Abriendo la norma
Corte de Catamarca
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1No conceder el Recurso Extraordinario deducido por la Dr. Pedro Justiniano Vélez en su calidad de defensor de los imputados Gastón Emiliano Baigorri y Ciro Agustín Sotomayor, contra la Sentencia n° 10/2026 de fecha 16 de marzo de 2026.
2Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.).
AUTO INTERLOCUTORIO NÚMERO: CUARENTA Y DOS
San Fernando del Valle de Catamarca, ocho de octubre de dos mil veintiséis.
Este expte. Corte nº 025/26, caratulados: “Baigorri, Gastón Emiliano – Sotomayor, Ciro Agustín s/ rec. extraordinario c/ Sent. N° 10/26 de expte. Corte nº 98/25”.
DE LOS QUE RESULTA QUE:
I. Por Auto Interlocutorio (AI) nº 64, de fecha 02 de junio de 2025, la Cámara de Apelaciones en lo Penal y Exhortos, en lo que aquí concierne, resolvió: “I) No hacer lugar al recurso de apelación instaurado por el Dr. Pedro Justiniano Vélez, abogado codefensor de los imputados Ramón Gastón Emiliano Baigorri (DNI n° 37.306.349) y Ciro Agustín Sotomayor (DNI n° 43.088.201), cuyos agravios expusiera junto al codefensor Dr. Juan Pablo Morales y, en consecuencia, confirmar la resolución n° 58/25, dictada con fecha 14 de abril de 2025 por el Juzgado de Control de Garantías de 3° Nominación, en todo lo que fuera materia de agravios, en orden a los fundamentos del presente resolutorio. (…)”.
Contra esa resolución, el Dr. Pedro Justiniano Vélez, abogado defensor de los imputados Ramón Gastón Emiliano Baigorri y Ciro Agustín Sotomayor, interpone recurso de casación, al que no se hace lugar mediante Sentencia n° 10/2026.
Contra la sentencia es presentado el remedio federal.
II. La defensa sostiene -en la carátula que presenta-, que la cuestión federal introducida al interponerse el recurso de apelación, consiste en el principio del debido proceso, principio de legalidad y principio de reserva, el derecho de defensa, principio de mínima suficiencia, principio de máxima taxatividad interpretativa, supremacía constitucional, principio pro homine, y principio de subsidiaridad.
En las páginas siguientes sostiene que el caso encuadra con toda claridad en lo que en doctrina se ha dado en llamar sentencia arbitraria, no solo se aparta del debido proceso penal, sino que adolece de omisiones, errores y desaciertos de gravedad extrema que la tornan inhábil como acto judicial.
Como motivo de agravio invoca la violación del principio de legalidad, al pretender el fallo introducir una excepción que la ley no contempla, al requerirse el consentimiento fundado del representante del Ministerio Público Fiscal para el progreso de la reparación integral.
En ese sentido agrega que, según el art. 75 inc. 12 de la Constitución Nacional, coloca en cabeza del Congreso el dictado de los códigos de fondo y éste, al introducir el inciso 6 del art. 59 del Código Penal, no estableció limitación o excepción alguna como la que pretende introducir el voto mayoritario de la Corte de Justicia de Catamarca, aduciendo la supuesta necesidad del consentimiento fundado del Ministerio Público Fiscal.
Cita jurisprudencia en apoyo a su postura.
Abona su razonamiento con la forma de gobierno del país y su división de poderes. A ello agrega, las implicancias de la vigencia del principio de legalidad y de reserva.
De todo ello colige que, ni los representantes del Ministerio Público ni el voto mayoritario de la Corte provincial, pueden arrogarse facultades legislativas.
Luego de citar jurisprudencia de la CS sobre interpretación de la ley (Fallos 329:21, 328: 1652, 329:329:5826, 304:1820, 314:1849, 313:1149, 327:769 entre otros), concluye que no se desprende del art. 59 inc. 6 que el legislador haya tenido en miras a los fines de que opere la extinción de la acción penal mediante el instituto de la reparación integral, que dicha alternativa deba contar con el visto favorable del fiscal.
Enfatiza en la literalidad del inciso 6 del art. 59 del CP, y afirma que no puede entenderse a riesgo de incurrir en una interpretación analógica de la norma penal, que el legislador haya supeditado la extinción al dictamen favorable.
Si bien no surge expresamente de la sentencia atacada, el recurrente entiende que el sentenciante pretende hacer extensivo lo dispuesto para el caso de suspensión de juicio a prueba. De allí hace derivar el riesgo de aplicación analógica prohibida.
Cita doctrina y jurisprudencia sobre aplicación analógica in malam partem.
Luego dice que, si el legislador hubiera pretendido hacer depender la homologación del acuerdo de reparación integral o conciliatorio, de la vista favorable del fiscal, así lo hubiera manifestado expresamente.
Considera que resulta contrario a derecho e importa una aplicación analógica de la ley en contra del imputado, pretender hacer extensivo el consentimiento fiscal previsto para la procedencia del instituto de la “suspensión de juicio a prueba”, a la extinción de la acción penal por acuerdo reparatorio.
Resalta como criticable, el párrafo de la sentencia que supedita al visto favorable de la acusación pública, en tanto considera que con el mismo se desconoce que, como sostiene Cúneo Libarona, toda nuestra organización política y civil reposa en la ley.
A ello agrega que la resolución PGN n° 92/93 y la resolución n° 52/24 de la Procuración General de la provincia no son ley, si bien pueden ser obligatoria para los integrantes de los Ministerios Públicos, no lo son para jueces y menos para el ciudadano común. De esta forma, considera, que se viola el principio de supremacía constitucional.
Entonces, razona que el hecho de que el Ministerio Público Fiscal tenga como función la promoción de la actuación de la justicia en defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad, no lo legitima para legislar.
Dice no negar que el Ministerio Público Fiscal sea parte esencial del proceso, y por ende en el trámite de homologación de un acuerdo conciliatorio como titular de la acción pública, pero es justamente parte, no juez, no legislador, no encontrándose sus resoluciones internas por encima de la Constitución y de las leyes.
Alude a la definición de ley de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y afirma que resulta agraviante a esa parte que se asimile a ley o se ponga en paridad de valor con aquella a meras resoluciones o instructivos del MPF, lo que afecta también el principio de prelación de las normas estatuido en el art. 31 y 75 inc. 22 de la CN.
Tilda de absurda e irracional la interpretación que hace la Corte local, pues veda a los imputados y a la víctima llegar a un acuerdo de reparación integral en los términos del art. 59 inc. 6 del CP, dejando vía libre a un camino mucho más económico a aquellos y perjudicial para esta como lo es la suspensión del juicio a prueba, donde la indemnización del art. 76 del CP, es más benévola, instituto que sería aplicable al caso.
De ello colige, que el fallo atacado deja de lado a la víctima, desentendiéndose de sus intereses, porque de manera caprichosa e infundada decide darle valor vinculante a una infundada oposición del Ministerio Público Fiscal, en contra de la opinión de esta, por lo que considera que no se han respetado los incs. k) yñ) de la ley 27372 y los arts. 14 y 17 de la CN que garantizan la propiedad privada.
También, dice que el derecho penal actual gira hacia nuevos paradigmas de justicia, cumpliendo una función reparadora más consecuente con el principio pro homine y con la idea que el derecho penal y la pena son la última ratio. Cita doctrina y jurisprudencia relativas al principio pro homine.
Reitera que el derecho penal es el último recurso y afirma que la resolución ha afectado otros principios como la mínima suficiencia, el principio de subsidiaridad, el principio de máxima taxatividad interpretativa.
A continuación, funda la arbitrariedad que alega respecto a la sentencia y dice que ella presenta fundamentación aparente en su voto mayoritario, porque dista por completo de los estándares de fundamentación lógica y legal que deba ostentar todo acto jurisdiccional para ser considerado válido.
Al respecto afirma que la adecuada fundamentación es recaudo indispensable de toda resolución y requisito para su validez. A partir de ello considera que el voto mayoritario sostuvo que el instituto de la extinción de la acción penal por aplicación de la reparación integral debe ser analizado cuidadosa y razonadamente de acuerdo a las características del caso concreto, a su criterio, pasó por alto sus propias manifestaciones.
En ese sentido tilda de genéricas, abstractas y vacuas las expresiones con las que se intentó justificar sin dar motivos expresos, las razones por las que considera fundado el dictamen fiscal que se opone al progreso del instituto alegando basarse en instrucciones del Ministerio Público de la Nación y de la Procuración de la provincia que, si se hubieran considerado en la sentencia, se hubiese advertido que de ellos no se desprende obstáculo alguno.
Luego analiza los intereses en juego que nombra la sentencia impugnada, víctima, imputado, público sumado al ejercicio del control de legalidad por parte del Ministerio Público.
Entonces reafirma la arbitrariedad que advierte en el fallo porque el magistrado pretende convertirse en legislador y viola los principios enunciados, además de no dar rarzones fundadas de porqué considera que la oposición del MPF está fundada, limitándose a alabar la oposición fiscal sin dar razones concretas y probadas.
Reitera que el hecho, al contrario de lo afirmado en la sentencia, no ha sido un hecho grave, porque se trata de un robo simple sin violencia hacia las personas, uno de los delitos más leves del digesto punitivo donde se protege la propiedad.
Agrega que también causa agravio que se afirme en la sentencia que el dictamen responde a una valoración adecuada de los elementos de la causa, observando criterios de legalidad, proporcionalidad y política criminal.
Continúa enumerando agravios, en este caso, respecto a la conclusión del fallo que afirma la existencia de un interés público representado por la fiscalía en que los casos como el presente sean investigados y juzgados, aun cuando el damnificado estuviera de acuerdo con la implementación de la reparación integral. Dice que no se especifica cual sería ese interés público, más cuando ni siquiera hay interés del damnificado directo.
Toma argumentos del voto minoritario para concluir que el mismo afirma la existencia de arbitrariedad en la que incurrió el a quo.
Suma un nuevo indicio de arbitrariedad, según su opinión, en el hecho de que el magistrado -se deduce que intenta indicar al emisor del primer voto-, considera procedente y fundada la oposición fiscal fundándose en la existencia de una banda criminal y nunca se acreditó la participación de una tercera persona por lo que constituye un argumento vacío y manifiestamente falso.
Luego analiza el instructivo n° 92/93 de la PGN, concluyendo que no había óbice alguno para que haya oposición, analizando las que considera como razones en las que fiscalía fundó su oposición y diciendo que son falsas y constituyen ignorancia del derecho del representante de los intereses sociales y de los tribunales que avalaron su postura.
Entonces, a su criterio, no surge de la decisión recurrida cuales son los motivos por los que el voto mayoritario de la Corte considera necesario un juicio oral, y no se aclara ni consigna cual es el interés social comprometido.
Concluye con la idea de que el debate solo implica un desgaste jurisdiccional inútil e innecesario, más aún con la posibilidad latente de un resultado absolutorio, violando todos los principios enunciados y los derechos y garantías de las partes por mero capricho del representante del MPF.
Culmina con petitorio de estilo.
III. El Sr. Procurador General de la Corte de Justicia, mediante Dictamen n° 18/26, opina que el recurso debería rechazarse (fs. 23/25), porque no resultan adecuadamente satisfechos los arts. 2° incs. i) y j) y 3° incs. d) y e).
Y CONSIDERANDO QUE:
I. Corresponde a esta Sala Penal analizar el cumplimiento de los presupuestos que autorizan la concesión del recurso interpuesto, es decir, la satisfacción de aquellos requisitos que son comunes a todos los demás recursos del proceso judicial además de los propios, que atienden a sus condiciones específicas o particulares.
Es de señalar que el presente recurso es de otorgamiento restrictivo por ser de carácter extraordinario, por ende, el cumplimiento de los requisitos formales y sustanciales para su admisibilidad deben ser examinados desde esa óptica.
En este sentido, se advierte que este medio de impugnación presenta requisitos propios y específicos para que operen los efectos que le está asignado, siendo esenciales que la sentencia que se pretende impugnar revista el carácter de definitiva y que la cuestión federal este claramente configurada, a más de otros requisitos, conforme las disposiciones de los arts. 14 y 15 de la Ley N° 48 y de la Acordada N° 4/2007 dictada por la CSJN.
II. En cuanto a los requisitos comunes, el recurso fue presentado por parte legitimada -defensor particular de los imputados Baigorri y Sotomayor- y, en tiempo oportuno -teniendo en cuenta que la sentencia en cuestión fue notificada a los imputados el 17 y 18 -respectivamente- de marzo de 2026, y el recurso extraordinario federal fue presentado el día 07 de abril de 2026.
III. Al verificar la presencia de los requisitos propios (cuestión federal, relación directa e inmediata con el fondo de la litis, resolución contraria a la preceptiva federal que se hubiera invocado, sentencia definitiva y superior tribunal de la causa); se advierte cumplimiento parcial:
a- La sentencia que se impugna fue dictada por el Superior Tribunal de la causa, este requisito es cumplido en la especie.
b- Al analizarse el cumplimiento de la exigencia relativa a que la impugnación se dirija contra una sentencia definitiva -primer párrafo del art. 14 de la Ley 48 y el art. 3 de la Acordada 04/2007 de la CSJN, si bien lo decidido implica la continuidad del proceso y el recurrente no ha justificado la equiparación a sentencia definitiva encontrándose ello a su cargo, nos encontramos ante sentencia equiparable.
Ello es así, en virtud que la S. n° 10/26 atacada, afirmó en pronunciamiento unánime al respecto: “(…) la decisión cuestionada constituye una sentencia equiparable a definitiva, causante de un gravamen de insuficiente, imposible o tardía reparación ulterior, pues ha sellado definitivamente, más allá del acierto o error de la decisión sobre el fondo a la cual se arribó (lo cual será materia de análisis más adelante), la eventual procedencia de un medio alternativo de solución del conflicto, cuál es la aplicación al sub lite de lo previsto en el art. 59, inc. 6°, CP (…)”, por lo que debe tenerse por cumplido también este requisito.
c- Sobre la cuestión federal: el primer obstáculo advertido es el relativo al requisito propio y esencial por antonomasia del Recurso Extraordinario Federal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El recurrente no lo distingue y conecta con claridad, en tanto, si bien a lo largo del recurso refiere la configuración de arbitrariedad de la sentencia, no la explica razonadamente, además de omitirla en la parte pertinente de la carátula –cuestiones planteadas-, con la consecuencia que de dicha omisión se desprende -invalida su consideración-.
Por otra parte, si bien enumera un sinnúmero de cláusulas constitucionales, afirmando que ellas han sido puestas en tela de juicio, no resulta ello suficiente para configurar cuestión federal.
- arbitrariedad: primeramente, en atención a lo postulado por la parte recurrente, cabe recordar que según el criterio de la CSJN la doctrina de la arbitrariedad encuadra dentro de los supuestos del art. 14 de la ley 48. Se trata de una creación pretoriana fundada en la garantía de la defensa en juicio y en la interpretación de los arts. 14 y 15 de la ley 48, ingresando por esta vía para conocimiento de la Corte cuestiones antes vedadas. En estos casos, la cuestión federal surge de la propia sentencia arbitraria, esto es, “… aquella que se funda en la sola voluntad de los jueces, no siendo una derivación razonada del derecho vigente” (cfr. Aldo Bacre, “Recursos Ordinarios y Extraordinarios”, 2da. edición, La Rocca, Buenos Aires, 2010, p. 590).
En el presente caso, los agravios vertidos en relación a tal causal no suscitan cuestión federal suficiente para su consideración por la vía intentada, pues carece de una crítica que ponga de manifiesto la existencia de arbitrariedad, la que es mencionada en distintos pasajes, pero no nombrada en la carátula ni de manera específica.
Al respecto, los agravios solo trasuntan una mera discrepancia de opinión o criterio con los fundamentos sobre los que se apoya el fallo impugnado, donde se hizo un análisis de la oposición del agente fiscal como obstáculo para la homologación del convenio, y se concluyó que la misma se encontraba suficientemente fundada y superaba un control de legalidad y razonabilidad, conforme los instructivos y resoluciones del Ministerio Público de la Nación y Procuración General de la provincia que establecen las pautas de actuación para ese cuerpo.
Por ello, forzoso es concluir que aquellos agravios carecen de vínculo con las disposiciones que dice comprometidas, en razón que no demuestra claramente en que consiste esa relación -lo que se conecta con el siguiente apartado y la materia ajena a la CS-. En efecto, no se ha rebatido de manera precisa y concreta acerca de las deficiencias técnicas- formales que se predican respecto a la sentencia en torno a la causal de arbitrariedad postulada, la cual debía ser expuesta en forma clara, demostrando expresamente su existencia.
El hecho que el recurrente no comparta la decisión recurrida no convierte a la sentencia en arbitraria, pues la tacha por tal motivo no tiene por objeto la corrección de fallos que se estimen equivocados, sino que atienden a supuestos de omisiones o desaciertos de gravedad que, como se señaló precedentemente, no fueron expuestos y mucho menos demostrados por el impugnante.
En el punto, coincidimos con lo expuesto por el Sr. Procurador General, quien sostiene en su dictamen que el reclamante no ha logrado demostrar de qué manera esa supuesta arbitrariedad que alega afecta garantías constitucionales intolerables al principio republicano de gobierno.
- materia ajena: la cuestión traída a estudio, si bien se intenta conectarla con derechos y garantías constitucionales, no dejan de ser y pertenecer a derecho común y procesal.
Nos encontramos ante la supuesta comisión de un delito de acción pública en etapa de investigación penal preparatoria, en la que se celebra un acuerdo de reparación integral entre imputados y víctimas que, ante la oposición del representante del Ministerio Público Fiscal, no es convalidado y homologado por el Sr. Juez de Control de Garantías.
Ahora bien, la postura doctrinaria y jurisprudencial mayoritarias nos indica -y coincidimos- la operatividad plena de las causales de extinción de la acción penal incorporadas al art. 59 inc. 6) CP por Ley 27.147 (BO: 18/06/2015); sin embargo -y hasta tanto se regulen expresamente en nuestro código ritual-, deben ser esgrimidas en forma prudente y equitativa en miras de prevenir una práctica arbitraria y/o abusiva que termine, a la postre, neutralizando los consabidos fines del proceso penal.
Al respecto, sabido es que es tarea de los operadores del sistema judicial interpretar de manera armónica la totalidad del código de fondo, respetando su espíritu y evitando adoptar decisiones que impliquen colisiones entre sus normas. Lo contrario debilitaría la confianza de la sociedad en sus instituciones y por supuesto en quienes las encabezan en las personas de jueces y fiscales, entre cuyas obligaciones se cuentan aquellas que tiendan a consolidar la tranquilidad y paz social.
En ese sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que no se puede presumir la inconsecuencia del legislador (doctrina de Fallos: 312:1614; 312:1680; 315:1256; 316:1319; 317:1820; 319:3241; 323:585; 324:3876, entre muchos otros), por lo cual las leyes deben interpretarse conforme al sentido propio de las palabras, computando que los términos empleados no son superfluos, sino que han sido empleados con algún propósito, sea de ampliar, limitar o corregir los conceptos (Fallos: 316:2732 y 326:2390). Así, la interpretación debe evitar asignar a la ley un sentido que evite poner en pugna sus disposiciones, destruyendo las unas por las otras y adoptando como verdadero el criterio que las concilie y suponga la integral armonización de sus preceptos (Fallos: 313:1149, entre muchos otros también).
Es así que, la circunstancia de que esta cuestión no esté expresamente regulada en nuestro digesto procesal actual no exime al juzgador de tener en consideración, además, razones de política criminal que deben ser contempladas, fundamentalmente aquellas que tienen directa relación con el fundamento y fin del proceso.
De todo ello se colige que nos encontramos ante materia ajena a la CS, en cuanto remite a derecho común y procesal.
En tal inteligencia, recordemos que Carlos Lascano (h), ha considerado a la causal de extinción de la acción penal por la reparación integral del perjuicio como una norma jurídica incompleta “...que no puede operar de inmediato y por sí sola, sino que necesita ser completada por otra norma jurídica a la cual remite, en este caso el Código Procesal Penal, que deberá regular con precisión a qué delitos se puede aplicar dicha causal y cuáles requisitos deben reunir...”.
En ese sentido, invocando el interés general que persigue el Ministerio Público Fiscal, como titular de la acción penal y a la luz del artículo 120 de la Constitución Nacional, se han emitido por parte de Procuración General, resoluciones internas que tienen por fin consolidar criterios y pautas de actuación para quienes forman parte del Ministerio Público Fiscal, sin dudas no exigibles para quienes son ajenas, pero su existencia refuerza la afirmación que se efectuó supra: nos encontramos ante materia ajena al ámbito del recurso extraordinario federal que surge del marco normativo general del federalismo argentino, reflejado en las reglas de admisibilidad del Recurso Extraordinario Federal regulado por el artículo 14 de la Ley 48, aunque la defensa afirme lo contrario.
El recurso extraordinario federal contra la denegación de la extinción de la acción penal por reparación integral (art. 59 inc. 6° del Código Penal argentino) es admisible únicamente si se demuestra una cuestión federal suficiente, como la arbitrariedad de sentencia o la vulneración de garantías constitucionales (principio de legalidad, razonabilidad o aplicación de la justicia restaurativa), y en el caso ello no ocurre.
La CSJN exige que se demuestre cómo la negativa a declarar extinguida la acción vulnera de manera directa principios constitucionales y no meras discrepancias sobre la interpretación del derecho común o procesal.
Los fallos que tienen fundamentos no federales suficientes para sustentarse son irrevisables en la instancia extraordinaria, ya que la presencia de aquéllos impide considerar otros de índole federal que pudiera contener la sentencia, por falta de relación directa e inmediata (Fallos: 321:1415; 330:2434; 347:1259).
En el presente no se dan, ni el recurrente lo demuestra, circunstancias particulares que habiliten la vía intentada. Admitir lo contrario equivale a restar valor al juicio mismo -lo que él implica para las partes y el derecho de acceso a la justicia-, a los principios que rigen el proceso penal (contradicción, continuidad, inmediación, entre otros), e incluso a la presunción de inocencia de la que goza el imputado, por lo que su culpabilidad es incierta, como sostenía Carrara (cfr. “Programa de Derecho Criminal”, Parte General, Temis, Bogotá, Vol. II, pág. 175).
Correlacionando, no se cumple con la totalidad de los requisitos reglamentarios contemplados en la Acordada Nº 4/2007 de la CSJN, ni se rebate con eficacia las conclusiones vertidas en la resolución que impugna estableciendo la relación directa e inmediata que debe configurarse entre ellas y las cuestiones federales planteadas. Respecto a esto último, vale recordar que, como sostuvo la CS: “la genérica invocación de cláusulas constitucionales, de tratados internacionales o de otras normas (…) es insuficiente para habilitar la instancia del artículo 14 de la ley 48, pues el artículo 15 de ese cuerpo legal demanda que la cuestión federal tenga relación directa e inmediata con la materia litigiosa, lo que acaece cuando la solución de la causa requiere necesariamente de la interpretación del precepto constitucional invocado, circunstancia que no se había demostrado en el caso (“C., S. M.”, del 05/12/2024).
Por las razones dadas, después de oír al Sr. Procurador, esta Sala Penal de la CORTE DE JUSTICIA,
1. No conceder el Recurso Extraordinario deducido por la Dr. Pedro Justiniano Vélez en su calidad de defensor de los imputados Gastón Emiliano Baigorri y Ciro Agustín Sotomayor, contra la Sentencia n° 10/2026 de fecha 16 de marzo de 2026.
2. Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.).
3. Protocolícese, hágase saber y oportunamente, archívese.
FIRMADO: Dres. María Fernanda Rosales Andreotti –Presidenta de la Sala Penal-, Néstor Hernán Martel y Rita Verónica Saldaño. ANTE MI: Dra. Érica Gorkiewicz Moroni -Secretaria- ES COPIA FIEL de la sentencia original que se protocoliza en la Secretaría a mi cargo. Doy fe.
Fin de la sentencia