Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala III (CAF) · Causa TF 87083451-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI)
Revocar la sentencia apelada en cuanto declaró la nulidad del auto de apertura del sumario y la prescripción de la acción del Fisco para imponer la multa y, en consecuencia, ii) confirmar la resolución DE PRLA N° 8.798/2015. Las costas de ambas instancias se imponen a la parte actora vencida.
Se hace saber a las partes que podrán consultar copia de los precedentes citados en el sitio web http://www.cij.gov.ar/. A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional, se deja constancia que suscriben la presente dos vocales por hallarse vacante el tercer cargo.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III
CAUSA N° 72149/2022; BAIRES FLY SA (TF 87083451-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, de agosto de 2023.- SE Y VISTOS;
I. Que por sentencia del 16/03/22 el Tribunal Fiscal de la Nación -en adelante, TFN- resolvió por mayoría: i) declarar la nulidad del auto de instrucción de sumario y de la resolución DE PRLA N° 8.798/2015 dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, en el marco del sumario Actuación N° 1333342-2007/102, ii) declarar prescripta la acción del fisco para imponer penas por infracción al art. 954 inc. a) del Código Aduanero -CA-, en relación a la destinación 05 073 IC01000087 N correspondiente a la firma BAIRES FLY S.A., en las Actuaciones SIGEA N° 13333-42-2007/102, iii) imponer las costas a la Dirección General de Aduanas -en adelante, DGA- (cfr., fs. 382/388). Para así decidir, el Tribunal, por mayoría, señaló que las actuaciones administrativas se iniciaron con la nota obrante a fs. 118/1 , en la cual la Subdirección General Técnico Legal Aduanera remitió a la Subdirección General de Operaciones Aduaneras Metropolitanas un listado de destinaciones de importación a consumo respecto de las cuales se habría validado en forma incorrecta la opción “IVA010” de la lista “IVABENEF”, que recoge la exención al pago de la tributación que impone el artículo 7 inciso g) de la Ley N° 23.349. Destacó que el 28/12/2010 se dispuso la apertura del sumario en los términos del art. 1090, inc. c) del CA (cfr., fs. 297). Expresó que el Departamento Gestión de Fiscalización de Importación determinó, en base a la liquidación efectuada, que el perjuicio fiscal equivalía a US$39.900,85 (cfr., Nota N° 585/14 DV AUPA, del 15/12/2014, fs. 312/313).
Explicó que la omisión de la importadora de presentar el certificado N° 7.366/A constituyó, -prima facie-, la comisión de la infracción tipificada en el art. 954 inc. a) del CA (cfr., acta de denuncia N° 44/2015, fs. 319/323).
En cuanto al auto de apertura del sumario, determinó que no cumplía con los extremos legales que permitían reconocer su validez (determinar, clasificar, valorar la mercadería e identificar los tributos correspondientes), impactando así en los efectos que la legislación aduanera contempla (causal interruptiva de la prescripción).
Incluso, sostuvo que ni siquiera se hizo referencia al tipo de infracción en la que habría incurrido BAIRES FLY S.A., sino que únicamente se mencionó en forma genérica una “presunta comisión de infracción aduanera de acuerdo a las previsiones de la ley 22.415 y cctes del CA”.
Por consiguiente, concluyó que la acción del fisco para imponer la pena prevista en el art. 954 inc., a) del CA prescribió el 01/01/11, atento la fecha en que se oficializó el despacho respectivo -el 28/04/05- (cfr., arts., 934 y 935 del código citado).
II. Que, contra dicho pronunciamiento, la representación fiscal interpuso recurso de apelación el 03/05/22, expresó sus agravios el 08/06/22, que fueron replicados por la contraria el 06/07/22 (cfr., fs. 392, 398/409 y 415/420 -respectivamente-).
La recurrente sostiene que, contrariamente a lo interpretado en la sentencia, no existirían vicios de procedimiento en la tramitación de las actuaciones administrativas, que causen a BAIRES FLY S.A. indefensión o gravamen irreparable. En particular, alega que el Tribunal de grado se valió de las invocadas “irregularidades” -tales como, el pedido del Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros a la División Automotores y CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III CAUSA N° 72149/2022; BAIRES FLY SA (TF 87083451-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Partes para que confeccionaran el formulario de denuncia y determinaran el valor del perjuicio fiscal- para forzar el cumplimiento del plazo de prescripción que corría contra la acción del fisco para imponer la pena en trato.
Asimismo, explica que la intervención de las distintas áreas técnicas durante la tramitación de los sumarios contenciosos tuvo por finalidad la salvaguarda -y no el perjuicio- de los derechos de la importadora.
Invoca la Causa N° 38947-A, correspondiente a los autos “Bodega Piedra Negra SA c/ DGA”, en la cual esta Sala resolvió revocar la nulidad del auto de apertura del sumario y tener por expedita la acción del organismo para intimar el pago de los tributos.
Argumenta que carece de asidero, en orden a la correcta aplicación del art. 1094 del CA, pretender que la instrucción de sumario reúna todos y cada uno de los elementos estipulados por la norma.
Afirma que hasta la efectiva declaración de nulidad, el acto de apertura del sumario produjo todos sus efectos jurídicos desde su dictado, entre ellos, la interrupción del plazo de prescripción de la acción del fisco para imponer la pena en cuestión.
Cita jurisprudencia y solicita que se revoque la sentencia apelada.
III. Que a los fines de establecer si se verifican los recaudos necesarios para hacer lugar al recurso articulado, es importante recordar que el Tribunal no se encuentra obligado a seguir al apelante en todas y cada una de las cuestiones y argumentaciones que propone a consideración de esta Alzada, sino tan sólo aquéllas que son conducentes para decidir el caso y que basten para dar sustento a un pronunciamiento válido (conf. CSJN, Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970; esta Sala, in rebus: “ACIJ c/ EN- ley 24240- Mº Planificación s/ proceso de conocimiento”, del 29/5/2008; “Multicanal S.A. y otro c/ EN- SCI DLC (Actas 2600/09 y otras) s/ amparo ley 16.986", del 21/5/09; “Ciudadanos Libres Calidad Institucional Asoc Civil c/ EN- Dto 67/10 s/ medida cautelar (autónoma)”, del 21/10/2010; “ CPACF- Inc Med (2-III-11) c/ BCRA- Comunicación “A” 5147 y otro s/ proceso de conocimiento”, del 18/4/11; “Nardelli Moreira Aldo Alberto c/ EN- DNM Disp 1207/11 – Legajo 13975-
(S02:9068/11) s/ medida cautelar (autónoma)”, del 25/8/11, “ Rodríguez Rubén Omar c/ DGI s/ Recurso directo de organismo externo”, del 7/8/14, “Laham, Alberto Elías c/ DGI s/Recurso directo de organismo externo”, del 7/5/15; “Araujo Medina Alexander Javier c/ EN –M Interior OP y V-DNM s/ recurso directo DNM”, del 27/4/18, “Caratelli, Stolano c/ EN -AFIP- s/ Proceso de Conocimiento ”, del 08/03/22¸ “Construmex SA c/ EN -DNV- s/ Proceso de Conocimiento”, del 08/11/22, entre otros).
IV. Que sentado ello, y en atención a los agravios expresados por la recurrente, las cuestiones a resolver son las siguientes: i) si el auto de apertura del sumario adolece de vicio que la torne nula; ii) en función de lo antedicho, si se encuentra prescripta la acción del fisco para imponer la sanción por la infracción prevista en el art. 954 inc. a) del CA, y, dependiendo del resultado de ello, iii) si se configuró la infracción imputada.
V. Que, en oportunidad de resolver un caso similar al presente, esta Sala ha recordado la necesidad de que "la declaración de la nulidad de un acto del procedimiento se encuentre precedida por una justificación por parte de quien la invoca, fundada en una lesión a su derecho de defensa que no pueda ser subsanada en una instancia jurisdiccional posterior, toda vez que el instituto de la nulidad es de interpretación restrictiva y no procede en los supuestos CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III CAUSA N° 72149/2022; BAIRES FLY SA (TF 87083451-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO en los que, no obstante su irregularidad, ha cumplido el fin para el cual fue dictado" (v. esta Sala, Causa N° 36.790/2016, in re, “Citricola Ayui SAAICC TF 25929-A c/ DGA”, del 08/09/17).
Esta regla se asienta en el expreso texto legal (arts. 1050 del CA y arts. 169 y 172 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación) y ha sido pacíficamente receptada en infinidad de supuestos; incluso, aplicada al procedimiento administrativo, ha llevado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación a sostener explícitamente que “cuando la supuesta restricción de la defensa en juicio ocurre en el procedimiento que se sustancia en sede administrativa, la efectiva violación del artículo 18 de la Constitución Nacional no se produce en tanto exista la posibilidad de subsanar esa restricción en una etapa jurisdiccional posterior” (CSJN, Fallos: 205:549; 212:456; 218:535; 247:52; 267:393; 273:134 y Causa N° F. 1762.
XXXVIII., “Formosa, provincia de (Banco de la Pcia. de Formosa) c/ Dirección General Impositiva s/ impugnación de la resolución 604/99 (DV RRRE)", del 16/12/08, entre otros), toda vez que se satisface la exigencia de la defensa en juicio “ofreciendo la posibilidad de ocurrir ante un organismo jurisdiccional en procura de justicia” (CSJN, Fallos: 205:549); de esta forma, declaró el Alto Tribunal, si el recurrente tuvo oportunidad suficiente de ofrecer y producir las pruebas de las que se habría visto privado en sede administrativa y formular las defensas relativas a su descargo, invalidar lo actuado carece de finalidad práctica y trascendencia, e importaría declarar la nulidad por la nulidad misma, solución inaceptable en el ámbito del derecho procesal (Fallos 320:1611; 325:1649; 324:1564; 322:507, entre otros; en el mismo sentido v. esta Sala, in rebus, Causa N° 23.005/2012, “David Lucio Alberto c/ PNA DISP 870/1”, del 04/02/14, Causa N° 19.005/2013, “Rollero Guillermo Rubén c/ PNA DISP 113/12”, del 06/05/14, Causa N° 89.475/2018, "Kimberly Clark Argentina SA TF 32331-A c/ DGA s/RDOE", del 04/11/20, Causa N° 3.063/2020, "Sancor Cooperativa de Seguros Limitada TF 40026-A c/ DGA s/RDOE", del 17/03/21, entre otros).
VI. Que asimismo, en el pronunciamiento mencionado en el primer párrafo del considerando anterior -“Citricola Ayui”-, esta Sala descartó "el razonamiento de los vocales que conformaron la mayoría en cuanto indicó que las irregularidades detectadas en el acto de apertura del sumario podrían haber sido válidamente subsanadas con la vista otorgada si ésta hubiera sido conferida antes del vencimiento del plazo de prescripción, para lo cual recordó que el examen acerca de la validez de un acto es distinto, independiente y anterior a la determinación de las causales de interrupción o suspensión del plazo de prescripción. De esta forma, admitida la posibilidad de subsanar aquella irregularidad verificada en el acto administrativo, no es dable supeditarla en función del plazo de prescripción, opción que no se ajusta a la finalidad del régimen de nulidades y al criterio estricto que, pacíficamente, ha primado al decidirlas".
Asimismo, recordó que "los actos administrativos gozan de presunción de legitimidad (art. 12 de la ley 19549), y que ésta subsiste en tanto no se declare lo contrario por el órgano competente (Fallos 319:1476)".
De este modo, concluyó que "el acto de apertura del sumario produjo todos sus efectos jurídicos desde su dictado, entre ellos, la interrupción del plazo de prescripción que se encontraba en curso; entonces, al momento de la vista otorgada, la acción no se encontraba prescripta y, por ende, el acto fue válidamente subsanado".
VII. Que, en función de lo expuesto, es menester examinar en primer lugar el planteo de nulidad del auto de apertura del sumario, para lo cual corresponde examinar las específicas CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III CAUSA N° 72149/2022; BAIRES FLY SA (TF 87083451-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO circunstancias que rodearon al procedimiento infraccional que se desarrolló en las actuaciones SIGEA N° 13333-42-2007/102. A partir de ello cabe destacar los siguientes elementos:
i) Las actuaciones administrativas se iniciaron con la nota N° 572 del mes de abril del año 2007 (cfr., fs. 122).
ii) La instrucción del sumario se ordenó el 28/12/10, en los términos del art. 1090, inc. c) del CA, dado que BAIRES FLY S.A., habría validado incorrectamente -el 28/04/05- la opción "IVA 10" de la lista "IVABENEF". Ello trasuntaría una presunta infracción en los términos del art. 954 inc. a) del CA.
iii) Las diligencias fueron cumplidas a fs. 297, 301, 307, 309, 311/313, 315, 317, 319/323, corriéndose vista posteriormente de todo lo actuado por resolución obrante a fs. 335/336, notificada el 23/06/15.
iv) A través de la resolución DE PRLA N° 8798/15, del 28/12/15, el Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros condenó a la importadora BAIRES FLY S.A., al pago de una multa de $115.712,46, graduada en una vez el importe del perjuicio fiscal, por considerarla incursa en la infracción prevista y penada en el art. 954 inc., a) del CA (art. 1) relacionada con el despacho de importación N° 05 073 IC01000087 N.
v) La notificación de dicha resolución fue concretada el 25/08/21 (cfr., fs. 11/17). Frente a ello, el 15/09/21, BAIRES FLY S.A. interpuso el recurso previsto en el art. 1132 del CA y, recién en esa oportunidad, formuló planteó de nulidad de las actuaciones (cfr., fs. 5/9, en especial punto IV).
En orden a todo lo descripto, surgen claros los hechos investigados y la información necesaria para individualizar la presunta infracción endilgada, conociéndose que, al momento de disponerse la vista de fs. 335/336, se hallaron reunidos todos los elementos previstos por el art. 1094 del CA.
En razón de lo expuesto, estos juzgadores tienen para sí que asiste razón a la apelante en sus expresiones, correspondiendo, en consecuencia, revocar el pronunciamiento apelado, en cuanto declaró la nulidad del auto de apertura del sumario.
VIII. Que, ahora bien, por lógica derivación de lo anterior, se debe examinar si la acción del fisco para imponer la multa apelada se encontraba prescripta al momento de su dictado. Para ello, debe tenerse en cuenta que el art. 929 inc. c) del CA establece que “[L]a acción para imponer penas por las infracciones aduaneras se extingue por: c) prescripción”. El art. 934 del mismo código dispone que “La acción para imponer penas por las infracciones aduaneras prescribe por el transcurso de CINCO (5) años”, mientras que el art. 935 precisa que ese plazo “comienza a correr el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera cometido la infracción o, en caso de no poder precisársela, en la de su constatación”.
A su vez, el código que rige la materia prevé causales de interrupción del cómputo de la prescripción. En cuanto aquí interesa, cabe estarse a lo normado por el art. 937, inc. a) en virtud del que “La prescripción de la acción para imponer penas por las infracciones aduaneras se interrumpe por: a) el dictado del auto por el cual se ordenare la apertura del sumario".
En la especie, a raíz del reconocimiento de la validez del acto de apertura del sumario -que ha producido todos los efectos jurídicos que el ordenamiento contempla, entre ellos, la interrupción del curso de la prescripción para la aplicación de las sanciones-, la evaluación que deberá efectuarse comprenderá lo siguiente:
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III
CAUSA N° 72149/2022; BAIRES FLY SA (TF 87083451-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO i) El plazo quinquenal, al que alude el art. 934 del CA, comenzó a correr el 01/01/06, toda vez que la infracción reprochada habría sido cometida el 28/04/05.
ii) De conformidad con lo establecido en el CA, el curso de la prescripción resultó interrumpido al disponerse la instrucción del sumario el 28/12/10, comenzando nuevamente su conteo el día siguiente a su dictado, sin que a estos efectos se requiera su notificación (CSJN, Fallos: 332:1109, esta Sala, in re “Kimberly Clark Argentina”, cit). De tal manera, el nuevo vencimiento del plazo quinquenal operaba el 29/12/15, esto es, un día después al de la fecha en que fue dictada la resolución apelada.
Por consiguiente, la decisión del TFN sobre este capítulo no puede ser mantenida. Así pues, corresponde admitir los agravios expresados por el Fisco Nacional y dejar sin efecto la sentencia apelada, en cuanto declaró la prescripción de la acción punitiva en examen.
IX. Que seguidamente se impone dar tratamiento al asunto de fondo que encierra la litis, identificado con la multa por valor de $115.712,46 que la DGA impuso a la apelante, al considerarla incursa en la infracción prevista y penada en el art. 954 inc., a) del CA (art. 1) relacionada con el despacho de importación N° 05 073 IC01000087 N.
Sobre este capítulo, la importadora sostiene que no debía gestionar una exención especial por encontrarse encuadrada en el art. 7, inc., g) de la Ley N° 23.349.
Al respecto, cabe recordar que el 7, inc., g) de la Ley N° 23.349 establece que: "estarán exentas del impuesto establecido en la presente ley...las importaciones definitivas que tengan por objeto las cosas muebles incluidas en este artículo, que se indican a continuación: ..g) aeronaves concebidas para el transporte de pasajeros y/o cargas destinadas a esas actividades...".
Asimismo, la resolución general N° 660/1999 (AFIP)
dispone -al reglamentar el procedimiento para el libramiento a plaza de destinaciones definitivas de importación para consumo a las que les correspondan las ventajas impositivas- que: "....solo se podrán registrar operaciones con beneficios impositivos otorgados por la Dirección General Impositiva a través de los Formularios 7366 y 7366/A utilizando los subregímenes y afectaciones sumarias (PART) disponibles en el sistema informático MARIA y en el SIDIN" (anexo I).
En relación a tal requisito, el jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros destacó -en los Considerandos de la resolución DE PRLA N° 8.798/2015- que la Agencia N° 41 de la Dirección Regional Norte informó mediante Nota N° 195/2010 (AGM 041) que el importador en cuestión no registraba ventajas impositivas.
Cabe recordar aquí que el Código Aduanero tutela el principio de la veracidad y exactitud de las declaraciones y manifestaciones que se presentan ante la Aduana, y el art. 954, inc. a) de dicho cuerpo normativo establece “…el que, para cumplir cualquiera de las operaciones o destinaciones de importación..., efectuare ante el servicio aduanero una declaración que difiera con lo que resultare de la comprobación y que, en caso de pasar inadvertida, produjere o hubiere podido producir… a) un perjuicio fiscal, será sancionado con una multa de UNO (1) a CINCO (5) veces el importe de dicho perjuicio…” (art. 1).
A su vez, el art. 956 dispone que "a los fines de la aplicación de lo dispuesto en el art. 954: a) las declaraciones relativas a operaciones o destinaciones de importación se consideran como si fueran de importación para consumo", b) “se entiende por perjuicio fiscal a la falta de ingreso al servicio aduanero del importe que correspondiere por tributos cuya percepción le estuviere CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III CAUSA N° 72149/2022; BAIRES FLY SA (TF 87083451-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO encomendada, el ingreso de un importe menor al que correspondiere por tal concepto…”.
En lo que respecta al perjuicio fiscal, como se dijera anteriormente, el Departamento Gestión de Fiscalización de Importación determinó que el mismo equivalía a US$39.900,85 (cfr., Nota N° 585/14 DV AUPA, fs. 311/313).
Por ello, a raíz de que la importadora validó la opción "IVA010" de la lista "IVABENEF", recogiendo la exención establecida por el art. 7, inc., g) de la Ley N° 23.349, a pesar de no registrar ventajas impositivas, el jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros condenó a BAIRES FLY S.A., al pago de la multa apelada.
X. Que, reseñado lo que antecede, se colige que los agravios presentados por la apelante no pueden tener favorable acogida, en atención a que no logran conmover los fundamentos impresos en la resolución administrativa atacada.
En efecto, más allá del esfuerzo argumental efectuado por la apelante, lo cierto es que no logró demostrar que diera cumplimiento con la exigencia del Formulario 7366/A (resolución general AFIP N° 660/1999), de modo de alcanzar la ventaja impositiva respectiva.
Por consiguiente, corresponde confirmar la multa apelada.
XI. Que en cuanto a las costas del litigio, toda vez que por la presente se propicia la confirmación de la pretensión aduanera contenida en la resolución DE PRLA N° 8.798/2015, de conformidad con lo dispuesto por el art. 1163 del CA y los arts. 279 y 68, primera parte, del CPCCN, corresponde imponer las costas de ambas instancias a la parte actora vencida.
Por lo hasta aquí expuesto, el Tribunal
i)
revocar la sentencia apelada en cuanto declaró la nulidad del auto de apertura del sumario y la prescripción de la acción del Fisco para imponer la multa y, en consecuencia, ii) confirmar la resolución DE PRLA N° 8.798/2015. Las costas de ambas instancias se imponen a la parte actora vencida.
Se hace saber a las partes que podrán consultar copia de los precedentes citados en el sitio web http://www.cij.gov.ar/. A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional, se deja constancia que suscriben la presente dos vocales por hallarse vacante el tercer cargo.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ CARLOS MANUEL GRECCO
Fin de la sentencia