Abriendo la norma
Juzgado en lo Civil y Comercial N.º 7 de Avellaneda · Causa 24057
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declararme incompetente para intervenir en las presentes actuaciones, correspondiendo conocer al Juez del domicilio real del consumidor sito en la ciudad de Mar del Plata (art.36, 65 de la ley 24240 y arts.3 y 4, CPCC).
EXPTE. 24057
CM
Avellaneda, en el día de la firma digital.-
Por recibido. Téngase presente el dictamen del Sr. Agente Fiscal que antecede.
AUTOS Y VISTOS: Encontrándose las presentes actuaciones para resolver la competencia atribuida al infrascripto en la presente acción basada en una relación de consumo (Ley nacional de defensa del consumidor y el usuario N°24.240).
I.-) Que la ley 26361, modificatoria de la ley 24.240 de Defensa del Consumidor en su Art.36 establece que, resulta competente para entender en los litigios relativos a operaciones financieras y créditos para consumo el juez del domicilio real del consumidor, regla que encuentra su marco de aplicación en los juicios promovidos en que son parte los consumidores y en resguardo del derecho de defensa de estos últimos, en particular, ante un eventual uso abusivo de la cláusula de prórroga de jurisdicción.
II.-) Que la ley de Defensa del Consumidor es de orden público y de raigambre constitucional según surge del Art.42 de la Constitución Nacional y se dirige a proteger los derechos de la parte débil de la relación jurídica (art.65 ley 24240).
III.-) Que el Máximo Tribunal Provincial ha establecido que en esta clase de relaciones de financiación para consumo está prohibido toda cláusula que prorrogue la Jurisdicción establecida por la misma: "Luego de la sanción de la Ley 26.361, el legislador se ha encargado de establecer la ineficacia de toda cláusula de prórroga de jurisdicción en el ámbito de las relaciones de consumo, por su sola introducción en el contrato" (SCBA, RC, 117.511, 2-5-2013, caratula: "Santa Mónica S.A c/ de Pedro, Ruben Dario y otro s/ Cobro Ejecutivo).
En virtud de ello, resulta ser labor de los magistrados, hacer un examen respecto de la demanda instaurada, a los efectos de hacer cumplir dicha norma de orden público (SCBA, RC, 109.193, 11-8-2010, caratula: "Cuevas Eduardo Alberto c/ Caceres Claudio Maximiliano s/ Cobro Ejecutivo).
IV.-) Que en aras de definir si la relación jurídica traída a decisión en autos se encuentra regida por las normas tuitivas del consumidor y, por ende, son de aplicación las pautas sentadas precedentemente, ha dicho nuestro máximo órgano jurisdiccional provincial que los jueces se hallan habilitados a realizar esta subsunción a partir de la constatación de elementos serios y adecuadamente justificados de la existencia de un vínculo jurídico consumeril a que se refiere el art. 36 de la ley 24.240 -texto según ley 26.361- (SCBA, C. 109.305, resol. del 1-IX-2010, in re "Cuevas, Eduardo Alberto c/ Salcedo, Alejandro René. Cobro ejecutivo"; C. 116.507 resol. del 7-III-2012, in re "Carlos Giúdice S.A. c/ Delgadillo Heredia, Agapito. Cobro ejecutivo"; C. 117.245, sent. de 3-IX-2014, "Crédito para todos S.A. c/ Estanga, Pablo Marcelo. Cobro ejecutivo"; C. 122.072 resol. de 20-XII-2017, in re "Consumo S.A. c/ Galera Encarnación. Cobro ejecutivo").
Que atento lo expuesto, es de advertir que en los presentes actuados se pretende el cobro de un crédito para el consumo por parte de un acreedor que se dedica habitualmente al otorgamiento de este tipo de títulos, razón por la cual he de concluir que nos encontramos en presencia de una relación regida por el plexo normativo consumeril en los términos de los arts. 1 a 3 de la ley 24.240, aseveración que encuentra respaldo en el dictamen del Agente Fiscal de fs. 24/25.
V.-) Que a fs. 17 c onsultado que fuera el aplicativo de la página web de la SCBA, surgió que el ultimo domicilio perteneciente a la señora Luna Morena Aguilar c on DNI N° 41.399.735 , registrado ante el Registro Nacional de las Personas resulta ser Corrientes 3463, General Pueyrredón, Mar del Plata (Resolución SC975-21 SCBA - Convenios de Cooperación Institucional N°569/21 y 604/22 suscriptos entre el Registro Nacional de las Personas y la SCBA).
VI.-) Que, ante tal proceder y corrida que fuera en vista la causa, a fs. 9, el sr. Agente Fiscal manifestó que: "(...) Ahora bien, en este orden entiendo que este vínculo entre la actora y demandado, resulta de aquellos categorizadas como de consumo financiero, en los términos de los arts. 1, 2, 3 y 36 de al norma citada. Sentado ello, y atento que el domicilio del consumidor accionado resulta ser en la localidad de General Pueyrredón, SS no resulta competente para continuar interviniendo en autos; máxime, que al ser estas normas de orden público, la competencia territorial no puede ser prorrogada por la voluntad de las partes. En consecuencia deberá remitir la presente al Juzgado en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Mar del Plata por corresponder."
VII.-) En relación a si corresponde la declaración de incompetencia por parte de los magistrados cuando nos encontramos frente a una relación de consumo, cabe destacar el criterio adoptado por la Suprema Corte de Justicia de la Pcia. de Bs. As. En el citado precedente "Cuevas", el máximo tribunal provincial expuso que los jueces se encuentran autorizados a declarar de oficio la incompetencia territorial a partir de la constatación (mediante elementos serios y adecuadamente justificados) de la existencia de una relación de consumo a las que se refiere el art.36 de la ley 24.240 modif. por ley 26.361 (conf. causa C. 118.111, "U.O.L.E. S.A", resol. de 29-IV-2015). Y que la doctrina que fluye de ese precedente, emplaza al juez en la situación de analizar, en cada proceso en particular, la eventual existencia de una relación sustancial de consumo. De allí que la respectiva competencia territorial queda sujeta, en principio, al resultado de tal evaluación (causas C. 121.094, "Asociación Mutual 4 de Marzo de Empleados Públicos", resol. de 26-X-2016; C. 121.514, "Banco de la Ciudad de Buenos Aires", resol. de 23-V-2017 y C. 121.989, "Radio Sapienza S.A.C.I.I.", resol. de 22-XI-2017).
Siendo que quien suscribe, entiende que la consulta efectuada al Re.Na.Per. resulta ser elemento sustancial y suficiente para determinar el domicilio del demandado, y por ende, la competencia para entender en las presentes actuaciones, corresponde basarse en ello para hacer valer el aludido régimen protectorio de estricto orden público.
En ese orden, el Máximo Tribunal Provincial ha ratificado la postura que venimos sosteniendo en lo que respecta a las consultas efectuadas: " En tanto la inhibición de oficio del magistrado, fundada en el artículo 36 de la ley de defensa del consumidor, basada en la existencia de una típica relación de consumo, se apoyó en el informe proveniente del Registro Nacional de las Personas que menciona el domicilio de las demandadas fuera de su jurisdicción, ello es suficiente para determinar su falta de competencia, mas allá de la opinión o disimil apreciación del magistrado que recibirá la causa (SCBA LP Rc 123825 I 27/05/2020 Carátula: Casavi S.A. c/ Lucena, Ana Sandra y otro - a s/ Cobro ejecutivo, Magistrados Votantes: Pettigiani-Genoud-Kogan-Torres).
VIII.-) Que atento las constancias de autos y los fundamentos ut supra esgrimidos y a fin de no vulnerar el derecho de defensa en juicio de la aquí ejecutada, siendo que el domicilio real de la misma se encuentra en la Ciudad de Mar del Plata;
1. Declararme incompetente para intervenir en las presentes actuaciones, correspondiendo conocer al Juez del domicilio real del consumidor sito en la ciudad de Mar del Plata (art.36, 65 de la ley 24240 y arts.3 y 4, CPCC). REGISTRESE. NOTIFIQUESE por Secretaría al domicilio electrónico constituído de la parte actora.
2. Firme la presente, dese de baja en el Registro Informático de Secretaría, líbrese oficio a la Receptoría General de Expedientes Departamental a fin de que tome conocimiento y remítanse a la Receptoría General de Expedientes del Departamento Judicial de Mar del Plata, para que proceda a realizar el sorteo correspondiente.-
MARTIN ALFREDO BOTASSI
JUEZ
Firmas
Funcionario firmante: BOTASSI Martin Alfredo - JUEZ
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES - Número: RR- 1410-2026
Fin de la sentencia