Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D · Causa EX-2019-55108498-APN-SGAI#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar la excepción de nulidad, con costas.
2Diferir la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional hasta que se resuelva la cuestión de fondo.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Informe firma conjunta Número: IF-2023-27293063-APN-VOCXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 13 de Marzo de 2023 Sentencia.
En la fecha se reúne la Sala D del Tribunal Fiscal de la Nación, integrada por la Dra. Edith Viviana Gómez (Vocalía de la 10º Nominación), la Dra. Agustina O’Donnell (Vocalía de la 11º Nominación) y el Dr. Daniel Alejandro Martín (Vocalía de la 12º Nominación), para dictar sentencia en el EX2022-55952834-APN- SGAI#TFN caratulado “Baldassa, María Inés s/ recurso de apelación”.
La Dra. O’Donnell dijo:
I. La Sra. María Inés Baldassa interpone el recurso de apelación previsto en el art. 76, inc. b) de la ley 11.683 contra la Resolución N° 7/2022, dictada el 21.4.2022 por la Dirección Regional Río Cuarto de la Administración Federal de Ingresos Públicos en la que se determinó de oficio su obligación frente al aporte creado por la ley 27.605 -Aporte Solidario y Extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia, intimándole el pago de $5.743.908,58, más intereses resarcitorios (art. 37, ley).
En dicho acto, además, se le aplicó una multa de omisión equivalente al 100% de la obligación (art. 45, ley). En su presentación ante este Tribunal, plantea como de previo y especial pronunciamiento, la excepción de nulidad de la Resolución N° 7/22 por ausencia de firma de funcionario competente. Sostiene que no tiene forma de saber si el escrito enviado al domicilio fiscal electrónico fue emitido por el Jefe (int.) de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Río Cuarto como se lee antes del título “RESUELVE”, o si otra persona simplemente imprimió el escrito y lo envió a dicho domicilio.
Asegura para ello que “Grave duda causa la ausencia de firma, como el signo de interrogación que aparece junto al nombre de Rovera, Fabricio Miguel sin indicación del cargo, título profesional, ni que revista carácter de juez administrativo”.
Funda el pedido de nulidad en los arts. 200 de la ley 11.683, conforme la modificación introducida por el art. 243 de ley 27.430 (B.O. 29/12/2017), que dispuso el uso de firma electrónica y firma digital, conforme a los lineamientos que fije el Poder Ejecutivo Nacional, y remarca que como ello no sucedió, la Administración Tributaria está obligada a seguir usando la firma ológrafa, sin que pueda recurrir a las disposiciones de la ley 25.506 porque la ley 27.430 es posterior y específica.
Manifiesta que, la vista recibida en el domicilio fiscal electrónico “ostenta una enorme tachadura”. Expone que al tomar vista de los antecedentes administrativos, tanto estos como el dictamen jurídico habrían sido firmados digitalmente por otras personas. Concluye, que la propia Resolución se encarga de descartar explícitamente su validez al tener la leyenda inserta de “firma no verificada”.
Por ello, pide que se declare su nulidad, con costas.
Por último, expresa agravios sobre el ajuste notificado en la Resolución y la sanción aplicada y pide su revocación, con costas.
II. En el IF-2022-106855811-APN-DTD#JGM obra la contestación al traslado del recurso por parte del Fisco Nacional en la que, con relación a la excepción de nulidad, solicita su rechazo, también con costas. Sostiene para ello que la notificación de la Resolución y de los actos precedentes fueron válidas, de acuerdo con el procedimiento vigente, según el cual se registra la firma digital de la persona que suscribe el acto administrativo cuyo sello visible se inserta al final del archivo "pdf." o documento generado. Explica que ese sello es una “señal” que permite al usuario saber quién es el sujeto firmante, si al momento de suscribir el documento la firma era válida y si pudo ser validada mediante los certificados de seguridad que se intercambian sistémicamente al momento del envío electrónico.
Destaca que, si bien el sello es la señal visible, no es la firma en sí misma (en los términos que se concibe a la firma facsimilar u ológrafa), debido a que la firma digital es simplemente un código/clave encriptado que integra al archivo que se envía al destinatario y que le permite “confiar” que ese archivo que recibe no fue adulterado. Además, aclara que se ha publicado en la página institucional el material de asistencia a los contribuyentes, que ayuda a efectuar la configuración correspondiente, permitiendo validar el certificado de AFIP sin inconvenientes; concluye que la manera en que se observe la firma digital no obsta a la validez de la notificación cursada, por cuanto resulta correcto el procedimiento criptográfico realizado.
Además, señala que, durante el procedimiento llevado a cabo en sede administrativa, la Sra. Baldassa pudo tomar vista de la totalidad de las actuaciones, extraer copias, y a la vez que pudo dirimir cualquier inquietud que tuviera sobre el procedimiento seguido. En tal sentido, destaca que se puso a su disposición las actuaciones y que el acta labrada cuando ello se produjo, fueron suscriptas de la misma manera que la Resolución de determinación de oficio notificada al domicilio electrónico por él constituido.
Finalmente, sostiene que “no existe en este proceso por parte de la actora demostración de un interés jurídico lesionado o de un perjuicio cierto e irreparable” y que tuvo en todo momento certeza de que las actuaciones eran legítimas, entonces cualquier intento de nulidad no es más que meras afirmaciones carentes de sustento jurídico, motivo por el cual corresponde expresamente su rechazo, con costas.
Por último, solicita se confirme la Resolución, también con costas.
III. Mediante PV-2022-136924029-APN-VOCXI#TFN se decide tratar como de previo y especial pronunciamiento la excepción de nulidad y se elevan los autos a conocimiento de la Sala; mediante IF-2023- 25374473-APN-VOCX#TFN quedan en estado de dictar sentencia.
IV. Corresponde resolver sobre la excepción planteada.
Para ello cabe tener en cuenta que la Resolución N° 7/2022, en su última página que es donde obra la planilla de cálculo de intereses resarcitorios, que integra dicho acto, tiene inserta la firma digital del Sr. Rovera Francisco Miguel, el mismo funcionario que en su carácter de juez administrativo suscribió digitalmente la Resolución que el 16.2.2022 notificó la vista de los ajustes, de acuerdo al art. 17 de la ley 11.683, acto que con los mismos recaudos y siguiendo idéntico procedimiento, también notificó en su domicilio electrónico.
Por otro lado y tal como ya sostuvo esta Sala en un planteo idéntico en la sentencia del 28.11.2022 dictada en los autos “Cola, Eduardo Alberto”:
- El juez administrativo que suscribió la Resolución, CPN. Francisco Miguel Rovera, fue designado por Disposición N° 193/2021 (B.O. 27.5.2021) como Jefe de División Int. - Div. Revisión y Recursos de la Dirección Regional Río Cuarto (DI RRCU) de la AFIP-DGI, por lo que no puede desconocerse su competencia para firmar dicho acto y los demás que integran las act. adm.
- La Resolución se encuentra suscripta de acuerdo al procedimiento criptográfico, previsto en el art. 2° de la ley 25.506, la firma digital fue susceptible de verificación, y en forma simultánea se identificó debidamente al firmante. Además, las presunciones de autoría e integridad que rigen toda firma digital se mantienen incólumes según lo dispuesto por los arts. 7 y 8 de la mencionada ley (conf. criterio seguido por esta Sala D, en la sentencia de fecha 21 de noviembre de 2019 dictada en el EX-2019-55108498-APN-SGAI#TFN, “Estudio de Ingeniería Reyes y Asociados SRL”).
- Surge de las act. adm. que la Sra. Baldassa tuvo a su disposición la totalidad de las actuaciones y pudo formular presentar en término el recurso de apelación ante este Tribunal en tiempo y forma, sin que se haya detectado irregularidad alguna durante el procedimiento en sede administrativa que la colocara en estado de indefensión.
Por todo ello, corresponde rechazar la excepción de nulidad, con costas.
El Dr. Martín y la Dra. Gómez dijeron:
Que adhieren al voto de la Vocal Instructora.
1. Rechazar la excepción de nulidad, con costas.
2. Diferir la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional hasta que se resuelva la cuestión de fondo.
Regístrese, notifíquese, oportunamente vuelvan los autos a la Vocalía instructora para continuar con el trámite del Expediente.
Date: 2023.03.10 17:22:36 -03:00 Date: 2023.03.13 09:18:18 -03:00 Daniel Alejandro Martín Edith Viviana Gomez Vocal Vocal Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.03.13 13:02:42 -03:00 Agustina O'Donnell Vocal Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.03.13 13:02:43 -03:00
Fin de la sentencia