Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala III (CAF) · Causa TF 32763-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso de apelación interpuesto por la demandada y, en consecuencia, confirmar la sentencia apelada, con costas.
Conociendo de los recursos de apelación deducidos contra la regulación de honorarios de fs. 84 y vta., corresponde, en primer término, puntualizar que la Ley 27.423 no se aplica a las etapas que tuvieron comienzo de ejecución antes de su entrada en vigencia (cfr. CSJN, Fallos: 341:1063 y esta Sala, Causa Nº 670/11, “Fernández, Mauro Nicolas c/ GCBA (Cromañon) y otros s/daños y perjuicios”, del 31/08/23 y -en su actual composición- Causa N° 50.062/11 “Salvatierra Carlos Daniel y otro c/ EN -M° Defensa-Ejercito 1104/05 751/09 s/ personal militar y civil de las ffaa y de seg”, del 15/05/25).
Por ello, ponderando la naturaleza del juicio, su monto (cfr. fs. 1 y 31), la importancia de la cuestión y la entidad de la labor desarrollada en la única etapa cumplida ante el Tribunal Fiscal, SE CONFIRMAN los honorarios fijados y, con fundamento en pautas análogas a las enunciadas y considerando, además, el resultado del recurso, SE ESTABLECEN sus emolumentos, por las tareas cumplidas en la alzada (cfr. contestación de memorial de fs. 104/115) en 1 UMA, que equivale -a la fecha- a la suma de setenta y tres mil doscientos cuatro pesos -$73.204-. (arts. 6, 7, 9, 37 y 38 de la Ley 21.839; arts. 16, 20, 21, 30 de la Ley 27.423 y Res. SGA 1432/25).
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12016/2024 "BALTZER MARITIMA SRL(TF 32763-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO"
Buenos Aires, de julio de 2025.- TAR Y VISTOS; CONSIDERANDO:
I. Que, a fs. 73/74 vta., el Tribunal Fiscal de la Nación revocó la resolución 457/12 (AD SANI), dictada en la actuación administrativa SIGEA 12627-377-2010, en cuanto había confirmado el cargo nº 25/11, formulado por el servicio aduanero como consecuencia del faltante a la descarga de mercadería amparada en las destinaciones nº 10 059 IC65 000381 U y 379 E, con costas al vencido.
Para así decidir, explicó que, en la causa se había verificado una diferencia que representaba un 2,69% del total de la carga involucrada (porcentaje que supera el máximo de tolerancia permitido por la regulación aplicable), que éste no había sido justificado mediante carta de rectificación y demás normas previstas en el Código Aduanero (en adelante, CA), así como otras disposiciones reglamentarias y que, por tanto, había importado la configuración del hecho imponible previsto en el art. 142 del CA, es decir, la importación a consumo irregular.
Por lo tanto, señaló que la cuestión a resolver se circunscribía así únicamente al ámbito tributario.
En este orden de ideas, en lo que aquí especialmente interesa destacar, apuntó respecto al Impuesto al Valor Agregado (en adelante, IVA) que en ambas destinaciones se había liquidado una alícuota reducida del 10,5% por aplicación del art. 28 de la Ley 26.050, el cual prevé una disminución del impuesto para las “…importaciones definitivas que tengan por objeto los fertilizantes químicos para uso agrícola”, y del art. 1 de la resolución 12/05 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, que precisa el alcance del término “uso agrícola”. Por otra parte, refirió que, en el caso de autos, el ente aduanero había considerado que correspondía liquidar el impuesto por el régimen general, ya que no procedía extender las franquicias tributarias a la mercadería faltante a la descarga.
Finalmente, concluyó que la importación para consumo a que se refiere la legislación aduanera para los derechos de importación constituye, jurídicamente, el mismo hecho imponible del IVA con relación a tales importaciones, aplicándose para este gravamen las exenciones previstas en la ley de dicho tributo. Por ende, al haberse aplicado la presunción de importación para consumo de la mercadería faltante en los términos del art. 142 del CA, de debía inferir que dicha mercadería tributaba el 10,5% en concepto de IVA, porcentaje ya había sido oportunamente saldado por la importadora.
II. Que esa decisión fue apelada por la parte demandada a fs. 80, expresando sus agravios a fs. 87/88 vta., los que fueron contestados por su contraria a fs. 104/115.
Los agravios del Fisco Nacional se dirigen exclusivamente a cuestionar que la empresa actora, en su carácter de Agencia de Transporte Aduanero, sea beneficiada con la aplicación de la alícuota reducida de IVA por aplicación de la Ley 26.050.
Alega que no resulta aplicable dicha reducción al agente de transporte aduanero, toda vez que la referida franquicia tiene su razón de ser en el destino efectivo de los bienes importados, extremo que no puede verificarse en autos al haberse presumido la importación a consumo del faltante detectado. Por ello, tal faltante se hallaría sujeto al pago de los tributos correspondientes al régimen general.
III. Que por otra parte, los honorarios regulados al letrado de la parte actora a fs. 84 y vta. fueron apelados por dicho profesional a fojas 96, por considerarlos bajos y por la demandada a fs. 101, en este caso por considerarlos elevados.
IV. Que, a tenor de lo expuesto, la cuestión traída a conocimiento de este Tribunal se centra exclusivamente en la aplicación o no de lo establecido en el art. 28 de la Ley 26.050.
Al respecto, el Fisco sostiene que la situación de la mercadería faltante debe tener un tratamiento diferente al de la mercadería efectivamente ingresada a plaza y por ese tratamiento fiscal responde el agente de transporte.
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Por el contrario, esta Sala ha señalado que en casos como el presente no resulta correcta dicha tesis, según la cual el ATA se encuentra obligado a abonar una alícuota diferencial por la mercadería faltante, ya que el tratamiento preferencial en cuestión se aplica en función de la naturaleza de los productos importados y su afectación al destino que comporta el factor determinante del beneficio (agrícola) y no como resultado de una situación subjetiva. Éste fue el criterio al cual arribó este Tribunal en las causas nº 36.206/2012, “Consultores Marítimos SRL (TF 24131-A) c/ DGA”, del 10/06/2014; 56.380/2015, “Ultramar Argentina SA c/DGA s/ Recuro Directo de Organismo Externo”, del 27/09/2016 y 3.083/2021 “Agencia Maritima Nabsa SA ( Tf 34340-A ) C/ DGA s/Recurso Directo de Organismo Externo”, del 03/02/2022.
En sentido concordante, también se han expresado otras Salas de esta Alzada (cfr. esta Cámara, Sala I, causa nº 25.029/2014, “Agencia Marítima Sucesión Carlos A Salvia c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 14/04/2015; Sala V, causa nº 38.892/15, “Ultramar Argentina SA c/ DGA s/ Recurso Directo”, del 5/07/2016; Sala IV, causa nº 30.541/2017, “Baltzer Maritíma SRL c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, del 17/08/2017).
Por consiguiente, debe confirmarse lo decidido por el Tribunal a quo, ello en la medida que el importador pagó el IVA por la totalidad de la mercadería consignada en los despachos de importación y, naturalmente, ese pago también incluye a la mercancía faltante. La alícuota abonada del 10,5%, es la contemplada para la importación definitiva de fertilizantes químicos para uso agrícola, según la Ley 26.050.
V. Que, finalmente, las costas de esta instancia deben ser impuestas a la parte vencida, ya que no se advierte la existencia de razones que justifiquen apartarse del principio general de la derrota (art. 68, primera parte, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
En mérito de lo expuesto, el tribunal RESUELVE: rechazar el recurso de apelación interpuesto por la demandada y, en consecuencia, confirmar la sentencia apelada, con costas.
Conociendo de los recursos de apelación deducidos contra la regulación de honorarios de fs. 84 y vta., corresponde, en primer término, puntualizar que la Ley 27.423 no se aplica a las etapas que tuvieron comienzo de ejecución antes de su entrada en vigencia (cfr. CSJN, Fallos: 341:1063 y esta Sala, Causa Nº 670/11, “Fernández, Mauro Nicolas c/ GCBA (Cromañon) y otros s/daños y perjuicios”, del 31/08/23 y -en su actual composición- Causa N° 50.062/11 “Salvatierra Carlos Daniel y otro c/ EN -M° Defensa-Ejercito 1104/05 751/09 s/ personal militar y civil de las ffaa y de seg”, del 15/05/25).
Por ello, ponderando la naturaleza del juicio, su monto (cfr. fs. 1 y 31), la importancia de la cuestión y la entidad de la labor desarrollada en la única etapa cumplida ante el Tribunal Fiscal, SE CONFIRMAN los honorarios fijados y, con fundamento en pautas análogas a las enunciadas y considerando, además, el resultado del recurso, SE ESTABLECEN sus emolumentos, por las tareas cumplidas en la alzada (cfr. contestación de memorial de fs. 104/115) en 1 UMA, que equivale -a la fecha- a la suma de setenta y tres mil doscientos cuatro pesos -$73.204-. (arts. 6, 7, 9, 37 y 38 de la Ley 21.839; arts. 16, 20, 21, 30 de la Ley 27.423 y Res. SGA 1432/25).
Hágase saber que, en caso de que el profesional beneficiario acredite -en la instancia anterior- su condición de responsable inscripto frente al Impuesto al Valor Agregado, se deberá adicionar a los emolumentos aquí fijados la alícuota correspondiente a dicho tributo, que también se encuentra a cargo del condenado en costas de conformidad con la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 316:1533; 322:523; 329:1834, entre otros).
A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional se hace constar que -por hallarse vacantes dos cargos de jueces de esta Sala- suscribe la presente el Dr. Jorge Eduardo Morán, CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 12016/2024 "BALTZER MARITIMA SRL(TF 32763-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO"
quien integra este Tribunal en los términos de la Ac. 3/25 de esta Cámara.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ JORGE EDUARDO MORÁN
Fin de la sentencia