Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial Sala II de Mercedes · Causa 30.484
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar la inconstitucionalidad de los arts. 1 y 11 del decr.ley 6.754/43 (ratificado por ley 13.894).-
2Revocar el auto de fs. 47 y ordenar que se trabe embargo sobre los salarios que percibe el ejecutado como empleado del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, con las limitaciones y en los porcentajes establecidos por el decr. 484/87 (reglamentario de la ley 20.744), a cuyo fin oportunamente deberá librarse el oficio pertinente.-
En la ciudad de Mercedes, Provincia de Buenos Aires, a los ..................................23............... días del mes de Noviembre del año dos mil diecisiete, se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores jueces de la Sala Segunda de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Mercedes, Dres. TOMAS MARTIN ETCHEGARAY y EMILIO ARMANDO IBARLUCIA, toda vez que el último de los nombrados interviene en su carácter de Presidente de ésta Excma. Cámara en conformidad con el art. 4° del Ac. Extraordinario del 25/IX/2008, modificado por Ac. Extraordinario del 26/8/2010, publicado en el BO del 06/12/2010 Pág. 12609), con la presencia del Secretaria actuante, para dictar sentencia en el Expte. nº 30.484, en los autos: “BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES C/ A.J. A S/ COBRO EJECUTIVO (12) ”.-
La Cámara resolvió votar las siguientes cuestiones de acuerdo con los arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, y 266 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires.-
PRIMERA CUESTION: ¿Es justa la resolución de fs. 47 y el rechazo del recurso de revocatoria contra la misma dispuesto a fs. 53/55?
SEGUNDA CUESTION: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
Practicado el sorteo de ley dio el siguiente resultado para la votación:
doctores Emilio Armando Ibarlucía y Tomás Martín Etchegaray.-
A LA PRIMERA CUESTION, el Sr. Juez Dr. Emilio Armando Ibarlucía dijo:
I. La ejecutante del pagaré de autos pidió que se trabara embargo preventivo sobre los haberes que percibiera el ejecutado como empleado del Estado provincial, lo que fue denegado por el juez por entender que el documento motivo de ejecución emergía de un préstamo de dinero y no guardaba las exigencias previstas en el dec.ley 6.754/43 (arts. 1 y 2 ap. b) (fs. 47).-
Contra dicha providencia interpuso la actora recurso de revocatoria y apelación en subsidio. Con cita del fallo plenario de la C.C. y C. de Azul – “Credil Paz S.A. c. Foulkes, Mariana s. Ejecución” del 22/01/01 – y de fallos de distintos tribunales del país, fundó el pedido en la inconstitucionalidad del decreto ley en cuestión en la violación del principio de igualdad ante la ley y del derecho de propiedad (arts. 16 y 17 C.N.), además de irrazonable (art. 28 C.N.).-
El juez rechazó la revocatoria y concedió la apelación en subsidio. Partió de la base de que la declaración de inconstitucionalidad era la “última ratio” del orden jurídico y que el peticionante no tenía legitimación para plantearla fundándola en la violación del principio de igualdad, dado que, según jurisprudencia de la Corte Nacional, sólo podía hacerlo quien sufría la desigualdad (en el caso, los empleados del sector privado). No obstante, dijo que no estaba infringido tal principio dado que la ley siempre establecía categorías o clasificaciones y que debía ser “igual para los iguales en igualdad de circunstancias”. Agregó que el Estado debía impulsar acciones afirmativas consistentes en el otorgamiento de beneficios a determinadas categoría de personas, y, en el caso, la norma procuraba preservar al empleado público de prácticas que lo condujeran a un excesivo endeudamiento. Sostuvo que si era posible que la ley limitara el embargo sobre fondos públicos, también lo era que protegiera a los empleados de los cuales se valía el Estado para desarrollar sus tareas. Respecto del derecho de propiedad del ejecutante, dijo que no estaba afectado toda vez que podía pedir la traba de otras medidas cautelares o inhibición general de bienes, y que no se había acreditado la inexistencia de otros bienes o recursos para garantizar el crédito. Argumentó que los derechos constitucionales eran relativos y que bien podía la actora – entidad financiera – haberse abstenido de celebrar el negocio con el demandado (fs. 53/55).-
II. Entiendo que debe hacerse lugar al recurso de apelación deducido en subsidio. Como juez de la Sala 1 ya me he expedido por la inconstitucionalidad del art. 11 inc. b del dec.ley 6.754/43, ratif. por ley 13.984 (causa n° 110.639, “Naldo Lombardi S.A. c. Benzo, María I. s. Ejecutivo, sent. del 28/12/06, y otras), criterio que he seguido al integrar esta Sala 2 (causa n° 30.321, “Multiplycard S.A. c. Sánchez, Vanina s. Ejecutivo, sent. del 15/08/17), y, dados los argumentos vertidos por el juez “a quo”, ampliaré los fundamentos de aquellas decisiones.-
Es cierto que, conforme a la inveterada doctrina de la Corte Suprema Nacional, la violación del principio de igualdad ante la ley debe invocarla quien sufre la desigualdad - en el caso de autos, serían los empleados del sector privado -, pero a mi juicio en más de un caso se convierte en una cortapisa tramposa a la facultad de las partes para promover el control de constitucionalidad, pilar fundamental de nuestro sistema constitucional.-
Tal exigencia puede dar lugar – y lo ha dado históricamente, en nuestro país y en el derecho comparado – a la consagración o perpetuación de grandes injusticias en desmedro del principio fundamente del movimiento constitucionalista nacido a fine del siglo XIX, que – junto con la libertad – es la igualdad ante la ley, especialmente actualizado en los últimos tiempos con el principio de no discriminación.-
Si, por ejemplo, una ley estableciera que los sueldos de los empleados hombres no pueden ser embargados, y el acreedor planteara su inconstitucionalidad, ¿podría acaso decirse que la cuestión no puede tratarse porque no tiene legitimación para hacerlo, ya que solamente podrían plantearlo las empleadas mujeres en caso de ser ejecutadas? Evidentemente que no, dado que la irrazonabilidad de la ley sería tan evidente y manifiesta, que nadie dudaría en su invalidez constitucional. El ejemplo, quizás, es un poco burdo, pero podrían darse muchos más (variando las hipótesis de hecho), demostrativos de la inequidad a la que puede conducir limitar el análisis sobre la base de la legitimación.-
Por otro lado, desde el momento que se admite el control de constitucionalidad de oficio (C.S.J.N., Fallos: 324:3219, “Mill de Pereyra”, Fallos: 327:31117; S.C.BA., L. 80.156, “Martínez”, 31/03/04; L. 78.351, 1/04//04; L. 74.311, 29/12/04; L. 80.598, 12/10/05; L. 79.387, 17/05/96; L. 84.131, 8/06/05; Sala 1 Departamental, causas n° 108.783, 17/06/04, y n° 110.363, 12/09/06, entre otras), ha quedado, a mi juicio, muy relativizada tal exigencia en materia de tachas basadas en el principio de igualdad.-
Pues, entonces, el problema no radica en la legitimación para atacar la norma sino en la razonabilidad de la misma, análisis éste que no está desprendido del otro principio constitucional que está en juego en el caso - el derecho de propiedad del acreedor -. La confrontación de la ley con ambos derechos constitucionales debe hacerse procurando armonizarlos desde el principio de razonabilidad que se desprende del art. 28 de la C.N. (conf. votos mayoritarios del plenario de la Cámara de Azul, que comparto plenamente, al igual que los fallos de las Cámaras de San Martín – Sala 2, causas n° 71.306 del 18/10/16 y 68.224 del 19/08/14, y de La Matanza - Sala 1, causa n° 3.275 del 15/05/14 – que se han pronunciado por la inconstitucionalidad de la norma en cuestión).- También es cierto que, en la medida que las leyes establecen requisitos, clasificaciones o categorías para acceder a determinados beneficios, se ha dicho hasta el cansancio que la igualdad es en igualdad de circunstancias (Fallos: 295:937; 200:428; 312:615), y que no hay desigualdad si la ley contempla de manera diversa supuestos o casos que son diferentes (Fallos: 300:984; 318:826).-
Ahora bien, el problema radica en establecer cuáles son esas circunstancias que el legislador ha tenido en mira para arbitrar el trato desigual. Ahí está la clave de la cuestión. Se trata de verificar si han tenido justificación y si la siguen teniendo, sobre la base de una interpretación dinámica del ordenamiento jurídico (CSJN, Fallos: 308:2268), aplicada a los tiempos actuales, teniendo en miras el resultado que deriva de ello (interpretación previsora, conf. CSJN, Fallos: 302:1284; 329:5913; 330:5913, entre otras; y voto del Dr. Galdós en plenario de Cámara de Azul).-
El dec.ley 6.754 fue dictado en agosto de 1943 y luego fue ratificado por la ley 13.894 del diciembre de 1949. De los considerandos del decreto ley se deriva que su finalidad fue combatir la usura por parte de “prestamistas indeseables” (sic), dadas las dificultades de acceso al crédito bancario que padecían los trabajadores. Teniendo en cuenta que la amplitud y complejidad del problema no permitía resolverlo en toda su extensión para los trabajadores en general en forma definitiva, se hacía aconsejable – se dijo – “a título de ensayo y para recoger la necesaria experiencia” (sic), limitar las disposiciones del decreto al personal de la administración pública. Para ello se estimó conveniente estimular a los bancos y “entidades serias” (sic) a que facilitaran las operaciones con el empleado público dentro de límites prudenciales mediante la afectación de una parte moderada del sueldo y la organización de un régimen de seguros. Además se dijo que era indispensable despejar las situaciones existentes de deudas excesivas del personal de la administración pública, adoptando un “procedimiento de emergencia” que facilitara su pago en cuotas.-
Fue así que el decreto ley estableció la inembargabilidad de sueldos, pensiones y jubilaciones de empleados de la administración nacional, provincial y municipal y de las entidades autárquicas por obligaciones emergentes de préstamos en dinero o compra de mercadería, con la salvedad de la proporción y condiciones por el mismo fijados (art. 1).-
El art. 2 estableció que las personas comprendidas podían garantizar las obligaciones afectando hasta el 20 por ciento de su remuneración nominal mensual, para lo cual debían llenarse determinados requisitos (que la deuda constara en documento público o privado y a sola firma; que el acreedor fuera una entidad autorizada; que el interés pactado no fuera superior a 8 % anual; que los préstamos no excedieran de dos meses de sueldo, salvo casos previstos en la reglamentación).-
La norma previó otros métodos de protección (como por ejemplo que la repartición debía dar vista al trabajador antes de dar curso a la retención de la cuota atrasada pedida por el acreedor, art. 4); se autorizó a los bancos oficiales y a la Caja Nacional de Ahorro y Seguros a efectuar préstamos en las condiciones referidas por el art. 2, previendo el cobro de una prima de seguros (arts. 5 y 6); se dispuso el pago en 36 cuotas de las obligaciones pendientes (art. 8) y la paralización de los juicios en trámite (art. 9).-
En relación a las deudas comprendidas en el art. 1 que se contrajeran con posterioridad a la entrada en vigencia del decreto ley, sin afectación de haberes (o sea, sin el método del art. 2), el artículo 11 dispuso que las que las que no tuvieran su origen en préstamos de dinero o en suministro de mercaderías, se ejecutarían de acuerdo a las disposiciones legales vigentes (inc. a), y que las que tuvieran su origen en el suministro de mercaderías sólo podían hacerse efectivas mediante juicio ordinario y no darían lugar a embargos, salvo que existiera sentencia firme que condenara al deudor a pagar la deuda (inc. b).-
Respecto de estos últimos embargos, la norma dispuso que no debían exceder del 10 % del sueldo del empleado ni de la cuota prescripta por la ley 9.511 cuando esta fuera inferior al 10%.-
La referencia a la ley 9.511 – promulgada en 1914 – es curiosa, dado que establecía un régimen de inembargabilidad de todos los sueldos, jubilaciones y pensiones – o sea, tanto privados como estatales -, que no excedieran de $ 100, y cuando lo superaban en determinadas proporciones. Posiblemente porque fuera una ley que no se cumplía (seguramente ya para 1943 los $ 100 habían quedado muy desactualizados), o porque quiso establecerse un sistema especial (declaración de emergencia mediante, con suspensión de los juicios en trámite; y sistema de promoción del crédito bancario), es que el decreto ley se dictó sólo para los empleados públicos, con la ya señalada explicación de que la amplitud y complejidad del problema no permitía resolverlo en toda su extensión, y debía hacerse “a título de ensayo”.-
En el año 1958 la ley 14.443 modificó la ley 9.511 elevando el sueldo, jubilación o pensión inembargables a m$n 1.000, y a partir de ahí las proporciones inembargables, norma que, por supuesto, en poco tiempo quedó desactualizada.- La solución definitiva la brindó el decr. 484/87, reglamentario de los arts. 120 y 147 de la ley 20.744 (Ley de Contrato de Trabajo). En efecto, estos artículos prescriben que el salario mínimo vital es inembargable, y en los casos que lo excedan en la proporción que establezca la ley, con excepción de las deudas alimentarias. A su vez, el decreto reglamentario establece que cuando el salario no es superior al doble del salario mínimo vital es embargable el 10 por ciento del excedente, y cuando es más del doble es embargable hasta el 20 por ciento, en ambos casos teniendo en cuenta el salario en bruto del trabajador.-
Del repaso normativo que he hecho se infiere que la vieja ley 9.511 era difícil de cumplir y por ello, habida cuenta de que, a falta de acceso al crédito bancario, un gran número de trabajadores estaban endeudados - aparentemente sin limitación alguna – frente a prestamistas privados usureros, en 1943 se decidió dictar una norma especial sólo para los trabajadores del sector público, habida cuenta de la dificultad de implementarlo para el universo total de los empleados y obreros. Se circunscribió la inembargabilidad total sólo para el caso de obligaciones emergentes de préstamos de dinero, y para el caso de que tuvieran su origen en suministro de mercadería sólo luego de sentencia firme dictada en juicio ordinario (extensible a los juicios sumarios, conforme se ha interpretado por la doctrina y la jurisprudencia), con las limitaciones fijadas por la ley 9.511.- Pero las dificultades de la década de 1940 para implementar un sistema de protección de los salarios de todos los trabajadores deben entenderse superadas por la reglamentación de la LCT. Es cierto que esta ley se refiere sólo a los trabajadores del sector privado (arts. 1 y 2), pero no hay ninguna razón para que no sea aplicable, por analogía (art. 2 C.C.C.), a los trabajadores del sector público.-
En efecto, el decr. 484/87 protege de una manera razonable al trabajador en relación de dependencia. En primer lugar porque establece que hasta el límite del salario mínimo vital no es embargable. Recuérdese que se trata del salario mínimo vital y móvil garantizado por el art. 14 bis de la C.N., que contempla en el art. 116 de la L.C.T., que periódicamente actualiza el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil, organismo en el que participan los representantes sindicales de los gremios estatales. De ahí para arriba, la embargabilidad es porcentual (10 % de lo que excede el SMVM, y 20 % cuando es más del doble). Se deja de lado así el sistema de los montos fijos de la ley 9.511 y su reforma por la ley 14.443, siendo fácil de implementar.- El mecanismo del decr. 484/87, además de proteger adecuadamente al trabajador, se compatibiliza con el derecho de propiedad de los acreedores, quienes, si bien deben esperar pacientemente que la suma de los porcentajes de salarios embargados cubra íntegramente sus créditos, saben que, a la larga, los verán satisfechos (siempre, claro está, que el trabajador no oponga defensas que sean acogidas judicialmente).- El sistema no distingue el origen de los créditos y está bien que así sea dado que el préstamo de dinero o el suministro de mercaderías puede ser tan legítimo como cualquier otro. Tampoco distingue entre juicio ordinario y ejecutivo, lo que es ya que quien recibe un pagaré (título circulatorio, transmisible por vía de endoso) no tiene por qué averiguar si su librador es un trabajador en relación de dependencia del sector público o de la actividad privada.-
Nada justifica un régimen de privilegio para los trabajadores estatales. No hay circunstancia alguna que justifique que un empleado municipal esté más protegido de sus acreedores que un obrero metalúrgico o un estibador del puerto. Los empleados estatales, por otro lado, gozan de un privilegio constitucional: la estabilidad del empleado público, llamada estabilidad propia, a diferencia de la estabilidad impropia del trabajador del sector privado, contemplada mediante la protección contra el despido arbitrario (art. 14 bis C.N.). La primera implica que el trabajador no puede ser despedido sin expresión de causa - sólo mediante sumario administrativo -; la segunda que ello es posible siempre que se pague la indemnización tarifada que la ley laboral prevé. La estabilidad del empleado público – instaurada por el reformador constituyente de 1957 - obedece a la necesidad de evitar que los cambios de signo político de los gobiernos de turno dejaran sin trabajo al empleado del Estado (conf. C.S.J.N, Fallos: 339:1989, “Madorrán”, 30/05/89, entre otros).-
Ello ya es de por sí una más que suficiente protección del trabajador estatal, que sabe que salvo causas excepcionalísimas que deben probarse en un sumario, nunca puede llegar a perder su empleo. A ello se agrega que normalmente tienen jornadas de trabajo más reducidas que las 48 horas semanales previstas por la LCT (art. 196 que remite a la ley 11.544). ¿Por qué razón, entonces, tendrían que gozar del privilegio de la inembargabilidad de sus sueldos y de otras limitaciones al cobro distintas a las previstas para el resto de los trabajadores?
Por otro lado, las dificultades de acceso al crédito bancario que los considerandos del dec.ley de 1943 mencionan no existen en la actualidad, sobre todo en relación a los bancos oficiales, con tasas reguladas por el BCRA.-
Las acciones afirmativas a las que alude la resolución del juez “a quo” con cita de Ekmekdjian y que están contempladas en el art. 75 inc. 23 de la C.N., no son para consagrar privilegios, sino, precisamente, para eliminar las desigualdades de oportunidades y de trato que determinados sectores de la población han sufrido (por razones de género, discapacidad, condición social, religión, origen racial, etc.).- Las limitaciones que las leyes (nacionales y provinciales) establecen en cuanto a los embargos de bienes públicos (en especial de las cuentas públicas) obedecen a la razón de evitar que se paralice la gestión del Estado (que debe garantizar, por ejemplo, la educación, la salud, los planes sociales y la continuación de las obras públicas), pero nada tiene que ver con ello la embargabilidad o no de los sueldos de los empleados públicos, que, en todo caso, si sufren alguna perturbación, deben soportarlo como cualquier otro habitante de la nación a quien se le entabla un juicio. Demás está decir que incluyo dentro de los empleados públicos, en primer lugar, a los jueces, quienes debemos dar el ejemplo en cuanto al cumplimiento de las obligaciones civiles y estar sujetos al mismo régimen que cualquier ciudadano común.-
El argumento del “a quo” de que el ejecutante no ha alegado la inexistencia de otros bienes susceptibles de embargo implica una exigencia “contra legem”. Es que le basta al acreedor denunciar un bien a embargo (art. 209 C.P.C.), sin que le sea exigible que agote la investigación acerca de la posible existencia de otros, sin perjuicio, claro está, de las facultades del juez previstas en los arts. 203 y 204 del código procesal. También es inatendible el argumento de que no ha recurrido el ejecutante a la inhibición general de bienes, ya que esta es procedente sólo cuando no se conozcan bienes a embargo (art. 228 C.P.C.); ello dejando de lado que ese tipo de cautelar no conduce, naturalmente, a la realización de un bien para el cobro del crédito, y es normalmente ineficaz.-
En definitiva, el sistema del decr. 484/87 (reglamentario de la LCT pero, reitero, aplicable por analogía a los empleados estatales) cumple con la directiva de la Corte Suprema Nacional de que debe el intérprete judicial buscar una interpretación armonizadora de los derechos y valores constitucionales en juego (Fallos: 276:627; 300:1080; 301:460; 304:318, entre otros). Al mismo tiempo el mencionado decreto no altera el contenido esencia del derecho de propiedad del acreedor, dado que, si bien puede postergar el cobro íntegro de su crédito, no lo impide totalmente, como sí lo hace el decreto ley cuestionado cuando de deudas por préstamo de dinero se trata (art. 28 C.N.; C.S.J.N., doctrina de Fallos: 172:21; conf.: Linares, Juan Francisco, “Razonabilidad de las leyes”, Astrea, Bs. As.; 1970, p. 159; Cianciardo, Juan, “El principio de razonabilidad”, Ed. Abaco, Bs. As., 2004, p. 93 y ss.; Saggese, Roberto M., “El control de razonabilidad en el sistema constitucional argentino”, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2010, p. 244).- Por las razones dadas propongo que se declare la inconstitucionalidad de los arts. 1 y 11 del dec.ley 6.754/43 (ratif. por ley 13.894), se revoque el auto de fs. 47, y se ordene el embargo sobre el salario que percibe el ejecutado, con las limitaciones y en los porcentajes previstos por el decr. 484/87 (reglamentario de la ley 20.744).-
VOTO POR LA NEGATIVA.-
A LA MISMA PRIMERA CUESTION, el Señor Juez Dr. Tomás Martín Etchegaray, por iguales razones y fundamentos que los emitidos por el Señor Juez preopinante dio su voto también por la NEGATIVA.-
A LA SEGUNDA CUESTION, el Sr. Juez Dr. Emilio armando Ibarlucía dijo:
De acuerdo a la forma en que ha quedado votada la cuestión anterior, el pronunciamiento que corresponde dictar es:
1°.- Declarar la inconstitucionalidad de los arts. 1 y 11 del decr.ley 6.754/43 (ratificado por ley 13.894).-
2°.- Revocar el auto de fs. 47 y ordenar que se trabe embargo sobre los salarios que percibe el ejecutado como empleado del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, con las limitaciones y en los porcentajes establecidos por el decr. 484/87 (reglamentario de la ley 20.744), a cuyo fin oportunamente deberá librarse el oficio pertinente.-
ASI LO VOTO.-
A LA MISMA SEGUNDA CUESTION, el Sr. Juez Tomás Martín Etchegaray, aludiendo análogas razones dio su voto en el mismo sentido.-
Con lo que se dio por terminado el acuerdo, dictándose la siguiente:
Mercedes, de noviembre de 2017.-
Que conforme los términos del acuerdo que precede,
1°.- Declarar la inconstitucionalidad de los arts. 1 y 11 del decr.ley 6.754/43 (ratificado por ley 13.894).-
2°.- Revocar el auto de fs. 47 y ordenar que se trabe embargo sobre los salarios que percibe el ejecutado como empleado del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, con las limitaciones y en los porcentajes establecidos por el decr. 484/87 (reglamentario de la ley 20.744), a cuyo fin oportunamente deberá librarse el oficio pertinente.-
NOTIFÍQUESE. REGÍSTRESE. Fecho, DEVUÉLVASE.
Fin de la sentencia