuadas estas aclaraciones y circunscripto el análisis del recurso a tratar, con apego a la doctrina de que “los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus alegaciones sino sólo en aquéllas que estimen conducentes para la correcta solución del litigio ((Fallos: 287:230; 294:466, entre muchos otros)”, las críticas expuestas por la parte no pueden tener favorable acogida, en la medida en que, como ya tuve oportunidad de señalar en anteriores oportunidades, cuando el tribunal debe unificar condenas tiene libertad para elegir, con arreglo a las declaraciones de hecho y calificaciones jurídicas establecidas, la medida de sanción a fijar de acuerdo con las reglas del concurso de delitos y las pautas establecidas en los artículos 40 y 41 del Código Penal (cfr. mi voto en FMZ 11356/2013/TO1/CFC8, “VARGAS MÉNDEZ, Patricia Mercedes y otros s/recurso de casación”, Reg. 556/21, del 3/5/21).
Esa es también la dirección seguida por la más reconocida doctrina en la cuestión. A guisa de ejemplo, se ha dicho que “el tribunal que dicta la pena total tiene la más amplia libertad de apreciación, pudiendo operar sin más límites que la escala penal resultante de la aplicación de los arts. 55 a 57 y las pautas individualizadoras de los arts. 40 y 41, así como los criterios del art. 26” (cfr. Caramuti, Carlos, Art. 58, en “Código Penal y normas complementarias. Análisis doctrinal y jurisprudencial”, tomo 2, Artículos 35/78 bis, Parte General, Zaffaroni, Eugenio Raúl (dirección), Hammurabi, Buenos Aires, 2019, pág. 58).
No se trata, entonces, de una operación aritmética entre dos reproches pasados, sino de una evaluación ponderativa en la que deben sopesarse, con cuidada y precisa fundamentación, las distintas pautas agravantes y atenuantes desde una mirada que conglobe todos los ilícitos reprochados para, así, poder ubicar el monto de la sanción dentro de la horquilla provista por el concurso de delitos reprochados, que en este caso prevé un mínimo de cuatro años y seis meses y un máximo de diecinueve años y cuatro meses de prisión y una multa de 4 a 13,33 veces el monto de la operación.
Sobre lo dicho, conviene agregar que tampoco la defensa muestra que el tribunal, al efectuar la ponderación referida, haya realizado una doble valoración de una misma pauta. Por el contrario, de la lectura de ese aspecto de la sentencia, advierto que dentro del complejo esquema de agravantes que ha sido tenido en cuenta al mensurar, las consideraciones vinculadas a la defraudación al Estado sólo han sido invocadas una vez, respecto de los hechos reprochados en la causa 5048/2016/TO1.
Lo mismo cabe decir respecto a la invocada violación al principio de inocencia por haber considerado el delito de asociación ilícita por el que Báez fue, a la postre, absuelto en la causa mencionada.
No se advierte, ni el recurrente ha logrado demostrar, que el tribunal haya motivado la sanción en esta hipótesis delictiva; sino que, de conformidad con el estándar antes expuesto, ha limitado su labor a mensurar pautas agravantes y atenuantes, respetando los hechos y la calificación jurídica establecidas en cada una de las sentencias que adquirieron firmeza.
De este modo, la cuestión que en esta instancia, y en este incidente resta analizar consiste en cuáles y cómo fueron valoradas las circunstancias por el a quo para la determinación de la pena única finalmente impuesta.
Así, advierto que los magistrados afirmaron que, conforme a los hechos acreditados en la causa n° 3017/2023/TO2, consideraban como pautas objetivas agravantes la naturaleza del hecho, los medios empleados y la magnitud de la lesión reprochada. Valoraron, puntualmente, “el monto millonario de la maniobra atribuida a Lázaro Antonio Báez (equivalente a U$D 54.800.000 - cincuenta y cuatro millones ochocientos setenta mil dólares estadounidenses-), como así también el dominio y disposición que aquél ejercía sobre esa masa dineraria, con la consecuente magnitud de afectación al bien jurídico protegido (orden económico y financiero), de lo que se deduce la extensión del disvalor de resultado y del contenido de injusto del suceso reprochado”.
También valoraron negativamente que, para llevar a cabo la operación reprochada, el imputado empleó abusivamente formas jurídicas e instrumentos financieros, en el plano local e internacional, otorgando a la maniobra un particular nivel de sofisticación y complejidad que incrementó considerablemente las posibilidades de éxito de la empresa criminal y, como contrapartida, de dificultad en su control.
Agregaron que “no podemos dejar de valorar que Lázaro Antonio Báez utilizó recursos y mecanismos que importan el abuso y manipulación de las formas jurídicas instituidas legalmente para fines lícitos, constituyendo sociedades pantallas (Shell Company) en jurisdicciones extranjeras consideradas por entonces como paraísos fiscales, a las que recurrió como personas jurídicas interpuestas y procurando el anonimato y secretismo que todo ello importó, y las utilizó como vehículos corporativos, como ser Teegan Inc., Fromental, Tyndall, Helvetic Servicess Group, Marketing & Logistic, entre otras”.
En lo que respecta a la causa n° 5048/2016/TO1, también valoraron como agravantes la naturaleza del hecho, los medios empleados y la magnitud de la lesión ocasionada. Expusieron que “conforme los sucesos comprobados, se identificó la extensión del daño causado en la suma de $84.835.227.378,04 (actualizados al 6 de diciembre del año 2022), lo cual demuestra la gravedad y enorme afectación al bien jurídico tutelado por la norma cuyo reproche se le atribuyó al condenado. Además, la complejidad y variedad de medios empleados en aquellas maniobras, en las que se utilizaron recursos estatales (normativos, burocráticos y de control) con un objetivo que desnaturalizó sus fines fundacionales, como así también, la prolongación en el tiempo de la conducta reprochada (12 años de forma ininterrumpida), resultan ser también aspectos que reflejan la gravedad y magnitud de los hechos allí corroborados”. Señalaron, como otro aspecto disvalioso, el rol superlativo en la concreción del plan acreditado, al representar “la contracara” de las infracciones de deberes de los funcionarios públicos que intervinieron y en cuyo favor se orquestó la maniobra.
Como aspecto subjetivo que agrava ambas condenas, invocaron la posición socio-económica privilegiada de Báez y la ausencia de circunstancias que limitaran la posibilidad de motivarse en la norma y obrar conforme a derecho.
Como pautas atenuantes, tuvieron en consideración la ausencia de antecedentes al momento de los hechos y los lazos familiares que actualmente mantiene.
Con respecto a la pena de multa impuesta en la causa n° 3017/2013/TO2, afirmaron que debía quedar en los mismos términos, “toda vez que no se encuentra una pena de la misma naturaleza en la condena dispuesta en la causa N° 5048/2016/To1”.
b. De la lectura de esta reseña no se advierte, ni la defensa logra demostrar, la existencia de vicios de fundamentación en cuanto al monto de la pena única impuesta, la que cuenta con los fundamentos jurídicos mínimos, necesarios y suficientes, que impiden su descalificación como acto judicial válido (Fallos: 323:629; 325:924; 335:1779, entre otros). La argumentación ponderativa desplegada, entendida como un proceso de elaboración y clasificación de informaciones de distinta clase, no implicó una mera suma o resta de atenuantes y agravantes, sino que significó un sopesar que, en definitiva, llevó a los magistrados a infligir judicialmente la pena de quince años de prisión y multa de seis veces el monto de la operación reprochada, la que, como se sostuvo, se encontró precedida, primero, de discusión entre las partes del proceso en un plano de igualdad y, luego, de suficiente fundamentación con relación a las circunstancias relevadas en el caso, de conformidad con los estándares que dimanan de los arts. 40 y 41 del Código Penal.
El quantum de la sanción individualizada no luce desproporcionado ni irrazonable y se ajusta a la escala penal aplicable.
Es que si bien la pena fijada se alejó considerablemente del mínimo legal, al momento de precisar su medida, los magistrados valoraron como agravantes pautas objetivas vinculadas con la naturaleza de las acciones y los medios empleados para llevarlas a cabo, que denotaban la inusitada gravedad de los ilícitos reprochados (cfr., en lo pertinente y aplicable FSA 52000970/2009/TO1/CFC22, “ACUÑA, Carlos Dante y otros s/recurso de casación”, Reg. 1326/20, del 7/08/2020).
En definitiva, la pena única impuesta se encuentra suficientemente sustentada en los diversos puntos objeto de ponderación arribándose a la extensión temporal precisada dentro de los límites de lo razonable, sin menoscabo de principios de jerarquía superior -arts. 18 y 75, inc. 22, de la Constitución Nacional y art. 5, inc. 6, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos-, por lo que su monto será convalidado y el remedio interpuesto a su favor no habrá de tener favorable acogida.
Y es que en Casación sólo se pueden revisar las decisiones arbitrarias, desproporcionadas o con absoluto desapego a las pautas ofrecidas por el legislador para la imposición de penas, más no las razonadas y razonables que es como se presenta el pronunciamiento que ahora viene recurrido.
IV. Por último, en lo que respecta al planteo de inconstitucionalidad del art. 12 del Código Penal formulado por la defensa, el Máximo Tribunal ha tenido oportunidad de expedirse en Fallos: 340:669 destacando que “...la ley 24.660, de ‘Ejecución de la pena privativa de la libertad’, tuvo como uno de sus objetivos primordiales adecuar la legislación penitenciaria a los nuevos estándares en materia de derechos de los penados, tal como lo señaló este Tribunal entre otros, en Fallos: 327:388 (conf. esp. considerando 17 del voto mayoritario). Dentro de este esquema, a partir de dicha ley, no solo no surge objeción alguna con relación al artículo 12 del Código Penal, sino que en ella explícitamente se reglamentó cómo debía proveerse a la representación del condenado en los términos de dicha regla (conf. loc. cit. artículo 170). Asimismo, y con el claro objetivo de evitar que la consecuencia examinada pudiera obstaculizar de algún modo el reingreso a la vida social del penado, la ley referida ordena que las inhabilitaciones del artículo 12 del Código Penal queden `suspendidas cuando el condenado se reintegrare a la vida libre mediante la libertad condicional o la libertad asistidá (conf. loc. cit. artículo 220)”.
Agregó “...que el texto del nuevo ordenamiento civil revela la subsistencia de la decisión legislativa en favor de asignar efectos a la regla del artículo 12 del Código Penal. Así, al regular las restricciones al ejercicio de los derechos y deberes del progenitor condenado, la nueva normativa sustituye el artículo 309 del código civil derogado, y establece, en análogo sentido, que `El ejercicio de la responsabilidad parental queda suspendido mientras dure (...) b)' el plazo de la condena a reclusión b prisión por más de tres años (...) ́(conf. artículo 702 inc. b, Código Civil y Comercial de la Nación)”.
La defensa no ha suministrado fundamentos que lleven a apartarse de la línea jurisprudencial trazada por dicho precedente que, además, ha sido seguido por esta Sala IV (cfr. "AZAR, Musa y otros s/recurso de casación”, FTU 7782/2015/TO1/CFC24, Reg. 1345/19, del 3/7/19; “MANSILLA, Rubén Ernesto y otros s/recurso de casación”, FMP 10902/2015/TO2/CFC10, Reg. 1523/19, del 19/7/19; “ANDANESE, Walter Leonardo y STATELLA, Daniel Alejandro s/recurso de casación", CCC 46616/2016/TO1/7/CFC8, Reg. 2590/19, del 17/12/19; “ELISEI, Flavio Raúl y otros s/recursos de casación”, FBB 11/2018/TO1/CFC1, Reg. 488/20, del 4/5/20, entre otras). En esa línea, debe tenerse en consideración que ”…no obstante que la Corte Suprema sólo decide en los procesos concretos que le son sometidos, y su fallo no resulta obligatorio para casos análogos, los jueces inferiores tienen el deber de conformar sus decisiones a aquéllas…” (Fallos: 307:1094, 25:364). Por lo demás “la declaración de inconstitucionalidad de una disposición legal es un acto de suma gravedad institucional, pues las leyes dictadas de acuerdo con los mecanismos previstos en la Carta Fundamental gozan de una presunción de legitimidad que opera plenamente, y obliga a ejercer dicha atribución con sobriedad y prudencia, únicamente cuando la repugnancia de la norma con la cláusula constitucional sea manifiesta, clara e indudable...” (Fallos: 226:688; 314:424 y 327:5147, entre otros). Desde esa perspectiva, las críticas expuestas por el recurrente lucen insuficientes para sustentar la solución pretendida.
V. En definitiva, considero que corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto por la defensa de Lázaro Antonio Báez, sin costas, y tener presente la reserva del caso federal (arts. 530 y ss. del C.P.P.N.).
El señor juez doctor Mariano Hernán Borinsky dijo:
I. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal nro. 4 resolvió, el 11 de julio de 2025: “CONDENAR a LÁZARO ANTONIO BÁEZ a la pena única de quince (15) años de prisión, multa seis (6) veces el monto de la operación acreditada en la causa N° 3017/2013/To2 y accesorias legales, comprensiva de la de diez (10) años de prisión, multa de seis (6) veces el monto de la operación y accesorias legales impuesta en la causa N° 3017/2013/To2 y de la de seis (6) años de prisión y accesorias legales impuesta en la causa N° 5048/2016/to1 del registro del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2, debiendo regirse las costas por sus respectivos pronunciamientos (art. 58 del CP)" (se prescinde del destacado).
Contra dicho pronunciamiento los defensores particulares de Lázaro Antonio Báez articularon el recurso de casación que motiva la intervención de esta Alzada.
En lo medular, la parte impugnante alegó que la sentencia bajo examen vulneró el principio de ne bis in idem al reprochar dos veces los mismos hechos al condenado. Asimismo, indicó que -al mensurar la respuesta punitiva- se omitió considerar la absolución de Báez en el marco de la causa CFP 5048/2016/TO1 con relación al delito de asociación ilícita agravada. Expresó, además, que la decisión ignoró circunstancias personales, sociales y familiares relevantes de Báez. Cuestionó que la resolución recurrida no haya sido dictada por el tribunal con la misma integración que intervino en la condena de Báez. Por último, planteó la inconstitucionalidad del art. 12 del Código Penal, en cuanto dispone la inhabilitación de la patria potestad, de la administración de los bienes y del derecho de disponer de ellos por actos entre vivos.
Previo a dar tratamiento a los agravios de los recurrentes, corresponde reseñar las circunstancias relevantes del caso.
En el marco de la presente causa (CFP 3017/2013/TO2), Lázaro Antonio Báez fue condenado, el 26 de abril de 2021 por el Tribunal Oral en Criminal Federal Nº 4, a la pena de doce (12) años de prisión, multa de ocho (8) veces el monto de la operación, accesorias legales y costas, por ser considerado coautor del delito de lavado de activos agravado en orden a los denominados “A” y “B”.
Esta Alzada -con una integración parcialmente distinta-, por mayoría, dispuso la absolución del nombrado en lo atinente al hecho "B", convalidó la condena vinculada con la coautoría del delito de lavado de activos agravado en el hecho "A" y, en consecuencia, redujo las sanciones a diez (10) años de prisión, multa de seis (6) veces el monto de la operación, accesorias legales y costas (cfr. CFCP, Sala IV, causa CFP 3017/2013/TO2/86/CFC57, caratulada “Báez, Lázaro Antonio y otros s/recurso de casación”, Reg. nro. 125/23, rta. 28/2/23). El 29 de mayo del corriente año la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inadmisible el recurso extraordinario interpuesto por la defensa de Báez contra dicho pronunciamiento, desestimando la queja presentada (cfr. CSJN, CFP 3017/2013/TO2/86/3/2/RH140 "Báez, Lázaro Antonio y otros s/ incidente de recurso extraordinario", rta. 29/05/2025).
Por su parte en la causa CFP 5048/2016/TO1, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2, por veredicto de fecha 6 de diciembre de 2022 y fundamentos dados a conocer en fecha 9 de marzo de 2023, condenó a Lázaro Antonio Báez a la pena de seis (6) años de prisión, accesorias legales y las costas, por considerarlo partícipe necesario del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (arts. 12, 19, 29 –inc. 3°-, 40, 41, 45 y 174 –inc. 5°- en función del 173 – inc. 7°- del Código Penal de la Nación). También, por mayoría, absolvió a Báez en orden al delito normado por el art. 210 del Código Penal.
La sentencia fue confirmada por esta Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal -con una integración parcialmente distinta- y, con posterioridad, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inadmisibles los recursos extraordinarios federales interpuestos, en virtud de lo cual adquirió firmeza (cfr. C.F.C.P., Sala IV, causa CFP 5048/2016/TO1/CFC13 “Fernández de Kirchner, Cristina y otros s/ recurso de casación", rta. 13/11/24, Reg. nº 1373/24 y C.S.J.N., causas CFP 5048/2016/TO1/49/6/RH84 y CFP 5048/2016/TO1/49/6/RH87, “Fernández de Kirchner, Cristina Elisabet y otros s/ incidente de recurso extraordinario", rtas. el 10/06/25).
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 dispuso el 27/06/2025: "HACER LUGAR a lo solicitado por la defensa del condenado, y remitir las actuaciones vinculadas a Lázaro Antonio Báez para que sea el Tribunal Oral en lo Criminal Federal nro. 4 el que conozca al respecto y dicte sentencia única comprensiva de las pronunciadas en estas actuaciones y en la causa CFP 3017/2013/TO2 del registro de ese tribunal (art. 58, última parte, CP; art. 21, CPPN)" (cfr. Lex 100, expte. CFP 5048/2016/TO1/60).
El 4 de julio de 2025, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 4 llevó a cabo la audiencia a los fines de resolver la solicitud de unificación de condenas respecto de la situación de Lázaro Antonio Báez. En dicho marco, el representante del Ministerio Público Fiscal requirió que se le impusiera a Lázaro Antonio Báez la pena única de quince (15) años de prisión y multa de seis (6) veces el monto de la operación identificada en la causa CFP 3017/2013/TO2.
Finalmente, el 11 de julio el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 4 dictó la sentencia unificada que la defensa de Lázaro Antonio Báez cuestionó mediante su recurso de casación.
II. Cabe señalar que el objeto cuestionado es la determinación judicial del quantum punitivo impuesto a Lázaro Antonio Báez en relación con la pena privativa de libertad. Su defensa particular esgrimió diversos motivos para sustentar su impugnación. Sin embargo, se aprecia que algunos de ellos resultan inconducentes para conmover el decisorio recurrido. Al respecto, resulta aplicable la doctrina judicial según la cual los jueces no están obligados a tratar todos y cada uno de los argumentos de las partes o que no sean decisivos, sino sólo aquéllos que estimen pertinentes o conducentes para la correcta resolución del caso (Fallos: 310:267; 314:303; 325:1922; 327:3157; 331:2077; 345:1086, entre muchos otros).
En el recurso de casación bajo análisis, la parte impugnante expresó que en el juicio de unificación debían haber intervenido “…las mismas juezas que integraron el TOF N°4 en ocasión de condenar a Lázaro Báez en la causa CFP 3017/2013/TO02, y no así por quienes lo integran hoy circunstancialmente”. Dicho argumento ya fue planteado en la instancia previa, oportunidad en la cual el tribunal oral expresó: “…la actual integración del Tribunal -como jueces naturales de la causa- ya ha adoptado diferentes decisiones jurisdiccionales consolidando su intervención en el expediente sin objeción de ninguna de las partes, de modo que la exégesis que adjudica al art. 58 del Código Penal la defensa de Báez no guarda ninguna relación con su letra ni con su posible interpretación -pues ciertamente la norma alude a órganos judiciales y no a sus integrantes-, por lo tanto corresponde rechazar el pedido formulado” (cfr. decreto de fecha 3 de julio, expte. CFP 3017/2013/TO2, el cual no fue impugnado). Incluso la defensa de Báez insistió en su postura el día posterior a la providencia citada precedente; más precisamente, en la audiencia efectuada a los efectos de proceder a la unificación de condenas, en cuyo marco el a quo -ante la ausencia de circunstancias y motivos novedosos- rechazó in limine la petición (cfr. acta de audiencia de fecha 04/07/2025). La defensa particular de Lázaro Antonio Báez alega una vulneración a la garantía de ne bis in idem bajo el argumento de que el delito de lavado de activos incluyó “el reproche correspondiente a la administración fraudulenta en concurso real con la asociación ilícita contenida en la causa n° CFP 5048/2016”; sin embargo, tal razonamiento carece de asidero. La asistencia letrada de Lázaro Antonio Báez pretende someter a discusión la autonomía e independencia del delito de lavado de activos con relación a los delitos precedentes, cuando aquella cuestión excede el objeto la unificación de condenas. En efecto, de acuerdo con lo establecido por el artículo 58 del código sustantivo, ante la firmeza de dos condenas, corresponde que el tribunal determine con arreglo a las declaraciones de hecho y calificaciones jurídicas establecidas, la medida de la sanción a fijar de acuerdo con las reglas del concurso de delitos y las pautas establecidas en los artículos 40 y 41 del Código Penal.
Por lo tanto, las alegaciones intentan retrotraer el debate a instancias previas que culminaron con pronunciamientos condenatorios firmes, por lo que no logran menoscabar en este punto la fundamentación de la resolución atacada. Con acierto, el a quo entendió en la decisión bajo examen, que: “…las alegaciones efectuadas por la defensa de Lázaro Antonio Báez con respecto a cuestiones de fondo de las condenas en cuestión, escapan claramente al objeto y finalidad de unificación mencionada, en tanto las plataformas fácticas acreditadas en cada sentencia y su relevancia jurídica mantienen la calidad de cosa juzgada”. Además de inconducente en los términos precisados precedentemente, el planteo desatiende las concretas constancias del caso, ya que la sentencia definitiva que recayó sobre Lázaro Antonio Báez en el expediente CFP 3017/2013/TO2 -y que es objeto de unificación- es aquélla que resultó de la actividad revisora que ejerció esta Alzada (cfr. C.F.C.P., Sala IV, causa CFP 3017/2013/TO2/86/CFC57, “BÁEZ, Lázaro Antonio y otros s/recurso de casación”, Reg. Nro. 125/23.4 del 28/02/2023). En dicha ocasión, esta Sala IV -con integración parcialmente distintaconfirmó su condena por lavado de activos y, a tal efecto, sus integrantes sólo concordaron en analizar como delito precedente las defraudaciones fiscales contra el erario público, lo que termina de sellar la suerte negativa que ha de correr el embate intentado.
Tampoco tendrá recepción favorable la alegación defensista referida a que el a quo vulneró el principio de inocencia al haber fundado la sentencia unificadora en el delito de asociación ilícita (imputación respecto de la cual Báez fue absuelto).
En este punto, comparto lo expresado por el señor juez Javier Carbajo en su voto, en cuanto a la crítica referida carece de una debida motivación, pues del pronunciamiento cuestionado se advierte que el colegiado previo se ciñó a los hechos y las calificaciones jurídicas establecidas en las sentencias condenatorias que adquirieron firmeza.
Por lo demás, la manera en que corresponde practicar el cómputo sobre la nueva pena única de prisión que finalmente corresponda aplicar -cómputo provisorio ya efectuado por el a quo, según surge del estudio de las constancias disponibles en el Sistema Informático de Gestión Judicial “Lex,100”-, excede el objeto de revisión de la presente incidencia bajo examen. Asimismo, lo subsidiariamente solicitado en cuanto a que, de ningún modo, la pena única de prisión a imponer podría superar el monto de diez (10) años de prisión, carece de asidero normativo y debe rechazarse de plano. Lo contrario implicaría transpolar el método de la absorción propio del concurso ideal para el real. Ante el panorama descripto, el cuestionamiento del recurrente luce como una reiteración de aquellas objeciones efectuadas ante la instancia previa, sin una fundamentación que permita advertir en este punto, alguna transgresión de las normas aplicables por parte del tribunal de grado o vulneración de garantía constitucional alguna, por lo cual corresponde rechazar también el agravio referido.
Por su parte, otros agravios esgrimidos por el impugnante durante el término de oficina (arts. 466 y 468, cuarto párr. del C.P.P.N.) como nuevos motivos para pretender robustecer los argumentos expuestos en su recurso de casación, no logran conmover el debido razonamiento seguido por el sentenciante en la resolución recurrida. En este sentido, la defensa particular de Lázaro Antonio Báez se agravió porque al establecer el respectivo quantum punitivo de la pena única de prisión, el a quo no evaluó el tiempo que el nombrado lleva detenido y no tuvo en cuenta que habría una supuesta superposición de sanciones con contenido pecuniario que recaerían indebida y simultáneamente sobre su asistido.
Respecto a la invocada duplicación de sanciones con contenido económico, el recurso de casación tampoco puede tener favorable acogida. En la unificación de condenas, no resulta posible la modificación de los hechos y su correspondiente calificación legal.
Debe destacarse que solamente uno de los tipos penales por los que ha sido condenado Lázaro Antonio Báez prevé la pena de multa (art. 303, incs. 1º y 2º, ap. “a” del C.P.), motivo por el cual, dicha pena patrimonial integra el mismo pronunciamiento judicial que dispuso la unificación de condenas sucesivamente dictadas, aunque el objeto primordial lo constituyó la nueva determinación del monto de pena única de prisión a imponer. En efecto, el artículo 58 del Código Penal expresamente remite a las reglas previstas en los artículos precedentes y, al respecto, debe memorarse que la inhabilitación y la multa se aplicarán siempre sin sujeción a lo dispuesto para la integración de penas de prisión (art. 56 in fine del C.P.).
En cuanto a la supuesta superposición en la ejecución de los decomisos por los diversos tribunales orales, cabe destacar que los respectivos pronunciamientos condenatorios en los que se dispusieron dichas penas accesorias (art. 23 del C.P.) adquirieron firmeza, razón por la cual, resultan ejecutables por su vía pertinente y no guarda relación con la determinación de la pena única privativa de libertad que corresponde finalmente aplicar.
A ello cabe agregar que, recientemente, este Tribunal resolvió rechazar un planteo de incompetencia impetrado por la defensa particular de Lázaro Antonio Báez que, entre los argumentos que esgrimió -sustancialmente análogos a los aquí expuestos-, reputaba que los decomisos de las diversas causas judiciales pasados en autoridad de cosa juzgada, debía efectuarse por el a quo, en razón de haber sido el tribunal que unificó las sentencias condenatorias porque había impuesto la pena mayor (cfr. C.F.C.P., Sala IV -con integración parcialmente distinta-, causa CFP 5048/2016/TO1/39/4/CFC21, Reg. Nro. 1227/25.4, rta. el 24/10/2025).
III. Sentado cuanto antecede, corresponde precisar los fundamentos expuestos por el tribunal oral para sustentar su decisorio. Debe memorarse que la unificación de condenas dispuesta ha sido peticionada por el recurrente, en atención a que el a quo fue el tribunal que impuso la pena mayor (art. 58 del C.P.).
El sentenciante graduó y determinó la respuesta punitiva que, a su entender, resultaba acorde con el grado de responsabilidad penal correspondiente con los sucesos que fueron juzgados, exponiendo las razones que dieron fundamento a su decisión.
Como pautas agravantes, en cuanto a la extensión del daño causado, el a quo tuvo en consideración los millonarios montos de ambos delitos y la magnitud de afectación de los bienes jurídicos protegidos, de lo que dedujo el consecuente disvalor del resultado y del contenido de los injustos de los sucesos reprochados. Ponderó que, como maniobra para el delito de lavado de activos, Lázaro Antonio Báez utilizó recursos y mecanismos que importan el abuso y manipulación de las formas jurídicas instituidas legalmente. En lo referido a su intervención en el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, valoró su rol superlativo en la concreción del plan delictivo, así como también la prolongación en el tiempo de la conducta reprochada. Como aspecto subjetivo agravante destacó su posición socio-económica privilegiada dentro de la sociedad y la ausencia de circunstancias que limitaran la posibilidad de motivarse en la norma jurídica y obrar conforme a derecho.
Finalmente, se justipreció como atenuante la ausencia de antecedentes penales computables al momento de los hechos y los lazos familiares que el condenado mantiene.
En razón de los fundamentos referidos, en lo que aquí respecta, impuso a Lázaro Antonio Báez la pena única de quince (15) años de prisión, tras considerarla ajustada a derecho y a las circunstancias relevantes del caso.
Ahora bien, he tenido oportunidad de señalar como conjuez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (cfr. Fallos: 347:863) que, si bien en principio, la cuestión de la determinación de la pena constituye el ejercicio de una facultad propia de los jueces de la causa, que resulta ajena a esta vía excepcional por remitir a la interpretación de los hechos, prueba y derecho común (conf. Fallos: 306:1669; 308:2547; 315:807 y 315:1699), cabe el apartamiento de dicha regla, de conformidad con la doctrina de la arbitrariedad, cuando, como en el caso, la decisión impugnada adolece de fundamentación aparente y omite el tratamiento de una cuestión conducente planteada, con menoscabo de los derechos de defensa en juicio y debido proceso del recurrente (Fallos: 315:1658; 320:1463; 324:4170; 329:3006; 330:490).
En este sentido, resulta pertinente recordar que la graduación de las sanciones dentro de los límites ofrecidos por las leyes respectivas para ello, constituye el ejercicio de una facultad propia de los jueces de la causa (Fallos: 237:790 y 423; 255:253; 305:494; 306:1669; 315:807 y 1699: 347:863, entre otros). Debe tenerse presente que la doctrina de la arbitrariedad invocada por la parte impugnante posee un carácter estrictamente excepcional y exige, por tanto, que medie un apartamiento inequívoco de las normas que rigen el caso o una absoluta carencia de fundamentación (Fallos 295:2206 y sus citas; 330:133, entre otros), tal como se aprecia en el sub examine.
No se encuentra en discusión que el supuesto bajo de autos constituye un supuesto de unificación de condenas, motivo por el cual, debe ser resuelto mediante las reglas previstas para el concurso real porque los hechos por los que Lázaro Antonio Báez ha sido condenado en las dos causas en juego, fueron cometidos por el nombrado con anterioridad al dictado de la primera condena.
Al respecto, he tenido ocasión de precisar que el modo de unificación aplicable al caso se configura cuando, por su fecha de ocurrencia, las diversas conductas delictivas debieron haber sido juzgadas por un mismo tribunal, en un mismo proceso y en una única sentencia condenatoria que impusiera una pena total-, de acuerdo con las reglas de los arts. 55 a 57 del C.P. y, a su vez, haya existido una imposibilidad de juzgamiento simultáneo que pueda deberse a diversos motivos como ser la distinta competencia de los órganos judiciales que intervinieron en los diferentes hechos, el estado de los procesos o el desconocimiento sobre la existencia de otro proceso u otro suceso. Este tipo de unificación constituye la construcción de una nueva y única condena, que abarca a todos los hechos que originaron los pronunciamientos condenatorios anteriores, cuyos efectos cesan “sin alterar las declaraciones de hechos contenidas” (art. 58 del C.P.), y aquellos pasan a ser resueltos mediante las reglas de los arts. 55 a 57 del C.P. (cfr. C.F.C.P., Sala IV, votos del suscripto, en lo pertinente y aplicable, en causas FMZ 11356/2013/TO1/40/CFC5, “VARGAS MÉNDEZ, Silvana Natali y otros s/ recurso de casación”, Reg. Nro. 1889/19.4 del 18/09/2019; FTU 400654/2008/16/CFC5, “TAVIANSKY, Ana Alicia s/recurso de casación", Reg. Nº 1505/20.4 del 25/08/2020; CCC 44205/2017/TO1/CFC4, “GAONA RIVAS, Fredy Ramón s/recurso de casación”, Reg. Nro. 2045/20.4 del 16/10/2020 y sus citas, entre otras).
Si bien las circunstancias atenuantes y agravantes tenidas en miras por el sentenciante para la determinación de la pena única, lucen pertinentes para su graduación, cabe destacar que, en las particularidades de autos, no han tenido un debido correlato en el quantum punitivo correspondiente establecido a la pena de prisión.
Ello así, por cuanto el supuesto de unificación de condenas constituye uno de menor gravedad que el de integración de penas, en tanto en este último caso un nuevo delito lo comete quien se hallaba cumpliendo su sanción como penado, mientras que en el sub examine todos los sucesos fueron cometidos mediando un concurso material de delitos (art. 55 del C.P.). De manera que, el menor contenido de desvalor correspondiente a todos los injustos penales en cuestión, en las particulares circunstancias de la especie, debe tener un debido correlato en la respuesta punitiva. Ello impone el establecimiento de la pena única comprensiva de las previstas en los pronunciamientos judiciales sucesivos, cuyas condenas se unifican en una sola abarcadora y sus sanciones, individualmente consideradas, ceden a los efectos de la cosa juzgada.
El artículo 58 del Código Penal responde al propósito de establecer real y efectivamente la unidad penal en el territorio de la Nación, mediante las medidas necesarias para que ella no desaparezca por razón del funcionamiento de las distintas jurisdicciones (Fallos: 212:403; 311:744; 340:829, entre otros). De modo que el sistema seguido por dicha disposición legal es el que determina el establecimiento de una unidad en la respuesta punitiva para aquellos supuestos en los que, como el sub examine, medió un concurso material de delitos pero cuyo juzgamiento no pudo efectuarse simultáneamente.
Realizada la audiencia de visu respecto de Lázaro Antonio Báez de conformidad a la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re “Niz” (C.S.J.N., causa N. 132. XLV, “Niz, Rosa Andrea y otros s/recurso de casación”, rta. el 15/06/2010) y considerando el límite máximo de pedido de pena por el representante del Ministerio Público Fiscal –de quince (15) años de prisión-, corresponde evaluar las pautas previstas en los artículos 40 y 41 del Código Penal, a los fines de la determinación del monto punitivo que corresponde imponer (cfr. C.F.C.P., Sala IV, voto del suscripto en causas FTU 52269/2013/TO1/5/CFC1 “Bustos, Lucas Luis Eduardo y otros s/recursos de casación”, Reg. nro. 1668/16, rta. el 19/12/2016; FCR 53002787/2012/TO1/12/CFC2 “González, Alejandro Damián y otro s/recurso de casación”, Reg. nro. 1707/19, rta. el 30/08/2019; FSA 11044/2019/TO1/9/CFC5, “Cruz, Martina Simona s/recurso de casación”, Reg. nro. 1829/22, rta. el 29/12/2022; FMZ 7450/2019/TO1/7/CFC1 “Granella, Luis s/recurso de casación, Reg. Nro. 81/23 del 17 de febrero de 2023; causa CFP 3017/2013/TO2/86/CFC57, “Báez, Lázaro Antonio y otros s/recurso de casación”, Reg. Nro. 125/23.4, rta. el 28/02/2023, entre otras).
Para ello se analizarán las circunstancias personales en particular, según el conocimiento directo tomado a partir de la respectiva audiencia dispuesta por este Tribunal.
Al respecto, se estiman como circunstancias agravantes, la naturaleza de las acciones cometidas y de los medios empleados para ejecutarla, junto a la extensión de los daños causados (art. 41, inc. 1° del C.P.).
Lázaro Antonio Báez cometió ambos delitos – administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y lavado de activos agravado (arts. 174, inc. 5°, en función del art. 173, inc. 7°, y 303, incs. 1° y 2°, ap. “a” del C.P.)- que se presentan de suma gravedad, en razón de la extensión del perjuicio ocasionado, lo cual se ve reflejado en los correspondientes montos dinerarios implicados.
En el caso del lavado aludido, la maniobra resultó equivalente a cincuenta y cuatro millones ochocientos setenta mil dólares estadounidenses (U$D 54.800.000), mientras que intervino en la defraudación al erario público en una suma de dinero que estimada en conceptos de colusión y por sobreprecios en la obra pública, en la última actualización disponible, asciende a más de seiscientos ochenta y cuatro mil millones de pesos ($ 684.000.000.000).
A ello cabe agregar el rol protagónico que el nombrado desempeñó en ambos delitos. Como coautor del lavado agravado, encabezó una estructura de personas a su servicio para pergeñar la maniobra, donde se acreditó que llevaba el control absoluto del resto de los intervinientes y de los detalles de los movimientos dinerarios en los sucesivos tramos de colocación, diversificación e integración del dinero de procedencia ilícita. Como partícipe necesario en la defraudación a la administración pública, supo tener un rol preponderante entre quienes llevaron a cabo las sucesivas operaciones defraudatorias y ha sido uno de los principales beneficiarios.
Respecto al delito del lavado de activos agravado en cuestión, he tenido oportunidad de señalar (C.F.C.P., Sala IV, causa CFP 3017/2013/TO2/86/CFC57, “Báez, Lázaro Antonio y otros s/recurso de casación”, Reg. Nro. 125/23.4, rta. el 28/02/2023) diversos extremos -cuya desvaloración mantengo-, en cuanto al grado de afectación al bien jurídico protegido (orden económico y financiero), y los diversos y elaborados medios utilizados para llevar a cabo la operación. Entre ellos, corresponde precisar la utilización abusiva de diversas formas jurídicas e instrumentos financieros tanto en el plano local como internacional, que dotaron a la maniobra de un particular nivel de sofisticación y complejidad, lo cual incrementó notablemente las posibilidades de éxito de la empresa criminal. Recuérdese que el condenado conformó una estructura jurídica, societaria y bancaria en la Argentina y en el extranjero que implicó, entre otros tópicos, la adquisición de una financiera -SGI S.A.-, la constitución de sociedades off shore radicadas en países de bajo control financiero -como Panamá y Belice- que carecían de una real actividad y que operaron como verdaderas pantallas, la apertura de cuentas bancarias por parte de los entes societarios de los que se valió en importantes bancos de la Confederación Suiza cuya jurisdicción -como es sabido- protege el secreto bancario y el empleo de una sociedad vehículo como fue Helvetic Services Group; toda esta estructura le permitió canalizar, ocultar y poner en circulación importantes sumas dinerarias de origen ilícito y de ese modo cortar su vinculación con los delitos tributarios de las que derivaban para finalmente integrarlos al circuito económico formal bajo la apariencia de licitud.
En cuanto al delito de defraudación contra la administración pública cometido en carácter de partícipe necesario, se considera su papel esencial como contracara de la parte privada que posibilitó el hecho ilícito dentro del fenómeno de corrupción. Al respecto, debe recordarse que formó parte del plan principal tendiente a defraudar las arcas estatales y a tal fin puso a disposición sus empresas que constituyó y a las que controlaba. Se pondera el uso indebido de sus contactos personales con las altas esferas del poder político de turno, dirigido a la consecución de su designio criminal en el montaje de la estructura que le permitió establecer en el rubro de la ejecución de la obra pública. A la vez, desplegó un sinnúmero de artificios para lograr indebidos beneficios estatales -tanto impositivos como exenciones y otras facilidades- para hacerse de los fondos ilícitamente percibidos.
Como pautas atenuantes, se aprecia que Lázaro Antonio Báez se encuentra cerca de cumplir setenta (70) años de edad y posee un deterioro en su salud. Padece enfermedades de larga data como diabetes, hipertensión, enfermedades respiratorias -asma, entre otras-, y en la audiencia de visu (art. 41 del C.P.), puso en conocimiento del Tribunal sus recientes problemas médicos de origen digestivo que derivaron en su traslado del lugar de detención -desde la U.15 de Río Gallegos al HPC de Ezeiza- a fin de efectuarle los correspondientes estudios médicos que informaron respecto a la necesidad de una intervención quirúrgica y su consecuente internación. Especificó que había sido dado de alta dos días antes y que actualmente se encuentra en el CPF I de Ezeiza, recuperándose de sus dolencias. Al ser consultado sobre el tiempo que lleva detenido, el nombrado dijo que permanece en dicha condición desde hace nueve (9) años y siete (7) meses. Se pondera dentro de las pautas atenuantes, que tiene lazos afectivos estables. Entre ellos, cabe mencionar sus cuatro (4) hijos –todos mayores de edad- producto de su matrimonio anterior. También, la relación que mantiene con su actual pareja –que a su vez presenta un delicado estado de salud-, y con sus tres hijos -dos de ellos menores de edad y con quienes convivía hasta su reciente traslado a la órbita penitenciaria en fecha 11/06/2025-.
Por último, se valora positivamente la impresión favorable causada, que siempre ha estado a derecho y no se constatan incumplimientos a las obligaciones inherentes a las diversas modalidades de encierro tanto intra muros como en detención domiciliaria.
Las circunstancias descriptas lucen conducentes para la determinación judicial de pena, teniendo en cuenta su finalidad. Al respecto, cabe destacar que, recientemente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha precisado que: “…el cumplimiento de los fines previstos en el artículo 5.6 de la Convención Americana, entendidos desde la perspectiva de la ejecución de la pena privativa de libertad (no propiamente de la pena), supone que la privación de libertad se desarrolle en condiciones adecuadas, que no resulten lesivas de los derechos de las personas penadas, pues existe una relación intrínseca entre tales elementos”; y que “…el sistema penitenciario no debe deteriorar a la persona, más allá del efecto inevitable de toda institucionalización (en este caso prisionización), debiendo procurar minimizar o neutralizar dicho efecto en la mayor medida de lo posible. Ello conlleva, por un lado, que el régimen penitenciario sea diseñado y propenda a la consecución de los fines de reinserción y reintegración social de la persona, y que las autoridades judiciales y administrativas, según sea el caso, tomen en consideración estas circunstancias al momento de aplicar o evaluar las penas establecidas…” (Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Lynn vs. Argentina, Sentencia del 02/07/2025. Fondo y Reparaciones).
Ahora bien, la naturaleza de los hechos atribuidos, su gravedad, la extensión de la afectación a los bienes jurídicos tutelados (la administración pública y el orden económico y financiero) los montos de las operaciones, los elevados medios empleados, el papel preponderante del condenado, su especial ánimo de ejecutar los hechos en su propio beneficio económico y la ausencia de circunstancias que limitaran la posibilidad de motivarse en la norma jurídica y obrar conforme a derecho, aun teniendo en cuenta las atenuantes precisadas, son todos ellos extremos que conducen a apartarse holgadamente del mínimo computable.
En atención a la escala penal resultante de las reglas concursales imperantes (arts. 55 y 58 del C.P.) entre los delitos por los que Lázaro Antonio Báez fue condenado –mediando un concurso real-, la misma quedó conformada entre un mínimo de cuatro (4) años y seis (6) meses de prisión, a diecinueve (19) años y cuatro (4) meses de prisión (arts. 55; 58; 173, inc. 7°; 174, inc. 5° y 303, incs. 1° y 2°, ap. “a” del C.P.). Sin embargo, corresponde recordar la limitación existente en razón del monto impuesto por el a quo en la sentencia impugnada –de quince (15) años de prisión coincidente con el peticionado por el representante del Ministerio Público Fiscal- en atención a la garantía constitucional de prohibición de reformatio in pejus. Por los motivos reseñados precedentemente y teniendo en cuenta el conocimiento directo (art. 41 del C.P.) que este Tribunal tomó del nombrado en la audiencia del día 05/11/2025, se estima pertinente la imposición a Lázaro Antonio Báez de una pena única de catorce (14) años de prisión, manteniendo la pena de multa y las accesorias legales oportunamente dispuestas -entre ellas, el decomiso de bienes- y que han quedado abarcadas por los efectos propios de la cosa juzgada material.
IV. Por último, con relación al planteo de inconstitucionalidad del art. 12 del CP realizado por las defensas de Burgo y Benítez, corresponde recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que las leyes debidamente sancionadas y promulgadas llevan, en principio, presunción de validez (Fallos: 263:309).
El Máximo Tribunal ha afirmado que la declaración de inconstitucionalidad de una disposición legal es un acto de suma gravedad institucional que debe ser considerada como la última ratio del orden jurídico (cfr. Fallos: 305:1304, entre otros), toda vez que las leyes dictadas de acuerdo con los mecanismos previstos por la Constitución Nacional gozan de una presunción de legitimidad, que opera plenamente y obliga a ejercer dicha atribución, únicamente cuando la contradicción con la cláusula constitucional sea manifiesta, clara e indudable.
Lo expuesto exige, a su vez, que la parte que pretende la declaración de inconstitucionalidad de una norma tiene el deber de cimentar su posición señalando de qué modo su eventual aplicación conllevaría la concreta afectación de garantías consagradas por la Constitución Nacional, pues tal declaración es un acto de suma gravedad del orden jurídico, al que solo debe acudirse cuando se advierte una clara, concreta y manifiesta afectación de una garantía consagrada por la Constitución Nacional que torna a la norma cuestionada en evidentemente irrazonable; no existiendo, además, la posibilidad de una solución adecuada del caso sin su correspondiente pronunciamiento y sin olvidar que no corresponde a los jueces un examen de la mera conveniencia o acierto del criterio adoptado por el legislador (C.S.J.N., Fallos 328:2567, 328:4542, 330:2255, 330:3853, entre muchos otros).
En otras palabras, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que sólo cabe acudir a la declaración de inconstitucionalidad de una disposición legal cuando la repugnancia con la cláusula constitucional sea manifiesta e incompatiblemente inconciliable, sin que exista otro modo de salvaguardar algún derecho o garantía amparado por la Constitución, sino a costa de remover el obstáculo que representan normas de inferior jerarquía (Fallos 311:394; 312:122, 435, 1437, 1681, 2315; 314:407; 315:923; 316:779, 2624; 319:3148; 321:441; 322:842; 338:1504 y 340:1795, entre muchos otros).
De lo contrario, se desequilibraría el sistema constitucional de los tres poderes, que no está fundado en la posibilidad de que cada uno de ellos actúe destruyendo la función de los otros, sino que lo haga con la armonía que exige el cumplimiento de los fines del Estado y para lo cual se requiere el respeto de las normas constitucionales y del poder encargado de dictar la ley (cfr. Fallos: 226:688; 242:73; 285:369; 314:424, entre otros).
Ahora bien, respecto al planteo en concreto se observa que la defensa no ha logrado evidenciar que la inhabilitación prevista en el art. 12 del C.P. resulte violatoria, en el caso de examen, de los principios constitucionales invocados.
Cabe recordar que he tenido oportunidad de sostener la validez constitucional de la norma en cuestión en reiteradas ocasiones (cfr. en lo pertinente y aplicable, votos del suscripto en los siguientes casos de esta Sala IV: causa nro. 14.534, “Sarmiento, Alexis Gabriel y otros s/recurso de casación”, Reg. nro. 2055/2013, rta. 22/10/2013; causa nro. 935/2013, “Contreras, Luis Denis s/recurso de casación”, Reg. nº 1022/2014, rta. el 30/5/2014; causa CCC 19431/2003/TO1/2/CFC2, “Belloso, Roberto Carlos s/recurso de casación”, Reg. nro. 927/15, rta. 19/5/2015; causa FLP 5977/2013/CFC4, “Delgado Huillcahuaman, Raúl Francisco s/recurso de casación”, Reg. nro. 1025/16, rta. 23/08/2016; causa CCC 51268/2011/TO1/2/CFC1, “Fernández, Norma Amalia y otros s/recurso de casación”, Reg. nro. 538/18, rta. el 18/05/18; causa FGR 4908/2013/TO1, “Aranaga Rodríguez, Diego Fernando y otros s/ recurso de casación”, reg. 189/19, rta. 25/02/2019; causa CFP 19500/2017/TO1/CFC6, “Escalante Escalante Magaly Milagros y otros s/ recurso de casación”, Reg. nro. 2590/20.4, rta. 21/12/2020 y causa FRO 14249/2020/TO1/8/CFC4, caratulada: “Burgo, Matías Ángel y otros s/recurso de casación”, Reg. nro. 1193/23, rta. 6/9/2023; entre otras).
El criterio que el suscripto ha venido sosteniendo con relación a la constitucionalidad del art. 12 del C.P., se encuentra en consonancia con la doctrina establecida al respecto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los casos “González Castillo” (Fallos 340:669 del 11/05/2017), “Dalla Fontana” (causa FRO 61000438/2012/TO1/3/CS1 del 3/10/2017) y “Antonini Rosetti” –FSM 1078/2010/T01/2/RH1 Antonini Rosetti, Hugo Luis s/ secuestro extorsivo, del 7/5/2019-.
En tanto la parte recurrente no ha aportado nuevas y variadas razones que conmuevan los argumentos que sustentan esta ponencia, corresponde adherir al rechazo del planteo de inconstitucionalidad del artículo 12 del Código Penal formulado por la defensa de Lázaro Antonio Báez.
V. Por todo ello, propongo al Acuerdo hacer lugar parcialmente al recurso de casación interpuesto por la defensa particular, casar la resolución recurrida y, en consecuencia, condenar a Lázaro Antonio Báez a la pena única de catorce (14) años de prisión, manteniendo las penas de multa de seis (6) veces el monto de la operación acreditada en la causa CFP 3017/2013/To2 y las accesorias legales oportunamente impuestas, comprensiva de las condenas arribadas en el marco de las causas CFP 3017/2013/To2 y CFP 5048/2016/To1 y sus respectivas penas de diez (10) años de prisión, multa de seis (6) veces el monto de la operación (CFP 3017/2013/To2) por resultar coautor del delito de lavado de activos agravado, y de la de seis (6) años de prisión (CFP 5048/2016/TO1) por resultar partícipe necesario del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Estarse a las demás sanciones oportunamente impuestas - decomiso de bienes- en las decisiones que aquí se unifican, en los términos correspondientes a su actual estado de la etapa ejecutiva. Sin costas en la instancia (arts. 23, 40, 41, 45, 55, 58, 173, inc. 7°; 174, inc. 5° y 303, incs. 1° y 2°, ap. “a” del C.P.; arts. 470, 530 y 531 del C.P.P.N.).
El señor juez Gustavo M. Hornos dijo:
I. El recurso de casación interpuesto por la defensa particular resulta formalmente admisible, toda vez que la resolución recurrida es de aquellas consideradas definitivas (art. 457 del C.P.P.N.), el recurrente se encuentra legitimado para impugnarla (art. 459 del C.P.P.N.), los planteos efectuados se enmarcan en los motivos previstos por el art. 456 del C.P.P.N. y se han cumplido los requisitos de temporaneidad y de fundamentación exigidos por el art. 463 del citado código ritual.
Con respecto a la incorporación de nuevos agravios con posterioridad a la presentación de un recurso de casación, he sostenido reiteradamente que corresponde ingresar al estudio de los nuevos argumentos expuestos por las defensas.
Tal postura concuerda, primero, con lo previsto no solo en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos –arts.
14.5. sino también con la Convención Americana sobre Derechos Humanos –art. 5.2- por cuanto exigen el derecho al imputado a someter el fallo condenatorio a un Tribunal Superior con revisión amplia y eficaz.
Debe recordarse, además, el alcance amplio de esa capacidad revisora en materia de casación que, con sustento en el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos “Herrera Ulloa vs. Costa Rica”, se estableció en el fallo “López, Fernando Daniel s/ recurso de queja” (causa Nro. 4807, reg. Nro. 6134.4, rta. el 15/10/04) y en los votos del suscripto en las causas Nro. 4428 “Lesta, Luis Emilio y otro s/ recurso de casación” (reg. Nro. 6049.4, rta. el 22/09/04) y causa Nro. 12.479 “P., H. R. s/ recurso de casación” (rta. el 13/11/12).
Esta interpretación también fue considerada y sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación como la única compatible con los derechos y garantías invocadas por la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos y la aplicación que de éstos han efectuado los diversos Organismos y Tribunales competentes (“Casal, Matías Eugenio”, Fallos 328:3399) y, en particular, por lo resuelto por nuestro más alto Tribunal en “Recurso de hecho deducido por Ricardo Catrilaf en la causa Catrilaf, Ricardo o Fernández, Luis Miguel s/causa n° 6799” (C.1240. XLII; del 26 de junio de 2007), “Concha, Alejandro Daniel” (C. 1240. XLIII, resuelta 20/08/2008) y “Rodríguez, Héctor Gabriel” (R. 764. XLIV, rta. 09/03/2010). Y a la luz de la plena vigencia que cabe otorgarle al derecho al recurso y del derecho de defensa (art. 8.2. de la C.A.D.H. y 14.3 del P.I.D.C.y P.).
Cabe destacar que este aludido criterio amplio que he sostenido a lo largo del tiempo en lo que respecta a la facultad de la defensa para introducir nuevos agravios con posterioridad a la presentación del recurso, también encuentra asidero en el Código Procesal Penal Federal.
En efecto, más allá de que dicho digesto normativo no se aplica en la presente causa, corresponde mencionar que el artículo 362 de dicho código, además de prever que las partes podrán ampliar la fundamentación o desistir de alguna de las cuestiones –al igual que lo hace el art. 463 del Código Procesal Penal de la Nación-, sí estipula este criterio amplio que vengo desarrollando en lo párrafos precedentes, al señalar que el imputado podrá introducir motivos nuevos de agravios.
De esta manera, se advierte que la postura que he mantenido desde hace muchos años en cuanto a que todo agravio introducido por la defensa en cualquier momento del proceso debe ser tratado sin distinción, concuerda no solo con los tratados internacionales de los que la República Argentina forma parte sino también con la doctrina emanada de los distintos fallos de nuestro Máximo Tribunal y del nuevo Código Procesal Penal Federal.
II. En lo relativo a las constancias del caso me remito a los votos que me preceden y, por compartir en lo sustancial los fundamentos expuestos por el señor juez Javier Carbajo en su voto, en tanto coincido con las razones señaladas, habré de adherir a la solución allí propuesta.
No obstante, con el objeto de dar una adecuada respuesta jurisdiccional y exponer los fundamentos de mi posición, habré de efectuar algunas consideraciones.
a. En primer lugar, estudiada la concreta fundamentación otorgada a la resolución impugnada, corresponde señalar que resulta ajeno al supuesto de unificación de condenas, y en orden a los argumentos ya reseñados, la aplicación de los criterios de suma aritmética o composición de penas, toda vez que, como se dijo, la unificación de condenas se trata de un concurso real de delitos que han sido juzgados en procesos distintos, por lo que el juez de la unificación sólo se encuentra limitado por la fijación de hechos resuelta en las condenas objeto de unificación, y no por las penas impuestas respectivamente, que desaparecen; por lo que el único marco, en cuanto al monto de pena a imponer, es el establecido por la escala penal aplicable de conformidad a lo dispuesto en el artículo 55 del C.P. (cfr. mi voto en causa CCC 4083/2000/TO1/3/CFC3 “ALSOGARAY, María Julia s/recurso de casación”, reg. nro. 1191/16, rta. el 22/09/16).
Cabe memorar, además, que procede el dictado de una sentencia que resuelva la unificación de condenas, mediante el dictado de una única condena, en casos en los que, y así lo refiere el tribunal de origen, las conductas delictivas debieron ser objeto de juzgamiento por un mismo tribunal, en un mismo proceso y en una única sentencia condenatoria que impusiera una pena total, de acuerdo a las reglas de los arts. 55 a 57 del C.P. El fundamento de la unificación radica en que todos los hechos debieron haber sido juzgados en un único proceso, con aplicación de las reglas del concurso real de delitos, pero no lo fueron debido a la imposibilidad material o procesal de juzgamiento simultáneo de los hechos concurrentes o al incumplimiento de la obligación legal de hacerlo.
Sabido es que, en esos supuestos, el tribunal de la unificación debe dictar una única condena, quedando sujeto a la fijación de los hechos que se consideraron acreditados en las respectivas sentencias condenatorias abarcadas en la sentencia unificadora; única concesión a favor de la cosa juzgada, cuyos efectos se subordinan a la premisa de lograr un código penal único para todos los habitantes de la Nación, previendo las mismas sanciones para hechos iguales (cfr.: mi voto en la causa Nro. 801: “FERMI, Ricardo Luis s/ rec. de casación”, Reg. Nro. 1198; rta. el 26/3/98; y en la causa CCC 4083/2000/TO1/3/CFC3: “ALSOGARAY, María Julia s/rec. de casación”, ya citada; entre muchas otras).
Es por eso que no resulta vinculante el monto de pena impuesto en cada una de las condenas objeto de unificación; pues, el juez que dicta la condena única se transforma en el juez que deberá individualizar la pena a imponer respecto del concurso real de delitos que integran aquellos juzgados en procesos diferentes.
Todo ello, con el parámetro compuesto también por el mandato constitucional que ordena que toda pena privativa de la libertad esté dirigida, esencialmente, a la reforma y readaptación social de los condenados (art. 5, inc. 6, CADH), lo que exige que el sentenciante no se desentienda de los posibles efectos de la pena desde el punto de vista de la prevención especial.
Entonces, el concreto planteo de la defensa de Lázaro Antonio Báez no resulta suficiente para controvertir lo resuelto por el a quo. Es que, lo señalado por el recurrente no resulta en modo alguno suficiente a los fines de mostrar la pretendida arbitrariedad de la composición de la condena única impuesta finalmente a su asistido, en tanto no evidencia que los argumentos expuestos resulten en una errónea aplicación de las normas previstas en los arts. 55 a 57 del C.P., así como de las pautas de individualización de la pena fijadas en los arts. 40 y 41 del Código Penal.
Como he tenido oportunidad de señalar en diversos pronunciamientos, la enumeración de las pautas de mensuración punitiva efectuada en el artículo 41 del código de fondo, es puramente enunciativa y explicativa, y no excluye ninguno de los elementos referentes a la persona o al hecho dignos de ser considerados y que representen mayor o menor gravedad del delito cometido.
Entonces, por ejemplo, sí puede tener incidencia como agravante o atenuante el grado de afectación al bien jurídicamente protegido. Al igual que ocurre con el tiempo, lugar y modo en que se desarrolló el delito; así como los medios de que se valió el delincuente, que en cada caso adquirirán según su intensidad un diferente valor indiciario de la gravedad del hecho.
Que lo mismo ocurre respecto de la evaluación de las condiciones personales del autor, contenidas en el artículo 41, inc. 2°, del C.P. -como la educación, la calidad de los motivos que lo determinaron a delinquir, la participación que haya tomado en el hecho, etc.-, las que evaluadas respecto al momento en que se cometieron los sucesos, pueden revelar su mayor o menor gravedad; y para estimar la capacidad del autor para reconocer la antijuridicidad del hecho y para determinarse conforme a ese conocimiento.
Igualmente, corresponde remarcar que no se advierte incorrecto el mérito que en carácter de agravantes se les otorgó a los aspectos relativos a la naturaleza de los hechos, los medios empleados, la magnitud de las lesiones reprochadas y el rol protagónico que tuvo Báez en las maniobras, en cuanto reveladores de la mayor capacidad del nombrado para reconocer la antijuridicidad de los hechos y determinarse conforme a ese conocimiento. Analizados dichos parámetros siempre en relación los sucesos concretos por él cometidos.
En ese sentido, he de recordar que al confirmar la condena dispuesta a Báez en el marco de la causa CFP 5048/2016/TO1/CFC13 (reg. 1373/24, rta. el 13/11/24, de esta Sala), resalté que la participación del nombrado fue sustancial para consolidar el fraude, sin el cual la compleja conducta criminal no se habría cometido del modo en que se perpetró, ya que necesariamente se necesitaba del brazo privado para su realización -rol asumido y ocupado durante toda la ejecución por Lázaro Antonio Báez-.
En otro orden de ideas, comparto lo expuesto por los jueces que me preceden en el orden de votación, en orden a la inexistencia de afectación a la garantía del ne bis in idem por cuanto, a diferencia de lo planteado por la defensa, considero que no resulta posible ingresar a analizar en esta oportunidad si el delito de lavado de activos contenía el reproche correspondiente al delito de administración fraudulenta por el que resultó condenado, ya que, repito, la actual intervención de esta judicatura se encuentra circunscripta únicamente al análisis de los elementos que fueron considerados por el tribunal para determinar la pena única aquí cuestionada.
Cualquier intención de retrotraer el análisis a cuestiones previas que ya fueron debatidas y poseen sentencia condenatoria firme, escapa al objeto de la presente incidencia. En consecuencia, dicho cuestionamiento debe ser rechazado. Tampoco encuentra asidero el planteo relacionado a que el a quo ponderó doblemente ciertas pautas agravantes al momento de fijar la pena única aquí analizada, ya que, conforme fuera descripto en los votos que anteceden -a los que me remito-, los juzgadores analizaron específicamente las cuestiones que hacían a cada uno de los procesos en que Lázaro Antonio Báez resultó condenado para poder así, establecer la pena única que entendieron que correspondía aplicar al presente caso, la cual considero acertada.
Llegado a este punto, cabe recordar que fue este mismo tribunal -con una integración parcialmente diferente, integrada por mis colegas Mariano Hernán Borinsky, Javier Carbajo y la jueza Ángela Ledesma- el que, tras analizar los hechos investigados en la presente causa como así también la específica responsabilidad del imputado, decidió reducir la pena de Báez de 12 a 10 años de prisión (cfr. reg. nro. 125/23, rta. el 28/2/23). Entonces, considero que no corresponde ingresar una vez más a analizar cuestiones fácticas de hecho y prueba como así tampoco en torno a las adecuaciones jurídicas oportunamente dispuestas, como nuevamente pretende la defensa en su impugnación.
Por último, no puedo dejar de mencionar que el holgado apartamiento del mínimo de la escala penal guarda íntima relación con la inusitada gravedad de las conductas acreditadas y el específico rol que en ellas cumplió Lázaro Antonio Báez. Cabe reiterar que uno de los hechos por los cuales se dispuso la pena única del nombrado versa sobre maniobras de suma gravedad y trascendencia institucional, por cuanto refieren directamente a la presunta comisión de maniobras defraudatorias en perjuicio del erario nacional. Se trata, huelga decir, de un delito que forma parte de una clase gravísima, cuyas consecuencias producen efectos insidiosos que trascienden a la sociedad en su conjunto.
Resulta ineludible recordar que estos delitos no sólo generan una incalculable afectación al patrimonio público, sino que deslegitiman la democracia representativa al quebrantar el principio fiduciario que rige el mandato político. Como afirmé en mi voto en la causa “Daneri, Gustavo Víctor” (reg. nro. 611/17.4, rta. 1/6/2017), estos hechos deben ser juzgados con la máxima severidad, ya que no sólo lesionan bienes jurídicos económicos, sino que dañan los cimientos mismos del orden constitucional, y eso debe verse traducido al momento de la ejecución de la sentencia.
Tal como lo sostuve en anteriores pronunciamientos (cfr. mi voto en “Alsogaray, María Julia”, causa CFP 2160/2009/37/CFC3, Reg. nro. 512/16, rta. 29/04/2016; “Cossio, Ricardo Juan Alfredo”, Reg. Nro. 1075/18, rta. 29/08/2018), este tipo de maniobras constituye un atentado contra el sistema democrático en los términos del artículo 36 de la Constitución Nacional. La corrupción, como delito doloso contra el Estado que conlleva enriquecimiento ilícito, ha sido reconocida como una de las formas más graves de ataque a las instituciones republicanas. No se trata de una simple infracción penal, sino de un fenómeno estructural que socava el Estado de Derecho y mina la confianza ciudadana en las instituciones.
Desde esa perspectiva, he señalado de manera constante que los delitos de corrupción requieren un enfoque más riguroso y menos tolerante (cfr. en lo pertinente causa “Salvatore, Carla Yanina”, reg. nro. 106/18.4, rta. 12/03/2018).
Ello es coherente con una interpretación axiológica del derecho, que privilegia los valores de Justicia y Paz Social, conforme al Preámbulo de la Constitución Nacional.
Además, esta postura permite dar pleno cumplimiento a los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino al suscribir instrumentos como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (Ley 26.097) y la Convención Interamericana contra la Corrupción (Ley 24.759), que instan a los Estados Parte a sancionar de forma proporcional los delitos contra la administración pública.
La corrupción es una tragedia que favorece a unos pocos y deja por detrás terreno desolado para muchos. Es la ruta que no se construye, el hospital sin insumos, la escuela sin techo, el ciudadano sin derechos básicos satisfechos. Es una violencia estructural que castiga a los más vulnerables y perpetúa la desigualdad.
Como he venido considerando desde la “tragedia de Once” y nuevamente reiteré en la causa “Vialidad”: la corrupción mata (cfr. de Sala I mi voto en causa “De Vido Julio Miguel, y otro s/recurso de casación”, reg. nro. 2632/20, rta. el 22/12/2020 y en causa CFP 5048/2016/TO1/CFC13, reg. 1373/24, rta. el 13/11/24, de esta Sala); donde ha quedado demostrado los estragos que hace en el tejido social el azote de la corrupción en la República Argentina.
Por todo lo expuesto, reitero que el proceso penal y su sanción constituyen el más poderoso medio del que dispone el Estado para restituir el orden quebrantado. La sentencia no sólo impone una pena proporcional al hecho, sino que expresa y reafirma ante la ciudadanía que el derecho persiste y se aplica. En el ejercicio de dicha obligación constitucional de juzgar hechos delictivos de extrema gravedad institucional, no puede soslayarse que el derecho penal constituye el último bastión del orden jurídico. En efecto, cuando todas las medidas morales, sociales, administrativas o civiles fracasan, es el derecho penal el que asegura, en última instancia, la coercibilidad de ese orden, restaurando sus cimientos vulnerados. En este escenario, corresponde concluir que, a la luz de las consideraciones efectuadas, el monto punitivo establecido en razón de la condena única dispuesta de quince años de prisión -que cuestiona la defensa-, resulta razonable en orden a las pautas fijadas por los artículos 26, 40 y 41 del C.P., y a la escala penal aplicable para el concurso de delitos en cuestión. Ello, sin que se presente desproporcionado con el específico disvalor evidenciado por los concretos injustos por los que ha sido condenado Báez en los dos procesos de que se trata; ni evidente en el caso la falta de correspondencia entre la gravedad de las lesiones a los respectivos bienes jurídicos provocados por esos delitos, y la intensidad o extensión de esa privación de bienes jurídicos, que, como consecuencia de la comisión de aquéllos, aquél debe ahora soportar a raíz de su condena.
La condena única impuesta no luce tampoco repugnante a la finalidad de resocialización de la pena, ni a la protección de la dignidad de la persona humana, centro sobre el que gira la organización de los derechos fundamentales en nuestro orden constitucional.
En definitiva, lo cierto es que en el caso no resulta en modo alguno evidente la falta de correspondencia entre la gravedad de la lesión a los respectivos bienes jurídicos provocada por los delitos por los que resultó condenado el recurrente, y la intensidad o extensión de esa privación de bienes jurídicos, que, como consecuencia de la comisión de aquellos éste debe ahora soportar a raíz de su condena. c. En otro orden de ideas, corresponde ingresar al agravio planteado por la defensa durante el Término de Oficina, más precisamente en lo que hace a los decomisos oportunamente dispuestos en ambos procesos.
En efecto, he sostenido, recientemente, que el decomiso no forma parte del catálogo de sanciones principales previstas en el art. 5 del CP, con lo cual el dictado de una unificación de condenas no habilita a concluir que el tribunal que la dispone también haya asumido competencia respecto a los decomisos dispuestos (cfr. mi voto en causa CFP 5048/2016/TO1/39/2/CFC21, reg. 1028/25 rta. el 17 de septiembre de 2025).
Es que, el decomiso resulta ser una sanción accesoria de carácter patrimonial, correspondiendo que su ejecución permanezca bajo la órbita del tribunal que la impuso originalmente. Pretender, como lo hace la defensa, que la unificación absorba todas las consecuencias patrimoniales derivadas de las sentencias previas, desnaturaliza el instituto. Este criterio ha sido recientemente reafirmado por esta Sala (cfr. reg. nro. 1227.4, rta. el 24/10/25). En aquella oportunidad, en mi voto puntualicé que si bien el art. 58 del Código Penal establece que corresponde al tribunal que impone la pena mayor fijar la pena única, de ello no se sigue que ese mismo tribunal absorba todas las cuestiones atinentes al decomiso. Precisamente señalé que el decomiso no constituye una pena principal a ser unificada, sino una consecuencia patrimonial autónoma prevista en el art. 23 del Código Penal, vinculada directamente al producto, provecho o instrumento del delito enjuiciado en cada proceso (cfr. en lo pertinente mis votos en causas FCB 32022134/2011/TO1/2/CFC1 “Córdoba, Eldo Damián y otros s/recurso de casación”, reg. N°849/17.4, rta. el 3/7/17; causa FMZ 39137/2016/TO1/5/CFC2, “Collahua Romucho, Luis Antonio y otro s/recurso de casación”, reg. N°2130/19.4, rta. el 23/10/19; causa 4787 “Alsogaray, María Julia” -en el que se cita de manera primaria sobre el punto el art. 36 de la C.N.-, reg. 6674.4. rta. el 9/05/2005; y CFP 2160/2009/37/CFC3 “Vázquez, Manuel y otros s/ recurso de casación”, reg. nro. 512/16, rta. el 29/04/2016; entre otros).
En este sentido, destaqué que cada tribunal conserva competencia natural para pronunciarse sobre el decomiso derivado de los hechos que juzgó, sin que la unificación de penas impliqué la pérdida de esa potestad.
Lo contrario conduciría a la consecuencia disfuncional de que un tribunal distinto al que dictó la condena asuma la definición de consecuencias patrimoniales que se desprenden de los hechos juzgados. La determinación del decomiso, en cuanto accesoria vinculada directamente al delito acreditado, es potestad propia del tribunal de la sentencia y no se ve desplazada por la unificación de penas.
Lo que sí resulta cierto es que la coexistencia de condenas en las que exista algún tipo de vinculación debe asegurarse un esfuerzo de coordinación entre los tribunales intervinientes. Ello implica atender a los principios de razonabilidad y proporcionalidad, a fin de evitar duplicaciones indebidas o montos irrazonables, pero no autoriza a negar de plano la competencia del tribunal que dictó la sentencia condenatoria para actualizar y ejecutar el decomiso que de ella se deriva.
Además, como destaqué oportunamente en el caso esta interpretación no es contraria a la letra de la norma. Ello así, porque el art. 58 del Código Penal se limita a establecer que el tribunal que impone la pena más grave es quien debe proceder a la unificación de las penas y de las accesorias legales. Ninguna disposición normativa extiende esa competencia al decomiso, instituto regulado en el art. 23 del Código Penal, que expresamente dispone que en los casos de condena debe resolverse la pérdida de los bienes que constituyan el producto, instrumento o provecho del delito.
En consecuencia, la atribución para disponerlo corresponde naturalmente al tribunal que dictó la sentencia sobre ese hecho.
Lo descripto hasta aquí permite esclarecer la diferencia sustancial entre ambos institutos. Mientras la unificación de penas busca consolidar, en una sola, las sanciones privativas de libertad impuestas en procesos distintos, el decomiso constituye una consecuencia patrimonial directamente ligada al hecho delictivo acreditado en cada proceso, cuya imposición corresponde al tribunal que lo juzgó.
La lógica de la unificación no puede trasladarse mecánicamente al decomiso, pues este se encuentra regulado en una disposición distinta (art. 23 del CP), con finalidades específicas y, en el caso concreto, también vinculadas al recupero de activos y al cumplimiento de compromisos internacionales en materia de corrupción y criminalidad organizada.
En este último sentido, cabe recordar que el decomiso, además de su carácter sancionatorio, cumple una función reparatoria esencial frente al daño social ocasionado por delitos, en este caso, relacionados a la corrupción.
Tal como lo he sostenido reiteradamente, esa finalidad se vincula con el mandato constitucional de proteger el sistema democrático (art. 36 CN) y con las obligaciones asumidas por el Estado argentino en el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra la Corrupción.
En definitiva, la unificación de condenas aquí analizada -realizada por el del TOF N°4- no desplaza la atribución del TOF N°2 para ejecutar el decomiso dispuesto en la causa CFP 5048/2016/TO1. Antes bien, ambos institutos responden a lógicas diversas y complementarias. Mientras la unificación procura evitar la multiplicidad de penas privativas de libertad, el decomiso se enlaza de manera directa con el resultado económico del delito y constituye una sanción autónoma cuya ejecución corresponde, naturalmente, al tribunal que dictó la condena.
Tampoco puede prosperar el planteo según el cual existirían resoluciones contradictorias o superpuestas. Como ya he tenido oportunidad de señalar en autos, cada tribunal conserva competencia natural para pronunciarse sobre el decomiso derivado de los hechos que juzgó, sin que la unificación de penas implique la pérdida de esa potestad (cf. mi voto en reg. 1028/25, rta. 17/9/2025). La eventual coexistencia de condenas que refieren a un mismo patrimonio exige, ciertamente, coordinación entre los órganos intervinientes, pero ello no autoriza a desplazar la competencia natural que corresponde al tribunal de la condena. De esta manera, la solución adoptada no vulnera ni el principio de legalidad ni el de juez natural. Antes bien, garantiza la seguridad jurídica y la correcta aplicación de las reglas de competencia, evitando que se desdibuje el vínculo directo entre el delito juzgado y las consecuencias patrimoniales que de él se derivan.
En consecuencia, la tacha de arbitrariedad invocada por la defensa carece de sustento. La doctrina de la Corte Suprema ha sido clara al precisar que la arbitrariedad sólo se configura cuando la sentencia carece de fundamentación suficiente, prescinde de prueba decisiva o exhibe razonamientos meramente aparentes (Fallos: 301:978; 311:948 y 2547; 313:559; 315:28; 321:1909).
d. Ahora bien, corresponde abocarse al estudio del planteo de inconstitucionalidad del art. 12 del C.P. solicitada por la defensa.
Sobre el punto, con remisión a lo que he tenido oportunidad de sostener en las causas “Basualdo, Néstor Silvestre Maximiliano s/recurso de casación (CCC 7934/2013/TO3/CFC1, Reg. Nro. 2964/14.4, rta. el día 17 de diciembre de 2014) y “Ramírez, Juan Ramón s/recurso de casación”, (causa nº 871/2013, Reg. Nro. 2331/14.4, rta. el día 6 de noviembre de 2014), habré de señalar que la imposición de las accesorias legales previstas en la segunda y tercera disposición del art. 12 del C.P., en tanto restringen el ejercicio de la patria potestad y la disposición y administración de los bienes de las personas condenadas a pena privativas de la libertad mayores a tres (3) años, resultan contrarias a la Constitución Nacional.
En efecto, las disposiciones citadas vulneran el principio de resocialización de la ejecución de las penas en tanto afecta la continuidad de los lazos familiares y sociales y el contacto fluido del interno con el mundo exterior, así como el ejercicio de sus derechos de contenido patrimonial, en tanto le impide cumplir adecuadamente con sus obligaciones inherentes a la patria potestad y de actuar en un plano de igualdad frente a terceros en la administración y disposición de sus bienes por acto entre vivos, sometiéndolo de manera forzada al régimen de la curatela, generando un efecto estigmatizante que se aparta de la finalidad resocializadora de la ejecución de la pena.
El carácter genérico de la norma y su aplicación automática impide que se realice una reflexión particular del caso concreto que permitiera evaluar la concreta vulneración a los derechos humanos que su aplicación pudiera generar. La aplicación irrestricta de las accesorias legales previstas en la segunda y tercera disposición del artículo 12 del Código Penal, menoscaban el principio de intrascendencia de la pena establecido en el art. 5.3 de la C.A.D.H., en tanto hace extensibles las consecuencias de la pena impuesta al condenado a todo el entorno familiar, impidiendo que los padres puedan decidir sobre la crianza de sus hijos de acuerdo al proyecto de vida que aquéllos elijan.
Asimismo, la privación de la patria potestad atenta contra el interés superior del niño reconocido por la ley 26.061 como la máxima satisfacción integral y simultánea de sus derechos y garantías y el deber que tiene el Estado en la protección de la familia, entendida como el elemento natural y fundamental de la sociedad.
Por lo expuesto, como ya se adelantó, se vislumbra la incompatibilidad de la segunda y tercera disposición previstas en el artículo 12 de Código Penal con la Constitución Nacional, debiendo prevalecer, como siempre, las normas de la Ley Fundamental.
Sin perjuicio de ello, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el fallo “González Castillo, Cristián Maximiliano y otro s/robo con arma de fuego”, (CSJN 3341/2015/RH1 Rta. 11/05/17), ha resuelto en favor de la constitucionalidad de las mencionadas disposiciones legales.
Corresponde, entonces, rechazar este tramo de la impugnación.
III. En virtud de todo lo expuesto, propicio al Acuerdo que se rechace el recurso de casación interpuesto por la defensa particular de Lázaro Antonio Báez. SIN COSTAS en la instancia por haberse efectuado un razonable ejercicio del derecho al recurso (art. 8.2 h de la C.A.D.H. y 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación). Y que se tenga presente la reserva del caso federal.
Por lo expuesto, en virtud del Acuerdo que antecede, el Tribunal, por mayoría, RESUELVE:
I. RECHAZAR el recurso de casación interpuesto por la defensa particular de Lázaro Antonio Báez, SIN COSTAS (arts. 530 y ss. del C.P.P.N.).
II. TENER PRESENTE la reserva del caso federal.
Regístrese, notifíquese, comuníquese y remítase la causa mediante pase digital al tribunal de origen –que deberá notificar personalmente al encausado-, sirviendo la presente de muy atenta nota de envío.
Fdo: Mariano Hernán Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos. Ante mí: Eliana Tali Mikiej. Prosecretaria de Cámara.
Fin de la sentencia