Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar las Resoluciones Nros. 252/03, 253/03, 111/06, 112/06, 204/08 y 205/08 con costas.
2Regular en su conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional en la suma de $164.555, por la representación procesal, y $411.387 por el patrocinio letrado, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada, las etapas procesales cumplidas y demás pautas establecidas por la ley 21.839 modificada por la ley 24.432. Las sumas reguladas no incluyen el impuesto al valor agregado.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Informe firma conjunta Número: IF-2023-142827774-APN-VOCXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 30 de Noviembre de 2023 Daniel s/recurso de apelación”-Sentencia.
En la fecha se reúne la Sala D del Tribunal Fiscal de la Nación, integrada por la Dra. Edith Viviana Gómez (Vocalía de la 10º Nominación), la Dra. Agustina O’Donnell (Vocalía de la 11º Nominación) y el Dr. Daniel Alejandro Martín (Vocalía de la 12º Nominación), para dictar sentencia en Expte. N°21.411-I y sus acum. N°21.413-I, 27.455-I, 27.446-I, 32.613-I y 32.614-I caratulado “Baez Oscar Daniel s/recurso de apelación”. La Dra. O’Donnell dijo:
I. Oscar Daniel Báez interpone el recurso de apelación que prevé el art. 76, inc. b) de la ley 11.683 contra las siguientes Resoluciones dictadas el 28 de febrero de 2003, 27 de abril de 2006, y 29 de septiembre de 2008, respectivamente, por la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Posadas de la Administración Federal de Ingresos Públicos:
a.- la Resolución N°252/03, en la que se determina de oficio su obligación en el impuesto a las ganancias del período fiscal 2000, y se la íntima a ingresar $144.116,45, más intereses resarcitorios. Asimismo, se hizo reserva de juzgar su conducta infraccional por el mismo periodo fiscal, por aplicación del art. 20 de la ley 24.769. b.- la Resolución N°253/03, en la que se impugnan los créditos fiscales del impuesto al valor agregado computados en los períodos fiscales enero 2001 a diciembre 2001 y se la íntima a ingresar $147.882,80, más intereses resarcitorios. Allí también se hizo reserva de juzgar su conducta infraccional de los mismos periodos fiscales por aplicación del art. 20 de la ley 24.769.
c.- la Resolución N°111/06, en la que se determina de oficio su obligación en el impuesto a las ganancias de los períodos fiscales 2003 y 2004, y se la íntima a ingresar $259.799,05, más intereses resarcitorios. Asimismo, se le aplica una multa de defraudación por el periodo fiscal 2003 de $295.009,65 (arts. 46 y 47 incs. b) y c) ley 11.683), y se hizo reserva de juzgar su conducta infraccional por el periodo fiscal 2004 por aplicación del art. 20 de la ley 24.769.
d.- la Resolución N°112/06 en la que se impugnan los créditos fiscales del impuesto al valor agregado computados en los períodos fiscales enero 2003 a enero 2005 y se la íntima a ingresar $196.315,89, más intereses resarcitorios. Allí también se le aplica una multa de defraudación por los mismos periodos fiscales de $588.947,67 (arts. 46 y 47 incs. b) y c) ley 11.683).
e.- la Resolución N° 204/08 en la que se impugnan los créditos fiscales del impuesto al valor agregado computados en los períodos fiscales febrero 2005 a mayo 2007 y julio 2007 a septiembre 2007 y se la íntima a ingresar $398.385,97, más intereses resarcitorios. Allí también se le aplica una multa de defraudación por los periodos fiscales enero de 2006 a mayo 2007 y julio 2007 a septiembre 2009 de $520.859,82 (arts. 46 y 47 incs. a) y b) ley 11.683).
f.- la Resolución N° 205/2008 en la que se determina de oficio el pago al impuesto a las ganancias periodos fiscales 2005 y 2006 por la suma de $571.718,14, más intereses resarcitorios y, se intima el pago del impuesto a las salidas no documentadas, por los períodos fiscales enero 2005 a mayo 2006, julio 2006 a septiembre 2006 y noviembre de 2006 por $549.838,55, más intereses resarcitorios, y se hizo reserva de juzgar su conducta infraccional por los periodos ya mencionados tanto para el impuesto a las ganancias como el impuesto a las salidas no documentadas, por aplicación del art. 20 de la ley 24.769.
En sus presentaciones ante este Tribunal, Oscar Daniel Báez se agravia en cuanto las Resoluciones invalidan su buena fe, ya que contrató con personas inscriptas ante el organismo recaudador.
Y considera erróneo también la afirmación del juez administrativo que le endilga no haber tomado las diligencias necesarias sobre el incumplimiento de las obligaciones fiscales en que incurrían los proveedores cuyas facturas fueron impugnadas. Además, entiende que no es válido el desconocimiento de los pagos efectuados a proveedores con bonos CEMIS, por lo que la impugnación de las compras y gastos deducidos carecen de respaldo suficiente en la normativa.
A continuación, describe las operaciones efectuadas con cada uno de los proveedores, y relata la relación comercial, describiendo las distintas actividades de ellos y su propia actividad y el circuito económico seguido. Plantea la nulidad de las Resoluciones Nros. 252/03 y 253/03, específicamente en relación al proveedor Juan Manuel Caceres, al no reunir los requisitos esenciales enumerados en la ley 19.549, ya que en las Resoluciones previas de vista de los ajustes no se lo mencionó, ni tampoco se indicaron los hechos y los fundamentos de la impugnación de las facturas emitidas por dicho proveedor.
Respecto al desconocimiento de los pagos efectuados a proveedores con bonos CEMIS, por incumplir con lo establecido por la ley 25.345y y la RG N° 151/98, destaca que contaba con contratos de prestación de servicios de limpieza y seguridad con organismos estatales provinciales y que éstos cancelaban sus obligaciones con dichos bonos, por lo que -a su entender- las mismas no se estaban alcanzadas por tal normativa.
Sostiene que el juez administrativo nada dice en las Resoluciones sobre una supuesta connivencia con fines defraudatorios a las arcas fiscales entre él y sus proveedores, como lo hizo en las Resoluciones de vista, fundados en hechos absolutamente circunstanciales, carentes de entidad y relevancia jurídica que han atribuido acusaciones como la de “ejercer presión” a personas o integrar una “organización dedicada a defraudar al fisco”, si bien éstas se hallan expresadas a modo de presunciones, no excusan a los funcionarios quienes le atribuyen conductas antijurídicas, difamatoria e injuriosas.
Explica que el juez administrativo presume como apócrifas las facturas emitidas por diversos hechos, tales como: que no se ubicó a los proveedores en los domicilios fiscales declarados, que éstos no cobraron los cheques emitidos, que no corresponden las actividades declaradas con las operaciones realizadas, etc.
Seguidamente da un descargo a dichas acusaciones, manifestando en relación a los domicilios de los proveedores impugnados, que la totalidad de las operaciones fueron o servicios prestados en el local comercial del Sr. Báez o fueron los proveedores quienes se hacían presente en dicho local ofreciendo sus productos, motivo por el cual desconoce sus domicilios; explica que se comunicaba con ellos exclusivamente de manera telefónica. En relación a quien fue el cobrador final de los cheques, el Sr. Daniel Alfonso, dice que era apoderado de Food Trading S.R.L., una sociedad dedicada a la asesoría comercial y financiera, que tenía de clientes a algunos de los proveedores impugnados y también a él.
Hace saber que él mismo solicitó a los proveedores que se presentaran en forma espontánea y explicaran la realidad de las operaciones comerciales llevadas a cabo.
Por último, respecto a las multas aplicadas en las Res. Nros. 111/06, 112/06 y 204/08, también considera que existen elementos certeros que acreditan su buena fe, lo que imposibilita el encuadre doloso de su conducta, por lo que solicita se descarte la figura intencional del art. 46 de la ley, considerando improcedente la presunción establecida en los incs. a) b) y c) respectivamente del art. 47.
Cita jurisprudencia, aporta prueba documental y ofrece la producción de prueba testimonial, informativa y pericial contable solicitando, en consecuencia, que se revoquen las Resoluciones en todas sus partes, con costas.
II. A fs. 37/46, 119/128, 208/224, 284/305, 363/378 y 444/458, el Fisco Nacional contesta el traslado de los recursos, solicitando que se confirmen sus actos, también con costas.
A fs. 132, 302, 384 y 461 obran agregadas las sentencias donde se dispuso acumular los Expedientes Nros. 21.413-I, 27.455-I, 27.446-I, 32.613-I y 32.614-I al que lleva el N°21.411-I en trámite ante la Vocalía de la 11° Nominación.
III. A fs. 55 está el auto de apertura a prueba en el que se hace lugar a la prueba testimonial y se ordena que se libre oficio a la agencia Sede Posadas de la Administración Federal de Ingresos Públicos -Dirección General Impositiva- a efectos que se tome declaración a los testigos propuestos. Posteriormente, y ante las acumulaciones ordenadas, a fs. 307 se hace saber que los antecedentes administrativos de los exptes. que anteriormente tramitaban bajo los Nros. 27.445-I y 27.446-I fueron acompañados por el ente fiscal y se intimó al Sr. Báez a que acompañe el interrogatorio sobre el cual los testigos tenían que prestar declaración testimonial y que propusiera perito contador de su parte. Allí también se hizo lugar a la prueba informativa, a fs. 312 ante el incumplimiento a las intimaciones cursadas a fs.307, se reiteraron las mismas bajo el apercibimiento de dar por decaído el derecho de producir dichas pruebas. Finalmente a fs. 471 se hace efectiva dicha intimación y se da por decaído el derecho a producir las pruebas testimonial, pericial contable e informativa.
A fs. 483 se hace lugar a la prueba pericial contable solicitada a fs. 435/436 y se designa a los peritos propuestos por las partes, a fs. 486 se intima al Sr. Baez a que acompañe la aceptación de cargo del perito designado a su propuesta bajo apercibimiento de dar por decaído dicho derecho, apercibimiento que se hace efectivo a fs.492. A través de la PV-2023-129507408-APN-VOCXI#TFN se elevan las actuaciones a consideración esta Sala. Por último, por medio del IF-2023-138837359-APN-VOCXI#TFN quedan en estado para dictar sentencia.
IV. Corresponde resolver sobre la legitimidad de las Resoluciones recurridas, para lo cual cabe recordar que el Tribunal no se encuentra obligado a seguir a las partes en todas y cada una de las cuestiones y argumentaciones que proponen, sino tan sólo aquéllas que sean conducentes para decidir el caso y que bastan para dar sustento a un pronunciamiento válido (conf. Fallos 258:304; 262:222; 265:301; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970 y en el mismo sentido la Cámara in re “Agropecuaria Huinca SRL”, sentencia del 2/9/2014 y sus citas, entre muchas otras).
Surge de los Considerandos de dichos actos que luego de sustanciarse el procedimiento de fiscalización iniciado al Sr. Baez, se impugnaron las operaciones con proveedores que luego de una exhaustiva investigación realizada a cada uno de ellos fueron calificados de apócrifos, los que se mencionaran según impuesto y periodos correspondientes:
a.- impuesto a las ganancias e impuesto a las salidas no documentadas:
Periodo fiscal 2000 -Resolución N°252/2003-: Martins de Almiron Ramón Jandir, Lombardi Carmen Esther, Gonzales José, Bustos Guillermo, Kareger Francisco, Lagier Roberto Federico, Forestal M&C Servicios Agropecuarios S.R.L., Cáceres Juan Manuel, Selec. Modas S.R.L, Reymundo Juan Carlos, Maidana Mirta Liliana, Dos Reis Marcelo, Balguenet Mario Rubén, Coldenor S.R.L.
Periodos fiscales 2003 y 2004 -Resolución N°111/06: José González, Lucio Álvarez, Alberto de Jesús Gómez, Lorenzo Horacio Altamira, Néstor Adolfo Tainski, Carlos Ramón Sena, Lilian Elizabeth Pereyra, Martins de Almiron Ramón Jandir, Labrador Forestal S.H., Crispín Eduardo Martínez, Pascual Carlos Goldner, Carlos Augusto Benítez, Wildo Emiliano Benítez, Millenium S.R.L. y Ramón Amado Gonzalez.
Periodos fiscales 2005 y 2006 -Resolución N°305/08: Wildo Emiliano Benitez, Lucio Alvarez, Ramon Amado Gonzalez, Lilian Elizabeth Pereyra, Martins de Almiron Ramón Jandir, Alberto de Jesús Gómez, Incoa S.R.L., Organización Acuario S.R.L., Ultraserv S.R.L., Rubén Ricardo Vega, Sandra Victoria Resek, Silvia Lilian Farias, Carlos Ramon Gonzalez, Food Trading S.R.L., Diego Javier Vila y Gamel S.R.L.
b.- impuesto al valor agregado:
Periodos fiscales enero 2001 a diciembre 2001- Resolución N°253/03-: Martins de Almiron, Lombardi Carmen Esther, Gonzales Jose, Bustos Guillermo, Kareger Francisco, Lagier Roberto Federico, Forestal M&C Servicios Agropecuarios S.R.L., Caceres Juan Manuel, Selec Modas S.R.L, Reymundo Juan Carlos, Maidana Mirta Liliana y Dos Reis Marcelo.
Periodos fiscales enero 2003 a enero 2005 –Resolución N°112/06: José González, Lucio Álvarez, Alberto de Jesús Gómez, Lorenzo Horacio Altamira, Néstor Adolfo Tainski, Carlos Ramón Sena, Lilian Elizabeth Pereyra, Martins de Almiron Ramón Jandir, Labrador Forestal S.H., Crispín Eduardo Martínez, Pascual Carlos Goldner, Carlos Augusto Benítez, Wildo Emiliano Benítez, Millenium S.R.L. y Ramón Amado Gonzalez.
Periodos fiscales febrero 2005 a mayo 2007 y julio 2007 a septiembre 2007 – Resolución N° 204/08: Wildo Emiliano Benitez, Lucio Alvarez, Ramon Amado Gonzalez, Lilian Elizabeth Pereyra, Martins de Almiron Ramón Jandir, Alberto de Jesús Gómez, Incoa S.R.L., Organización Acuario S.R.L., Ultraserv S.R.L., Rubén Ricardo Vega, Sandra Victoria Resek, Silvia Lilian Farias, Carlos Ramon Gonzalez, Food Trading S.R.L., Diego Javier Vila y Gamel S.R.L.
Para ello se tuvo en cuenta aspectos tales como que carecían de bienes registrables y que no contaban con personal en nómina (vgr. Wildo Emiliano Benitez, Lucio Alvarez, Ramón Jandir Martins de Almirón, Alberto de Jesús Gómez, Organización Acuario S.R.L., Ultraserv S.R.L., Gamel S.R.L., Carlos Ramón Sena, Labrador Forestal S.H); otros, como Rubén Ricardo Vega, Carlos Ramón González, Diego Javier Vila, además, no tenían acreditaciones bancarias y los conceptos facturados no coincidían con la actividad declarada o la de inscripción; en otros casos, no se pudo localizar en sus domicilios ni a las empresas ni a sus directores, (vgr. Incoa S.R.L., Organización Acuarios S.R.L.); el señor Rubén Ricardo Vega directamente desconoció ante la fiscalización haber realizado operaciones comerciales con el Sr. Báez. Del mismo modo la Sra. Sandra Victoria Resek expresó que nunca realizó actividades comerciales y desconoció la letra con la que se confeccionaron los comprobantes emitidos y resaltó que no coincidía con su letra y firma. Asimismo el Sr. Lorenzo Horacio Altamira desconoció haber realizado operaciones con el Sr. Báez y expresó que no eran suyos los comprobantes exhibidos ni tampoco la firma inserta en los mismos.
La señora Silvia Lilian Farías, por su parte, reconoció haber realizado operaciones comerciales con el Sr. Báez, destacando que era uno de sus principales clientes pero no pudo aportar documentación; agregó que su asesor contable era el Cr. Aníbal Fariña (que está vinculado a otros proveedores impugnados). En el mismo sentido el Sr. Néstor Adolfo Tainski a través de una multinota presentada a la fiscalización informó las operaciones realizadas con el Sr. Baez y expresó que la forma de pago fue en efectivo y en Lecop, lo mismo que declararon la Sra. Lilian Pereyra y los Sres. Carlos Augusto Benítez, Lucio Álvarez, Mileniun S.R.L entre otros. En cuanto a los pagos, los cheques entregados a los proveedores Lilian Pereyra, Ramón Jandir Martins de Almirón, Wildo Benitez, Ramón Armando González fueron cobrados por el Sr. Daniel Alfonzo – el gerente de Food Trading S.R.L.- proveedor también impugnado en la fiscalización, sin invocar la representación o mandato alguno para hacerlo.
Todo ello tuvo como resultado la impugnación de los créditos fiscales en el impuesto al valor agregado al desconocerse la realidad de las compras a los proveedores mencionados en el apartado b.- por los periodos fiscales ahí detallados; la impugnación de los gastos deducidos en el impuesto a las ganancias por los comprobantes con los proveedores también detallados en la sección a.- y , por último, la intimación del pago del impuesto a las salidas no documentadas en relación a los proveedores ya señalados.
Entre la prueba rendida en esta instancia, obran las constancias expedidas por la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Posadas de la Administración Federal de Ingresos Públicos, donde surge que los testigos citados a prestar declaración testimonial no asistieron a las audiencias (ver. fs.70).
En esta instancia también, se ofreció y admitió la producción de prueba pericial contable, informativa y testimonial, la cual, como ya se relató, por su propia inacción se le dio por decaído el derecho a producirlas (Ver. fs. 471, fs.492.).
a.- Ajustes en el impuesto a las ganancias – Res. Nrs. 252/2003, 111/06 y 205/08.
El juez administrativo impugnó los gastos deducidos por las operaciones en los periodos fiscales 2000, 2003, 2004, 2005 y 2006 respecto de los proveedores: Martins de Almiron Ramón Jandir, Lombardi Carmen Esther, Gonzales José, Bustos Guillermo, Kareger Francisco, Lagier Roberto Federico, Forestal M&C Servicios Agropecuarios S.R.L., Cáceres Juan Manuel, Selec. Modas S.R.L, Reymundo Juan Carlos, Maidana Mirta Liliana, Dos Reis Marcelo, Balguenet Mario Rubén, Coldenor S.R.L., Lucio Álvarez, Alberto de Jesús Gómez, Lorenzo Horacio Altamira, Néstor Adolfo Tainski, Carlos Ramón Sena, Lilian Elizabeth Pereyra, Labrador Forestal S.H., Crispín Eduardo Martínez, Pascual Carlos Goldner, Carlos Augusto Benítez, Wildo Emiliano Benítez, Millenium S.R.L., Ramón Amado González, Incoa S.R.L., Organización Acuario S.R.L., Ultraserv S.R.L., Rubén Ricardo Vega, Sandra Victoria Resek, Silvia Lilian Farias, Carlos Ramón González, Food Trading S.R.L., Diego Javier Vila y Gamel S.R.L. respectivamente.
Lo que la recurrente tenía que demostrar era que los gastos efectivamente existieron y que fueron necesarios para el ejercicio de su actividad, que en el caso era la prestación de servicios de vigilancia y limpieza, para lo cual dijo adquirir diferentes insumos y contratar servicios de flete y/o traslado del personal, en los términos previstos en los arts. 17 y 80 de la ley del gravamen, pero no lo hizo.
Las pruebas ofrecidas –testimonial, informativa y pericial contable- fueron dadas por decaídas ante la inacción del Sr. Baez, por lo que no probó por ningún medio lo que invoca en su recurso, resultando las tareas de fiscalización de suficiente relevancia para concluir que tales adquisiciones y tales servicios en rigor de verdad no existieron. Por esta razón, corresponde confirmar las Resoluciones Nros. 252/2003, 111/06 y 305/08.
b.- Ajustes en el impuesto al valor agregado -Res. Nrs. 253/03, 112/06 y 204/08.
Respecto a la impugnación de los créditos fiscales computados en las declaraciones juradas por las compras efectuadas en los Periodos fiscales enero 2001 a diciembre 2001, enero 2003 a enero 2005, febrero 2005 a mayo 2007, julio 2007 a septiembre 2007, a los proveedores: Martins de Almiron, Lombardi Carmen Esther, José Gonzales, Bustos Guillermo, Kareger Francisco, Lagier Roberto Federico, Forestal M&C Servicios Agropecuarios S.R.L., Caceres Juan Manuel, Selec Modas S.R.L, Reymundo Juan Carlos, Maidana Mirta Liliana, Dos Reis Marcelo, Lucio Álvarez, Alberto de Jesús Gómez, Lorenzo Horacio Altamira, Néstor Adolfo Tainski, Carlos Ramón Sena, Lilian Elizabeth Pereyra,, Labrador Forestal S.H., Crispín Eduardo Martínez, Pascual Carlos Goldner, Carlos Augusto Benítez, Wildo Emiliano Benítez, Millenium S.R.L., Ramón Amado Gonzalez, Alberto de Jesús Gómez, Incoa S.R.L., Organización Acuario S.R.L., Ultraserv S.R.L., Rubén Ricardo Vega, Sandra Victoria Resek, Silvia Lilian Farias, Carlos Ramon Gonzalez, Food Trading S.R.L., Diego Javier Vila y Gamel S.R.L. y contrariamente a lo que invoca el Sr. Baez en sus recursos, era a él al que le correspondía demostrar su efectiva realización por así disponerse en el art. 12 de la ley del gravamen, por lo que debe analizarse la prueba rendida con dicho propósito, tanto en la instancia administrativa previa como en la presente instancia. En efecto, le correspondía a la recurrente, en el derecho de contradicción que la ley procesal le acuerda ejercer, demostrar la sustantividad de las operaciones impugnadas por la inspección a partir de razones que tienen entidad suficiente para poner seriamente en duda su real existencia, para lo cual debieron ofrecerse pruebas fehacientes en tal sentido.
Ello así, toda vez que ante ajustes como el que aquí se analiza resulta de aplicación la interpretación realizada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación de las disposiciones del art. 12 de la ley del gravamen en la causa “Feretti, Félix Eduardo (TF 22.752-I) c/ DGI”, del 10 de marzo de 2015, entre muchas otras, al sostener: "Que el último párrafo del art. 12 de la ley de impuesto al valor agregado (t.o. 1997 y sus modificaciones), sobre cuya el organismo recaudador fundó la determinación apelada dispone, en lo que aquí interesa, que: "[e]n todos los casos, el cómputo del crédito fiscal será procedente cuando la compra o importación definitiva de bienes, locaciones y prestaciones de servicios, gravadas, hubieren perfeccionado, respecto del vendedor, importador, locador o prestador de servicios, los respectivos hechos imponibles...".
Similares consideraciones hizo en “ADM Argentina S.A.” del 10 de marzo de 2015 y en “Molinos Río de la Plata S.A.” del 25 de agosto de 2015.
Lo explica la Cámara que ejerce como alzada de este Tribunal cuando dice que “…el contribuyente debe acreditar fehacientemente la real existencia de las operaciones realizadas y a su vez, para que se pueda computar el crédito fiscal, es necesaria la existencia de la generación de un débito fiscal en la etapa anterior por esa misma operación para el vendedor, locador o prestador, pues se supone que el contribuyente puede tomar en cuenta el crédito así constituido por haber abonado el Impuesto al Valor Agregado en la etapa anterior(conf. esta Sala, in re “Molinos Río de La Plata SA c/ EN- AFIP DGI- Resol. 227/0639/06 (GC) s/ Dirección General Impositiva”, sent. del 14/08/12)” – conf. “Avital S.A.”, del 24.2.2022, entre otras-.
Resulta así claro que la norma transcripta subordina el derecho al cómputo del crédito fiscal, a la circunstancia de que el hecho imponible se haya perfeccionado respecto del prestador del servicio o del vendedor de los bienes, extremo que es el que corresponde analizar aquí, en orden a determinar si fueron realmente los proveedores impugnados los que efectivamente vendieron los insumos y prestaron los servicios de flete, por ende, si le asiste a la recurrente el derecho a computar el crédito fiscal de los comprobantes fiscales extendidos por éstos, a pesar de las múltiples irregularidades invocadas por el juez administrativo a partir de las tareas de fiscalización llevadas a cabo a cada uno de ellos. Entre ellas que algunos proveedores tenían el mismo representante y contador, como; por otro lado, llama la atención que muchos de los cheques librados a varios de los proveedores, fueron cobrados por la misma persona, que a la vez era gerente de uno de los proveedores impugnados, sin invocar representación, ni relación de mandato alguno para actuar en su nombre.
No puede soslayarse que respecto de los proveedores investigados, el Fisco Nacional puso en evidencia una serie de irregularidades que se presentaron de forma reiterada resaltando esencialmente la falta de capacidad operativa, patrimonial, económica y/o financiera de los mismos para, situaciones que no puede calificarse como de meros incumplimientos formales de terceros -conf. Cámara, en “Las Tres Mulitas”, sentencia del 9.12.2015-. Ello así, la incapacidad atribuida a los proveedores impide considerarlos como generadores genuinos del crédito fiscal, extremos que no fueron cuestionados -ni desvirtuados- por la recurrente -conf.criterio de la CSJN en “Molinos Río de la Plata S.A.”, sentencia del 25.9.2015-.
A ello cabe agregar que si bien el o la recurrente efectúa en su recurso una minuciosa y detallada crítica de la forma en que la fiscalización llevó a cabo sus tareas de investigación que la llevo a concluir en la falta de capacidad operativa de los proveedores para vender los artículos descriptos en los comprobantes, lo cierto es que a la misma vez no da ningún dato que permita a este Tribunal llegar a la convicción que contrató realmente con ellos y esa omisión probatoria es, precisamente, la que determina la suerte adversa de sus agravios. Como dijo la Cámara en el precedente “Avital S.A.” antes citado –“…, no se trata de hacer cargo a la actora de los efectos de los incumplimientos de sus proveedores sino de exigirle que acredite la supuesta existencia de las operaciones en cuestión”.
Lo expuesto es suficiente para confirmar las pretensiones fiscales notificadas en las Res. Nros. 253/03, 112/06 y 204/08.
c. Intimación por impuesto a las salidas no documentadas -Res. N°205/08.
En cuanto a la intimación de pago de este gravamen, el hecho que hayan sido efectuado en efectivo o en cuasimonedas conlleva a la falta de prueba sobre el real pago a los proveedores que aparecen emitiendo los comprobantes fiscales y ello impide acoger los agravios del Sr. Baez. Cabe recordar que el impuesto que prevé el art. 37 de la ley del impuesto a las ganancias, conforme a la jurisprudencia que en la materia ha adoptado la Corte Suprema de Justicia de la Nación desde Fallos 323:3376 y 326:2987, entre otros, responde a “…aquella previsión ha sido adoptada por el legislador para asegurar la íntegra percepción de la renta fiscal en una particular situación en la cual ante la falta de individualización de los beneficiarios a cuyo cargo debiera estar el pago del impuesto al rédito percibido, quien hace la erogación queda obligado a abonar sobre ella el tributo y debe hacerlo a título propio...", que es precisamente el supuesto en este caso, por lo que corresponde confirmar también la Res. N° 219/12.
Por lo expuesto, corresponde confirmar las resoluciones recurridas tanto en cuanto al capital, como los intereses resarcitorios que se devengan en forma automática desde el vencimiento de la obligación por aplicación del art. 37 de la ley 11.683, sin que se hayan esgrimido agravios con entidad suficiente para eximir al Sr. Báez de su responsabilidad por la mora.
Respecto a los agravios efectuados por el Sr. Báez en relación a los supuestos pagos realizados con bonos Lecops y Cemis, cabe adelantar que corresponden ser desestimados, ya que no logro probar ni individualizar en cada una de las facturas los números de dichos bonos que argumenta haber utilizado para la cancelación de las mismas, ni ha acreditado la utilización de los referidos bonos en las operaciones cuestionadas, por lo que ante la falta de prueba una vez más, sus dichos no dejan de ser meras alegaciones incomprobables en los hechos.
V. Por último, respecto de las sanciones de defraudación aplicadas en las Res. Nros. 111/06, 112/06 y 204/08 con sustento en el art. 46 y valiéndose de la presunción de dolo establecida en el art. 47, incs. a), b) y c) respectivamente, de la ley 11.683, no existe dudas que se encuentran configurados los elementos objetivo y subjetivo que permiten confirmar el encuadramiento de la conducta del Sr. Baez en dicha figura infraccional. Las declaraciones juradas del impuesto al valor agregado y las del impuesto a las ganancias fueron presentadas en forma inexacta ya que se incluyeron en ellas operaciones que no fueron acreditadas, a partir de maniobras tendientes a disminuir la obligación debida en su justa medida, conforme se expuso en los Considerandos precedentes.
En cuanto al aspecto subjetivo, no aportó tampoco elementos de prueba que permitan desvirtuar fehacientemente la intención de defraudar. Por el contrario, se limitó, en su recurso a efectuar una crítica genérica sobre su improcedencia sin particularizar en las concretas imputaciones que llevaron al juez administrativo a calificar de dolosa su conducta. A ello cabe agregar que no se han alegado, menos aún probado razones que permitan eliminar el dolo en la conducta de la aquí recurrente y así reencuadrar la multa en una figura más leve en la forma requerida en su presentación, facultad que la ley reserva para supuestos muy diferentes al aquí expuesto. El Dr. Martín dijo:
Adhiero a la decisión de la Vocal instructora por similares argumentos.
La Dra. Gómez dijo:
Adhiero en lo sustancial al voto de la Vocal instructora.
Atento al resultado de la votación que antecede, SE RESUELVE:
1. Confirmar las Resoluciones Nros. 252/03, 253/03, 111/06, 112/06, 204/08 y 205/08 con costas.
2. Regular en su conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional en la suma de $164.555, por la representación procesal, y $411.387 por el patrocinio letrado, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada, las etapas procesales cumplidas y demás pautas establecidas por la ley 21.839 modificada por la ley 24.432. Las sumas reguladas no incluyen el impuesto al valor agregado. Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos, y archívese. Date: 2023.11.30 10:06:01 -03:00 Date: 2023.11.30 10:18:44 -03:00 Daniel Alejandro Martín Edith Viviana Gomez Vocal Vocal Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.11.30 12:55:12 -03:00 Agustina O'Donnell Vocal Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2023.11.30 12:55:13 -03:00
Fin de la sentencia