Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E · Causa 32.764-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRevocar la resolución 245/2012 (AD SANI) dictada en las actuaciones 12627-180-2011 y, por ende, el cargo 18/2012, con costas a la DGA.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-95583216-APN-VOCXIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 30 de Septiembre de 2026 TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION En el día de la fecha se reúnen los vocales de la Sala “E”, Dres. Juan Manuel Soria, Héctor Hugo Juárez y Horacio Joaquín Segura (Vocal subrogante de la Vocalía de la 14ª nominación), con la presidencia del Vocal nombrado en segundo término, a fin de resolver en los autos caratulados: “BALTZER MARITIMA S.R.L. c/DGA s/recurso de apelación”, Expte. N° 32.764-A;
El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
I. Que vuelven estas actuaciones en virtud de lo resuelto por la Excma. Cámara en la sentencia de fecha 16.10.25 y la aclaratoria del 20.05.26, en las cuales se resolvió hacer lugar a la apelación del Fisco y revocar la sentencia de fs. 121/123, con costas a la actora, aclarando que la devolución del expediente comprende que este Tribunal se expida sobre los puntos que permanecen sin resolver y que fueron mantenidos por la recurrente al contestar agravios. Que la sentencia de la Alzada manifiesta que “ … las diferentes Salas de esta Cámara se han pronunciado en casos análogos al presente, en los que se sostuvo el criterio de que no existen razones que justifiquen hacer aplicación extensiva de la tolerancia dispuesta en el punto 11.1 del Anexo III de la Resolución (ex ANA) N° 2914/94 a los pesajes de mercaderías sólidas a granel efectuados por balanza, toda vez que ésta ha sido prevista exclusivamente para las mediciones por sistema de control de calado y sondaje de tanques (draftsurvey). En efecto, de la redacción del mentado punto 11.1, en el que se desarrolla la fórmula aplicada, resulta indudable que dicha tolerancia fue establecida exclusivamente para ese sistema de medición, atendiendo a sus particulares características, sin que se haya previsto la posibilidad de que la misma sea aplicada -por extensión- a otros métodos de pesaje”.
Que, por tales fundamentos, la Excma. Cámara revocó la sentencia de este Tribunal que consideró que el faltante a la descarga de -0,47% se encontraba dentro del margen de tolerancia del 0,6% por aplicación del fallo plenario en la causa “SUPERMAR S.A. c/ Dirección General de Aduanas s/ recurso de apelación” Expte. 14.287-A del 31.08.05, que establece que: “La tolerancia del seis por mil fijada expresamente, a los efectos fiscales, para la medición por el sistema de control de calados y sondajes de tanques (draft survey) resulta también aplicable para otros sistemas de pesaje, como el de balanza” .
II. Que, en primer término, corresponde señalar que el nuevo pronunciamiento se dicta en cumplimiento de lo ordenado por la Excma. Cámara. Ello, sin perjuicio de dejar a salvo la opinión de esta Sala respecto del criterio adoptado en el fallo plenario de la causa “Supermar S.A.” en tanto su aplicación es obligatoria para los Vocales de este Tribunal (conf. arts. 302 y 303 del CPCCN, de aplicación supletoria en los términos del art. 1174 del CA) y que resulta razonable y conducente para la solución del caso.
III. Que, sentado lo anterior y conforme el criterio establecido por la Excma. Cámara respecto de la inaplicabilidad de la tolerancia prevista en el punto 11.1 del Anexo III de la Resolución (ex ANA) N° 2914/94 a las diferencias determinadas mediante balanza fiscal, corresponde analizar la procedencia del cargo 18/2012 formulado por la aduana de San Nicolás con relación a BALTZER MARITIMA S.R.L. -en su carácter de agente de transporte aduanero- por el faltante de mercadería a la descarga.
Que, en mérito a la brevedad, me remito al relato de los hechos expuestos en los considerandos I a IV de la sentencia de fs. 121/123.
Que de las constancias de autos resulta que con fecha 25.06.11 el buque B/M VYRITSA de bandera belga, arribó al muelle Puerto Nuevo de San Nicolás, procedente de Uruguay.
Que al finalizar la descarga, la Sección “G” de la aduana de San Nicolás elevó las actuaciones al administrador informando que “ … Visto el Parte de Novedades a la descarga N° 64/2011 donde se determina un 0,47% de FALTANTE de mercadería a granel (FERTILIZANTE) y teniendo en cuenta que los Despacho de Importación N° 11059IC65000267B, 266A, 268C, 265W, 264V, 262T y 263U, se documentó la totalidad de las mercaderías amparada por los conocimientos 7, 6, 2, 1, 9, 10 y 8 (11059MANI001152S) con el cuál quedarían satisfechos la totalidad de los tributos de importación, como así también la situación se encuentra dentro de lo previsto en la INSTRUCCIÓN GENERAL CONJUNTA N° 1/97 (SDGLYT), 5/97 (SDG OAM) Y 3/97 (SDG OAI), es opinión de esta instancia que debería pasarse a estado CANCELADO el Parte de Novedades, previa revisión y análisis de la liquidación de Derechos y Tributos por la Sección “V”.” (fs. 27 de las actuaciones administrativas).
Que con la conformidad del Superior al mencionado informe, a fs. 28/31 la Sección “V” practicó la liquidación en concepto de IVA, IVA adicional y ganancias por el faltante, por las sumas de U$S 5.103,72 (d.i. 265W), U$S 4.553,20 (d.i. 268C), U$S 6.254 (d.i. 267B) y U$S 5.158,33 (d.i. 263U), con la consiguiente formulación de los cargos 86, 87, 88 y 89/2011 (fs. 32/35 de las actuaciones administrativas).
Que, previo a la emisión del dictamen jurídico del art. 1040 del CA, a fs. 58 se requirió a la Sección “V” que practique una nueva liquidación y aforo en tanto con anterioridad se determinó el faltante del 0,47% del total prorrateado de la mercadería a granel de igual posición arancelaria descargada del B/M VYRITSA.
Que, por tal motivo, a fs. 59 se practicó nueva liquidación por la suma de U$S 21.070 ($ 86.366.-) y se notificó a fs. 60 el cargo 18/2012 en concepto del 10,5% de IVA, el 20% de IVA adicional y el 3% de la percepción de ganancias no abonadas por los importadores.
Que, finalmente, la resolución 245/12 (AD SANI) confirmó el cargo en virtud de que “ … al haber resultado faltar mercadería a la descarga y no siendo justificada la misma en las formas previstas por la ley (art. 142 apart. 1 del CA), ha de presumirse, sin admitirse prueba en contrario “presunción iure et de iure” y al solo efecto tributario, que la mercadería faltante ha sido importada para consumo, considerando al transportista y al agente de transporte aduanero, solidariamente responsables de las obligaciones tributarias (arts. 142 apart. 2)”.
IV. Que, con relación a la exigencia tributaria a la que queda circunscripta la cuestión, cabe señalar que de acuerdo con las carpetas de los despachos de importación 11059IC65000262T, 11059IC65000263U, 11059IC65000264V, 11059IC65000265W, 11059IC65000266A, 11059IC65000267B y 11059IC65000268C como del informe de la Sección “V”, las firmas importadoras documentaron y pagaron los tributos liquidados por el SIM a la fecha de oficialización por el total de la mercadería declarada en el manifiesto marítimo de importación 11059MANI001152S, es decir, por la cantidad de 21.300.000 kg (21.300 tn) de fertilizante a granel, como resulta a continuación:
V. Que, al respecto cabe señalar que el artículo 142 del CA tiene por finalidad el resguardo de la renta fiscal que pudiera verse afectada ante la posibilidad de constatarse un faltante a la descarga y que el importador no hubiera abonado los tributos por el total de lo declarado. En este caso, la norma presume la importación a consumo de la diferencia detectada y la posibilidad de que los tributos pro el faltante sean reclamados indistintamente al transportista o al agente de transporte. Que atento a que en la especie los tributos fueron cancelados por los importadores por la totalidad de la mercadería declarada en el manifiesto de la carga (incluido el faltante), no se advierte afectación alguna de la renta fiscal que justifique la exigencia tributaria formulada a la actora en los términos del art. 142 del CA, pues los tributos correspondientes a la totalidad de la mercadería declarada -incluida la diferencia constatada a la descarga- fueron oportunamente ingresados por los importadores.
Que en este sentido, la Alzada ha sostenido reiteradamente el criterio de que la aduana no puede formular una nueva exigencia tributaria al transportista de la mercadería si el importador, al documentar la operación, pagó los tributos correspondientes a la totalidad de la mercadería declarada, incluido el faltante, en tanto ello implicaría un enriquecimiento sin causa a favor del Estado (conf. “Baltzer Marítima SRL (TF 35196-A) c/ DGA s/recurso Directo de Organismo Externo”, Sala II, sentencia del 5.05.23, entre otros).
VI. Que, sin perjuicio de ello, cabe destacar que la alícuota diferencial del 10,5% en concepto de IVA exigido por el servicio aduanero en virtud de lo dispuesto por la Ley 26050 (B.O. 31/08/2005) que modificó el art. 28 de la Ley de IVA e incorporó a continuación del inc. k) el inc. 1) la alícuota reducida del 50 % a: “las importaciones definitivas que tengan por objeto los fertilizantes químicos para uso agrícola”, se trata de un tratamiento preferencial en función de la naturaleza de las mercaderías importadas y su afectación al destino que comporta el factor determinante del beneficio (agrícola) por lo que el ATA no se encontraría obligado a abonar la alícuota diferencial por la mercadería faltante (Causa nº 629/2025, "Agencia Marítima Nobsa SA” (TF 38323-A) c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, Sala I, sentencia del 10.07.25).
Que en cuanto a las percepciones de IVA adicional y del impuesto a las ganancias corresponde asimismo estar al criterio del Máximo Tribunal en la causa “CLADD ITA S.A. (TF 22.343-A) c/En-DGA resol. 2590/06 (expte. 604.155/01) s/Dirección General de Aduanas” según el cual al encontrarse vencido el plazo para presentar la declaración jurada de los tributos, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de las mencionadas percepciones. Que, por lo expuesto, corresponde revocar el cargo formulado por la aduana de San Nicolás, resultando inoficioso el tratamiento de los restantes agravios planteados por la actora .
Que, por ello, VOTO POR:
Revocar la resolución 245/2012 (AD SANI) dictada en las actuaciones 12627-180-2011 y, por ende, el cargo 18/2012, con costas a la DGA.
El Dr. Héctor Hugo Juárez dijo:
I. Que me remito al relato de los antecedentes efectuado por el Dr. Soria, en cuanto resulta pertinente para resolver las cuestiones que permanecen sometidas a decisión de este Tribunal.
II. Que corresponde señalar, en primer término, que la Sala V de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, mediante sentencia del 16 de octubre de 2025, hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por el Fisco Nacional y revocó la anterior sentencia de esta Sala. Para así resolver, consideró que no resultaba aplicable a los pesajes de mercaderías sólidas a granel efectuados mediante balanza fiscal el margen de tolerancia previsto en el punto 11.1 del Anexo III de la Resolución (ex ANA) N° 2914/94, por haber sido establecido específicamente para las mediciones realizadas mediante el sistema de control de calados y sondaje de tanques.
Posteriormente, mediante resolución aclaratoria del 20 de mayo de 2026, la misma Sala precisó que su pronunciamiento se había limitado a resolver aquella cuestión y que permanecían pendientes de tratamiento ante este Tribunal las demás cuestiones vinculadas al reclamo tributario, particularmente aquellas relativas al pago de los tributos por la totalidad de la mercadería declarada.
En consecuencia, corresponde estar a lo decidido por la Alzada respecto de la inaplicabilidad de la tolerancia del seis por mil al pesaje efectuado mediante balanza fiscal y examinar los restantes agravios oportunamente planteados por la recurrente.
III. Que no se encuentra controvertido que, respecto del manifiesto marítimo de importación N° 11059MANI001152S, se declararon 21.300.000 kg de fosfato monoamónico y que, concluida la descarga del buque “B/M Vyritsa”, el servicio aduanero determinó mediante balanza fiscal una cantidad inferior en 101.040 kg, equivalente al 0,47% del total manifestado.
Tampoco se encuentra controvertido que dicha diferencia no fue justificada en las formas previstas por el art. 142 del Código Aduanero, extremos que fueron expresamente considerados por la Alzada.
IV. Que el art. 142, apartado 1, del Código Aduanero establece que cuando al concluir la descarga resultare faltar mercadería declarada de conformidad con los arts. 135 y 136, las diferencias deberán justificarse mediante carta de rectificación o en las demás formas previstas por el ordenamiento aduanero.
A su vez, el apartado 2 dispone que, cuando dichas diferencias no hubieran sido justificadas en la forma prevista, se presumirá, sin admitirse prueba en contrario y al solo efecto tributario, que la mercadería faltante ha sido importada para consumo, considerándose al transportista y al agente de transporte aduanero solidariamente responsables de las correspondientes obligaciones tributarias.
En el caso, acreditada la existencia del faltante y no habiendo sido éste justificado en tiempo y forma, resulta aplicable la presunción legal prevista por la norma citada, configurándose, al solo efecto tributario, una importación para consumo distinta de la regularmente documentada por los importadores.
V. Que las actuaciones administrativas también dan cuenta de que los importadores documentaron mediante las respectivas destinaciones de importación para consumo la totalidad de la mercadería manifestada y abonaron los tributos liquidados sobre las cantidades declaradas.
Dicha circunstancia debe ser considerada a fin de evitar que se perciba dos veces un mismo concepto tributario, pero no determina, a mi juicio, que quede sin efecto toda consecuencia derivada de la aplicación del art. 142 del Código Aduanero.
Ello es así porque no se trata de una única importación para consumo cuya obligación tributaria hubiera sido íntegramente satisfecha, sino de dos supuestos jurídicamente diferenciables.
Por un lado, se encuentra la importación para consumo regular, documentada por el importador mediante la correspondiente destinación y perfeccionada a través del procedimiento previsto por el ordenamiento aduanero, en cuyo marco se liquidaron y abonaron los tributos conforme al régimen aplicable a esa operación, con los beneficios, reducciones o tratamientos particulares que pudieran corresponder.
Por otro, el art. 142 del Código Aduanero establece, respecto de la mercadería faltante no justificada, una importación para consumo irregular, que se configura por imperio de la ley y al solo efecto tributario, mediante una presunción que no admite prueba en contrario.
Esta distinción no es meramente terminológica. En el primer supuesto, el hecho imponible se vincula con una destinación regularmente solicitada y documentada. En el segundo, la obligación tributaria nace directamente de la consecuencia jurídica que la ley atribuye al faltante no justificado.
De allí que los beneficios, reducciones o tratamientos tributarios reconocidos en la importación regular no puedan trasladarse sin más a la importación irregular presumida por la ley, cuando aquellos dependen de condiciones propias de la destinación regularmente documentada.
En consecuencia, el pago efectuado por el importador sobre la totalidad de la mercadería declarada debe ser computado a fin de evitar una doble percepción, pero ello no impide reclamar las diferencias que resulten entre lo oportunamente ingresado en la importación regular y lo que corresponde tributar por la importación irregular del faltante. Este es el criterio que sostuve en mi voto en “CHRISTOPHERSEN S.A. c/DGA s/Apelación”, Expte. N° 34.337-A, sentencia de esta Sala registrada en 2026, en cuanto entendí que el pago efectuado en las destinaciones regulares debía ser descontado de la liquidación correspondiente al faltante, pero que subsistían las diferencias tributarias derivadas de la importación irregular presumida por el art. 142 del Código Aduanero.
En efecto, una cuestión es impedir que el Fisco perciba nuevamente un tributo ya satisfecho y otra distinta es determinar si, como consecuencia del régimen tributario aplicable a la importación irregular, subsiste alguna diferencia respecto de lo oportunamente ingresado en la importación regular.
VI. Que, sentado lo anterior, corresponde examinar la liquidación tributaria confirmada por la Resolución N° 245/12 (AD SANI), a fin de determinar las diferencias que subsisten entre los importes ya ingresados en las destinaciones regularmente documentadas y los que corresponden a la importación para consumo presumida respecto del faltante. De las constancias administrativas surge que la liquidación definitiva fue practicada sobre el faltante global del 0,47%, determinándose un total de U$S 21.070, integrado por U$S 6.948 en concepto de Impuesto al Valor Agregado, U$S 12.137 en concepto de IVA adicional y U$S 1.985 en concepto de percepción del Impuesto a las Ganancias.
VII. Que, en relación con el Impuesto al Valor Agregado, surge de las destinaciones de importación que los importadores tributaron respecto de la mercadería documentada la alícuota reducida correspondiente a los fertilizantes destinados a uso agrícola.
Dicho tratamiento fue reconocido en el marco de las importaciones regularmente documentadas y atendiendo a las condiciones propias de esas operaciones.
Distinta es la situación de la mercadería faltante. Respecto de ella, la importación para consumo no resulta de una destinación regularmente solicitada y documentada, sino de la presunción legal establecida en el art. 142 del Código Aduanero.
En consecuencia, el tratamiento tributario favorable aplicado a la importación regular no se traslada automáticamente a la importación irregular presumida por la ley, cuando los extremos que justifican aquel beneficio no pueden verificarse respecto de la mercadería faltante.
Por ello, corresponde computar el IVA ya ingresado por los importadores sobre la totalidad de la mercadería manifestada, pero subsiste la diferencia necesaria para alcanzar la alícuota correspondiente a la importación irregular. En consecuencia, corresponde confirmar la exigencia de U$S 6.948 en concepto de diferencia de Impuesto al Valor Agregado.
VIII. Que la conclusión precedente respecto del régimen tributario aplicable a la importación irregular no conduce, sin embargo, a confirmar las percepciones de IVA adicional e Impuesto a las Ganancias, pues respecto de estos conceptos concurre una cuestión distinta, vinculada con la subsistencia temporal de la facultad de percepción.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la causa “CLADD ITA S.A. c/ EN-DGA Resol. 2590/06 (Expte. 604155/01) s/Dirección General de Aduanas”, sentencia del 26 de noviembre de 2019, sostuvo que, una vez vencido el término para presentar las declaraciones juradas de los respectivos tributos, cesa la función recaudatoria que justifica la exigencia de tales percepciones.
En el caso de autos, el faltante fue constatado en junio de 2011, mientras que la intimación tributaria definitiva recién fue formulada durante el año 2012. En tales condiciones, corresponde aplicar la doctrina establecida por la Corte Suprema en “CLADD ITA” y dejar sin efecto la exigencia de U$S 12.137 en concepto de IVA adicional y de U$S 1.985 en concepto de percepción del Impuesto a las Ganancias, con costas por su orden por tratarse de una interpretación emergente con posterioridad al dictado de la resolución de autos.
IX. Que, en definitiva, el pago efectuado por los importadores sobre la totalidad de la mercadería manifestada debe ser computado, pero no extingue las diferencias tributarias derivadas de la importación irregular presumida por el art. 142 del Código Aduanero.
En consecuencia, corresponde confirmar parcialmente la Resolución N° 245/12 (AD SANI) por la suma de U$S 6.948, correspondiente a la diferencia de Impuesto al Valor Agregado, con más los intereses previstos en el art. 794 del Código Aduanero, y revocarla respecto de los restantes U$S 14.122, correspondientes a IVA adicional e Impuesto a las Ganancias.
X. Que, en cuanto a los restantes planteos de la recurrente -exención de IVA prevista por el art. 7°, inciso h), apartado 13, de la Ley de Impuesto al Valor Agregado (t.o. 1997); nulidad fundada en el art. 7°, inciso d), de la ley 19.549; e incompetencia del servicio aduanero para determinar tributos de la órbita de la ex Dirección General Impositiva-, corresponde su rechazo.
En efecto, la exención invocada alcanza a los servicios conexos al transporte internacional efectivamente prestados por el agente de transporte aduanero, y no se proyecta sobre la importación para consumo que la ley presume, al solo efecto tributario, respecto de la mercadería faltante no justificada (art. 142, apartado 2, del Código Aduanero), hecho imponible autónomo y distinto de aquella prestación. Por su parte, la responsabilidad tributaria de la actora no depende de un acto de imputación discrecional, sino que surge de pleno derecho de la norma citada ante la configuración del presupuesto objetivo del faltante no justificado -extremo no controvertido en autos-, encontrándose además debidamente motivados y fundados tanto el Cargo N° 18/2012 como la Resolución N° 245/12 (AD SANI), lo que descarta el vicio de nulidad invocado.
Finalmente, tampoco puede prosperar el planteo de incompetencia del servicio aduanero. En efecto, la Resolución General DGI N° 3431/91, dictada en el marco del régimen de percepción del Impuesto al Valor Agregado aplicable a las importaciones definitivas de cosas muebles, establece expresamente en su art. 1° que la Dirección General de Aduanas actuará en carácter de agente de percepción, conforme a lo previsto en el art. 1° del Decreto N° 2394/91. En consecuencia, la intervención del servicio aduanero en la liquidación y percepción de tales conceptos encuentra sustento normativo expreso. Por ello, corresponde rechazar el agravio.
XI. Que las costas deben imponerse a la actora respecto del importe que se confirma y por su orden respecto del importe que se revoca, de conformidad con lo establecido en el art. 1163 del Código Aduanero y fundamentos expresados precedentemente.
Por ello, VOTO POR:
1. Rechazar los planteos de exención del I.V.A., nulidad e incompetencia articulados por la actora, sin costas.
2. Confirmar parcialmente la Resolución N° 245/12 (AD SANI), en cuanto mantiene la exigencia tributaria formulada a BALTZER MARÍTIMA S.R.L. por la suma de Dólares Estadounidenses seis mil novecientos cuarenta y ocho (U$S 6.948), en concepto de diferencia de Impuesto al Valor Agregado, con más los intereses previstos en el art. 794 del Código Aduanero, con costas a la actora vencida (art. 1163 del Código Aduanero).
3. Revocar la resolución apelada en cuanto exige las sumas de Dólares Estadounidenses doce mil ciento treinta y siete (U$S 12.137) en concepto de IVA adicional y Dólares Estadounidenses mil novecientos ochenta y cinco (U$S 1.985) en concepto de percepción del Impuesto a las Ganancias, con costas por su orden (art. 1163 del Código Aduanero). El Dr. Horacio Joaquín Segura dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Soria.
En virtud de la votación precedente, por mayoría, SE RESUELVE:
Revocar la resolución 245/2012 (AD SANI) dictada en las actuaciones 12627-180-2011 y, por ende, el cargo 18/2012, con costas a la DGA.
Regístrese, notifíquese, devuelvánse los antecedentes administrativos y archívese.
Suscriben la presente los Dres. Soria, Juárez y Segura por encontrarse vacante la Vocalía de la 14a. Nominación (arts. 52 del R.T.F.N. y 1162 del CA).
Date: 2026.09.30 10:22:17 ART Date: 2026.09.30 14:31:48 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Hector Hugo Juarez Vocal Subrogante Vocal Vocalía XIV Sala E Competencia Aduanera Vocalía XV Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.09.30 18:54:39 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Juan Manuel Soria Vocal Vocalía XIII Sala E Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2026.09.30 18:55:15 -03:00
Fin de la sentencia