Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 13358457-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar la apelación del Fisco Nacional y confirmar la decisión del 7/5/24; con costas (art. 68, primer párrafo, CPCCN). El juez de Cámara Rogelio W. Vincenti no suscribe por hallarse de licencia (art. 109, RJN).
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 19195/2024 “BALUT HNOS SRL (TF 13358457-A) C/ DGA S/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Buenos Aires, febrero de 2025.
VISTOS; Y CONSIDERANDO:
1. Que, el 7/5/24, el Tribunal Fiscal de la Nación revocó la resolución AD SALO 201/20, recaída en la actuación SIGEA 18088-3-2018, en cuanto había condenado a Balut Hnos SRL al pago de una multa y al comiso de la mercadería secuestrada, por la comisión USO OFICIAL de la infracción prevista en el artículo 987 del Código Aduanero, al mismo tiempo que la intimaba al pago de tributos en los términos del artículo 783. Impuso las costas al Fisco Nacional (v. pp. 446-450 de la versión digital del expte. TF 13358457-A, remitida con el oficio del 26/11/24).
Para resolver como lo hizo, relató que las actuaciones se originaron a raíz de un procedimiento de control de transportes de encomiendas nacionales, durante el cual se detectaron 27 encomiendas en un vehículo perteneciente a la actora (camión dominio MGY368/OMI644), en presunta infracción a la ley 22.415. Posteriormente, como consecuencia de una medida dispuesta por el Juzgado Federal de Rosario N° 4, se procedió a la apertura de dichas encomiendas, cuyo aforo obra a fs. 49/72 de los antecedentes, del cual resultó la existencia de mercadería de origen extranjero, nueva sin uso, y sin documentación que avalara su legal ingreso al país. Por ese motivo, se dispuso su secuestro. Señaló que, de la Exposición de Motivos del Código Aduanero, resultaba que el objeto de la figura imputada era sancionar residualmente al contrabando y que por eso se castigaba al tenedor de mercaderías de origen extranjero que no pudiese acreditar su legítima introducción ante una inspección aduanera. Dijo que de allí también surgía la exigencia de finalidad comercial o industrial con respecto a los bienes.
Destacó que no estaba discutido que la actora revestía la calidad de una empresa de transporte y que el propósito comercial que pudiese tener para desarrollar su actividad, es decir el transporte a título oneroso de la mercadería, no constituía el fin comercial exigido por la norma, porque éste debía recaer sobre la propia mercancía.
Agregó que en su calidad de empresa de transporte de encomiendas que se suponen cerradas, resultaba irrazonable que se le exigiera su previa apertura para verificar el contenido; lo que, además, no estaba previsto en disposición alguna.
Con respecto al otro argumento del servicio aduanero, consistente en que la actora debió haber proporcionado documentación que permitiese identificar a los sujetos remitentes y destinatarios, consideró carente de fundamento normativo la atribución de responsabilidad. Precisó que recaía sobre la Aduana el deber de efectuar una investigación completa y exhaustiva a los efectos de identificar a los responsables e imputarles la infracción en trato. Agregó que, del acta de procedimiento, resultaba que en las guías se encontraban consignados los nombres y apellidos, como así también los domicilios de los supuestos remitentes y destinatarios e incluso, en algunos casos, su DNI.
Por lo expuesto, concluyó que la empresa imputada tenía la mercadería extranjera de buena fe, afectada a su servicio de transporte y sin el fin comercial o industrial requerido por el tipo infraccional, por lo que dejó sin efecto la sanción impuesta.
2. Que, disconforme, el Fisco Nacional interpuso apelación el 1/7/24, que se concedió en igual fecha, se fundó el 6/8/24 y fue replicada el 23/8/24 (v. pp. 453-454, 466, 477-496 y 520-529, expte. cit.).
En sustancia, cuestionó que se hubiese excluido del ámbito subjetivo de la infracción a aquellas personas humanas o físicas cuya actividad sea la del transporte de mercaderías. Consideró que esa interpretación desnaturalizaba la figura prevista en el artículo 987 del código, donde solo se exige la tenencia de la mercadería, y quebraba la regla según la cual no corresponde introducir distingos donde no lo hizo el legislador. Recordó, a su vez, la enumeración de los tenedores de mercadería extranjera con fines comerciales o industriales que realiza el artículo 1° del decreto 4531/65, donde se menciona, entre otros, a los transportistas y cualquier otra persona que tenga las mercaderías con fines de comercio o industrialización.
Agregó que el fin comercial o industrial de la mercadería no podía desconocerse en el caso porque el servicio aduanero había constatado -y así se exteriorizó en el expediente administrativo- una voluminosa cantidad de indumentaria textil que impedía considerar que aquella fuese para consumo personal.
También indicó que no estaba discutida la falta de acreditación de la legítima introducción de la mercadería, ni su origen extranjero.
Finalmente, puso en duda que la actora fuese una empresa íntegramente dedicada al transporte de cargas, y proporcionó una impresión de pantalla de la página de la AFIP (hoy ARCA) de donde surge que tiene 6 actividades declaradas.
3. Que el artículo 987 del Código Aduanero dispone: “el que por cualquier título tuviere en su poder con fines comerciales o industriales mercadería de origen extranjero y no probare, ante el requerimiento del servicio aduanero, que aquélla fue librada lícitamente a plaza, será sancionado con el comiso de la mercadería de que se tratare y con una multa de uno a cinco veces su valor en plaza. A los efectos de la comprobación a que se refiere este artículo, sólo se admitirá la documentación aduanera habilitante de la respectiva importación. No será de aplicación lo dispuesto en este artículo cuando el hecho encuadrare en cualquiera de los supuestos previstos en los artículos 985 y 986”. La figura requiere la existencia de tres elementos y la falta de uno de ellos, lógicamente, impide reprimir con las sanciones allí establecidas. Estos son: 1°) que el sujeto activo tenga la mercadería en su poder; 2º) que la finalidad de la tenencia sea para comercialización o industrialización; 3°) que se trate de mercaderías de origen extranjero CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 19195/2024 “BALUT HNOS SRL (TF 13358457-A) C/ DGA S/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
(cfr. Sala V, causa “Balut Hnos SRL c/ EN -DGA- Resol 431/06 y 434/06 (Ex 74-150/05 y 48)”, sent. del 29/12/09).
La tenencia de mercadería de origen extranjero no está discutida en esta instancia. Tampoco es materia de controversia que la actora no probó, con la documentación aduanera habilitante, su legítimo ingreso al territorio nacional. La discusión se centra en el restante elemento del tipo infraccional (v. esp. pp. 8 y 12, expte. cit.).
USO OFICIAL
En cuanto al fin de comercialización o industrialización, como adecuadamente lo señaló el organismo jurisdiccional, se infiere de la Exposición de Motivos del código que debe estar referido a la propia mercadería que ha sido presunto objeto de contrabando, pues la infracción bajo examen juega como complemento de aquél (en igual sentido, cfr. esta Sala, causa 18347/24 “Crucero del Norte SA (TF 55720015-A) c/ DGA”, sent. del 26/11/24).
Además, es una cuestión que depende del análisis particular de cada causa y remite necesariamente a la consideración de hechos y pruebas; aspecto en el que este Tribunal encuentra un límite en el artículo 1180, aparado b, del Código Aduanero, en virtud del cual no le es dado rever las conclusiones del Tribunal Fiscal de la Nación sobre los hechos probados, a menos que hubiera mediado arbitrariedad o un error de magnitud suficiente para apartar la aplicación del mentado principio (cfr. Fallos: 300:985; Sala I, causa “Scioli”, del 14/12/93; Sala III, causa “Schmid, Walter Edmundo”, del 26/10/84; Sala V, causas “Aspitarte y Cía SA”, del 14/8/95, “Seysu SRL”, del 25/3/96, “Zeneca SA”, del 26/8/98 y “DGA (en autos Procter & Gamble Soc. Col TF 19609-A)”, del 21/9/06, entre otras). Sin embargo, esta última situación no se presenta en el caso.
La decisión adoptada resulta, por el contrario, una derivación razonada de las pruebas obrantes en la causa. Es claro que, por su objeto social, la finalidad comercial de Balut Hnos SRL se relaciona con la actividad de transporte automotor y otras actividades relacionadas con hotelería y el turismo, pero no con la comercialización de mercaderías (v. pp. 320 y 339-340, expte. cit.). Eso mismo reflejan diversas actas e informes labrados durante el trámite del sumario, de los que surge que la mercadería se encontraba en bultos cerrados, es decir que no se vendía en ocasión de su traslado (v. esp. pp. 175-177 y 207, expte. cit.). De igual modo, la constancia inserta en la expresión de agravios del Fisco convalida que las restantes actividades en que se encuentra inscripta la sociedad actora frente al organismo recaudador se relacionan con el transporte automotor, servicios complementarios para el transporte, servicios empresariales, agencias de viajes y servicios inmobiliarios con inmuebles propios; no así con la comercialización de mercadería. En esas condiciones, la revocación de la sanción impuesta a la actora en los términos del artículo 987 del Código Aduanero debe ser confirmada.
Por todo lo expuesto, SE RESUELVE: Rechazar la apelación del Fisco Nacional y confirmar la decisión del 7/5/24; con costas (art. 68, primer párrafo, CPCCN). El juez de Cámara Rogelio W. Vincenti no suscribe por hallarse de licencia (art.
109, RJN).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
MARCELO DANIEL DUFFY JORGE EDUARDO MORAN
Fin de la sentencia