Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar por improcedente el recurso de casación interpuesto por la parte querellante a fs. 861/871 y por la Fiscalía a fs. 872/874, conforme los fundamentos expuestos.
2Confirmar la sentencia dictada por la Excma. Cámara Criminal de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 831/853.-
3Tener presente para el momento procesal oportuno la reserva del caso federal formulada por la Querella y la Fiscalía a fs. 871 y 873 respectivamente.-
PROVINCIA: SANTA CRUZ LOCALIDAD: RIO GALLEGOS FUERO: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA SECRETARIA: PENAL INSTANCIA: TERCERA INTERLOCUTORIO Nº:023 OBJETO: RECURSO DE CASACIÓN
FECHA: 26 de Junio de 2015.-
AUTOS: “BAÑADOS, DANIEL JESÚS Y MILLALONCO DANIEL RODRIGO S/ HOMICIDIO SIMPLE”, Expte. Nº 4624 (B-874/14/TSJ)
Río Gallegos, 26 de junio de 2015.-
Los presentes autos caratulados “BAÑADOS, DANIEL JESÚS Y MILLALONCO DANIEL RODRIGO S/ HOMICIDIO SIMPLE”, Expte. Nº 4624 (B-874/14/TSJ), venidos al Acuerdo para resolver; y
I.-) Que, llegan los presentes autos a conocimiento de este Tribunal Superior de Justicia en virtud del recurso de casación interpuesto a fs. 861/871 por el Sr. apoderado de la parte querellante, Dr. Camutti en representación de la Sra. Blanca Irma Montiel, y del recurso de casación interpuesto por el Sr. Fiscal ante la Excma. Cámara Criminal y Correccional Dr. Gabriel Lucio Giordano contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara Criminal de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 831/853 vta., que condena a la pena de diez (10) años de prisión de cumplimiento efectivo como autor penalmente responsable del delito de HOMICIDIO SIMPLE (art. 79 del C.P.), accesorias legales y al pago de las costas procesales (arts. 12 y 29 inc. 3º del C.P.) a DANIEL RODRIGO MILLALONCO y absuelve de culpa y cargo a DANIEL JESÚS BAÑADOS por aplicación del principio beneficiante de la duda (art. 4 del C.P.P.) como autor o cómplice secundario del mismo, por el que fuera acusado, sin costas y ordenando su libertad.- Que, dichos recursos fueron concedidos por el tribunal de grado a fs. 876/877 vta. y sostenido en esta instancia a fs. 893 (la querella) y 894 (el fiscal).-
II.-) Que, el querellante manifestó que se agravia por la "...absurda e inmotivada invocación del art. 4 del CPP y errada no aplicación del art. 46 y 47 CP...".-
El recurrente realizó un breve resumen de la causa, para luego agregar que "... dando adecuado cumplimiento al requisito de admisibilidad del presente recurso, a modo de fundamento suficiente del mismo, la concreción, en el fallo recurrido, en las hipótesis contenidas en los arts. 439 inc. 1 y 2 del código de procederes en la materia penal...".-
Agregó que "...con respecto al reproche penal solicitado a Bañados, como mínimo, con fundamento en su participación secundaria, el voto mayoritario: a) se inicia con un aparente tratamiento de una cuestión abstracta, atento la postura asumida por la acusación, descartando la hipótesis de coautoría, mediante simples afirmaciones dogmáticas (fundamento aparente a la luz de la exigencia del art. 116 CPP, esto es ayunas de ser acompañadas de su razón suficiente), divorciadas de las particulares circunstancias que las mismas sentenciantes tuvieron por acreditadas y que previamente expusieron... El estilo inválido empleado en el voto mayoritario para seudo motivar sus decisiones, esto es, afirmaciones o conclusiones, meramente dogmáticas, no acompañadas del fundamento o razonamiento que la avalan...".- Cuestiona el querellante lo resuelto por el voto mayoritario, preguntándose entre otras cosas "...por qué las juzgadoras reducen objetivamente, la actuación de Bañados a su sola presencia en el lugar del hecho, desplegando la sola acción de arrojar piedras? Por qué limitan la actuación material de Bañados a la acción de arrojar piedras? Por qué el voto de la mayoría no ha de tener en cuenta que acompañó y ayudó a Millalonco para concretar, con un cuchillo, el propósito de éste?...".-
Manifestó el querellante "...éstos y muchísimos más interrogantes pueden plantearse cuando los juzgadores, como en este caso, sin brindar explicación, prescinden de circunstancias que previamente tuvieron por debida y ciertamente acreditadas (hipótesis de autocontradicción) y que tiene aptitud para resolver las cuestiones que, luego se han de plantear como esenciales. Sin explicación (motivación) en el voto de la mayoría se reduce, caprichosamente la actuación material de Bañados a arrojar piedras a la vivienda. Por tanto, previsiblemente, al despojarse inexplicable o inmotivadamente de las circunstancias pertinentes y útiles para resolver la encuesta, a los sentenciantes le surgirá, fruto de la prescindencia de los resultados de la prueba legítimamente ingresada al debate, dudas sobre la intención de aquél para desplegar su acción...".- Así, agregó que "...el voto mayoritario simplemente afirma la existencia de una razonable duda sobre la intención que tuvo el beneficiado Bañados, al ayudar a Millalonco a concretar su agresión... y arbitrariamente... mediante la sola invocación de una duda inmotivada, sin más la absolución de Bañados...".-
Se agravió también por la arbitraria mensuración del monto de la pena impuesta a Millalonco, manifestando que la misma fue carente de fundamentación y que las circunstancias atenuantes que mencionan en el voto mayoritario no son tales.-
Hizo reserva del caso federal y solicitó "...oportunamente se case parcialmente la sentencia impugnada, revocando el punto 3 del fallo, condenando a Daniel Jesús Bañados como cómplice secundario (art. 46 CP) del delito de homicidio simple (art. 79 CP) a la pena de seis (6) años de prisión. Asimismo se case parcialmente, la sentencia impugnada, revocando parcialmente el punto "2" del fallo, modificando la pena impuesta de diez años de prisión a Daniel Rodrigo Millalonco, en orden al delito de Homicidio Simple (art. 79 CP) por su calidad de autor (art. 45 CP) penalmente responsable, por la de doce (12) años de prisión...".- Por su parte, el Sr. Agente Fiscal se agravió "...por la absolución dictada por el tribunal de juicio al encausado cuando de las probanzas arrojadas a la investigación fundamentalmente desde el punto de vista material u objetivo, que es el atinente aquí toda vez que a juicio de esta fiscalía más allá de las fases en que se ha fraccionado el delito lo cierto V.S. que tal como sostuviera en la acusación a Daniel Jesús Bañados hubo de hacerlo discriminando el andamiaje delictivo llevado a cabo por cada uno de los sujetos activos como si fueran emprendimientos aislados pero propios de hechos independientes entre sí lo que significa parcelar el sentido unitario de la relación previa a delinquir de los procesados Millalonco y el citado Bañados...".- Se agravió asimismo por la participación que tuviera Bañados en el hecho delictivo, y que no fuera evaluado correctamente por el voto mayoritario.-
Finalmente, plantea reserva cuestión federal (sic) "...atento como se ha expresado, surgiría de autos una clara violación de las garantías constitucionales del debido proceso (art. 18 CN) dejando desde ya planteada la cuestión federal haciendo expresa reserva -ante el hipotético caso de improcedencia del planteo articulado- de concurrir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por vía del recurso extraordinario por arbitrariedad (art. 14 Ley 48)..." y solicita "...se declare procedente el recurso de casación interpuesto y previo trámites de rigor, se case el fallo por inobservancia de las normas procesales y de fondo (art. 441 inc. 2do. y 448 y ss. del Código Procesal Penal) declarando la nulidad del mismo (art. 453 del mismo cuerpo normativo) en lo que respecta a la absolución decretada rectificando la misma teniéndose presente la oportunamente requerida por éste Ministerio Público Fiscal como justa y racional teniendo en cuenta, atento a la participación secundaria -art. 46 CP- a Bañados Daniel Jesús en orden al tipo penal homicidio simple -art. 79 CP- a la pena de seis (6) años de prisión en efectivo...".- III.-) Este Alto Cuerpo ingresará al tratamiento de los motivos expuestos por los recurrentes en sus presentaciones casatorias, conforme la doctrina fijada por la C.S.J.N. en el sentido que “...La interpretación del art. 456 del Cód. Procesal Penal de la Nación conforme la teoría del máximo rendimiento, la cual exige al tribunal competente en materia de casación agotar su capacidad revisora, archivando la impracticable distinción entre cuestiones de hecho y derecho, implica un entendimiento de la ley procesal penal vigente, acorde con las exigencias de la Constitución Nacional y la jurisprudencia internacional...” (“Casal, Matías E. y otro”, 20/IX/05, La Ley Suplemento Penal octubre 2005).- En igual sentido la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostuvo "...El examen de la decisión recurrida debe ser integral, con el objeto de no incurrir en un remedio procesal meramente formal que infrinja la esencia misma del derecho a recurrir el fallo condenatorio..." (CIDH "Herrera Ulloa vs Costa Rica" del 02/07/2004).-
En este orden de ideas y dentro de este contexto, también resulta conveniente destacar que lo único no revisable es lo que surge directa y únicamente de la inmediación.-
Es dentro de este marco donde corresponde analizar los argumentos esgrimidos por el recurrente.-
IV.-) En principio corresponde señalar, la carencia de fundamentación de la vía recursiva, expuesta por el Sr. Fiscal de Cámara a -fs. 872/874-.-
En efecto, ello es así toda vez que el Ministerio Público Fiscal, pretende fundar la revisión integral del fallo, en la garantía de la doble instancia (art. 8.2 h de la C.A.D.H y art. 14.5 del PIDCP) y en el fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Casal Matías Eugenio y otros", C.1757.XL, 20/IX/05, La Ley Suplemento Penal octubre 2005), normativa y jurisprudencia que no se ajusta al caso en estudio.-
En este sentido, corresponde aclarar que los tratados internacionales de Derechos Humanos que conforman el bloque de Constitucionalidad (Art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional) no prevén respecto de los representantes del Estado, encargados de la persecución penal (Ministerio Público), un derecho a recurrir contra una sentencia, en materia penal, que les ha resultado adversa en sus pretensiones.-
Para mayor tratamiento sobre el tema, se fundamentó "...este tipo de convenciones internacionales reconocen derechos al hombre persona física, y sólo como excepción se refieren a entidades colectivas, pero siempre relacionadas con situaciones subjetivas sólo protagonizadas por seres humanos que detentan derechos frente al Estado como único sujeto pasivo que asume la responsabilidad de respetarlos y garantizarlos (Daniel E. Herrendorf y Germán Bidart Campos: Principios de Derechos Humanos y Garantías, Buenos Aires, 1991, pp. 269 y ss).-
En tanto, nuestro Cimero Tribunal estableció "...en primer término cabe analizar cuál es el sentido de la voz "persona" enunciada en el art. 8º, párrafo 2, de la Convención Americana sobre derechos Humanos. A tal fin es válido recurrir al Preámbulo y al art. 1 del citado ordenamiento los cuales establecen que "persona" significa todo ser humano. En tales condiciones es de aplicación al caso la pauta de hermenéutica que establece que cuando una ley es clara y no exige mayor esfuerzo interpretativo no cabe sino su directa aplicación (Fallos: 218:56).-
Se agregó que "...las garantías emanadas de los tratados sobre derechos humanos deben entenderse en función de la protección de los derechos esenciales del ser humano y no para beneficio de los estados contratantes. En este sentido la Corte Interamericana, cuya jurisprudencia debe servir como guìa para la interpretación de esa Convención, en la medida en que el Estado argentino reconoció la competencia de dicho tribunal para conocer en todos los casos relativos a la interpretación y aplicación de los preceptos convencionales (confr. arts. 41, 62 y 64 de la Convención y art. 2º ley 23.054), dispuso: "los Estados...asumen varias obligaciones, no en relación con otros Estados, sino hacia los individuos bajo su jurisdicción" (OC-2/82, 24 de septiembre de 1982, párrafo 29). Cabe señalar que este criterio ha sido reiterado por la Corte Suprema en los fallos: "Nicolai, Jorge Alberto y otro s/recurso de casación" (fallos: 324:1365), "Mainhard, Edgar Walter s/recurso de casación" (fallos: 324:3269), y "Da Coceicao Teixeira, Casimiro s/p.s.a infracción ley 24.769" (D. 153.XXXVI, rta. 4/4/02).- De idéntica manera se sostuvo "...la garantía de la doble instancia en materia penal prevista en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 8º inciso 2º apartado h), como así también por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 14.5), que adquirieron jerarquía constitucional tras la reforma (Artículo 75 inciso 22 párr. 2º), hace expresa referencia a la persona "inculpada de delito", por lo que "...resultan ajenas a su ámbito las sentencias absolutorias (cualquiera sea el monto de la pena o sanción pecuniaria pedidas por el Ministerio Público, el querellante o actor civil)...-confr. Palacio "Las limitaciones legales del recurso de casación en el proceso penal y el derecho acordado por el "Pacto de San José de Costa Rica" a la persona inculpada de delito", La Ley, Suplemento de Jurisprudencia Penal, Buenos Aires, 20 de setiembre de 1995, pag 5...". (CNCP, Sala III, causa nº 563 Guaresti de Gandulfo, María N.U. s/recurso de queja", reg. nº 306/95, rta. el 25/10/95).- A esta altura es dable aclarar, que la Fiscalía debió fundamentar la apertura de la vía recursiva, en el art. 441 inc. 1º, toda vez que había solicitado una pena de seis años de prisión para Daniel Jesús Bañados; por lo que ante la Absolución dispuesta por el Tribunal de Juicio, se tornaba plenamente operativa la normativa de mención.-
V.-) También corresponde destacar que la presentación impugnativa esgrimida por la Fiscalía no satisface el requisito de "autosuficiencia" que caracteriza a todo recurso extraordinario, conforme ordena el art. 446 del C.P.P., en razón que el libelo recursivo "... debe bastarse a sí mismo ..." (Francisco D´Albora, "Código Procesal Penal", pág. 855, Abeledo Perrot, 1999), reseñando los antecedentes de la causa y "... la invocación exhaustiva de las normas que se dejaron de lado o no fueron correctamente comprendidas por el tribunal en su aplicación al caso ..." (autor y obra citada), exigencia establecida en la ley para colocar a los magistrados en condiciones de resolver acerca de la admisibilidad de la instancia cuya apertura pretende la parte recurrente (Juan Carlos Hitters, "Técnica de los Recursos Extraordinarios y de la Casación", págs. 628/629, LEP, 2º edición).- Nos ilustra Oscar R.
Pandolfi ("Recurso de Casación", Ed. La Rocca 2001, pag. 335) sostiene con relación al tema "... Uno de los requisitos formales esenciales para la fundamentación adecuada del recurso de casación es la completitividad del escrito de interposición, el cual se debe autoabastecer, a efectos de que el tribunal respectivo pueda, mediante su sola lectura, interiorizarse de los alcances de la materia recurrida, esto es el proceso y de la sentencia en él recaída...”, a continuación el mencionado autor agrega diversos casos jurisprudenciales en abono de su postura: "... En la exposición del motivo del recurso de casación, y como requisito de admisibilidad, el recurrente debe indicar la ley que considera erróneamente aplicada y consignar cuál es la ley cuya aplicación pretende..." (ST Corrientes, 26/9/94, "Rey, Juan P.", DJ, 1995-1-40.
Lexco, 000149322), "...no basta con sostener que la sentencia recurrida viola genéricamente el deber de razón suficiente -o falta de motivación adecuada- sino que el recurrente debe demostrar clara y contundentemente que el razonamiento seguido por la Cámara es absurdo, incoherente, violatorio de las leyes de la lógica o basado en un concepto personal y arbitrario de los jueces..." (STJRN, SE 111/92, "Reuque, Daniel G. S /robo calificado s /casación" 27/8/93).- En tanto Fernando De la Rúa ("La casación penal", Ed. Depalma 1994, pág. 224), expresa "... El recurso de casación debe ser motivado, y esa motivación debe ser suministrada por la parte recurrente en el mismo escrito de interposición, determinando concretamente el agravio, tanto en lo referente al vicio que denuncia como al derecho que lo sustenta..." "...
La enunciación del motivo en virtud de los requisitos expuestos, debe ser clara y expresa, de modo que permita individualizar concretamente el vicio que justifica la impugnación. Por ello no es válida la remisión a otros actos, como a “escritos presentados con anterioridad, a las constancias del sumario, o aun a la misma sentencia, o la mención ambigua o confusa de las disposiciones de ley o de su interpretación...".- Una muestra palmaria, de la carencia de fundamentación, es la jurisprudencia en la cual la Fiscalía pretende apoyar su embates, las cuales están referidas a co-autoría y no a la participación secundaria alegada anteriormente.-
VI.-) Continuando con la revisión integral del fallo, corresponde puntualizar que el escrito recursivo de la querella, ha sido correctamente encausado, en la normativa del art. 439 inc. 1 CPP, (errónea aplicación de la ley sustantiva), de igual modo la querella alega que el fallo se encuentra desprovisto de la debida fundamentación (art. 116 del CPP), lo que torna arbitrario al mismo (Art. 439 inc. 2 del CPP).-
Como primera cuestión, corresponde efectuar algunas consideraciones generales en relación a los principios rectores de la fundamentación de los fallos judiciales.-
En este sentido, la obligación legal que impone a los jueces la necesidad de fundamentar y motivar, las resoluciones judiciales, no sólo surge de la carta magna como una derivación del principio republicano de gobierno, sino que también del ordenamiento procesal (arts. 116, 381 y 387 a contrario sensu del Código Procesal Penal).-
La doctrina dice que: "...Esta garantía constitucional de justicia fundada en el régimen republicano de gobierno, impone la publicidad de las razones que tuvieron en cuenta los jueces para dictar sus sentencias y facilita el control de la actuación judicial por el pueblo, de quien en definitiva emana la autoridad...Se resguarda a los particulares y a la colectividad contra las decisiones arbitrarias de los jueces, que no podrán así dejarse arrastrar por impresiones puramente subjetivas ni decidir las causas a capricho, sino que están obligados a enunciar las pruebas que dan base a su juicio y a valorarlas racionalmente..." (conf. Gavier; Ernesto R., "La motivación de las sentencias", en Comercio y Justicia, 15 y 16 de octubre de 1961).- Suficientemente ilustrativo, resulta ser en tal aspecto, el distinguido procesalista Julio B.J.
Maier quien sostiene "... En ese sentido se entiende por fundar la sentencia, o por motivarla como también se enuncia esa exigencia para su validez, no tan sólo la expresión de las premisas del juicio, las circunstancias de hecho verificadas y las reglas jurídicas aplicables, como alguna vez se ha entendido en sentido muy estricto, sino, antes bien, la exposición de las razones de hecho y de derecho que justifican la decisión. Esto es, en el lenguaje vulgar, la exteriorización del por qué de las conclusiones de hecho y de derecho que el Tribunal afirma para arribar a la solución del caso: se reconoce que una sentencia está fundada, al menos en lo que hace a la reconstrucción histórica de los hechos, cuando menciona los elementos de prueba a través de los cuales arriba racionalmente a una determinada conclusión fáctica, esos elementos han sido válidamente incorporados al proceso y son aptos para ser valorados (legitimidad de la valoración), y exterioriza la valoración probatoria, esto es, contiene la explicación del por qué de la conclusión, siguiendo las leyes del pensamiento humano (principios lógicos de igualdad, contradicción, tercero excluido y razón suficiente) de la experiencia y de la psicología común..." (Conf.
Julio B.J.Maier, "Derecho Procesal Penal" T. 1, Fundamentos, Editores del Puerto, 2º ed. Bs. As. 2002, pág. 481 y ss.).- Concordante con la doctrina expuesta resulta ser la jurisprudencia pronunciada por la Cámara Nacional de Casación Penal quien se expidió con respecto al tema "...Motivar o fundamentar las resoluciones judiciales implica asentar por escrito las razones que justifican el juicio lógico que ellas contienen. En otras palabras, importa la obligación de consignar las causas que determinan el decisorio o exponer los argumentos fácticos y jurídicos que sustentan la resolución, esto es, las razones que poseen aptitud para legitimar el dispositivo..." (conf. Sala III, Causas nº 80, "Paulillo, Carlos Dante s/rec. de casación", reg. 111, rta. 12/4/94; nº 181, "Sassoon Attie, Raúl Nissim s/recurso de casación", reg. 177/94, rta. 17/11/94; nº 1802, "Grano, Marcelo s/recurso de casación", reg. nº 186/2002, rta. 22/4/2002; entre otras muchas).- Finalmente, a los efectos de concluir con la doctrina en lo que respecta a la motivación que debe contar todo pronunciamiento judicial corresponde efectuar la siguiente cita: "...para llegar a descubrir o determinar la 'verdad de los hechos', la 'verdad fáctica', para aceptar una proposición o una hipótesis como 'verdadera', es necesario demostrar "...su coherencia o incoherencia con el material probatorio recogido y la justificación o no de su relevancia y credibilidad..."; y esta demostración deberá explicitarse -justamente- en la 'motivación' de la sentencia, "...que no es otra cosa más que la exhibición de un número plausible..., por relevancia y fiabilidad, de confirmaciones de la hipótesis acusatoria y de desmentidas de hipótesis explicativas alternativas a ella..., idóneas a justificar su aceptación como verdadera..." (Ferrajoli, Luigi, "Notas críticas y autocrítica en torno a la discusión sobre derecho y razón", en Revista de Ciencia Jurídica, Más derecho, T. 2, FJD editor, Bs.
As., 2001, pág. 17/68).- Volcado lo expuesto al caso en estudio; de un cotejo del fallo en crisis, se puede apreciar, que los vocales preopinantes de la mayoría, han efectuado un estudio exhaustivo del material probatorio, fundando razonadamente sus conclusiones.-
Así, al tratar en concreto la responsabilidad de Jesús Bañado, expresaron: "...Ahora bien, respecto a Daniel Jesús Bañados, no caben dudas que fue quien acompañaba a Millalonco la tercera vez que éste se presentó en el domicilio de Montiel, así casi todos los testigos que lo vieron, entre ellos la Sra. Páez dice que este tenía sus manos hacia atrás en las que portaba piedras, Salazar afirma que vio a Bañados (a quien todos los testigos lo describen como el más morrudo, de estatura más baja que el otro, incluso algunos señalan el color de su cabello) pero que no vio que llevara algo en sus manos, cuando se da vuelta para irse observó que hace un gesto como que guardaba algo en su cintura. Gerardo Ferreyra, hermano de la víctima sostiene que a Bañados lo vio tirar piedras, Ñañez, manifestó que no vio que Bañados portara algún arma y solo lo vio tirar piedras y que se alejaba yendo hacia atrás; Cecilia Alonso también lo vio arrojar piedras contra la vivienda, Lizzet Abdala ni siquiera vio a Bañados en el lugar de los hechos y ha quedado claramente demostrado que este no tuvo contacto físico con el occiso y que si bien acompañó a Millalonco el cual manifestaba a viva voz que mataría a los que estaban en la vivienda, y como bien lo sostuviera el Ministerio fiscal se debe concluir que la participación de éste en el hecho no fue necesaria, al no haber tenido dominio del hecho y no haber realizado un aporte indispensable para que Millalonco concretara la muerte de Montiel. Ahora bien recordemos que en todo momento se endilgó a Bañados la coautoría del hecho, se eleva la causa a juicio por considerar que éste y Millalonco agredieron físicamente a Montiel, provocándole las lesiones que le causaron la muerte. Habiéndose descartado incluso que la víctima presentara siquiera algún hematoma o lesión compatible con las causadas por algún elemento contundente equiparable a piedras o similar, lo que debemos añadir que conforme el testimonio de la Dra. Contreras tampoco se pudo afirmar que las heridas que presentaba Montiel fueran realizadas con armas diferentes con lo cual la coautoría en el hecho no puede ser endilgada a Bañados.- Merituaron que: "...La Fiscalía en su alegato final al concretar su acusación, argumenta que Bañados fue el sostén de Millalonco, que el mismo tuvo una actuación proactiva en el hecho, solicita se lo tenga al mismo como partícipe secundario de homicidio simple...".-
Interpretan que: "...Al respecto, si recordamos lo que establece el art. 46 del C.P., es partícipe secundario quien coopera de cualquier otro modo a ("a" y no "en") la ejecución del hecho o presta una ayuda posterior cumpliendo promesas anteriores al mismo.-
Sostienen: "...En el caso en examen desde el punto de vista objetivo, entonces parece claro que la presencia de Bañados en el lugar acompañando a su amigo, arrojando piedras constituye una colaboración de hecho, pero al analizar el aspecto subjetivo de la conducta de Bañados, ¿Cúal ha sido la intención de éste? fue sostener moralmente, como dice el fiscal, a Millalonco para que este matara o solo fue a causar daños materiales, por eso su accionar se limitó a arrojar piedras contra la vivienda o solo tuvo la intención de amenazar de muerte a quienes se encontraban en el lugar del hecho. Es aquí donde se presenta uno de los escollos insalvables, si tenemos en cuenta el principio de individualidad de la culpabilidad, la regla "no hay pena sin culpa" supone que nadie puede ser penado a título de dolo por aquello que no ha hecho, no ha querido o no ha previsto como posible, con lo que el partícipe no responde por el exceso en la conducta del autor, surgiendo la duda razonable que no se puede despejar y que debe ser valorada a favor del acusado....".- Concluyen "...Ello, si solo tenemos en cuenta el primer supuesto de complicidad secundaria, ya que si fuera el segundo, deberíamos hablar de un acuerdo entre ambos imputados, una promesa anterior de la que no existe ninguna prueba que avale su existencia, duda razonable que ya no puede superarse por lo que corresponde seguir el camino trazado en el art. 4º del C.P.P., que indica que en caso de duda deberá estarse a lo que sea más favorable al imputado,por lo que se debe absolver a Daniel Bañados, como autor o partícipe secundario del homicidio simple del que resultara la muerte de Cristian Montiel...".- Como se puede apreciar, en el voto de la mayoría, se analiza el plexo probatorio en forma minuciosa, fundamentalmente el relato que efectuaran los testigos, por lo que es oportuno remarcar, en primer lugar, y conforme las transcripciones efectuadas, que el fallo recurrido, cuenta en este punto con fundamentos suficientes que obstan a su descalificación como acto judicial inválido, ajustándose el pronunciamiento a la normativa prevista en los arts. 116 CPP, 381 CPP párrafo segundo, y 387 inc 2º a contrario sensu del mismo cuerpo legal.-
Ello es así, toda vez que en el pronunciamiento, se dejó claramente plasmado, los motivos que condujeron a establecer la imposibilidad de comprobar la participación secundaria de Bañados, en los sucesos que le endilgaron los acusadores, a todo ello se arribó expresando los fundamentos de hecho y las pruebas que cimentaron la decisión.-
De la lectura de la sentencia en crisis, es posible tomar conocimiento de como se desarrollaron los hechos y las razones que llevaron a la mayoría, a resolver del modo que lo hizo, de forma tal que las críticas de ambos acusadores, no pasan de ser un mero disenso con la valoración de la prueba efectuada, pero no demuestran un yerro en la decisión.-
No se advierte, que elementos de prueba objetivos, permitirían establecer con certeza, y más allá de toda duda razonable, que Bañados participó en forma secundaria en el homicidio que damnificó a Cristian Eduardo Montiel.-
Corresponde tener presente, que la prueba valorada por los sentenciantes, ha sido analizada teniendo en cuenta la visión que cada testigo tuvo de los hechos, merituándose asimismo el lugar en el cual se ubicaba tanto Millalonco como Bañados, describiendo ésta última circunstancia, con una indicación en el plano del lugar de los hechos -fs.18 y vta-.-
Vale recordar sintéticamente, que nuestro Máximo Tribunal en el precedente "Casal", al explicar el alcance que se le debe otorgar a la "capacidad de revisión", se puntualizó que "lo único no revisable es lo que surja directa y únicamente de la inmediación. Estos es así porque se impone limitaciones de conocimiento en el plano de las posibilidades reales y -en el nivel jurídico- porque la propia Constitución no puede interpretarse en forma contradictoria, o sea, que el principio republicano de gobierno impide entender un dispositivo constitucional como cancelatorio de otro. En este caso son los textos de la Convención Americana y del Pacto Internacional que no pueden ser interpretados en forma contradictoria: en efecto, los arts. 8.5 de la Convención Americana y 14.1 del Pacto exigen la publicidad del juicio, con lo cual están exigiendo la oralidad, que es inseparable condición de la anterior, y, por ende, no puede entenderse que los arts. 8.2.h de la Convención y 14.5 del Pacto exigen la revisión de todo aquello que no esté exclusivamente reservado a quienes hayan estado presente como jueces en el juicio oral. Esto es lo único que los jueces de casación no pueden valorar, no solo porque cancelaría el principio de publicidad, sino también porque directamente no lo conocen, o sea, que a su respecto rige un límite real de conocimiento. Se trata directamente de una limitación fáctica, impuesta por la naturaleza de las cosas, y que deben apreciarse en cada caso. De allí que se hable de la Leistung, del rendimiento del máximo esfuerzo revisable que pueden llevar a cabo en cada caso." -Fallos 328:3399-.- Reiteramos, en el caso concreto de autos, las críticas remiten esencialmente a la revisión de aquel conocimiento inmediato que tuvieron los jueces de la Cámara, esencialmente del relato de los testigos y peritos forenses que fueran escuchados en audiencia pública; los cuales conforme a la doctrina citada, quedan excluidos del contralor de éste tribunal Superior de Justicia.-
En este sentido, como ya se lo adelantara precedentemente, la valoración de la prueba que llevó a cabo el voto de la mayoría, ha sido suficientemente fundada, en un todo acorde con las reglas de la sana crítica racional, ello implica que el fallo en crisis, aparece como la derivación lógica y razonada de las pruebas evaluadas, sin que las críticas esbozadas por los impugnantes, logren conmover lo resuelto como acto jurisdiccional válido (arts. 381, 397 inc 2º y 454 a contrario sensu del CPP).-
VII.-) Corresponde tener presente que luego de evaluar el plexo probatorio, los magistrados que lideran el voto de la mayoría, se inclinaron por la aplicación del art. 4 del CPP.-
Es importante, tener en cuenta que la duda del voto de la mayoría se circunscribe, en la imposibilidad de determinar con certeza, si Daniel Jesús Bañados, se desempeñó como partícipe secundario, tal cual como lo sostuvieron los acusadores.-
Para ser más precisos, los mencionados magistrados, circunscriben el estado de duda, en el aspecto subjetivo, así dicen textualmente "...si tenemos en cuenta el principio de individualidad de la culpabilidad, la regla "no hay pena sin culpa" supone que nadie puede ser penado a título de dolo por aquello que no ha hecho, no ha querido o no ha previsto como posible, con lo que el participe no responde por el exceso en la conducta del autor, surgiendo la duda razonable que no se puede despejar y que debe ser valorada a favor del acusado...".-
Las discrepancias, de ambos acusadores e incluso el voto de la minoría se asientan fundamentalmente, en apreciaciones y valoraciones del mismo plexo probatorio, del cual extractan sus conclusiones; ahora bien éstas discrepancias para nada tornan arbitrario el pronunciamiento, sino que resultan ser meros dicensos en la valoración de los elementos de prueba.-
Con relación a lo señalado por la Fiscalía, respecto a que Bañados con su presencia en el lugar de los hechos habría reforzado la voluntad del autor; es importante consignar lo señalado por la doctrina, cuando expresa que la cooperación psíquica debe ser manejada con cuidado "...Esta forma de cooperación psíquica no debe tomarse con extensión tal que cualquier fortalecimiento de la decisión del autor sea considerado complicidad, porque se olvidaría que la complicidad presupone causalidad. La mera racionalización que acalla la conciencia de quien está ya decidido al delito, la apelación sentimental para darle mayor seguridad, no configuran una complicidad, porque no son causales del resultado.
La única forma de participación psíquica por fortalecimiento de la decisión del autor que hay en nuestra ley es la promesa anterior al delito ejecutada con posterioridad...". (Zaffaroni, Tratado de Derecho Penal, Parte General IV, edit. Ediar 1982, pág. 400).- Suficientemente ilustrativa al respecto, resulta ser la jurisprudencia que dice con relación al tema: "...Cómplice es quien auxilia o coopera dolosamente al injusto doloso de otro. La contribución del cómplice puede ser de cualquier naturaleza, incluso intelectual, lo que implica que quien aporta ideas para la mejor realización del injusto doloso de otro, también sea cómplice. La complicidad secundaria es cualquier clase de cooperación a la ejecución del hecho, llevada a cabo en cualquier momento, desde la preparación hasta el agotamiento.
La cooperación psíquica de carácter no intelectual, consistente en el mero reforzamiento de la voluntad del autor no es típica en nuestro Código Penal, porque con ella no se coopera a la ejecución y porque el único caso que la ley reconoce está rodeado de especiales requisitos para su punición. En efecto, la única complicidad por reforzamiento de la voluntad del autor consiste en la promesa de ayuda posterior al agotamiento que se realiza con anterioridad al hecho, esto es, antes de que el autor haya realizado actos ejecutivos. Se trata de quienes 'presten una ayuda posterior cumpliendo promesas anteriores al hecho'..." ("M., N. A. s/ incidente de apelación", Jueces: Sergio R. Lucero, Adrián Vergara,08/07/2004, Epte.
Nº 3883 Fº 1 Año 2004, Expte. Nº 19537/04, Cámara Apelaciones Trelew Sala B. CANE, Reg. 074/2004.SIP, www.juschubut.gov.ar).- En síntesis, de acuerdo con lo expuesto, corresponde concluir, que la participación de Bañados en los hechos, ha generado un estado de incertidumbre, en el voto de la mayoría, no resultando arbitraria la aplicación del Art. 4 del CPP.-
En este sentido, conforme el principio de culpabilidad, ante la existencia de una incertidumbre -duda-, la misma debe beneficiar al imputado -art. 4 CPP- e impide al tribunal de juicio, el dictado de una sentencia condenatoria, dado que el tribunal debe tener certeza apodíctica -como irrefutable corolario de que el suceso no pudo acaecer de otra forma-; por lo tanto el razonamiento seguido por los magistrados ha sido correcto.-
Haciendo incapié en la duda volitiva, la doctrina destaca: "...todo criterio subjetivo de imputación tiene que respetar la existencia de conocimiento y voluntad del autor respecto de la realización de la acción con sus modalidades y la producción del resultado..." (Zaffaroni, Eugenio Raúl, Alagia, Alejandro, Slokar, Alejandro, "Derecho penal. Parte general", 2º Edic. Ediar, Buenos Aires, 2002, págs 519 y sgtes), aspecto éste que en el caso concreto no ha podido ser establecido, conforme el criterio seguido por los sentenciantes.-
En síntesis, la circunstancia de haber arrojado piedras, previa a los hechos, mencionado por el tribunal como datos incriminantes, no constituyeron por sí solo, elementos de convicción suficientes para tener por constatada la cooperación dolosa, con cierta impronta de coordinación y con voluntad de provocar el homicidio; éste razonamiento del tribunal ha sido el fundamento de la aplicación del art. 4 del CPP.-
En este sentido con relación, al principio "in dubio pro reo" se ha sostenido que el mismo tiene jerarquía Constitucional (Raúl Washington Ábalos, Código Procesal de la Nación, Francisco D´ Albora, Código Procesal Penal de la Nación, entre otros), por ser la concreción legislativa de la presunción de inocencia que el art. 18 de la Constitución Nacional reconoce a todo ciudadano que no ha sido condenado por sentencia firme. Y ello es así, porque el estado jurídico de inocencia sólo puede ser destruido mediante certeza apodíctica de la autoría y culpabilidad, no siendo posible desvirtuar dicho estado cuando existen dudas sobre tales extremos. El que duda no puede juzgar, no puede afirmar ni negar; por ello se dice "sed nec suspicionibus debere aliquem damnari, satius enimsse impunitum relinquit facimus nocentis quam inocentem damnare" (nadie debe ser condenado por sospechoso, es mejor dejar impune un delito que condenar al inocente).- En el mismo sentido sostiene Maier que “...la falta de certeza representa la imposibilidad del Estado de destruir la situación de inocencia, construida por la ley (presunción), que ampara al imputado, razón por la cual ella conduce a la absolución. Cualquier otra posición del juez respecto de la verdad, la duda o aun la probabilidad, impiden la condena y desembocan en la absolución...” (conf. Julio B. J. Maier, “Derecho procesal penal”, Tomo I, Fundamentos, Editores del Puerto S.R.L., Buenos Aires, 1996, 2/ edición, pág. 495).-
Finalmente, Francisco D´Álbora, al analizar el significado del principio contenido en el art. 3 del C.P.P.N. señaló que “...Durante el trámite del proceso el tribunal puede manejarse con sospechas fundadas de diferente grado...En cambio, en el momento de la sentencia, la mera incertidumbre obstaculizará todo pronunciamiento condenatorio; para resolverlo así, el tribunal debe tener certeza apodíctica -irrefutable corolario de que el suceso no pudo acaecer de otra manera-...” (conf. Francisco J. D’Álbora, “Código Procesal Penal de la Nación”, Anotado. Comentado. Concordado, Tomo I, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2003, pág. 20).- Del examen llevado a cabo, se concluye que la exigencia de motivación de la sentencia se satisface, con la merituación de pluralidad de pruebas efectuadas por el voto de la mayoría, las cuales fundaron sus conclusiones y los determinaron a fallar de la forma que lo hicieron, es decir Absolviendo a Daniel Jesús Bañados, ante la imposibilidad de adquirir certeza que requiere todo pronunciamiento condenatorio.-
VIII.-) Corresponde tratar en este apartado, el agravio de la querella respecto de la pena impuesta a Daniel Rodrigo Millalonco -Diez años de Prisión-, la cual considera carente de fundamentación y por lo tanto arbitraria.-
En principio corresponde destacar, que la parte querellante no tiene agravio alguno con la fijación del quantum de la pena, por dos razones; la primera porque se desempeñó en el debate como adherente del Fiscal, sin posibilidad de alegar y solicitar pena; y la segunda de las razones se funda en que la Fiscalía tampoco tiene agravio conforme lo previsto por el art. 441 del CPP; toda vez que la pena impuesta no resulta ser inferior a la mitad de la requerida.-
Por lo demás la doctrina ha señalado que: "la motivación de la decisión judicial que impone una pena debe permitir conocer de manera concreta cuáles son las razones por las que el tribunal ha escogido la sanción que aplica y no otra"; razón por la cual "ese conocimiento no debe ser logrado mediante un esfuerzo de intuición, sino que ha de quedar claramente a disposición de quien lea el fallo, de manera de que no sólo se advierta el marco legal aplicable, sino el uso particular que se ha hecho de él" (conf. FLEMING, Abel/LÓPEZ VIÑALS, Pablo, "Las penas", 1º Edición, Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, 1999, p. 27/28).- En síntesis, la Excma. Cámara ha dado los fundamentos, que motivaron la decisión de imponer al encartado una pena de Diez Años de Prisión de cumplimiento efectivo, analizando las atenuantes y agravantes correspondientes.-
Resumiendo, la fijación del quantum de la sanción, resulta una derivación razonable de las constancias de la causa, dando de esa forma estricto cumplimiento a lo previsto en los artículos 40 y 41 del Código Penal.-
Como bien lo sostiene la jurisprudencia, la decisión cuenta con los fundamentos jurídicos mínimos, necesarios y suficientes, que impiden su descalificación como acto judicial válido (Fallos: 293:294; 299:226; 300:92; 301:449; 303:808, entre otros), pues "..."...la doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto corregir en tercera instancia sentencias equivocadas o que se estimen tales, sino que sólo se encuadrarían en ella casos excepcionales en que mediara absoluta carencia de fundamentación o un apartamiento inequívoco de la solución normativa prevista para el caso..." (La Ley 1997-E, pág. 753; fallos 245:327,237:74; 239:126; 247:715; 310:2306, entre otros).- IX.-) Por lo expuesto, se puede concluir que el fallo analizado, presenta fundamentos serios y atendibles, responde en un todo a las cuestiones de hecho y de derecho presentes en el caso.-
Podrá compartirse o no lo resuelto, pero no puede sostenerse, que carezca de sustento fáctico y/o normativo; de ahí que la parte querellante y la Fiscalía, no han logrado probar el absurdo en la valoración de la prueba, o que el tribunal incurriese en arbitrariedad, inobservancia de la ley sustantiva o errónea aplicación de las normas procesales, ni violación a las reglas de la sana crítica, entendiendo este Alto Cuerpo que la Absolución de Daniel Jesús Bañados, ha sido debidamente motivada, tal cual como se lo ha demostrado en la revisión integral de fallo, toda vez que éste contiene razones lógicas-jurídicas suficientes para fundamentar lo resuelto.- Que, por ello, de conformidad a lo establecido en los arts. 446 y 448 del C.P.P., corresponde rechazar los recursos de casación interpuestos la parte querellante y por la Fiscalía (fs. 861/871, 872/874); confirmando en todas sus partes la sentencia dictada por la Excma. Cámara Criminal de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 831/853, teniéndose presente para el momento procesal oportuno la reserva del caso federal formulada a fs. 871 y 873 respectivamente.-
Que, por ello, atento las normas legales, jurisprudencia y doctrina citadas, el EXCMO. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA;
1. RECHAZAR por improcedente el recurso de casación interpuesto por la parte querellante a fs. 861/871 y por la Fiscalía a fs. 872/874, conforme los fundamentos expuestos.
2. CONFIRMAR la sentencia dictada por la Excma. Cámara Criminal de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 831/853.-
3. TENER PRESENTE para el momento procesal oportuno la reserva del caso federal formulada por la Querella y la Fiscalía a fs. 871 y 873 respectivamente.-
4. Regístrese, Notifíquese y oportunamente devuélvanse los autos mediante oficio de estilo.-
La presente resolución se dicta con la firma de cinco vocales del Tribunal, por resultar mayoría concordante en la solución del caso (art. 27 Ley Nº Uno – T.O. Ley N° 2404).-
FIRMADO: Dra. Clara Salazar –Presidente Tribunal Superior de Justicia; Dr. Daniel Mauricio Mariani-Vocal; Dr. Enrique Osvaldo Peretti-Vocal; Dra. Alicia de los Angeles Mercau-Vocal; Dra. Paula E. Ludueña Campos-Vocal; Ante mí: Dr. Ricardo Javier Albornoz-Secretario.-
PROTOCOLIZACION: TSS2028I.151 TOMO:XIX– INTERLOCUTORIOS- T.S.J.
REGISTRO Nº:023 FOLIO Nº:082/091 SECRETARIA:2
Fin de la sentencia