Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Trenque Lauquen · Causa 96062
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar el recurso del 16/7/26, con costas a cargo de la parte apelante vencida y diferimiento de la regulación de honorarios.
Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen
Juzgado de origen: Juzgado de Paz de Pehuajó
Autos: " BANCO LOCAL COOPERATIVO LTDO. C/ARRESE MASSOLA Y CIA. S.A. Y OTROS S/ ··EJECUCION HIPOTECARIA "
Expte.: -96062-
En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia de Buenos Aires, en la fecha según art. 7 del Anexo Único del AC 3975, celebran telemáticamente Acuerdo los jueces de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Carlos A. Lettieri y Andrés Antonio Soto para dictar sentencia en los autos " BANCO LOCAL COOPERATIVO LTDO. C/ARRESE MASSOLA Y CIA. S.A. Y OTROS S/ ··EJECUCION HIPOTECARIA " (expte. nro. -96062- ), de acuerdo al orden de voto que surge del sorteo de fecha 19/11/2026 planteándose las siguientes cuestiones:
PRIMERA : ¿Es procedente el recurso de apelación del 16/7/26 contra la resolución del 8/7/26?
SEGUNDA : ¿Qué pronunciamiento corresponde emitir?.
A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ SOTO DIJO:
Se trata aquí de establecer el valor económico del juicio para la posterior regulación de los honorarios profesionales.
La resolución apelada estableció como monto económico la suma de 18.965,21 jus que fue la propuesta por el abog. González Cobo, motivando el recurso por parte de la parte demandada con fecha 8/7/26.
Al tiempo de la fundamentación el recurrente, en extracto, pide se revoque íntegramente la resolución apelada y se deje sin efecto la aprobación de la base regulatoria equivalente a 18.965,21 Jus, se determine que la regulación de honorarios correspondiente a la acción autónoma de prescripción de la actio iudicat i no puede practicarse tomando como base el monto íntegro del crédito hipotecario ni la liquidación pericial producida con fines cautelares, debiendo aplicarse el régimen legal correspondiente a una cuestión cuyo contenido económico no resulta directa ni inmediatamente determinable a partir de aquel crédito; y subsidiariamente, se considere que la incidencia posee contenido económico susceptible de valuación arancelaria, se fije una base que atienda exclusivamente a la entidad jurídica de la cuestión debatida y a la labor profesional efectivamente desarrollada, descartando la liquidación cautelar del año 2023 y preservando la razonable proporcionalidad exigida por los arts. 15, 16, 21 y concordantes de la Ley 14.967. Por último solicita que se impongan las costas de ambas instancias a la parte incidentista vencida, conforme al principio objetivo de la derrota. También que ha interpuesto recurso de queja ante la Suprema Corte Provincial (v. e.e. del 6/8/26).
Por su parte, el letrado González Cobo contesta esos agravios mediante la presentación del 7/8/26.
Desde el enfoque revisor, en cuanto a la interposición de queja ante la Suprema Corte Provincial, debe señalarse que el art. 292 del cód. proc. provincial en concordancia con el art. 285 del CPCCN, son claros al establecer que salvo supuestos de gravedad institucional, no tiene nunca efectos suspensivos, por manera que no mediando en estas actuaciones constancias que hagan saber más que su interposición no corresponde la suspensión pretendida (SCBA., DJBA 120-218, Morello - Sosa - Berizonce "Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación" comentados y Anotados, Abeledo Perrot 2015 T.IV pág. 608/609 y 848/852; también sent. del 2/7/21 90455 "García, J. E. y otro/a c/ Bomberos Voluntarios de Francisco Madero y otro/a S/Daños y perjuicios" L. 52 Reg. 419).
De manera que el agravio no puede sustentar el recurso.
Luego, surge que con la decisión de este Tribunal del 25/3/26 quedó determinado que se trató de la prescripción de la actio iudicati , es decir de la acción nacida de la sentencia firme -sentencia de remate- y no de una incidencia de prescripción o excepción de prescripción prevista en el art. 504 del cód. proc. (v. sent. y antecedente de esta Cámara sobre el cual se basó la decisión del juzgado, "FINFIA S.A. c/ NASELLO de QUIROGA Mirta y otro 3421/01 S/ JUICIO EJECUTIVO", Expte.: 93009 (RR-312-2022, 20/5/2022).
Así, a los fines de establecer la base, su contenido económico es propio y no es más que el monto por el cual se dictó la sentencia cuya prescripción se decretó (en palabras simples: no puede ejecutarse el monto de sentencia, en su totalidad), de manera que en esa línea opera lo dispuesto por el art. 23 de la ley 14967 (art. 34.4. del cód. proc). Por lo menos, en cuanto a su significado económico, aunque en su oportunidad deberá evaluarse cómo es que se retribuirán las tareas llevadas a cabo.
Por lo demás, no resulta desacertado tomar la suma resultante de la pericia practicada, en tanto la misma fue requerida por el mismo Banco actor a los fines del dictado de las medidas cautelares solicitadas para asegurar su crédito reclamado en la presentación del 5/7/23 en la cual manifestó que: "... Que habiendo sido practicada la liquidación ordenada, habiéndose corrido traslado de la misma sin observaciones de los ejecutados, y habiendo sido controlados los cálculos por el Perito contador, a los efectos de proceder con la ejecución de la sentencia dictada en autos, solicito se decrete el embargo solicitado sobre los inmuebles individualizados en mi presentación de fecha 18 de mayo de 2023, por la suma de la liquidación actualizada de $ 188.703.924 más lo que V.S. se sirva presupuestar provisoriamente para responder a intereses y costas de la ejecución, librándose a tal fin los despachos de estilo al Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires...." (v.e.e. de esa fecha), por lo que no puede ahora proponer que el juicio se configure como de monto indeterminado (v. presentación del 5/7/23; art. 34.4. del cód. proc.). Acotándose
Ello sin perjuicio -se repite- de la valoración de la labor desarrollada al momento de la regulación de los honorarios (arts. 15.c. y 16 de la ley 14967).
Es que lo contrario sería quebrantar el principio de congruencia que debe regir; es decir a la correspondencia entre la pretensión jurídica planteada (integrada por el contenido de la disputa y la identidad de personas, objeto y causa) y lo resuelto, y que su sentido es que el pleito sea conducido en términos de razonable equilibrio -dentro de la bilateralidad del contradictorio- de manera que la sentencia se muestre atenta a la pretensión jurídica que forma el contenido de la disputa y no ocurra un quebrantamiento de ella. En otras palabras: no han de existir omisiones en la consideración de la temática planteada, como tampoco una demasía decisoria que signifique una excedencia de juzgamiento por ocuparse el juez de cuestiones no planteadas (CC0202 LP 141826 RS 96/26 S 10/04/2026 Juez BANEGAS (MA), Carátula: "B. C.B. C/ R. J.H. S/ Alimentos", Magistrados Votantes: BANEGAS-Larumbe-Hankovits; arts. 34.4. y 163.6 del cód. proc.).
Tocante a la conversión en jus del monto económico de la litis, tampoco le asiste razón al apelante, ello en tanto esta Cámara ha resuelto reiteradamente "que como método objetivo de ponderación de la realidad para dar lugar a un resultado razonable y sostenible frente a la elevada inflación en pos de la readecuación de valores, cual es mantener la base regulatoria utilizada en primera instancia, sea convertida en cantidad de Jus ley 14967 según el valor de éste al momento en que fueron expuestos los montos" (con cita de CSN "Einaudi, Sergio c/ Dirección General Impositiva s/ nueva reglamentación", v. votos del juez Lettieri en sent. del 16/9/2014; 91364 sent. del 28/10/22 "Gorosito c/ García s/ Daños y perjuicios" RR-790-2022; 89486 sent. 19/10/22 "Aguirre, Raquel M. c/ Aguirre, Eduardo A. s/ Rendición de cuentas" RR-742-2022; 93351 sent. del 23/11/22 "Avila, E.J c/ Vacaluzzo, M. G. s/ Daños y perjuicios" RS-80-2022, ver fallo reciente en "S., M. J. c/ O., O. V. s/ Incidente de Alimentos", Expte.: -94519-, sent. del 17/02/2025).
Al respecto se dijo que "...esa solución aspira a otorgar en concreto igual dignidad de trato a los abogados que a los jueces (arts. 58 cód. proc. y 56.b párrafo 2° ley 5177): si el sueldo de los jueces se ha readecuado desde el acuerdo autocompositivo de autos y si esa readecuación se ha trasladado al valor del Jus (art. 9 caput ley 14967), sería irrazonablemente desconsiderado e inequitativo no reconocer en el caso, de alguna manera, similar readecuación a los abogados apelantes (arts. 2 y 3 CCyC; arts. 165 párrafo 3° y 34.4 cód. proc.; arts. 10 y 13 Código Iberoamericano de Ética Judicial), máxime dado el carácter alimentario de los honorarios (art. 1 ley 14967 y arg. a simili art. 641 párrafo 2° cód. proc.)..." (v. esta cám.91559 28/5/21 "Bonavitta c/ Suárez s/ Daños y perjuicios" L. 52 Reg. 285, 90960 sent. del 27/12/18 "Chelia c/ Domínguez s/ Daños y perjuicios" L. 47 Reg.145; 90763 sent. del 7/7/20 "Hermoso s/ quiebra" Lib. 51 Reg.239; 91791 sent. 23/7/20 "Alomar s/ quiebra" L. 35. Reg. 52, entre otros).
Es que no tener en cuenta el valor del movimiento económico al momento y considerar la situación a valores depreciados por la inflación, es pagar menos en los términos precisamente de esa inflación. Debido a que, al determinarse el importe no es posible desatender los datos que proporciona la realidad económica involucrada (esta cám. sent. del 23/9/22 93083 "Quinteros c/ Giorgio s/ Daños y perjuicios" RS-58-2022 y misma causa sent. del 12/6/23 RR-404-2023).
Por lo demás, en aquel precedente 'Einaudi', lo que también sostuvo el máximo tribunal del país, fue que el artículo 10 de la ley 23982 sólo fulmina las fórmulas matemáticas para actualizar, repotenciar o indexar, pero no otros métodos que consulten elementos objetivos de ponderación de la realidad que den lugar a un resultado razonable y sostenible (ver considerando 11 de "Einaudi, Sergio c/ Dirección General Impositiva s/ nueva reglamentación", sent. del 16/9/2014; complementaria y necesariamente ver también el considerando 2 del Ac. 28/2014 a través del cual incrementó el monto del art. 24.6.a del decreto ley 1285/58).
Entonces en ese lineamiento y dentro del límite de los agravios, nada obsta a considerar como un elemento objetivo de ponderación, que la base regulatoria sea convertida en jus ley 14967 según el valor vigente al tiempo que fue expuesto el monto (art. 39 ley 14967; v. esta cám. 93826 sent. del 28/6/23 "Martínez, A,. F. s/ Incidente de rendición de cuentas" sent. del 28/6/23).
En suma corresponde desestimar el recurso del 16/7/26, con costas a cargo de la parte apelante vencida (arts. 68 y 69 del cód. proc.) y diferimiento de la regulación de honorarios (arts. 31 y 51 de la ley 14967).
ASÍ LO VOTO.
A LA MISMA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:
Adhiero al voto del juez Soto (art. 266 del cód. proc.).
A LA SEGUNDA CUESTION EL JUEZ SOTO DIJO :
Corresponde desestimar el recurso del 16/7/26, con costas a cargo de la parte apelante vencida y diferimiento de la regulación de honorarios.
TAL MI VOTO .
A LA MISMA CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:
Que adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.
CON LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:
Por lo que resulta del precedente Acuerdo, la Cámara RESUELVE :
Desestimar el recurso del 16/7/26, con costas a cargo de la parte apelante vencida y diferimiento de la regulación de honorarios.
Regístrese. Notifíquese de acuerdo al art. 10 AC 4013 t.o. AC 4039. Hecho, radíquese en el Juzgado de Paz de Pehuajó.
Firmas
Funcionario firmante: SOTO Andrés Antonio - JUEZ
Funcionario firmante: LETTIERI Carlos Alberto - JUEZ
Funcionario firmante: QUINTANA Maria Del Valle - AUXILIAR LETRADO
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES - Número: RR- 1029-2026
Fin de la sentencia