Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 124360
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención de que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo con asiento en la ciudad de Bragado, perteneciente al Departamento Judicial de Mercedes, rechazó íntegramente la demanda deducida por Susana Elizabeth Marano contra el Banco Credicoop Cooperativo Limitado y Asociart ART S.A., en concepto de indemnización por daños y perjuicios con fundamento en el derecho común (v. fs. 307/322 vta.).
Para así decidir, en lo esencial, juzgó que la accionante no acreditó la extensión de la jornada de trabajo denunciada, ni el cúmulo de tareas que le fueran asignadas, así como tampoco las irregularidades, e inconductas o conductas agresivas (maltratos, gritos, discriminación, presión y acoso laboral) en que habrían incurrido sus superiores jerárquicos en forma habitual. En consecuencia, concluyó que resultaba imposible determinar en la especie la existencia de culpa o dolo del empleador, el riesgo o vicio de la cosa, o el daño por omisión en el cumplimiento de obligaciones impuestas en la ley.
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada activa dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 26-IV-2019), el que fue concedido por el a quo a fs. 329.
En su presentación relata los antecedentes de la causa, cita las normas y la doctrina legal que considera violadas. En sustancia alega que el tribunal, para rechazar la pretensión formulada en los términos del anterior Código Civil, efectuó una absurda valoración de las pruebas, en particular de la pericial médica. Por otra parte, afirma que el juzgador de grado omitió expedirse sobre una cuestión esencial peticionada subsidiariamente en la demanda, esto es, la reparación sistémica establecida por la ley 24.557.
III. El recurso no puede prosperar.
III.1.a. Al respecto, cabe destacar que esta Corte ha declarado que el análisis del material probatorio aportado por las partes al proceso, como la determinación relativa a si se configuran -o no- los presupuestos que tornan viable la procedencia de la acción de daños y perjuicios deducida en los términos del derecho común, son facultades privativas de los jueces de mérito, cuyas conclusiones al respecto no son revisables en la instancia extraordinaria salvo absurdo, que debe ser demostrado por quien lo invoque (causas L. 97.261, "Azpeitia", sent. de 19-XII-2012; L. 114.098, "Encey", sent. de 28-VIII-2013 y L. 121.095,"Cimadevilla", resol. De 11-IV-2018).
Ello exige la verificación del error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 111.199, "Baltar", sent. de 14-VIII- 2013; L. 113.610, "Agustinelli", sent. de 5-III-2014 y L. 116.525, "Rouco", sent. de 20-VIII-2014), ya que no cualquier equívoco, ni la apreciación opinable, discutible u objetable, ni la posibilidad de otras interpretaciones, alcanzan para configurarlo (causas L. 112.200, "R., V.E.", sent. de 5-VI-2013; L. 109.926, "Mouriño", sent. de 27-VIII- 2014 y L. 121.001, "Ledesma", resol. de 7-III-2018).
III.1.b. En ese marco, se advierte que la impugnante no logra descalificar la esencial motivación del fallo recurrido -vinculada, como se indicó, a la falta de acreditación de los presupuestos fácticos, a partir de los cuales deben determinarse si se han verificado las circunstancias previstas en los arts. 1.109 y 1.113 del anterior Código Civil- por conducto de una crítica que transita sobre meras apreciaciones personales en torno al modo en que considera que el a quo debió ponderar la prueba aportada al proceso, soslayando que el aludido absurdo sólo queda configurado si media cabal demostración de su existencia. Resulta evidente, pues, que no basta con invocarlo, sino que es menester probarlo acabadamente a través de una correcta y concreta fundamentación, ya que la vía extraordinaria no puede abrirse sin una eficiente acreditación del error, resultando insuficiente el agravio cuyo contenido sólo se dirige a disputarle al sentenciante el ejercicio de la facultad que le asiste en materia de selección, jerarquización y meritación de la prueba (causas L. 113.536, "Salgado", resol. de 16-III-2011 y L. 116.581, "Fornari", resol. de 29-V-2013).
III.1.c. En particular, y ante el reproche que gira en torno a la pericia médica y su ponderación, corresponde memorar que en la tarea de valoración de la misma, los tribunales de trabajo ejercen facultades privativas, resultando la decisión que adopten al respecto ajena al cometido de la Suprema Corte, salvo absurdo (causas L. 93.232, "P., E.P.", sent. de 28-X-2009; L. 116.646, "Buscarini", sent. de 29-V-2013; L. 118.504, "Miralles", resol. de 8-IV-2015 y L. 122.857, "Burgos", resol. de 14-VIII-2019), el cual, como se anticipó, no logra ser acreditado.
III.2. Por otro parte, respecto del agravio relativo a la supuesta falta de tratamiento de la reparación sistémica contemplada en la ley 24.557, reiteradamente esta Corte ha resuelto que la omisión de tratamiento de planteos o de cuestiones resulta ajena al ámbito del remedio interpuesto, pues tal impugnación es materia propia del recurso extraordinario de nulidad (causas L. 103.565, "Bugatti", sent. de 12-X-2011; L. 106.055, "Pellejero", sent. 14-XII-2011; L. 105.609, "Arce", sent. de 12-XII-2012 y L. 121.612, "Díaz", resol. de 17-X-2018).
III.3. Finalmente, la doctrina legal que cita la recurrente como conculcada no resulta idónea para modificar lo resuelto, toda vez que tal precedente alude a presupuestos fácticos distintos a los de la presente causa (causas L. 121.383, "Poletti", resol. de 28-II-2018 y L. 120.234, "Romano", resol. de 17-IV-2019 entre otras).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención de que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 27/08/2020 15:49:18 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/08/2020 16:42:06 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 27/08/2020 18:58:29 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/08/2020 20:43:39 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/08/2020 11:10:20 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia