Abriendo la norma
Cámara Penal Sala I de Morón.causa Balor · Causa 15379
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Establecer que la pena única de PRISION PERPETUA, accesorias legales, costas y declaración de reincidencia impuesta a JOSE GERARDO BALOR, VENCE el 15 de ENERO de 2027, operando su caducidad registral el mismo día y mes pero del año 2037 (arts. 13 s/ Ley 11221, 14, 16 y 53 del C.P.; 500 del C.P.P.) 2) Disponer que el nombrado se encontrará en condiciones temporales de acceder a la libertad condicional a partir del 15 de enero de 2022. Y 3) Fijar en la suma de doscientos noventa y seis pesos los gastos y costas causídicas (83 de la Ley 14653).
CV (Ca. 15379)
///la Ciudad de Morón, a los 25 días del mes de noviembre del año dos mil quince, se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores Jueces de la Sala Uno de la Excma. Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial Morón, Doctores Fernando Gabriel Bellido, Fabián Cardoso y Diego Matías Grau, bajo la presidencia de su titular nombrado en primer término, a fin de resolver en la Causa N° 15.379 caratulada: “BALOR, JOSE GERARDO S/ HOMICIDIO CRIMINIS CAUSAE Y OTROS”. Practicado el sorteo de ley, resultó que en la votación debía observarse el siguiente orden: CARDOSO – GRAU - BELLIDO.
El Tribunal resolvió plantear y votar la siguiente:
Primera: ¿Cómo deben computarse los plazos de detención de José Gerardo Balor?.
Segunda: ¿Cual es la pena máxima que debe cumplir el nombrado?.
Tercera: ¿Que pronunciamiento corresponde dictar?.
A LA PRIMERA CUESTION: El señor Juez Doctor Cardoso dijo:
I. En autos se ha practicado el cómputo de la pena impuesta al condenado José Gerardo Balor, y la liquidación de los gastos y costas del proceso de conformidad con lo establecido en el artículo 500 del C.P.P. s/ Ley 13.943.
II. De dicha certificación y de las constancias de la causa surge que el nombrado Balor fue condenado el 6 de febrero de 2012 –en definitiva- a la pena única de prisión perpetua, accesorias legales, declaración de reincidencia y costas, siendo detenido en esta causa el 8 de septiembre de 1994, permaneciendo en tal situación hasta el 28 de diciembre de 1999, cuando fue excarcelado sin caución ni restricción alguna (fs. 196/197 y 201 del incidente N° 14738 corriente por cuerda), es decir, sin las obligaciones propias de la libertad condicional, por lo que no es de aplicación la línea argumental que la Suprema Corte Provincial expuso en la causa P. 92.518 “L., CH., Robo Calificado, Fallo del 9 de marzo de 2005.
Luego en la Causa N° 124 del Juzgado en lo Correccional N° 4 del Departamento Judicial La Matanza, permaneció detenido desde el 25 de febrero de 2005 hasta el 17 de febrero de 2006, cuando se le concedió la libertad condicional (fs. 1412/vta.); y, en la Causa 683/2006 del Tribunal en lo Criminal N° 1 de La Matanza, estuvo privado de su libertad entre el 10 de marzo de 2006 y el 09 de marzo de 2011, cuando agotó la pena allí impuesta (fs. 1436/vta. y 1439). Posteriormente, al haber quedado firme la sentencia dictada en autos, fue nuevamente detenido el 20 de agosto de 2011 (fs. 1374/1375), permaneciendo en tal situación hasta el día de la fecha.
III. Por ello considero que, con aplicación de la Ley Nacional 24.390, queda establecido que desde el 08/09/1994 al 07/09/1996 cumplió dos años (simples) de prisión preventiva; desde el 08/09/1996 hasta el 28/12/1999, tres años tres meses y veintiún días de cómputo doble, es decir, seis años siete meses y doce días de prisión preventiva; desde 25/02/2005 al 17/02/2006, cumplió once meses y veintitrés días, también dobles, por lo que son un año once meses y dieciséis días; y desde el 10/03/2006 hasta el 09/03/2011, permaneció privado de su libertad cinco años, que contados dobles son diez años. Que sumados dichos períodos hacen un total de veinte años seis meses y veintiocho días.
Así lo voto.
A LA MISMA PRIMERA CUESTION: el señor Juez Doctor Grau dijo:
I. Que disiento con lo expuesto en el voto antecede, pues considero que, en el supuesto de autos, no todos los períodos en los que Balor estuvo detenido deben ser alcanzados con el beneficio establecido por la Ley 24.390.
Veamos que, si bien las causas Nro. 124 y Nro. 683/2006 del Departamento Judicial La Matanza integran la pena única impuesta, los hechos allí cometidos ocurrieron cuando el beneficio de cómputo doble había sido derogado por la Ley 25.430, por lo que no resultaría acertado hacer extensivo los efectos del cómputo privilegiado a períodos de detención cumplidos en relación a hechos cometidos fuera de su marco temporal de vigencia. Podemos complementar lo expuesto diciendo que, a partir de una visión que no se priva de la concepción realista del derecho, no puede dejar de considerarse que el remedio procesal articulado toma la forma de medio para alcanzar la plena operatividad de una previsión que disminuya los plazos de encierro, desde que procura el ingreso del conflicto ventilado en el universo de aquellos alcanzados por la previsión normativa que lo beneficiaría. Así, como en todas las cuestiones que involucren aspectos que puedan impresionar apriorísticamente como fundamentales, merece, en clave de hallar la solución más adecuada, un análisis integral, inclusive abordando aquellos aspectos que pueden parecer ajenos pese a ser protagónicos.
Y es en esta faena donde encontramos, como primer obstáculo, que la situación planteada no puede operar como una premisa del necesario silogismo que integra una conclusión. Viene al caso destacar, tal como se sostuvo en la Causa N° 27.618 de esta Sala, que en la actualidad, la incorporación no sólo con carácter operativo de preceptos constitucionales, sino también el paso de una lógica formal a una material, tomar los valores y principios como guía de la decisión de que se trate -colocando al hombre como ser social centro de cualquier análisis-, y procurando darle a cada aspecto de la persona la real vigencia de los derechos de los que es titular, muestran como consecuencia un modelo que tiende a proveer los medios para encontrar en cada caso la solución más justa. Y esa noción de justicia no puede divorciarse de los intereses legítimos de todos los involucrados, bajo pena de generar nuevamente un sistema deficiente, labor que requiere en ocasiones desentrañar lo real de lo aparente, considerar los argumentos axiológicamente válidos, razonables y proporcionales, y diferenciarlos de los que intentan torcer el fin de un marco reglado hacia un lugar en el que el orden jurídico quizás no pensó jamás, o aceptó por considerar solo el imperio de la concepción normativista que intentó darle al Derecho la forma de una ciencia exacta, cuando su objeto de estudio –el hombre en sociedad- impide tamaña estructuración.
En esta línea de pensamiento, e intentando llegar a la solución más adecuada, nos encontramos con que la aplicación del art. 7 de la Ley Nacional 24.390 importó en su momento un intento de compensar la demora del Estado para quienes permanecían largo períodos de detención sin sentencia firme, no para aquéllos que -como el condenado en este proceso -, hubieran sido condenados, luego excarcelados sin restricción alguna, y finalmente hallados culpables de otras infracciones cometidas mientras gozaba de dicha libertad cuando ya se encontraba derogada la norma cuya aplicación pretende. Una solución distinta, entiendo, contribuiría con la desnaturalización de aquel instituto, el que, demás está decir, dejó en evidencia su ineficacia y permeabilidad a la especulación.
De allí que intentar que la aplicación de dicho artículo a la primera de las condenas -conformantes luego de la pena única- se traslade a todas las posteriores consecuencias jurídicas de los actos antijurídicos del causante, no revista un análisis que impresione como derivación racional del Derecho vigente, ni siquiera desde la posición más formalista.
II. Así las cosas, considero que debe establecerse que desde el 08/09/1994 al 07/09/1996 cumplió dos años (simples) de prisión preventiva; y desde el 08/09/1996 hasta el 28/12/1999, tres años tres meses y veintiún días de cómputo doble, es decir, un parcial de seis años siete meses y doce días de prisión preventiva; pero desde 25/02/2005 al 17/02/2006, cumplió once meses y veintitrés días, que no se cuentan dobles; y desde el 10/03/2006 hasta el 09/03/2011, permaneció privado de su libertad cinco años, que tampoco deben ser contados dobles.
Por lo cual, sumados dichos períodos hacen un total de catorce años siete meses y cinco días, que deben ser tenidos en cuenta a partir del día en que finalmente se lo privó de su libertad por sentencia firme, es decir el 20 de agosto de 2011.
Así lo voto.
A LA MISMA PRIMERA CUESTION: el señor Juez Doctor Bellido dijo:
Que conforme consideré en la Causa N° 14979 (Sentencia del 26 de octubre de 2015) de los registros de esta Sala Uno, no corresponde aplicar el cómputo privilegiado establecido por la Ley 24.390 a los hechos cometidos bajo el régimen de la Ley 25.430 que lo derogó, por lo tanto comparto lo expuesto por el Dr. Grau y voto en igual sentido.
A LA SEGUNDA CUESTION: el señor Juez Doctor Cardoso dijo:
Conforme vengo sosteniendo, es mi criterio que la pena de prisión perpetua y declaración de reincidencia que le fue impuesta a José Gerardo Balor vence una vez transcurridos los veinticinco años de su cumplimiento. Ello, toda vez que el límite se encuentra determinado por el art. 79 del Código Penal, que establece una pena máxima de veinticinco años de prisión o reclusión, sin que la situación pueda variar con la aplicación del art. 50 del mismo Código.
Pues, el art. 55 del C.P. anterior ley 25.928 estableció, a los fines de determinar el máximo de la pena en los casos de concurso real de delitos, un sistema denominado por la doctrina de “acumulación jurídica”, en el cual se procede a la suma de las penas máximas de los diversos delitos, fijándose límites con el objeto de atemperar los rigores de la acumulación material (CONF.
TRATADO DE DERECHO PENAL, TOMO I, PAG. 509, GOMEZ EUSEBIO).
En los casos en que se fijaban penas de prisión y reclusión divisibles, no existía controversia alguna ya que el límite se encontraba determinado por el art. 79 del Código de Fondo, que establecía una pena máxima de veinticinco años privativa de la libertad.
Tal situación, en cuanto a su interpretación fue puesta en crisis ante el dictado de la ley 23.077, título “Delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional” el cual, conforme los montos establecidos, llevó a considerar viable aumentar la pena en los casos de concurso real a treinta y siete años y seis meses de las penas privativas de la libertad (prisión o reclusión). Enrólese cada quien en la postura en la que dicho agravante lo es genérico o específico a los delitos que atenten contra los poderes o el orden constitucional, lo cierto es que la aplicación de tal supuesto, desencajaría otros institutos, de la parte general, establecidos por el Código Penal.
Así las cosas, dicha interpretación resulta a todas luces inconciliable y asistemática.
Basta como ejemplo a los fines de lo irrazonable de tal construcción, que por esa vía, dejaría sin sustento lógico, las disposiciones de la parte general sobre libertad condicional, prescripción, tentativa y participación, ya que dichos institutos preverían requisitos, plazos o penas menores para casos de penas perpetuas que para penas temporales de máxima duración (CONF.
CODIGO PENAL, AÑO 2002, EDITORIAL HAMMURABI SRL, BS. AS.
ARGENTINA, TOMO II, PAG. 440, ZAFFARONI-BAIGUN-DIRECTORES).
En tal sentido la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que el principio de la proporcionalidad de la pena opera únicamente para limitar los excesos del poder punitivo estatal respecto de eventuales transgresores a las leyes.
La proporcionalidad de la pena no puede resolverse en fórmulas matemáticas sino que sólo exige un mínimo de razonabilidad para que la conminación penal pueda ser aceptada en un estado de derecho.
Son incompatibles con la Constitución las penas crueles o que consistan en mortificaciones mayores que aquellas que su naturaleza impone (art. 18 de la Const. Nac.) y las que expresan una falta de correspondencia inconciliable entre el bien jurídico lesionado por el delito y la intensidad o extensión de la privación de bienes jurídicos del delincuente como consecuencia de la comisión de aquel, que resulta repugnante a la protección de la dignidad de la persona humana, centro sobre el que gira la organización de los derechos fundamentales de nuestro orden constitucional...” (SCJN, P. 199, XXIII, P., M.C. y otros s/robo con armas; FALLOS 314:424).
Infiriendo entonces que la interpretación del mentado art. 227 ter del C.P. debe analizarse con pautas desde la razonabilidad, es por ello que entiendo que el máximo de la pena posible de aplicación es la de veinticinco años de prisión o reclusión.
A ello, debo agregar que el límite también se encuentra establecido por el art. 13 –vigente al momento de los hechos- del citado Código Penal, pues establecía la libertad condicional para los condenados a pena perpetua luego de transcurridos veinte años de su cumplimiento, y la extensión de las reglas de conducta durante un período de cinco años, después del cual se agotaba la sanción; con lo cual, pese al carácter de “perpetua”, el plazo máximo es de veinticinco años. Entonces, la diferencia para el reincidente es la imposibilidad de obtener la salida anticipada en esos términos (conf. art. 14) pero de ninguna manera aumentar el plazo máximo de la pena.
Así lo voto.
A LA MISMA SEGUNDA CUESTION: el señor Juez Doctor Grau dijo:
Que nuevamente, y por no compartir los fundamentos expuestos en el voto que antecede, es que me permito disentir con sus conclusiones.
Y esto es así pues, si bien los argumentos de mi colega preopinante se integran con pautas de razonamiento claras y coherentes, que llegan incluso a entregar una conclusión que impresiona como adecuada, no menos cierto es que, del modo en que se intentará desarrollar en mi voto, tales postulados puedan verse complementados con elementos que hacen a la pretensión de mantener una sistemática legal que evite puntos de contacto entre sus previsiones, y que éstos coloquen en situaciones similares a supuestos fácticos de suyo no equiparables.
Debo decir ante todo, y en este orden de ideas, que en ocasión de integrarme a esta Sala tomé conocimiento de la existencia de precedentes donde se verificaban disidencias sobre el punto. A partir de ello, y luego de un detenido estudio de la cuestión, que en este caso nuevamente –para el órgano- viene a conocimiento, encontré en la posición que viene sosteniendo el Dr. Bellido la complementación, en la conclusión, de aquellos aspectos que hacen a la pretensa armonía del sistema.
De tal modo adelanto que, a mi modesto juicio, el vencimiento de las penas perpetuas con declaración de reincidencia operaría a los treinta años, en tanto que la persona sometida a dicha sanción podría recuperar su libertad, en la forma de libertad condicional, luego de 25 años de encierro. Como primer elemento integrador de tal juicio diré que, superada la discusión sobre la interpretación que mostraría aplicable el artículo 227 ter del ordenamiento sustantivo en unos casos, o el Estatuto de Roma en otros, que por inaplicable a una situación como la de autos –en el primero- y por no hallarse en vigencia al momento del hecho –en el segundo-, mas la necesidad de respetar el principio de la ley penal mas benigna como la imposibilidad de aplicación retroactiva de las previsiones en esta materia, llevan a intentar sortear el problema de la mano de la primera fuente de exégesis de la ley, que es su letra (fallos 333:858, CSJN, “Acosta”, rta. el 23 de abril de 2008).
Y esta labor debe, por caso, concebirse además teniendo en cuenta el carril que la interpretación entregaba en el momento de los hechos, la que podemos convenir no permitía, del modo en que hoy vemos frecuentemente, un mayor apartamiento de la hermenéutica tradicional.
Así las cosas, podemos ver que la razonada posición del Dr. Cardoso, que concluye en el vencimiento de la pena perpetua mas declaración de reincidencia a los 25 años, conlleva en lo conceptual la equiparación de una eventual pena temporal a la perpetua, pues quien pudo haber sido condenado a 25 años de prisión se encontraría en igual situación que aquel que lo fue a una pena perpetua, siendo que ésta última, analizada desde el plano lingüístico, indica otra cosa, claramente mas grave.
Dicha sistemática tampoco puede mostrarse como generadora de una posición contraria y absoluta que le de total literalidad al término –hablo de la idea de perpetuidad-, pues, como todos sabemos, la posición mayoritaria actual impone establecer una fecha determinable para el agotamiento de cualquier pena privativa de la libertad, y ello si puede trasladarse a la realidad verificable en la época de los hechos, pues se da la excepción que lo permite por mostrarse mas cercana al respeto de la dignidad humana, principio pro homine mediante.
Veamos entonces que el máximo Tribunal provincial sostuvo en la causa P. 84.479 “G., A..F. Homicidio y otros. Incidente de Libertad Condicional” que “…A partir de la reforma de la Constitución nacional en el año 1994 ha quedado incorporada la finalidad de “prevención especial” o “readaptación social” para la pena privativa de libertad: arts. 75 inc. 22 Constitución nacional; 10.3 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 5.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y con jerarquía superior a las leyes internas, las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos de las Naciones Unidas (regla 63 y siguientes), las que configuran las “pautas fundamentales a las que debe adecuarse toda detención” (CSJN in re “V.;…”, sent del 3-V-2005)…”.
En base a esa línea el Superior Tribunal concluyó diciendo que “impedir al condenado a prisión o reclusión perpetua y también declarado reincidente, la posibilidad de acceder en algún momento a la libertad importa negar (a través de una presunción iure et de iure) que la ejecución de la pena pueda surtir efecto resocializador –finalidad consagrada constitucionalmente- en la persona del delincuente, impidiéndole absolutamente reintegrarse a la sociedad, vulnerándose derechos fundamentales del ser humano”.
En ese sentido, y volviendo a lo medular del método de interpretación que entiendo adecuado, previo incorporar el postulado que la evolución del Derecho le acuerda a una persona involucrada en un supuesto como el de autos, no encontramos entonces con las previsiones del código sustantivo. Viene a escena, así, que el instituto de la libertad condicional, contemplado en el artículo 13 del Código de fondo se encontraba, para las penas perpetuas –en la época de los hechos-, prevista para luego de los veinte años de cumplimiento.
El artículo 14, del mismo cuerpo legal indicaba que esa forma anticipada de externación no operaba para reincidentes, situación verificada en este expediente. Ello llevaría a una primera conclusión que indicaría la no vigencia de tal forma de libertad para los reincidentes, sin embargo, recordemos la línea argumental de la Corte Provincial que impone una solución contraria.
Vemos también, lo que pueda operar como una contradicción, que en los casos de la máxima sanción que preveía el sistema penal –hablo de las reclusiones por tiempo indeterminado- se contemplaba la posibilidad de libertad condicional luego de cumplidos 5 años de la reclusión accesoria.
Y es así que no puede pasar por alto esta última previsión, pues, como surge de la siguiente cita “…El art. 53 del C.P. (…)debe seguir operando al momento de fijar una fecha de posible egreso, porque allí se prevé un momento en que ello pueda ocurrir respecto de multirreincidentes y de autores de homicidios calificados del art. 80 del C.P. Consecuencia de ello es que la prohibición del art. 14 del C. Penal no se proyecta como impedimento de salida en algún momento de la ejecución de la pena. De otra manera, sería irrazonable que para la ley, el multirreincidente pueda acceder a la libertad del art. 53 del C. Penal y el reincidente no pueda hacerlo.-…” (extraído del voto del Dr. Pitlevnik en la causa nro. 76.272 de la Sala II de la Excma. Cámara de Apelación y Garantías de San Isidro).
Resulta que es éste último razonamiento el que comparto plenamente, y entiendo permite superar cualquier controversia.
Puede entonces sostenerse que, intentando encontrar un punto intermedio entre las reglas aplicables a las penas temporales y la forma de analizar una sanción con la accesoria de reclusión por tiempo indeterminado, es razonable la operación que se indicó al comienzo, pues parece mantener la armonía de la sistemática penal sin sacrificar los aceptados fines de la pena. A mayor respaldo puede verse que en la causa 55.700 de la Sala Quinta del Tribunal de Casación Penal Provincial, resuelta el 3 de octubre de 2013, y que justamente es la citada por el Juez Bellido en sus votos, se concluyó de ese modo. La cita textual dice “…los condenados a penas perpetuas que sean reincidentes pueden obtener el beneficio de la libertad condicional al cumplir veinticinco años de reclusión o prisión y, a partir de ello, transcurrido el plazo de cinco años sin que la libertad haya sido revocada, extinguir la pena por aplicación de los dispuesto en los artículo 13, 14, 16 y 53 del Código Penal…”. Por lo expuesto, soy de la opinión que en los casos de personas condenadas a penas perpetuas –indistintamente de que se traten de prisión o reclusión— con declaración de reincidencia, se encuentran en condiciones temporales de acceder a la libertad condicional a los 25 años, necesitándose otros 5 años para que opere la extinción de la pena.
A LA MISMA SEGUNDA CUESTION: el señor Juez Doctor Bellido dijo:
Que como ya venía sosteniendo en otros casos, opino que la pena perpetua con declaración de reincidencia debe tenerse por agotada transcurridos los treinta años de cumplimiento de dicha sanción, por lo tanto realizando un análisis de la cuestión, coincido con lo expuesto por el Dr. Grau, en cuanto a que en dichos casos, los condenados podrán obtener la libertad condicional una vez cumplidos los veinticinco años (art. 13 del C.P. texto anterior a la Ley 25892), y siempre que se den las demás circunstancias para ello. Así lo voto.
A LA TERCERA CUESTION: el señor Juez Doctor Cardoso dijo:
Teniendo en cuenta como han quedado resueltas las anteriores cuestiones, debe establecerse que José Gerardo Balor se encontrará en condiciones temporales de acceder a la libertad condicional a partir del 15 de enero de 2022, y el vencimiento de la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas con declaración de reincidencia se producirá cinco años despues, es decir, el 15 de enero de 2027, operando su caducidad registral el mismo día y mes pero del año 2037.
En concepto de gastos y costas causídicas corresponde fijar la suma de doscientos noventa y seis pesos (art. 83 Ley 14.653).
A LA MISMA TERCERA CUESTION: el señor Juez Doctor Grau dijo:
Que por lo expuesto precedentemente, a lo que adhiero, voto en el mismo sentido.
A LA MISMA TERCERA CUESTION: el señor Juez Doctor Bellido dijo:
Que comparto lo establecido precedentemente, a lo que adhiero, por lo que voto de igual forma.
Con lo que se dio por terminado el Acuerdo, expidiéndose la siguiente:
Por lo decidido en el acuerdo que antecede, y citas legales que contiene, este Tribunal conforme las mayorías establecidas RESUELVE: 1) Establecer que la pena única de PRISION PERPETUA, accesorias legales, costas y declaración de reincidencia impuesta a JOSE GERARDO BALOR, VENCE el 15 de ENERO de 2027, operando su caducidad registral el mismo día y mes pero del año 2037 (arts. 13 s/ Ley 11221, 14, 16 y 53 del C.P.; 500 del C.P.P.) 2) Disponer que el nombrado se encontrará en condiciones temporales de acceder a la libertad condicional a partir del 15 de enero de 2022. Y 3) Fijar en la suma de doscientos noventa y seis pesos los gastos y costas causídicas (83 de la Ley 14653).
Regístrese copia. Notifíquesela al señor Fiscal General Departamental, a Balor y a su Defensa. Hágase saber al Servicio Penitenciario Bonaerense para su registro en el respectivo legajo. Oportunamente líbrense las correspondientes comunicaciones de ley. FDO. DRES. CARDOSO- GRAU-BELLIDO-JUECES DE CAMARA - ANTE MI: DRA. GOMEZ- SECRETARIA.------------------------------------------------------------------------------
Fin de la sentencia