Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E · Causa EX-2022-22959806-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar la nulidad del art. 3 de la resolución RESOL-2020-3019-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA, en cuanto intima al pago de tributos a la actora, con costas a la Aduana.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2025-36020066-APN-VOCXIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 7 de Abril de 2025 TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION Se reúnen los Vocales miembros de la Sala “E” Dres. Juan Manuel Soria, Héctor Hugo Juárez y Claudio B. Sarquis (como subrogante por encontrarse vacante la Vocalía 14ª), con la presidencia del Sr. Vocal nombrado en segundo término, a fin de resolver en los autos caratulados EX-2022-22959806- -APN-SGASAD#TFN (“BAKER HUGHES ARGENTINA SRL”).
El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
I. El 17.02.22 la firma recurrente mediante RE-2022-15664558-APN-SGASAD#TFN interpone recurso de apelación contra la resolución RESOL-2020-3019-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA, dictada por la Aduana de Buenos Aires, recaída en la actuación SIGEA 12206-10777-2007, por la cual se le formula cargo en concepto de tributos adeudados por un monto total de dólares estadounidenses Siete Mil Seiscientos Veintidós con 01/100 (u$s7.622,01). Realiza una breve reseña de los actuados aduaneros y plantea que pese a que su representada había contestado la vista oportunamente, el servicio aduanero formuló cargo por los tributos supuestamente adeudados, sin atender sus defensas. Asimismo, funda su recurso, y en primer lugar, solicita que se la exima de responsabilidad a su mandante por causales de caso fortuito o fuerza mayor, en los términos previstos en el art. 261 del Código Aduanero (“CA”).
Para ello, explica que la herramienta resultó irremediablemente perdida en un pozo de perforación a más de 2400 metros de profundidad, mientras era utilizada para los trabajos específicos propios de tal mercadería el día 31.01.10, es decir, antes del vencimiento del plazo de permanencia de la misma en el territorio aduanero. Agrega que es evidente que se produjo una situación crítica, imprevisible, que derivó en la irremediable pérdida de la mercadería y en la imposibilidad de que la misma pueda ser empleada por su mandante o un tercero. Resalta que resulta evidente que se trató de fuerza mayor (caso fortuito) y que la firma se vio impedida de reexportar la herramienta a consecuencia de ello.
Entiende que por ello, no se debió imputarle a su mandante la comisión de la infracción sustancial prevista en el art. 970 del CA en base a los hechos ocurridos y la conducta desplegada y que tampoco debió la aduana efectuar reclamo alguno en concepto de tributos. Plantea la inexistencia de la culpa y cita abundante jurisprudencia. Suma a sus argumentos que no corresponde el reclamo tributario efectuado en tanto no se ha conformado el hecho imponible pretendido, a saber, la importación para consumo de la herramienta. Sin perjuicio de la defensa esgrimida, hace una observación en relación a la liquidación de los tributos intimados y señala que la acción del Fisco para reclamar el IVA no se encuentra sujeta a las disposiciones del CA, sino que como lo dispone el art. 51 de la ley de IVA (t.o. 1997), le resultan aplicables las disposiciones contenidas en la ley 11.683.
Ofrece prueba. Solicita se dicte sentencia revocando la resolución aduanera apelada, con costas.
II. La representación fiscal contesta el traslado conferido en fecha 17.10.22 mediante el IF-2022-110532965-APN- DTD#JGM y acompaña las actuaciones administrativas 12206-10777-2007. Reseña los hechos y niega todas y cada una de las afirmaciones y hechos manifestados por la contraria que no sean objeto de su reconocimiento. Contesta el traslado que le fuere conferido y manifiesta que se desprende de la resolución recaída en el sumario contencioso que la misma resulta ajustada a derecho, toda vez que la mercadería ingresada mediante la DIT, no ha sido reexportada en legal plazo, por lo que se configuró la infracción prevista por el art. 970 del CA. Señala que siendo que el hecho imponible de los tributos a la importación consiste en la “importación a consumo”, y que ésta ópera automáticamente al vencimiento del plazo de permanencia de las importaciones temporarias (art. 274 del CA), sin lugar a dudas corresponde el pago del derecho de importación establecido por la norma vigente a la fecha de dicho vencimiento. Agrega que la importadora no cumplió con sus obligaciones y la aduana, en consecuencia, no puede ejercer sus funciones de control sobre la mercadería ingresada temporariamente; por lo que en aras a la equidad en relación a los administrados que cumplen acabadamente con sus obligaciones como contrapartida de los beneficios obtenidos merece sin lugar a dudas reproche infraccional en los términos imputados por su mandante. Continua diciendo que no surge de las actuaciones administrativas que la importadora haya probado sus dichos y el cumplimiento de la totalidad de sus obligaciones. Aclara que la carga de la prueba del cumplimiento de las obligaciones al régimen de importación temporal recae sobre la importadora y que es ella quien debe demostrar en forma fehaciente y con la documentación aduanera pertinente que ha cumplido acabadamente con sus obligaciones dentro del plazo legal otorgado. Con relación a las observaciones de la actora respecto a la liquidación de tributos, cita doctrina y jurisprudencia, a los fines de concluir que era competencia de la Aduana concretar la exigencia tributaria que se apela, puesto que los planteos sostenidos en las actuaciones administrativas hacen a cuestiones usuales a ser resueltas por el órgano de percepción de esos impuestos. Ofrece las actuaciones administrativas como prueba. Hace reserva de caso federal. Solicita se rechace la apelación interpuesta con expresa imposición de costas.
III. De la actuación 12206-10777-2007 surge que ante la solicitud de prórroga presentada por la firma BAKER HUGHES ARGENTINA SRL, mediante nota 4643/07 (AD ADEZ) de fs. 16 le es concedida. A fs. 32/33 obra el informe producido por el Departamento Técnico de la Dirección Nacional de Industria de fecha 03.08.04. A fs. 35 se emite la nota 8105/04 (SE PTEZ) de fecha 20.09.04 y a fs. 37 se labra el acta de denuncia 300/10 de fecha 14.12.10, por infracción al régimen de destinación suspensiva del CA con respecto a la mercadería con vencimiento el 05.07.10. Se agrega el sobre de la DIT en cuestión. A fs. 41 se dicta la nota 3873/10 (SE PTEZ) y se remiten los actuados aduaneros a la sección liquidaciones. A fs. 47, con fecha 02.09.15, se dispone la instrucción del sumario y a fs. 49/50 se corre vista (PV-2020-00497704-AFIP- DVSEC1#SDGTLA), la que le fuera notificada a la firma el 17.08.20 (fs. 51). A fs. 53/54 se dicta la resolución RESOL- 2020-3019-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA de fecha 01.09.20. Posteriormente, obra agregada a fs. 55/64 la contestación de vista de BAKER HUGHES ARGENTINA SRL con fecha de recepción 15.12.20. Se agrega el alcance 12206-9639-2010. A fs. 72 obra el pronto despacho y a fs. 75 obra la cédula SICNEA con estado “notificado” de fecha 02.02.22 por la cual se notifica a la empresa de la resolución dictada con fecha 01.09.20.
IV. El 10.11.22 se abre la causa a prueba (PV-2022-121543733-APN-VOCXIII#TFN). Sin perjuicio, de que la actora diligenció correctamente los oficios ordenados en autos, la oficiada no cumple en contestar lo requerido, por lo que con fecha 06.03.25 se tiene por cerrado el periodo probatorio y se elevan los autos a la Sala “E”. El 07.04.2025 se reseulve no poner los autos a alegar y se llaman los autos a sentencia.
V. Que por razones de orden procedimental se examinará, en primer lugar, la ineficacia del acto administrativo, a fin de constatar la validez de la actuación de la Aduana.
Del examen de las actuaciones administrativas surge que labrada el acta denuncia 300/10 de fecha 14.12.10 (v. fs. 37 act. adm.), con fecha 02.09.15 se dispone la instrucción del sumario (v. fs. 47 act. adm.) y con fecha 11.08.20 se corre vista, la que es le es notificada a la firma BAKER HUGHES ARGENTINA SRL con fecha 17.08.20 y acto seguido se dicta la resolución apeada, con la posterior agregación de la contestación de vista presentada. No hay constancias de que se hayan efectuado las diligencias necesarias a los fines de verificar la existencia de comisión de la infracción que prima facie habría sido verificada.
El Código Aduanero establece que las infracciones aduaneras, salvo aquellas que tuvieren previstas sanciones aplicables en forma automática, se juzgaran conforme el procedimiento reglado en el Capítulo Tercero del Título II de la Sección XIV, por cual cuando la Aduana tome conocimiento de la presunta configuración de una infracción, deberá practicar todas las diligencias necesarias para investigar los hechos, a cuyo efecto podrá ejercer todas las funciones de control que las leyes le acuerden (Conf. Arts. 1080 y 1081 del CA). El artículo 1101 del CA dispone que: “Cumplidas las medidas dispuestas de conformidad con el artículo 1094, el administrador correrá vista de lo actuado a los presuntos responsables por el plazo de DIEZ (10) días, a fin de que presenten sus defensas, ofrezcan toda la prueba y acompañen la documental que estuviere en su poder. Si no tuvieren en su poder la prueba documental, la individualizarán indicando su contenido, el lugar y la persona en cuyo poder se encontrare”.
Surge evidente de las actuaciones administrativas que el servicio aduanero si bien corrió vista de lo actuado a los presuntos responsables de la infracción prima facie verificada, se limitó, sin ningún tipo de sustanciación, a dictar la resolución que aquí se apela, disponiendo el archivo del sumario de acuerdo a lo establecido en la Instrucción General (DGA) 9/17 y la formulación de cargo a la recurrente. Nótese asimismo que conforme surge de los antecedentes la resolución apelada de fecha 01.09.20 fue notificada dos (2) años después de su dictado (02.02.22) y, a consecuencia, de un pronto despacho que obra agregado a fs. 72 de los actuados aduaneros.
Por lo expuesto, debe señalarse que el servicio aduanero se apartó del trámite reglado por el CA para los procedimientos infracciónales, situación que no puede ser subsanada ante esta instancia. Que la resolución administrativa vulnera groseramente la garantía del derecho de defensa, como así también el principio de tutela judicial efectiva que ampara al imputado, afectando sus derechos subjetivos e intereses legítimos al privarlo de una defensa oportuna. Resulta claro que la intervención que le dio al presunto imputado y responsable del incumplimiento que se endilga y que además se exige el pago de tributos, no fue conforme a derecho sino para que no operara la prescripción de la acción del fisco para percibir tributos. Tampoco fue dictada la resolución en los términos de lo establecido en el artículo 1112 del CA. Ello es así dado que el Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros, si hubiese seguido el procedimiento reglado en tiempo hábil, como ya lo mencioné up supra, debería haber sustanciado los argumentos de la actora, condenando o absolviendo al imputado (conf. el inc. a) del art. 1112 del CA) y no ordenar el archivo, sin más trámite, de acuerdo a lo establecido en la Instrucción General 9/17 (DGA).
Conforme lo expuesto corresponde declarar la nulidad del art. 3 de la resolución RESOL-2020-3019-E-AFIP- DEPRLA#SDGTLA apelada por la firma BAKER HUGHES ARGENTINA SRL, con costas a la Aduana.
Por la forma en que se resuelve es inoficioso expedirse acerca del fondo de la cuestión, sin perjuicio de señalar que la defensa de la empresa respecto a la aplicación a los hechos de autos del art. 261 del CA -con las probanzas aportadastampoco fue tratada condignamente por el servicio aduanero -ni en sede administrativa ni ante esta instancia- lo que coloca un resello a la improcedencia de exigir los tributos reclamados a la actora.
Por todo ello VOTO POR:
Declarar la nulidad del art. 3 de la resolución RESOL-2020-3019-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA, en cuanto intima al pago de tributos a la actora, con costas a la Aduana.
El Dr. Héctor Hugo Juárez dijo:
I. Que me remito al relato efectuado en los considerandos I a IV del voto del Dr. Soria.
II. Que, en virtud de las particularidades que contiene el presente expediente traído a conocimiento de este Tribunal, y teniendo en cuenta los sendos precedentes emitidos al respecto, es que en ejercicio de las facultades conferidas en los términos del art. 1143 del CA, observo que corresponde en primer lugar analizar el procedimiento llevado adelante por el Servicio Aduanero.
Que con fecha 14/12/2010 se formula denuncia por presunta infracción del art. 970 del C.A.. Con fecha 2/9/2015, se dispone la instrucción de sumario y posteriormente la correspondiente corrida de vista a la firma, la cual fue notificada el 17/8/2020. En tales condiciones, se dictó la Resolución ahora apelada. Seguidamente la actora, de manera extemporánea, contesta la vista (fs. 55/64vta.de las act. Adm.) con fecha 15/12/2020, que no fue proveída.
Que, en efecto, la disposición aduanera atacada, fue dictada en cumplimiento de la Instrucción General nº 9/17 (DG ADUA) por lo cual, al tiempo que dispone el archivo de la denuncia infraccional, ordena formular cargo por los tributos que considera adeudados.
Que el servicio aduanero ha omitido la consideración de que el archivo de la denuncia revestía carácter provisorio hasta que transcurra el plazo de doce meses, vencido el cual, de no mediar otras sanciones que en su conjunto superen el monto fijado, el archivo devenía definitivo. Por tal motivo, la Resolución PRLA n° 3019/2020, no puede considerarse definitiva y sólo puede reconocérsele efectos de intimación al pago de tributos.
Que, en virtud de ello, deviene nula la notificación mediante RE-2022-15665093-APN-SGASAD#TFN cuya constancia fue acompañada por la actora en autos, en las que incorrectamente se indica que la resolución es definitiva y que contra tal acto administrativo procedía la interposición del recurso de apelación previsto en el art. 1132 del C.A. Que, en consecuencia, corresponde declarar la nulidad de la notificación de la Resolución PRLA n° 3019/2020 dirigida a la firma, con costas a la demandada.
III. Que, asimismo considero necesario expedirme respecto del planteo de prescripción opuesto por la actora, respecto de la acción del Fisco para percibir tributos, toda vez que el mismo incide en la continuidad de las actuaciones conforme se resuelve.
Que conforme lo establecido en los art. 803 del C.A., la acción para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera, prescriben por el transcurso de cinco años, los que en el caso comenzaron a correr el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que constituye el hecho gravado (804 del C.A.). Es decir que, en el caso de autos, la acción aduanera comenzó a correr el 1º de enero de 2011.
Que teniendo en consideración la fecha del vencimiento de la destinación de importación temporaria en cuestión (5/7/2010) -conforme surge de fs. 39 de las actuaciones administrativas-, y la fecha en que se dicta el auto de instrucción de sumario (2/9/2015), se concluye que no se constata en autos la pretendida prescripción de la acción del fisco para perseguir el cobro de los tributos, por cuanto el dictado del auto que ordenó la apertura del sumario ha suspendido el cómputo del plazo de prescripción, conforme lo dispuesto en el art. 805, inc. a), del CA; sin exigirse la notificación del referido auto.
Que, por los motivos expuestos, corresponde desestimar el planteo de prescripción opuesto por la actora, con costas.
IV. Que el artículo 1104 del Código Aduanero dispone que dentro del plazo previsto en el artículo 1101, los supuestos responsables podrán impugnar las actuaciones sumariales cumplidas, con fundamento en los defectos de forma de que adolecieren, no pudiendo hacerlo en lo sucesivo.
Que, por lo tanto, corresponde devolver las actuaciones a la DGA y disponer que la División Secretaría de Actuación n° 1 del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, subsane las irregularidades incurridas, imprima el trámite pertinente a la exigencia tributaria en el marco del procedimiento infraccional, conforme lo previsto en el art. 1101 del CA.
Que en la forma en que se resuelve, no corresponde el tratamiento del resto de los planteos realizados.
Por ello, VOTO por:
1. Declarar la nulidad de la notificación de la Resolución PRLA n° 3019/2020 dirigida a la actora BAKER HUGHES ARGENTINA SRL, con costas al fisco.
2. Disponer la devolución de las actuaciones para que la División Secretaría de Actuación n° 1 del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, imprima el trámite pertinente a la exigencia tributaria en el marco del procedimiento infraccional, conforme lo previsto en el artículo 1101 del Código Aduanero (Ley Nro. 22.415).
La Dra. Claudia Beatriz Sarquis dijo:
Que adhiero en lo sustancial al voto del Dr. Soria.
En virtud de la votación precedente, por mayoría, SE
Declarar la nulidad del art. 3 de la resolución RESOL-2020-3019-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA, en cuanto intima al pago de tributos a la actora, con costas a la Aduana.
Regístrese, notifíquese y archívese.
Suscriben la presente los Dres. Soria, Juárez y Sarquis por encontrarse vacante la Vocalía de la 14a. Nominación (arts. 52 del R.T.F.N. y 1162 del CA).
Date: 2025.04.07 15:20:02 -03:00 Date: 2025.04.07 17:18:54 -03:00 Claudia Beatriz Sarquis Hector Hugo Juarez Vocal Subrogante Vocal Vocalía XIV Sala E Competencia Aduanera Vocalía XV Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.04.07 19:02:01 -03:00 Juan Manuel Soria Vocal Vocalía XIII Sala E Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2025.04.07 19:02:01 -03:00
Fin de la sentencia