Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de San Martín, Sala III · Causa 88535
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar la resolución dictada en fecha 06/08/2026 en lo que fuera materia de agravios, debiendo continuar los autos según su estado.
2Imponer las costas de Alzada por su orden, atento a la ausencia de contradicción (arg. art. 68 segundo párrafo CPCC).
3Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la Ley 14.967).
Causa Nº 88.535 Sala Tercera.-
JCC 2
"BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ BRIZUELA ESTER MAGDALENA S/ COBRO EJECUTIVO"
En General San Martín, se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores Jueces de la Sala Tercera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial San Martín, Dres. Ricardo Daniel Alonso y Mariana Kaul (Acs. Exts. 666, y su modificatoria N° 911, y N° 913 del Tribunal), para pronunciar sentencia en los autos caratulados: "BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ BRIZUELA ESTER MAGDALENA S/ COBRO EJECUTIVO" , y habiéndose practicado oportunamente el sorteo que prescriben los arts. 168 de la Constitución Provincial y 266 del Código Procesal, resultó que la votación debía realizarse en el orden siguiente: Dra. Kaul - Dr. Alonso. El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
1. ¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?
2. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión, la Señora Juez Dra. Kaul dijo :
I. Contra la sentencia de fecha 06/08/2026, por la cual el magistrado de grado rechaza la presente acción disponiendo se canalice a través del proceso de conocimiento (conf. arts. 320 y ccdtes del CPCC), se alza el ejecutante el 07/08/2026.-
Resulta fundado su remedio procesal con fecha 11/08/2026, y toma conocimiento de la resolución dictada el Sr. Agente fiscal el 25/08/2026.-
II. Cuestiona la errónea aplicación del artículo 288 del CCCN, al exigir firma digital y desconocer la normativa especial aplicable. Alega que el instrumento base de ejecución es un contrato de tarjeta de crédito regido por la Ley 25.065, la cual prevalece sobre el régimen general y admite la firma electrónica cuando asegure la autoría e integridad del instrumento, ello atento al art. 6 inc. "k".-
Señala, además, que se encuentra acreditado que el contrato fue celebrado mediante un proceso de captura válido -firma electrónica PAD- sistema que permite obtener la firma ológrafa del cliente junto con sus datos grafométricos (velocidad de escritura, presión, aceleración y características de los trazos), posibilitando su posterior verificación pericial.-
Destacando que la validez de la firma electrónica avanzada, también conocida como firma PAD, se encuentra regida por la Ley 25.506 de Firma Digital, y por la Ley 27.446 de Simplificación y Desburocratización de la Administración Pública Nacional, las cuales otorgan plena validez jurídica a dicha firma electrónica siempre que se cumpla con los requisitos de autenticidad, integridad y no repudio.-
Por otro lado, continúa alegando que el resolutorio omite considerar el régimen de la Ley 25.506, que reconoce eficacia jurídica a la firma electrónica (art. 5), disponiendo únicamente que, en caso de desconocimientos corresponderá a quien la invoca acreditar su validez.-
En consecuencia, concluye que la decisión resulta arbitraria al prescindir de la normativa especial aplicable y de las constancias de la causa, cita jurisprudencia en apoyo a sus dichos, solicitando su revocación.-
III. La cuestión sometida a conocimiento de este Tribunal consiste en determinar si los contratos de emisión de tarjetas de crédito suscriptos mediante dispositivos electrónicos de captura de firmas (PAD) resultan susceptibles de adquirir fuerza ejecutiva mediante la preparación de la vía prevista por los arts. 521, 523 y concordantes del CPCC y el art. 39 de la Ley 25.065.-
Al respecto, esta Sala se ha expedido recientemente en un supuesto sustancialmente análogo, mediante sentencia de fecha 22/10/2026, causa N° 88.059, caratulada "Banco de la Provincia de Buenos Aires c/ Romero Alejandra Maribel s/ Cobro Ejecutivo" (RS-266-2026), en el que se examinó la aptitud de los contratos de tarjeta de crédito suscriptos mediante dispositivos electrónicos de captura de firma manuscrita para preparar la vía ejecutiva; y cuyos fundamentos resultan aplicables al caso de autos.-
En efecto, de la compulsa de las actuaciones, se evidencia que el accionante inicia la presente ejecución con el fin de preparar la vía ejecutiva y así, obtener el cobro de $ 2.852.915,55 por el saldo generado por el uso de la tarjeta de crédito VISA cuenta N° 1235009871, y el cobro de $3.289.234,54 por el saldo generado por el uso de la tarjeta de crédito MASTERCARD cuenta N° 001677677-7 (conf. demanda de fecha 28/04/2026).-
No encontrándose controvertida la existencia de una relación de consumo entre las partes (Ley 24.240), corresponde analizar las constancias de autos a fin de dilucidar si el instrumento en que se sustenta la pretensión resulta apto para preparar la vía ejecutiva.-
El juez, como director del proceso y en uso de sus facultades, debe analizar si el documento acompañado es susceptible de ejecución, puesto que no corresponde preparar la vía ejecutiva respecto de un instrumento que, aun reconocido, no traería aparejada ejecución (conf. arts. 519 y 529 del CPCC).-
Dispone el art. 523 inc. 1 del citado cuerpo legal que "Podrá prepararse la acción ejecutiva, pidiendo previamente: 1. Que sean reconocidos los documentos que por sí solos no traigan aparejada ejecución". Dicho procedimiento constituye el medio previsto por la ley adjetiva para integrar el título y obtener su completitud. De tal modo, si se tiene por reconocida la firma inserta en un instrumento privado, quedará preparada la vía ejecutiva, lo que habilitará el libramiento del mandamiento de intimación de pago, embargo y citación para oponer excepciones (arts. 521 inc. 2, 523 inc. 1, 524 y 525 del CPCC).-
IV. Ahora bien, nos encontramos frente a la ejecución de dos saldos deudores de tarjetas de crédito (art. 39 de la Ley 25.065), las que fueron adquiridas en la entidad bancaria mediante la suscripción de la documentación correspondiente, cuyos contratos fueron firmados ológrafamente por el deudor en un dispositivo electrónico que captura firmas, denominado PAD (modelo Wacom DTU-1141).-
Conforme lo expuesto por la recurrente, los documentos fueron suscriptos mediante un dispositivo electrónico de captura de firma (PAD), que registra la firma ológrafa del cliente y conserva sus datos biométricos.-
De ello se sigue que el acto material de firmar es, tanto en la firma sobre papel como en la capturada por el dispositivo, manuscrito: lo que varía es el soporte, no el acto. En efecto, la diferencia entre una firma tradicional y una realizada mediante un dispositivo PAD radica principalmente en el soporte en que queda registrada la grafía: en la primera, el papel; en la segunda, un dispositivo electrónico que captura y conserva la información gráfica y biométrica de la firma (velocidad de escritura, presión, aceleración y demás características de los trazos).-
Esta circunstancia distingue el supuesto de autos de otras modalidades de firma electrónica, tales como la aceptación mediante un clic o el ingreso de claves o códigos de validación, en las que no existe grafía alguna que reconocer ni que peritar. Aquí, en cambio, existe una firma manuscrita susceptible de ser reconocida por el citado (art. 523 inc. 1 del CPCC) y, en caso de desconocimiento, de ser sometida a cotejo pericial, incluso con mayores elementos que los que ofrece la firma estampada en papel, pues a los rasgos morfológicos se suman los parámetros dinámicos del trazo.-
Así lo ha entendido la Sala I de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Lomas de Zamora en un supuesto sustancialmente análogo, en el que admitió la preparación de la vía ejecutiva respecto de un contrato de tarjeta de crédito suscripto mediante un dispositivo de captura de firma (causa "Banco de la Provincia de Buenos Aires c/ C. R. A. s/ Cobro Ejecutivo", 11/03/2025).-
Todo ello permite sostener que no se trata simplemente de la imagen de una firma, sino de la captura del acto escritural realizado por el propio sujeto. Todo lo que, se aduna, puede ser objeto de pericia.-
En función de lo hasta aquí reseñado, debe colegirse que los documentos traídos a ejecución integran la categoría de instrumento privado (que son aquellos instrumentos particulares que están firmados con firma ológrafa o digital), siendo estos respecto de los cuales el Código procesal permite la preparación de la vía ejecutiva.-
V. Lo expuesto no importa tener por acreditadas la autoría ni la integridad del instrumento. Las afirmaciones de la recurrente acerca de la inalterabilidad de los formularios y la imposibilidad de replicar la firma constituyen, en este estado, manifestaciones de la propia parte, que deberán ser corroboradas si el citado desconoce la firma. La preparación de la vía ejecutiva es, precisamente, el mecanismo que la ley procesal prevé para obtener ese reconocimiento, y su habilitación no prejuzga sobre la existencia ni la exigibilidad de la deuda.-
Ahora bien, tratándose de una firma electrónica y no de una firma digital, no rige a su respecto la presunción de autoría del art. 7 de la Ley 25.506. Por ello, en caso de desconocimiento, la carga de acreditar la autenticidad de la firma pesa sobre la ejecutante (art. 5 de la Ley 25.506 y art. 375 del CPCC), solución que, por otra parte, resulta concordante con la tutela que el ordenamiento confiere al consumidor (arts. 42 de la Constitución Nacional, 1094 del CCCN y 3 de la Ley 24.240).-
Dadas las particularidades del soporte, estimo necesario fijar algunas pautas para el supuesto de que el citado niegue la firma (art. 526 del CPCC), sin perjuicio de las facultades del magistrado de grado en la dirección del proceso (art. 36 del CPCC).-
La autenticidad de una firma capturada mediante un dispositivo PAD no puede determinarse sobre la impresión del documento, que sólo reproduce una imagen gráfica de la grafía y prescinde, justamente, de los datos biométricos que la apelante invoca como garantía de autoría. El propio sistema, según lo expuesto por la recurrente, resguarda esos datos con la finalidad de permitir su ulterior peritaje: es sobre ellos, entonces, que debe recaer el examen.-
Si bien el art. 526 del CPCC alude al dictamen de "un perito", la naturaleza del soporte exige conocimientos que no se reúnen en una misma especialidad: la extracción y verificación de integridad de los datos es materia informática, mientras que el cotejo de la firma es materia grafotécnica. La intervención complementaria de ambos peritos -o, en su caso, la designación de un perito calígrafo asistido por un perito informático- adecuará el trámite a la prueba que la propia ejecutante ofrece como fundamento de la autenticidad del instrumento.-
Si la ejecutante no pudiera producir los datos biométricos o acreditar su vinculación con el documento, no podrá tenerse por acreditada la autenticidad de la firma desconocida, con las consecuencias que de ello se derivan.-
En conclusión, lo resuelto por el sentenciante de grado, no resulta ajustado a derecho.-
Por ello, a la primera cuestión, voto por la NEGATIVA .-
El Sr. Juez Dr. Alonso, votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.-
A la segunda cuestión, la Señora Juez Dra. Kaul dijo :
En atención al resultado de la cuestión anterior, corresponde revocar la resolución dictada en fecha 06/08/2026 en lo que fuera materia de agravios, debiendo continuar los autos según su estado.-
Imponer las costas de Alzada por su orden, atento a la ausencia de contradicción (arg. art. 68 segundo párrafo CPCC).-
Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la Ley 14.967).-
Así lo voto .-
El Sr. Juez Dr. Alonso, votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.-
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE : 1°) REVOCAR la resolución dictada en fecha 06/08/2026 en lo que fuera materia de agravios, debiendo continuar los autos según su estado. 2°) IMPONER las costas de Alzada por su orden, atento a la ausencia de contradicción (arg. art. 68 segundo párrafo CPCC). 3°) DIFERIR la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la Ley 14.967). REGISTRESE. NOTIFIQUESE. DEVUELVASE.-
Firmas
Funcionario firmante: KAUL Mariana - JUEZ
Funcionario firmante: ALONSO Ricardo Daniel - JUEZ
Funcionario firmante: GORGONE Bruno José - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS - Número: RS- 294-2026
Fin de la sentencia