Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa B-1.918/13-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la actora a fs. 60/64 vta. y, en consecuencia, decretar la nulidad de la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 53/57, debiendo pasar la causa a los respectivos subrogantes legales de la referida Cámara de Apelaciones para que dicten un nuevo pronunciamiento con arreglo a lo establecido en el presente.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: B-1.918/13-TSJ Sentencia N°: 580.-
Actor: BÁLSAMO MARIA NOEL Demandado: CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN Objeto: ACCION DE AMPARO Fecha: 30-09-14 Texto: TOMO XVII – SENTENCIA – T.S.J..-
REGISTRO Nº 580.-
FOLIO Nº 3.312/3.317.-
PROT. ELECT. TSS1 019 S.141
Río Gallegos, 30 de septiembre de 2014.-
Los presentes autos caratulados “BÁLSAMO MARIA NOEL c/ CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN s/ ACCIÓN DE AMPARO”, Expte. Nº B-24.169/12 (B-1.918/13-TSJ) venidos al Acuerdo para dictar sentencia; y
I. Que llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal en virtud del recurso de casación articulado por la actora a fs. 60/64 vta., contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial, obrante a fs. 53/57, que revoca la sentencia de Primera Instancia que hacía lugar a la acción de amparo interpuesta. Invoca como fundamento la violación de la ley y arbitrariedad.-
II. El caso. La Sra. María Noel Bálsamo promueve acción de amparo (confr. fs. 18/21 vta.) contra el Consejo Provincial de Educación, solicitando “…la INAPLICABILIDAD de la Resolución 1651/12, y en consecuencia el RESTABLECIMIENTO para el año 2013 del puntaje sustraído a mi calificación docente, oportunamente adjudicado por el Item “Publicaciones” establecido por el Acuerdo nº 1046/92, ITEM I, punto 3…” (confr. fs. 18). A través de la resolución mencionada, el Presidente del Consejo Provincial de Educación ordena a las Juntas de Clasificación de los docentes que bajo ningún concepto consideren válidas para el otorgamiento de puntaje las publicaciones en diarios y periódicos provinciales y nacionales (confr. fs. 2).
Afirma que sin evaluación previa del contenido de las publicaciones que realizó se dio de baja un puntaje meritado desde hacía diez años (confr. fs. 19 vta.). Fundamenta su acción en que el acto administrativo se encuentra viciado. En primer lugar, por la falta de notificación, al ser un acto de alcance general considera que el mismo debía ser publicado. En segundo lugar expresa que la Resolución 1651/12 deroga el Acuerdo 1042/92. También estima que viola la ley 14473 (Estatuto Docente), ya que en esta última se establece que las juntas de clasificación deberán considerar, entre varios antecedentes, las publicaciones y estudios vinculadas con la enseñanza. Afirma que “…la Resolución nº 1651/12 conforme lo establece en su artículo 2º, tiene carácter RETROACTIVO, lo cual es violatorio al derecho constitucional de la propiedad, conforme lo prescripto por el Artículo 3º del Código Civil, ya que prohíbe el otorgamiento de puntajes, ‘en todas las publicaciones presentadas hasta la fecha’…” (confr. fs. 20 vta.).- La sentencia de Primera Instancia declara la nulidad de la Resolución Nº 1651/12 del CPE (confr. fs. 34/37 vta.).
El juez de grado afirma que la actora se encuentra alcanzada por el ámbito de aplicación del Estatuto Docente, que regula el ingreso y la carrera de los docentes, gozando de la garantía establecida por el artículo 61 que consagraría la “intangibilidad del puntaje bonificante consolidado” (confr. fs. 36 vta.). Expresa que la Resolución Nº 1651/12 constituye una forma de abuso reglamentario que afecta el debido proceso y el principio de legalidad, resultando “…manifiesta la arbitrariedad e ilegalidad de la resolución adoptada ya que afecta el derecho de propiedad de la actora, así como el derecho a la carrera docente, sin respetar los márgenes de potestad reglamentaria del art. 61 del Estatuto Docente…” (confr. fs. 37), y que la facultad de reglamentar los regímenes de puntuación debió realizarse por Acuerdo del CPE (confr. fs. cit.).- La sentencia de Cámara, afirma que “…no se evidencia que el acto administrativo cuestionado amenace o lesione, en forma actual o inminente, los derechos de naturaleza salarial alegados por la actora, toda vez que el acto repudiado surtirá efectos en la valoración de los antecedentes y su consecuente puntuación para el año próximo por lo que no afectó ni afecta sus derechos patrimoniales ni merma su salario…” (confr. fs. 55 vta.).
También establece que el ordenamiento legal “…no prevé, expresamente el principio de intangibilidad del puntaje bonificante consolidado…” (confr. fs. cit.). Señala que la actora no evidencia la ineficacia de otras vías que le otorga el ordenamiento jurídico provincial, que le permitirían debatir la validez y extensión de la medida adoptada por el presidente del C.P.E. (confr. fs. 56).- Contra esta decisión la actora interpone recurso de casación (confr. fs. 60/64 vta.). Fundamenta el mismo en la errónea aplicación de la ley y arbitrariedad, solicitando la nulidad de la sentencia, aún sin invocar expresamente el artículo 2º de la ley 1687 arguye sobre la causal allí invocada. Seguidamente expresa que, a contrario de lo establecido en la sentencia en crisis, la acción de amparo es la vía más idónea para lograr su pretensión.
Ello en virtud de que optando por la vía recursiva o la demanda contencioso administrativa, hubiera estado en condiciones de promover la acción en el 2013, contemporáneamente con la entrada en vigencia del listado de puntaje (confr. fs. 61 vta.). Estima la recurrente que este acto de la administración amenaza en forma inminente sus derechos, ya que al ver disminuido su puntaje de calificación se verá privada de ascender en su carrera frente a las mejores chances de sus colegas (confr. fs. 62). Por lo que considera que la errónea interpretación y aplicación de la ley provincial Nº 1117 -arts. 2 y 3- afecta de manera actual sus derechos (confr. fs. 62 y vta.). Estima que la declaración de improcedencia formal de la vía, priva al accionante del acceso a una tutela jurídica efectiva y constituye un exceso de rigor formal.
Finaliza su recurso argumentando que corresponde casar la sentencia y descalificarla por la arbitrariedad incurrida, revocándola de conformidad a la correcta interpretación de la ley que cabe aplicar al caso, por haber incurrido la Cámara en arbitrariedades manifiestas al aplicar el derecho vigente, lo que “…importa un directo y flagrante quebrantamiento de sus deberes, ello a la luz de los diversos perjuicios irrogados al actor, y que agravian otra vez derechos y garantías de hondo raigambre constitucional…” (confr. fs. 64). Por último invoca como causal de nulidad de la sentencia la falta de fundamentación suficiente, citando doctrina en sostén de su posición (confr. fs. cit.).- Puestos los autos a disposición de las partes a los fines del artículo 8º de la ley 1687, ninguna de ellas hizo uso de su derecho.-
A fs. 128/130 vta. dictamina el Sr. Agente Fiscal ante este Tribunal. Afirma que “…al adentrarnos en el examen de la correcta aplicación del derecho, esta Fiscalía considera al examinar los agravios invocados que los mismos no resisten el menor análisis atento que de la lectura de sus fundamentos solo surge disconformidad del recurrente con lo resuelto por el a-quo, encontrándose ayuno de motivación el presente como para conmover dicho resolutorio… no sólo no hubo aplicación errónea de la ley por parte de los Jueces de Cámara como pretende la quejosa, sino que la equivocación estuvo en su elección esto es (el remedio excepcional del amparo) para procurar que su pretensión fuera acogida… opina el suscripto que es en la órbita de la justicia administrativa y contencioso administrativa en la que se debieron dilucidar las cuestiones ventiladas en los presentes autos, sin que sea suficiente para interponer la acción de amparo invocar la afectación de derechos constitucionales… Lo hasta aquí expuesto me lleva a afirmar que en el resolutorio impugnado no se ha aplicado erróneamente la Ley ni vulnerado derecho alguno conforme lo alegara la quejosa en su presentación, siendo opinión de esta Fiscalía que el recurso de casación interpuesto por la misma no es procedente…” (confr. fs. 129 vta./130 vta.).- A fs. 131, se llaman autos para dictar sentencia.-
III. Que, cabe recordar en forma preliminar, que las objeciones formulados por la recurrente se efectúan dentro de un proceso constitucional extraordinario, de vía rápida y expedita en su tramitación, con ámbito cognoscitivo restringido reservado para delicadas y extremas situaciones en las que por falta de otros remedios peligra la salvaguarda de derechos fundamentales (confr. CSJN Fallos 303:422 y sus citas), por lo que -inexorablemente- deberán reunirse los recaudos pertinentes que hacen a la procedencia y admisibilidad de la acción de amparo; ello por cuanto para la viabilidad de ésta establecida en la Constitución Nacional tienen que considerarse los principios generales aplicables a la materia que surgen de las pautas precedentemente enunciadas, debiéndose ajustar el recaudo de la petición a la inexistencia de otra vía idónea y el carácter palmario y manifiesto de la lesión, acompañada con la debida demostración en el caso concreto (confr.
CSJN Fallos 303:531, 790), toda vez que no es resorte del Poder Judicial decidir el acierto de los otros poderes para conjugar una situación crítica (confr. CSJN Fallos 304:1761).- En este sentido el Máximo Tribunal Nacional ha expresado que: “…el amparo es un proceso excepcional, utilizable en las delicadas y extremas situaciones en las que, por carencia de otras vías legales aptas, peligra la salvaguarda de derechos fundamentales, y exige para su apertura circunstancias muy particulares caracterizadas por la presencia de arbitrariedad o ilegalidad manifiestas que, ante la ineficacia de los procedimientos ordinarios, originan un daño concreto y grave, sólo eventualmente reparable por esta vía urgente y expeditiva (Fallos: 294:152; 301:1061; 311:1974, entre muchos otros).
En tal sentido, V.E. claramente especificó que la arbitrariedad o ilegalidad manifiestas a que aluden la ley y la jurisprudencia anterior y posterior a su sanción, requieren que la lesión de los derechos o garantías reconocidos por la Constitución Nacional resulte del acto u omisión de la autoridad pública en forma clara e inequívoca, sin necesidad de un largo y profundo estudio de los hechos, ni de un amplio debate o prueba (art. 21, inc. d., de la ley 16.986 y doctrina de Fallos: 245:351; 291:198; 292:140; 295:132; 299:185). Este criterio no ha variado, sin más, por la sanción del nuevo art. 43 de la Constitución Nacional, pues reproduce -en lo que aquí importa- el art. 11 de la ley reglamentaria, imponiéndose idénticos requisitos para su procedencia (Fallos: 319:2955; 323:1825)…” (confr.
CSJN, Fallos: 332:2884, 29/12/2009, del dictamen del Procurador Fiscal que la Corte hace suyo, “Libertad S.A. c. Administración Federal de Ingresos Públicos”, Publicado en: La Ley Online; Cita Online: AR/JUR/59290/2009. Precedente citado por este Tribunal en Tomo XVI, Sentencia, Reg. 542, Folio 3055/3060).- Corresponde recordar lo afirmado por este Tribunal: “…se requiere a los fines de la procedencia del amparo en forma concomitante la existencia de una lesión, restricción, alteración o amenaza de un derecho o garantías constitucionales reconocidas, provenientes de la Administración Pública (conf. art. 2º Ley 1117 y modif.), provocada mediante arbitrariedad o ilegalidad manifiesta…” (confr.
Tomo V, Sentencia, Reg. 183, Folio 993/997).-
Asimismo debemos mencionar el carácter residual que reviste la acción de amparo, que sólo es procedente cuando no existan otros recursos o remedios judiciales que permitan obtener la protección del derecho que se pretende afectado (art. 3, inc. d) de la Ley de Amparo 1117). Concordante con lo expuesto, este Tribunal ha dicho: “…es dable dejar sentado que a los fines de la acción de amparo la petición debe ajustarse a la inexistencia de otra vía idónea y el carácter palmario y manifiesto de la lesión, acompañada con la debida demostración en el caso concreto…” (confr. TSJ Santa Cruz, Tomo XXI, Interlocutorio, Reg. 2702, Folio 4136/4140). También ha afirmado que se requiere, a los fines de la procedencia del amparo, y en forma concomitante, “…la existencia de una lesión, restricción, alteración o amenaza de un derecho o garantías constitucionales reconocidas, provenientes de la Administración Pública (conf. art. 2º Ley 1117 y modif.), provocada mediante arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, y la inexistencia de un procedimiento ordinario o judicial que permita obtener el mismo efecto… Ello por cuanto el amparo no constituye el sucedáneo versátil de la acción contencioso administrativa, sino el remedio singular para las extremas situaciones, en las que por carencia de otras vías legales, se encuentra en peligro la salvaguarda de derechos fundamentales…” (confr.
Tomo V, Sentencia, Reg. 183, Folio 993/997), porque “…si bien es indudable que la letra del artículo 43 de Constitución Nacional reafirma la autonomía del amparo respecto de los demás senderos procesales, no debe perderse de vista que la misma norma constitucional subordina la acción a la ausencia de otro medio judicial más idóneo…” (confr. TSJ Santa Cruz, Tomo XXI, Interlocutorio, Reg. 2659, Folio 4020/4024; ídem, Reg. 2660, Folio 4025/4029).- A mayor abundamiento, resulta claro mencionar que el principio de subsidiariedad impone a quien promueve un juicio de amparo, la carga de demostrar en concreto, la inutilidad -sea por inexistencia o ineficacia- de los demás cauces judiciales de tutela previstos por el ordenamiento jurídico.
Este principio fluye con nitidez tanto de la voluntad del constituyente como de la propia literalidad del artículo 43 de la CN en tanto y en cuanto ésta prescribe que “toda persona puede interponer acción rápida y expedita de amparo siempre que no exista otro medio judicial más idóneo”. De allí que no será constitucionalmente posible admitir directamente la demanda amparista para impugnar un acto sin que, previamente, se tenga por demostrada la ausencia o insuficiencia de procedimientos judiciales, regulares o específicos, con aptitud bastante para salvaguardar la integridad del derecho que se invoca.- El artículo de la Ley Fundamental antes mencionado, no es el único que contiene al amparo, también lo hace el artículo 15 de la Constitución de la Provincia, el artículo 75 inciso 22 a través de los Tratados Internacionales: La Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre (art. 18), La Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 8) y, también, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 25), instrumentos todos que aluden a un remedio efectivo, rápido y sencillo cuya garantía se asienta en cabeza del Estado Parte naciendo su obligación institucional de resguardar los derechos individuales o colectivos.-
IV. A la luz de lo expuesto debemos adelantar que la sentencia en crisis resulta arbitraria. En primer lugar es necesario señalar que el fallo atacado fue dictado el 13/12/2012, por lo que se evidencia como arbitraria la afirmación realizada respecto a que la lesión a los derechos de la actora no sería actual o inminente, por considerar que el acto administrativo entraría en vigencia el año siguiente. Es decir que, en el mes de diciembre la Cámara estima que el daño no sería actual o inminente, porque surtiría efectos en el mes de febrero del año siguiente. Seguidamente establece que debería haber recurrido en la instancia administrativa para luego incoar una demanda contencioso administrativa, sin considerar que en virtud del receso administrativo y la feria judicial, recién durante el mes de febrero podría haber iniciado las acciones pertinentes, es decir una vez que comience a surtir efectos el acto cuestionado. De esta manera la conclusión es arbitraria, mandando a la actora a, en primer lugar, agotar la vía administrativa, para luego iniciar un proceso contencioso administrativo ante este Tribunal, lo cual no podría nunca lograrse antes del inicio del año lectivo.- Resulta oportuno señalar que en el amparo la lesión puede ser: actual, es decir, presente; o inminente, de indudable producción futura. Osvaldo Alfredo Gozaíni afirma que “…La inminencia supone proximidad, cercanía o inmediatez con la producción del acto lesivo, que se funda en algo más que una mera conjetura? cabe apreciar este recaudo con la misma amplitud que han de tener todos los presupuestos de admisibilidad del amparo, actuando más con sentido común que con rigorismo técnico…” (confr. aut. cit., “Derecho Procesal Constitucional, Amparo”, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2002, pág. 279/280).-
La amenaza es una lesión en potencia, es el riesgo de sufrir una lesión de un derecho. La intranquilidad o inseguridad que genera la amenaza impone el deber de evitar que se actualice en daño y la obligación de mitigarla (confr. “La amenaza como requisito del amparo”, José Pablo Descalzi, Publicado en: LLPatagonia 2005 (octubre) , 1222, Cita La Ley Online: AR/DOC/3244/2005).-
Al respecto ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación que “…la acción de amparo tiene una finalidad preventiva y no requiere la existencia de un daño consumado en resguardo de los derechos…” (confr. Fallos 325:2394); y que la vía del amparo es admisible, no sólo contra actos que sean lesivos en forma “actual” sino también contra aquellos que lo sean, como en el caso, en forma “inminente” (confr. Fallos 321:2399).-
Por lo que, en virtud de lo expuesto en los párrafos previos, consideramos que si bien asiste razón a la Cámara al decir que la resolución del Consejo Provincial de Educación surtiría efectos a partir del año siguiente, es necesario remarcar que la lesión en los derechos de la actora resulta ser inminente, ya que resulta innegable que se producirán en el futuro inmediato.-
Por otro lado, en lo que respecta a la idoneidad de otras vías, cabe mencionar nuevamente que recurrir ante la misma administración para así, en caso de rechazo de la solicitud, agotar la vía administrativa y estar en condiciones de acceder a la justicia mediante una acción contencioso administrativa, hubieran sido necesarios plazos muchos mayores. Gozainí expresa que “…Teniendo en cuenta la rapidez que privilegia el sometimiento a las reglas del amparo, cualquier proceso ordinario que tenga igual o similar aptitud para resolver la crisis constitucional desplaza la procedencia de la acción constitucional si completa el recaudo de prontitud y eficacia que lo habilita como proceso concurrente. El requisito de ‘idoneidad’ previsto para las vías paralelas debe confrontarse con la celeridad del medio elegido…” (confr. ob. cit., pág. 316).- Debe, además, ponderarse que, cuando se invoca la existencia de otras vías, éstas, para ser consideradas más idóneas, deben ser más eficaces en la salvaguarda del derecho fundamental lesionado, que el amparo. Teniendo en cuenta que la envergadura de los derechos en juego requieren una respuesta inmediata (confr. TSJ Santa Cruz, Tomo XVII, Sentencia, Reg. 572, Folio 3256/3261).-
Respecto de este punto nuclear, considerando que la presente acción de amparo fue iniciada el 5 de noviembre de 2012, no resulta viable recurrir por la vía ordinaria, en atención a que, por un lado, el acto cuestionado surtiría sus efectos a partir del mes de febrero del año siguiente, y por otro, la cercanía con el receso tanto administrativo como judicial. La Cámara ha incurrido en arbitrariedad al apreciar la idoneidad de la vía ordinaria, al no meritar adecuadamente la celeridad y eficacia de ella. Resulta apropiado afirmar que las vías ordinarias sugeridas por la Cámara se muestran, en este caso particular, inidóneas para una adecuada, rápida y eficaz asistencia de los derechos afectados.- Desde esta perspectiva, consideramos que la decisión del ad quem de desestimar la vía por entender que no se encontraban reunidos los presupuestos para la procedencia del amparo incoado por la actora, importa la adopción de un criterio extremadamente formalista, que atenta contra el concreto restablecimiento de los derechos afectados que el amparo busca asegurar y se despreocupa de las concretas circunstancias planteadas en el sub lite y de la posición de las partes. No se advierte, en este caso, que la vía ordinaria sea más idónea para prestar tutela efectiva a los derechos afectados con arbitrariedad manifiesta.-
Así lo ha establecido la Corte Suprema de Justicia de la Nación: “…el mero señalamiento de la existencia de otras vías procesales implica desconocer que no se debe resistir dogmáticamente la admisibilidad del amparo para ventilar un asunto que, como cualquier otro que se promueva a través de esa acción, contaría, desde luego, con dichas vías alternativas. De otro modo cabría considerar que la Constitución Nacional en su art. 43, ha establecido una garantía procesal que, en definitiva, resultaría intransitable…” (confr. Fallos 330:1755). Si bien la acción de amparo entablada no está destinada a reemplazar medios ordinarios para la solución de controversias, su exclusión por la existencia de otros recursos no puede fundarse en una apreciación meramente ritual e insuficiente, toda vez que la institución tiene por objeto una efectiva protección de derechos más que una ordenación o resguardo de competencias (Fallos 320:1339, 2711; 321:2823; 330:5201).- Por lo que, respecto a este punto en particular, la sentencia en crisis resulta arbitraria.-
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha invalidado -sentencias por el carril de la arbitrariedad- por no ser exhaustivas y carecer de sustento suficiente para ser considerada como un acto jurisdiccional válido (confr. “Abdala, Jacinto P. J. y otros c. Estado Nacional - Ministerio de Defensa - FAA - s/ personal militar y civil de las FFAA y de Seg.”, Publicado en: LA LEY 30/04/2014 , 11 P.q.-S, DJ 04/06/2014 , 28 Cita online: AR/JUR/4898/2014, “Aguas Argentinas c. Municipalidad de Avellaneda s/ demanda declarativa con medida cautelar”, 25/02/2014, Cita online: AR/JUR/512/2014; Fallos: 324:3839; 315:981; 310:236; entre otros).-
V. Resulta necesario señalar que la Cámara afirma que “…el ordenamiento legal vigente no prevé, expresamente el principio de intangibilidad del puntaje bonificante consolidado. Asimismo no se verifica que la resolución atacada sea prima facie violatoria de los dispuesto por el Estatuto Docente…” (confr. fs. 55 vta.), tratando de esta manera superficialmente y sin fundamentación suficiente, uno de los sostenes de la sentencia de Primera Instancia que la Cámara revoca. Únicamente formula una negativa al respecto, sin siquiera fundar someramente esta conclusión, siendo, como se dijo, este punto en particular uno de los principales fundamentos en la sentencia revocada para hacer lugar a la acción de amparo incoada.- La argumentación de la Cámara exhibe una grave contradicción interna, pues desestima el amparo en función de no haber demostrado la actora el daño que le ocasiona la medida, que la misma sea manifiestamente irrazonable y la idoneidad de la vía elegida, sin embargo, afirma paralelamente que el ordenamiento legal vigente no prevé el principio de intangibilidad del puntaje bonificante consolidado, ingresando de esta manera en el fondo de la cuestión, al expedirse respecto de uno de los pilares de la sentencia de primera instancia como se mencionó anteriormente.-
Observamos de esta manera que la respuesta jurisdiccional emanada de la Excma. Cámara no funda adecuadamente su decisión, realizando afirmaciones sin el sustento suficiente que resulta esencial en una sentencia, lo cual no hace más que alojar el decisorio en las puertas de la arbitrariedad. No se advierte en la resolución en crisis un desarrollo argumental que demuestre los fundamentos que den apoyo suficiente a las conclusiones a las que arriba la Cámara.-
En estas condiciones, la carencia de fundamentación que ostenta la sentencia atacada imposibilita a este Tribunal el conocimiento acabado del recurso extraordinario de casación, estando obligados a declarar la nulidad del fallo por quebrantamiento de las formas. Esta facultad -excepcionalmente utilizada por este Tribunal (confr. TSJ Santa Cruz, Tomo VI, Sentencia, Reg. 212, Folio 1142/1144)- debe ser ejercida en autos, atento la circunstancia apuntada.-
Del examen de la sentencia objeto del recurso de casación, en orden a su estructura formal, congruencia y fundamentación (confr. arts. 34 -inc. 4º-, 164 y 165 del CPC y C y art. 2 de la ley 1687), se advierte en forma decisiva que la misma adolece de vicios substanciales que la descalifican como acto jurisdiccional, ya que debe ser condición de validez de los fallos judiciales que sean fundados y constituyan derivación razonada del derecho vigente con aplicación de las circunstancias comprobadas en la causa (confr. TSJ Santa Cruz, Tomo I, Sentencia, Reg. 10, Folio 42/45, entre numerosos otros). Se ha dicho que la motivación parece comprobar, per tabulas, la naturaleza esencialmente lógica de la sentencia y que el silogismo judicial, más que en las construcciones de los teóricos, vive en la realidad judicial, en virtud de que la misma ley exige que toda sentencia sea acompañada de esa especie de radiografía lógica que hace aparecer por transparencia el esqueleto racional.
Couture ha sostenido, que “…La motivación del fallo constituye un deber administrativo del magistrado. La ley se lo impone como una manera de fiscalizar su actividad intelectual frente al caso, a los efectos de poderse comprobar que su decisión es un acto reflexivo, emanado de un estudio de las circunstancias particulares, y no un acto discrecional de su voluntad autoritaria. Una sentencia sin motivación priva a las partes del más elemental de sus poderes de fiscalización sobre los procesos reflexivos del magistrado…” (confr. COUTURE, Eduardo J., ‘Fundamentos del Derecho Procesal Civil’, Ed. Depalma, Bs. As., 3ª edic., 1990, pág. 286).- La decisión que va a ser dada en estos actuados por este Alto Cuerpo trata, en definitiva, del debido contralor de la adecuada motivación de las decisiones, que siempre y necesariamente deben respetar la lógica interior de los hechos, pruebas y legalidad de las respuestas jurisdiccionales, sin lo cual se malogran irremediablemente las garantías del debido proceso, de la defensa en juicio, del derecho de propiedad y, fundamentalmente, del principio de seguridad jurídica.
Esto es, comprobada la falta de tratamiento, de fundamentación o la fundamentación aparente, el acto sentencial no existe como acto procesal válido y, consecuentemente, quebranta las formas estatuidas ritualmente para su conformación; se trata -en el sub lite- de un problema de ausencia o aparente fundamentación válida; ante tal circunstancia el íter establecido por el artículo 2º de la ley citada es el encuadre normativo aplicable.- Que, a modo de conclusión de todo lo expuesto, procede la declaración de nulidad por quebrantamiento de las formas sustanciales (confr. art. 2º de la ley 1687) de la sentencia obrante a fs. 53/57 emanada de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial, por los fundamentos desarrollados en la presente y, por ende, dejarla sin efecto, debiendo operar el reenvío de las presentes actuaciones a los respectivos subrogantes legales de la referida Cámara de Apelaciones para que dicten sentencia conforme a derecho y según corresponda (confr. art. 14 de la ley 1687 -Recurso de Casación-).
Atento el modo en que se resuelve la cuestión, las costas deberán imponerse en el orden causado (art. 16, ley 1117).- Asimismo, y como consecuencia de lo aquí resuelto, es necesario advertir que la exposición desarrollada en el presente tratamiento no implica pronunciamiento alguno sobre la solución de fondo que, en definitiva, merezca el litigio.-
Por todo ello, y oído que fue el Sr. Agente Fiscal, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la actora a fs. 60/64 vta. y, en consecuencia, decretar la nulidad de la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 53/57, debiendo pasar la causa a los respectivos subrogantes legales de la referida Cámara de Apelaciones para que dicten un nuevo pronunciamiento con arreglo a lo establecido en el presente.-
La presente sentencia se dicta con la firma de cuatro miembros del Tribunal por constituir mayoría concordante en la solución del caso (art. 27, 2º párrafo, ley Nº Uno, t.o. ley 2404).-
Fdo: Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal a/c Presidencia-, Dr. Enrique Osvaldo Peretti -Vocal-, Dra. Alicia de los Angeles Mercau -Vocal-, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal- Secretario: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1019S.141 Tomo: XVII Sentencia: 580.-
Folio N°: 3.312/3.317.-
Secretaría: 1
Fin de la sentencia