Abriendo la norma
Cámara Civil de la 2º Circunscripción
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor ello, por una circunstancia posterior la petición de la parte actora deben tener favorable acogida. En atención a que se trata de una solución impuesta por una norma de orden pública por lo que se trataba de una cuestión discutida donde las partes pudieron ambas creerse con derecho a sus planteos propongo imponer las costas en el orden causado (art. 68 segundo párrafo del CPCC). Es mi voto.
Provincia: Santa Cruz Localidad: Caleta Olivia Fuero: Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Mineria de la Segunda Circunscripción Judicial Instancia: Segunda Expte. Nº9205/25 Sentencia: Definitiva Actor: Balderas Fabián Marcelo Demandada: Experta ART S.A.
Objeto: Accidente de trabajo Fecha: 16-04-2026 Texto:
En la ciudad de Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz, a los dieciséis días del mes de abril de dos mil veintiséis se reúnen los integrantes de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial para dictar sentencia definitiva en los autos “BALDERAS, Fabián Marcelo c/ Experta ART S.A. s/ accidente de trabajo” Expte. Nº 38.843 del año 2023 que tramita en el Juzgado de Primera Instancia Nº 1 en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería, secretaría Nº 2 a cargo de la Dra. Mónica Analía Navarrete, que ingresaron en la instancia con el número 9205. A estos fines se estableció el siguiente orden de estudio: Humberto Eduardo Monelos, Griselda I. Bard y Horacio M. J. Fernández para responder a las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia en crisis? SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
I. Que en la causa iniciada por Fabián Marcelo Balderas contra Experta ART S.A. se dicta sentencia en PE2055626/2025 que FALLA: 1. Declarar la inconstitucionalidad de los arts. 21 y 22 de la ley 24.557, Decreto 717/96 y art.20 de la ley 27.348 conforme los fundamentos de los considerandos. 2. Declarar abstracto el planteo de inconstitucionalidad del art. 46 apartado 1 de la ley 24.577 y decreto 1278/2000 con fundamento en las conclusiones de los considerandos. 3. Declarar de oficio la inconstitucionalidad del DNU 669/19 conforme los argumentos expuestos en los considerandos. 4. Hacer lugar a la demanda interpuesta por Fabián Marcelo Balderas DNI 27.009.117 en contra de la demandada Experta ART S.A. condenándola al pago de la indemnización que corresponde por aplicación del art. 14 apartado 2 inc. a) de la ley 24.557 por la incapacidad sufrida del 6,16% residual, con más el incremento del art. 3 ley 26.773 a consecuencia de la enfermedad laboral con primera manifestación invalidante el 01/11/22, debiéndose abonar en el plazo de diez(10) días de encontrarse notificada y firme la liquidación practicada. 5. Pase al Gabinete Contable Oficial a los fines de practicar liquidación final, teniendo en consideración los parámetros dados en la presente sentencia. 6. Costas a cargo de la parte demandada en calidad de vencida y con los alcances dispuestos en el art, 277 de la LCT (art. 68 y cctes. del CPCC). 7. Diferir la regulación de honorarios profesionales intervinientes en los presentes y la determinación de la tasa de justicia hasta tanto obre en autos liquidación aprobada y firme. 8. Regístrese, notifíquese por secretaría mediante SNE. Firme que sea la presente Archívese.
Para llegar a esta conclusión en el considerando VI fundó la inconstitucionalidad del DNU 669/2019 determinando la aplicación del art. 12 inc. 2 de la ley 24.557 conforme la redacción introducida por el art. 11 de la ley 27.348 y en el considerando VII fija las pautas para la liquidación por el Gabinete Contable fijando para el caso de mora el interés conforme la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina de acuerdo a lo previsto por el art. 768 inc. 2 del CCyC y siguiendo lo establecido en el inc. 3 del art. 12 de la ley 24.557 según redacción de la ley 27.348.
La materia objeto de recurso no requiere una referencia prolija de los antecedentes.
II. Que esta solución no satisface a la parte actora quien por intermedio de su letrado apoderado en PE 2062490/2025 interpone y funda recurso de apelación. En PE 1227642/2025 el recurso es concedido libremente y con efecto suspensivo y corre traslado de los agravios. La demandada por intermedio de su letrada apoderada contesta los agravios. En PE 1238778/2025 se los tiene por contestados y se dispone la elevación a cámara que se concreta con el certificado de estilo de PE 2097763/2025. Recibidos, y actualizada la representación, en PE 1255144/2025 se dicta el llamado de autos a sentencia y se fija el orden de estudio.
III. Que el actor por intermedio de su apoderado el Dr. Julián Michavila fundó su recurso con la pieza PE2062490/2025 donde se agravia por haber dispuesto la sentencia aplicar la Tasa Activa Cartera General Nominal Anual vencida a 30 días del Banco de la Nación Argentina para actualizar las sumas de la condena. Critica que esa tasa no recompone adecuadamente el capital por ser sus índices inferiores a los inflacionarios.
Considera que al haberse dictado la inconstitucionalidad del Decreto 669/2019 se aplica el art. 12 de la ley 24557 redacción conforme art. 11 de la ley 27.348 y plantea la inconstitucionalidad de esta última norma pues la tasa activa no recompone adecuadamente el capital vulnerándose los arts. 14 bis 16 y 17 de la Constitución Nacional y tratados internacionales incorporados a ella y por lo tanto con jerarquía superior a la ley que cita y transcribe en lo que considera atinente. A los fines ilustrativos realiza distintos cálculos del interés conforme distintas tasas e índices invocando precedentes jurisprudenciales que se tienen presente.
Con esta base solicita se haga lugar al agravio actualizando las sumas adeudadas conforme los índices de precios al consumidor y subsidiariamente se aplique la tasa pasiva del Banco Central de la República Argentina conforme el criterio de este tribunal en los autos “Linares Daniel Andrés c/ Experte ART S.A. s/ laboral” del 15/9/25. Peticiona se haga lugar al agravio, con costas en caso de oposición.
IV. Que estos agravios son contestados por la Dra. Mariana Clement como letrada apoderada de la demandada. Aclara que la sentencia no ordena aplicar la Tasa Activa Cartera General Nominal Anual vencida a 30 días del Banco de la Nación Argentina. Explica que dicha tasa fue sustituida por la reforma de la ley 27.348 cuya aplicación se dispone en autos por el “promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a 30 días del Banco de la Nación Argentina. Explica que el promedio de la tasa activa no se corresponde con el valor nominal de la tasa activa y que antes de la reforma en materia de Riesgos de trabajo se aplicaba la tasa activa directa (Res. SRT 414/99), pero que a partir de la ley 27.348 el interés pasó a ser de fuente legal y quedó establecido en el promedio de la tasa activa del Banco de la Nación. Expresa que se equivoca el apelante cuando expresa que se dispuso actualizar el IBM en razón de la variación del RIPTE luego de decretar la inconstitucionalidad del decreto 669/19 pues fue este decreto el que dispone esa tasa.
Afirma que se trata de una incongruencia pretender incorporar en esta instancia un cuestionamiento constitucional contra la tasa de interés legal que no fuera invocado en la demanda donde su pretensión quedó enmarcada en los intereses de ley al no formular ninguna objeción ni planteó la necesidad de indexación y se remite a lo reclamado en el inicio.
Hace notar que se agravia sosteniendo que la tasa de interés de la sentencia no recompone los efectos de la inflación pero al confundir la verdadera tasa de la sentencia queda sin demostrar el agravio. Agrega que en estos tiempos no estamos cursando una inflación que distorsione el efecto indemnizatorio de la prestación dineraria y señala que las diversas tasas se mantienen a la baja desde mayo de 2024. Entiende que la tasa activa propia del mercado financiero, como es la ordenada en la sentencia en su composición contempla un componente inflacionario y por ello no se puede descalificar al legislador.
Hace hincapié en que la parte en lugar de perseguir la sustitución de una tasa por otra pretende una indexación, es decir repotenciar las deudas partiendo del incremento de los intereses por fuera de los límites del seguro. Dentro de una acción sistémica ha sido descalificado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en Fallos 315:2558; 316:1972.
Dice no compartir los fundamentos de “Linares Andrés c/ Experta ART.S.A. s/ laboral” a pesar de no haber sido recurrida, toda vez que en materia de riesgos de trabajo rige un interés legal y se trata de una normativa de orden público que no depende de la voluntad del juzgador invocando el art. 768 del CCyC.
Aclara que se dispuso en ese precedente es el interés moratorio regulado en el art. 3 del art 12 es decir el que corre desde la fecha de pago de la liquidación judicial en adelante es decir un interés en adelante y no es factible anticipar ahora un juicio de valor sobre la aptitud compensadora de la inflación y no se corresponde con el período de actualización que pretende modificar el actor.
Señala por último que la automaticidad de la cobertura de este seguro, con sustento de la responsabilidad objetiva tiene como contracara el límite tarifario de su cobertura. Razona que si el actor pretendía una mayor reparación que éste sistema tenía para darle, debió encarar una acción civil y que se vuelve inaceptable su pretensión de incrementar la condena por fuera de los límites de la cobertura y ello afectaría el derecho de propiedad de su mandante. Concluye que al confundirse la verdadera tasa de interés que se pretende revocar no se ha demostrado la pretendida inflación que el interés dispuesto dejaría de subsanar violentando la congruencia procesal sin sustento en la ley ni en la jurisprudencia. Reserva el caso federal.
V. Que resumidos en esta forma los argumentos vertidos por las partes nos encontramos en este momento con que se ha publicado en el Boletín Oficial la ley 27.802 de Modernización Laboral que en su art. 217 establece su vigencia a partir de su publicación, ocurrida el 6 de mayo. Dicha norma en su art. 55 establece: "En los juicios en trámite y aún pendientes de sentencia definitiva, a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, incluidos los recursos de queja que se encuentren pendientes de resolución, los créditos provenientes de las relaciones individuales de trabajo serán actualizados en base a los siguientes criterios: a) A través de la aplicación de intereses moratorios a la tasa pasiva determinada por el Banco Central de la República Argentina a estos fines por el período correspondiente; b) En ningún caso el resultado , aplicando las pautas del inciso a) del presente artículo, podrá ser superior al importe derivado de adicional al capital histórico la suma resultante de la aplicación sobre el mmismo del Índice de Precios al Consumidor suministrado por el Instituto Nacional de Estadíticas y Censos con más la tasa del tres por ciento anual. c) El valor resultante no podrá ser inferior al sesenta y siete por ciento obtenido de aplicar las pautas del inciso b) del presente artículo. Las disposiciones del presente artículo son de órden público y serán aplicadas por los jueces o por la autoridad administrativa de oficio o a petición de parte, incluso en los concursos del deudor, así también despues de la declaración de quiebra."
Esta norma resuelve la cuestión con una nueva solución no articulada por las partes y debe ser aplicada de oficio por los jueces por imperativo de una disposición de orden público. El Gabinete Contable deberá aplicar la tasa pasiva determinada por el BCRA por el periodo correspondiente, que no podrá ser superior al derivado de aplicar al capital histórico la suma de aplicar sobre el mismo el IPC suministrado por el INDEC pero que no podrá ser inferior al 67% del cálculo aplicando las cláusulas del inciso b). El Gabinete Contable deberá aportar el desarrollo de las tres operaciones para su control indicando la suma que se ajusta a estas pautas.
Por ello, por una circunstancia posterior la petición de la parte actora deben tener favorable acogida. En atención a que se trata de una solución impuesta por una norma de orden pública por lo que se trataba de una cuestión discutida donde las partes pudieron ambas creerse con derecho a sus planteos propongo imponer las costas en el orden causado (art. 68 segundo párrafo del CPCC). Es mi voto.
A LA PRIMERA CUESTIÓN la Dra. Bard dijo:
VI. Comparto el resumen de los agravios realizados por el Juez preopinante pero disiento parcialmente de la solución que propicia en su voto. Así se observa que la cuestión traída a conocimiento se limita a cuestionar la validez y suficiencia del régimen de intereses aplicable a los créditos derivados de la Ley de Riesgos del Trabajo, y su eventual insuficiencia para recomponer el valor del crédito. Entiendo que estamos en presencia de un régimen especial instituido por la Ley 24.557, de naturaleza tarifada y de orden público. La ley de modernización laboral, cuya aplicación se propicia en el caso, no invalida a mi criterio las disposiciones referidas a la ley de riesgos del trabajo, pues se trata de una cuestión interpretativa de aplicar la ley especial. Así en el caso la ley 27802 en su art. 154 introduce modificaciones a la ley de Riesgos del Trabajo, con relación a las comisiones médicas, pero nada más. Por ello considero que en el punto debe aplicarse la ley especial en la materia y no la general que no la modifica en el punto. En tal sentido, cabe recordar que el Máximo Tribunal de la Nación, en la causa “Calderón” (Calderón, Celia Graciela c/ Asociart ART S.A., Fallos: 342:411-2019), reiteró que el régimen instituido por la Ley 24.557 constituye un sistema especial de reparación tarifada, en tanto responde a una opción de política legislativa basada en la automaticidad de las prestaciones y la responsabilidad objetiva del empleador asegurado. En atención a ello entiendo que el razonamiento propuesto por el Dr. Monelos no es aplicable al caso.-
Aclarado ello, corresponde señalar que el art. 12 de la Ley 24.557, en la redacción introducida por la Ley 27.348 —vigente con anterioridad al dictado del Decreto 669/2019— establecía que dicho ingreso debía calcularse como el promedio de las remuneraciones sujetas a aportes correspondientes a los doce meses anteriores a la primera manifestación invalidante y, disponía su actualización mediante la aplicación de un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, desde dicha fecha hasta la determinación de la prestación. El Decreto 669/2019 modificó este mecanismo, pero se declaró su inconstitucionalidad en el fallo recurrido, lo que no fue materia de recurso.- En el particular el recurrente señala diversos cuestionamientos constitucionales en tanto, el índice adoptado podría no reflejar adecuadamente la pérdida del poder adquisitivo de la prestación.
Llegado este punto voy a reiterar los argumentos utilizado en la causa invocada por el recurrente (LINARES DANIEL ANDRES C/ EXPERTA ART S.A. S/ ACCIDENTE LABORAL”, Expte. Nº 20.159, Sent. del 15/9/2025, TOMO: CIII, REG.: 3142, FOLIO: 134/139, PROT. ELECT. A201 046 S.251) Señalé en dicha oportunidad que "En cuanto a la tasa de interés moratorio el inc. c) del art. 768 del CPCC (que considero aplicable al caso) delega en los jueces/as la determinación de la tasa aplicable conforme las reglamentaciones del BCRA. Por lo que, mientras no exista una ley especial o cuando dicha ley no consagre una reparación constitucionalmente adecuada, los juzgadores debemos fijar una tasa de interés respetando la Constitución a los fines de no agravar el daño ni afectar el derecho de propiedad del trabajador (arts. 14, 14 bis, 17 y 19 de la CN), debiendo procurarse que la reparación o resarcimiento sea integral, general o completa.
Ante la existencia de una situación desigual de poder en las relaciones laborales, el principio protectorio del art. 14 bis de la CN que establece y garantiza derechos laborales y sociales fundamentales para el trabajador, exige que dicha desigualdad sea compensada en favor del sujeto de preferente tutela constitucional por cualquiera de las otras dos vías (legal o judicial) de fijación de la tasa de interés moratorio. En el presente caso se debe analizar y sentenciar conforme a sus propias circunstancias, a la realidad económica y las normas aplicables. Entiendo que utilizar la tasa activa en los presentes es contrario a los intereses del trabajador cuyo crédito laboral, de indudable naturaleza alimentaria".-
Por tales fundamentos, llego a similar solución que la propugnada por el Dr. Monelos pero con diferente fundamento; pues entiendo que corresponde aplicar la Tasa Pasiva promedio mensual que publica el Banco Central de la República Argentina a fin de recomponer adecuadamente el crédito de autos siendo ello además la doctrina casatoria del Tribunal Superior de la Provincia y habiendo quedado acreditada la insuficiencia de los intereses que propone el juzgador de grado (arts. 14, 14 bis, 17, 18 y 19 de la CN; 768 inc. c) del CCyCN; arts. 6 y 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; y art. 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos).
En cuanto a las costas de esta instancia, teniendo en cuenta que la solución adoptada deriva de diferentes posturas y a partir de una norma sobreviniente propongo imponerlas en el orden causado (art. 68 del CPCC). A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Horacio M. Fernandez dijo:
VII. Que voy a adherir a la postura de la Dra. Bard en la disidencia que se ha planteado entre los jueces preopinantes. Ello así ya que tal como opina la nombrada, estamos en el caso frente a una acción sistémica encuadrada dentro de un régimen legislativo especial, esto es ley 24557, que no se ha visto modificado por la denominada ley de modernización laboral, en lo que aquí particularmente respecta. Pues, el recurrente cuestiona el sistema de actualización de las prestaciones dinerarias mediante el régimen de intereses previsto en la ley especial, en concreto en el art. 12 según redacción dada por el art. 11 de la ley 27.348, el que no ha sido sustituido por aquella norma general (ley 27.802) que ciertamente centraliza las modificaciones que introduce en la Ley de Contrato de Trabajo (Ley 20.744) sin alterar el sistema aludido que se mantiene vigente. En definitiva, se tratan de sistemas distintos y por ello, al igual que mi colega preopinante, no comparto la postura del Dr. Monelos. Por estas reseñas y conforme lo anticipe, adhiero entonces al voto de la Dra. Griselda Bard.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
VIII. Que en función de las consideraciones vertidas precedentemente en mi voto propongo al Acuerdo dictar el siguiente pronunciamiento: 1º) Resolver oficiosamente la cuestión traída a resolver aplicando la solución dispuesta por el art. 55 de la ley 27802. 2º) Imponer las costas de la instancia en el orden causado (art. 68 párrafo segundo del CPCC).
3. Diferir la regulación del honorario de los profesionales intervinientes hasta que exista regulación en la instancia de grado. 4º) Regístrese, notifíquese y oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN la Dra. Bard dijo:
IX. En función de las razones expuestas en mi voto propongo al Acuerdo dictar el siguiente pronunciamiento: 1º) Admitir parcialmente el agravio de la parte actora, modificando la tasa de interés, correspondiendo aplicar la Tasa Pasiva promedio mensual que publica el Banco Central de la República Argentina sobre el capital de condena. 2º) Imponer las costas en la instancia en el orden causado (art. 68 CPCC). 3º) Diferir la regulación de honorarios hasta tanto se encuentren determinados en la instancia de grado.
4. Registrar, notificar y oportunamente devolver los autos al Juzgado de origen.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Horacio M. Fernandez dijo:
X. Adhiero a la propuesta de acuerdo formulada por la Dra. Griselda Bard.
Por ello se dicta la siguiente sentencia:
Caleta Olivia, 16 de abril de dos mil veintiséis.
Y
Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo transcripto precedentemente, resultado de la votación, citas legales y lo dispuesto por el art. 44 de la ley 1 Orgánica del Poder Judicial la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial, por mayoría, F A L L A:
1. Admitir parcialmente el agravio de la parte actora, modificando la tasa de interés, correspondiendo aplicar la Tasa Pasiva promedio mensual que publica el Banco Central de la República Argentina sobre el capital de condena. 2º) Imponer las costas en la instancia en el orden causado (art. 68 CPCC). 3º) Diferir la regulación de honorarios hasta tanto se encuentren determinados en la instancia de grado. 4°) Registrar, notificar y oportunamente devolver los autos al Juzgado de origen. Fdo. Horacio M. Fernández- Juez de Cámara; Humberto Monelos – Juez de Cámara; Ante Mí: Carolina M. Lima- Secretaria de Cámara. -
Protocolización: A201 021 S.261 Tomo: CV Sentencia: 3192 Folio Nº: 107/113 Secretaria: 1
Fin de la sentencia