Abriendo la norma
Tribunal del Trabajo N.º 3 de Avellaneda · Causa 35769
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por PROVINCIA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A., por los fundamentos expuestos en los considerandos de la presente sentencia.-
2Declarar abstractos los planteos de inconstitucionalidad referidos a normativas del régimen de Riesgos de Trabajo, conforme los fundamentos vertidos en la parte dispositiva de la sentencia.
3Declarar la inconstitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia 669/19.
4Decretar la inconstitucionalidad, sobrevenida del art. 7 ley 23928, de acuerdo texto ley 25561 - siguiendo los lineamientos del fallo mencionado (SCBA C.124.096 'Barrios, Héctor Francisco y otra contra Lascano, Sandra Beatriz y otra. Daños y perjuicios) y considero que debe declararse en la especie la inaplicabilidad del ap.2 del art. 11 de la ley 27.348 modificatorio del art. 12 de la ley 24.557 (Art. 14 bis, 16, CN y 39 CPBA) al caso de autos, ordenándose que el crédito actoral se actualice de la manera "ut supra" señalada a fin de garantizar el cumplimiento de la función resarcitoria y de respetar la garantía de indemnidad del trabajador (art. 17 CN.).-
5Hacer lugar a la demanda interpuesta por BAEZ SANDRA SILVINA y en consecuencia condenar a PROVINCIA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A. a abonar al actor BAEZ SANDRA SILVINA , la suma de PESOS VEINTIDOS MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 39/100 ($ 22.094.291,39) a dicho importe deberán adicionarse los intereses …
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" BAEZ SANDRA SILVINA C/ PROVINCIA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A. S/ ACCION DE REVISION RES. COMISION MEDICA JURISDICCIONAL LEY 15057 " (Expte. Nº 35769 )
En la ciudad de Avellaneda, en la fecha y hora indicada en las referencias de la firma digital aquí insertas y haciendo uso de las facultades conferidas por el AC 3975/20 se integra el Tribunal del Trabajo Nº 3 para dictar sentencia definitiva en la causa " BAEZ SANDRA SILVINA C/ PROVINCIA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A. S/ ACCION DE REVISION RES. COMISION MEDICA JURISDICCIONAL LEY 15057 " (Expte. Nº 35769 ) . Practicado el sorteo de ley resultó que en la votación los señores Jueces debían observar el siguiente orden: CLAUDIA VERONICA RICARDO, ALBERTO GABRIELE y MARINA LETICIA LOPEZ BELLOT.-
La Dra. Claudia Verónica Ricardo dijo:
Que en autos se presenta el DR. D INGIANNA LUCAS DANEL en su carácter de letrado apoderado de la señora BAEZ SANDRA SILVINA promoviendo demanda por accidente de trabajo contra PROVINCIA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A. Relata la parte actora que se desempeñaba como Maestranza para su empleador ASOCIACION ARGENTINA DE POLO cuando el 26 de Octubre del 2021 sufrió un accidente mientras realizaba sus labores diarias.
Describe que aquel día la actora iba caminando dentro del establecimiento laboral cuando de repente se tropezó cayendo hacia su lado izquierdo provocando un fuerte impacto en la mano izquierda, la cual, producto de la presión, un anillo que tenía colocado se cerró generándole un corte y una inflamación del mismo; impactando la rodilla izquierda y el codo derecho.
Manifiesta que el empleador realizo la denuncia ante la asegurado de riesgos del trabajo demandada siendo derivado al prestador de la demandada Clínica Modelo de Lanús. Aclara que la demandada cubrió las prestaciones en especie hasta el alta el 23 de Noviembre del 2021 configurándose la aceptación del siniestro.
Así las cosas, en fecha 10/05/2022 inició el EXPEDIENTE SRT 174577/22 , por ante la Comisión Médica Jurisdiccional de Lanús a fin de que se determinara su incapacidad laboral y la consiguiente indemnización, donde se emitió un dictamen en el que se concluyó que por el evento de autos la Sra. SANDRA SILVINA BAEZ posee una incapacidad del 1,30% como consecuencia del siniestro padecido el día 26/10/2021, celebrada la audiencia de acuerdo la trabajadora no presto conformidad con el porcentaje otorgado, posteriormente homologándose el procedimiento administrativo y archivándose las actuaciones.
En disconformidad con ellos, solicita se haga lugar a la demanda con fundamento en la LRT y normas complementarias. Practica liquidación estimativa.-
En autos se presenta en término la demandada PROVINCIA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A. a contestar representada por su letrado apoderado el DR. DOMINGO LISANDRO DIEGO .-
Reconoce la demandada la vigencia al momento del accidente denunciado, del contrato suscripto con la empleadora de actor en los términos de la ley 24557. Asimismo reconoce haber recibido la denuncia del accidente, y haber otorgado las prestaciones en especie pertinentes. Plantea falta de legitimación pasiva. Ofrece prueba. Solicita el rechazo de la acción con costas.
En fecha 20/2/2024 se abre la causa a prueba, producidas las pruebas y los alegatos el Tribunal resuelve pasar los autos al Acuerdo.-
Atento los términos en los que quedó trabada la litis y en virtud del principio que impone la carga probatoria a la parte que afirma un hecho y exime de aquélla a la que lo niega y que fuera receptado en el art. 375 del CPCC, habré de analizar las probanzas arrimadas a la causa de conformidad con las reglas de la sana crítica (cfr. art. 57 de la ley 15.057) con el objeto de conocer el mérito o valor de convicción que pueda deducirse de su contenido.
Asimismo, por no resultar controvertido, habré de considerar como parte de la presente: la fecha de nacimiento del trabajador 27/02/1965, la ocurrencia del accidente denunciado de fecha 26/10/2021 y la vigencia al momento de la contingencia del contrato celebrado entre la empleadora del actor y la demandada en los términos de la ley 24.557 y el monto del IBM que es determinado en la pericia contable agregada con fecha 10/11/2026, en la suma de $93.798,71. (Art.474 CPCC).-
I. Cuestiones previas.
En cuanto a la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por PROVINCIA ART S.A., adelanto que la misma no habrá de prosperar. Ello así, toda vez que la propia demandada reconoce expresamente la existencia del contrato de afiliación celebrado con la empleadora de la actora, vigente a la fecha del infortunio denunciado, así como también la aceptación del siniestro y el otorgamiento de las prestaciones correspondientes. Por otra parte, los argumentos invocados en sustento de la defensa se vinculan con el alegado incumplimiento del procedimiento administrativo previo y con la procedencia de la pretensión indemnizatoria, cuestiones que no resultan idóneas para desvirtuar su legitimación para intervenir en el presente proceso. Máxime cuando la acción incoada tiene por objeto la revisión de lo resuelto por la Comisión Médica Jurisdiccional, cuya intervención ha sido expresamente reconocida por la propia accionada. Por tales consideraciones, corresponde rechazar la excepción de falta de legitimación pasiva articulada.
Despejado ello, corresponde determinar judicialmente si el accionante padecía incapacidad física, y - en su caso- si dicha incapacidad guardaba o no relación de causalidad con el evento dañoso denunciado ante la aseguradora ART contratada por su empleador.
Para ello, se ha producido prueba pericial médica agregada con fecha 5/6/2025.-
1. Incapacidad : En la pericia médica de autos el experto da cuenta de la revisión efectuada al actor y compulsa de estudios complementarios y concluye que como consecuencia del accidente de autos el señor BAEZ SANDRA SILVINA padecía un 16,46% de incapacidad parcial y permanente:
Por las secuelas incapacitantes del 5° dedo de la mano izquierda 3% 0,15% por ser su mano hábil 3,15%.
Por síndrome meniscal interno de la rodilla izquierda con edema peri rotuliano palpable, limitación de la flexión e hipotonía del cuádriceps 10%.
Incapacidad parcial 13,5%.
Factores de ponderación:
Dificultad para la realización de tareas habituales - intermedia- 15%.
Amerita recalificación -no amerita- 0%.
10% del 13,15%: 1,31%.
Edad del damnificado -más de 31 años-2%.
Total incapacidad 16,46%.
No encuentro motivos para apartarme de las conclusiones a las que arriba el perito médico en su dictamen toda vez que explica y fundamenta la razón de la incapacidad hallada en la accionante como así también, la relación entre el hecho de autos y el padecimiento hallado. También he de tener en cuenta que tanto el accidente como su mecánica no se encuentran controvertidos por la accionada (art. 354 inc. 1) CPCC), ni ésta ha aportado al proceso prueba alguna que permita quebrar el nexo causal o ponderar una preexistencia (art. 375 CPCC).-
Sin embargo, he de modificar la suma de la incapacidad parcial, siendo la misma: 3+0,15+10=13,15%, asimismo modificaré la forma de cálculo de la incidencia de los factores de ponderación toda vez que, según el baremo aplicable (CSJN, Ledesma, Diego Marcelo c/ Asociart ART S.A. s/ accidente - ley especial Sent. 12/11/2020 y Ferro, Sergio Antonio c/Asociart SA - ART s/accidente), una vez determinados los valores de cada uno de los 3 factores de ponderación, éstos se sumarán entre sí, determinando un valor único. Este único valor será el porcentaje en que se incrementará el valor que surja de la evaluación de incapacidad funcional de acuerdo a la tabla de evaluación de incapacidades laborales.
En consecuencia, reformulando el cálculo de los factores de ponderación tomando el porcentaje de incapacidad 13,15%: Dificultad para la realización de tareas habituales - intermedia- 15%. Amerita recalificación -no amerita- 0%. Edad del damnificado -más de 31 años-2%. Total sumados los factores de ponderación: 17% de 13,5% = 2,23% // 13,15%+2,23% = 15,39%
Por ello, considero tener por acreditado que el accionante portaba una incapacidad física del orden del 15,39 % de la T.O con carácter de parcial y permanente conforme baremo ley 24557 y que resulta consecuencia directa del accidente de trabajo por el que oportunamente accionó.-
II. Toma de conocimiento: En cuanto al momento en que el actor tomó conocimiento de que era portador de sus dolencias incapacitantes, y considerando las precisiones de la demanda, y atento el origen traumático de las mismas, considero que ello ocurrió el 26/10/2021 en la que aconteció el evento dañoso.-
III. Obligación de reparar: Establecido como ha quedado el grado de incapacidad que detentaba el actor y su relación causal con el accidente de autos, la demandada debe ser condenada a responder en los términos de la legislación aplicable.
En tal sentido, y atendiendo al porcentaje de incapacidad que se ha tenido por probado, nos encontramos ante una incapacidad laboral permanente definitiva parcial leve (incapacidad laboral inferior al 50%), de acuerdo a lo que dispone el régimen de los arts. 8 ap. 1 y 2, 12, y 14 apartado 2 inc. a) de la Ley 24.557 y sus modificatorias.-
IV.-Hechos Acreditados. Infortunio. Incapacidad. VMIB. Edad
Quantum de la reparación: Para establecer entonces la cuantía del resarcimiento corresponde ponderar:- el IBM que surge de la pericia contable firme: $ 93.798,71 el porcentaje de incapacidad: 15,39 % de la T.O.-
Como punto de partida, debemos aclarar que este Tribunal siempre ha considerado con relación al decreto 669/19 que el mismo resulta inconstitucional como decreto de necesidad de urgencia dado que no cumple con los requisitos exigidos por el art. 99 inc. 3 de la Constitución Nacional a esos efectos.
Dicha consideración resulta coincidente con la reciente doctrina de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, en la causa L. 129.800, "Muzychuk, Claudio Rubén contra La Segunda Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. Accidente de trabajo acción especial-", donde en lo que interesa destacar, resolvió rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto y confirmó la sentencia de grado en cuanto declaró la inconstitucionalidad del Decreto de necesidad y urgencia PEN 669/19. La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires para así decidir, sostuvo -en lo sustancial- que dicho reglamento no cumple con los requisitos exigidos por el art. 99 inc. 3 de la Constitución Nacional. Entendió que, en el caso, no se verifican las circunstancias excepcionales que justifican su dictado , tanto en lo relativo a la configuración de la emergencia , como a la imposibilidad de seguir el procedimiento legislativo .
Por ello, este Tribunal entiende que corresponde decretar la inconstitucionalidad del decreto 669/19 en cuanto a su carácter de decreto de necesidad y urgencia.
Sin embargo y atendiendo a la jurisprudencia dictada también por nuestro Superior Tribunal de Estado en la causa "Barrios", (SCBA, L. 124.096, sent. del 18-4-2024), no podemos dejar de considerar que el menoscabo que sufre el resarcimiento del actor como consecuencia del proceso inflacionario afecta su dignidad y el derecho de propiedad, desatendiendo uno de los objetivos del Derecho que es la reparación de los daños y violentando además los derechos y garantías consagrados al respecto tanto en la Carta Magna Nacional y Provincial como en convenios internacionales de similar rango.
Bajo esta óptica, en este caso en particular, la aplicación literal de las previsiones de la Ley 24.557 y sus modificatorias resultan insuficientes e irrazonables y no cumplen la finalidad a la que apunta toda la normativa relativa a la reparación de los infortunios laborales.
Para arribar a dicha conclusión basta tener en cuenta que el ingreso base mensual de $ 93.798,71 a Octubre de 2021 actualizado por la tasa activa del Banco Nación arroja como resultado la suma de $394.161,03 lo que no supera al salario mínimo vital y móvil vigente a la fecha.
De acuerdo a lo expuesto y a los criterios sostenidos en el precedente "Barrios" al que refiriera, he de considerar como parámetro de actualización del IBM el coeficiente resultante de la variación del índice RIPTE entre el último publicado al dictado de esta resolución y el de la fecha de toma de conocimiento.
Asimismo, a fin de actualizar los montos pertinentes se debe, en el caso sub examine, decretar la INCONSTITUCIONALIDAD, SOBREVENIDA DEL ART. 7 LEY 23928, de acuerdo TEXTO LEY 25561 - siguiendo los lineamientos del fallo mencionado (SCBA C.124.096 'Barrios, Héctor Francisco y otra contra Lascano, Sandra Beatriz y otra. Daños y perjuicios).
Por ello, y de acuerdo a lo expuesto, el ingreso base del trabajador asciende en el caso a la suma de $ 1.944.728,65 y el monto por el que corresponde se abone la prestación de ley asciende a la suma de: $1.944.728,65 × 53 × (65/56) × 15,39% = $ 18.411.909,49
Dicha prestación debe compararse con los mínimos establecidos por el DL 1694/09 y dado que se actualizo el IBM a la fecha del presente, propongo que la comparación se haga considerando los mínimos vigentes también a la fecha, y que surgen de la Resolución SRT 49/2021 que lo fija en la suma de $ 5.044.408 multiplicado por el porcentaje de incapacidad resulta una indemnización mínima de $ 776.334,39.- Actualizando dicho importe de la misma manera que lo hicimos en el IBM, o sea por el RIPTE tenemos un resultado de $ 16.095.740,87 suma que es inferior al resultado de la fórmula de ley, por lo que tomo el resultado de dicha fórmula.
También le corresponde percibir a la parte actora la suma correspondiente a la aplicación del art. 3 de la ley 26.773 de lo que resulta: $3.682.381,90.-
En virtud de todo lo expuesto, la parte actora se hace acreedora a percibir en concepto de prestación dineraria prevista por el art. 14 ap. 2 inc. b) de la ley 24.557, la suma de PESOS VEINTIDOS MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 39/100 ($ 22.094.291,39) a dicho importe deberán adicionarse los intereses compensatorios desde la fecha del accidente 26/10/2021, hasta la fecha prevista para el cumplimiento de la presente, a calcularse aplicando un interés puro del % 6 anual.- (Ley 24.557 T.O. dec. 1694/09, ley 26.773).
En consecuencia, corresponde condenar a PROVINCIA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A. a abonar al actor BAEZ SANDRA SILVINA , la suma de PESOS VEINTIDOS MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 39/100 ($ 22.094.291,39) a dicho importe deberán adicionarse los intereses compensatorios desde la fecha del accidente 26/10/2021, hasta la fecha de pago prevista para el cumplimiento de la presente, a calcularse aplicando un interés puro del % 6 anual resultando la suma de $ 6.711.822, totalizando la suma de PESOS VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL CIENTO TRECE CON 39/100 ($ 28.806.113,39) como resarcimiento por las secuelas incapacitantes como consecuencia del accidente de trabajo acreditado en autos.-
V. En cuanto a los planteos de inconstitucionalidad de la ley 24.557, es mi opinión que, los plasmados en el escrito postulatorio son generales, abstractos y no se advierte agravio especifico vinculado a lo concreto del caso, por lo que los mismos deben ser rechazados por resultas abstractos e inoficiosos.
VI. Costas - Honorarios: Atento el progreso de la acción, las costas se imponen a la demandada por resultar vencida (art. 24 ley 15.057).-
En las regulaciones de honorarios de los letrados intervinientes se observarán los preceptos de la ley 14.967 y los honorarios de los peritos intervinientes, de acuerdo al mérito y complejidad de sus labores. Todas las regulaciones de los profesionales actuantes lo serán con más los aportes pertinentes (conf. Leyes 6716, y modif. Ley 10268,), con las limitaciones establecidas en el art. 277 LCT y art. 730 del CCC (Cfr. SCBA "Zuccoli c/ Sum S.A. s/ Ds. y Ps." del 02-10-2002). Cuando correspondiere se aplicará la doctrina emanada del fallo de la SCBA. Causa Q-75.064 "Pallasa" sent. del 06-11-2019.-
Una vez firme la presente sentencia y de resultar incumplida. se devengarán intereses de acuerdo con la tasa activa en pesos de descuento a treinta días que cobra el Banco de la Provincia de Buenos Aires.-
Los Dres. Gabriele y Lopez Bellot adhieren al voto que antecede por compartir los fundamentos y votan en el mismo sentido.
Por todo ello, disposiciones legales citadas, y demás consideraciones vertidas, el Tribunal RESUELVE:
1. RECHAZAR la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por PROVINCIA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A., por los fundamentos expuestos en los considerandos de la presente sentencia.-
2. Declarar abstractos los planteos de inconstitucionalidad referidos a normativas del régimen de Riesgos de Trabajo, conforme los fundamentos vertidos en la parte dispositiva de la sentencia.
3. Declarar la inconstitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia 669/19.
4. Decretar la inconstitucionalidad, sobrevenida del art. 7 ley 23928, de acuerdo texto ley 25561 - siguiendo los lineamientos del fallo mencionado (SCBA C.124.096 'Barrios, Héctor Francisco y otra contra Lascano, Sandra Beatriz y otra. Daños y perjuicios) y considero que debe declararse en la especie la inaplicabilidad del ap.2 del art. 11 de la ley 27.348 modificatorio del art. 12 de la ley 24.557 (Art. 14 bis, 16, CN y 39 CPBA) al caso de autos, ordenándose que el crédito actoral se actualice de la manera "ut supra" señalada a fin de garantizar el cumplimiento de la función resarcitoria y de respetar la garantía de indemnidad del trabajador (art. 17 CN.).-
5. HACER LUGAR a la demanda interpuesta por BAEZ SANDRA SILVINA y en consecuencia condenar a PROVINCIA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A. a abonar al actor BAEZ SANDRA SILVINA , la suma de PESOS VEINTIDOS MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 39/100 ($ 22.094.291,39) a dicho importe deberán adicionarse los intereses compensatorios desde la fecha del accidente 26/10/2021, hasta la fecha de pago prevista para el cumplimiento de la presente, a calcularse aplicando un interés puro del % 6 anual resultando la suma de $ 6.711.822, totalizando la suma de PESOS VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL CIENTO TRECE CON 39/100 ($ 28.806.113,39) como resarcimiento por las secuelas incapacitantes como consecuencia del accidente de trabajo acreditado en autos.-
6. El importe por el que procede la demanda, intereses y las costas deberán ser depositados dentro de los diez días de notificada la presente.
7. INCUMPLIMIENTO: de resultar incumplida, la sentencia devengará intereses de acuerdo a la tasa activa que cobra el Banco de la Provincia de Buenos Aires en operaciones de descuento a treinta días hasta el momento en que se haga efectivo el pago del crédito (arts. 768, 769 del CCC);
8. Costas a la demandada, por haber sido vencida en lo principal, conforme el principio objetivo de la derrota los que deberán ser abonados a los diez días de notificada la presente, regulando a tal fin los honorarios profesionales: de la parte actora, DRA. D INGIANNA LUCAS DANEL quien intervino en todas las etapas del proceso en 75,5 JUS (Equivalente conforme RP 1517/26 SCBA al dìa de hoy a la suma de $ 4.260.163 ) con mas aporte e iva de corresponder; parte demandada DR. DOMINGO LISANDRO DIEGO quien intervino en dos etapas del proceso en 45.5 JUS (Equivalente conforme RP 1517/26 SCBA al dìa de hoy a la suma de $ 2.567.383) y Dr. PADILLA PABLO MANUEL quien intervino en 2 las etapas del proceso en 30 JUS (Equivalente conforme RP 1517/26 SCBA al dìa de hoy a la suma de $ 1.690.780)con mas aporte e iva de corresponder; parte demandada.
Regulaciones que se efectúan de esta manera considerando el monto de condena, trabajos realizados y resultados obtenidos en las etapas del proceso bajo la vigencia de la Ley 14.967, Conf. SCJPBA "Morcillo Hugo Héctor c/ Provincia de Bs. As. s/ Inconst. Decr.-Ley 9020", 8-11-2017.-
Los del perito contador VANOTTI OSCAR PEDRO y perito médico ALVAREZ OSCAR EDUARDO en la suma de pesos ochocientos treinta y cinco mil quinientos ($ 835.500) para cada uno de ellos en ambos casos con mas el 10% de aportes e iva de corresponder.
Regulaciones que se efectúan de esta manera en atención al monto de condena, la labor desarrollada y considerando los mínimos legales.
" ARTÍCULO 54 de la ley 14.967 .- Las providencias que regulen honorarios deberán ser notificadas personalmente, por cédula a sus beneficiarios, al mandante o patrocinado y al condenado en costas, si lo hubiere. Asimismo, será válida la notificación de la regulación de honorarios efectuada por cualquier otro medio fehaciente, a costa del interesado.
Los honorarios a cargo del mandante o patrocinado quedarán firmes a su respecto si la notificación se hubiere practicado en su domicilio real y a la contraparte en su domicilio constituido.
Habiendo cesado el patrocinio o apoderamiento y constituido el ex cliente nuevo domicilio, la notificación de honorarios a éste podrá ser efectuada en este último domicilio.
En todos los casos, bajo pena de nulidad, en el instrumento de notificación que se utilice para ello, deberá transcribirse este artículo.
Los honorarios regulados por trabajos judiciales deberán abonarse dentro de los diez (10) días de haber quedado firme el auto regulatorio.
Los honorarios por trabajos extrajudiciales se abonarán dentro de los diez (10) días de intimado su pago, cuando sean exigibles.
Operada la mora, el profesional podrá optar por:
a) reclamar los honorarios expresados en la unidad arancelaria Jus prevista en esta ley, con más un interés del 12% anual.
b) reclamar los honorarios regulados convertidos al momento de la mora en moneda de curso legal, con más el interés previsto en el artículo 552 del Código Civil y Comercial de la Nación."
ACREDITACION DE LOS PAGOS: el capital de condena deberá ser depositado en la "cuenta sueldo" o cuenta bancaria de titularidad de la parte trabajadora siempre que aquella se encuentre disponible (art. 17 Ley 27.348, art. 277 ley 27.802).
A tal efecto, hágase saber a la parte actora que dentro del tercer día de notificada la presente, deberá denunciar y acreditar fehacientemente en autos titularidad y datos de la cuenta respectiva (BANCO, N° de CBU, ALIAS, N° DE DNI Y CUIT/CUIL), a efectos de hacerlo saber a la parte obligada al pago.
El plazo acordado para el cumplimiento del presente comenzará a computarse una vez que se encuentre acreditado en autos dicho requerimiento.
Asimismo los HONORARIOS de todos los profesionales intervinientes deberán ser abonados en las cuentas bancarias personales de éstos quienes quedan intimados a denunciar y acreditar en autos los datos que permitan realizar dichas transferencias (BANCO, N de cuenta, CBU, ALIAS), comenzando a computarse el plazo para el pago, una vez cumplido dicho requerimiento.-
Finalmente, hágase saber a la condenada en costas que una vez abonados los honorarios profesionales y los aportes a su cargo deberá acreditar dicho cumplimiento en autos y hágase saber a los beneficiarios que deberán acreditar el cumplimiento del pago de los aportes a su cargo en el plazo de 60 dias desde que los mismos fueron abonados bajo apercibimiento de comunicar dicho incumplimiento a la Caja que corresponda.-
9. TASA DE JUSTICIA: Intímese a la DEMANDADA para que dentro del plazo de cinco días deposite la suma de $ 633.734,49 en concepto de tasa de justicia y la suma de $ 31.686,72 en concepto de sobre tasa de justicia (art. 337 del Cód. Fiscal y ccdts), bajo apercibimiento de pasar las actuaciones a la Sra. agente Fiscal. Hágase saber al Departamento de cobro de honorarios de peritos oficiales y tasa de justicia a efectos de perseguir la percepción de la misma. Notifiquese al [email protected] y [email protected]
9. Practíquese por Secretaría la pertinente liquidación. REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE electrónicamente por medio del presente sin necesidad de otro instrumento (Ac. SCBA 4013). a los siguientes domicilios electrónicos:
Firmas
Funcionario firmante: RICARDO Claudia Veronica - JUEZ
Funcionario firmante: GABRIELE Alberto - JUEZ
Funcionario firmante: LOPEZ BELLOT Marina Leticia - JUEZ
Funcionario firmante: ZOLOTNIK Daniela Natalia - AUXILIAR LETRADA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS - Número: RS- 519-2026
Fin de la sentencia