Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa B-761/16-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazando la acción contencioso administrativa interpuesta a fs. 77/82 y a foja 86 por la Sra. Florentina Verónica Balda contra la Caja de Previsión Social de la Provincia de Santa Cruz.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Única Expte. N°: B-761/16-TSJ Sentencia N°: 1068 Actor: BALDA FLORENTINA VERONICA Demandado: CAJA DE PREVISION SOCIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ Objeto: DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA Fecha: 19/11/20 Texto:
TOMO XVII -CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- T.S.J..-
REGISTRO Nº 1068 FOLIO Nº 3376/3380 PROT. ELECT. TSS1 007 C.201
En la ciudad de Río Gallegos, capital de la Provincia de Santa Cruz, a los 19 días del mes de noviembre de dos mil veinte, se reúne el Excmo. Tribunal Superior de Justicia, integrado con los Sres. Vocales, Dres. Daniel Mauricio Mariani, Enrique Osvaldo Peretti, Alicia de los Ángeles Mercau y Reneé Guadalupe Fernández, bajo la presidencia de la Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos para dictar sentencia en los autos: “BALDA FLORENTINA VERONICA c/ CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ s/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA”, Expte. Nº B-761/16-TSJ. Se fija el siguiente orden de consideración: 1º) Dr. Enrique Osvaldo Peretti, 2º) Dra. Reneé Guadalupe Fernández, 3º) Dra. Alicia de los Angeles Mercau, 4º) Dr. Daniel Mauricio Mariani, 5º) Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos; y las siguientes cuestiones a tratar: PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es procedente la demanda contencioso administrativa?; SEGUNDA CUES- TIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.- A la primera cuestión el Dr. Peretti dijo:
I. Que a fs. 77/82 y a foja 86 la Sra. Florentina Verónica Balda, con el patrocinio letrado del Dr. Arturo Ricardo Saá interpone demanda contencioso administrativa contra la Caja de Previsión Social de la Provincia de Santa Cruz solicitando: “…se revoque o anule el Acuerdo 2199 de fecha 03/09/2015 emitido por dicha entidad...y se me conceda la pensión que por ley me corresponde en concurrencia con mi hija Lucía Carrasco Balda, ello en mi carácter de cónyuge del fallecido Juan Domingo Carrasco.” (cfr. foja 77).- Refiere que si bien había iniciado el juicio de divorcio por injurias graves, lo cierto es que al momento del fallecimiento del Sr. Carrasco aún permanecían unidos en matrimonio y que: “La decisión emitida a través del Acuerdo 2199 se funda en documentación inexistente (puesto que el certificado de supervivencia de fs. 30 no fue firmado por el causante), se elabora sin haberse verificado lo que en forma previa había solicitado la Secretaría de Directorio CPS a fs. 31, y sin haberse considerado las observaciones de la Vocal por los Activos Sra.
Oses y de la Vocal por los Pasivos, Sra. Ruiz a fs. 41 vta.” (cfr. foja cit.).- Explica que en un principio: “...la autoridad de aplicación verificó que se cumplían todos los recaudos que la ley 1782 establece para la concesión del beneficio...Sin embargo y no obstante que se encontraba todo dispuesto para el dictado del Acuerdo que concedía el beneficio a mi favor, consta que a fs. 28 la Sra. Verónica Carrasco presenta el 2/6/2015 una nota en la que señala que yo me encontraba separada del Sr. Carrasco desde el año 2001 y que ‘...se ha iniciado en el Juzgado Nº 1...la Sentencia de Divorcio que no ha sido otorgada...’.” (cfr. foja 77 vta.).- Señala que como consecuencia de lo expuesto, la Secretaría de Directorio propicia conceder el beneficio de la pensión a su hija -Lucía Carrasco Balda- y solicita al Área Jurídica de la Caja de Previsión Social que verifique la separación de hecho denunciada por la Sra.
Verónica Carrasco. Posteriormente la Asesoría Letrada de dicho órgano dictamina que no se debe conceder el beneficio a favor de la demandante en razón de la declaración del Sr. Carrasco en el certificado de supervivencia, del cual surge que el nombrado manifestó encontrarse separado de hecho. Por los motivos señalados, la Caja de Previsión Social resuelve rechazar el beneficio solicitado por la actora, concediéndolo solamente a favor de su hija (cfr. fs. 77 vta./78).- Considera que la Caja de Previsión Social no adoptó los recaudos necesarios para resolver el rechazo de la pensión solicitada, e indica que: “...no se acreditó en debida forma que en efecto esa persona que se presenta sea hija del causante puesto que no se le requirió que presente la partida de nacimiento respectiva ...
Es decir, la administración de la CPS directamente procede a intentar verificar los hechos denunciados...obtiene los certificados de Supervivencia...los agrega y luego emite la disposición o dictamen...pero ya con los elementos agregados según los cuales se desprendería que el causante habría denunciado que estaba separado de hecho.” (cfr. fs. 78 vta./79).- Destaca que: “Lo más grave del caso es que todo esto se lleva a cabo sin previamente citarme a mí, que era la peticionante de la pensión, para que dé las explicaciones del caso. De haberse cumplido este requisito yo hubiera demostrado que me (sic) si bien estaba separada de hecho, lo concreto y determinante del caso es que esa separación se produce por culpa exclusiva del Sr.
Carrasco, a tal punto que yo había iniciado en el año 2013 la demanda de divorcio por injurias graves.” (cfr. foja 79).- Refiere que el certificado de supervivencia del cual surge que el Sr. Carrasco denunció que se encontraba separado de hecho no cuenta con la firma del nombrado, por lo que su contenido no puede considerarse válido; y agrega que: “...ese certificado fue emitido por Javier Lemarchand el 04/06/2015, resultando que el Sr. Carrasco falleció [el] 28/4/2015 y por lo tanto es imposible que el causante se haya presentado ante la CPS a realizar dicho certificado.” (cfr. foja cit.).- Agrega que: “Tal como surge del recibo de haberes jubilatorios del Sr. Carrasco obrante a fs. 12 y correspondiente al último mes abonado, es muy claro que el causante percibía la asignación por cónyuge y por lo tanto la propia CPS tenía conocimiento de esa situación.
No se explica por qué razón si fuera verdadero o veraz el certificado de supervivencia de fs. 30, aún se abonaba dicha asignación, extremo éste que robustece el hecho de que dicho certificado es inexistente.” (cfr. foja cit.).- Destaca que: “...nunca se verificó la existencia del divorcio, y con ello se impidió que se verificara que en efecto yo había iniciado el divorcio contra el Sr. Carrasco por injurias graves.” (cfr. foja 79 vta.).-
Sostiene que: “Los argumentos expuestos permiten concluir que el Acuerdo 2199 es contrario a la legislación vigente y por tanto puede ser calificado de ilegal puesto que al ser dictado sin haberse recabado en forma previa la información del divorcio que yo iniciara, es dictado en violación al art. 73 párrafo 2 de la ley 1782.” (cfr. foja 80) y que: “La Acordada 2199 contiene una medida arbitraria puesto que evidentemente se procedió en forma contraria a las leyes y a la razón [...] Las circunstancias apuntadas autorizan a calificar al acto administrativo como manifiestamente arbitrario pues: Fue emitido sin haberse recabado la información sobre la existencia o no del divorcio y su contenido. Se aparta en forma ostensible de la legislación específica aplicable al caso (art. 73 párrafo segundo). No se cumplió con el procedimiento debido pues no se me dio intervención previa. No se aplicaron los casos similares al presente. Así, queda evidenciado el quebrantamiento de los derechos al debido proceso, de propiedad, de igualdad ante la ley y a la defensa en juicio consagrados por los arts. 16 y 18 de la C.N. y art. 9 C.P. puesto que por un lado se omite considerar la legislación vigente [y] por el otro no se observa el procedimiento establecido.” (cfr. fs. 80 vta./81).- Ofrece prueba y hace reserva del caso federal (cfr. foja 81 vta.).-
Que corrido traslado de la demanda, a fs. 98/102 la Caja de Previsión Social de la Provincia de Santa Cruz, a través de su letrada apoderada, Dra. Mariana P. Isak y con el patrocinio letrado de la Dra. Fernanda A. Loncon Paredes, opone excepción previa de inadmisibilidad de la instancia y contesta demanda subsidiariamente.-
Luego de fundar la excepción opuesta -que fuera declarada extemporánea mediante auto de presidencia obrante a foja 103-, la accionada contesta demanda. Comienza negando en lo general y luego pormenorizadamente los hechos y el derecho invocados por la actora y desconoce la documental por ésta adjuntada (cfr. fs. 99/100).-
A continuación explica: “Que del escrito de inicio se desprende que el argumento central de la actora es que resulta aplicable al caso lo dispuesto por el art. 72, segundo párrafo, de la ley 1782, el cual establece: ‘El o la conviviente excluirá al cónyuge supérstite en el goce de la pensión, salvo en los casos en que el causante hubiere estado contribuyendo al pago de alimentos al supérstite o éste se hallare divorciado o separado legalmente por culpa exclusiva del causante’. Sin embargo, y tal como resolvió el Acuerdo 2199 cuestionado, las circunstancias de hecho que rodean al presente caso determinaron la aplicación de lo dispuesto en el art. 76 inc. a) de la Ley 1782 que establece: ‘No tendrán derecho a pensión: a) El cónyuge separado de hecho o que por su culpa o culpa de ambos, estuviere divorciado o separado legalmente al momento de la muerte del causante, salvo que el causante hubiere estado contribuyendo, mediante sentencia judicial, al pago de alimentos al supérstite...’.” (cfr. foja 100).- Señala que: “...de lo que consta en el expediente y lo relatado por la propia actora, no surge que mi representada haya aplicado erróneamente la legislación...La ley es clara: la Sra. Balda al estar separada de hecho del Sr. Carrasco al momento del fallecimiento de este último, no resulta alcanzada como beneficiaria de la pensión correspondiente...” (cfr. foja cit.).-
Con relación a la validez del certificado de supervivencia del año 2014 invocada por la actora, manifiesta que: “Como surge de las constancias del expediente, el certificado de supervivencia de 2014 original se extravió. A pesar de ello, la declaración jurada de 2014 efectuada por el Sr. Carrasco se carga en la base de datos maestro de jubilados que preserva los datos allí aportados, teniendo el organismo previsional la facultad de corroborar los datos y reimprimir el certificado de supervivencia. De los últimos datos guardados en el sistema se constató que el Sr. Carrasco en 2014 declaró estar separado de hecho, lo que coincide con lo que la actora relató en su demanda de divorcio. Al no contar con el original se reimprimió dicho certificado, el que si bien es imposible que cuente con la firma, debe tenerse por válido al respaldarse en datos registrados de forma digital en el sistema maestro que utiliza el órgano previsional...” (cfr. foja 100 vta.).- Agrega que: “En referencia al hecho de que el causante percibía la asignación por cónyuge, debe aclararse que al no existir una sentencia de divorcio el vínculo conyugal seguía vigente entre el Sr. Carrasco y la Sra. Balda y por lo tanto el concepto indicado se mantuvo. Ahora bien, la actora intenta valerse de lo establecido en el art. 73 para calificar como beneficiaria de la pensión. Al efecto, sostiene que la separación de hecho se produjo por culpa exclusiva del Sr. Carrasco y acompaña copia de la demanda de divorcio en la que relata las causales que dieron lugar a la separación...Sin embargo, como bien reconoció la actora...el divorcio no llegó a sentencia ni tampoco estaban separados legalmente, lo que impide tener por configurada la salvedad.” (cfr. foja 101).- Destaca que al no haberse comprobado judicialmente la culpa del causante, el organismo previsional carece de facultades para determinarla (cfr. foja cit.).-
Hace reserva del caso federal (cfr. foja 102).-
A fs. 103, tal como se adelantara, se desestima por extemporánea la defensa fundada en la “falta de agotamiento de la vía administrativa” opuesta por la accionada a fs. 98/99, apartado III. Asimismo, cabe agregar que a fs. 104 vta., el Sr. Agente Fiscal, en referencia a dicha defensa, dictamina: “Que al haber sido el acto dictado por la autoridad superior del organismo, agota la instancia administrativa, teniendo el particular la posibilidad de optar por la vía recursiva administrativa, tal como ocurrió...Vemos entonces que se encuentra agotada la vía administrativa...” (cfr. foja cit.).- A foja 106 se abre la causa a prueba de cuya producción da cuenta la certificación de fs. 117; y puestos los autos a disposición de las partes para alegar, hicieron uso de este derecho la parte actora a fs. 127/129 vta. y la parte demandada a fs. 123/125 vta..-
Se llaman autos para sentencia a foja 131.-
II. Que, conforme ha quedado trabada la litis, Florentina Verónica Balda interpuso esta acción Contencioso Administrativa tendiente a obtener se declare la nulidad del Acuerdo N° 2199 de la Caja de Previsión Social del 3 de septiembre del 2015, el cual le negó el derecho a pensión que ella considera que le corresponde a raíz del fallecimiento de su cónyuge Juan Domingo Carrasco. Su pre- tensión, en definitiva, es que se ordene dictar un nuevo acto administrativo que disponga el pago del beneficio que reclama.- A su turno la accionada justifica su negativa arguyendo que el causante, al momento de su fallecimiento, se encontraba separado de hecho de la actora. Dice que tal circunstancia surge del juicio de divorcio que la Sra. Balda incoara contra el Sr. Carrasco, más la declaración que en sede administrativa brindó la Sra. Verónica Carrasco, hija del causante, quien manifestó que su padre se hallaba separado de hecho y que se había iniciado juicio de divorcio.- Agrega la accionada, que en dicho proceso fue la aquí actora quien expresó que se hallaban separados de hecho y además ambos cónyuges denunciaron domicilios distintos.-
Del proceso de divorcio que tengo a la vista: “Balda, Florentina Verónica c/ Carrasco Juan Domingo s/ Divorcio Vincular”, Expte. Nº 8677/13, reservado a foja 116, surge que el matrimonio Carrasco - Balda, se encontraba separado de hecho (v. fs. 5 vta./6 de los autos cit.). Se advierte también que vivían en distintos domicilios, merced a la denuncia de los respectivos domicilios reales, en dichos autos; la Sra. Balda denuncia el suyo en Ivon Noya Nº 1030 de esta ciudad (foja 4), mientras que al contestar la demanda el Sr. Carrasco denuncia el suyo en Sargento Primero Riquelme Nº 2501 también de esta ciudad (v. fs. 23 de los autos cit.).- Mas aun, la propia accionante reconoce que se hallaba separada de hecho del causante en estos autos, al decir en la demanda: “...si bien estaba separada de hecho, lo concreto y determinante del caso es que esa separación se produce por culpa exclusiva del Sr. Carrasco...” (cfr. foja 79). Asimismo en su alegato expresa: “...en efecto, estaba separada de hecho del causante (primera parte del art. 76), pero no di causa a la separación” (cfr. foja 129 vta.).- Se encuentra fehacientemente acreditado entonces que los cónyuges Carrasco - Balda se hallaban separados de hecho al momento de la muerte del primero.-
III. La controversia motivo de este proceso, gira en torno a determinar si -a pesar de las circunstancias narradas precedentemente- le corresponde o no el beneficio de pensión a la actora, a raíz del deceso de quien fuera su cónyuge. La norma que gobierna en la materia es la Ley Provincial Nº 1782 y sus modificatorias, en este particular caso el artículo 76, inc. a) que es aquel en cuyo mérito fue rechazada la pretensión de Florentina Verónica Balda.- Expresa el mentado artículo: “No tendrán derecho a pensión: a) El cónyuge separado de hecho o que por su culpa o culpa de ambos, estuviere divorciado o separado legalmente al momento de la muerte del causante, salvo que el causante hubiere estado contribuyendo, mediante sentencia judicial, al pago de alimentos al supérstite”.-
No es necesaria una esforzada labor hermenéutica cuando de la letra de la ley surge indubitable lo que ella quiere decir. Así también lo dispone el Código Civil y Comercial que en su artículo 2° edicta que en primer lugar la ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras. Estas previsiones se aplican a la norma transcripta, de la cual surge evidente que mediando separación de hecho se pierde el derecho a pensión, sin importar si hubo culpa de uno o ambos en dicha separación y sólo podrá acceder al beneficio el cónyuge supérstite, si el causante por sentencia judicial le pagaba alimentos. La separación de hecho de los cónyuges es una causal objetiva de pérdida del derecho pensionario salvo que exista un derecho alimentario a su favor (cfr. Pawlowski de Pose, Amanda L.: “¿La separación de hecho constituye causa de pérdida del derecho pensionario?”, Publicado en: DT 2005 (diciembre), 1801; www.informaciónlegal.com.ar. Cita Online: AR/DOC/3436/2005).- Debe tenerse en cuenta, dada la finalidad tuitiva y sustitutiva del derecho a pensión, propia de toda tutela previsional que resulta un requisito relevante para establecer el derecho a pensión del cónyuge divorciado o separado de hecho -con el fin de mantener la misma situación de la que gozaba en vida del causante- acreditar la preexistencia de una real prestación alimentaria (cfr. Cámara Contenciosoadministrativa de 1a Nominación de Córdoba, “Perafan, Eulogia Emma c/ Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba s/ plena jurisdicción”, sentencia del 03/06/2014; www.informaciónlegal.com.ar. Cita Online: AR/JUR/39068/2014).- Para la ley provincial, la sola separación de hecho hace perder el derecho a pensión, sin importar si ella se produjo por culpa de uno o de ambos cónyuges. De manera tal que son inconducentes los planteos en torno a la culpa del causante en la separación que introduce la actora.-
En efecto, de la atenta lectura de la norma local (transcripta), surgen dos supuestos de denegatoria del beneficio: por una parte, los separados de hecho, y por la otra, los divorciados o separados legalmente por su culpa o culpa de ambos, siempre y cuando el causante no estuviere contribuyendo con el pago de alimentos al posible beneficiario. La segunda causal exige para su configuración el elemento subjetivo de la atribución de culpa en la separación legal o el divorcio (redacción que armonizaba con el anterior régimen previsto en el Código Civil), empero no ocurre lo mismo con la primera cuando la circunstancia objetiva de la separación de hecho es suficiente para excluir al cónyuge supérstite como beneficiario del derecho a pensión. Es decir que según las normas citadas, para el órgano previsional provincial sólo es necesario acreditar los supuestos fácticos de la separación de hecho y la no prestación alimentaria sin que interese la atribución de culpa para perder el derecho a pensión. Esto último es lo que acontece en autos.- No obstante lo señalado precedentemente, sólo a mayor abundamiento, es preciso aclarar que si bien la actora argumenta en favor de su pretensión que la separación se produjo por culpa exclusiva del Sr. Carrasco y que inició contra este último juicio de divorcio contradictorio, donde denuncia haber sido víctima de injurias graves de parte del nombrado que llevaron al fin de la convivencia, lo cierto es que en dicho proceso no se llegó a dictar sentencia, debido al prematuro deceso de Juan Domingo Carrasco, de manera tal que no hay declaración judicial alguna que declare la culpabilidad del causante que alega la Sra. Florentina Verónica Balda (todo lo cual surge del ya referido juicio de divorcio).-
IV. Por último, no es ocioso aclarar que si bien la actora cuestiona ciertos trámites realizados en el Expediente Administrativo Nº B-254.611/15: “Balda Florentina Verónica s/ Pensión por el Extinto, Carrasco Juan Domingo”, lo cierto es que sus reclamos se dirigen contra los elementos probatorios tenidos en cuenta por la caja para tener por demostrada la separación de hecho y que no se la citó para brindar su explicación de los hechos que motivaron dicha separación (cfr. fs. 78 vta./80).- Se observa que los referidos planteos son meramente formales, porque la realidad y lo que verdaderamente importa para decidir sobre el otorgamiento del beneficio es si los cónyuges se encontraban o no separados de hecho y en este caso, tal como se señalara en el punto I, no cabe lugar a duda alguna pues es la propia actora quien reiteradamente ha reconocido en autos que se hallaban separados de hecho al momento de la muerte del Sr. Carrasco.-
V. En conclusión, las constancias obrantes en autos no logran desvirtuar los argumentos que justificaron el dictado de la resolución administrativa impugnada. Cabe entonces concluir que el Acuerdo N° 2199/15 dictado por la Caja de Previsión Social de la Provincia de Santa Cruz no contiene vicio alguno que torne procedente su nulidad y por ende, la demanda no puede prosperar.-
En razón de todo lo expuesto, a la primera cuestión voto por la negativa.-
Los Dres. Fernández, Mercau, Mariani y Ludueña Campos, por compartir sus fundamentos, adhieren al voto del Dr. Peretti.-
A la segunda cuestión el Dr. Peretti dijo:
Atento la forma en que me he pronunciado respecto de la Pri- mera Cuestión, propongo se dicte sentencia rechazando la acción contencioso administrativa interpuesta a fs. 77/82 y a foja 86 por la Sra. Florentina Verónica Balda contra la Caja de Previsión Social de la Provincia de Santa Cruz; imponiendo las costas en el orden causado de conformidad a lo establecido en el artículo 90 del CPCA, Ley Nº 2600; teniendo presente las reservas del caso federal efectuadas por la actora a foja 81 vta. y por la demandada a foja 102; y difiriendo la regulación de honorarios del letrado interviniente -por la parte actora-, hasta tanto de cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes (cfr. Resolución General AFIP Nº 689/1999).- Los Dres. Fernández, Mercau, Mariani y Ludueña Campos, adhieren al pronunciamiento propuesto por el Dr. Peretti.-
En virtud de todo lo expuesto, se dicta la siguiente sentencia:
Río Gallegos, 19 de noviembre de 2020.-
VISTO Y
Por los fundamentos del Acuerdo que antecede y el voto unánime de los Sres. Vocales, Dres. Daniel Mauricio Mariani, Enrique Osvaldo Peretti, Alicia de los Ángeles Mercau, Reneé Guadalupe Fernández y de la Sra. Presidenta Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos; y oído que fue el Sr. Agente Fiscal, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Rechazando la acción contencioso administrativa interpuesta a fs. 77/82 y a foja 86 por la Sra. Florentina Verónica Balda contra la Caja de Previsión Social de la Provincia de Santa Cruz.-
4. Difiriendo la regulación de honorarios del letrado interviniente -por la parte actora- hasta tanto de cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes.-
5. Regístrese y notifíquese. Oportunamente devuélvanse las actuaciones administrativas y judiciales mediante oficio y archívese la presente causa.-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Presidenta-, Daniel Mauricio Mariani -Vocal-, Dr. Enrique Osvaldo Peretti -Vocal-, Dra. Alicia de los Angeles Mercau -Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-.-
Secretario: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1007C.201 Tomo: XVII Sentencia: 1068 Folio N°: 3376/3380 Secretaría: 1
Fin de la sentencia