Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 33706-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso intentado y confirmar la sentencia del TFN de fecha 21/05/2024, con costas (art. 68, 1° parte del C.P.C.C.N.).
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II
“Balut Hermanos SRL (TF 33706-A) c/DGA s/Recurso Directo de Organismo Externo”
Buenos Aires, 05 de junio de 2025.
VISTOS Y CONSIDERANDO:
I. Que mediante el pronunciamiento de fecha 21/05/2024, el Tribunal Fiscal de la Nación revocó el fallo Nro. 950/2013 (AD SALO), que condenó a la firma Balut Hermanos S.R.L., al pago de una multa por la comisión de la infracción al art. 986 del C.A. Impuso las costas a la D.G.A.
Para así decidir, precisó que, la cuestión de autos radica en determinar si la resolución aduanera apelada se ajustaba o no a derecho.
Indicó que, la resolución apelada, fundaba su condena en el hecho de que el tipo infraccional en trato requería para su sanción la simple tenencia de la mercadería de origen extranjero con fines comerciales e industriales. Puntualizó que, el artículo 986 del C.A., señalaba que: "El que por cualquier titulo tuviere en su poder con fines comerciales o industriales mercadería de origen extranjero, que no presentare debidamente aplicados los medios de identificación que para ella hubiere establecido la Administración Nacional de Aduanas, será sancionado con el comiso de la mercadería de que se tratare y con una multa de UNO (1) a CINCO (5) veces su valor en plaza”.
Expuso que, de este modo, tal imputación -y consecuente condena- en los términos del citado artículo, suponían: a) la tenencia en plaza (por cualquier título), b) esa tenencia con fines comerciales o industriales, c) de mercadería de origen extranjero, y d) que esa mercadería no presentare aplicados los medios de identificación que para ella hubiere establecido la DGA.
Postuló que, debía entenderse que en la tenencia de mercadería por parte de una empresa de transporte quedaba constituida solo por la recepción de la misma en bultos cerrados, de un tercero -remitente o cargador- para ser entregada a otra persona -destinatario-, por lo cual no se daba el fin comercial requerido por la figura en juego.
Añadió que, asimismo, el carácter de empresa de transportes de pasajeros que investía la firma y su finalidad como tal, no era la actividad de compra y venta de mercaderías en plaza, sino la de transportar pasajeros y brindar el servicio de entrega de encomiendas, hechos que no fueron controvertidos en el sumario aduanero ni ante esa instancia.
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Aseveró que, también estaba acreditado, en las actas labradas, que la actora no vendía las mercaderías en ocasión de ser transportadas, sino que se encontraban en bultos cerrados, individualizándose, por las “guías/remito” y por los datos -aunque escasos- que constaban en los bultos. Agregó que, si bien, el cometido de la actora como empresa de transportes tenía un fin comercial que era la prestación de su servicio que tenía una contraprestación a título oneroso, no era ese fin comercial el que se requería para la tenencia de mercaderías para la figura en trato.
En efecto, el fin comercial de esa figura (al igual que el de las demás figuras receptadas bajo el Capítulo Décimo Tercero del Código Aduanero “Tenencia injustificada de mercadería de origen extranjero con fines comerciales o industriales”, arts. 985, 986 y 987) debía entenderse referido a la compra y venta, o locación, o aprovechamiento, con el fin de la comercialización o industrialización de la mercadería supuestamente introducida de modo ilegal y no al “mero” transporte de las mismas.
En este punto, recordó que esas figuras consistían ideológicamente en la comercialización de mercadería supuestamente proveniente de contrabando (cfme. la Exposición de Motivos del C.A.).
Por otra parte, apuntó que, la recepción de la mercadería en bultos cerrados impedía al receptor apreciar las características intrínsecas de la mercadería a transportar (por lo cual no podía exigirse al transportista -con carácter previo a la efectiva recepción y al transporte- que los abra para verificar su contenido y verificar si lo que transportaba era de origen nacional o extranjero, y en este último caso - si fueran de las sujetas a medios identificatorios- si tenían o no aplicados o adheridos esos medios).
Asimismo, manifestó que, tampoco podría exigírsele al transportista investigar si las mercaderías que transporta que fuesen de origen extranjero han sido legalmente introducidas al país dado que dicha exigencia no se encuentra regulada.
Por lo expuesto, entendió que, en el caso no podía valorarse elemento subjetivo alguno para conformar el tipo infraccional -doloso o culposo- en la tenencia de mercadería extranjera por parte de la actora (tenencia ocasional y exclusivamente afectada al servicio de su transporte por cuenta de terceros). Pues, no bastaba la mera comprobación del elemento objetivo delimitado por el tipo infraccional, sino que, asimismo, se exigía una atribución subjetiva, atento a que el principio de culpabilidad resultaba un recaudo ineludible para el castigo en las figuras infraccionales, criterio que fue expuesto por el más Alto Tribunal en la causa “Usandizaga, Perrone y Juliarena S.R.L.” (Fallos 303:1251).
Con respecto a los demás elementos requeridos por el tipo infraccional, apuntó que, no se encontraba constatado en autos el origen extranjero de las mercaderías ni tampoco que la aduana haya llevado a cabo investigación alguna tendiente a determinar el origen extranjero de las mismas. (ver Actas de fs. 2/3, CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II 9/10, planillas de aforo fs. 1/13, fs. 35/36 y 40). Asimismo, tampoco se había investigado si otras personas pudieran haber cometido una infracción aduanera en su carácter de remitentes de la mercadería que se sostiene que se hallaba en infracción.
En consecuencia, consideró que, en el caso no se reunían los requisitos para tener por configurada la infracción prevista en el art. 986.del C.A.
II. Que contra dicho pronunciamiento, con fecha 10/07/2024 interpuso recurso de apelación el Fisco Nacional, expresando agravios con fecha 14/08/2024, los que no fueron contestados por la contraria.
Sostiene la recurrente que el TFN interpretó erróneamente el ilícito aduanero tipificado en el artículo 986 del Código Aduanero.
Puntualiza que la firma Balut Hermanos S.R.L tenía en su poder mercadería de origen extranjero que no contaba con la documentación aduanera necesaria para probar su identificación.
En tales condiciones, considera que no hay razón para apartarse de la norma en trato, tal como lo hizo el Tribunal Fiscal de la Nación y que su parte aplicó correctamente.
Aduce que, el Tribunal a quo quebró la regla que dice que donde no distingue el legislador no debe distinguir el intérprete.
Pondera que, el tipo infraccional del art. 986 del Código Aduanero exige que exista un tenedor, que éste bajo cualquier título tenga en su poder mercadería con fines comerciales o industriales de origen extranjero, pero que, ante el requerimiento del servicio aduanero, no presente los medios de identificación requeridos por la reglamentación aplicable.
En concreto, el tipo infraccional requiere de la configuración de los siguientes elementos, verificados en autos, pero desconocidos por el Tribunal Fiscal de la Nación, saber:
1. - El elemento objetivo consiste en tener en poder -por cualquier títulocon fines comerciales o industriales mercaderías de origen extranjero, y no probar ante el requerimiento del Servicio Aduanero que aquella fue librada lícitamente a plaza.
Indica que, el fin comercial o industrial de la mercadería en el caso de autos no puede ser desconocido, puesto que el Servicio Aduanero constató y así se exterioriza en el expediente administrativo, una voluminosa cantidad de indumentaria textil que impide considerar que la misma es (o lo fue) para "consumo personal".
Añade que, tampoco se encuentra controvertido en autos el carácter extranjero de la mercadería importada y que ella no fue introducida lícitamente a plaza (al carecer de toda documentación de respaldo). Máxime cuando su traslado comienza en la Provincia de Jujuy, que no produce tal mercadería.
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2. - El elemento subjetivo. El elemento subjetivo -sujeto activo- lo realiza quien por cualquier título tuviera en su poder la mercadería con las características descriptas en el punto que antecede.
En este sentido, señala que, yerra el Tribunal Fiscal de la Nación al considerar que, al ser Balut Hermanos SRL una empresa de transporte de cargas, "su finalidad como tal, no es la actividad de compra y venta de mercaderías en plaza, sino la de transportar pasajeros y brindar el servicio de entrega de encomiendas…”.
En primer lugar, postula que no se puede considerar que la firma la actora sea tan solo una empresa que se dedica a la mera entrega de encomiendas. Bajo esta comprensión, expresa que de las propias actuaciones administrativas, surge que la firma realiza múltiples actividades.
Y tampoco puede afirmarse que una determinada actividad no se realiza por el mero hecho de que no esté declarada. Advierte que, surge de la página institucional de AFIP que la firma Balut Hermanos S.R.L., declaró realizar seis (6) actividades. Esta información es pública y puede constatarse de la referida página. Lo expuesto echa por tierra lo afirmado por el TFN, en cuanto a que la actividad de Balut Hermanos S.R.L. contemple exclusivamente el transporte de pasajeros o la entrega de encomiendas.
Expone que, sin perjuicio de lo arriba dicho, la lógica interpretación de la norma no es la que pretende el TFN, el fin comercial o industrial que refiere la norma se predica (o se entiende) de la mercadería en sí misma.
Destaca que, en otros términos, basta que la mercadería transportada sea apta para ser utilizada con fines industriales o comerciales a los efectos de configurar la infracción sobre quien tiene la misma.
Manifiesta que, la actividad declarada por el sujeto activo nada agrega al tipo infraccional. En este sentido, hace hincapié en que, la firma Balut Hermanos S.R.L. transportaba mercadería, de origen extranjero y carecía de toda documentación de respaldo que acredite su identificación.
Pone de relieve que, la firma actora no produjo prueba idónea a los efectos de acreditar efectivamente al destinatario y receptor de la mercadería. Esgrime que, la documentación que fuera recabada por el servicio aduanero no resulta suficiente a los fines de determinar el origen de la mercadería y su lícita introducción al territorio aduanero. Y esta prueba, según manifiesta, se encontraba a cargo de la accionante.
Asimismo, indica que, a los efectos de la referida calidad en términos subjetivos de la infracción, es suficiente con la mera tenencia de la mercadería. Extremo que se cumple en el caso de autos, agregando que en nada importa a los efectos de la configuración de la infracción la actividad comercial declarada por el tenedor.
Apunta que, el poseedor, como lo define el artículo 1909 del Código Civil y Comercial de la Nación, es aquel que se comporta como titular de la cosa. Y que, CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II a diferencia del tenedor, puede ejercer sobre la cosa cualquier clase de acto sin más límite que la propia ley. Observa que, el artículo 986 del Código Aduanero refiere lisa y llanamente al tenedor ("el que por cualquier título") de la mercadería como realizador del aspecto subjetivo del ilícito. Concluye que la mera tenencia de la mercadería por parte de un sujeto que reúne además los restantes elementos de la figura tipifica, implica la responsabilidad para el tenedor en los términos de la infracción de revista.
Recuerda que, la reglamentación vigente en orden a la precisión de los tenedores de mercadería de origen extranjera con fines comerciales o industriales, contenida en el Decreto 4531/65, en el art. 1°, realiza una enumeración considerada enunciativa de aquellos que se encuentran obligados a probar ante la autoridad aduanera cuando a juicio de esta hubiere motivos para creer que se ha pretendido evadir impuestos o requisitos de importación, la legítima introducción de las mercaderías de origen extranjero que por cualquier título tengan en su poder: a) Despachante de aduana; b) los consignatarios; c) los depositarios; d) los vendedores; e) los transportistas; f) las personas o firmas dedicadas a la publicidad y/o promoción de ventas incluida la entrega y/o disposición de muestras gratis; y g) cualquier otra persona que las tenga con fines de comercio o industrialización.
Aclara que la firma Balut Hermanos S.R.L. no acreditó la posesión de un tercero de la mercadería transportada, por lo que corresponde entender que la misma le pertenecía y siendo que la mercadería no es para consumo, es claro entonces su fin comercial o industrial. No hay forma de que la conducta o hecho enrostrado en el caso pueda ser considerado atípico.
En concreto, en el caso de autos, la actora fue tenedora de la mercadería e incluso su dueña, puesto que no ha acreditado su posesión a nombre de un tercero (de acuerdo con el aforismo del derecho civil según el cual la "posesión vale título").
Resalta que, el volumen de la mercadería transportada impide considerar que la misma sea importada para consumo. Teniendo en cuenta que no existe definición del concepto "finalidad comercial o industrial" en la legislación aduanera, tanto la doctrina como la jurisprudencia ha interpretado que dicha falta sea suplida por el concepto de comercio y acto de comercio (CNACAF, Sala IV, "Barcena, José Florencio", sentencia de fecha 09/12/1986). Adicionalmente, el Decreto 4531/1965, el cual regula el régimen de identificación de mercaderías extranjeras en plaza, considera que existe finalidad comercial cuando la mercadería se encuentra dispuesta en forma tal que ella constituya una exhibición de la que pueda desprenderse la finalidad de su venta.
Apunta que, el hecho de que se trate de mercadería extranjera constituye un presupuesto básico de este tipo infraccional, siendo este un elemento objetivo y CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II que parte de la realidad, encontrando una gran utilidad las normas de origen consagradas en el art. 14 del C.A.
Pondera que, en el caso de autos no solo surge en las Actuaciones Administrativas concretamente la calidad de "extranjera" de la mercadería, sino que además la firma Balut Hermanos S.R.L. no ha aportado prueba alguna que desvirtúe ello. Al mismo tiempo, señala que, la sentencia del Tribunal Fiscal de la Nación no ha desconocido o refutado el origen extranjero de la mercadería que sostiene el Servicio Aduanero.
Refiere que, es menester recordar que esta figura requiere adicionalmente que la mercadería no tenga debidamente adheridos los medios de identificación que hubiera establecido el servicio aduanero.
Pone énfasis en que, la firma Balut Hermanos S.R.L. no ha ofrecido prueba contundente para avalar sus dichos, por lo que atento lo que surge de las actuaciones administrativas respecto a la ausencia de documentación que acredite la lícita introducción al país con los medios identificatorios correspondientes, corresponde considerar tipificado el ilícito previsto en el artículo 986 del Código Aduanero.
Entonces, se agravia, desde el momento en que, la sentencia impugnada, excluye del ámbito subjetivo de la infracción de marras, a las empresas -de existencia ideal o humanas- cuya actividad sea el transporte de cargas. Entiende que, sostener que no cabe responsabilidad a quien transporta mercadería sin la correspondiente documentación aduanera, considerando únicamente la actividad que este declara, implicaría que la conducta desarrollada por el particular jamás podría ser castigada.
Asevera que, la infracción prevista en el artículo 986 del Codito Aduanero, sanciona a quien tiene en su poder mercadería, de origen extranjero y sin contar con la documentación aduanera necesaria para acreditar su lícito libramiento a plaza.
En suma, postula que la mera tenencia de la mercadería configura la infracción independientemente de lo expuesto; y la firma actora, no logró identificar a los remitentes y destinatarios de la mercadería transportada, señalando que la carga de este hecho decisivo se encontraba a su cargo, por lo tanto siendo el tenedor de la mercadería y no habiendo acreditado un titular de la misma, con su respectiva documentación de respaldo, debe atribuírsele la responsabilidad endilgada por el Servicio Aduanero.
Por último, se agravia, puesto que la carga de la prueba recaía sobre la empresa Balut Hermanos S.R.L. Reitera que el carácter objetivo de la figura infraccional determina la inversión de la carga de la prueba, la que se configura en cabeza de la firma, quien debió demostrar la legítima introducción de la mercadería. Cuestión que no ha ocurrido en autos.
En este contexto, aduce que, la firma actora no ha ofrecido prueba contundente para avalar sus dichos, por lo que atento lo que surge de las CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II actuaciones administrativas respecto a la ausencia de documentación aduanera que pruebe la legítima introducción y libramiento a plaza de la mercadería en trato, corresponde confirmar la resolución aduanera en crisis III.- Que, a título preliminar, debe recordarse que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas y cada una de las argumentaciones que pongan a consideración del Tribunal, sino tan solo aquéllas que sean conducentes para decidir el caso y que basten para dar sustento a un pronunciamiento válido (conf. CSJN, Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970, entre otros).
IV. Que el artículo 986 del Código Aduanero reprime al que “por cualquier título tuviere en su poder con fines comerciales o industriales mercadería de origen extranjero, que no presentare debidamente aplicados los medios de identificación que para ella hubiere establecido la Administración Nacional de Aduanas”.
La figura requiere la existencia de tres elementos y la falta de uno de ellos, lógicamente, impide tener por configurada la conducta infraccional y por ende aplicar las sanciones allí establecidas. Estos son: 1°) que el sujeto activo tenga la mercadería en su poder; 2º) que la finalidad de la tenencia sea para comercialización o industrialización; 3°) que se trate de mercaderías de origen extranjero (cfr. Sala V, causa “Balut Hnos SRL c/ EN -DGA- Resol 431/06 y 434/06 (Ex 74-150/05 y 48)”, sent. del 29/12/09).
De lo expuesto, resulta que, para tener por configurada la infracción, el Código Aduanero requiere que se configure la tenencia de mercadería de origen extranjero con fines comerciales o industriales.
Con relación al primero de los elementos señalados, cabe poner de resalto que en el sub lite se cuestionan encomiendas, reguladas por la ley nº 20.216 de correos, en cuyo artículo 17 se establece que "…el envío postal pertenecerá al expedidor hasta tanto no haya sido entregado al destinatario o a persona autorizada para recibirlo…".
A su vez, el artículo 6 de la citada ley dispone “…la inviolabilidad de los envíos postales, importa la obligación de no abrirlos, apoderarse de ellos, suprimirlos, dañarlos o desviarlos intencionalmente de su curso, ni tratar de conocer su contenido, así como de no hacer trascender quienes mantienen relaciones entre sí o dar ocasión para que otros cometan tales infracciones…”. En tales condiciones, si bien prima facie la firma actora “tenía” la mercadería en su transporte, dicha tenencia era de carácter precario, ocasional y sujeta a la obligación de su entrega al destinatario final.
Asimismo, del principio constitucional de la inviolabilidad de la correspondencia, y del texto de los artículos 6 y 17 de la ley 20.216 –y sin perjuicio de las facultades consagradas en su artículo 29–, resulta que la empresa de transporte carece de facultades para puede inspeccionar el contenido de las CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II encomiendas cerradas, ni siquiera en el supuesto de presumir la existencia de elementos de circulación prohibida (cfr., “Balut Hnos. SRL”, cit.).
En virtud de lo expuesto, no puede válidamente afirmarse, como lo hace la demandada, que en el caso concreto se encuentre configurado el primer elemento necesario del tipo infraccional endilgado a la actora.
V. Que, sin perjuicio de que lo hasta aquí expuesto resulta suficiente para sellar la suerte adversa del recurso de la recurrente, cabe señalar que, en cuanto al fin de comercialización o industrialización, de la Exposición de Motivos del Código Aduanero, se desprende que debe estar referido a la propia mercadería que ha sido presunto objeto de contrabando, pues la figura infraccional bajo examen opera como complemento de aquél.
En el caso en examen, debe tenerse presente que, la firma Balut Hermanos S.R.L., es una empresa cuya actividad comercial principal consiste en el transporte automotor de pasajeros de carácter interjurisdiccional y, como actividad secundaria, la prestación del servicio de encomienda.
Es claro que, por su objeto social, la finalidad comercial de Balut Hnos SRL se relaciona con la actividad de transporte automotor y otras actividades relacionadas con hotelería y el turismo, pero no con la comercialización de mercaderías (ver expte. adm. fs. 84/132). Eso mismo reflejan diversas actas e informes labrados durante el trámite del sumario, de los que surge que la mercadería se encontraba en bultos cerrados, es decir que no se vendía en ocasión de su traslado (ver fs. 9/10 y 42/44 del expte. cit.).
De igual modo, la constancia inserta en la expresión de agravios del Fisco convalida que las restantes actividades en que se encuentra inscripta la sociedad actora frente al organismo recaudador se relacionan con el transporte automotor, servicios complementarios para el transporte, servicios empresariales, agencias de viajes y servicios inmobiliarios con inmuebles propios; no así con la comercialización de mercadería.
En virtud de ello, no resulta razonable considerar que la mercadería incautada (mayoritariamente calzado e indumentaria), conforme surge de las constancias administrativas– tuviera fines “industriales o comerciales” –en los términos requeridos por el tipo infraccional–, conforme el giro comercial habitual de la accionante.
VI. Que por otra parte, no puede dejar de advertirse que, tal como surge de las actuaciones administrativas, la totalidad de los paquetes secuestrados por la Gendarmería Nacional se encontraban cerrados, por lo que la firma actora únicamente pudo conocer el contenido de los mismos una vez que los funcionarios administrativos dispusieron su apertura en los distintos procedimientos llevados a cabo, todo lo cual desvirtúa el atribuido conocimiento, por su parte, de las condiciones y presunta finalidad “industrial o comercial” de la mercadería incautada.
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Es que, se encuentra acreditado, mediante las actas labradas, que la actora no vendía las mercaderías en ocasión de ser transportadas, sino que se encontraban en bultos cerrados, individualizándose a través de las “guías/remito”, y por los datos -si bien escasos- que constaban en los bultos.
De lo expuesto, resulta claramente que, en el presente caso, no se reúne el fin comercial requerido para tener por configurada la infracción prevista en el artículo 986 del Código Aduanero.
En definitiva, cabe resaltar que el tipo infraccional por el cual se sanciona al apelante prevé que la tenencia de la mercadería tenga un fin comercial o industrial; circunstancia que difiere del “transporte” de dicha mercadería, por lo que no se configura en este caso la infracción prevista y penada por el art. 986 del C.A.
VII. Que finalmente y con respecto a los demás elementos requeridos por el tipo infraccional (origen extranjero de la mercadería y la ausencia de la identificación establecida por la Aduana para su identificación), cabe señalar que, tal lo manifestado por el Tribunal a quo, no se encuentra constatado en autos el origen extranjero de las mercaderías ni tampoco que la aduana haya llevado a cabo investigación alguna tendiente a determinar el origen extranjero de las mismas (ver Actas de fs. 2/3, 9/10, planillas de aforo fs. 1/13, fs. 35/36 y 40). Asimismo, tampoco se ha investigado si otras personas pudieran haber cometido una infracción aduanera en su carácter de remitentes de la mercadería que la apelante sostiene que se hallaba en infracción.
En consecuencia cabe concluir que en el caso no se reunían los requisitos para tener por configurada la infracción prevista en el art. 986.del C.A., lo que determina el rechazo del agravio y consiguiente confirmación del decisorio recurrido.
VIII. Que las costas se imponen a la demandada vencida, de conformidad con el principio objetivo de la derrota del que no existen motivos que justifiquen apartarse (art. 68, 1° parte del C.P.C.C.N.).
Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: rechazar el recurso intentado y confirmar la sentencia del TFN de fecha 21/05/2024, con costas (art. 68, 1° parte del C.P.C.C.N.).
Regístrese, notifíquese y oportunamente, devuélvase.
MARÍA CLAUDIA CAPUTI JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA LUIS MARÍA MÁRQUEZ
Fin de la sentencia