Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRevocar la Resolución Nº 708 (AD ROSA), recurrida en la especie. Con costas.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2023-57172022-APN-VOCXVI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 18 de Mayo de 2023 Reunidos los Señores Vocales miembros de la Sala “F”, Dres. Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo a fin de resolver en los autos caratulados “BALTZER MARITIMA SRL c/ DGA s/ Apelación” expte.
N° 36.482-A,
El Dr. Pablo A. Garbarino dijo:
I. Que, a fs. 15/19 y vta., la firma Baltzer Marítima SRL, por apoderado, interpone recurso de apelación contra la Resolución Nº 708, dictada en 14/09/15 en el expediente SIGEA N° 12544-4-2014, en cuanto la intima al pago de multa y tributos, por la presunta comisión de la infracción prevista y penada por el artículo 954 inciso c) del CA, con motivo de una presunta diferencia en menos en las partidas declaradas en el manifiesto de importación Nº 14052MANI002468C presentado ante la Aduana de Rosario, consistente en 187.437 kilogramos de mineral de hierro y correspondería a la partida documentada en el trasbordo 14052TRB300021V. Manifiesta que en sede aduanera invocó que las mediciones que se computaban para determinar la diferencia de 187.437 kilogramos de mineral de hierro eran nulas y que, por ende, carecían de eficacia para imputar una responsabilidad infraccional o para cobrar el importe de tributos en los términos del art. 142 del Código Aduanero. Señala que las mediciones de calados y sondaje de tanque deben ser efectuados en forma conjunta por dos agentes operadores del servicio aduanero (Anexo III, punto 3.2) y que estos deben tener aprobado el curso respectivo que los capacite para ello; sin embargo las mediciones que la aduana computa para denunciar aquella diferencia fueron realizadas con la intervención de un solo agente medidor de la aduana. Sostiene que las diferencias que se denuncian se encontrarían dentro de la tolerancia de la ley. Destaca que el CA establece que el documento que es eficaz para generar la conducta prevista en el artículo 954 es el manifiesto de carga y las cantidades allí declaradas por lo que no deberían computarse separadamente las diferentes partidas o conocimientos de embarque para generar una declaración inexacta. Añade, además, que el Código Aduanero establece que no se aplicará sanción cuando la diferencia de mercadería de una misma posición arancelaria no excediere de la tolerancia legal. Entiende que el reclamo de los tributos sería improcedente por cuanto computándose la totalidad de mineral de hierro que se descargó, la diferencia estaría dentro de la tolerancia tributaria del 4% fijada por el Decreto 343/2005 para los cargamentos gráneles transportados por la Hidrobia. Subsidiariamente, menciona la multa y el reclamo de los tributos deben ser fijados en el exceso de la tolerancia legal del 4%. Hace reserva del caso federal y solicita se revoque la resolución apelada, con costas.
II. Que, a fs. 29/31 vta., la representación fiscal contesta el traslado que le fuera oportunamente conferido. En primer lugar niega todos los hechos y el derecho que no sean de su expreso reconocimiento. Formula una somera reseña de los hechos. Manifiesta que se ha producido un faltante a la descarga tal como se demuestra con la documental que se arrima. En lo relativo a la nulidad, destaca que la misma es improcedente toda vez que con su accionar ha convalidado lo actuado. En ese sentido, invoca el artículo 1051 del Código Aduanero que invalidaría la defensa adoptada extemporáneamente por el agente de transporte aduanero. Dice que los conocimientos señalados en el informe de fs. 41 de los antecedentes administrativos exceden la tolerancia del 4% prevista por el Decreto 1001/82 art. 97 ap. 1, por lo que dicha situación ocasiona una diferencia de base imponible, encuadrando dicho supuesto en el artículo 954. Destaca que la presentación del manifiesto de carga tiene el carácter de declaración con relación a lo expresado en el mismo a los fines de la aplicación de lo dispuesto en el art. 954 del Código Aduanero, tal cual se encuentra expresamente previsto en el art. 956, inc. c) del Código Aduanero. Señala que de conformidad con el artículo 140 del Código Aduanero podrá salvarse cualquier error material excusable en el plazo de dos días a contar desde la finalización de la descarga. Agrega que en el caso de un faltante, como en el del presente, de no proceder de la forma previamente indicada, se presumirá, sin admitirse prueba en contrario y al solo efecto tributario que la mercadería faltante ha sido importada para consumo (art. 142, ap. 2ª del C.A.). Menciona que el transportista y el agente de transporte aduanero son responsables solidariamente de las obligaciones tributarias que se generen, por esa irregular destinación a consumo, en virtud de ser ellos quienes realizan el hecho gravado por la norma. Ofrece prueba. Hace reserva del caso federal. Solicita se rechace la apelación intentada, con costas.
III. Que las actuaciones administrativas SIGEA 12544-4-2014 se inician a fs. 1 con el acta denuncia nro. 27- 2014/3 que da cuenta que a la descarga de la mercadería (Mineral de Hierro) transportada por las barcazas C3, C5, c9 y C20 identificada en B/L 073/14-002 documentada en MANI 14052MANI002468C se habría detectado faltante de mercadería en el orden del 4,83% que excedería el margen de tolerancia de la unidad de medida correspondiente lo que configuraría la infracción prevista y penada por el art. 954 ap. 1 inc. c) del Código Aduanero. A fs. 15 luce el informe de la Sección G Nro. 23/14 el cual arroja que habría un faltante de mercadería -mineral de hierro- en relación a lo consignado en el MIC DTA y el BL declarados en el MANI 14052MANI002468C. A fs. 17 obra el aforo y la determinación tributaria de la mercadería en presunta infracción. A fs. 18/19, con fecha 17/06/14, el servicio aduanero mediante Resolución nro. 422/14 (AD ROSA) dispone la apertura de sumario en los términos del artículo 1090, inciso c) del Código Aduanero y, asimismo, ordenar correr vista de todo lo actuado a la firma que se notifica en fecha 23/06/14 (v. fs. 21 de las act. Adm.). A fs. 28/31 se presenta la contestación de la vista conferida. A fs. 41/42 se produce el informe nro. 28/15 emitido por la oficina B de la Sección Resguardo dando cuenta de los hechos que dieron motivo a la denuncia de los presentes. A fs. 49/51 la Asesoría Legal emite Dictámen Nro. 29/15 (AD ROSA), opinando que correspondería condenar al ATA por cuanto habría incurrido en la infracción prevista y penada por el art. 954 ap. 1 inciso c) del Código Aduanero. A fs. 63/70 obra la Resolución nro. 708/15 (AD ROSA) apelada en la especie.
IV. Que se trata de determinar en autos si se ajusta a derecho la Resolución emitida por el Sr. Administrador de la Aduana de Rosario que condena a la firma recurrente al pago de una multa que asciende a la suma de $ 137.516,91, por la presunta comisión de la infracción prevista y penada por el art. 954 ap. 1 inc. c) del Código Aduanero, y le formula cargo por tributos como consecuencia de una presunta declaración inexacta toda vez que al momento de la descarga de la mercadería – mineral de hierro – correspondiente al trasbordo 14052TRB3000021V, se habría detectado un faltante de mercadería de 187,437 toneladas respecto de lo consignado en el manifiesto internacional de la carga y el conocimiento de embarque declarados en el MANI 14052MANI002468C.
Que al efectuar el control de peso mediante control de calado “draft survey”, el servicio aduanero constató que el peso de la mercadería consistente en mineral de hierro a granel que había sido declarado por la recurrente según el manifiesto internacional de la carga y el conocimiento de embarque para las barcazas C3, C5, C9 y C20 era de un total de 3.882.000 kilogramos cuando, en realidad, la cantidad de mercadería descargada habría sido de 3.694.563 kilogramos resultando en consecuencia un faltante 187.437 kilogramos en relación al mencionado producto. Al respecto, puede verse el conocimiento de embarque y el manifiesto internacional de la carga previamente aludidos, los cuales obran a fs. 4 y 5, respectivamente, de las actuaciones administrativas SIGEA nº 12544-4-2014. También puede observarse aquello que surge del informe de la Sección G (oficina B) nº 23/14 agregado a fs. 15 del mencionado expediente administrativo.
V. Que, como cuestión preliminar, corresponde entender en el planteo de nulidad formulado por la recurrente a fs. 16/17, toda vez que el servicio aduanero no habría cumplido con los requisitos exigidos por la legislación vigente aplicable al caso de autos.
Que la normativa que regula las operaciones de importación y exportación en cargas sólidas a granel es la Res. ANA 2914/94. Dicha norma preceptúa que “los controles de calado y sondaje de tanques serán efectuados en forma conjunta por dos (2) agentes operadores del Servicio Aduanero” (art. 3.2 del Anexo III).
Que conforme surge del Control de Calados y Sondaje de Tanques, agregado a fs. 7/14 de las actuaciones administrativas, la medición de referencia fue realizada por un sólo perito de la Aduana, y consignado por la recurrente.
Que la falta de intervención de los dos agentes operadores del servicio aduanero que la normativa exige vulnera el requisito de validez contenido en el artículo 7, incs. b) y d), de la Ley Nº 19.549, en tanto la resolución aduanera se sustentó en un antecedente que no podía servir de causa, como lo es una medición que no ha cumplido con los requisitos exigidos por la ley, ni ha cumplido el procedimiento esencial y sustancial previsto en el ordenamiento jurídico.
Que, en efecto, la Resolución ANA 2914/94 en su Anexo III es muy clara al establecer como requisito esencial para el procedimiento de medición para cargas sólidas a granel la actuación de dos agentes operadores del Servicio Aduanero en forma conjunta (art. 3.2), a raíz de lo cual queda en palmaria evidencia que el acto en cuestión, al haber actuado un sólo agente aduanero, fue llevado a cabo de manera irregular, y sin cumplimentar en toda su extensión con los recaudos contemplados en dicha norma.
Por ello, cabe concluir que el mismo deviene irregular por carecer de uno los requisitos esenciales impuestos por la normativa específica aplicable al supuesto de autos, extremo que torna nulo el procedimiento seguido en consecuencia.
Que si bien las cuestiones de las nulidades en principio deben analizarse restrictivamente en tanto exista la posibilidad de revisión en una instancia posterior, ello no puede transformarse en una suerte de impunidad de la administración para no respetar las normas claras como las que se han supra citado, pues ello significaría aceptar que se haga caso omiso de las mismas con la excusa de aquella revisión posterior, inadmisible en casos especiales como el que se resuelve. Pues mientras que las nulidades civiles tienden fundamentalmente a custodiar la voluntad de las partes, las nulidades administrativas buscan principalmente reafirmar la vigencia objetiva del ordenamiento jurídico; o, si se prefiere, asegurar el interés público no en cuanto interés de la administración, sino en cuanto interés colectivo de que la administración no viole el orden jurídico (El Acto Administrativo – Sistema de Nulidades del Acto Administrativo, Gordillo, Agustín A., Tratado de Derecho Administrativo, 01-04-2007). Que, por lo tanto, la declaración de nulidad del procedimiento administrativo es una cuestión de orden público, siempre y cuando se trate de un supuesto de nulidad absoluta e insanable. Ello así, en virtud de las razones expuestas, precedentemente, el caso traído a examen encuadra en las prescripciones del artículo 14, inc. b), de la Ley Nº 19.549 que establece: “El acto administrativo es nulo de nulidad absoluta e insanable, en los siguientes casos: b) “Cuando fuere emitido mediante (…) falta de causa por no existir o ser falsos los hechos o el derecho invocados; o por violación de la ley aplicable, de las formas esenciales o de la finalidad que inspiró su dictado.” Que la interpretación efectuada en la especie por la DGA en relación a los alcances que corresponde conferir en sede administrativa al Anexo III art. 3.2 de la Resolución ANA 2914/94 violentó palmariamente la garantía del debido proceso legal en el marco de un proceso administrativo, lo cual vicia la legalidad del acto administrativo impugnado en virtud de la vulneración de los artículos 18 de la Constitución Nacional y 1° inciso f) de la ley 19.549 y concordantes; por lo que corresponde hacer lugar al presente recurso.
En consecuencia, corresponde reputar como nula, de nulidad absoluta e insanable, a la Resolución nro. Nº 708/15 de la Aduana de Rosario, con costas al Fisco Nacional.
VI. Que, por último, no existe en nuestro ordenamiento prescripción legal alguna que exceptúe al Estado de cumplir con la normativa aplicable a cada caso concreto pues, por el contrario, en el marco de un estado constitucional y democrático de derecho, con justicia social y plena vigencia, desarrollo y efectividad de los derechos humanos (que no son sólo los derechos civiles y políticos, sino también los derechos económicos, sociales y culturales, es decir, todos los derechos que resultan fundamentales a la dignidad del hombre) siempre tiene que actuar – por intermedio de funcionarios públicos que deben honrar el cargo que desempeñan, al que corresponde servir –, con apego a la ley, suma responsabilidad social, y en un todo de acuerdo a un fuerte compromiso de excelsa justicia; extremo que no se verificaría de adoptarse un solución que convalidara un accionar administrativo no ajustado a derecho, por privilegiar un interés recaudatorio derivado de un acto no susceptible de generar efectos jurídicos, por lo que en esta sede no puede ser convalidado, por haberse violentado garantías constitucionales de la parte recurrente.
Asimismo, es deber de este Tribunal Fiscal, atento ser el único tribunal del país especializado en la materia aduanera, velar muy especialmente por la custodia del orden jurídico en todos sus aspectos. Ello así, en el ejercicio de su sublime misión de impartir justicia tiene la obligación de adoptar decisiones justas basadas en el cabal respeto al debido proceso adjetivo establecido en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, garantizando en todo momento una tutela jurisdiccional imparcial, plena y efectiva.
Por ello, VOTO por:
Revocar la Resolución Nº 708 (AD ROSA), recurrida en la especie. Con costas.
El Dr. Christian M. González Palazzo dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Pablo Garbarino.
Que, en virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
Revocar la Resolución Nº 708 (AD ROSA), recurrida en la especie. Con costas.
Regístrese. Notifíquese a la DGA (33-69345023-9) y al Dr. Alejandro Fernández Llorente (20-10765318-0). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese.
Suscriben la presente los Dres. Garbarino y González Palazzo por encontrarse vacante la Vocalía de la 18° Nominación (art. 1162 del C.A.).
Date: 2023.05.18 14:23:59 -03:00 Date: 2023.05.18 21:03:33 -03:00 Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Pablo Adrian Garbarino Vocal Vocal Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.05.18 21:03:34 -03:00
Fin de la sentencia