Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 170.768
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora y, en consecuencia, revocar parcialmente la sentencia de primera instancia y ordenar que los intereses reclamados por la entidad financiera sean liquidados de conformidad con las alícuotas pactadas en los respectivos contratos;
II. Imponer las costas a la demandada (art. 68 del CPCCBA), III. Diferir la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno (art. 31 de la Ley 14.967). IV.
REGISTRADA BAJO EL Nº Fo.
Expte. Nº 170768 Juzgado Civil y Comercial N°6 En la ciudad de Mar del Plata, reunida la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados “BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ CAMBRE, MAURO S/ COBRO SUMARIO”, habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Ricardo D. Monterisi y Roberto J. Loustaunau.
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes C U E S T I O N E S 1ª) ¿Es justa la sentencia definitiva dictada el 3 de marzo de 2020? 2ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Monterisi dijo:
I. a. La sentencia dictada el 3 de marzo de 2020 por la Jueza titular del Juzgado Civil y Comercial N°6 departamental viene a conocimiento de este Tribunal de Alzada con motivo del recurso de apelación interpuesto por la parte actora el 13/03/2020.
En lo que aquí interesa destacar, la jueza hizo lugar a la demanda por cobro de pesos promovida por el Banco de la Provincia de Buenos Aires contra Mauro Abel Cambre y condenó a este último a abonarle a la actora $22035,50.- más intereses y costas.
Para así decidirlo, afirmó que la accionante acreditó la existencia de la deuda reclamada. Con cita de la pericia contable, indicó que el demandado fue usuario de una tarjeta de crédito VISA -contrato suscripto el 17-4-08- y fue además titular de la cuenta 506619-0 a partir de un negocio celebrado el 20-08-2013. Agregó que las deudas reclamadas se ajustan a las constancias contables que aportó la entidad financiera, sucursal Balcarce.
Sobre esa base, más la absolución de posiciones en rebeldía, concluyó que la demanda debía prosperar por el total reclamado: $22035,50, de los cuales 5012,44 corresponden a un convenio de refinanciación y $17023,06 a un mutuo.
Con relación a los intereses, luego de describir diversas cláusulas del contrato de refinanciación y de mutuo (que refieren a intereses compensatorios, moratorios y punitorios), argumentó que el banco no cumplió el derecho a una información clara y detallada. Dijo que los accesorios fueron fijados con una remisión a un porcentaje que se computa sobre una tasa vigente, a la vez que se incorpora una tasa adicional expresada en una porción de la que se aplica a redescuentos para atender situaciones de liquidez. Expuso que «dichos conceptos resultan ajenos para los consumidores resultando verdaderamente dificultosos para éstos conocer en forma adecuada y veraz las consecuencias de su morosidad». Agregó que el sistema de capitalización previsto en el contrato requería una alerta especial al consumidor sobre la “real entidad del cálculo de intereses” lo que tampoco surge de la cláusula enumerada.
Concluyó, sobre la base de lo normado por el art. 37 de la Ley 24.240, que deben tenerse por no escritas las cláusulas 3° y 7° del contrato de refinanciación y las cláusulas 4° y 11° del mutuo.
Por último, fijó la fecha de mora el 8/12/2014 (para la refinanciación) y 01/07/2014 (para el mutuo) y dispuso que los intereses se calculen a la tasa promedio anual difundida por el Banco Central de la República Argentina, vigente a la fecha de la celebración del contrato (art. 36 de la Ley 24240).
II. Agravios de la actora.
El Banco de la Provincia de Buenos Aires fundó su recurso el 26/10/2020, sin merecer réplica de la contraria. Sus puntos de disconformidad pueden sintetizarse del siguiente modo:
(i) Afirma que las cláusulas reprobadas por la jueza se ajustan a lo establecido por los artículos 1378 del CCyC y por el art. 36 de la Ley 24.240. Transcribe las disposiciones negociales y argumenta que se encuentran contemplados 1) el importe a desembolsar inicialmente y el monto financiado; 2) la tasa de interés efectiva anual por cada crédito, 3) el costo financiero total, 4) el sistema de amortización del capital y cancelación de los intereses y 5) la cantidad, periodicidad y monto de los pagos a realizar. (ii) Dice que las cláusulas no desnaturalizan las obligaciones ni limitan la responsabilidad por daños; tampoco importan renuncia o restricción de los derechos del demandado ni ampliación de los de la actora, o inversiones de la carga probatoria. No hay motivo -refiere- para anular las cláusulas ni para aplicar la tasa prevista en el art. 36 de la Ley 24.240.
(iii) Argumenta que la jurisprudencia de esta Sala ha convalidado este tipo de cláusulas y el modo de pactar las tasas de interés, a la vez que ha considerado improcedente la reducción oficiosa de las alícuotas acordadas en el contrato. Expone, finalmente, que la jueza está autorizada a corregir las eventuales inequidades que pudieran derivarse de la aplicación de las tasas al momento de practicarse la liquidación.
III. La solución del caso a. El recurso es procedente.
La colega de primera instancia declaró la nulidad parcial de los dos contratos que dan base al reclamo de la entidad financiera (un convenio de refinanciación de deuda y un contrato de mutuo) y dejó sin efecto las cláusulas que regulan los intereses compensatorios, moratorios y punitorios. En su reemplazo, ordenó aplicar la tasa que contempla el art. 36 de la Ley 24.240 (pasiva anual promedio difundida por la autoridad monetaria). Si bien a fs. 138/vta ante último párrafo se dice que las cláusulas declaradas nulas son las que “determinan los intereses moratorios y punitorios” lo cierto es que tales disposiciones negociales regulan también los compensatorios (cláusula séptima del convenio y onceava del mutuo), por lo que en lo sucesivo interpretaré que la decisión aprehende a los tres tipos de accesorios El argumento central que sostiene esa decisión puede resumirse en la siguiente idea: las tasas con las que se calculan los intereses remiten a un porcentaje a computar con respecto a otra tasa, todo lo cual constituye una modalidad dificultosa y ajena para los consumidores (sic, fs. 138) que impide conocer las consecuencias de su morosidad. Tal circunstancia implica el incumplimiento al deber de información.
b. No comparto las premisas que conforman el razonamiento de la colega: ni la premisa fáctica (que exista en el caso una violación al deber de información) ni la premisa normativa (que ello motive una declaración de nulidad oficiosa con fundamento conjunto en los artículos 36 y 37 de la Ley 24.240).
Evaluaré estos puntos por separado.
b.1. Sobre la violación al deber de información.
b.1.i. La nulidad parcial de los contratos que es objeto de recurso no reposa en la omisión de alguno de los puntos mencionados en el art. 36 de la Ley 24.240 sino que se funda en la [supuesta] dificultad en su comprensión. Ello significaría que -a la luz del enfoque que emerge en la sentencia de primera instancia- la nulidad que tiene derecho a demandar el consumidor "cuando el proveedor omitiera incluir alguno de estos datos" (sic, art. 36 LDC) ha sido extendido a aquel supuesto en el que la información está presente, pero no se comprende o es “ajena” al usuario. A su vez, esa dificultad en la comprensión ha sido interpretada -o identificadacomo un supuesto de cláusula abusiva que debe ser tenida por no escrita (art. 37 LDC).
Sobre la identificación entre lo confuso, lo omitido y lo abusivo volveré más abajo al evaluar los fundamentos normativos del fallo. Me interesa aquí analizar el presupuesto de hecho que motiva la ineficacia que agravia a la actora.
En este punto tiene razón la recurrente cuando afirma que los contratos que fundan la pretensión del banco accionante cumplen con la información que exige el art. 36 de la Ley 24.240 para este tipo de negocios. Más aún, incluso cuando se admita aquella interpretación (donde lo confuso se identifica con lo omitido y con lo abusivo), lo cierto es que la nulidad negocial tampoco es procedente.
El hecho de que un contrato bancario fije las tasas de interés con remisión a otras alícuotas o parámetros de referencia externos o internos al vínculo negocial no constituye una modalidad que pueda ser calificada, por esa sola razón, como dificultosa o ajena al consumidor.
Los contratos que dan base a este pleito adoptan un sistema de tasas variables. Las tasas variables, por definición, fluctúan al son de una tasa de mercado que opera como índice o referencia externa. El precio de la financiación (intereses compensatorios) o el costo de la mora (intereses moratorios o punitorios) se establecen mediante la determinación de un porcentaje o porción respecto del índice previsto en el contrato. No hay posibilidad de celebrar contratos bancarios con tasas variables sin recurrir a una o varias referencias externas que pueden crecer o decrecer según los vaivenes del mercado, las decisiones de la autoridad monetaria y otro complejo entramado de factores que impactan en la tasa índice que se ha escogido. Nada de ello resulta per se dificultoso o ajeno al consumidor ni imposibilita que se evalúe la conveniencia de celebrar la operación en las condiciones que el banco propone (aun en forma predispuesta y mediante contratos formulario).
El propio Banco Central de la República Argentina explica al público en general que utiliza los servicios bancarios que en los contratos que prevén tasas variables el cliente «tiene que conocer cuál será el parámetro para su ajuste» ("10 Recomendaciones sobre como contratar un préstamo personal", Banco Central de la República Argentina, en http://www.bcra.gov.ar/BCRAyVos/10R_contratar_prestamo_personal.asp). Los contratos invocados por el banco accionante en este proceso señalan con claridad cuáles son esos parámetros con los cuales establecer la alícuota aplicable a cada período, al margen de explicitar las tasas nominales y efectivas aplicables al primer año.
Es más, algunas formas de financiación a largo plazo expresadas en moneda nacional pueden potencialmente resultar más costosas para el consumidor si el banco se viese obligado a utilizar siempre tasas fijas nominalmente determinadas en los contratos y en las que los intereses compensatorios deben internalizar la expectativa inflacionaria (contexto en el cual un pronóstico que sobreestime la inflación futura redundará en un perjuicio directo para el consumidor).
En resumen: en contratos de crédito con tasas variables (sean compensatorias o moratorias) no solo es admisible sino que es imperativo el uso de tasas testigo o índice que operan como referencias externas para establecer la alícuota aplicable a cada período. Esta modalidad, no solo no es confusa o ajena al consumidor (o al menos no lo es en abstracto, con independencia de alguna otra circunstancia que así permita definirlo y que debió ser alegada y acreditada por la parte interesada) sino que es la única opción posible para operar con tasas móviles.
b.1.ii. Tampoco es correcto afirmar, como se hace en la sentencia, que el pacto de anatocismo requiere que se informe “la real entidad del cálculo de intereses".
Tratándose de una financiación a tasa variable, el consumidor solo puede conocer [pues el banco solo puede informar] cuál será el costo que asumirá para el primer período implicado en la amortización. Luego de ello, la variabilidad de la tasa índice torna también voluble a los intereses pactados, imposibilitando su determinación a priori al momento de contratar. En ambas cláusulas que cita la colega (la tercera de la refinanciación; la cuarta del mutuo) se indica la tasa efectiva anual, lo que permite inferir que el interés es compuesto. La tasa efectiva, a diferencia de la tasa nominal, incorpora en la expresión numérica el impacto económico de la capitalización, según cuál sea la frecuencia que se haya pactado en el contrato. Dicho de otro modo, el mejor modo de informarle al consumidor el precio de la financiación (incluida la capitalización), es indicarle la tasa efectiva anual; y ese recaudo, en el caso, se encuentra satisfecho.
De hecho, el llamado CFT -costo financiero total- que el Banco Central regula en el punto 3.4.1. de la Reglamentación de las Tasas de Interés en las Operaciones de Crédito (Com. A-7143 y sus precedentes) importa adicionarle a la tasa efectiva anual el efecto de las comisiones y cargos. No solo el banco actor informó la TEA en ambos contratos, sino que también informó el costo financiero total (cláusula cuarta in fine del préstamo; cláusula tercera in fine de la refinanciación).
Por lo demás, la aplicación del estatuto consumeril a los servicios bancarios minoristas no debe redundar en la creación de estándares de cuidado tan bajos que terminen por tutelar aquel que contrata de modo desprevenido o incauto, sin evaluar la información que se le brinda o sopesar concienzudamente el alcance y la extensión de las obligaciones que se propone asumir para acceder al crédito. Estándares que, por su laxitud, terminan por brindar una salida jurisdiccional sencilla a aquel que supo [o pudo saber] qué obligaciones asumía pero que luego no puede o no quiere cumplirlas en tiempo y forma.
El derecho del consumo se inserta en el marco de una legislación civil que establece, con sabio criterio, un postulado general de la buena fe conforme el cual acreedor y deudor deben conducirse con cuidado y previsión (art. 723 del CCyC). La contratación de consumo obliga a aplicar con cautela este principio (lógicamente, sopesando las notorias asimetrías que subyacen a la posición que una y otra parte tienen en el mercado), pero no anula su vigencia ni restringe su aplicación a límites incompatibles con el normal funcionamiento de los negocios.
Por este motivo, reitero, creo que la sentencia se edifica en una premisa fáctica equivocada: las cláusulas negociales declaradas ineficaces no tienen los defectos que la jueza les endilga (dificultoso, confuso, con conceptos ajenos a los consumidores, etcétera) y no se verifica, al menos en este punto, una violación al deber de información y a los recaudos que impone el art. 36 de la LDC.
b.2. Sobre el fundamento normativo de la sentencia.
b.2.i. La premisa normativa del fallo es compleja, no solo por las reglas de derecho que se juzgaron aplicables sino también por la particular forma en que fueron interpretadas.
Inicialmente, la jueza consideró que el caso encuadra en la regla contenida en el art. 36 de la LDC [omisión del proveedor de informar diversos componentes técnicos de los contratos de financiación para consumo o crédito para consumo]. Así lo infiero del fallo cuando pone manifiesto una “violación al deber de información y a las modalidades y exigencias de este tipo de créditos”.
Se señala en el considerando «III» -y cito textual- que «[e]l art. 36 de la Ley 24.240 impone la pena de nulidad para el negocio de crédito si no se informa claramente al consumidor sobre la integración de la cuenta de intereses y su incidencia sobre el precio». La referencia a la “pena de nulidad” no es menor, dado que esa fue precisamente la decisión adoptada en la parte dispositiva. A su vez, el fallo identifica la información confusa o dificultosa (como la que considera que emerge de las cláusulas impugnadas) con la información omitida, considerando a una y otra indistintamente como presupuestos de hecho que justificaría la “pena” a la que hace referencia con cita del art. 36 de la LDC.
Sin embargo, a párrafo seguido, y luego de afirmar que “tal información obligatoria para el proveedor se encuentra incumplida” (debiendo interpretarse aquí que se refiere al extenso listado de requisitos que el artículo 36 de la LDC exige para este tipo de contratos), la magistrada muda su encuadre legal y cita expresamente el artículo 37 de la Ley 24.240 con resaltado en su inciso “b”, afirmando que la falta de información “incide sobre la abusividad de la cláusula”.
Esto significa que de considerar que el caso trata de una nulidad por falta [o defecto] de información en un contrato de financiación a consumidores (art. 36 LDC) pasó a evaluar el caso como un supuesto de nulidad por cláusula abusiva de aquellas que “importen renuncia o restricción de los derechos del consumidor o amplíen los derechos de la otra parte” (art. 37.b de la LDC).
Sobre la base de esta última norma (art. 37 LDC) expuso que la “infracción a estas mandas” (ignoro aquí a cuáles se refiere) “es tenerlas por no convenidas”. Acto seguido se abandona nuevamente el sistema de ineficacia regulado en el art. 37 de la LDC y vuelve a la solución específica que regula el artículo 36 de esa misma ley al integrar el contrato y aplicar la tasa pasiva anual promedio difundida por la autoridad monetaria que allí contemplada. b.2.ii. No comparto este encuadre porque creo que incurre en tres errores fundamentales:
(1) el primero, concebir a la información defectuosa o confusa en un contrato de crédito para consumo o financiación para consumo como un supuesto de “renuncia de derechos del consumidor a favor del proveedor”; es decir, identificar el carácter [supuestamente] confuso de la información contenida en una cláusula con un pacto negocial de carácter abusivo de aquellos que regula el art. 37 de la Ley 24.240;
(2) el segundo, derivado del anterior, aplicar de modo conjunto y amalgamado dos reglas de derecho (arts. 36 y 37 de la LDC) que regulan hipótesis fácticas distintas y que prevén soluciones normativas completamente diversas y (3) también derivado de lo anterior, se omitió aplicar la regla de derecho que aprehende los conflictos vinculados a la omisión (o al defecto) en la información brindada en contratos financieros de consumo, y que es la contenida en el art. 36 de la LDC (o en su caso, la parte final del artículo 37 que regula del mismo modo la violación al deber de información).
Explicaré estos puntos en los párrafos que siguen.
Tanto el artículo 36 como el artículo 37 de la Ley 24.240 tienen ámbitos de aplicación claramente delimitados. El primero regula una ineficacia negocial derivada de una falta de información en un tipo contractual específico; es una nulidad relativa que reposa en el modo en que la información omitida o incompleta afecta el consentimiento del contratante débil, quien por ese motivo no estará en condiciones de comprender el alcance y la extensión de las obligaciones asumidas.
La consecuencia normativa prescripta por el legislador para este supuesto en particular es muy clara: el consumidor tiene derecho a reclamar la nulidad (relativa) del contrato, sea en su totalidad o en alguna de sus cláusulas. En este último caso el juez debe realizar un proceso de integración que será libre en tanto no verse sobre la materia de intereses, donde la ley impone el uso de una tasa pasiva de referencia publicada por el Banco Central.
El artículo 37, en cambio, tiene un marco de aplicación más amplio y genérico, y contempla supuestos de cláusulas ineficaces por su carácter abusivo. Esta regla prevé potestades judiciales mucho más intensas -ejercitables de oficio- que pueden derivar en ineficacias más graves (nulidades absolutas), todo lo cual es coherente con el resto de la legislación civil general (art. 10 in fine del CCyC) y especial (arts.988, 1096, 1117 y 1118 del CCyC) en materia de ejercicio abusivo del derecho, prácticas abusivas y situaciones jurídicas abusivas.
Los operadores debemos procurar interpretar las reglas de derecho de modo armonizado y sistemático, asignándoles su verdadero sentido y alcance, delimitando adecuadamente tanto el presupuesto de hecho que cada norma aprehende como la consecuencia normativa que el legislador expresamente previó para cada caso particular.
No abastece esa exigencia de sistematicidad y coherencia aquella decisión que, como se verifica en este caso, se sustenta en un enroque de normas que regulan hipótesis fácticas diversas, donde se entremezclan los presupuestos de aplicación que ellas contemplan y se aglutinan indebidamente tanto las prerrogativas judiciales que en cada caso se regulan como los resultados institucionales que el legislador previó para cada supuesto.
Una interpretación semejante demostraría que el sistema normativo tiene, en este punto, una grave inconsistencia lógica puesto que dos normas (las que regulan la falta de información en contratos específicos, por un lado y la que regula la ineficacia de las cláusulas abusivas, por el otro) se superponen parcialmente al aprehender un mismo género de casos (en la lógica de la sentencia, sería “una abusiva omisión de brindar información adecuada en contratos de financiación”) y previendo cada una consecuencias jurídicas muy distintas e incompatibles entre sí (en un caso, nulidad relativa que requiere pedido de parte; en el otro, nulidad absoluta declarable de oficio).
Estas son las inconsistencias que Alf Ross denominaba de tipo “parcial-parcial”, que ocurren cuando una de las dos normas tiene un campo de aplicación en el cual entra en conflicto con la otra pero también tiene un campo adicional de aplicación en el cual no hay conflictos (Ross, Alf, “Sobre el derecho y la justicia”. 3ra ed. 1ra reimp. Buenos Aires: Eudeba, 2006, p. 164).
En rigor, tal inconsistencia es solo aparente: aun aceptando por hipótesis que el contrato celebrado por el demandado con el Banco de la Provincia de Buenos Aires hubiera omitido la información que exige el artículo 36 LDC para ese tipo de negocios (o, como lo consideró la colega, la hubiera brindado de modo confuso o dificultoso para el consumidor), el caso queda aprehendido por el artículo 36 de la Ley 24.240 o en la última parte del art. 37: se trata de una causal de nulidad relativa, que requiere necesariamente un pedido de parte interesada y que, por ese motivo, no puede ser declarada de oficio.
El punto de conexión que la colega halló para entremezclar ambas normas y adjudicarse la potestad de declarar de oficio una nulidad que requería pedido de parte ha sido, evidentemente, la identificación forzada entre una cláusula que contiene información supuestamente confusa o de difícil interpretación (art. 36 LDC) y una renuncia abusiva de derechos del consumidor a favor del proveedor (art. 37 primera parte).
No solo no encuentro en el fallo un motivo aceptable para justificar semejante asimilación, sino que considero que ese camino argumental reposa en una interpretación sumamente problemática del sistema de ineficacias negociales previsto en la legislación general (arts. 386 a 388 del CCyC) y especial (arts. 36 y 37 de la LDC) y los límites a los poderes jurisdiccionales que esa normativa contempla.
Es que, adviértase, dentro de las múltiples diferencias que subyacen al distingo entre nulidades absolutas y nulidades relativas, una de las más importantes es la facultad del juez como tercero imparcial para declarar la ineficacia negocial: es decir, qué puede o no puede hacer el magistrado frente a la causal de nulidad y si requiere para ello un pedido expresa de la parte interesada.
Ese distingo quedaría rápidamente desmantelado si a cualquier ilicitud de un proveedor -incluso las que tienen regulaciones específicas el lay- se la encuadra como práctica abusiva en los términos del art. 37 de la Ley 24.240, subterfugio conceptual mediante el cual fácilmente un juzgador podría adjudicarse la potestad de invalidar total o parcialmente contratos en forma oficiosa, sin pedido de parte, cuando se verifican hipótesis de hecho que, en rigor, la ley regula como simples causales de nulidad relativa.
Reitero este punto: tanto el artículo 36 de la Ley 24.240 [omisión de información en contratos de financiación] como el art. 37 in fine [violación genérica al deber de información en tanto no constituyan cláusulas abusivas] reconoce derechos, entendidos como potestades que el consumidor puede ejercer voluntariamente para defender sus intereses cuando demuestra la omisión en la determinación de los recaudos allí enumerados.
A la luz de la redacción que la norma contiene, es el consumidor -y no el juez- quien decide si ejerce o no las prerrogativas que la ley le concede frente al supuesto incumplimiento del acreedor; y es el consumidor -y no el juez- quien, además, decide cuáles son los fundamentos que dan base a la ineficacia que reclama. El impulso de la parte interesada no es condición suficiente, pero sí necesaria para declarar una nulidad total o parcial fundada en las causales que regulan los arts. 36 y 37 in fine de la Ley 24.240. Y he hecho referencia conjunta al artículo 36 de la LDC y a la parte final del artículo 37 de la Ley 24.240 al hablar de nulidad relativa por defectos de información en contratos de consumo, puesto que ambas normas prevén una misma solución. Aunque de modo general -y no referido puntualmente a los contratos financieros- el último párrafo del artículo 37 regula los defectos de información al referirse al oferente que viola el deber de buena fe “(...) o trasgreda el deber de información”, y seguidamente prescribe que el consumidor tendrá derecho a demandar la nulidad del contrato o la de alguna de sus cláusulas.
Es decir, aún bajo el marco de aplicación de la regla contenida en el artículo 37 (que, a diferencia del art. 36, no restringe su ámbito a los contratos financieros), la violación al deber de información -como aquella que halló la jueza en el caso- no deriva en una nulidad absoluta declarable de oficio con fundamento en un deber judicial de evitar pactos abusivos, sino también en una nulidad relativa por violación a la regla de la buena fe que solo es declarable en la medida en que el consumidor lo solicite. b.2.iii. Los tres problemas evaluados en párrafos precedentes -todos ellos relacionados con un incorrecto encuadre normativo del caso- han dado forma a una decisión que se revela problemática por dos motivos complementarios: el primero, de congruencia, dado que no se ha reparado en los límites en que quedó establecida la controversia (evaluando las defensas expresamente opuestas por el consumidor, y no otras); y, el segundo, legitimidad de la decisión en tanto acto de poder, dado que el órgano jurisdiccional se arrogó facultades que la ley no le otorga (declarando ineficacias negociales que requieren impulso de parte) y que se ejercieron a espaldas de la expresa voluntad del consumidor, imponiéndole a la fuerza una protección que no solicitó.
Brevemente me detengo en estas cuestiones.
El Banco de la Provincia de Buenos Aires demandó al Sr. Mauro Abel Cambre una deuda total derivada del saldo emergente de dos contratos: un convenio de refinanciación (originado, a su vez, en una deuda por tarjeta de crédito) y un préstamo personal. El juez actuante dispuso que el caso tramite bajo las reglas del proceso de conocimiento sumario (art. 320 del CPCCBA) y ordenó el traslado de la demanda. El Sr. Cambre se presentó y se limitó a alegar, en un lacónico párrafo de una única oración que no supera los tres renglones, que no recibió préstamo alguno ni tuvo una tarjeta de crédito. Así quedó definida la controversia y el proceso fue abierto a prueba, ámbito en el que la actora demostró que la aserción del demandado era falsa: celebró los contratos, recibió el préstamo y fue titular de una tarjeta de crédito Visa. Nada dijo el Sr. Cambre, pudiendo hacerlo, de algún problema para comprender las cláusulas de los negocios que suscribió con la entidad financiera ni deslizó, siquiera tangencialmente, que le resultó “dificultosa” o “ajena” la comprensión del alcance y extensión de las obligaciones que estaba asumiendo (o, dicho mejor, de la entidad económica de las consecuencias que tendría su mora, si se producía en un futuro, como se argumenta en el fallo). Todas estas circunstancias fueron decididas por la magistrada de primera instancia sin reparar en el alcance de la defensa opuesta por el accionado.
La indebida asimilación entre la información omitida o dificultosa y la noción de cláusula abusiva ha generado un resultado práctico que considero sumamente disvalioso: una decisión jurisdiccional que suple la defensa expresa y explícitamente opuesta por un consumidor particular en un conflicto negocial concreto y resuelve oficiosamente dos ineficacias negociales sobre la base de una afirmación genérica vinculada a lo que los consumidores (no el accionado, sino todos ellos, en general) pueden o no comprender o interpretar adecuadamente el contrato (no uno en particular, sino cualquiera que contenga una disposición contractual en la que se contemple un interés a tasa variable que, por definición, opera mediante una remisión a alícuotas testigo que definen su magnitud).
Me apresuro a aclarar que no es este un proceso ejecutivo en el que deba evaluarse de qué modo compatibilizar y armonizar la normativa tuitiva del consumidor de servicios financieros con los textos normativos que regulan, por un lado, los títulos de crédito usualmente creados en el marco de operaciones financieras minoristas (Dec-Ley 5965/63) y, por el otro, los procesos de cobro que prevén restricciones a las potestades de defensa del obligado al pago y que facilitan la circulación y eficacia del crédito (arts. 518 y sig. del CPCCBA).
Quiero decir con ello que no es éste un caso que se inserte en el amplio debate que ha girado -y sigue girando- en derredor del denominado «pagaré de consumo» y en el que se cuestiona cuáles son las potestades que tienen los magistrados en pretensiones ejecutivas fundadas en papeles comerciales que [se presume que] fueron creados en el marco de operaciones financieras para consumo o de crédito para el consumo (v.gr., si corresponde evaluar oficiosamente la competencia territorial, si es admisible ingresar en el estudio de la relación jurídica que subyace a la creación del título, si corresponde indagar oficiosamente -y en su caso, en qué etapa- la habilidad ejecutiva del título a la luz de los recaudos contenidos en el art. 36 de la Ley 24.240-, si es admisible que la ejecutante integre el título con documentos causales, si corresponde declarar -también oficiosamente- nulidades totales o parciales motivadas en tales normas, etcétera).
En otras palabras, no se trata de un proceso de cobro de un derecho que se presume existente por su particular forma de instrumentación (art. 518 del CCPCCBA), contexto en el cual, a la luz de la doctrina legal de nuestra Casación, tendría sentido asignarle un rol más activo a la jurisdicción si el acreedor pretende tomar provecho de caminos procesales que restringen las potestades de defensa del obligado al pago (SCBA, in re “Cuevas” -C.109305 del 01-09-2010-, “Asociación Mutual Asis” -C. 121684, del 14-08-2019- y “Recupero On Line S.A.” -C.122124 del 18-9-2019-; de esta Sala, mi voto en “Asociación Mutual Amarilla de los Trabajadores” - c. 168250 del 10-07-2019-).
El banco accionante invocó y controvirtió la existencia y extensión de un derecho creditorio con absoluta y completa libertad de alegación, prueba y defensa para ambas partes. Y es en ese ámbito que el demandado nada dijo sobre dificultad alguna para comprender el alcance de las obligaciones asumidas; se limitó, como señalé, a alegar una defensa que se probó insincera: que no tenía vínculo comercial con la entidad. Y si ello es así, surge una pregunta central: ¿por qué podría un magistrado afirmar que el contrato o algunas de sus cláusulas no se entienden o son ajenas a los consumidores si el único interesado que podría haber invocado alguna defensa con ese fundamento nada ha dicho al respecto?
Este tipo de decisión implica, en los hechos, transformar prerrogativas no ejercidas por el consumidor (en conflictos determinados y específicos) en potestades oficiosas de los jueces, fundadas en parámetros abstractos sobre lo que la jurisdicción considera que vivencian todos aquellos que integran la categoría de contratantes dentro de los que se considera incluido al accionado.
En el caso de autos, se reemplazó una defensa sustentada en la negación de la celebración del negocio (el consumidor alegó “yo no contraté con el banco”) por una decisión judicial que declara la existencia del vínculo negocial pero restringe su alcance por motivos establecidos en abstracto que se desentienden de [y reemplazan a] la estrategia de defensa del accionado (“usted celebró el contrato pero considero que no lo pudo entender por contener elementos ajenos al conocimiento de la categoría de contratantes a la que pertenece”).
No solo no puede justificar esta decisión la ya analizada identificación indebida entre la cláusula que contiene información [supuestamente] confusa y la cláusula abusiva (ver más arriba), sino que siquiera podría invocarse el orden público de la normativa consumeril (art. 65 LDC) como modo de legitimar semejante injerencia jurisdiccional en los intereses de uno de los litigantes, como usualmente se lo hace en cierto sector de la doctrina y de la jurisprudencia.
El orden público que declara tener la Ley 24.240 (art. 65) no lleva a afirmar que toda violación a una norma de orden público genera una nulidad de tipo absoluta, declarable de oficio, no saneable y cuya acción es imprescriptible. Una norma puede ser de orden público y, aun así, contemplar derechos cuyo ejercicio requiere una actividad o impulso de su titular (incluso aquellos que, de ser admitidos por un tribunal, redundan en ineficacias contractuales totales o parciales, como ocurre con el segundo párrafo del art. 36 de la Ley 24.240 al reconocer lo que «el consumidor tendrá derecho a demandar la nulidad del contrato» y también el propio art. 37 in fine de esa ley, al regular las violaciones al deber de buena fe y las trasgresiones al deber de información).
Antes bien, es menester evaluar cuidadosamente y en cada caso cuál es la regla de derecho que se supone ha sido inobservada y cuál es el interés que en ese supuesto se ve comprometido. Un canon de interpretación rígido e inflexible a la hora de aplicar las categorías reguladas en el art. 386 del CCyC (v.gr., la idea de que la violación a normas de orden público siempre genera nulidades absolutas) rápidamente puede mostrarse problemática: por caso, las reglas que regulan la capacidad de ejercicio en el Código Civil y Comercial son normas de orden público y, sin embargo, su violación da lugar a nulidades relativas en tanto el interés protegido es el particular y no el de la sociedad toda (de hecho, la legislación civil regula a este caso como una hipótesis de nulidad relativa -arts. 25, 32, 386, 388 y 1000 del CCyC-).
La Corte Federal ha dicho en reiteradas ocasiones que es un principio de recta interpretación que los textos legales no deben ser considerados, a los efectos de establecer su sentido y alcance, aisladamente, sino correlacionándolos con los que disciplinan la misma materia, como un todo coherente y armónico, como partes de una estructura sistemática considerada en su conjunto y teniendo en cuenta la finalidad perseguida por aquellos (Fallos: 242:247; 320:783; 324:4367; 338:962).
En el caso particular de las nulidades contractuales, no creo que sea compatible con esa pauta interpretativa adoptar decisiones oficiosas que [se supone que] protegen a un adulto capaz de hecho que celebra un contrato de consumo (haciéndolo, además, mediante la declaración de una nulidad absoluta, no saneable ni prescriptible) al mismo tiempo que, frente a una venta inmobiliaria realizada por un menor de edad, la misma jurisdicción considera que se trata de una nulidad relativa, requiriendo que la ineficacia negocial sea pedida por la parte legitimada (el incapaz o la persona con capacidad restringida o la otra parte, si fuere de buena fe y experimenta un perjuicio), tratándose además de un acto saneable por confirmación o por prescripción de la acción.
Insisto en este punto: el orden público implicado en la normativa protectoria de los consumidores y usuarios no debe llevar a afirmar que toda violación a sus normas deriva en nulidades absolutas. En el caso particular de la nulidad que «puede» solicitar el consumidor a la luz de lo normado en el segundo párrafo del art. 36 de la Ley 24.240 (e incluso a la luz del último párrafo del art. 37), entiendo que -por el modo en que ha sido expresada esa facultad, por el contenido de la norma y su contexto (arg. art. 962 del CCyC)- se trata de una prerrogativa en el que solo se protege un interés particular (el del consumidor), que deriva en una nulidad de tipo relativa que solo él puede reclamar y que versa sobre acto saneable y cuya acción es prescriptible (arg. art. 386 y 387 del CCyC).
Lo dicho no significa desconocer que la contratación por adhesión es propensa a contener cláusulas que omiten la información que la ley exige o que la proveen de modo deficiente. Pero aun admitiendo este escenario, no debe olvidarse que la ley civil y la ley tuitiva de los derechos del consumidor tienen herramientas específicamente diseñadas para proteger a aquel que se ha visto injustamente afectado por prácticas de esta naturaleza. Tal vez la primera y más importante medida para defender los derechos del consumidor sea reconocer y respetar su plena capacidad y autonomía para decidir cómo y cuándo defenderse, para decidir qué le conviene y qué no, para decidir cuándo y con qué fundamentos ejercer las prerrogativas que la ley le brinda. Esa instancia de reflexión permitirá, además, evaluar concienzudamente qué justifica (y podría llegar a legitimar) una actividad jurisdiccional que suple la voluntad y el albedrio de una persona adulta y capaz (que, además, se ha asesorado por un profesional letrado) y la reemplaza por una decisión estatal oficiosa que brinda una suerte de “tutela a la fuerza” a aquel que ninguna protección ha solicitado (arts. 386 in fine del CCyC, 36 y 37 in fine de la LDC, 34.4 y 163.6 del CPCCBA).
b.5. Conclusión Por todo lo dicho en el párrafo anterior, propondré al acuerdo revocar la decisión en lo que ha sido materia de agravio, dejar sin efecto las nulidades de las cláusulas tercera y séptima del convenio de refinanciación y cuarta y décimo primera del contrato de mutuo, y ordenar que los intereses reclamados por la entidad financiera sean liquidados de conformidad con las alícuotas pactadas en el contrato.
Ello sin perjuicio de que, como la propia recurrente lo reconoce y emerge de la doctrina legal de nuestra Casación, una vez arribada la etapa de liquidación, la magistrada podrá evaluar las eventuales desproporciones o inequidades que pudieran resultar de las tasas pactadas, justificando en su caso el ejercicio de las potestades contempladas en el art. 771 del CCyC (art. 10, 771 y cctes. del CCyC; SCBA, c. 102138 -"Folchi, A."- del 3-04-2014; esta Sala, c. 170194 -"Tambascio, C."- del 21-10-2020, c. 168316 del 8-10-2019).
ASI LO VOTO
El Sr. Juez Dr. Loustaunau votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A la segunda cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Monterisi dijo:
Corresponde: I. Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora y, en consecuencia, revocar parcialmente la sentencia de primera instancia y ordenar que los intereses reclamados por la entidad financiera sean liquidados de conformidad con las alícuotas pactadas en los respectivos contratos; II. Imponer las costas a la demandada (art. 68 del CPCCBA), III. Diferir la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno (art. 31 de la Ley 14.967).
ASI LO VOTO
El Sr. Juez Dr. Loustaunau votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
En consecuencia se dicta la siguiente:
Por los fundamentos dados en el precedente Acuerdo se resuelve: I. Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora y, en consecuencia, revocar parcialmente la sentencia de primera instancia y ordenar que los intereses reclamados por la entidad financiera sean liquidados de conformidad con las alícuotas pactadas en los respectivos contratos; II. Imponer las costas a la demandada (art. 68 del CPCCBA), III. Diferir la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno (art. 31 de la Ley 14.967). IV. REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE de forma -«Reglamento para la notificación por medios electrónicos»- mod. por art. 1 del Ac. 3991/20 de la SCBA). Oportunamente, devuélvase.
En Mar del Plata se procede a firmar digitalmente la presente resolución conforme la acordada 3975/20 de la SCBA.-
Fin de la sentencia