Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa 2372/19-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por la parte demandada a fs. 1290/1296 vta., y en consecuencia, revocar la resolución emanada de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a foja 1299 y vta.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: 2372/19-TSJ Interlocutorio N°: 3545 Actor: BAEZA LUCIANO ALFREDO Y OTROS Demandada: BTU S.A.
Objeto: LABORAL Fecha: 06-02-2020 Texto: TOMO XXXI -INTERLOCUTORIO- T.S.J..-
REGISTRO Nº 3545 FOLIO Nº 6104/6109 PROT. ELECT. TSS1 001 I.201
Río Gallegos, 6 de febrero de 2020.-
Los presentes autos caratulados: “BAEZA LUCIANO ALFREDO Y OTROS c/ BTU S.A. s/ LABORAL”, Expte. Nº B-13.533/12 (B-2372/19-TSJ), venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que llegan los presentes autos a conocimiento de este Exc-mo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso de casación articulado por la parte demandada, por intermedio de su letrado apoderado, Víctor Vicente Mártensen (cfr. fs. 1290/1296 vta.), contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apela-ciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial, obrante a fs. 1260/1264 vta., la cual hizo lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por esa parte, en lo relativo al cálculo de la indemnización fijada en el pronunciamiento de Primera Instancia. Éste último hizo lugar a la demanda, condenando a la accionada al pago de la indemnización prevista en el artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (cfr. fs. 1227/1231 vta.).- La demandada interpone su recurso por violación de la ley y de la doctrina legal, en los términos del artículo 3º, inciso a) del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- (cfr. foja 1291).-
II. En la especie, los actores promovieron demanda laboral con el fin de percibir la indemnización contemplada en el artículo 80 de la Ley Nº 20.744 (Ley de Contrato de Trabajo) (cfr. foja 17).-
La sentencia de Primera Instancia hizo lugar a la demanda, condenando a la accionada al pago de las sumas de dinero correspondiente al rubro demandado en concepto de indemnización del artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (cfr. fs. 1227/1231 vta.).-
Apelada esta decisión, la Excma. Cámara de Apelaciones entendió que la demandada no logró hacer efectiva la entrega de los certificados de trabajo en tiempo y forma (cfr. foja 1263). No obstante, modificó la base de cálculo utilizada por la magistrada de origen, determinando para cada dependiente cuál debía ser la mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida, que debía emplearse para el cálculo de la indemnización (cfr. foja 1263 y vta.).-
III. Contra este pronunciamiento, la demandada interpone recurso de casación, aduciendo violación de la ley y de la doctrina legal.-
Sostiene que: “El pronunciamiento recurrido, omitió considerar los fundamentos y argumentación expuesta por esta parte, respecto del cumplimiento de las obligaciones previsionales y sindicales, a la postre el verdadero interés de la Ley 25.345, que modificó el art. 80 LCT imponiendo la sanción que se cuestiona...” (cfr. foja 1291 vta.). En este sentido, explica que: “…la sanción impuesta por el art. 45 de la Ley 25.345 tiene por finalidad castigar al empleador que tiene un comportamiento omisivo, reticente, moroso, o contumaz en el cumplimiento de la obligación impuesta por el artículo tratado, comportamiento que no puede achacarse a mi mandante, por así estar acreditado con la abundante prueba colectada en autos.” (cfr. foja 1292).- Postula que: “…el razonamiento al que arriban los Sres. Jueces de Cámara…no se ajusta a la verdad de los hechos y pruebas reunidas en autos […] … mi mandante no solo comunicó que ponía los certificados a disposición del trabajador en la base de la obra; sino que informó que se remitía, también vía postal, la documentación requerida.” (cfr. foja 1293). En este contexto, afirma que: “Desde la intimación efectuada por el trabajador, hasta la recepción de los certificados que refiere el art. 80 LCT la empleadora remitió carta documento indicando que ponía a su disposición la documentación en la base de la empresa, confeccionó nuevos certificados, certificó firmas, y remitió vía postal mediante servicio especial con intervención de Escribano Público para garantizar la entrega, todo sin solución de continuidad.” (cfr. foja 1293 vta.).- Arguye que: “…tanto la Juzgadora de Primera Instancia, como la Excma. Cámara de Apelaciones de la II Circunscripción Judicial, debieron aplicar el art. 34 inc. 5to. ap. c) del CPCC, en lo que respecta a la violación al principio de bilateralidad, por omisión de tratamiento de las cuestiones sometidas a su pronunciamiento.” (cfr. foja 1295).-
Denuncia asimismo la violación de la doctrina legal, por cuanto “…debió aplicarse el criterio sentado por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia Provincial a partir de la causa: 'Andrada, Miguel Angel y Otros c/BTU S.A. S/ Demanda Laboral', Expte. N° A-13.540/12, (A-2005/15-TSJ)…” (cfr. foja 1295 y vta.).-
Finalmente, hace reserva del caso federal (cfr. foja 1295 vta.).-
A foja 1299 y vta. la Excma. Cámara de Apelaciones declara formalmente admisible el recurso de casación interpuesto.-
A foja 1329 pasan los presentes al Acuerdo.-
IV. Liminarmente, corresponde recordar que si bien este Tribunal Superior de Justicia está, en principio, limitado en esta instancia al análisis de las condiciones formales de admisibilidad del recurso intentado, esto no le impide, en circunstancias extraordinarias, revisar los presupuestos procesales que hacen al debido proceso (cfr. Interlocutorio, Tomos XXVII, Reg. 3221, Folio 5316/5319 y XXVIII, Reg. 3325, Folio 5544/5547).-
Ello se debe a que constituye un requisito previo, emanado de la función jurisdiccional propia de este Alto Cuerpo, el control, aun de oficio, del desarrollo del procedimiento y del cumplimiento de los lineamientos que hacen de la sentencia un acto jurisdiccional válido, toda vez que la eventual existencia de un vicio capaz de provocar una nulidad y afectar una garantía constitucional no puede ser confirmada (cfr. Interlocutorio, Tomo XXVII, Reg. 3247, Folio 5383/5385).-
De la lectura de la sentencia obrante a fs. 1260/1264 vta. se desprende una serie de anomalías que merecen ser advertidas.-
El orden para el estudio y votación de la causa en Segunda Instancia fue exteriorizado a foja 1259, determinándose que intervendría en primer lugar la Dra. Connie Naves, en segundo el Dr. Humberto Eduardo Monelos y, finalmente, el Dr. Miguel Ángel Meyer.-
Para delimitar la discusión colegial del Tribunal de Alzada se plantearon dos cuestiones que serían objeto de debate y resolución: la primera, procuraba responder si es justa la sentencia apelada y, la segunda, proponía dirimir que pronunciamiento correspondía dictar (cfr. foja 1260).-
Inmediatamente después, se lee en el pronunciamiento: “A la primera cuestión el Dr. Monelos dijo…” (cfr. foja cit.), desvirtuándose en apariencia el orden establecido a foja 1259. Una vez desarrollado el primer voto, se consignó nuevamente: “A la primera cuestión el Dr. Monelos dijo…” (cfr. foja 1263 vta.), quien expuso que compartía el análisis de los agravios y los fundamentos expuestos por la Dra. Naves, adhiriendo a su voto (cfr. foja cit.).-
Luego de ello, la sentencia indica: “A la primera cuestión el Dra. (sic) Naves dijo…” (cfr. foja cit.). Aquí, la magistrada sostuvo que: “…en base a las consideraciones vertidas al contestar la primera cuestión, propongo al Acuerdo dictar el siguiente pronunciamiento…” (cfr. foja cit.).-
Finalmente, a foja 1264 se consignó que: “A la segunda cuestión la Dr. (sic) Monelos dijo: VIII.- Que comparto la propuesta formulada por el primer votante…”.-
De lo expuesto, se infiere que se ha cometido un error material a foja 1260 al estipularse que el voto ponente era desarrollado por el Dr. Monelos. La aparente alteración en el orden de votación se mitiga por dos motivos: el propio juez Monelos se encargó de explicitar -al resolver la primera cuestión- que compartía el análisis de la Dra. Naves, adhiriendo a su voto (cfr. foja 1263 vta.) e inmediatamente después la magistrada expuso que en base a las consideraciones vertidas al contestar la primera cuestión, proponía al Acuerdo el pronunciamiento que estimaba correspondiente (cfr. foja cit.).- Cierto es que aquí aparece un nuevo descuido, en cuanto se lee “A la primera cuestión el Dra. (sic) Naves dijo…” (cfr. foja cit.), que igualmente se disipa, en razón del desarrollo desplegado por la magistrada, quien -como se acaba de indicar- sostuvo que en base a las consideraciones que desplegó al contestar el primer tópico, proponía al Acuerdo el dictado de un pronunciamiento; es decir, que aquí claramente se procuró responder a la segunda cuestión planteada, lo que a la postre fue confirmado por el Dr.
Monelos, al sostener que compartía la propuesta formulada (cfr. foja 1264).- Ante este escenario, es menester precisar que este Tribunal Superior de Justicia tiene el poder de anular ex officio las sentencias judiciales cuando contienen vicios que inciden sobre la construcción regular del proceso. No obstante, se trata de una facultad que debe ejercitarse en supuestos excepcionales, en resguardo de la estricta observancia de las formas instituidas en procura de una mejor administración de justicia (cfr. SCBA, “Copes Carlos Alberto c/ La Segunda A.R.T. s/ accidente de trabajo - acción especial”, causa Rl 123196, del 23-10-2019).- La puesta en marcha de esta especial facultad no puede obedecer a un puro formalismo sino que debe reservarse para situaciones extremadamente irregulares, en atención a la incidencia disvaliosa que puede generar en la duración del proceso.
Sobre esto último, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido recientemente que: “…De acuerdo con el artículo 8.1 de la Convención [Americana de Derechos Humanos] y como parte del derecho a la justicia, los procesos deben realizarse dentro de un plazo razonable, por lo que, en atención a la necesidad de garantizar los derechos de las personas perjudicadas, una demora prolongada puede llegar a constituir, por sí misma, una violación de las garantías judiciales.” (cfr. caso “Perrone y Preckel vs. Argentina”, del 08-10-2019, § 141).- Tampoco puede pasar desapercibido el hecho de que estamos ante un proceso laboral, que debe ser concebido como un instrumento adjetivo que permita la efectivización de los derechos sustanciales en juego.
Es peculiar de este tipo de procesos, especialmente, la celeridad que requiere su tramitación en pos de satisfacer pronta y útilmente el interés del trabajador, reclamado en juicio por incumplimientos del empleador.-
Por ende, esta facultad ha de ser empleada como último remedio, ante la imposibilidad de tomar competencia positiva de acuerdo a las particularidades del caso.-
En el sub lite, las irregularidades apuntadas no fueron objeto de agravio alguno por parte de la recurrente, quien no se vio impedida de controvertir el acierto del decisorio en crisis, tal como se desprende de la lectura del recurso extraordinario obrante a fs. 1290/1296 vta.-
Tampoco resulta dable predicar que el pronunciamiento del Tribunal de Alzada haya omitido suministrar los presupuestos necesarios para dilucidar la cuestión litigiosa o no se haya expedido sobre fundamentos esenciales al extremo de impedir el conocimiento cabal de su juridicidad por vía casatoria.-
Más allá de las inconveniencias descriptas, se advierte que la sentencia en crisis contiene un soporte suficiente que permite calificarla como una unidad lógico-jurídica, cuya parte dispositiva aparece como la conclusión final y necesaria, por derivación de los presupuestos fácticos y normativos vertidos en su fundamentación.-
Por lo tanto, no se configura ninguno de los supuestos que justifican invalidar el decisorio por iniciativa propia de este Alto Cuerpo.-
V. Sin perjuicio de lo expuesto, corresponde hacer saber a los Magistrados y Funcionarios que intervinieron en la mentada sentencia que, en lo sucesivo, deberán prestar la debida atención y acatamiento a las formas procesales a fin de evitar incurrir en errores como los señalados anteriormente.-
VI. Sentado lo que antecede se debe, en esta etapa, efectuar el examen preliminar que establece el artículo 7º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- a efectos de verificar si se encuentran reunidos los extremos formales que habilitan la admisibilidad del recurso intentado.-
Para realizar esta faena no debe perderse de vista que -tal como lo ha sostenido reiteradamente este Alto Cuerpo- la casación es un sendero extraordinario que no constituye una tercera instancia común, lo que conduce a discernir que para que este Tribunal Superior de Justicia pueda entrar a revisar el mérito del recurso interpuesto, deben reunirse determinados presupuestos cuya carencia conlleva a la inaceptabilidad del planteo casatorio.-
Para que esta vía tenga andamiento resulta imperativo que la recurrente despliegue una técnica impugnativa adecuada, de modo que el escrito portador de su recurso formule una crítica concreta, directa y eficaz de las motivaciones esenciales del pronunciamiento jurisdiccional, sin que reúna tal condición aquélla que deja incólume la decisión por falta de cuestionamiento de los conceptos básicos, determinaciones o fundamentos sobre los que se asienta.-
En términos generales, este Alto Tribunal ha sostenido que la crítica concreta y razonada que se exige como requisito de la fundamentación de la senda recursiva debe apuntar a demostrar la incorrecta demarcación de la base fáctica (incorrecta valoración de la prueba y de la limitación de la situación y relaciones jurídicas) o la incorrecta calificación legal de la misma, esto es, la deficiente conexión de los hechos con el ordenamiento. Es decir, que si la recurrente ataca uno, o todos los elementos del silogismo utilizado por el magistrado para arribar a su conclusión, esto es, la base fáctica, la base normativa o la base resolutiva, la fundamentación del recurso debe consistir en una operación lógica, que apunte a demostrar la falsedad de la premisa mayor, de la menor o de la conclusión (cfr.
Sentencia, Tomo XVII, Reg. 574, Folio 3266/3273)” (cfr. Interlocutorio, Tomo XXIX, Reg. 3392, Folio 5690/5693).- Igualmente tiene dicho este cimero Tribunal que: “…los debates sobre…si el certificado previsto en el artículo 80 de la LCT, fue entregado en tiempo y forma…son todas cuestiones de hecho cuyo discernimiento deriva de la valoración de la prueba aportada por las partes que…se encuentra reservada a la instancia ordinaria, y marginada de la casación salvo la eficaz demostración de absurdo…” (cfr. Interlocutorio, Tomo XXVI, Reg. 3162, Folio 5193/5196). En la misma senda, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha sostenido que: “…la verificación de si en un caso dado se configuran -o no- los presupuestos fácticos para la procedencia de la sanción pecuniaria prevista en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (cfr. ley 25.345), constituyen facultades privativas de los jueces de los tribunales del trabajo que no pueden ser revisadas por la Suprema Corte, salvo el supuesto de absurdo que debe ser denunciado y eficazmente demostrado…” (cfr.
“Lezcano Maximiliano Martín c/ Margobal SA s/ Despido”, causas LP 119.685 S del 09/08/2017; y “Giordano Julio César c/ Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina s/ Despido”, causa LP 114.166 S, del 15/07/2015).- El fundamento de esta tesitura radica en que, en principio, este Alto Cuerpo no está habilitado para revisar las cuestiones de hecho. Ello implica que la determinación y la valoración de las circunstancias fácticas propuestas por los justiciables -lo que incluye la apreciación de la prueba- escapa al control casatorio. De modo excepcional, este Tribunal Superior de Justicia entra a conocer sobre los hechos, si se demuestra que esa apreciación configura un absurdo, lo que supone “…'…un desvío lógico, una falla del razonamiento, la incongruencia o el grosero error material en la interpretación de algún elemento probatorio, que llevará a sentar premisas incompatibles con las reglas de la común experiencia o contradichas por piezas fehacientes de la causa, en grado tal que justifiquen su revisión por la última instancia provincial…' (confr.
TSJ Santa Cruz, Tomo VII, Sentencia, Reg. 254, Folio 1383/1389; ídem, Tomo VII, Sentencia, Reg. 255, Folio 1390/1394, entre otros).” (cfr. Interlocutorio, Tomo XX, Reg. 2644, Folio 3980/3984, entre otros).- Cabe tener presente que la revocación de una sentencia por absurdo o arbitrariedad es un remedio excepcional para neutralizar los efectos dañosos del desvío de las reglas de la sana crítica.-
A la luz de estas premisas, resulta dable anticipar que la pieza recursiva de fs. 1290/1296 vta. no satisface mínimamente los recaudos reseñados, lo que conduce indefectiblemente a declarar su inadmisibilidad.-
Tal como se anticipó anteriormente, el pronunciamiento del Tribunal de Alzada, al igual que lo resuelto por la jueza de Primera Instancia, consideró procedente la indemnización prevista en el artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo.-
Para sustentar su decisión, la Excma. Cámara de Apelaciones sostuvo que: “…de las constancias de autos puede observarse que los contratos de trabajo quedaron extinguidos el 31/10/2011…Intimando a B.T.U. S.A. el 02/12/2012 la entrega de las certificaciones previstas en el art. 80 L.C.T. mediante telegrama ley…cuya autenticidad fue confirmada por el Correo Oficial…en el que se especifica como fecha de entrega el 06/12/2011…En consecuencia dejando los trabajadores transcurrir el plazo de treinta días contados a partir de la fecha de extinción del contrato y habiendo intimado la entrega de los certificados, la demandada debió cumplir con su obligación el 09/12/2011;lo que no ocurrió…” (cfr. foja 1262 vta.).- Teniendo en consideración los fundamentos del fallo de la Cámara así reseñados para fundar el rechazo al recurso de apelación incoado por la accionada se advierte que el recurso extraordinario en tratamiento no ataca eficazmente los argumentos que sustentan la decisión en crisis, sino que, por el contrario, se desentiende notoriamente de ellos.
Es que el eje central sobre el que versaba la controversia consistía en determinar si la parte empleadora había entregado oportunamente el certificado de trabajo contemplado en el artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo a cada uno de los trabajadores demandantes y, sobre este punto, los jueces se limitaron a confrontar las constancias obrantes en la causa con el límite temporal contemplado en esa norma y en el artículo 3 del Decreto Nº 146/01. Por este motivo, otras consideraciones -verbigracia, las dirigidas a demostrar el cumplimiento efectivo de las obligaciones previsionales y sindicales- quedaban al margen del caso sub discussio.- Tampoco logra evidenciar un error grosero en la valoración de las piezas de la causa, que patentice un desvío lógico en el razonamiento desplegado en sede de grado.
Se observa, por el contrario, que la recurrente intenta discurrir libremente sobre su particular visión de los hechos, sin hacerse cargo en absoluto de las fundadas conclusiones sentenciales, pretendiendo -equivocadamente- recrear la meritación y valoración jurisdiccional, como si tratara de una tercera instancia común u ordinaria, lo que torna inhábil al recurso en estudio para ser considerado admisible.- En este marco, cabe advertir que la crítica que ensaya la recurrente deja sin rebate idóneo los argumentos expuestos en la decisión del tribunal de mérito, no superando el registro de una mera discrepancia de opinión, lo que sella la suerte adversa de la impugnación.-
No se advierte, consiguientemente, que la recurrente funde adecuadamente el error grave, grosero y manifiesto que conduzca a conclusiones incompatibles con las constancias objetivas del proceso, y si bien a través de la doctrina del absurdo se admite una apertura al reexamen de los hechos de la causa, a ello sólo puede acudirse en situaciones que bien pueden calificarse de extremas, que -como se ha expresado- no se argumentan idóneamente. Máxime cuando, como en la especie, las argumentaciones vertidas por la casacionista no van más allá de la exposición de su propia interpretación de lo sucedido, constituyendo meras reflexiones personales y disentimientos, que no logran evidenciar el absurdo de la decisión, ni demuestran que la sentencia no constituya una derivación razonada del derecho vigente (cfr. Interlocutorio, Tomos XXIV, Reg. 2977, Folio 4800/4803; XXVI, Reg. 3083, Folio 5020/5023, entre otros).- Desde otro cuadrante, tampoco se avizora infracción legal en referencia a lo preceptuado por el artículo 34, inciso 5º, apartado c) del CPC y C, ni tampoco de la doctrina legal forjada por este Excmo. Tribunal Superior de Justicia.-
En cuanto al primer aspecto reseñado, conviene puntualizar que la casacionista no aporta argumentos jurídicos suficientes que patenticen el yerro endilgado, máxime teniendo en cuenta que el dispositivo legal citado se encuentra desvinculado del tema esencial debatido. En este aspecto, vale resaltar que el recurso se basa en consideraciones que no importan una réplica válida a las fundadas razones que desarrolla la sentencia, desatendiéndose integralmente de sus consideraciones.- Como se anticipó, tampoco es de recibo la denuncia de violación de la doctrina legal que se cita toda vez que en el antecedente indicado mediaron presupuestos fácticos diversos a los propios del caso bajo juzgamiento que tornan inhábil su invocación como fundamento del embate.-
Así, cabe poner de resalto que si bien en la causa “Andrada Miguel Ángel y otros c/ BTU S.A. s/ Demanda laboral”, este Alto Cuerpo trazó una serie de directrices en torno a las condiciones que deben presentarse para que opere la indemnización contemplada en el artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, lo cierto es que en esa oportunidad se verificó una actuación diligente y oportuna de parte de la demandada, lo que no ha acontecido en el sub lite conforme lo argumentaron suficientemente los magistrados de la Cámara. Por lo tanto, no se verifica ningún desvío de la línea interpretativa oportunamente fijada, desde que las circunstancias fácticas difieren de las existentes en la presente causa.-
VII. Si bien la casacionista alude tangencialmente a la doctrina de la arbitrariedad (cfr. foja 1290 vta.), lo cierto es que las razones hasta aquí brindadas resultan asimismo suficientemente justificativas de la ausencia de ese vicio.-
Este Tribunal Superior de Justicia tiene dicho que: “...'…la doctrina de la arbitrariedad no ha sido instituida para corregir sentencias equivocadas, o que el recurrente estime tales según su criterio, sino que atiende sólo a supuestos de gravedad extrema, en los que se verifica un apartamiento palmario de la solución prevista por la ley o una absoluta carencia de fundamentación...' (cfr. Interlocutorio, Tomos III, Reg. 282, Folio 457/458 y VI, Reg. 881, Folio 1022/1025, entre otros).” (cfr. Interlocutorio, Tomo XXIX, Reg. 3370, Folio 5629/5633, entre otros).- En el caso de autos la recurrente no logra demostrar la arbitrariedad que achaca al dispositivo sentencial que pretende postrar. Sólo se desprende del recurso impetrado -como se dijo anteriormente- una exposición reiterada de meras discrepancias con los argumentos y fundamentos dados en el decisorio, todos ellos relativos a cuestiones de hecho y prueba. No se demuestra ni se aprecia que el fallo constituya una decisión sujeta a descalificación, por carecer de fundamentos o por abandono notorio de prescripciones legales; antes bien el fallo brinda suficientes fundamentos que le dan consistencia jurídica.-
VIII. Como corolario de lo expuesto, se debe concluir que las críticas de la recurrente sólo traducen diferencias de criterio con el órgano jurisdiccional de alzada y no resultan suficientes para ingresar al análisis de las consideraciones expuestas en el pronunciamiento impugnado, en especial frente a la excepcionalidad del remedio que se intenta. Máxime cuando la interpretación sustentada por la Cámara resulta suficientemente motivada, lo que avienta la posibilidad de su descalificación como acto jurisdiccional inválido. En esta inteligencia, este Tribunal Superior de Justicia ha sostenido que: “…no promueve una cuestión para ser tratada en casación el recurso que sólo trasunta una opinión diversa a la sostenida en las instancias de grado, insuficiente, por ende, para demostrar que ésta conduzca a un apartamiento palmario de la solución jurídica prevista para el caso o adolezca de una decisiva carencia de fundamentación (conf. Interlocutorio, Tomo XXVII, Reg. 3194, Folio 5253/5255, entre otros). En estos casos la cuestión no puede sino fenecer en los Tribunales ordinarios, no siendo este Tribunal Superior de Justicia una nueva y tercera instancia para revalorizar y juzgar respecto de dichas cuestiones, salvo que se denuncie y demuestre la existencia de absurdo; violación de la ley o de la doctrina legal; y/o quebrantamiento de forma…” (cfr. Interlocutorio, Tomo XXVIII, Reg. 3344, Folio 5580/5584), circunstancias éstas que no se avizoran en la presente causa.-
IX. Que en virtud de lo expuesto, el recurso de casación articulado por la parte demandada a fs. 1290/1296 vta. no ha logrado habilitar la presente instancia extraordinaria, por lo que corresponde declararlo mal concedido y en consecuencia, revocar la resolución emanada de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a foja 1299 y vta., de conformidad con lo establecido por el artículo 7º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, teniendo presente la reserva del caso federal efectuada a foja 1295 vta..-
Por ello, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por la parte demandada a fs. 1290/1296 vta., y en consecuencia, revocar la resolución emanada de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a foja 1299 y vta.-
3. Hacer saber a los Magistrados y Funcionarios de la anterior instancia lo dispuesto en el Considerando V.-
La presente resolución se dicta con la firma de cuatro miembros del Tribunal, por constituir mayoría concordante en la solución del caso, en virtud de encontrarse en uso de licencia compensatoria de feria judicial la Sra. Vocal, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau (art. 27, 2º párrafo de la Ley Nº Uno, t.o. Ley Nº 1600 y modificatorias).-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos –Presidente- Dr. Daniel Mauricio Mariani –Vocal-, Dr. Enrique Osvaldo Peretti –Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-; Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1001I.201 Tomo: XXXI Interlocutorio: 3545 Folio N°: 6104/6109 Secretaría: 1
Fin de la sentencia