Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala V (CAF) · Causa TF 48156-I
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V
Expte. N° 16176/2023 “BANCO COLUMBIA SA (TF 48156-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Buenos Aires, de junio de 2025.
VISTOS Y
I. Que a través de la resolución de fojas 197/203 la Sala “D”
del Tribunal Fiscal de la Nación -por mayoría-, rechazó el recurso interpuesto por BANCO COLUMBIA SA y, en consecuencia, confirmó la Resolución N° 113/2017 (DV DEOA) dictada el 26/06/2017 por la División Determinaciones de Oficio “A” de la AFIP - DGI, con costas. A través de ese acto administrativo el Fisco Nacional había impugnado las declaraciones juradas presentadas en relación con los períodos fiscales 01/2010 a 06/2011 en el impuesto al valor agregado (IVA); determinó además el monto a ingresar con más los intereses resarcitorios; y aplicó una multa equivalente al 70% del impuesto omitido en los términos del artículo 45 de la Ley N° 11.683.
Para así decidir, como primera medida el Tribunal a quo se expidió en relación con la excepción de prescripción de las facultades del Fisco para determinar el impuesto y aplicar la multa por los periodos fiscales 01 a 11/2010. En ese punto, recordó que sus acciones y poderes prescribían una vez transcurrido un plazo de cinco años, cuyo cómputo debía iniciar el 1° de enero siguiente al año en que se produjera el vencimiento de los plazos generales para la presentación de las declaraciones juradas e ingreso del gravamen (conf. art. 56 de la Ley N° 11.683).
Destacó que, en el caso, dicho plazo había comenzado a correr el 01/01/2011, por lo que su vencimiento debía operar el 01/01/2016. Sin embargo, consideró aplicable el artículo 17 de la Ley N° 26.860 que disponía la suspensión de la prescripción con carácter general por el término de un año de las acciones para determinar o exigir el pago de los tributos. Por tal razón -prosiguió-, la prescripción debía operar, entonces, el 01/01/2017 y, ya que “[…] el organismo fiscal con fecha 20 de diciembre de 2016 emitió la resolución de vista e instrucción N° 192/16 (DV DEOA) […] lo que fue notificado a la recurrente el 22 de diciembre de 2016 […] las acciones y poderes del Fisco Nacional para determinar el tributo y sus accesorios y para aplicar la sanción no se encontraban prescriptos […]”.
Resuelto ello, se expidió en cuanto al fondo del asunto.
Recordó que la actora se dedicaba a los servicios de la Banca Minorista y que, a raíz de una inspección llevada a cabo por el Fisco se habían generado dos cargos, que aquí se hallan en discusión, a saber: (i) por un lado, la impugnación del método de prorrateo de crédito fiscal aplicado para las Alta en sistema: 02/07/2025 operaciones gravadas y exentas y, por otro, (ii) la gravabilidad de los importes cobrados a sus clientes en concepto de seguro de vida.
En cuanto al primer cargo, el Tribunal evaluó si resultaba procedente el método de prorrateo utilizado por el Fisco Nacional o el de apropiación de crédito fiscal que proponía la actora, basado este último en la cantidad de personal afectado a tareas exentas y/o gravadas. Destacó que a través de ese método, el banco había diferenciado de la totalidad de su personal a aquellos empleados que se dedicaban exclusivamente a operaciones exentas, lo que arrojaba un total de 42 empleados sobre 936. A partir de ese resultado, pudo obtener el porcentaje aplicable para determinar la porción de créditos fiscales indirectamente vinculados a su actividad exenta. Para determinar si efectivamente ese método era razonable, el a quo efectuó una valoración de la prueba pericial contable, puntualmente, de la opinión de los profesionales intervinientes en relación con los libros contables y laborales de la actora. Y concluyó que correspondía confirmar el primer cargo, ya que “[…] los elementos proporcionados durante la fiscalización y ante esta instancia no resultan apropiados ni suficientes para demostrar la razonabilidad del método empleado por la recurrente, debido a que las manifestaciones vertidas por sus propios empleados no fueron respaldadas con documentación fehaciente que avale que el parámetro ‘empleados afectados a actividades gravadas y exentas’ guarde alguna relación con los ingresos gravados y exentos obtenidos por su actividad […]”.
Luego, se expidió respecto del segundo cargo. Aquí, analizó si el monto cobrado por el banco a sus clientes en concepto de “seguros de vida” estaba alcanzado por el impuesto como pretendía el Fisco o, si se encontraba excluido como procuraba la actora.
Puso de relieve que, contrariamente a lo sostenido por la actora, la suma percibida en concepto de “seguros de vida” estaba sujeta a tributación en el impuesto al valor agregado, de conformidad con lo previsto en el artículo 3 de la Ley de Tributo. Ello así, toda vez que ese concepto era percibido como consecuencia de una actividad de intermediación por parte del banco (entre sus clientes y las compañías aseguradoras), lo que representaba una gestión comercial propia de éste, sujeta a tributación.
Posteriormente, al haber confirmado los ajustes efectuados por el Fisco, el Tribunal ordenó la aplicación de un interés resarcitorio ante la falta de pago del gravamen. A tal fin, citó jurisprudencia de esta Cámara a partir de la cual se había convalidado su procedencia ante la falta de pago “sin necesidad de interpelación alguna, de modo tal que la sola falta de pago total o parcial de un gravamen […] torna[ba] procedente la aplicación de este tipo de intereses”.
Alta en sistema: 02/07/2025 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V Finalmente, confirmó la multa impuesta en los términos del artículo 45 de la Ley N° 11.683 en tanto no verificó la existencia de alguna causal exculpatoria; impuso las costas a cargo de la parte actora; y reguló los honorarios de los profesionales intervinientes.
II. Que contra esa decisión, la parte actora interpuso un recurso de apelación a fojas 207, y expresó sus agravios a fojas 218/256, los que fueron replicados por su contraria a fojas 260/275.
(i) En primer término, la recurrente insistió en que la acción del Fisco para exigir tributos y aplicar multas se hallaba prescripta en relación a los periodos fiscales 01 a 11 del año 2010. A tal fin, sostuvo que no resultaba aplicable al caso la suspensión del curso de la prescripción por el plazo de un año prevista en el artículo 17 de la Ley N° 26.860 ya que su parte no había exteriorizado la tenencia de moneda extranjera.
Refirió que el hecho de que esa norma hubiera establecido la suspensión del plazo de prescripción de manera general no podía ser interpretado como aplicable a todos los contribuyentes por igual, sino que únicamente podía sostenerse respecto de aquellos que hubieran adoptado alguna modalidad y/o mecanismo de regularización y/o exteriorización previstos en esa ley, lo que no había ocurrido aquí.
(ii) En segundo lugar, consideró arbitraria la resolución del Tribunal Fiscal en cuanto había confirmado la impugnación del Fisco a la metodología aplicada para determinar la porción del crédito fiscal computable -originado en la adquisición de bienes y servicios destinados indirectamente a la operatoria gravada y exenta-.
Destacó que, para llegar a esa conclusión, el Tribunal a quo había considerado que los elementos proporcionados por su parte no resultaban suficientes para acreditar que el número de empleados afectados a actividades gravadas y exentas guardara relación con los ingresos gravados y exentos obtenidos por la actividad del banco. Sin embargo, afirmó que habría logrado acreditar que “[…] 42 empleados del total que conformaban el plantel del Banco (936 empleados para los periodos involucrados) se encontraban avocados esencialmente a tareas vinculadas con operatorias exentas de IVA por compraventa y depósito de títulos públicos; por captación de depósitos a través de caja de ahorro y plazo fijo y por operaciones de compra-venta de moneda extranjera, lo que deriva en que resulta razonable la aplicación del coeficiente utilizado para la metodología de apropiación de créditos fiscales utilizada”.
Alta en sistema: 02/07/2025 Luego, indicó que al calcular la cantidad de empleados vinculados a tareas exentas en relación con aquellos avocados a tareas con operatorias gravadas, le permitió obtener el porcentaje de apropiación aplicable al caso (4,5%), el que resultaba ajustado a derecho.
(iii) En tercer punto, se agravió de que el a quo hubiera considerado que los importes cobrados por el banco en concepto de “seguros de vida” se hallaban alcanzados por la ley del tributo.
Destacó que “[…] tal como fue acreditado mediante la documental acompañada, los seguros colectivos de vida contratados por el BANCO COLUMBIA asociado a los productos que como entidad bancaria comercializa, son prestados directamente por las entidades de seguro indicadas, las cuales se encuentran regidas por la Superintendencia de Seguros de la Nación”.
Afirmó que “[…] la Ley de IVA a través de su artículo 3° y el artículo 12.1 de su Decreto Reglamentario disponen expresamente que, como sucede en el caso, las operaciones de seguro de vida, de cualquier tipo, se encuentran excluidas del tributo establecido por la norma, incluyendo -lógicamente- todos los gastos que de manera directa e inmediata se vinculen con ese concepto”.
(iv) En cuarto lugar, se agravió de que el Tribunal Fiscal hubiera confirmado la aplicación al caso de intereses resarcitorios. Indicó que dichos intereses previstos en el artículo 37 de la Ley N° 11.683 necesitan para su procedencia la configuración de dos elementos; esto es, que exista un retardo; y que ese retardo sea imputable a título de culpa al contribuyente, lo que a su criterio no había ocurrido.
(v) En quinto lugar, expresó su disconformidad con la confirmación de la multa impuesta por el Fisco ya que a su entender no concurrían en el caso los elementos objetivo y subjetivo.
(vi) Finalmente, solicitó que en caso de que no prosperara su recurso, se modificara la forma en que fueron impuestas las costas, y se distribuyeran en el orden causado.
III. Que corresponde analizar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora. A tal fin, se examinará en primer término el agravio vinculado a la prescripción de la acción del Fisco para exigir tributos y aplicar multas, en relación al periodo fiscal 01 a 11 del año 2010. Al respecto, cabe recordar que el Tribunal Fiscal consideró que el plazo de prescripción de cinco años previsto en el artículo 56 de la Ley N° 11.683 -cuya aplicación no se encuentra discutida- había comenzado a correr el 01/01/2011, por lo que su vencimiento debía operar el 31/12/2015. Sin embargo, señaló que dicho plazo se había suspendido por Alta en sistema: 02/07/2025 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V un año atento a la aplicación del ya mencionado artículo 17 de la Ley N° 26.860, razón por la cual su vencimiento operaba, en realidad, el 31/12/2016. Ahora bien, esta Sala ya tuvo oportunidad de expedirse en casos análogos al presente en el sentido de que la suspensión incluida en esa norma únicamente resulta aplicable respecto de quienes hayan adherido a alguno de los regímenes especiales allí establecidos (conf. esta Sala in rebus: Expte. N° 43181/2022 “Aceitera General Deheza S.A. (TF 53289717-A) c/ DGA s/ Recurso directo de organismo externo”, del 4/10/2022; N° 16158/2023, “Armando Germán Luis (TF 43819-I) c/ Dirección General Impositiva s/ Recurso directo de organismo externo”, del 29/11/2023). Tal hipótesis es ajena a la situación de la recurrente. En consecuencia, asiste la razón a la apelante en orden a que, al tiempo de emitir el organismo fiscal la resolución de vista e instrucción (20/12/2016) -lo que fue notificado al banco el 22/12/2016, que culminó con el dictado de la Disposición N° 113/2017 de fecha 26/06/2017- ya se hallaba prescripta la acción del Fisco para exigir el pago del tributo relativo a los períodos fiscales 01 a 11 del año 2010, y para aplicar multas con relación a ese impuesto, en tanto no existen constancias en los presentes autos de que la firma actora hubiera hecho uso de alguno de los beneficios establecidos en la mencionada Ley N° 26.860.
Por lo tanto, corresponde hacer lugar en este punto al agravio de la parte actora, revocar la resolución apelada en lo que se refiere a este aspecto, y declarar prescripta la acción del Fisco para exigir el pago del IVA y la multa aplicada a su respecto, por los períodos fiscales 01 a 11 del año 2010.
IV. Que en otro orden, corresponde analizar el agravio de la actora contra la impugnación del método de prorrateo de crédito fiscal aplicado para las operaciones gravadas y exentas.
IV.1. Al respecto, conviene recordar que esta Cámara ha señalado el carácter limitado del recurso previsto en el artículo 86 inciso b) de la Ley Nº 11.683, de modo tal que cabe, en principio, estar a las conclusiones del Tribunal Fiscal sobre los hechos probados (conf. Sala I, in re “Merlino Automotores S.A.”, del 12/03/2009; Sala II, in re “Frigorífico Marejada S.A.”, del 29/12/2009; Sala IV, in re “Agropecuaria Laishi S.A.” del 15/04/2010; esta Sala, in re “Agro Beef S.R.L (TF 31471-I) c/ DGI”, del 6/3/2014, entre otros). Tal principio, sin embargo, puede ceder no sólo cuando se haya omitido sustanciar o incorporar al proceso determinados hechos o material probatorio conducente para resolver la cuestión en debate, sino ante supuestos de arbitrariedad, ilegalidad o irrazonabilidad en la apreciación de aquéllos (esta Sala, in re “Agro Beef S.R.L”, cit.). Alta en sistema: 02/07/2025 En otras palabras, el recurso impetrado no da acceso a una instancia ordinaria que haga posible un nuevo pronunciamiento sobre la prueba y sobre la conclusión a la que dicho órgano jurisdiccional hubiera arribado al ponderarla, salvo supuestos de error manifiesto (esta Sala, in re “Amadeo Camogli y Ciminari SC”, del 01/11/2007, entre otros).
IV.2. En el sub lite, para arribar a la solución que aquí se recurre, el Tribunal Fiscal de la Nación recordó que en la etapa de fiscalización la demandada había cuestionado la metodología aplicada por BANCO COLUMBIA SA para determinar la porción computable del crédito fiscal originado en la adquisición de bienes y/o servicios destinados indirectamente a la operatoria gravada y exenta, ya que -según el Fisco- la actora no había aportado elementos que acreditaran la razonabilidad de aquél método.
Por su parte, señaló que la actora afirmaba que el método aplicado resultaba razonable, ya que habría acreditado la realización de operaciones exentas de IVA por compraventa y depósitos de títulos públicos, por captación de depósitos a través de caja de ahorro y plazo fijo y por operaciones de compraventa de moneda extranjera, las que -según sostenía- “[…] fueron asignadas en forma proporcional en función del número de personal afectado a tareas exentas y a gravadas, para lo cual acompañó la nómina total y distribución de cargos”.
El Tribunal recordó, además, que dicho método (de asignación por apropiación) consistió en tomar la cantidad de personal abocado a la realización de tareas exentas, lo que arrojó un resultado de 42 empleados del banco sobre un total de 936, y de esa forma la recurrente obtuvo el porcentaje de apropiación aplicable (4,5%) para establecer la porción de créditos fiscales indirectamente vinculados a la actividad exenta. Luego de describir la postura de las partes, indicó que el artículo 13 de la ley de tributo establecía que, cuando las “[…] compras, importaciones definitivas, locaciones y prestaciones de servicio que dan lugar al crédito fiscal se destinen en forma indistinta a operaciones gravadas y a operaciones exentas o no gravadas y su apropiación no fuera posible, el cómputo procede respecto de la proporción correspondiente a las primeras, la que deberá ser estimada por el contribuyente, es decir que, el responsable tiene que efectuar un cálculo para establecer la proporción de operaciones gravadas sobre el total de sus operaciones […]”.
Sobre esa base, el Tribunal Fiscal analizó la razonabilidad del método aplicado por la accionante.
A tal fin, recordó que la actora había acompañado como prueba el “Libro Sueldos y Jornales”; y declaraciones de sus empleados sobre las actividades y tareas a las que se dedicaban.
Alta en sistema: 02/07/2025 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V A su vez, señaló que a fojas 135/138 de estas actuaciones obraba un informe pericial contable. Destacó que en esa oportunidad, los peritos de ambas partes discreparon en cuanto a la obligatoriedad de que el “Libro Sueldos” no contenga un detalle del sector en el que se desenvolvían los empleados del banco. Sin embargo, a criterio del Tribunal Fiscal, más allá de la obligatoriedad -o no- lo cierto era que dicha omisión impedía conocer de forma cierta la categoría a la que el empleado pertenecía, y poder así realizar un análisis de las tareas que se hallaban a su cargo para determinar si se trataban, efectivamente, de tareas vinculadas a operatoria gravada o exenta.
A partir de allí, destacó que los elementos aportados por la parte actora no permitían demostrar la razonabilidad del método empleado, ya que las manifestaciones brindadas por los empleados del banco “[…] no fueron respaldadas con documentación fehaciente que avale que el parámetro ‘empleados afectados a actividades gravadas y exentas’ guarde alguna relación con los ingresos gravados y exentos obtenidos por su actividad […]”. Asimismo, el a quo agregó que “[…] en los puntos de pericia propuestos tampoco se incluyó información contable ni se puso a disposición algún elemento referido a centro de costos o a sistemas de costeos para acreditar la apropiación de los créditos fiscales en forma directa, como se remarcó en la resolución recurrida”.
En consecuencia, concluyó al no existir probanzas que logren conmover la postura fiscal, correspondía confirmar el cargo bajo análisis. Máxime -prosiguió-, si se tenía en cuenta que “[…] de receptarse la posición del Banco -sin respaldo- quedaría a su merced la cantidad de crédito fiscal a vincular si deciden contratar menor o mayor cantidad de personal para afectarlo al desempeño de las tareas exentas […]”.
IV.3. De lo expuesto, se observa que el Tribunal Fiscal analizó la procedencia del planteo de la actora sobre la base de la prueba producida en la causa, sin que se advierta irrazonabilidad en la decisión de modo tal que justifique desechar las conclusiones vertidas en el pronunciamiento apelado.
Por el contrario, se advierte que el resultado adverso que obtuvo la actora se debió a la omisión de esa parte en aportar los elementos probatorios necesarios, que respalden el método por ella aplicado para determinar el porcentaje de operaciones gravadas, circunstancia que se vincula directamente con cuestiones de hecho y prueba y que exceden el carácter limitado del recurso interpuesto ante este Tribunal de alzada. Por lo expuesto, el agravio de la actora en este punto debe ser desestimado.
Alta en sistema: 02/07/2025 V.- Que en este punto, corresponde analizar el agravio de la actora relativo a que los importes cobrados por el banco a sus clientes en concepto de seguros se hallarían exentos de IVA, atento a lo previsto en el artículo 3, inciso e), punto 21, apartado l) de la ley del tributo.
V.1. Para ello cabe recordar que de la resolución antedicha, (dictada por la División Determinaciones de Oficio “A” de la AFIP - DGI el 26/06/2017 -obrante a fs. 7/30 de las presentes actuaciones en soporte papel-) surge que el Fisco Nacional había observado que “[…] la contribuyente es una sociedad anónima que declara como actividad económica […] ‘servicios de la banca minorista’ […]”. Y que, “[…] los importes cobrados en concepto de seguros de vida por Banco Columbia S.A. a sus clientes, no se correspondían exactamente con los porcentajes y alícuotas establecidas y contratadas con las Compañías de Seguro, siendo las cobradas a los clientes superiores a las contratadas por el Banco con las Aseguradoras”.
Además, señaló allí que “[…] todo lo cobrado por la encartada bajo este concepto era el resultado de una gestión propia del negocio de la institución financiera y por tanto sujeto a impuesto”. Luego, recordó que la propia contribuyente había manifestado en su descargo que “[…] contrató pólizas de seguro de vida con dos compañías, a saber: Mapfre Argentina Seguros de Vida S.A., para descubiertos en cuentas corrientes bancarias y CNP ASSURANCE Compañía de Seguros S.A. para los productos de préstamos y tarjetas de créditos”. Asimismo, también había recocido que “[…] el costo del seguro no es integrado únicamente por la prima que cubre el riesgo de muerte o invalidez, sino que, además se generan otros gastos, incluso los derivados de la administración del servicio, que conforman el costo total” y que “[…] dicha operatoria es realizada en estricto apego a la normativa aplicable que endilga a la contratación de este tipo de seguros en la provisión de su servicio gravado (cfr.
Ley 25.065 y Resolución 35106/2010 de la SSN[)]”. Sobre esa base, el Fisco señaló que si bien la actora “[…] informó que cobra a sus clientes por seguro de vida en las tarjetas de crédito el mismo importe que paga a las compañías aseguradoras […] las tasas aplicadas no son coincidentes; contrariamente estos importes superan a los pagados por la rubrada a las compañías aseguradoras”. Por esa razón, concluyó que, en realidad, dichas sumas representaban un concepto comercial propio de la entidad bancaria sujeto a impuesto, y no exento, como pretendía la actora en virtud de lo previsto en el artículo 3°, inciso e), punto 21, apartado l) de la ley de tributo. Máxime, cuando el decreto reglamentario de esa norma prevé como requisito para su exención que la prestación hubiera sido realizada por entidades aseguradoras regidas por la Superintendencia de Seguros de la Nación, lo que no ocurría en el caso, ya Alta en sistema: 02/07/2025 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V que -prosiguió- “[…] Banco Columbia S.A. no es una compañía aseguradora regida por la Superintendencia de Seguros de Nación, sino una entidad que brinda servicios bancarios regidos por el Banco Central de la República Argentina, ni traslada a los clientes exactamente la prima de los seguros brindados por las Aseguradoras […]”.
V.2. En cuanto al marco normativo aplicable, cabe señalar que el artículo 3, inciso e), punto 21, apartado l), de la ley del tributo -invocado por la actora- prevé que se encuentran alcanzados por el impuesto de esa ley -en lo que aquí importa- “[l]as restantes locaciones y prestaciones, siempre que se realicen sin relación de dependencia y a título oneroso […]”. Y agrega que se encuentran incluidas “[l]as operaciones de seguro, excluidos […] los seguros de vida de cualquier tipo […]”. Además, el último párrafo del citado artículo 3° de la ley de IVA prevé que “[c]uando se trata de locaciones o prestaciones gravadas, quedan comprendidos los servicios conexos o relacionados con ellos […]”. En relación con ello, el artículo 10, punto 1) de dicha ley establece que “[s]on integrantes del precio neto gravado -aunque se facturen o convengan por separado- y aun cuando considerados independientes no se encuentren sometidos al gravamen: 1) Los servicios prestados conjuntamente con la operación gravada o como consecuencia de la misma, referidos a transporte, limpieza, embalaje, seguro […]”. Por su parte, el Decreto Reglamentario de esa ley establece que “[l]a exclusión de las operaciones de seguros, reaseguros y retrocesiones, a que se refiere el apartado l), del punto 21, del inciso e), del primer párrafo del artículo 3° de la ley, sólo comprende a los contratos que con ese fin suscriban las entidades aseguradoras y en tanto estén regidos por las normas de la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN, organismo dependiente del MINISTERIO DE ECONOMÍA” (conf. art. sin número incorporado a continuación del art. 12).
También, cabe recordar que la Ley N° 25.065 (de tarjetas de crédito) -a la que remitió la actora en su descargo y el Fisco Nacional en la Resolución N° 113/2017 (DV DEOA)- establece en su artículo 6° los requisitos que debe contener el contrato de emisión de tarjeta de crédito, contemplándose en su inciso j) los “[i]mportes o tasas por seguro de vida […]”.
V.3. Ahora bien, cabe señalar que esta Cámara ha tenido oportunidad de expedirse en un caso análogo al presente, en el que se analizó si el concepto “seguros” que la firma Surplus SA cobraba a sus clientes a través del sistema de tarjeta de crédito se hallaba alcanzado por la ley de IVA -como afirmaba el Fisco- o, si se hallaba excluido en razón de lo previsto en el en el artículo 3, inciso e), punto 21, apartado l) de la ley del Alta en sistema: 02/07/2025 tributo, como afirmaba la sociedad. En dicha oportunidad, se expidió la Sala II del fuero en el marco de la causa caratulada “Surplus SA (TF 24639-I) c/ DGI s/ Recurso Directo a Cámara”, Expte. N° 17312/2012, del 16/04/2014. Allí, luego de que el Tribunal efectuara una descripción de la normativa aplicable a ese caso (artículos 3 y 10 de la Ley de IVA, su decreto reglamentario, y el artículo 6 de la Ley N° 25.065) señaló -con remisión a citas jurisprudenciales- que “[e]l cargo ‘Seguro de Vida’ se encuentra específicamente vinculado con el normal funcionamiento del sistema de tarjeta de crédito.
Por lo tanto, su inclusión en los resúmenes de cuenta constituye un gasto habitual propio del sistema, cuyo pago no puede ser desconocido por el accionante, máxime cuando la finalidad del seguro en estos casos es la de cubrir las deudas existentes en los supuestos de muerte o incapacidad sobreviniente del cliente bancario”. Y concluyó que “[…] el concepto ‘seguros’, constituye una prestación accesoria a la principal gravada, brindada por la contribuyente Surplus S.A. a sus clientes, en el marco del complejo negocio comercial de tarjeta de crédito […] por lo que se encuentra alcanzado por el gravamen, de conformidad con lo previsto por el art. 3, último párrafo de la ley del impuesto al valor agregado”.
En el presente caso, al igual que lo que ocurría en el precedente citado (que se encuentra firme atento a lo resuelto por la CSJN en fecha 11/11/2014 en esa causa) el concepto “seguro” facturado por el BANCO COLUMBIA SA a sus clientes no representa un concepto que detente autonomía y que pueda encuadrarse en la exclusión prevista en el artículo 3, inciso e), punto 21, apartado l) de la ley del tributo. Ello así, toda vez que, en el caso, dicho concepto (seguro de vida) responde a un requisito formal de procedencia obligatoria para el otorgamiento de créditos (art. 6 de la Ley N° 25.065), inherente a dicho sistema -de créditos- que se halla sujeto a impuesto, toda vez que -como indicó el Tribunal a quo- es percibido como consecuencia de una actividad de intermediación por parte del banco (entre sus clientes y las compañías aseguradoras), lo que representaba una gestión comercial propia de éste.
A su vez, ello fue reconocido por la propia actora en su recurso inicial, en cuanto señaló que “[…] en el caso de […] tarjetas de crédito como los que nos ocupa en el caso […] se ha extendido en forma generalizada la necesidad y obligación contractual de la contratación de seguros colectivos de vida y similares, por parte de las entidades bancarias atento al constante crecimiento del crédito para el financiamiento de consumos así como el volumen y extensión de estos tipos de operaciones, resultando las coberturas del riesgo de muerte o invalidez convenientes y/o necesarias tanto para el deudor asegurado y sus derechohabientes como para el Banco en su carácter de acreedor.”
Alta en sistema: 02/07/2025 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V En consecuencia, no asiste razón a la actora en cuanto alegó que el concepto “seguro” se hallaba excluido del tributo. Máxime, cuando -como sostuvo el Tribunal a quo- el decreto reglamentario de la ley de IVA prevé que, para que se exima a dicho concepto del tributo, necesariamente deben tratarse de contratos que con ese fin suscriban las entidades aseguradoras regidas por la Superintendencia de Seguros de la Nación (conf. art. sin número incorporado a continuación del art. 12), lo que no ocurre en el caso.
Por ello, corresponde desestimar el agravio en análisis y confirmar en este punto la resolución apelada.
VI. Que en relación con el agravio contra la aplicación de intereses resarcitorios por la falta de pago de las obligaciones tributarias, cabe advertir que la actora se limitó a manifestar una mera disconformidad con el criterio fiscal. Ello, en tanto no se hizo cargo de que el artículo 37 de la Ley Nº 11.683 dispone que la falta de pago de las obligaciones tributarias devengará intereses resarcitorios sin necesidad de interpelación alguna, como así también que en el caso de apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación, los intereses continuarán devengándose (en sentido análogo, esta Sala in re: Expte. N° 83481/2015 “Proms SA c/ Dirección General Impositiva s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, del 02/07/2019).
Lo expuesto sella la suerte del agravio de la accionante, que debe ser desestimado.
VII. Que en otro orden, la actora se agravió de que el Tribunal Fiscal hubiera confirmado la multa impuesta por el Fisco ya que a su entender no concurrían en el caso los elementos objetivo y subjetivo. Al respecto, en reiteradas oportunidades se ha advertido que la infracción enrostrada no requiere la configuración de una conducta dolosa tal como sucede en el supuesto de defraudación, contemplado en el artículo 46 de la mencionada ley. En efecto, surge claramente del texto del artículo 45 de la ley antes citada que no es exigible una conducta de carácter doloso del contribuyente que deba ser acreditada por el organismo recaudador (Fallos: 322:519), sino que resulta suficiente la culpa del contribuyente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales (esta Sala in re: Expte. N° 19.833/2021 “Errekease SA - TF 49375/I c/ Dirección General Impositiva s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, del 11/04/2022, y Expte. N° 11.504/2012 “Offi SA (TF 20291-I) c/ DGI”, del 17/09/2015). Asimismo, se ha dicho que acreditada la materialidad del hecho, su impunidad sólo puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación de alguna excusa admitida por la legislación vigente (Fallos: Alta en sistema: 02/07/2025 316:1313 y 320.2271), tal como puede ser el error excusable, para lo cual la contribuyente debía probar que procedió con la debida diligencia a fin de evitar incurrir en una omisión del tributo (Giuliani Fonrouge, CarlosNavarrine, Susana, Procedimiento Tributario y de la Seguridad Social, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 2009, pág. 291; esta Sala in re "Athuel Electrónica SA”, ya citada).
Por este motivo, de conformidad con el criterio antes expuesto, al haberse verificado la materialidad del hecho, su impunidad sólo podía apoyarse en la concreta y razonada aplicación de alguna excusa admitida por la legislación vigente, extremo que debía ser acreditado por la actora (arg. art. 377 del CPCCN; esta Sala in rebus "Athuel Electrónica SA" y “Offi SA”, ya citadas; y “CAA CARAI SRL (TF 34338-I) c/ DGI”, del 14/07/15).
Cabe señalar que el Tribunal a quo señaló de forma expresa que la actora no había ofrecido ni demostrado causales exculpatorias suficientes. Pues bien, tales conclusiones remiten a la valoración de elementos de hecho y prueba, siendo una materia propia del Tribunal Fiscal a cuya apreciación corresponde estar salvo supuestos de arbitrariedad, ilegalidad o irrazonabilidad en la apreciación, circunstancia que no se verifica en autos (arg. art. 86, inc. b), de la Ley Nº 11.683; esta Sala in rebus “Del Buono, Jorge Luis” del 15/03/07; y N° 5.342/2015 “Black & Blue SRL c/ DGI”, del 15/03/2016).
Debido a ello, carece de sustento la afirmación de la actora en cuanto manifestó que la multa aplicada no se ajustaba a derecho. Era dicha parte quien debía acreditar alguna causal exculpatoria en los términos de la norma antes referida (art. 45 de la Ley N° 11.683).
Por lo demás, y a mayor abundamiento, si bien la recurrente manifestó que parte de la multa se hallaría condonada, lo cierto es que se trata una apreciación carente de entidad para revocar el pronunciamiento apelado, toda vez que no aportó elementos que respaldaran sus dichos.
En consecuencia, corresponde desestimar el agravio formulado por la parte actora en cuanto a la improcedencia de la multa aplicada, y confirmar en ese punto la resolución del Tribunal Fiscal.
VIII. Que finalmente, corresponde expedirse en relación con la forma en que deben ser impuestas las costas del proceso.
Al respecto, el artículo 184 de la Ley N° 11.683 establece que “[l]a parte vencida en el juicio deberá pagar todos los gastos causídicos y costas de la contraria […]. Sin embargo la Sala respectiva podrá eximir total o parcialmente de esta responsabilidad al litigante vencido, siempre Alta en sistema: 02/07/2025 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V que encontrare mérito para ello, expresándolo en su pronunciamiento bajo pena de nulidad de la eximición.”
En el caso, toda vez que el recurso de la actora prospera en forma parcial (pues sólo se revoca la resolución apelada en cuanto a la declaración de prescripción de la acción del Fisco -conf. Considerando III del presente-), corresponde que las costas del proceso en ambas instancias sean soportadas en proporción a los respectivos vencimientos, lo que deberá determinarse al momento de efectuar la correspondiente liquidación.
Hacer lugar parcialmente al recurso de la parte actora, revocar la resolución apelada en cuanto rechazó el planteo de prescripción y, en consecuencia, se declara prescripta la acción del Fisco para exigir el pago del IVA y la multa aplicada a su respecto, por los períodos fiscales 01 a 11 del año 2010;
2. Fijar las costas de ambas instancias por sus respectivos vencimientos, atento a la existencia de vencimientos parciales y mutuos (art. 184 de la Ley N° 11.683); 3) Revocar la regulación de honorarios practicada por el a quo. Todo lo cual, ASÍ SE RESUELVE.
Regístrese, notifíquese a las partes y oportunamente, devuélvanse.
Guillermo F. Treacy Jorge Federico Alemany Pablo Gallegos Fedriani Alta en sistema: 02/07/2025 Alta en sistema: 02/07/2025
Fin de la sentencia