Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala V (CAF) · Causa TF 35676-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso del Fisco Nacional y confirmar el decisorio recurrido en cuanto ha sido materia de agravios, con costas de esta instancia a su cargo por aplicación del principio general de la derrota (art. 68 del CPCCN).-
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V
BALTZER MARITIMA SRL (TF 35676-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, de julio de 2024.-
VISTOS Y CONSIDERANDO:
I.-Que por Decisorio del 31/5/2023 (fs. 156 /158), el Tribunal Fiscal de la Nación revocó la Resolución nro. 149/2015 (AD SANI) dictada por el Administrador de la Aduana de San Nicolás en el expte. administrativo SIGEA 12627-389-2010, 12624-36-2015 (SC59 Nº 86/2013), con costas a la demandada.-
II.-Que a fs. 164 apeló la AFIP-DGA y expresó agravios a fs. 166/169, los que fueron contestados por la actora a fs. 181/184. El 22/5/2024 se llamaron autos para sentencia.-
III.-Que cabe recordar que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus alegaciones, sino solo respecto de los puntos propuestos que sean conducentes para la solución del juicio (Fallos: 301:1187; 319:119; 307:2012; 311:2135; entre otros).-
IV.-Que como surge del decisorio recurrido, la Resolución 149/2015 dictada por la Aduana de San Nicolás, se condenó a la actora al pago de una multa de $1.240.104 por la infracción prevista en el art. 962 del Código Aduanero y al pago del valor sustitutivo del comiso por $1.240.104 y por la infracción del art. 954 inc. a) del Código Aduanero la suma de $198.642; asimismo, se intimó el pago de los tributos que gravan la importación para consumo por la mercadería faltante en la suma de $198.642, con más sus intereses del art. 794 del C.A.-
V.-Que para resolver como lo hizo, el voto del vocal preopinante, al cual adhirieron sus colegas del Tribunal Fiscal de la Nación, expresó: “Que la cuestión discutida en autos se limita, por un lado, a determinar la existencia del sobrante de mercadería (constituido por 23.962 litros de Lub Oil, 1.698 TN de Fuel Oil) susceptible de una infracción al art. 962 del CA y, por otra parte, la procedencia de la infracción prevista y penada en el art. 954 inc. a) del CA por el presunto faltante de mercadería (5.282 litros de químicos). Sin embargo, conforme surge de las actuaciones administrativas y de autos, no obra el manifiesto de rancho, ni constancias de las mediciones realizadas en el buque en ocasión de la visita de fondeo, lo cual imposibilita el cotejo de lo declarado por la actora, lo constatado en el acta de fondeo por el servicio aduanero, y lo considerado por el servicio aduanero en la resolución administrativa apelada, como tampoco permite juzgar las afirmaciones argumentadas por la actora. Atento lo expuesto, considero aplicable al caso de autos lo dispuesto en el art. 898 del CA, que establece que en caso de duda deberá estarse a lo que fuera más favorable al imputado”.-
VI.-Que el citado artículo 898 del Código Aduanero prevé: “Salvo disposición especial en contrario, en caso de duda deberá estarse a lo que fuere más favorable al imputado”. Al respecto, se ha dicho que esta norma “consagra expresamente el beneficio de la duda, que el administrador en los sumarios aduaneros o el juez de la causa deben conceder al imputado de una infracción, si es su convicción que, según las pruebas reunidas en los autos, no resulta comprobado decisivamente que dicha ilicitud haya sido cometida por él…” (Fernández Lalanne, Código Aduanero Comentado y Anotado (con una introducción constitucional), Volumen II, pág. 1524, Ed. Depalma).-
VII.-Que en su expresión de agravios la demandada no se hace cargo del fundamento más arriba transcripto tenido en consideración por el Tribunal Fiscal de la Nación para resolver como lo hizo, como así tampoco de lo relativo a la aplicación al caso del art. 898 del C.A. Por el contrario, vuelve a insistir acerca de la validez de lo actuado en el expediente administrativo y vuelve a plantear que lo probado ante el Tribunal Fiscal de la Nación resultaría suficiente para acoger su pretensión.-
VIII.-Que por lo demás, cabe recordar que la ponderación que ha efectuado el Tribunal Fiscal de la Nación de toda la prueba que ha sido rendida en estas actuaciones constituye una cuestión fáctica, que no cabe en principio rever en esta instancia (artículo 1180 del Código Aduanero), atento la limitación con que ha sido previsto por la ley el recurso que se intenta. En tal sentido, del ejercicio por el Tribunal Fiscal de la Nación de sus facultades propias de apreciar los hechos (doctrina de Fallos 300:985) no surge que hubiera un error de magnitud suficiente para CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V apartar la aplicación del mentado principio (conf. doctrina de Fallos 305 :2261; C. Fed. en lo Cont. Adm. Sala III; in re: “Schmid, Walter Edmundo”, sentencia del 26-10-84; Sala I, in re: “Scioli S.A.”, sentencia del 14-12-93; esta sala in re: “Ducilo S.A.”; sentencia del 14-8-95; “Incobe S.R.L.”, sentencia del 23-8-95; “Siglo XXI Compañía Arg. de Seguros S.A.”, sentencia del 26-6-98; “El Tehuelche SAIC (TF 12054-A) c/ DGA”, sentencia del 18-4-2001).-
IX.-Que dejando a salvo las posibles objeciones que pueda hacerse a tales prescripciones del legislador en cuanto a la posible vulneración al derecho a la tutela judicial efectiva, lo cierto es que, no mediando en el caso solicitud de inconstitucionalidad, tales postulados normativos deben ser atendidos por el juzgador, salvo que exista arbitrariedad o irrazonabilidad en la apreciación de los hechos y de las pruebas rendidas en la causa.-
X.-Que por lo demás, el artículo 386 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (aplicable en la especie) determina que salvo disposición en contrario: “...los jueces formarán su convicción respecto de la prueba, de conformidad con las reglas de la sana crítica. No tendrán el deber de expresar en la sentencia la valoración de todas las pruebas producidas, sino únicamente las que fueren esenciales y decisivas para el fallo de la causa”.-
La libre apreciación de las pruebas reconoce en nuestro ordenamiento el marco legal de la “sana crítica”, expresión que comprende la necesidad de valorar los distintos medios, explicando las razones que ha tenido el juez para formar su convicción al ponderar con un sentido crítico la variedad de pruebas.-
La sana crítica se sintetiza en el examen lógico de los distintos medios, la naturaleza de la causa y las máximas de experiencia, es decir el conocimiento de la vida y de los hombres que posee el juez, simples directivas, indicaciones o consejos dirigidos al sentenciador y respecto de los cuales éste es soberano en su interpretación y aplicación. Naturalmente que si es arbitraria o absurda no puede pretenderse la validez de tal determinación judicial (conf. Fenochietto-Arazi, “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Comentado y Concordado con el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires”, Editorial Astrea, Tomo 2, página 356; esta Sala in re: “Ayerbe, Lázaro c/ Ministerio de Justicia de la Nación”, sentencia del 26-5-98; “Martínez, Eliseo David c/ Instituto de Servicios Sociales Bancarios”, sentencia del 16-3-2001).-
XI.-Que conforme lo desarrollado hasta aquí, no se advierte en el decisorio apelado arbitrariedad, ilegalidad o irrazonabilidad en cuanto a la valoración de la prueba y los hechos de la causa.-
XII.-Que por lo antes expuesto, el Tribunal RESUELVE: Rechazar el recurso del Fisco Nacional y confirmar el decisorio recurrido en cuanto ha sido materia de agravios, con costas de esta instancia a su cargo por aplicación del principio general de la derrota (art. 68 del CPCCN).-
Regístrese, notifíquese y devuélvase.-
Pablo Gallegos Fedriani Guillermo F. Treacy Jorge Alemany
Fin de la sentencia