Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala III (CAF) · Causa TF 96970075-I
Lo que resolvió el tribunal
I. Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora y, en consecuencia, revocar la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido, en los términos de los considerandos III, VII, VIII, IX, X y XI de la presente.
II. Imponer las costas — de ambas instancias— a la vencida (arts. 68, primer párrafo, y 279, del CPCCN). En atención a la forma en que se resuelve, déjese sin efecto las regulaciones de honorarios practicadas —con fecha 18 de octubre de 2024— a la representación procesal y patrocinio letrado de la parte demandada, lo que torna insustancial el tratamiento de los recursos interpuestos por las partes actora —quien también fundó su recurso— y demandada con fechas 23 de octubre de 2024 y 25 de octubre de 2024, respectivamente, que fuera contestado por la parte demandada —exclusivamente— con fecha 16 de diciembre de 2024.
A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional, se hace constar que —por hallarse vacantes dos cargos de jueces de esta Sala— suscribe la presente el Dr. Jorge Eduardo Morán; quien integra este Tribunal en los términos de la Acordada n° 3/25 de esta Cámara.
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CAF 1254/2025; “BANCO MACRO SA (TF 96970075-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”.
Buenos Aires, 16 de diciembre de 2025.
El Dr. Sergio Gustavo Fernández dice:
I. Sentencia del Tribunal Fiscal de la Nación.
Por sentencia de fecha 2 de septiembre de 2024, obrante a fs. 851/859 del expediente electrónico (v. DEO 17486336), el Tribunal Fiscal de la Nación (TFN) resolvió confirmar la resolución n° 101/2021 (DV DEOA), de fecha 14 de septiembre de 2021, suscripta por el Jefe (int.) de la División Determinaciones de Oficio “A” del Departamento Técnico Grandes Contribuyentes Nacionales de la ex AFIP (hoy, ARCA) – DGI, mediante la cual se había determinado de oficio la suma total de $ 61.392.582,73.-, en concepto de impuesto a las ganancias – “salidas no documentadas”, correspondiente a los períodos fiscales 02/2015, 04/2015, 05/2015 y 07/2015 a 01/2018, ambos inclusive, con más la suma de $ 117.029.101,09.-, en concepto de intereses resarcitorios, al mismo tiempo que se hizo reserva de la eventual aplicación de sanciones en orden a lo establecido en el artículo 20 de la ley 24.769 y sus modificatorias. Asimismo, dispuso imponerle las costas a la vencida. Para decidir de ese modo, el a quo comenzó por reseñar las posturas de las partes, los argumentos utilizados y los principales actos procesales del proceso.
Luego, se adentró en el análisis de la causa de acuerdo a los términos en que quedó trabada la litis, advirtió la génesis de la investigación realizada por el organismo recaudador y señaló las tareas desarrolladas por aquél, entre las cuales puntualizó: la consulta en el Sistema de Trámites de Fiscalización, Facturación y Registración – eApoc; el cotejo del detalle de las operaciones realizadas por la contribuyente Logística Cava SRL con Banco Macro SA, según fueran informadas en el Registro Informativo de Compras y Ventas; la solicitud del detalle completo de las facturas y remitos de Logística Cava SRL, su cuenta corriente comercial, las órdenes de pago, los extractos bancarios en los que consten los pagos y todo documento comercial vinculados a esas operaciones; el cruce de la base Usuarios eApoc del Sistema eFisco, por los períodos fiscal 01/2015 a 08/2018, y; la confección de un cuadro de estimación de la pretensión fiscal involucrada.
Sentado lo anterior, dejó constancia de lo destacado por el organismo fiscal en cuanto a que, respecto del impuesto a las ganancias, se verificó que no correspondía efectuar ajuste alguno, puesto que las facturas nunca fueron computadas en los resultados impositivos de la empresa, al mismo tiempo que, con relación al impuesto al valor agregado, se practicó el ajuste y se procedió a impugnar el crédito fiscal con origen en esas facturas, lo cual fue conformado por la contribuyente.
Por su parte, con respecto al origen del cargo “salidas no documentadas”, hizo notar lo mencionado por el fisco nacional, acerca de que las erogaciones efectuadas por Banco Macro SA con motivo de los pagos a Logística Cava SRL, no es que carecieran de documentación, sino que la documentación de respaldo era apócrifa, lo cual se asimila a la carencia absoluta de documentación. Dicho lo cual, el a quo concluyó que la impugnación de las operaciones con el referido proveedor había sido adecuadamente ponderada por el organismo fiscal, por haber demostrado la existencia concomitante de una serie de indicios comprobados, graves y precisos, que llevaron a presentar un cuadro de serios reparos respecto de la efectiva realización de las operaciones por parte del proveedor cuestionado por el fisco, que aplicó el instituto de “salidas no documentadas” previsto en el art. 37 de la ley 20.628.
Añadió que la propia actora reconoció que las operaciones que originaron las erogaciones son simuladas, producto del accionar de empleados infieles, los cuales fueron denunciados penalmente.
Así pues, consideró que resultaba aplicable —en el presente contexto— la regla “onus probandi incumbit ei qui dicit”, es decir, la carga de la prueba es correlativa a la carga de la proposición de los hechos, pues cada parte debe probar el presupuesto de hecho de las normas que invoque como soporte de su pretensión, defensa o excepción, según lo establece el art. 377 del CPCCN. Citó jurisprudencia del tribunal cimero. Agregó que el contribuyente tiene, inexcusablemente, que recurrir a todos los medios de prueba.
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A continuación, respecto de la facturación impugnada en materia de “salidas no documentadas”, citó calificada doctrina y señaló —como criterio— que más allá de la carencia absoluta o simple falencia en la documentación que hiciera presumir su falsedad, debía analizarse si el pago era real o directamente simulado. Aseveró que tener un comprobante de una erogación falsa equivalía jurídicamente a no tener ninguno, desde que no puede identificarse fehacientemente, ni en un supuesto ni en otro, al receptor de dicho pago.
Estimó que resulta aplicable al caso de autos la doctrina jurisprudencial sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Red Hotelera Iberoamericana SA”, del 26 de agosto de 2003. Reprodujo su texto. Entendió que esa posición se veía corroborada por el mismo alto tribunal en la causa “Interbaires SA (TF 25.828-I) c/ DGI”, donde resolvió a favor de la procedencia del ajuste. Citó varios de sus fragmentos.
Ponderó que, en el caso de autos, la recurrente se limitó a ofrecer la prueba instrumental acompañada en las actuaciones administrativas y que sólo se ha producido como nueva prueba los oficios dirigidos al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional n° 55 y al Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional n° 8, los cuales no resultaban suficientes para desvirtuar el cargo fiscal.
En ese sentido, señaló –muy breve y sintéticamente– que la defensa esgrimida por la actora se sustentó en las operaciones objetadas por la fiscalización, que tuvieron origen en un supuesto hecho ilícito cometido contra el Banco Macro SA, por parte de empleados infieles del área de contratos de leasing en connivencia con terceros ajenos a la entidad, resultando damnificada la citada entidad bancaria por administración fraudulenta, situación ésta que fue denunciada por dicha entidad —con fecha 5 de febrero de 2018— ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional n° 55, dando origen a la causa n° 6971/2018, en la cual se dictó el procesamiento de los imputados, posteriormente confirmado por la Sala 4 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, mediante decisión de fecha 29 de noviembre de 2018.
Aquí, destacó que dichos argumentos esgrimidos por la parte actora resultaban insuficientes para rebatir el ajuste impulsado por el fisco nacional, puesto que no existía una sentencia condenatoria contra los sujetos procesados, que permitiera dar sustento al fundamento de la parte actora, a través de hechos constatados en una sentencia penal firme, sin perjuicio del procesamiento de los “supuestos empleados infieles”.
Por lo anterior, concluyó que no existían motivos para modificar las conclusiones del acto apelado, pues no se hallaban elementos de juicio, contundentes, que permitieran identificar sin hesitación a los verdaderos o reales beneficiarios de las erogaciones de fondos respaldadas con comprobantes apócrifos.
En consecuencia, decidió confirmar el ajuste determinado por el fisco nacional en el impuesto a las ganancias – “salidas no documentadas”. Por último, en materia de intereses resarcitorios determinados en el acto apelado, dispuso su confirmación, por aplicación del precedente “Citibank NA c/ DGI”, dictado por el máximo tribunal el 1° de junio de 2000.
II. Agravios de la parte actora.
Contra esa sentencia, la parte actora interpuso recurso de apelación con fecha 16 de septiembre de 2024 y expresó agravios con fecha 23 de septiembre de 2024, cuyo traslado fuera contestado por el Fisco Nacional con fecha 21 de enero de 2025 (v. DEO 17486336, constancias obrantes a fs. 879/880, 883/892 y 944/962, respectivamente).
Banco Macro SA se agravia contra la sentencia apelada, por cuanto, según expresa de forma preliminar, la presente causa no trata de un típico caso de facturas emitidas por un proveedor apócrifo, por lo que la cuestión sustancial o de fondo no remite a la reconstrucción de operaciones comerciales impugnadas por el fisco nacional, ni a su circuito formal o económico, sino que, por el contrario, el ajuste fiscal tuvo origen en un hecho particular y atípico, consistente en la defraudación consumada por empleados infieles, que, valiéndose de su vínculo laboral con dicha entidad financiera, gestionaron el alta de un proveedor falso —Logística Cava SRL—, recibieron facturas por servicios inexistentes, las hicieron ingresar al sistema de forma tal de evitar ser detectados y, finalmente, autorizaron la salida del dinero.
Inicialmente también, busca dejar aclarado que las maniobras defraudatorias en cuestión fueron detectadas por el mismo Banco Macro SA y CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA III CAF 1254/2025; “BANCO MACRO SA (TF 96970075-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”.
denunciadas penalmente con anterioridad a la inclusión del proveedor como sujeto apócrifo. En efecto, señala que lo anterior surge probado de las actuaciones administrativas, donde se constata que la denuncia fue formulada el 5 de febrero de 2018, por un lado, y, por el otro, que la inclusión como sujeto apócrifo en la base de la AFIP data del 15 de mayo de 2018, de lo cual se infiere que la denuncia fue realizada tres meses antes de que el organismo recaudador detectara que Logística Cava SA era en verdad una empresa “fantasma” o apócrifa.
Argumenta que existe una coincidencia básica entre las posiciones del fisco nacional y de su parte, a saber, que las operaciones comerciales documentadas por las facturas emitidas por Logística Cava SA fueron simuladas, inexistentes en los hechos, toda vez que con ellas se materializó una defraudación económica, reprochable a diversos sujetos que fueran individualizados en el marco de la causa penal CCC 6971/2018 “García Carbajal, Patricio G. y otros s/ defraudación por administración fraudulenta”, en trámite por ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional n° 55 y el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional n° 8, y sus expedientes acumulados.
A fin de completar el panorama inicial, deja expuesto que Banco Macro SA no dedujo las facturas en el impuesto a las ganancias, dado que parte del ardid utilizado por los empleados infieles consistió en asentarlas contablemente en el rubro del activo, con el propósito de impedir o dificultar la detección de las maniobras delictivas.
A lo anterior, añade que, una vez detectadas las operaciones, la entidad rectificó sus declaraciones juradas del impuesto al valor agregado, detrajo el crédito fiscal derivado de las mencionadas facturas y regularizó el saldo a favor del fisco nacional.
Finalmente, expresa que los cargos fiscales se circunscriben al impuesto sobre las “salidas no documentadas” del dinero proveniente de un hecho delictivo consumado en perjuicio del propio Banco Macro SA.
En ese sentido, señala que la sentencia apelada incurre en irrazonabilidad. Manifiesta que la finalidad del instituto de las “salidas no documentadas” consiste en poder gravar, en cabeza del erogante, lo que presumiblemente devendría renta, en cabeza del beneficiario del gasto, a quien no puede localizar, por lo que, ante dicha circunstancia, el art. 37 de la ley 20.628 desplaza la responsabilidad fiscal en cabeza del sujeto que efectivizó la erogación. Por ello, y dadas las particularidades irremediablemente comprobadas —a su entender— en el caso de autos, dan cuenta que, de confirmarse el pronunciamiento apelado se llegaría al absurdo de que Banco Macro SA deba asumir el costo impositivo derivado de las maniobras ardidosas de sus propios estafadores.
A continuación, la recurrente parte actora efectúa un resumen de los argumentos de la AFIP, de la posición fiscal sostenida por su parte y de las probanzas demostradas por Banco Macro SA, como así también de la sentencia apelada.
Sobre la base de todo lo anterior, presenta los siguientes agravios.
En primer lugar, se agravia porque la sentencia apelada llevó a cabo una errónea valoración jurídica de la cuestión —a su entender, claro está —, en atención a la inexistencia de los presupuestos necesarios para la procedencia del instituto de las “salidas no documentadas”.
Asimismo, sostiene que el pronunciamiento atacado incurre en una neta arbitrariedad, pues se adecúa a la doctrina jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que tacha de ese modo a aquellas sentencias que omiten tratar proposiciones aptas para la recta y justa solución del pleito, no constituyen derivación razonada del derecho vigente con aplicación a sus expresas constancias y/o poseen una fundamentación meramente aparente. En ese sentido, expresa que la arbitrariedad es manifiesta toda vez que la sentencia dictada por el TFN cumplimentó de manera aparente la exigencia constitucional de adecuada fundamentación y omitió considerar las cuestiones oportunamente propuestas y conducentes para la adecuada solución del juicio, a mérito de las cuales no se verifica el hecho imponible del instituto de las salidas no documentadas que legitime la obligación fiscal determinada, puesto que las operaciones cuestionadas tienen un origen ilícito, ya que nacieron como consecuencia de un delito consumado en perjuicio del mismo Banco Macro SA. En segundo lugar, cuestiona el temperamento de condicionar la improcedencia del tributo a las “salidas no documentadas” a la existencia de una sentencia penal condenatoria y firme, lo cual resulta —según considera— una CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA III CAF 1254/2025; “BANCO MACRO SA (TF 96970075-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”.
exigencia incompatible con la materia fiscal presentada y se contrapone al principio de reserva de ley. Sostiene que, en la especie, las consecuencias negativas de la interpretación que agravia a su parte, van más allá de los límites de la ley del gravamen, al crear el TFN, por vía integrativa, un supuesto de imposición que no está previsto en el ordenamiento, toda vez que la sentencia apelada confirmó la determinación del tributo pese a que los receptores y beneficiarios del dinero están individualizados, siendo que no existen operaciones comerciales gravadas, sino que se trata de actos ilícitos cuyo único damnificado es Banco Macro SA. Recuerda que la analogía está prohibida en materia tributaria, so pena de afectarse el principio constitucional de legalidad en materia tributaria, al exigirse un impuesto sin respaldo legal expreso. Cita jurisprudencia del máximo tribunal del país en apoyo de su postura.
Objeta la irrazonabilidad del criterio adoptado en el fallo apelado, en tanto retuerce la realidad —legal y económica, según cree— al punto de transformar anómalamente la condición de los imputados en contribuyentes del impuesto a las ganancias, siendo que no lo son, en la medida en que las operaciones fueron simuladas por ellos mismos para consumar un beneficio económico ilegítimo, ilegal y delictual.
Postula que la garantía constitucional que favorece a los imputados en el marco de cualquier causa penal, a mérito de la cual no podrán ser declarados culpables de delito alguno hasta tanto no medie una sentencia condenatoria y firme a su respecto, no resulta óbice para tenerlos individualizados como beneficiarios del dinero. Agrega que, para ello, resultan suficientes los elementos probatorios recolectados en sede penal y aportados en la instancia del TFN, lo que incluye los pronunciamientos penales en los procesamientos y la elevación a juicio de los imputados, ergo, de los beneficiarios del dinero. Circunscribe los reproches de su parte a la valoración que la sentencia apelada hizo de lo anteriormente señalado. En ese sentido, insiste en que la autonomía científica, dogmática o conceptual del derecho tributario material o sustantivo, entendido como un derecho de los tributos, le permitía al TFN tener por acreditada la calidad de beneficiarios o destinatarios del dinero, sin supeditar dicha condición y decisión a la existencia de una sentencia penal condenatoria.
Se agravia porque la objeción sobre la inexistencia de un fallo condenatorio firme es producto de un evidente error de apreciación jurídica de los hechos probados, en los términos del art. 86 de la ley 11.683, que, además, desatiende los verdaderos alcances jurídicos de las actuaciones penales y, en especial, de los autos de procesamiento, los cuales, ya se encuentran firmes e inexcusablemente exigen la concurrencia de elementos de convicción suficientes sobre la ocurrencia del delito y la intervención de los imputados, todo lo cual también fue corroborado por el auto de elevación a juicio, del cual reproduce su conclusión.
Achaca el decisorio del TFN por cuanto, lejos de apreciar adecuadamente la realidad de los hechos comprobados —que derivan, según promueve, de las resoluciones penales—, ha optado por negar dogmáticamente su contenido, sin reparar en el abrumador número de probanzas por las que ha quedado acreditado el desfalco sufrido por la actora, el carácter doloso de las conductas atribuidas y, sobre todo, la identificación de los coautores y partícipes involucrados en el hecho ilícito.
Critica que el TFN haya seguido a rajatablas la misma sintonía de lo dicho por el juez en sede administrativa, incluso brindando incondicional adhesión y transcripción a sus opiniones. Objeta la forma dogmática en que se asumió el criterio fiscal sin examinar cuál es la gravitación del principio de la realidad económica en pos de establecer la verdadera naturaleza del hecho imponible involucrado, y sin siquiera evaluar cuáles son los particularismos fácticos y jurídicos que se verifican en el caso de autos y que descartan el nacimiento del hecho imponible del tributo en cuestión. Agrega que menos aún se explica seriamente porqué se le resta trascendencia a la prueba producida, en tanto acreditó que los beneficiarios del dinero están perfectamente individualizados y, además, no son contribuyentes del impuesto a las ganancias, siendo que las salidas de dinero en cuestión no tuvieron como contrapartida operaciones comerciales genuinas.
En tercer lugar, se agravia porque considera irrazonable que la sentencia apelada haya condicionado la revocación del ajuste a la acreditación CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA III CAF 1254/2025; “BANCO MACRO SA (TF 96970075-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”.
del circuito extra fiscal de las operaciones —más precisamente, a la probanza de cuestiones comerciales inherentes a los servicios documentados por las facturas Apoc—, pese a que no es un hecho controvertido y se encuentra acreditado que se trató de servicios absolutamente simulados y con la deliberada intención de defraudar a su representada.
Desde su perspectiva, entiende que resultan inaplicables los precedentes “Red Hotelera Iberoamericana SA” e “Interbaires”, dictados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y que fueran citados y utilizados por el TFN para fundamentar su decisión. Así pues, señala que en dichas causas los ajustes fiscales resultaron confirmados por el Máximo Tribunal alegando que “se ignora cuál ha sido la operación económica realmente realizada” y porque no estaba acreditada “la causa de la erogación”, respectivamente, y afirma que dichas circunstancias resultan totalmente ajenas a la realidad económica del caso de autos.
En cuarto lugar, se agravia también en razón de que las salidas dinerarias analizadas no pueden ser consideradas como verdaderas “erogaciones” y, por ende, no se está en presencia del “pago” de obligaciones, ni desde el punto de vista jurídico, ni mucho menos desde el de la realidad económica, por lo cual –infiere– no se ha verificado el hecho imponible previsto en el art. 37 de la ley 20.628 de impuesto a las ganancias. Transcribe su texto. Profundiza lo anterior, y argumenta que en autos no acaece el supuesto de “erogación”, en su sentido técnico, porque el desembolso de dinero tuvo su origen en hechos delictivos, en los que resultó damnificado el mismo banco aquí actor, habida cuenta que las transferencias de dinero no tuvieron como finalidad cubrir o cancelar obligaciones comerciales o civiles pendientes, sino que, por el contrario, fueron realizadas por empleados infieles, a espaldas de su representada. Remata que no por nada aquéllos fueron denunciados penalmente, procesados y serán juzgados en debate oral y público.
En ese orden, recuerda, que, en el contexto fáctico y jurídico antes descripto, la actora jamás estaría en condiciones de acreditar el otro condicionante del hecho imponible previsto en el citado art. 37 de la ley 20.628, a saber, la circunstancia de probar “…por otros medios que por su naturaleza (salida del dinero) ha debido ser efectuada para obtener, mantener y conservar ganancias gravadas…”.
Señala que lo anterior es así por varias razones. Entre ellas, que se trata de actos de terceros –empleados infieles– e ilícitos, que Banco Macro SA nunca dedujo las facturas implicadas de sus declaraciones juradas del impuesto a las ganancias, como así también que las operaciones que se simularon —a través de la persona jurídica interpuesta— no tuvieron un contenido comercial, por lo cual es indiferente e innecesario acreditar que las erogaciones estuvieron encaminadas a preservar la fuente de los réditos gravados, lo cual es evidente —según su parecer— por la sencilla razón de que no hay créditos gravados. Concluye que las salidas de dinero no constituyen “erogaciones”, en sentido técnico.
Más luego, efectúa algunas consideraciones generales en lo referente al hecho imponible encuadrado en el art. 37 de la ley 20.628 y, entre ellas, manifiesta que aquél fue creado para garantizar la regular percepción de la renta pública en aquellos casos en que las operaciones comerciales estuvieren indocumentadas y los receptores de las erogaciones no se encontraren individualizados, pero no comprende los hechos criminales puestos en marcha por los beneficiarios del dinero.
Añade que el traslado de la sujeción coactiva al erogante que registrara deficientemente la operación y a su beneficiario, presupone un trasfondo de licitud, expresado en el ejercicio de una actividad comercial de carácter lucrativo. Expresa que, una vez traspasados los umbrales de la antijuridicidad, el instituto analizado se desnaturaliza hasta hacerlo inaplicable, quedando así sin sustento la ficción jurídica del traslado de la obligación fiscal a quien registrara el gasto deficientemente.
En ese contexto, asevera que ya no cabe hablar de tributo sino de exacción patrimonial, debido a su falta de basamento constitucional. Ello así, pues la exigencia del impuesto a las “salidas no documentadas”, sustrayéndolo de su ratio legis y de sus requisitos normativos, trasunta una doble afectación, al principio de reserva de ley en materia tributaria y al derecho de propiedad.
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Objeta el criterio adoptado por el TFN, por cuanto no sólo ha trastocado la finalidad del instituto analizado sino que también ha comprometido el deber constitucional de contribuir, desde el momento que convalidó la postura fiscal, en la que el sostenimiento al gasto público es absoluto y preponderante sobre el derecho de propiedad de su parte, la cual fue doblemente perjudicada, ya sea por sus empleados infieles, ya sea por el fisco nacional, en paralelo, por su afán recaudatorio inconstitucional.
III. Hechos y circunstancias sobrevinientes.
Asimismo, cabe dejar constancia que, luego de que se dispusiera el llamado de Autos para dictar Sentencia —con fecha 20 de mayo de 2025—, la parte actora efectuó una presentación y acompañó piezas documentales (obrantes a fs. 16/19 y 20/41, respectivamente).
A través de dicha presentación, la actora denunció en autos que, en el marco de la causa CCC 6971/2018/TO01, “Principal en Tribunal Oral TO01 – Imputado: Murdocca, Lucio Salvador y otros s/ Defraudación por administración fraudulenta. Denunciante: San Martín, Guillermo Patricio y otros” y sus causas conexas CCC 26.768/2019 y CCC 49.852/2019, en trámite por ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional n° 8, el titular de la Fiscalía General n° 17 presentó un dictamen mediante el cual propuso un acuerdo de juicio abreviado a los allí imputados, el cual habría sido aceptado expresamente por cada uno de aquéllos, quienes, al mismo tiempo, habrían reconocido también en forma expresa su participación y culpabilidad en los delitos consumados en perjuicio de Banco Macro S.A.
Así las cosas, este Tribunal decidió —con fecha 26 de agosto de 2025— suspender el llamado de autos a sentencia y correr traslado a la parte demandada de las referidas copias agregadas en autos.
La demandada contestó el traslado conferido en legal tiempo y forma (v. fs. 43/48).
En dicha presentación, la parte demandada hizo hincapié en que el hecho sobreviniente denunciado por su contraparte y consistente en una propuesta de juicio abreviado en el marco de la causa penal CCC 6971/2018/TO01, no había sido homologado por el Tribunal Oral interviniente. Además, denunció la existencia de otro proceso penal, causa CPE 1486/2021, caratulada “Banco Macro S.A. s/ Inf. ley 24.769”, en la cual se investiga la presunta evasión del pago del impuesto al valor agregado, ejercicios anuales 2015, 2016, 2017 y 2018, y el impuesto a las salidas no documentadas, ejercicio anual 2015 (períodos 2/2015, 4/2015, 5/2015, 7/2015 a 12/2015), por la suma de $ 8.136.716,97, ejercicio anual 2016 (períodos 1/2016 a 12/2016), por la suma de $ 25.806.417,92, ejercicio anual 2017 (períodos 1/2017 a 12 /2017), por la suma de $ 24.413.517,67 y ejercicio anual 2018 (período 1/2018), por la suma de $ 3.035.930,17. Destacó que dicha causa se encontraba en la Cámara de Casación Federal a efectos de resolver el recurso de casación deducido por la defensa, contra la resolución que rechazó la excepción de falta de acción por inexistencia de delito.
En ese estado de situación, este Tribunal dictó interlocutorio con fecha 11 de septiembre de 2025, proveyendo la presentación de la demandada y teniendo por contestado el traslado conferido, como así también dictando una medida para mejor proveer, en ejercicio de las facultades conferidas por el código de rito, al tiempo que mantuvo la suspensión del llamado de autos a sentencia (v. fs. 49/50).
Con fecha 12 de septiembre de 2025, se envió el DEO n° 20013393 al Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional n° 8 de la Capital Federal, el cual fue contestado mediante DEO n° 20017140. Dicha contestación fue hecha saber a las partes, mediante providencia de fecha 16 de septiembre del corriente año (v. fs. 116).
Ínterin, la parte actora efectuó otra presentación —con fecha 11 de septiembre de 2025— invocando como nuevo hecho sobreviniente el dictado de la sentencia de la Cámara Federal de Casación Penal en el marco de la causa CPE 1486/2021/2, al mismo tiempo que la acompañó a la causa como pieza documental (v. fs. 51/76 y 77).
Con fecha 12 de septiembre de 2025, este Tribunal dictó proveído ordenando agregar la documental, tener presente lo manifestado y correr traslado de aquélla a la parte demandada (v. fs. 78). Fue notificado por cédula en igual fecha.
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Luego, la parte actora efectuó una nueva presentación —con fecha 12 de septiembre de 2025— acompañando la sentencia dictada por el Juzgado Penal Económico nº 10 de la Capital Federal en el marco de la causa CPE 1486/2021, toda vez que la sentencia de la Cámara Federal de Casación Penal estaba al sobreseimiento dictado por el juzgado de primera instancia (conf. fs. 79/110 y 111/113).
Con fecha 15 de septiembre de 2025, este Tribunal dictó proveído ordenando agregar la documental, tener presente lo manifestado y correr traslado a la demandada (v. fs. 114). Fue notificado por cédula con fecha 23 de septiembre de 2025.
En ese orden, la parte demandada contestó —con fecha 25 de septiembre de 2025 y a fs. 118/121— el traslado conferido, manifestando que la sentencia de la Cámara Federal de Casación Penal no había adquirido firmeza, precisando el alcance del artículo 20 de la ley de régimen penal tributario y ponderando la sentencia dictada por el Juzgado en lo Penal Económico n° 10. Asimismo, expresó que, de acuerdo surge de la contestación de oficio —vía DEO n° 20017140— del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional n° 8 de la Capital Federal, la propuesta de juicio abreviado aún no ha sido homologada por parte de dicho Tribunal.
Arribados a ese punto, este Tribunal dictó providencia con fecha 25 de septiembre de 2025, mediante la cual tuvo presente lo manifestado por la parte demandada y ordenó que los autos volvieran con el llamado de Autos a Sentencia.
Encontrándose los autos en ese estado, la parte demandada efectuó una presentación —con fecha 30 de septiembre de 2025— informando un hecho sobreviniente, a saber, la interposición de un recurso extraordinario federal contra la sentencia dictada por la Cámara Federal de Casación Penal en la causa CPE 1486/2021/2, “Banco Macro S.A. s/ Inf. ley 24.769”. Ello, con fecha 25 de septiembre de 2025 (conf. fs. 123/126).
Con fecha 2 de octubre de 2025, este Tribunal agregó la pieza acompañada y ordenó el traslado —por cédula— de lo allí manifestado a la parte actora.
Paralelamente, en la sede digital de esta Sala se recibió —con fecha 6 de octubre de 2025— el Deo n° 20017140, proveniente del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional n° 8 de la Capital Federal, de idénticos términos a aquél obrante a fs. 115. Precisamente por dicha circunstancia, sin perjuicio del estado de la causa, se dispuso —con fecha 9 de octubre de 2025— agregar el Deo recibido, tener presente lo informado y hacer saber al Tribunal de origen que de sus términos se desprendía que aquél guarda exacta similitud con la respuesta del 16/09/2025, por lo que se le solicitó que aclare si aquel TOC nº 8 homologó el acuerdo de juicio abreviado oportunamente informado.
Mientras tanto, la parte actora se notificó personalmente de la providencia del 2 de octubre de 2025, contestó el traslado conferido —el 8 de octubre de 2025—, manifestando que la propia Fiscalía General interviniente en el caso postuló el rechazo del recurso extraordinario federal deducido por la ARCA, y acompañó documental del dictamen del Fiscal General ante la Cámara Federal de Casación Penal y de la contestación del recurso extraordinario federal (conf. fs. 129/148).
Con fecha 14 de octubre de 2025, este Tribunal agregó la presentación de la parte actora y las piezas documentales acompañadas, las tuvo presentes para su oportunidad y dispuso que los autos siguieran según su estado. Por su parte, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional n° 8 de la Capital Federal cursó el Deo n° 20543322 dirigido a este Tribunal, mediante el cual hizo saber la información allí detallada, ratificando que todos los imputados allí nombrados llegaron a un acuerdo de juicio abreviado con la Fiscalía, todos ellos fueron entrevistados por el juez —en los términos de los arts. 41 del C.P. y 431bis, inc. 3° del C.P.P.N.—, oportunidad en la que ratificaron ese acuerdo, siendo que la causa se encontraba a despacho para dictar sentencia, la cual —oportunamente y a la brevedad— sería comunicada a esta Sala. Con fecha 20 de octubre de 2025, se tuvo por recibido el oficio Deo y los autos siguieron su estado.
Finalmente, la parte actora efectuó una última presentación —con fecha 12 de noviembre de 2025— informando que la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó el recurso extraordinario federal interpuesto por el organismo fiscal contra el pronunciamiento a favor de Banco Macro S.A., a CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA III CAF 1254/2025; “BANCO MACRO SA (TF 96970075-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”.
cuyo efecto acompañó la sentencia interlocutoria mediante la cual se declaró inadmisible dicho remedio procesal.
Por último, este Tribunal dictó providencia con fecha 13 de noviembre de 2025, por la que se ordenó agregar el escrito y la pieza documental acompañada por la parte actora, tener presente lo solicitado para su oportunidad y seguir los autos según su estado de autos a sentencia.
IV. Cuestiones y argumentaciones conducentes.
En tales términos, corresponde recordar que los jueces no están obligados a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan sólo aquéllas que sean conducentes y posean relevancia para decidir el caso y que basten para dar sustento a un pronunciamiento válido (conf. CSJN, Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970; 320:2289; 332:640, entre otros).
V. Regla del art. 86 inc. b) de la ley 11.683. Excepciones.
Sentado lo anterior, cabe poner de relieve que el recurso previsto en el artículo 86 inciso b) de la ley 11.683 (t.o. en 1978) otorga carácter limitado a la revisión de la alzada y, en principio, queda excluido de ella el juicio del Tribunal Fiscal respecto de los extremos de hecho (conf. CSJN, Fallos: 300:985, considerando 5°).
Sin embargo, resulta evidente, como surge del último párrafo del mencionado artículo, que no se trata de una regla absoluta y que, por consiguiente, la cámara debe apartarse de las conclusiones del mencionado organismo jurisdiccional cuando éstas presentan deficiencias manifiestas (CSJN, Fallos: 326:2987, considerando 9°; 332:357; 334:249).
VI. Examen del análisis efectuado por el Tribunal Fiscal de la Nación acerca de los extremos de hecho de la causa.
Sobre la base de las premisas expuestas en el considerando anterior, y en atención a las particularidades que presenta el caso sub examine — en referencia a los hechos sobrevinientes denunciados por las partes con posterioridad al llamado de autos a sentencia—, resulta necesario comenzar por examinar con atención el análisis efectuado por el Tribunal Fiscal de la Nación acerca de los extremos de hecho de la causa de autos.
Así pues, de la lectura de la sentencia apelada, se observa que el organismo jurisdiccional consideró que las presentes actuaciones, en las que se discute la suma determinada —por resolución n° 7101/2021 (DV DEOA)— de $ 61.392.582,73 en concepto de capital de impuesto a las salidas no documentadas por los períodos fiscales 02/2015, 04/2015, 05/2015 y 07/2015 a 01/2018, ambos inclusive, con más la suma de $ 117.029.101,09 en concepto de intereses resarcitorios; “tienen su génesis” en la investigación realizada a fin de verificar operaciones realizadas por Banco Macro SA con el contribuyente Logística Cava SA, quien fuera incluido en la base de contribuyente apócrifos del organismo (conf. considerando V, del decisorio apelado).
En este punto, se verificó que, respecto del impuesto a las ganancias, no correspondía efectuar ajuste alguno, por cuanto las facturas nunca fueron computadas en los resultados impositivos de la empresa, y, por su parte, con relación al impuesto al valor agregado, se dejó constancia que se practicó el ajuste, se impugnó el crédito fiscal con origen en esas facturas y que todo ello fue conformado por la contribuyente. A su vez, con respecto a las salidas no documentadas, se determinó que las erogaciones efectuadas por Banco Macro SA con motivo de los pagos a Logística Cava SRL, no es que carecieran de documentación, sino que la documentación de respaldo resultaba apócrifa (v.
considerando V de la sentencia apelada).
Así también, el tribunal jurisdiccional observó que la parte actora denunció, que, Logística Cava SRL habría sido creada por un grupo de personas, entre ellas empleados y ex empleados de la entidad, para prestar supuestos servicios a la firma Rovello Carranza SA —que era un cliente de Banco Macro SA—, en el marco de operaciones de leasing que dicha firma había concretado con la entidad bancaria, siendo que —en realidad— no habría existido vínculo comercial alguno entre ambas, los supuestos trabajos facturados no fueron realizados y tampoco habría sido encomendados por el Banco Macro SA (conf. considerando V de la sentencia apelada).
Ahora bien, no obstante los hechos denunciados en estos autos y en sede penal —que dieron origen a la causa CCC 6971/2018, caratulada “García Carbajal, Patricio G. y otros s/ defraudación por administración fraudulenta”—, el a quo concluyó que la impugnación de las operaciones con el CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA III CAF 1254/2025; “BANCO MACRO SA (TF 96970075-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”.
referido proveedor había sido adecuadamente ponderada por el organismo fiscal, por haber demostrado la existencia concomitante de una serie de indicios comprobados, graves y precisos, configurando un cuadro de reparos respecto a la efectiva realización de las operaciones por parte del proveedor cuestionado. En ese orden, reforzó su interpretación de los hechos con que la propia actora reconoció que las operaciones que originaron las erogaciones son simuladas, producto del accionar de empleados infieles, los cuales fueron denunciados penalmente.
Así las cosas, entendió que resultaba aplicable la regla “onus probandi incumbit ei qui dicit”, contemplada en la norma del art. 377 del CPCCN y según la cual la carga de la prueba incumbe a quien alega los hechos. Más aun, consideró que, ante la existencia de maniobras fiscales, es el contribuyente quien debe, inexcusablemente, recurrir a todos los medios de prueba a su alcance para reconstruir y acreditar los aspectos que derrumben la tesis fiscal.
Desde esa perspectiva, concluyó que resultaba insuficiente — para desvirtuar el cargo fiscal— la prueba informativa producida en autos con respecto a los oficios dirigidos al Juzgado Nacional en lo Criminal y Corrección n° 55 y al Tribunal Oral en lo Criminal y Criminal n° 8.
Destacó que ello era así, más allá del procesamiento de los supuestos empleados infieles, puesto que no existía una sentencia condenatoria contra los sujetos procesados, que permitiera dar sustento al fundamento de la parte actora a través de hechos constatados en una sentencia penal firme. En síntesis, el Tribunal Fiscal de la Nación concluyó que no existían motivos para modificar las conclusiones del acto apelado, pues tampoco existían elementos contundentes que permitieran identificar a los verdaderos y reales beneficiarios de las erogaciones de fondos respaldadas con comprobantes apócrifos.
VII. Examen del análisis efectuado por el juez penal acerca de los extremos de hecho de la causa por defraudación por administración fraudulenta.
Seguidamente, habida cuenta de la existencia de dos causas penales que fueran denunciadas en autos y en las que se investigaron hechos que —cuanto menos— guardan relación y vinculación con los extremos fácticos de las presentes actuaciones, resulta imprescindible encuadrar el análisis realizado por los jueces penales a efectos de determinar —en definitiva— si lucen o no deficiencias manifiestas en las conclusiones del juicio del Tribunal Fiscal. Así pues, en primer término, según se desprende del oficio electrónico judicial DEO n° 20017140 remitido por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional n° 8 de la Capital Federal, obrante a fs. 115 de estos autos, la causa CCC 6971/2018/TO1, “Principal en Tribunal Oral TO01 – Imputado: Murdocca, Lucio Salvador y otros s/ Defraudación por Administración Fraudulenta. Denunciante: San Martín, Guillermo Patricio y otros”, y sus acumuladas CCC 26768/2019, CCC 49852/2019/TO1 y CCC 49852/2019/TO2, fueron elevadas a juicio por ese Tribunal.
Ello así, respecto de Juan Cruz Beccar Varela (DNI n° 23.969.393), Amalia Luján Valdez (DNI n° 6.412.774), Patricio Gabriel García Carbajal (DNI n° 25.790.532), Martín Ignacio Rodríguez (DNI n° 30.979.535), Diego Salvador Pereyra Azaf (DNI n° 22.617.911), Lucio Salvador Murdocca (DNI n° 14.310.194), Silvia Alejandra Mosquera (DNI n° 16.473.242), Florencia Murdocca (DNI n° 35.347.980), Esteban Javier Cippolini (DNI n° 24.282.934), Roberta María Zita (DNI n° 32.421.808), Rodolfo Luis Federico Cippolini (DNI n° 5.094.032) y Ángela Rosalía Blasi (DNI n° 24.608.419).
Además, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional n° 8 de la Capital Federal hizo saber que, con fecha 6 de junio de 2022, declaró extinguida por muerte la acción penal en relación a Amalia Luján Valdez y, en consecuencia, se la sobreseyó del delito de defraudación por administración fraudulenta, por la que fuera requerida la elevación de la causa a juicio. Asimismo, ese Tribunal comunicó que, con fecha 21 de agosto de 2024, resolvió sobreseer al imputado Juan Cruz Beccar Varela del delito de defraudación, por el que fuera requerida la elevación a juicio de las referidas causas.
Por otro lado, con relación a los imputados Patricio Gabriel García Carbajal, Martín Ignacio Rodríguez, Diego Salvador Pereyra Azaf, Lucio Salvador Murdocca, Silvia Alejandra Mosquera, Florencia Murdocca, Esteban Javier Cippolini, Roberta María Zita, Rodolfo Luis Federico Cippolini y Ángela Rosalía Blasi, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional n° 8 de la Capital CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA III CAF 1254/2025; “BANCO MACRO SA (TF 96970075-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”.
Federal hizo saber que, todos ellos, junto a sus defensas y la Fiscalía interviniente, arribaron a un acuerdo de juicio abreviado, del que adjuntó copia. En ese sentido, dicho TOC n° 8 informó que los acusados ya fueron entrevistados por el juez en los términos de los arts. 41 del Código Penal y 431 bis, inc. 3°, del Código Procesal Penal de la Nación, oportunidad en la que ratificaron ese acuerdo, siendo que en la actualidad la causa se encuentra en autos a despacho para dictar sentencia, y que será comunicada a este Tribunal. Más luego, dejó constancia que la causa CCC 6971/2018 (registro interno n° 6294), se inició el 5 de febrero de 2018, ante la Cámara Nacional de Apelaciones en Criminal y Correccional y tramitó en su etapa sumarial ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional n° 55, Secretaría n° 101, que luego la elevó al TOC n° 8.
Añadió que la causa CCC 26768/2018 (registro interno n° 6615), se inició el 16 de abril de 2019 y tramitó en su etapa sumarial ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional n° 55, Secretaría n° 101, después fue elevada al Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional n° 3, donde se radicó bajo el n° 6649, tras lo cual fue remitida al TOC n° 8 por conexidad. Finalmente, agregó que la causa CCC 49852/2019 (registro interno n° 6768), se inició el 15 de julio de 2019, también tramitó en su etapa sumarial ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional n° 55, Secretaría n° 101, y después fue elevada al Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional n° 15, donde se radicó bajo el n° 6823, tras lo cual fue remitida al TOC n° 8 por conexidad.
Por su parte, del acuerdo de juicio abreviado referido por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional n° 8 de la Capital Federal y acompañado a su oficio electrónico judicial DEO n° 20017140, surge que el titular de la Fiscalía General n° 17, hizo saber —con fecha 21 de abril de 2025—, que, en el marco de la causa CCC 6971/2018/TO01 y sus causas conexas 26768/2019 y 49852/2019, con miras a llegar a un acuerdo sobre la resolución final del caso, mantuvo comunicaciones con las defensas técnicas de Patricio Gabriel García Carbajal, Martín Ignacio Rodríguez, Diego Salvador Pereyra Azaf, Lucio Salvador Murdocca, Silvia Alejandra Mosquera, Florencia Murdocca, Esteban Javier Cippolini, Roberta María Zita, Rodolfo Luis Federico Cippolini y Ángela Rosalía Blasi, quienes expresaron que se comunicaron con sus asistidos, haciéndoles saber los términos del citado acuerdo.
En ese orden, los acusados manifestaron expresa y entera conformidad sobre la existencia de los hechos que se les imputaron y su participación en los mismos, tal como fuera descripto de forma clara, precisa y circunstanciada en los requerimientos de elevación a juicio de fechas 10 de mayo de 2019 y 11 de agosto de 2020 (causa acumulada CCC 26758/2019), 29 de abril de 2021 y 6 de octubre de 2022 (causa acumulada CCC 49.852/2019), a cuyo contenido se remitió.
En consecuencia, de aquél surge que todos los nombrados consintieron expresamente el contenido del acuerdo de juicio abreviado, en los términos de los arts. 431 bis, párrafo 2, del CPCCN.
Allí, también se dejó constancia que, según surge de las requisitorias de elevación a juicio, las conductas endilgadas han sido calificadas: (i) respecto de Patricio Gabriel García Carbajal, Martín Ignacio Rodríguez, Roberta María Zita y Diego Salvador Pereyra Azaf, como constitutiva del delito de defraudación por administración fraudulenta, en calidad de coautores, en los términos del art. 173, inciso 7°, y 45, del CP (causa 6971/2018 —respecto de los cuatro— y causa 26768/2019 —respecto de los tres primeros—), y; (ii) respecto de Esteban Javier Cippolini, Florencia Murdocca, Ángela Rosalía Blasi, Lucio Salvador Murdocca, Silvia Alejandra Mosquera y Rodolfo Luis Cippolini, como constitutiva del delito de defraudación por administración fraudulenta, en calidad de partícipes necesarios, en los términos del art. 173, inciso 7°, y 45, del CP (causa 6971/2018 —respecto de los tres primeros—, causa 26768/2019 — respecto de los dos primeros— y causa 49852/2019 —respecto de los tres últimos —).
En relación a la graduación de la pena a requerir en el caso, dentro de las pautas de mensuración previstas en los arts. 40 y 41 del Código Penal, el titular de la Fiscalía General n° 17 tuvo en cuenta la calidad y naturaleza de los hechos investigados, la totalidad de los elementos probatorios reunidos, sus modalidades y consecuencias, por lo que solicitó a ese Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional n° 8 de la Capital Federal, que impusiera las siguientes penas: (i) tres años de prisión de cumplimiento en suspenso, a Patricio Gabriel CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA III CAF 1254/2025; “BANCO MACRO SA (TF 96970075-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”.
García Carbajal, Martín Ignacio Rodríguez, Diego Salvador Pereyra Azaf y Roberta María Zito, por resultar coautores penalmente responsables del delito de defraudación por administración fraudulenta, en los términos de los arts. 29 inc. 3°, 42, 45 y 173, inc. 7°, del Cód. Penal, 431 bis, 530 y 531 del CPPN; (ii) tres años de prisión de cumplimiento en suspenso, a Esteban Javier Cippolini, por resultar partícipe necesario del delito de defraudación por administración fraudulenta, en los términos de los arts. 29 inc. 3°, 42, 45 y 173, inc. 7°, del Cód. Penal, 431 bis, 530 y 531 del CPPN; (iii) un año y seis meses de prisión de cumplimiento en suspenso, a Florencia Murdocca, por resultar partícipe necesaria del delito de defraudación por administración fraudulenta, en los términos de los arts. 29 inc. 3°, 42, 45 y 173, inc. 7°, del Cód. Penal, 431 bis, 530 y 531 del CPPN; (iv) un año de prisión de cumplimiento en suspenso, a Ángela Rosalía Blasi, por resultar partícipe necesaria del delito de defraudación por administración fraudulenta, en los términos de los arts. 29 inc. 3°, 42, 45 y 173, inc. 7°, del Cód. Penal, 431 bis, 530 y 531 del CPPN; (v) seis meses de prisión de cumplimiento en suspenso, a Lucio Salvador Murdocca, Silvia Alejandra Mosquera y Rodolfo Luis Federico Cippolini, por resultar partícipes necesarios del delito de defraudación por administración fraudulenta, en los términos de los arts. 29 inc. 3°, 42, 45 y 173, inc. 7°, del Cód. Penal, 431 bis, 530 y 531 del CPPN.
Finalmente, respecto de los hechos endilgados y reconocidos por los citados autores y partícipes necesarios, que motivaron las penas requeridas y consentidas recién descriptas, según surge de los requerimientos de elevación a juicio (v. DEO 17486336, fs. 511/524, 525/566, 567/574 y 595/603), cabe realizar las siguientes menciones.
Se encuentra acreditado que, “[a] Juan Cruz Beccar Varela, Patricio García Carbajal, Diego Salvador Pereyra Asaf, Martín Ignacio Rodríguez, Ángela Rosalía Blasi, Esteban Cippolini, Roberta Zito, Amalia Luján Valdes y Florencia Murdocca, se les imputó haber actuado en forma cohesiva, asumiendo distintos roles con fines delictuales, con el fin de defraudar a la entidad Banco Macro SA por $ 188.038.275,80.
Para ello, Juan Cruz Beccar Varela –Gerente del sector Leasing del Banco Macro entre el año 2011 y el mes de julio del año 2016- y Patricio García Carbajal –Líder de Equipo del Área Leasing del Banco Macro desde el año 2010 hasta el mes de enero del año 2018-, entre los meses de marzo del año 2014 y enero del año 2018, aprobaron y autorizaron el pago de 1954 facturas al proveedor “Logística Cava S.R.L.”, por un monto total de $ 183.567.946 por supuestos servicios que le habría prestado a la firma “Rovella Carranza S.A.” en el marco de operaciones de leasing que esta última firma había concertado con la entidad bancaria.
Se demostró que no existía vínculo comercial alguno entre las firmas “Logística Cava S.R.L.” y “Rovella Carranza S.A.” y que los supuestos trabajos facturados no fueron realizados ni tampoco encomendados por el Banco Macro.
Además, Beccar Varela arbitró los medios necesarios para que la aprobación de las facturas por gastos no capitalizables del Sector Leasing – como las presentadas para su aprobación y posterior cobro por la firma “Logística Cava S.R.L.” fueran excluidas del circuito habitual de control de pagos. Para ello, argumentó que no eran pagos efectuados por el Banco ya que posteriormente se le cobrarían esos montos al cliente –en este caso “Rovella Carranza S.A.”-.
A tal efecto, la Gerencia de Administración coordinó el incremento del límite de pago hasta $ 100.000 de gastos no capitalizables, de tal forma que estos podían ser autorizados directamente por el Líder o Jefe de Equipo –Patricio Carbajal-.
Por su parte, Diego Salvador Pereyra Asaf –Coordinador del Área Leasing del Banco Macro-, quien debía controlar las facturas que se recibían de los proveedores –tanto gastos capitalizables como los no capitalizables-, vinculó las facturas presentadas por la firma “Logística Cava S.R.L.” a los contratos de leasing firmados con “Rovella Carranza S.A.”, a los efectos de que se siguieran los mecanismos de pagos habituales.
Del mismo modo, las facturas presentadas para su cobro por la firma “Logística Cava S.R.L.”, controladas primero por Pereyra Asaf y aprobadas para su pago según su monto por Beccar Varela y/o García Carbajal, fueron cargadas en el sistema de pago y, en paralelo, en el sistema de leasing por las analistas Daiana Lionti, María Luján Ledesma y Melisa Belén Guccione.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA III
CAF 1254/2025; “BANCO MACRO SA (TF 96970075-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”.
Ellas ingresaban las sumas acreditadas por el Banco en la cuenta de la firma “Logística Cava S.R.L.” como gastos a recuperar y reclamados en fecha futura a la firma “Rovella Carranza S.A.”. Las fechas de recupero consignadas en el sistema, en la mayoría de los casos, superaba ampliamente la finalización del contrato de leasing suscripto con la firma “Rovella Carranza S.A.”.
Para poder llevar a cabo la maniobra defraudatoria, Amalia Luján Valdes y Celia Rosa Cabrera constituyeron la sociedad “Logística Cava S.R.L.” con fecha 25/10/2013. Asimismo, solicitaron el Alta como proveedor del banco Macro y la apertura de la Cuenta Corriente Especial para Personas Jurídicas en pesos 4-674-0947582776-3; trámites en los que intervinieron García Carbajal y Roberta Zito –empleada de la entidad bancaria cumpliendo funciones como analista en el Sector Leasing entre los años 2011 y 2014- y además era cónyuge de Esteban Cippolini –ex empleado del banco-, quien resulta ser hijo y nieto respectivamente de Valdes y Cabrera.
Los montos correspondientes a los pagos de las facturas se acreditaban en la Cuenta Especial en Pesos n° 4-674-0947582776-3 antes mencionada y esas facturas por los supuestos servicios prestados eran enviadas desde las casillas de correo electrónico [email protected] y [email protected].
Asimismo, se determinó que desde la cuenta n° 4-674-
0947582776-3 del Banco Macro, cuyo titular era la firma “Logística Cava S.R.L.”, se efectuaron pagos –entre otras personas- a Esteban Javier Cippolini, Roberta Zito, Florencia Murdocca y Ángela Blasi. Tanto Murdocca como Blasi eran proveedoras del Banco Macro, prestando servicios de gestoría. Se constató que Roberta Zito había dado de alta a Murdocca en el año 2013 y que Blasi se había incorporado en el año 2017 a instancia de la propia Murdocca.
Por último, entre el mes de octubre del año 2011 y el mes de marzo del año 2014, la misma maniobra defraudatoria se llevó a cabo a través de la presentación de 184 facturas, aprobadas en su mayoría por Martín Ignacio Rodríguez –quien cumplía funciones como Coordinador del Sector Leasing- y por García Carbajal y/o Beccar Varela por un total de $ 4.470.330 por supuestos servicios prestados en forma personal por Amalia Valdes con el nombre de fantasía “Indu Track” que se imputaban al contrato “Rovella Carranza S.A.” como gastos capitalizables o se debitaban de la cuenta corriente del cliente” (el texto destacado no obra en el original).
VIII. Examen del análisis efectuado por el juez penal acerca de los extremos de hecho de la causa por presunta evasión.
A continuación, cabe referirse a la otra causa penal denunciada en autos, que guarda íntima relación con la plataforma fáctica del caso de autos, todo ello con miras a circunscribir el examen efectuado por los jueces penales y, de ese modo, precisar si existen defectos palmarios en la valoración de los hechos realizada en la sentencia del Tribunal Fiscal de la Nación.
En efecto, tal como se diera cuenta en el considerando III de la presente, la propia parte demandada denunció la existencia de otro proceso penal (v. fs. 43/48), a saber, la causa CPE 1486/2021, caratulada “Banco Macro S.A. s/ Inf. ley 24.769”, en la cual se investigó la presunta evasión del pago del impuesto al valor agregado, ejercicios anuales 2015, 2016, 2017 y 2018, y el impuesto a las salidas no documentadas, ejercicio anual 2015 (períodos 2/2015, 4/2015, 5/2015, 7/2015 a 12/2015), por la suma de $ 8.136.716,97, ejercicio anual 2016 (períodos 1/2016 a 12/2016), por la suma de $ 25.806.417,92, ejercicio anual 2017 (períodos 1/2017 a 12 /2017), por la suma de $ 24.413.517,67 y ejercicio anual 2018 (período 1/2018).
En este punto, resulta relevante hacer notar que, el alcance de los hechos investigados en dicha causa penal no sólo abarca la totalidad del tributo y los períodos fiscales discutidos en autos —impuesto a las ganancias por “salidas no documentadas”, 02/2015, 04/2015, 05/2015 y 07/2015 a 01/2018, ambos inclusive—, sino que aun alcanza otro tributo y períodos fiscales —IVA, 2015/2018—, por lo que la investigación y valoración de los hechos realizada por el juez penal en dicha causa, es susceptible de influir en la apreciación que realice este Tribunal acerca de la configuración o no del hecho imponible aquí debatido. Ahora bien, a fs. 79/110 de las presentes actuaciones luce agregada la sentencia de primera instancia dictada por el Juzgado Penal Económico n° 10, con fecha 12 de junio de 2023.
En el considerando 6° de aquélla, luego de dejar constancia de los hechos allí investigados, mencionando expresamente los tributos, períodos CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA III CAF 1254/2025; “BANCO MACRO SA (TF 96970075-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”.
y montos presuntamente evadidos, se hizo notar que el achaque efectuado por la ex AFIP al contribuyente Banco Macro SA, consistía en que se habría abstraído del cumplimiento de sus obligaciones mediante la declaración de operaciones con el proveedor Logística Cava SRL, el cual se encontraba cargado en la base “Apoc” de dicho organismo, lo cual —a criterio del organismo recaudador— resultó ser una mera construcción jurídica, pues nunca tuvo la capacidad económica ni operativa para haber prestado los servicios atribuidos. En esa sintonía, el juez penal ponderó que “…de la lectura tanto de las presentes actuaciones como de la documentación aportada por la A.F.I.P.-D.G.I., se aprecia que los montos denunciados por el organismo recaudador como evadidos por el contribuyente BANCO MACRO S.A. fueron generados con motivo de un único ajuste, vinculado a la impugnación de las operaciones celebradas entre BANCO MACRO S.A. con el contribuyente LOGISTICA CAVA S.R.L…”.
Luego, reprodujo textualmente parte de la resolución n° 101/2021 (DV DEOA) —aquí impugnada—, mediante la cual se determinó de oficio el monto supuestamente evadido por la contribuyente Banco Macro SA, con relación al impuesto a las ganancias por salidas no documentadas, por los ejercicios denunciados.
Al efectuar una valoración de los fundamentos utilizados por el fisco en la citada resolución n° 101/2021, aquí impugnada, el juez penal dijo: “[e]n tal sentido, de la lectura de la resolución que determinó de oficio los importes que BANCO MACRO S.A. debía ingresar en concepto de impuesto al Valor Agregado e impuesto a las Ganancias por Salidas no Documentadas, si bien se acredita fehacientemente que la documental que respaldaría las operaciones impugnadas eran apócrifas, no logra demostrar en modo alguno de qué manera esa la generación de esos documentos estuvieron a cargo, o fueron encomendados por las autoridades de la contribuyente antes mencionada, ni mucho menos aún que ello haya sido con miras a sustraerse de la obligación de pago de los impuestos antes mencionados” (el destacado no obra en el original).
En cambio, el juez penal consideró que sí se encontraba acreditado en esos autos que, con motivo de la denuncia interpuesta por los representantes del Banco Macro SA, en trámite —en ese entonces— por ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional n° 55, causa CCC 6971/18, se procesó a ex empleados de la entidad bancaria, como así también a terceras personas, por el delito previsto y reprimido por el art. 173, inc. 7°, del Código Penal. Nótese que de las circunstancias recién descriptas se dio cuenta —en forma actualizada— en el considerando anterior de la presente.
Asimismo, el juez penal ponderó también, que, “…se encuentra corroborado que las sumas de dinero que ingresaban en la cuenta bancaria de LOGÍSTICA CAVA S.R.L. provenía de la actividad defraudatoria desarrollada contra la contribuyente BANCO MACRO S.A., mediante la aprobación y autorización de pago de 1954 facturas al proveedor “Logística Cava S.R.L.”, por un monto total de $ 183.567.946 por supuestos servicios que le habría prestado a la firma “Rovella Carranza S.A.” en el marco de operaciones de leasing que esta última firma había concertado con la entidad bancaria.
Además, que los supuestos trabajos facturados no fueron realizados, ni tampoco encomendados, por el BANCO MACRO S.A., como así también que los documentos comerciales en cuestión fueran excluidos del circuito habitual de control de pagos, bajo el argumento de que no eran pagos efectuados por el Banco ya que posteriormente se le cobrarían esos montos al cliente.
En suma, la defensa de BANCO MACRO S.A. ha logrado demostrar, y ni el fisco ni el Ministerio Público Fiscal han logrado controvertir ni rebatir, que esa entidad fue víctima de la maniobra defraudatoria antes mencionada, y que los montos que el organismo de recaudación pretende atribuir como presuntamente evadidos, tienen como origen, únicamente, esa actividad delictiva, desplegada por parte de empleados infieles y terceras personas, contra la entidad financiera” (el texto destacado obra en el original). Sobre la base de las premisas anteriores, mediante las cuales se tuvo por acreditado que el origen del dinero emergente de las operaciones impugnadas —e identificadas como generadoras de las obligaciones de pago de los impuestos denunciados—, es espurio; el juez penal dejó sentado que “…el provecho de los actos ilícitos no puede constituir fuente de imposición, habida CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA III CAF 1254/2025; “BANCO MACRO SA (TF 96970075-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”.
cuenta de que se está ante la presencia de una obligación restitutiva de una actividad penalmente ilícita, en cuyo alcance, la restitución en resarcimiento del ilícito no puede producir una utilidad económica en cabeza del autor del delito, por lo cual la causa en el impuesto a las ganancias no tiene sustento jurídico ni económico…”.
Agregó que “…resultaría un contrasentido sostener que, en el caso sub examine, el hecho imponible previsto por la ley habría acaecido con motivo de una acción contraria a la ley. Esto implicaría afirmar que el Estado reclama tributos sobre actividades ilícitas, y que la misma realización de estas conductas transgresoras del derecho constituye un hecho imponible…” (conf. C.N.P.E., Sala “B”, Reg. N° 379/96, considerandos 4° a 6° del voto mayoritario)” (el destacado no obra en el original).
Profundizando lo anterior, el juez penal expresó que “… teniendo en cuenta que la operaciones entre BANCO MACRO S.A. y LOGISTICA CAVA S.R.L. (que luego fueron impugnadas por el organismo recaudador, generándose la determinación de deuda que motivó los hechos objeto de autos) fueron generadas a partir de una actividad ilícita realizada por empleados infieles del BANCO MACRO S.A. y terceros, con el único fin de defraudar a dicha entidad bancaria, el resultado de aquéllas no puede ser tenido por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos como base imponible para determinar tributos como lo pretende hacer en la presente. En tal sentido, una misma operación comercial no puede ser, de manera simultánea, auténtica a los fines impositivos, y falsa a los fines defraudatorios. De esa manera, al haberse acreditado la defraudación a la entidad financiera por parte de sus empleados y terceras personas, se neutraliza la imputación relacionada con la ley penal tributaria pues, cómo se dijo, el ilícito no puede ser generador de gravamen alguno.
Lo expresado anteriormente se refuerza no bien se tiene presente que la compañía de seguros reconoció la maniobra perpetrada contra BANCO MACRO S.A., y abonó, como resarcimiento, la suma de $190.150.000 (pesos ciento noventa millones ciento cincuenta mil). De ese modo, no parece razonable, ni verosímil, que una compañía de seguros se desprenda de un monto de semejante envergadura y cuantía, sin siquiera haber comprobado mínimamente la existencia real del acaecimiento de una de las condiciones de ejecución de la póliza; en el caso, la existencia de la figura del “empleado infiel”. En el caso, esa investigación fue realizada, y llevada a cabo por el “Estudio Santamarina”, mediante el cual se concluyó acerca de la veracidad de los hechos denunciados por el banco, y motivó el pago de la suma antes mencionada” (el destacado no obra en el original).
Prosiguiendo con el análisis tributario realizado por el juez penal, importa observar lo señalado por aquél, en cuanto a que “[e]n el caso bajo examen, si se atiende a que en el caso del impuesto a las Ganancias por Salidas No Documentadas, BANCO MACRO S.A. actúa como responsable sustituto pues el sujeto realmente obligado a partir de la eventual ganancia sería el sujeto obligado desconocido por el fisco, teniendo en consideración que se concluyó acerca de la ilicitud del dinero obtenido por LOGÍSTICA CAVA S.R.L., en modo alguno podría la entidad financiera asumir el pago de esa obligación tributaria (que no lo es)”.
Luego, el juez penal efectuó algunas consideraciones generales en materia de declaración jurada engañosa, y concluyó que “…sin embargo, en el caso bajo examen, no se advierte en qué habría consistido el engaño por parte de la contribuyente hacia el fisco, cuando lo único que se encuentra probado en el expediente, es el engaño por parte de los empleados infieles hacia la contribuyente. De tal manera, no sólo no se verifica un hecho imponible generador de la obligación tributaria, sino que tampoco es posible advertir cuál habría sido el engaño en el cual BANCO MACRO S.A. y sus autoridades, habrían querido hacer incurrir al organismo de recaudación” (el destacado no obra en el original).
Por último, el juez penal se ocupó de tratar el elemento subjetivo de la imputación y del tipo penal investigado, y destacó que “…la contribuyente LOGISTICA CAVA S.R.L. fue incluido por la A.F.I.P. en la “Base Apoc” con fecha 15/5/2018; o sea, con posterioridad al último período en el cual se registran operaciones con BANCO MACRO S.A. (enero de 2018). Dicha circunstancia permite aseverar que no existía, al momento de los hechos, restricción alguna o señal de alarma, que hubiera podido alertar al banco sobre CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA III CAF 1254/2025; “BANCO MACRO SA (TF 96970075-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”.
la realidad económica de dicho contribuyente” (el destacado no obra en el original).
Finalmente, tuvo en consideración que “…la actividad desplegada por los empleados infieles se realizó procurando arbitrar los medios necesarios para que la aprobación de las facturas por gastos no capitalizables del Sector Leasing – como las presentadas para su aprobación y posterior cobro por la firma “LOGÍSTICA CAVA S.R.L.” fueran excluidas del circuito habitual de control de pagos” (el destacado no obra en el original).
En definitiva, el juez penal a cargo del Juzgado Penal Económico n° 10 resolvió hacer lugar a la excepción de falta de acción deducida por la defensa de Banco Macro SA y, en consecuencia, sobreseyó totalmente a Banco Macro SA —en cuanto aquí importa— en orden a los hechos referidos en el considerando 6° de dicho pronunciamiento, en los términos de los arts. 336. inc. 3° y concordantes del C.P.P.N.).
Posteriormente, la Sala A de la Cámara Nacional en lo Penal Económico de Capital Federal resolvió —con fecha 14 de agosto de 2024— revocar la sentencia dictada por el Juzgado Nacional en lo Penal Económico n° 10, Secretaría n° 19.
Para decidir de ese modo, el Tribunal de Alzada consideró que no se daban los presupuestos excepcionales que permitirían resolver, por vía de excepción de falta de acción, cuestiones propias del objeto procesal principal, como lo es la existencia del hecho y la responsabilidad penal.
En ese sentido, la Cámara entendió que no existía certeza absoluta ni elementos objetivos que permitieran descartar de forma manifiesta la existencia de delito en esa etapa preliminar del proceso.
Además, observó que no obraba en el legajo certificación actualizada sobre el estado del proceso seguido ante el Tribunal Oral en lo Criminar y Correccional n° 8, respecto de los hechos imputados a ex empleados del banco. Por ello, ordenó al juez de grado requerir dicha certificación, sin emitir pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión investigada ni sobre la responsabilidad penal de los imputados.
Contra dicha decisión, la defensa de Banco Macro SA y los imputados interpuso recurso de casación, el que fue denegado y motivó la deducción de una queja, que fuera concedida y, finalmente, a la cual se hizo lugar con fecha 14 de mayo de 2025.
Así pues, según se desprende de la sentencia (registro n° 1078/25) dictada por la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal con fecha 11 de septiembre de 2025 (v. fs. 51/76 de estos autos), en el marco de la causa CPE 1486/2021/2/CFC1, “Banco Macro SA y otros s/ recurso de casación”, los jueces Ángela E. Ledesma, como presidente, y Guillermo J. Yacobucci y Mariano H. Borinsky, como vocales, resolvieron hacer lugar al recurso de casación deducido por la defensa y anular la decisión de la Sala A de la Cámara Nacional en lo Penal Económico y estar al sobreseimiento dictado por el Juzgado Penal Económico n° 10 de esta Ciudad, en los términos de los arts. 456, 470 y 530 y cc. del C.P.P.N.
En ese sentido, los jueces Yacobucci y Borinsky —amén de las apreciaciones particulares realizadas en sus votos individuales— adhirieron a la solución propiciada por la juez Ledesma, en cuanto consideró —en lo sustancial— que le asistía razón a la defensa en punto a la inhabilidad procesal de la ARCA para continuar con la vía recursiva ante la conformidad del Ministerio Público Fiscal con el sobreseimiento dictado.
Por su parte, el juez Yacobucci observó que, al formular su denuncia, el organismo recaudador admitió la estrecha vinculación de las cuestiones allí investigadas con aquéllas ventiladas en la causa instada por Banco Macro SA ante la justicia criminal y correccional, siendo que en el mismo sentido se expresó al contestar la vista que le fuera corrida en el incidente de falta de acción.
Dicho lo cual, apuntó que, de conformidad con las constancias obrantes en esos autos, en el marco de la causa CCC 6971/18, la Fiscalía celebró un acuerdo de juicio abreviado con los imputados —con fecha 21 de abril de 2025— donde aquéllos reconocieron su responsabilidad por los hechos allí investigados.
Como consecuencia de lo anterior, entendió que las circunstancias tenidas en consideración como argumento fundamental dentro de la resolución de la Cámara a quo habían variado sustancialmente, lo cual CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA III CAF 1254/2025; “BANCO MACRO SA (TF 96970075-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”.
provocaba una pérdida de la consistencia explicativa para sostener la decisión impugnada, tanto por motivos sustantivos como de servicio de justicia. Ello así, puesto que el concepto de acción no sólo exterioriza un talante de análisis y legitimación procesal sino también un contenido relacionado con la potestad sancionadora del Estado, por un lado, y, por el otro, pues concurrían criterios de proporcionalidad y de eficiencia dentro del servicio de justicia para no prolongar indebidamente el proceso, a la par de procurar no emitir resoluciones contrapuestas.
Por otro lado, el juez Borinsky agregó que debía tenerse presente que las decisiones de esa Cámara de Casación debían atender a las circunstancias existentes al momento del pronunciamiento, conforme el criterio uniforme sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En ese sentido, manifestó que, si bien la admisión de culpabilidad de los “empleados infieles” —en el marco del juicio abreviado—, no existía al momento en el que la Sala A de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico dictó la resolución impugnada, actualmente tal cuestión se encontraba debidamente despejada. Ello así, señaló, por cuanto los “empleados infieles” reconocieron expresamente su responsabilidad en los hechos juzgados, avalando así la hipótesis planteada por la defensa en esos autos, es decir, que aquéllos son los responsables.
En definitiva, concluyó que no quedaba ninguna duda acerca de que los delitos tributarios por los que se denunció a Banco Macro y a sus directivos tuvieron su razón de ser en la conducta delictiva desplegada por los denominados “empleados infieles”, quienes, en forma coordinada con otras personas, causaron un perjuicio patrimonial a la entidad bancaria, que derivó, además, en una denuncia del organismo recaudador por evasión del IVA y SND. Finalizó que todo lo anterior conducía —inexorablemente— a avalar sin más la correcta apreciación que hiciera el juez penal de primera instancia, relativa a la atipicidad de los hechos, así como también al consecuente sobreseimiento dictado sobre los denunciados.
Finalmente, no es posible soslayar que, según se encuentra acreditado en estos autos (v. fs. 152/155) y tal como se dejara constancia en el considerando III de la presente, la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal —integrada por los jueces Ledesma, como presidente, y Yacobucci y Barroetaveña, como vocales— trató la admisibilidad del recurso extraordinario federal interpuesto por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) contra la sentencia recién descripta dictada por ese Tribunal, en el marco de la causa CPE 1486/2021/2/1, “Banco Macro SA y otros s/ recurso extraordinario”, y dictó sentencia interlocutoria (registro n° 1371/25) con fecha 11 de noviembre de 2025, declarando inadmisible el recurso extraordinario federal.
Ello así, en coincidencia con el criterio de asumido por el Fiscal General ante la Cámara Federal de Casación Penal, por no cumplir con los recaudos de su interposición en los términos de los arts. 14 y 15 de la ley 48, art. 3, incs. d) y e) de la acordada (CSJN) 4/07, como así también por no lograr caracterizar la arbitrariedad invocada ni la existencia de cuestión federal suficiente. Sin costas, por mayoría.
IX. Implicancias de la sentencia penal sobre el proceso contencioso tributario: pautas de valoración de esta Cámara.
Seguidamente, sobre la base de la plataforma fáctica en común asumida por el Tribunal Fiscal de la Nación y por los jueces penales según fuera descripta en los considerandos VI, VII y VIII de la presente, importa establecer ciertas pautas de valoración que brinden una solución adecuada a la cuestión planteada en estos autos.
Precisamente, la cuestión a resolver en autos se identifica con un asunto —conocido y debatido en el ámbito jurídico— que refiere a las implicancias que genera una sentencia penal, en la que se analizaron y decidieron aspectos relativos al hecho imponible del tributo, con respecto a la investigación llevada a cabo en un proceso contencioso tributario. Ello, encierra una contienda de naturaleza tributaria, que recarga el debate si involucra cuestiones de índole fáctica, a tenor de lo previsto en el artículo 20 de la ley 24.769 (actual artículo 20 del título IX de la ley 27.430) (v. esta Sala, causa CAF 64770/2017, “Ansonnaud, Ricardo Sixto (TF 27561-I) c/ DGI s/ RDOE”, del 9 de febrero de 2023, considerando V).
Ahora bien, como es sabido, los precedentes originarios dictados por esta Cámara que sirvieron de base al establecimiento y desarrollo de las pautas en la materia sub examine, remiten a criterios sentados en antecedentes CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA III CAF 1254/2025; “BANCO MACRO SA (TF 96970075-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”.
en materia de responsabilidad civil, tal como se desprende del fallo dictado por la Sala IV de esta Cámara en la causa CAF 20306/1999, “Facciolo, Francisco c/ M° del Interior - PFA s/ daños y perjuicios”, del 28 de febrero de 2006. Allí, se dijo que: “[e]sa falta de sometimiento [del juicio civil] a los resultados que pudieron haberse alcanzado en sede penal, admite ciertas limitaciones a efectos de impedir la existencia de una posible contradicción sobre aspectos esenciales del hecho presuntamente punible y sobre la responsabilidad penal del o de los imputados”.
Desde esa perspectiva, esta Sala dejó sentado —en forma temprana— en el precedente de la causa CAF 9200/04, “Procesamiento Industrial Laminados Arg. SA (TF 19.396-I) c/ DGI”, del 13 de octubre de 2006, que “[s]i bien en las normas de la ley 24769 se descarta el sometimiento de la cuestión tributaria a los resultados alcanzados en sede penal, ello no empece a que se debe impedir la existencia de una posible contradicción sobre aspectos esenciales de los presupuestos fácticos comunes a ambos, pues se caería en un inaceptable escándalo jurídico, riesgo que se superará, encontrándose en discusión la obligación impositiva, condicionando la aplicación de los hechos a las conclusiones arribadas en el proceso penal”.
Para así decidir, tuvo en cuenta en forma especial la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en Fallos: 304:1436 y 324:3537, en los que el tribunal cimero se expidió acerca de las influencias de la decisión penal con respecto a lo que haya de adoptarse en el orden civil, con base en los arts. 1102 y 1103 del Código Civil y atendiendo a las particulares circunstancias del caso.
En este punto, resulta oportuno dejar nota que el criterio expuesto, ha sido reafirmado por esta Sala —en sus distintas integraciones— en las causas CAF 10495/2008, “Del Río, Miguel Antonio (TF 20608-I) c/ DGI”, del 16/02/2012; CAF 86468/2017, “Macchi Hnos SA Avícola y Agrícola Ganadera (TF 34275-I) c/ DGI s/ RDOE”, del 11/12/2018; y CAF 64770/2017, “Ansonnaud, Ricardo Sixto (TF 27561-I) c/ DGI s/ RDOE”, del 09/02/2023, entre otros.
Asimismo, también ha sido aplicado por la Sala IV de esta Cámara en la causa CAF 51/2005, “Clínicas y Sanatorios Asociados SA (TF 19396-I) c/ DGI”, del 06/12/2007, y en la causa CAF 15827/2005, “Coop. de Obras Serv. Públicos Ltda. de Río Tercero (TF 19155-I) c/ DGI”, del 12/08/2009, entre otros.
Así también, fue aplicado por la Sala II de esta Alzada en las causas CAF 45547/2003, “Ingeniería Ronza SA (TF 18616-I) c/ DGI”, del 10/06/2008; CAF 5422/2007, “Casás, Carlos Alberto (TF 22513-I) c/ DGI”, del 10/07/2008; y, CAF 28590/2008, “Apartur SA (TF 19287-I) c/ DGI”, del 13/08/2009, entre otras.
Por su parte, la Sala V también lo aplicó en las causas CAF 22577/20025, “Almeida Norma Mabel (TF 19433-I) c/ DGI”, del 15/03/2006; y, CAF 38601/2013, “Asistencia Odontológica SA c/ DGI s/ RDOE”, del 16/07/2015.
En este punto, cabe detenerse someramente en las pautas brindadas en el citado precedente “Almeida” (fallo cit.), pues marcó un avance en el desarrollo del análisis del tema.
En efecto, allí la Sala V dijo que: “[c]ontinúa diciendo dicha norma [art. 20 de la ley 24.769] que una vez firme la sentencia penal, la autoridad administrativa aplicará las sanciones que correspondan sin alterar las declaraciones de hechos contenidas en la sentencia judicial.
Dicho artículo consagra la posibilidad de que, a pesar de haberse radicado una denuncia penal por un delito previsto en esa ley, ello no impide la sustanciación de los procedimientos administrativos y judiciales tendientes a la determinación y ejecución de la deuda tributaria o previsional. Más establece un claro límite al disponer que no se podrá dictar resolución administrativa antes de que haya quedado firme la sentencia judicial en sede penal, la que constituirá cosa juzgada en cuanto a la materialidad de los hechos.
La finalidad de ello es evitar el escándalo jurídico que significaría el dictado de resoluciones encontradas sobre los mismos hechos, ya que resultaría un dislate que, por un lado, la sentencia judicial afirmara que el hecho imputado no existió, y que por otro la resolución administrativa decidiera la existencia de ese mismo hecho.
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Asimismo, el último párrafo del artículo 20 establece otra limitación a la causa administrativa: la resolución en la cual la autoridad administrativa imponga las sanciones que correspondan no podrá alterar las declaraciones de hechos contenidas en la sentencia penal.
Ello tiende a evitar contenidos contradictorios sobre cuestiones fácticas entre la resolución administrativa y la sentencia judicial. La norma habla de “sentencia judicial”, lo cual implica el dictado de una sentencia condenatoria o absolutoria.
En tal sentido, si el sobreseimiento se dispuso por una causal objetiva, es decir, porque el hecho no se cometió o porque es atípico, tiene que referirse esencialmente a lo fáctico, por lo que la resolución administrativa no puede alterar tal declaración sobre los hechos.
Pero si el sobreseimiento se dispone por una causa extintiva de la acción penal, como la prescripción, lo cual no se refiere a cuestiones fácticas, nada impide que los hechos sean valorados por la autoridad administrativa para la determinación de la sanción” (conf. considerando 5°). Aquí, cabe dejar constancia que, este Tribunal, en el citado precedente “Procesamiento Industrial Laminados” (fallo cit.), dejó constancia que la doctrina allí sentada resultaba conforme con el pronunciamiento de la Sala V en el precedente “Almeida”, recién citado.
Asimismo, no está de más señalar que el criterio apuntado fue aplicado en todos los precedentes de las Salas II, III, IV y V que fueran citados en los párrafos anteriores.
Avanzando un paso más en el desarrollo de las pautas aplicables en la materia, no es posible soslayar que, la Sala IV de esta Cámara dejó sentado en el precedente “Clínicas y Sanatorios” (fallo cit.), al rechazar los agravios del Fisco, que: “…[por] el artículo 20 de la ley penal tributaria 24.769 se dispone que la formulación de la denuncia penal no impedirá la sustanciación de los procedimientos administrativos y judiciales tendientes a la determinación y ejecución de la deuda tributaria o previsional, pero que la autoridad administrativa sólo podrá aplicar las sanciones que correspondan sin alterar las declaraciones de hechos contenidas en la sentencia judicial” (el texto en negrita obra en el original) (v. considerando IX).
Más aún, agregó que “si bien la disposición se refiere a la imposición de sanciones, los conceptos contenidos en ella resultan aplicables también, en determinadas circunstancias, a la determinación de tributos. Ello es así atento a que la finalidad de tales límites ha de encontrarse en que si la eximición de la responsabilidad en sede penal se alcanzó por la constatación de la inexistencia de la conducta que se le achaca al imputado, no sería razonable que el juez administrativo tuviera por acaecido el hecho ilícito, por cuanto en tal situación se caería en un inaceptable escándalo jurídico” (v. considerando X). En ese orden de ideas, resulta relevante analizar con atención otro precedente dictado por la Sala V de esta Cámara, con la particularidad de que el voto del vocal preopinante corresponde a aquél elaborado y emitido por el Dr. Jorge Eduardo Morán —quien integra este Tribunal en virtud de lo dispuesto en la acordada n° 3/25 de esta Cámara y, en ese entonces, integraba la Sala V—. En efecto, en la causa CAF 27060/2006, “Agrofería SRL (TF 20436-I) c/ DGI”, sentencia del 15 de julio de 2008, el Dr. Morán dijo que: “VII. Que, a los efectos de comprender cómo se arribó a la situación anteriormente descripta, cabe analizar el régimen instrumentado en el capítulo V de la ley 24.769 “De los procedimientos administrativo y penal”. Así, el artículo 18 de la referida ley dispone, en lo que interesa: “El organismo recaudador, formulará denuncia una vez dictada la determinación de oficio de la deuda tributaria (...), aún cuando se encontraren recurridos los actos respectivos...” (énfasis añadido).
Por otro lado, a efectos de evitar sanciones contradictorias, el artículo 20 de la ley 20.769 establece: “La formulación de la denuncia penal no impedirá la sustanciación de los procedimientos administrativos y judiciales tendientes a la determinación y ejecución de la deuda tributaria o provisional, pero la autoridad administrativa se abstendrá de aplicar sanciones hasta que sea dictada la sentencia definitiva en sede penal (...). Una vez firme la sentencia penal, la autoridad administrativa aplicará las sanciones que correspondan sin alterar las declaraciones de hechos contenidas en la sentencia judicial” (énfasis añadido).
En un análisis que anticipa el caso sub examine, Alberto Dalla Via y Marcos Gabriel Gutman mencionan: “(e)sta norma rompe con la CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA III CAF 1254/2025; “BANCO MACRO SA (TF 96970075-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”.
prejudicialidad que establecía el artículo 16 de la ley 23.771. Allí se le impedía al fisco dictar resolución administrativa hasta tanto no se haya dictado sentencia en la causa penal. Aquí sucede exactamente lo contrario, con excepción de las sanciones, convirtiendo el proceso penal en un virtual “solve et repete” y permitiendo la contradicción jurídica. Ello por cuanto el sujeto puede estar obligado a pagar una deuda que no existe y tal demostración surgirá del proceso penal (conf. Régimen Penal Tributario, Ed. Némesis, Buenos Aires, 197, р. 129).
VIII. Que, por lo tanto, hoy nos encontramos frente al siguiente contexto normativo: ni la circunstancia de que la determinación de oficio se encuentre apelada impide la interposición de la denuncia penal; ni esta última impide la prosecución de los procedimientos administrativos tendientes a la determinación y ejecución de la deuda impositiva. Ambos procedimientos - penal y administrativo- están llamados a avanzar en paralelo.
Sin embargo, la letra de la norma impone una importante limitación al disponer que no se podrán aplicar sanciones administrativas antes de que haya quedado firme la sentencia judicial en sede penal, la que constituirá cosa juzgada respecto de las declaraciones de hechos contenidas en la misma. Al respecto, este tribunal tiene dicho que la finalidad buscada por el legislador ha sido evitar el escándalo jurídico que significaría el dictado de resoluciones encontradas sobre los mismos hechos (conf. esta Sala, in re “Almeida Nora Mabel (TF 19433-1) c/ DGI”, sentencia-del 15 de marzo de 2006), Asimismo, en un fallо más reciente, se dijo que “Lo que busca la ley 24.769 es precisamente -ante la existencia de dos procesos- otorgar prioridad al juez de la causa judicial (en contraposición al llamado “juez administrativo”, que es el funcionario de la AFIP, que tiene facultades para determinar impuesto e imponer multa) para que califique la conducta del imputado y determine si se configura o no el aspecto subjetivo en su actuación (conf. esta Sala, in re “S.A. Molinos Fénix v. Administración Federal de Ingresos Públicos - Dirección General Impositiva”, sentencia del 20 de junio de 2006).
IX. Que si bien, conceptualmente, resulta posible deslindar el ámbito de competencia de cada autoridad, la deficiente técnica legislativa conduce a que se presenten situaciones como la que nos ocupa.
En efecto, aún estimando al juez penal como el natural en orden a la investigación y juzgamiento del hecho para establecer si existe o no delito, y si el imputado tiene responsabilidad y a la Autoridad Administrativa como encargada de la determinación y ejecución de la deuda impositiva, la imposición de multas y todo lo dispuesto en las leyes tributarias; el distingo pierde virtualidad a poco que se advierta que, por depender los delitos fiscales de una cantidad determinada como cuota defraudada, por principio, el cálculo de la misma no debería quedar al margen de las facultades instructorias del juez penal.
En otro orden de ideas, Díaz Sieiro resalta que si la determinación de oficio puede ser impugnada y revocada por el Tribunal Fiscal de la Nación, por la Cámara Nacional de Apelaciones en los Contencioso Administrativo Federal y aún por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y la tramitación de ese proceso no paraliza la sustanciación del juicio penal, mal podría aceptarse que la determinación de oficio, realizada en forma previa a la denuncia penal, pueda tener efecto de cosa juzgada, o limitar de algún modo el accionar del juez penal, cuando esa misma determinación de oficio puede ser modificada y hasta anulada en otra jurisdicción (conf. Díaz Sieiro, Horacio, “La determinación de oficio de las deudas impositivas y el proceso penal tributario”, PET-L, 17/06/97, p. 1 y ss).
Por lo tanto, más allá de la apuntada independencia entre el juez administrativo y el penal, no cabría, por principio, negarle competencia a este último en orden a determinar el acaecimiento del hecho imponible y su cuantía.
X. Que, no obstante ello, la determinación acerca de si el Tribunal Fiscal de la Nación debe hacer mérito de las consideraciones efectuadas por el juez penal en su sentencia, requiere de un análisis ajustado a las particularidades de cada causa.
A mayor abundamiento, cuadra señalar que el delito tributario requiere de dos aspectos: uno objetivo, que implica necesariamente el análisis de la normativa fiscal a los efectos de determinar la procedencia del gravamen; y uno subjetivo, que implica la valoración de la conducta desplegada.
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Concordantemente con lo señalado, las posibilidades para desvincular a un imputado de un proceso penal se relacionan tanto con el tipo objetivo previsto por la norma penal, cuanto con el tipo subjetivo. Asimismo, la desvinculación relacionada con el tipo objetivo de la norma puede tener que ver, tanto con el entendimiento de que los hechos no existieron, o no fueron realizados por el imputado, etc; cuanto con una valoración jurídica de los hechos probados, a la luz de la norma extrapenal (tributaria), concluyéndose que no se ha verificado el hecho imponible, o debería aplicarse una sanción o desgravación, o no se es sujeto según las normas sustantivas, etc (confr. Semachowicz, Esteban, “Régimen penal tributario. Sentencias firmes en sede penal y su acatamiento por el Tribunal Fiscal”, D.T.E., Tomo XХVIII, р. 610). Ello así, y en atención a la clara referencia que el artículo 20 de la ley 24.769 hace a las “declaraciones de hecho” contenidas en la sentencia penal, cabe concluir que el Tribunal Fiscal de la Nación deberá hacer mérito de las cuestiones consideradas en la sentencia penal siempre que éstas se relacionen con el tipo objetivo de la norma, y sin presuponer valoraciones jurídicas a la luz de la norma extrapenal.
Sin ir más lejos, este ha sido el criterio al que ha adherido esta Sala en la precitada causa “Almeida”, donde se dijo que: “Si el sobreseimiento se dispuso por una causal objetiva, es decir, porque el hecho no se cometió, o porque es atípico, tiene que referirse esencialmente a lo fáctico, por lo que la resolución administrativa no puede alterar tal declaración sobre los hechos.
Pero si el sobreseimiento se dispone por una causa extintiva de la acción penal, como la prescripción, lo cual no se refiere a cuestiones fácticas, nada impide que los hechos sean valorados por la autoridad administrativa para la determinación de la sanción (considerando V). En abono de este postura, cabe citar también a Jorge Enrique Haddad, quien manifestó en relación con un caso parecido: “si los hechos en que se sustentaba la determinación de oficio que es base de la denuncia penal son refutados y se demuestra que no son ciertos, ni tampoco los realizados por el contribuyente, la determinación de oficio cae junto con la sentencia de sobreseimiento definitivo” (conf. Ley Penal Tributaria 24.769 (Comentada), Depalma, Buenos Aires, 2002, p. 140).
Asimismo, Vicente O. Díaz es de la opinión que “el organismo jurisdiccional administrativo, por la íntima conexión que tiene el hecho tributario en todas sus esferas de juzgamiento, no puede llegar por vías independientes a la merituación de una distinta magnitud del hecho imponible que la ya prejuzgada, en especial tratándose de la interpretación del mismo presupuesto de ley” (conf. Díaz, Vicente O. “El dilema de criminalizar o no las infracciones tributarias y sus hipotéticas consecuencias”, LL, Suplemento especial de Derecho Económico, Feb. 2004, p. 61). Finalmente, el mismo autor ha dicho, en otra publicación, que "los elementos colectados en un proceso penal conexo a lo que se discute con posterioridad en sede tributaria administrativa tienen, del primero hacia el segundo, un traspaso legal e intransable, habida cuenta de que la norma administrativa no tiene poder ni facultad para no considerar las calificaciones de actos procesales válidos en carácter de definitivos, más cuando es la propia Administración la que radica el accionar del contribuyente en la sede penal" (conf. del mismo autos, “Un evidente escándalo jurídico y el valor de un fallo en minoría”, ED, 27/2/2007).
…XIII. Que, por lo tanto, resulta imposible desatender declaraciones de hechos contenidas en la sentencia penal. Una solución contraria a la aquí propiciada transformaría el efecto de la sentencia penal tributaria en una expresión meramente declarativa; en claro desmedro de la garantía constitucional del non bis in idem y en franca violación a la intención preclara del legislador de mantener la coherencia respecto de la plataforma fáctica común al proceso penal tributario y al procedimiento administrativo de determinación del tributo (conf. Sala V, causa CAF 27060/2006, “Agrofería SRL”, fallo cit., considerandos VII, VIII, IX, X y XIII).
Ello así, resulta oportuno advertir que, el temperamento expuesto precedentemente, fue aplicado —sin más— por las Salas IV y II de esta Cámara, en las causas CAF 120/2011, “Cher Terrab, Salomón Carlos c/ DGI”, del 20 de septiembre de 2011 (v. especialmente considerandos V y VI, a fin de evitar innecesarias reiteraciones) y CAF 34748/2012, “Prosper Argentina SA (TF 20.316-I) c/ DGI”, del 13 de agosto de 2013, respectivamente.
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Asimismo, no es posible soslayar que, el pronunciamiento dictado por la Sala IV en el precedente “Cher Terrab” (fallo cit.), fue pronunciado por los suscriptos, Dres. Sergio Gustavo Fernández y Jorge Eduardo Morán —además del Dr. Luis María Márquez—, siendo que el primero integraba la Sala IV en virtud de lo resuelto por la acordada n° 21/2009 de esta Cámara.
X. Implicancias de la sentencia penal sobre el proceso contencioso tributario: pautas de valoración de Corte Suprema de la Nación. Prosiguiendo con el análisis realizado en el considerando anterior con respecto a las pautas de valoración aplicables a la materia sub examine, a efectos de propender a lograr una solución ajustada a derecho respecto de la cuestión planteada en autos, cabe referirse a las reglas fijadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación al respecto.
Así pues, en oportunidad de fallar a causa del recurso ordinario de apelación interpuesto por el organismo fiscal contra la sentencia definitiva dictada por este Tribunal en la causa “Procesamiento Industrial Laminados Arg SA (TF 19396-I) c/ DGI” —apuntada en el considerando XI—, el Alto Tribunal sostuvo lo siguiente —con fecha 17 de marzo de 2009—:
“6°) Que los agravios relativos a que los alcances de la sentencia dictada en la causa penal han sido indebidamente interpretados por el a quo resultan insustanciales para decidir la presente causa pues, pese a que la alzada tuvo especialmente en cuenta las conclusiones del juez penal en cuanto a la efectiva realización de las operaciones comerciales cuya existencia había sido negada por el organismo recaudador, también puso de relieve que a la misma conclusión llegó el Tribunal Fiscal de la Nación con sustento en la apreciación de los elementos probatorios reunidos en esta causa. Es decir que, lejos de presentarse un conflicto entre la valoración de los presupuestos fácticos comunes realizada, por una parte, por el juez penal… y por la otra, por el Tribunal Fiscal de la Nación, a los fines de expedirse en la apelación deducida por el contribuyente contra las resoluciones que determinaron tales tributos, ambos pronunciamientos llegaron a la misma conclusión, adversa al criterio sostenido por el organismo recaudador” (conf. CSJN, Fallos: 332:357).
Luego, en oportunidad de analizar el recurso ordinario de apelación interpuesto por la —por entonces— AFIP contra otra sentencia dictada por esta Cámara, en la causa “Clínicas y Sanatorios Asociados SA (TF 17.905-I c/ DGI”, en la que se discutió un asunto de salidas no documentadas, la Corte Federal dejó sentado que:
“5°) Que el art. 16 de la ley 23.771 —que se encontraba vigente al producirse los hechos sobre los que versan estas actuaciones— estableció que “la promoción de causa penal no impedirá la sustanciación de los procedimientos administrativos vinculados con los mismos hechos, pero no podrá dictarse resolución administrativa antes de que haya quedado firme la sentencia judicial, la que constituirá cosa juzgada en cuanto a la materialidad de los hechos”.
6. Que en el caso de autos resulta claro que la determinación tributaria tiene la misma base fáctica que la denuncia que dio origen a la causa penal… 7°) Que la causa penal concluyó con el sobreseimiento de que da cuenta el pronunciamiento cuya copia certificada obra a fs. 282/290. Del examen de dicha sentencia se extrae que el juez penal negó categóricamente que las facturas correspondientes a los gastos impugnados pudieran ser consideradas apócrifas. En tales circunstancias, resulta inexplicable —tal como lo entendieron los tribunales de las anteriores instancias— que el organismo recaudador, frente a la clara disposición del art. 16 precedentemente transcripto —y sin aportar siquiera nuevos elementos probatorios— haya dictado un acto administrativo determinativo del impuesto, en el que insiste en considerar apócrifa la aludida documentación.
Al respecto, los agravios del representante del organismo recaudador —centrados, básicamente, en sostener que la valoración de los hechos difiere según se la haga desde la perspectiva del derecho penal o desde la óptica del derecho tributario— resultan inatendibles pues la regla del citado art. 16 procuró, por el contrario, que la ley tributaria se aplique sin desvirtuar la plataforma fáctica que se ha tenido por probada en sede penal” (conf. causa CSJ 582/2008 (44-C)/CS1 “Clínicas y Sanatorios Asociados SA (TF 17.905-I) c/ DGI”, sentencia del 23 de junio de 2011).
A continuación, el máximo tribunal del país se expidió sobre la materia en otro caso más que tramitara por ante esta Cámara y del que se diera CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA III CAF 1254/2025; “BANCO MACRO SA (TF 96970075-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”.
cuenta en el considerando anterior, a saber, en la causa “Prosper Argentina SA (TF 20.316 - 1) c/ DGI”, en la que —resulta oportuno recordar— la Sala II del fuero aplicó el criterio sentado por la Sala V en el precedente “Agrofería”, con el voto preopinante del Dr. Jorge E. Morán.
Allí, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dijo que: “… el organismo fiscal pretende restar entidad a las conclusiones a las que llegó el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Penal Económico n° 4, sosteniendo que lo allí decidido en nada modifica los fundamentos tomados en cuenta para dictar las resoluciones determinativas apeladas en los presentes autos, en tanto la decisión en sede penal fue adoptada en el marco de un procedimiento cautelar destinado a secuestrar información importante para la causa y no en un juicio penal propiamente dicho. Sin embargo, tal agravio no desvirtúa el fundamento en el que se apoya la decisión alcanzada por la cámara, consistente en que, más allá del instrumento procesal utilizado, el juez penal estableció que carecía de asidero el argumento central de la imputación formulada por la AFIP, …, decisión que quedó firme y por lo tanto debía ser tenida en cuenta en sede administrativa a los fines de determinar las obligaciones fiscales de la actora”. (conf. causa CSJ 653/2013 (49-P), “Prosper Argentina (TF 20.316-I) c/ DGI”, sentencia del 10 de marzo de 2015, considerando 6°).
Finalmente, situaciones como la que acaecen en el caso de autos, en la cual coexiste —en simultáneo y de manera autónoma— una causa penal y otra contenciosa administrativa y, por lo tanto, rige el denominado “principio de la doble vía”, han sido analizadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el voto en disidencia de los Dres. Ronsenkrantz y Lorenzetti de la sentencia recaída —con fecha 1° de julio de 2025— en los autos “Courel, Manuel Alberto c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”.
Dicho caso presente la doble particularidad de que se trata de una causa que también tramitara por ante esta Cámara, tal como se diera cuenta en el considerando XI de la presente, y de que el voto en mayoría —por el que se resolvió declarar formalmente inadmisible el recurso extraordinario federal interpuesto por la ex AFIP, de conformidad con lo dictaminado por la señora Procuradora Fiscal—, fue suscripto, entre otros, por el Dr. Jorge E. Morán, en su carácter de conjuez ante el Alto Tribunal.
XI. Análisis de la cuestión planteada. Descalificación de la sentencia apelada por deficiencias manifiestas.
Sobre la base de las premisas expuestas en el considerando V —respecto al carácter limitado a la revisión de esta alzada en los términos del art. 86 inciso b) de la ley 11.683, sin ser una regla absoluta—, teniendo en consideración los hechos sobrevinientes denunciados por las partes en autos con posterioridad al llamado de autos a sentencia —según surge del considerando III de la presente— y, en la especie, el contenido de las sentencias dictadas en los procesos penales en los que se investigaron hechos que guardan íntima vinculación con los extremos fácticos de la causa de autos (v. considerandos VI, VII y VIII también de la presente), a la luz de las pautas de valoración establecidas en la materia sub examine por esta Cámara y por la Corte Suprema de Justicia de la Nación —según se desprende de los considerandos IX y X—, corresponde adentrarse en el análisis de la cuestión planteada en el caso y emitir la respectiva decisión en ejercicio de la actividad jurisdiccional.
Así pues, a los fines de determinar si las conclusiones del Tribunal Fiscal de la Nación presentan deficiencias manifiestas, en lo que hace a su juicio respecto de los extremos de hecho del caso de autos, cabe comenzar por recordarlas sucintamente.
Ello así, en cuanto aquí importa, cabe mencionar que, el mencionado organismo jurisdiccional, tuvo para sí que: (i) las erogaciones efectuadas por Banco Macro SA con motivo de los pagos a Logística Cava SRL, no es que carecieran de documentación, sino que la documentación de respaldo resultaba apócrifa; (ii) la impugnación de las operaciones con el referido proveedor habían sido adecuadamente ponderada por el organismo fiscal, por haber demostrado la existencia concomitante de una serie de indicios comprobados, graves y precisos, configurando un cuadro de reparos respecto a la efectiva realización de las operaciones por parte del proveedor cuestionado; (iii) la propia actora reconoció que las operaciones que originaron las erogaciones son simuladas, producto del accionar de empleados infieles, los cuales fueron denunciados penalmente; (iv) ante la existencia de maniobras fiscales, es el CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA III CAF 1254/2025; “BANCO MACRO SA (TF 96970075-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”.
contribuyente quien debe, inexcusablemente, recurrir a todos los medios de prueba a su alcance para reconstruir y acreditar los aspectos que derrumben la tesis fiscal; (v) resultaba insuficiente —para desvirtuar el cargo fiscal— la prueba informativa producida en autos con respecto a los oficios dirigidos al Juzgado Nacional en lo Criminal y Corrección n° 55 y al Tribunal Oral en lo Criminal y Criminal n° 8; (vi) lo anterior era así, más allá del procesamiento de los supuestos empleados infieles, puesto que no existía una sentencia condenatoria contra los sujetos procesados, que permitiera dar sustento al fundamento de la parte actora a través de hechos constatados en una sentencia penal firme; (vii) no existían motivos para modificar las conclusiones del acto apelado, pues tampoco existían elementos contundentes que permitieran identificar a los verdaderos y reales beneficiarios de las erogaciones de fondos respaldadas con comprobantes apócrifos.
Sin embargo, en función de las circunstancias fácticas sobrevinientes que se verifican en autos y que fueran denunciadas por ambas partes —tal como se diera cuenta, especialmente, en los considerandos III, VII y VIII de la presente—, se impone recordar que, conforme es doctrina de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación, las resoluciones judiciales deben atender a la situación existente al momento de la decisión (CSJN, Fallos: 216:147; 243:146; 244:298; 259:76; 267:499; 298:33; 301:947; 304:1649; 306:1160; 311:870; 312:555; 316:2016; 318:342; 328:4640; 346:265).
Y es que, aun cuando el Tribunal Fiscal de la Nación pudiera haber merituado —en su sentencia de fecha 2 de septiembre de 2024 y en cuanto aquí importa— los elementos tenidos en consideración en las sentencias dictadas por el Juzgado en lo Penal Económico n° 10 y por la Sala A de la Cámara Nacional en lo Penal Económico de Capital Federal, con fechas 12 de junio de 2023 y 14 de agosto de 2024, respectivamente, en el marco de la causa CPE 1486/2021, caratulada “Banco Macro S.A. s/ Inf. ley 24.769”, por un lado, y, por el otro, los requerimientos de elevación a juicio de fechas 10 de mayo de 2019 y 11 de agosto de 2020, 29 de abril de 2021 y 6 de octubre de 2022, en el marco de la causa CCC 6971/2018/TO1, “Principal en Tribunal Oral TO01 – Imputado: Murdocca, Lucio Salvador y otros s/ Defraudación por Administración Fraudulenta. Denunciante: San Martín, Guillermo Patricio y otros”, y sus acumuladas CCC 26768/2019, CCC 49852/2019/TO1 y CCC 49852/2019/TO2; lo cierto es que, recientemente, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional n° 8 de la Capital Federal, puso en conocimiento de este Tribunal —mediante oficio electrónico DEO n° 20017140 del 12 de septiembre de 2025—, que los imputados de dichas causas llegaron a un acuerdo de juicio abreviado con el titular de la Fiscalía General n° 17 —hecho saber el 21 de abril de 2025—, mediante el cual aquéllos manifestaron expresa y entera conformidad sobre la existencia de los hechos endilgados y reconocidos en calidad de autores y partícipes necesarios, que motivaron las penas requeridas y consentidas; y, por otro lado, también en forma reciente, con fecha 11 de noviembre de 2025, la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisible el recurso extraordinario federal —interpuesto por la ARCA—, contra su sentencia de fecha 11 de septiembre de 2025, mediante la cual resolvió hacer lugar al recurso de casación deducido por Banco Macro SA y sus directores y anular la decisión de la Sala A de la Cámara Nacional en lo Penal Económico, estando al sobreseimiento dictado por el Juzgado Penal Económico n° 10 de esta Ciudad. Según se desprende de lo anterior, entonces, en la causa CPE 1486/2021, caratulada “Banco Macro S.A. s/ Inf. ley 24.769”, recayó sentencia definitiva por la que se sobreseyó totalmente al Banco Macro SA por inexistencia de delito de evasión del pago del IVA, 2015, 2016, 2017 y 2018, y SND 2/2015, 4/2015, 5/2015, 7/2015 a 12/2015, 1/2016 a 12/2016, 1/2017 a 12 /2017, y 1/2018.
Al mismo tiempo, aun cuando la causa CCC 6971/2018/TO1, “Principal en Tribunal Oral TO01 – Imputado: Murdocca, Lucio Salvador y otros s/ Defraudación por Administración Fraudulenta. Denunciante: San Martín, Guillermo Patricio y otros”, y sus acumuladas CCC 26768/2019, CCC 49852/2019/ TO1 y CCC 49852/2019/TO2, se encuentra a sentencia para homologar el acuerdo de juicio abreviado, no es menos cierto que los imputados ya fueron entrevistados por el juez en los términos de los arts. 41 del C.P. y 431 bis, inc. 3°, del C.- P.P.N., habiendo admitido —todos y cada uno— su culpabilidad al haber manifestado su expresa y entera conformidad, reconocimiento y consentimiento sobre la existencia de los hechos endilgados, la calidad de autores y partícipes necesarios y las penas requeridas.
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En este punto, deviene necesario advertir cuáles son las implicancias que generan las referidas sentencias y actuaciones penales en el presente proceso contencioso tributario, en la medida en que se hayan analizado y decidido aspectos relativos al hecho imponible del tributo, lo cual involucra cuestiones fácticas.
En efecto, no escapa al examen de los suscriptos —según se infiere de las pautas de valoración establecidas por esta Cámara, descriptas en el considerando IX—, que, se debe impedir la existencia de una posible contradicción sobre aspectos esenciales de los presupuestos fácticos comunes a ambos procesos, pues se caería en un inaceptable escándalo jurídico, riesgo que se superará, encontrándose en discusión la obligación impositiva, condicionando la aplicación de los hechos a las conclusiones arribadas en el proceso penal (v. esta Sala, “Procesamiento Industrial Laminados…”, “Del Río…”, “Macchi Hnos…”, “Ansonnaud…”, fallos cit.). Así pues, la sentencia judicial en sede penal constituirá cosa juzgada en cuanto a la materialidad de los hechos. La finalidad de ello es evitar el escándalo jurídico que significaría el dictado de resoluciones encontradas sobre los mismos hechos, ya que resultaría un dislate que, por un lado, la sentencia penal afirmara que el hecho imputado no existió, y que por otro la sentencia contencioso tributaria decidiera la existencia de ese mismo hecho. En ese sentido, si el sobreseimiento se dispuso por una causal objetiva, es decir, porque el hecho no se cometió o porque es atípico, tiene que referirse esencialmente a lo fáctico, por lo que la sentencia contencioso tributaria no puede alterar tal declaración sobre los hechos (v. esta Cámara, Sala V, “Almeida…”, fallo cit.). Y es que no sería razonable que en ésta se tuviera por acaecido el hecho ilícito, por cuanto en tal situación se caería en un inaceptable escándalo jurídico (v. esta Cámara, Sala IV, “Clínicas y Sanatorios…”, fallo cit.).
Menos aún es posible soslayar —por cuanto el voto del vocal preopinante, en el precedente “Agrofería”, corresponde al Dr. Morán, quien actualmente integra este Tribunal, y luego fuera aplicado en conjunto, por los suscriptos, en el precedente “Cher Terrab”—, que, más allá de la apuntada independencia entre el juez tributario y el juez penal, no cabría, por principio, negarle competencia a este último en orden a determinar el acaecimiento del hecho imponible y su cuantía. Siendo ello sí, la determinación acerca de si el Tribunal Fiscal de la Nación debe hacer mérito de las consideraciones efectuadas por el juez penal en su sentencia, requiere de un análisis ajustado a las particularidades de cada causa. En ese orden, dicho organismo jurisdiccional deberá hacer mérito de las cuestiones consideradas en la sentencia penal siempre que éstas se relacionen con el tipo objetivo de la norma, y sin presuponer valoraciones jurídicas a la luz de la norma extrapenal. Y la desvinculación relacionada con el tipo objetivo de la norma puede tener que ver, tanto con el entendimiento de que los hechos no existieron, o no fueron realizados por el imputado, cuanto con una valoración jurídica de los hechos probados, a la luz de la norma extrapenal (tributaria), concluyéndose que no se ha verificado el hecho imponible. Por lo tanto, resulta imposible desatender declaraciones de hechos contenidas en la sentencia penal, ya que una solución contraria a la aquí propiciada transformaría el efecto de la sentencia penal tributaria en una expresión meramente declarativa, en claro desmedro de la garantía constitucional del non bis in idem y en franca violación a la intención preclara del legislador de mantener la coherencia respecto de la plataforma fáctica común al proceso penal tributario y al procedimiento administrativo de determinación del tributo (v. esta Cámara, Sala V, “Agrofería SRL…”, fallo cit.; Sala IV, “Cher Terrab…”, fallo cit.).
Tampoco es posible pasar por alto el criterio sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de advertir y determinar con claridad si la determinación tributaria tiene la misma base fáctica que la denuncia que dio origen a la causa penal, por cuanto resultaría inexplicable e inatendible —en caso de que la causa penal haya concluido con el sobreseimiento— que el organismo recaudador, frente a la clara disposición de la norma penal tributaria y sin aportar siquiera nuevos elementos probatorios, insista en sostener que la valoración de los hechos difiere según se haga desde la perspectiva del derecho penal o desde la óptica del derecho tributario, pues aplica la regla que procura que la ley tributaria se aplique sin desvirtuar la plataforma fáctica que se ha tenido por probada en sede penal (conf. CSJN, “Clínicas y Sanatorios…”, fallo cit.). Y es que la decisión del juez penal que estableció que carecía de asidero el argumento central de la imputación formulada por la AFIP y que quedó firme, debe ser tenida en CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA III CAF 1254/2025; “BANCO MACRO SA (TF 96970075-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”.
cuenta en sede administrativa a los fines de determinar las obligaciones fiscales de la actora (conf. CSJN, “Prosper Argentina…”, fallo cit.).
Siendo ello así, es dable observar que la plataforma fáctica aquí discutida luce común e idéntica con aquélla discutida en el marco de la causa penal CPE 1486/2021, caratulada “Banco Macro S.A. s/ Inf. ley 24.769”, tal como fuera descripto —y cabe remitir a efectos de evitar innecesarias reiteraciones— en los considerandos VI y VIII de la presente, resaltando que recayó sentencia definitiva —la que se encuentra firme— por la que se sobreseyó totalmente al Banco Macro SA y a sus directivos por inexistencia de delito de evasión del pago de SND 2/2015, 4/2015, 5/2015, 7/2015 a 12/2015, 1/2016 a 12/2016, 1/2017 a 12 /2017, y 1/2018 —como así también del IVA, 2015, 2016, 2017 y 2018—.
En ese sentido, importa resaltar que, en el caso concreto de autos, de acuerdo a las pautas recordadas precedentemente, este Tribunal debe hacer especial mérito de las consideraciones efectuadas por el juez penal en su sentencia, máxime aun cuando aquéllas se relacionan con el tipo objetivo de la norma, puesto que se concluyó expresamente que los hechos simulados no fueron realizados ni por el Banco Macro SA ni por sus directores, concluyéndose en que no se verificó el hecho imponible aquí discutido. Así pues, resulta imposible desatender las declaraciones de los hechos contenidas en la sentencia penal, ya que lo contrario implicaría transformar sus efectos en una expresión declarativa y violar la garantía constitucional del non bis in idem y el principio constitucional de cosa juzgada.
A fin de dotar de completitud a la solución que aquí se propone, sin perjuicio de remitirnos a las declaraciones de los hechos efectuadas en la sentencia dictada con fecha 12 de junio de 2023 por el Juzgado en lo Penal Económico n° 10, a la que en definitiva estuvo la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal en sus sentencias de fechas 11 de septiembre de 2025 y 11 de noviembre de 2025, las cuales —no está de más reiterar— fueron descriptas en el considerando VIII de la presente; cabe señalar sintéticamente los extremos fácticos tenidos por acreditados: (i) Banco Macro SA fue víctima de un fraude complejo, llevado a cabo por empleados infieles y terceras personas; (ii) la empresa Logística Cava SRL fue creada y utilizada para ese fin y el dinero involucrado provenía de esa actividad ilícita dirigida contra el banco; (iii) los supuestos servicios facturados no fueron realizados ni encomendados por Banco Macro SA y los documentos comerciales fueron excluidos del circuito habitual de control de pagos; (iv) los montos que la ARCA pretendió atribuir como evadidos tuvieron su origen únicamente en esa actividad delictiva; (v) los ingresos derivados de actos ilícitos no pueden ser objeto ni fuente de imposición, pues la restitución del ilícito no puede generar una utilidad económica para el autor del delito; (vi) al haberse acreditado la defraudación contra el banco, se neutraliza la imputación de la ley penal tributaria; (vii) la compañía aseguradora reconoció la maniobra y pagó por el siniestro, confirmando la existencia del fraude de los “empleados infieles”; (viii) no se probó el ardid o engaño del Banco Macro o sus directivos hacia el fisco; (ix) se probó el engaño perpetrado por los empleados infieles contra la propia contribuyente, Banco Macro SA; (x) no se verifica un hecho imponible generador de la obligación tributaria; (xi) se verifica una ausencia del elemento subjetivo del tipo (dolo) por parte del Banco Macro SA y sus directivos; (xii) la inclusión de Logística Cava SRL en la base de proveedores apócrifos (“Base Apoc”) de la AFIP, se produjo después del último período de operaciones con Banco Macro SA (15/058/2018 vs. enero de 2018); (xiii) se encuentra acreditado que la actividad de los empleados infieles fue específicamente diseñada para eludir los controles internos del banco; (xiv) se encuentra acreditada la inexistencia de monto evadido penalmente para las salidas no documentadas (SND); (xv) respecto de las SND el Banco Macro actúa como responsable sustituto de un beneficiario oculto, pero si las ganancias obtenidas por ese beneficiario (Logística Cava SRL) provienen de un delito, no pueden ser gravadas, pues el sistema tributario argentino no grava las ganancias ilícitas sino que las decomisa; (xvi) los hechos atribuidos al Banco Macro SA y sus directivos, no encuadran en una figura legal, es decir, existe una manifiesta atipicidad, lo que justifica el consecuente sobreseimiento de todos los denunciados.
Por los motivos expuestos, la materialidad de los hechos tenidos por acreditados en la sentencia judicial dictada en sede penal, CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA III CAF 1254/2025; “BANCO MACRO SA (TF 96970075-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”.
constituye cosa juzgada y, por ende, alcanza la plataforma fáctica del caso de autos. Ello así, a fin de evitar el escándalo jurídico que supondría el dictado de resoluciones contradictoras sobre los mismos hechos.
En efecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reafirmado —en forma reciente— la doctrina según la cual “…la cosa juzgada configura uno de los pilares sobre los que se asienta la seguridad jurídica y un valor de primer orden que no puede ser desconocido con invocación de argumentos insustanciales y con la pretensión de suplir omisiones, pues ataca las bases mismas del sistema procesal y afecta la garantía del debido proceso, cuyo respeto es uno de los cimientos del imperio del derecho (conf., Fallos: 312:376, entre otros).” (CSJN, causa CAF 64770/2017/1/RH1, en autos “Ansonnaud, Ricardo Sixto c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, del 04 de octubre de 2022).
En consecuencia, corresponde hacer lugar a los agravios articulados por la parte actora, extremo que justifica descalificar el pronunciamiento del Tribunal Fiscal de la Nación como acto jurisdiccional válido con arreglo a la jurisprudencia de la Corte sobre arbitrariedad de sentencias.
El Dr. Jorge Eduardo Morán dice:
Que adhiero al voto de mi estimado colega Dr. Fernández y, atento la complejidad de la cuestión aquí debatida, que gira en torno a las implicancias que generan los aspectos esenciales de los presupuestos fácticos tenidos por acreditados en las sentencias y actuaciones penales, con relación al presente proceso contencioso tributario —en tanto resultan comunes—, estimo pertinente resaltar lo siguiente —acerca de un aspecto no pasado por alto en el voto que me precede—.
I. La determinación acerca de si el Tribunal Fiscal de la Nación y esta Cámara deben hacer mérito de las consideraciones efectuadas por el juez penal en su sentencia, requiere de un análisis ajustado a las particularidades de cada causa.
Ello es así, más aún, en los casos en los que —como en el de autos— exista una causa penal iniciada por la denuncia de una contribuyente — quien, a su vez, resulta ajustada y determinada de oficio por el organismo recaudador nacional— contra una serie de empleados infieles que perpetraron un delito de defraudación por administración fraudulenta en su contra.
En virtud de lo expuesto, SE
I. Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora y, en consecuencia, revocar la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido, en los términos de los considerandos III, VII, VIII, IX, X y XI de la presente. II. Imponer las costas — de ambas instancias— a la vencida (arts. 68, primer párrafo, y 279, del CPCCN). En atención a la forma en que se resuelve, déjese sin efecto las regulaciones de honorarios practicadas —con fecha 18 de octubre de 2024— a la representación procesal y patrocinio letrado de la parte demandada, lo que torna insustancial el tratamiento de los recursos interpuestos por las partes actora —quien también fundó su recurso— y demandada con fechas 23 de octubre de 2024 y 25 de octubre de 2024, respectivamente, que fuera contestado por la parte demandada —exclusivamente— con fecha 16 de diciembre de 2024.
A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional, se hace constar que —por hallarse vacantes dos cargos de jueces de esta Sala— suscribe la presente el Dr. Jorge Eduardo Morán; quien integra este Tribunal en los términos de la Acordada n° 3/25 de esta Cámara.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ JORGE EDUARDO MORÁN
Fin de la sentencia