Abriendo la norma
Cámara Civil y Com
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Modificar la sentencia de fs. 38 en cuanto ha sido materia de agravios, y disponer que desde la mora y hasta el efectivo pago, el capital adeudado devengará intereses a la tasa activa que cobra el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones de descuento a 30 días, siempre que ésta no supere en más del veinticinco por ciento a la tasa que el emisor aplique a las operaciones de préstamos personales en moneda corriente a sus clientes;
2Sin costas en la Alzada, a mérito de cómo se generó el recurso y por no mediar oposición (arts. 68 y conc. CPCC);
3Diferir la regulación de honorarios para la oportunidad prevista por el art. 31 de la ley 8904; 4)
Causa Nº 1-57130-2012 - "BANCO CREDICOOP COOP. LTDO. C/GAB MARGARITA Y ROLDAN CARLOS S/ COBRO DE PESOS"
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 1 - AZUL
Nº Reg. ............
Nº Folio ..........
En la Ciudad de Azul, a los 15 días del mes de Noviembre de 2012 reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelaciones Departamental -Sala I- Doctores Ricardo César Bagú, Esteban Louge Emiliozzi y Lucrecia Inés Comparato, para dictar sentencia en los autos caratulados: "BANCO CREDICOOP COOP. LTDO.
C/GAB MARGARITA Y ROLDAN CARLOS S/ COBRO DE PESOS ",
(Causa Nº 1-57130-2012), se procedió a practicar la desinsaculación prescripta por los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del C.P.C.C., resultando de ella que debían votar en el siguiente orden: Doctores COMPARATO-LOUGE EMILIOZZI-BAGU .-
Estudiados los autos, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
-C U E S T I O N E S-
1ra.- ¿Es justa la sentencia obrante a fs. 38 en tanto ha sido motivo de recurso?
2da.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION: la Señora Juez Doctora COMPARATO dijo:
I)El Banco Creedicoop Cooperativo Limitado, inicia demanda por cobro de pesos persiguiendo el cobro de un saldo deudor generado por el uso de la tarjeta de crédito CABAL, cuenta n° 1911561096874 contra Margarita Gab -titular de aquella- por la suma de $ 809,42 (ochocientos nueve pesos con cuarenta y dos centavos), con más “el interés de la tasa de descuento de documento a 30 días que aplica el Banco de la Provincia de Buenos Aires”, desde la mora (16.05.02) y hasta el efectivo pago; el IVA según la condición tributaria del deudor, costas y costos de la presente acción (conf. fs. 9/11).-
Para lo que aquí interesa, la anterior instancia hizo lugar a la demanda contra la accionada, determinando que a partir de la fecha de mora (24.09.07) y hasta el efectivo pago, el capital adeudado devengará “intereses a la tasa Pasiva del Banco de la Nación Argentina” (conf. fs. 38 vta.).
II. Interpone recurso de apelación el actor a fs. 39, y a fs. 40 éste se concede en modo “libre”. A fs. 46 se reciben los presentes en este Tribunal y a fs. 49 se manda a expresar agravios. A fs. 50 obran los fundamentos del recurso, los que no obtienen réplica de la contraria y que exclusivamente se circunscriben a la tasa de interés fijada.-
Expresa el apelante que dada la naturaleza comercial del contrato a tenor del cual se genera esta deuda, corresponde aplicar la “tasa activa”; tipo de tasa que a su entender – además- procede en los supuestos en los que las partes no convinieron intereses (conf. fs. 50 vta.). Por tal, solicita entonces se revoque el decisorio recaído y se mande aplicar intereses “a la tasa activa del Banco de la Nación Argentina” (conf. fs. 51).-
III. En atención a la materia traída a juzgamiento (intereses) y a la especial naturaleza del contrato de emisión de tarjeta de crédito, estimo que previo a todo debe analizarse lo convenido por las partes sobre el particular. Efectivamente, el art. 6 de la ley 25.065 establece que dentro de los requisitos que debe reunir este contrato deben constar los intereses (compensatorios o financieros y los intereses punitorios; inc. e) y f), respectivamente).-
En cuanto al sentido de dichas disposiciones se ha dicho que “Todos los incisos precedentemente detallados encuentran su fundamento en el derecho del titular de obtener información veraz, detallada y suficiente sobre el negocio que realiza, lo que surge de la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor. Por lo demás, el contenido mínimo del contrato de emisión establecido por el artículo analizado, es un imperativo para el emisor, basado en el carácter predispuesto del contrato. Por tal motivo, la omisión de cualquiera de los requisitos legales no provoca la nulidad del acuerdo, sino que trae aparejadas sanciones o pérdidas de derechos para el emisor.” (Delinda S. Tellechea, en “Código de Comercio. Comentado y Anotado”, dirig. por Rouillón y coord. por Alonso, La Ley, T. II, p. 369; esta Sala, causa n° 54811, “Bco. Pcia. de Bs. As. c/ Vivas…”, del 22.02.11, voto del Dr. Esteban Louge Emiliozzi).-
En análoga orientación, expresa Muguillo: “…el sentido último de la norma es imponer una información, un anoticiamiento leal, correcto y suficiente al usuario. No puede admitirse como válido que escudándose en un negocio “complejo” y masivo se utilicen términos oscuros, expresiones ambiguas o información limitada que no permita al titular un conocimiento adecuado de los límites de su obligación o eventual endeudamiento. Así, la omisión de informar, la reticencia en métodos de cálculo de intereses o sobre el cálculo razonable de gastos debitados, impedirán a la entidad emisora –ése es el sentido de esta disposición del art. 6° en todo el contexto de la ley- fundar una pretensión legítima contra el titular usuario (CNCom., Sala B, 28.04.98., LL, 1998-C-624)” (ob. cit., p. 58, reseñada por el Dr. Louge Emiliozzi en la causa antedicha).-
Ahora bien, de la lectura del contrato adunado a fs. 17/18 se advierte que sobre tales tópicos solo se determinó que “la falta de pago en los términos pactados hará incurrir al Usuario en mora de pleno derecho en forma automática, sin necesidad de previa interpelación judicial o extrajudicial, debiendo abonar en tal caso el importe correspondiente a su deuda, con más sus intereses compensatorios, intereses punitorios que se pactan en el 50% de los compensatorios, comisiones y los gastos administrativos pertinentes” (pto. 9; conf. fs. 18); todo lo que entiendo, genera incertidumbre sobre la tasa a aplicar. Sin embargo y ante tal situación, entiendo que ello sería pasible de ser integrado con lo prescripto por la ley pertinente.-
Como se ha dicho, la omisión de las previsiones legales no repercute específicamente en juicios de conocimiento como el presente (conf. fs. 27; art. 320 del C.P.C.C.); ello así ya que “no puede provocar la nulidad del contrato lo que perjudicaría al titular o usuario […], sino que importaría penalidades o consecuencias negativas para el emisor: pérdida de la vía ejecutiva y eventuales sanciones administrativas” (conf. Paolantonio, Martín; “Régimen legal de la tarjeta de crédito”, p. 45 y 131).- En tal alcance, y si ello se comparte, conforme lo convenido y lo normado por los arts. 16 y 17 de la ley 25.065, correspondería entender que las partes pactaron intereses compensatorios y punitorios; que “el límite de los intereses compensatorios o financieros que el emisor aplique al titular no podrá superar en más del veinticinco por ciento a la tasa que el emisor aplique a las operaciones de préstamos personales en moneda corriente a sus clientes…”; y asimismo que “el límite de los intereses punitorios que el emisor aplique al titular no podrá superar en más del cincuenta por ciento (50%) a la efectivamente aplicada por la institución financiera o bancaria en concepto de interés compensatorio o financiero” (art. 16 y 17 ley 25.065; arts. 217 y 218 Cód. Com.; arts. 1, 2, 37 y conc. Ley de Defensa al Consumidor; conf. Wayar, Ernesto; “Tarjeta de crédito y defensa al consumidor”, p. 142 y ss.).-
IV. No obstante que volveré sobre esto último más adelante, recordaré que tal como ya lo he reseñado, al entablar su demanda por cobro de pesos el actor solicitó “el interés de descuento de documento a 30 días que aplica el Banco de la Provincia de Buenos Aires desde la mora…” y luego en los agravios puntualizó “tasa activa del Banco de la Nación Argentina”; es decir que si bien la pretensión inicial difiere de la impugnativa, al esgrimir ambas -probablemente por las peculiaridades arriba apuntadas-, es dable entender que decidió apartarse del mentado contrato (art. 330 del C.P.C.C.). Sin embargo, corresponde precisar que pese aquellas diferencias, peticionó exclusivamente “intereses moratorios a la tasa activa” (art. 163 inc. 6 del C.P.C.C.); tasa que en lo particular, se corresponde además con una operación bancaria “activa” como la aquí acontecida: “en la cual el banco realiza una función activa, otorgando créditos: los préstamos, apertura de créditos, descuentos, etc.” (Villegas Carlos Gilberto, “La Cuenta Corriente Bancaria y el Cheque”, p. 5; esta Sala, causa n° 55970, “Asociación Española…”, 02.12).-
Sentado lo dicho y no obstante lo que seguidamente expondré, pese a que -en principio- toda vez que con relación al cómputo de intereses exista convenio de partes, cabría aplicar éste (art. 622 y 1197 del Cód. Civ.; art. 556 del Cód. Com.; art. 5 del dec-ley 5965/63; conf. S.C.B.A. Ac. 95.758, sent. del 9-XII-2010; Cám. Civ. y Com. Sala 2 de La Plata, causa n° 80575, “Carta Austral S.A….”, del 09.03.95; Base JUBA; esta Sala, causas n° 55.161, “Banco Patagonia…”, del 15.07.11; n° 55.729 “Carbonazzo…”, del 23.11.11; n° 56.390, “Malcar S.R.L….”, del 05.06.12), entiendo que por efecto de la regla de la congruencia procesal, en el sub lite, esto último no puede ser receptado y corresponderá ceñirnos a lo requerido.- Es que “el proceso civil está gobernado por el principio dispositivo, de lo que se sigue que a las partes incumbe fijar el alcance y contenido de la pretensión y oposición. Esta actividad concurre a delimitar el thema decidendum, al que debe ajustarse el órgano judicial, por la regla de la congruencia. Es sabido – además - que en la Cámara de Apelaciones el principio de congruencia se torna más exigente, ya que ésta debe examinar las cuestiones de hecho y de derecho sometidas al juez de primera instancia que hubiesen sido materia de agravios (art. 266 del C.P.C.C.). Por ello, se exige a la Alzada prestar especialísima atención a dos estadios procedimentales, cuales son el de la traba de la litis, y el de interposición y fundamentación del recurso de apelación, pues sus potestades decisorias sufren una doble restricción: la que resulta de la relación procesal y la que el apelante voluntariamente imponga a través del escrito de interposición del recurso y de la pieza que contiene el desarrollo de los agravios. Ninguna parcela del decisorio recurrido podrá revisar si la impugnación no está contenida en estos últimos actos procesales; pero tampoco podrá resolver cuestiones novedosas o sorpresivas, introducidas por primera vez en la instancia de apelación (Azpelicueta - Tessone “La Alzada. Poderes y Deberes”, pág. 157 y ss.con cita de fallos de la S.C.B.A., Ac. 30.409, 33.462, 42.243, 43.417; esta Sala, causa n° 54.775, “HSBC Bank Argentina S.A…”, del 03.02.11, entre muchas otras).-
V. Ahora bien, conforme tuvo oportunidad de precisarlo en un caso análogo al presente mi estimado colega, el Dr. Louge Emiliozzi (causa n° 56.390, “Malcar S.R.L.” del 05.06.12), y tal como ya lo he señalado en una causa posterior, (n° 56.677, “Carbonazzo…”, del 10.07.12), “que el decisorio deba en el caso ser congruente con la tasa pretendida por el accionante –sin resistencia de la contraparte he de agregar-, no implica que lo convenido en el contrato devenga de por sí inocuo. Efectivamente, si bien por tales razones de técnica procesal entiendo que corresponde hacer lugar el agravio y fijar la tasa activa que cobra el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones de descuento a 30 días, a mi juicio ella resultará aplicable siempre que no supere el interés moratorio estipulado por contrato y al que he dado precedentemente un alcance determinado (conf. fs. 18; arts. 16 y 17 de la ley 25.065; art. 217 y 218 Cód. Com.; arts. 1, 2, 37 y conc. de la Ley de Defensa al Consumidor; conf. Wayar, Ernesto; “Tarjeta de crédito y defensa al consumidor”, p. 142 y ss.).-
Aclarado lo dicho, conforme las particularidades del presente caso propongo al acuerdo modificar el aspecto en estudio y establecer que desde la mora, el capital adeudado devengará intereses a la tasa activa que cobra el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones de descuento a 30 días, siempre que ésta no supere “en más del veinticinco por ciento a la tasa que el emisor aplique a las operaciones de préstamos personales en moneda corriente a sus clientes”.-
Así lo voto.-
Los Sres. Jueces Doctores LOUGE EMILIOZZI y BAGU, adhieren por los mismos fundamentos al voto precedente:
A LA SEGUNDA CUESTION: La Señora Juez Doctora LUCRECIA INES COMPARATO dijo:
Atento lo acordado al tratar la cuestión anterior, propongo al acuerdo: 1) Modificar la sentencia de fs. 38 en cuanto ha sido materia de agravios, y disponer que desde la mora y hasta el efectivo pago, el capital adeudado devengará intereses a la tasa activa que cobra el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones de descuento a 30 días, siempre que ésta no supere en más del veinticinco por ciento a la tasa que el emisor aplique a las operaciones de préstamos personales en moneda corriente a sus clientes; 2) Sin costas en la Alzada, a mérito de cómo se generó el recurso y por no mediar oposición (arts. 68 y conc. CPCC); 3) Diferir la regulación de honorarios para la oportunidad prevista por el art. 31 de la ley 8904.-
Así lo voto.-
Los Señores Jueces Doctores LOUGE EMILIOZZI y BAGÚ adhieren por los mismos fundamentos al voto precedente.-
Con lo que terminó el acuerdo dictándose la siguiente:
• S E N T E N C I A –
POR LO EXPUESTO, demás fundamentos del acuerdo y lo prescripto por los arts. 266 y 267 del CPCC, se RESUELVE: 1) Modificar la sentencia de fs. 38 en cuanto ha sido materia de agravios, y disponer que desde la mora y hasta el efectivo pago, el capital adeudado devengará intereses a la tasa activa que cobra el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones de descuento a 30 días, siempre que ésta no supere en más del veinticinco por ciento a la tasa que el emisor aplique a las operaciones de préstamos personales en moneda corriente a sus clientes; 2) Sin costas en la Alzada, a mérito de cómo se generó el recurso y por no mediar oposición (arts. 68 y conc. CPCC); 3) Diferir la regulación de honorarios para la oportunidad prevista por el art. 31 de la ley 8904; 4) Regístrese y notifíquese.- Ricardo César Bagú Juez -Sala 1-
-Cám.Civ.Azul- Esteban Louge Emiliozzi Juez -Sala 1-
-Cám.Civ.Azul- Lucrecia Inés Comparato Juez -Sala 1-
-Cám.Civ.Azul- Ante mí Yamila Carrasco Secretaria -Sala 1-
-Cám.Civ.Azul-
Fin de la sentencia