Abriendo la norma
Juzgado en lo Civil y Comercial N.º 7 de Morón · Causa MO-43018-2025
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaA) Hacer lugar a la demanda entablada por Banco de la Provincia de Buenos Aires, contra Alejandra Veronica Fojo
En consecuencia, condenar a ésta última a abonar a la parte actora Banco de la Provincia de Buenos Aires, la suma total de $1.996.336,33.-, con más sus intereses calculados de acuerdo a lo pautado en el considerando cuarto; dicho interés se aplicará a partir de la fecha de constitución en mora:
Préstamo personal de la línea Microemprendedores 335-5000395 por la suma de $ 750.000.- con fecha de mora 26/06/2024.
Préstamo personal de la línea Microemprendedores 335-9589143 por la suma de $ 412.300.- con fecha de mora 12/12/2023.
Tarjeta de crédito Mastercard cuenta N° 000696417-6 por la suma de $449.051,09.- con fecha de mora 10/02/2025
Tarjeta de crédito VISA cuenta N° 1072343628 por la suma de $438.714,61.- con fecha de mora 05/03/2025.
B) Imponer las costas a la parte demandada (art. 68, CPCC); y c) Diferir la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes para la oportunidad prevista en el art. 51 de la ley arancelaria.
Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nro. 7 (Departamento Judicial Morón)
Colón 151, 2do. piso (Edificio Tribunales) de la Ciudad de Morón. CP.: 1708
.- GP
Y VISTOS: Los autos del epígrafe, en trámite por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 7 Deptal., a mi cargo, venidos a despacho para dictar sentencia definitiva, de cuyas constancias;
I. A ps. 1, se presento el Dr. ARTURO ALBERTO BRIZUELA ACOSTA letrado apoderado del Banco de la Provincia de Buenos Aires inicia https://docs.scba.gov.ar/documentos?nombre=0e0cf5c3-5791-4760-9b4f-2d78183ee260.augusta&hash=853B84B70024EC92B256829EC872AB89 " style="color:#0563C1;text-decoration:underline ;">demanda https://docs.scba.gov.ar/documentos?nombre=0e0cf5c3-5791-4760-9b4f-2d78183ee260.augusta&hash=853B84B70024EC92B256829EC872AB89 " style="color:#0563C1;"> por cobro sumario de dinero por el saldo impago de los resúmenes de una tarjeta de crédito Mastercard, y una tarjeta de crédito Visa.
Dirige la demanda contra ALEJANDRA VERÓNICA FOJO, DNI N° 29951164 CUIL N° 27299511648.
Reclama la suma total de $1.996.336,33 más sus accesorios pactados en el título, intereses, costos y costas. (ver ps. 1 (15/12/2025 - DEMANDA - SE PRESENTA (238700436028049180))
Expone la presente acción tiene como fundamento la falta de pago de :
Préstamo personal de la línea Microemprendedores 335-5000395 por la suma de $ 750.000.- con fecha de mora 26/06/2024.
Préstamo personal de la línea Microemprendedores 335-9589143 por la suma de $ 412.300.- con fecha de mora 12/12/2023.
Tarjeta de crédito Mastercard cuenta N° 000696417-6 por la suma de $449.051,09.- con fecha de mora 10/02/2025
Tarjeta de crédito VISA cuenta N° 1072343628 por la suma de $438.714,61.- con fecha de mora 05/03/2025.
II. -En la página 2, se imprime al expediente el trámite sumario , se establecen las pautas generales tendientes a un desarrollo eficiente del proceso, así como el traslado de la demanda.
III. Se notifica el traslado de la demanda mediante la cédula agregada en autos a ps 4 INFORME POR CEDULA / CEDULA INFORMADA (238500436028130187) a ALEJANDRA VERONICA FOJO , no lo contesta, por lo que en ps. 8, se decreta la rebeldía de la misma ( (24/02/2026 - REBELDIA - SE DECLARA (247400436028368715)) .-
IV. A ps. 23 se declara la cuestión como de puro derecho, la que se encuentra firme.
V. En pág. 26, se presenta el https://docs.scba.gov.ar/Documentos?nombre=58670df6-3ab8-4fc0-8cca-86d66ffb851e&hash=C5AF3C6B6FA54405CA2D31C44E5025B3&nombrepath=MO.NR-43018-25-1.pdf " style="color:#0563C1;text-decoration:underline ;">dictamen del Agente Fiscal https://docs.scba.gov.ar/Documentos?nombre=58670df6-3ab8-4fc0-8cca-86d66ffb851e&hash=C5AF3C6B6FA54405CA2D31C44E5025B3&nombrepath=MO.NR-43018-25-1.pdf " style="color:#0563C1;"> https://docs.scba.gov.ar/Documentos?nombre=58670df6-3ab8-4fc0-8cca-86d66ffb851e&hash=C5AF3C6B6FA54405CA2D31C44E5025B3&nombrepath=MO.NR-43018-25-1.pdf ">( ver: VISTA AGENTE FISCAL / SE PROVEE (257600436029661897)
VI. Finalmente, a ps. 28 se llaman autos para dictar sentencia, providencia que se encuentra consentida (art. 116, CPCC) y, por ende, cerrado el debate para las partes (cfr. C.Civ.Com. 2º, Sala I, La Plata, entre otras, Juba).
Y CONSIDERANDO: Primero: La cuestión a decidir : Se demanda el cobro de sumas de $1.996.336,33.- con fundamento en los gastos efectuados por medio de dos tarjetas de crédito y dos prestamos que no fueran oportunamente abonadas (ver documental de pág 1).
Por otro lado, la parte demandada no se ha presentado a contestar demandada.
Segundo: Tarjeta de Crédito: La acción impetrada por Banco de la Provincia de Buenos Aires, persigue el cobro de una suma de dinero que tiene su origen en el uso de tarjetas de crédito, la cual se instrumentó mediante la suscripción del respectivo contrato de servicio de crédito.
Este contrato, constituía un instituto atípico e innominado dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Cierto es que no se halla actualmente regulado en el Código Civil y Comercial vigente. También es verdadero que su tipificación llegó a nuestro ordenamiento jurídico de la mano de la ley 25.065. De cualquier modo, se ha dicho doctrinariamente que siendo que técnicamente se trata de una subespecie del contrato de apertura de crédito, se le aplican las normas generales de esta figura (arts. 1410-1412 de aquél digesto legislativo).
Nos encontramos frente a una contratación bilateral entre la entidad emisora de la tarjeta y el cliente -titular o usuario del sistema-; vínculo jurídico que se encuentra acreditado con la documental acompañada en la demanda.
Por otro lado, para la prueba y cobro de la deuda originada en el uso de tarjeta de crédito, no es necesario la exhibición de los cupones firmados por el usuario y relativos a cada compra u operación individual llevada a cabo por su parte. Basta la remisión del resumen (y en su defecto la satisfacción del usuario de su deber accesorio de colaboración que lo obliga a concurrir, dentro del plazo pactado luego de cada vencimiento mensual, a reclamar el mismo) y su tácita aprobación por el silencio en el transcurso del tiempo convenido en el contrato.
En este sentido se ha resuelto que en la medida que no sean desconocidas dichas probanzas, no se requiere prueba corroborante a través de documentación respaldatoria. Resulta, pues, suficiente el "resumen" y "la liquidación", toda vez que aquél ha sido el documento previsto contractualmente en la relación emisor-usuario para anoticiar y exigir el pago de lo debido (cfr. C.Civ.Com. 1ª, Sala 3, La Plata, causa nº 241.141, sent. del 27-V-2003, Juba).
El silencio de la parte demandada, frente a la acción que se le promoviera, lo coloca en el marco de lo prescripto por el art. 354 inc. 1ero. del C.P.C.C, pudiendo tenerse por ciertos los hechos lícitos y pertinentes invocados por la actora, y por reconocidos o recibidos -según el caso- los documentos acompañados.
Ello así, ha de tenerse por cierto que las partes se hallaban vinculadas por un contrato emisión de tarjeta de crédito Visa y MasterCard emitida por el Banco de la Provincia de Buenos Aires, que la demandada ha dejado de abonar los servicios de sus resúmenes y que dio origen a la suma que surge de los resúmenes de cuenta anejados en autos, por lo que se ha tornado exigible el importe reclamado y sus acrecidos. De esta manera, al no haberse impugnado el resumen en los términos que da cuenta el contrato de solicitud de tarjeta de crédito, es que el mismo ha adquirido el carácter de cuenta liquidada y exigible.
En igual sentido, en los autos: " Carta Austral S.A. c/ Gimenez Pereyra A. s/Cobro Sumario ", se resolvió: "Resulta suficiente tener por justificado el crédito motivo del reclamo si el emisor de la tarjeta de crédito acompañó como prueba documental el resumen de cuenta y el contrato suscripto por el usuario, toda vez que, si bien la rebeldía no altera el curso regular del proceso, el denominado 'resumen de cuenta' no fue cuestionado en modo alguno por el demandado" (C.Civ.Com. Nº 1, Sala 3, La Plata, c. 241141 del 27-5-2003, Juba).
Se ha decidido que quien pretende que la obligación se encuentra cumplida tiene a su cargo la prueba respectiva (cfr. C.N.Civ., Sala A, 28/11/68, E.D., v. 28, p. 779). En efecto, el pago no se presume y su prueba corresponde al deudor que pretende su liberación (cfr. ídem, 2/4/71, L.L., v. 144, p.167); todo lo cual se explica porque cuando se trata de un hecho extintivo de esa obligación va de suyo que la demostración del mismo incumbe a quien alega su existencia (ídem, sent. del 9-6-67, L.L. v. 134, p.1008, 19.842-S), resultando, entonces, que la demandada no se ha presentado en este juicio por lo que no ha aportado prueba alguna, la posición de la actora queda acreditada.
Los resúmenes acompañados no han sido negado categóricamente en cuanto a su autenticidad formal, por lo que ha de sostenerse la liquidación que resulta del mismo (art. 354, CPCC).
Ante la orfandad probatoria de la demandada que desvirtúe la conclusión arribada en punto a la existencia del crédito y que a su vez acredite su pago o cancelación, evidenciándose la falta de corroboración y prueba de los asertos de la accionada (art. 375, CPCC) corresponde dar por probado los dichos de la parte actora en su escrito de inicio y admitir la idoneidad de la misma para promover la presente demanda, como también debo tener por reconocida la documentación acompañada en autos, con lo que deviene aceptado el monto reclamado y la existencia del crédito (arts. 354, 375, 384 del CPCC.).
En tal inteligencia, el demandado ALEJANDRA VERONICA FOJO será condenado a abonar la suma referenciada, a la que se le adicionarán los accesorios que se indicarán.
Tercero: Mutuo: He de advertir que la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Sala II ya se ha pronunciado al respecto a esta controversia en los autos "Afluenta S.A. c/ Carballa Martin Daniel s/ Cobro Ejecutivo" (Nro. MO - 19435 - 2021) En dicho pronunciamiento el Tribunal ha relatado que con los avances tecnológicos han surgido nuevos modelos de negocios, entre los que se encuentran la contratación electrónica.
A hora bien en relación a la contratación de los contratos de préstamo personal ( N° 335-5000395 y 335-9589143), a nivel regulatorio, estos contratos presentan diversos desafíos dado que las previsiones actuales de nuestro sistema normativo están desactualizadas, en especial las adjetivas, pues fueron establecidas principalmente para operaciones en papel y firmas ológrafas, todo lo cual genera un grado de incertidumbre con respecto a la instrumentación, prueba y ejecución judicial de este tipo de acreencias.
Sin embargo, no puede desconocerse la realidad antes señalada y el derecho debe adecuarse a ella, acompañando los cambios. Ante este escenario, los tiempos actuales exigen mayor versatilidad e imponen a los jueces la adopción de posturas más proactivas, que estén en consonancia con la innovación y el desarrollo tecnológico, adecuando y armonizando la aplicación de las normas a dichos avances, en pos de agilizar los procesos, hacerlos más expeditos, efectivos y sencillos, sin dejar por ello de resguardar los derechos y garantías de cada una de las partes involucradas.
En lo que nos ocupa, los contratos celebrados de forma electrónica se encuentran regulados tanto por la Ley de Defensa del Consumidor N° 24.240 como por el Código Civil y Comercial de la Nación en las previsiones relativas a contratos celebrados a distancia, los contratos de consumo, los contratos de adhesión, y los requisitos establecidos para la contratación y expresión del consentimiento (arts. 1105, 1106, 1107 sgs. y cctes., 287, 288 CCyCN).
La firma electrónica se ha constituido en la herramienta más utilizada a la hora de celebrar contrataciones por medios electrónicos.
Conforme el art. 5 de Ley 25.506, «Se entiende por firma electrónica al conjunto de datos electrónicos integrados, ligados o asociados de manera lógica a otros datos electrónicos, utilizado por el signatario como su medio de identificación, que carezca de alguno de los requisitos legales para ser considerada firma digital. En caso de ser desconocida la firma electrónica corresponde a quien la invoca acreditar su validez.. En tal sentido, se considerarán firmas electrónicas a las claves de criptografía simétrica como asimétrica cuyos certificados no hayan sido emitidos por un certificador licenciado, al PIN personal, al nombre escrito al final de un correo electrónico, a una palabra clave utilizada para acceder a la banca electrónica y/o cajeros automáticos, o una pregunta y respuesta para autenticarse o pulsar el botón «aceptar» en una aplicación web (Catani, Santiago E.: «Ejecución Judicial de Contratos de Mutuo con Firma Electrónica» LL 28/1/2021, 1 Cita Online: AR/DOC/4014/2020).
A su turno, la firma digital se encuentra definida y regulada en el art. 2 de la ley 25.506. Al encontrarse garantizada una mayor seguridad en el procedimiento que se utiliza para suscribir digitalmente un documento (por estar certificada la firma por un certificador autorizado), es posible atribuirle mayor confiabilidad. Por ello, se presume iuris tantum que el autor del documento es el titular del certificado digital que permite la verificación de la firma (art. 7 ley 25.506) y que el documento no ha sido modificado desde el momento de su firma (art. 8 ley 25.506), lo que garantiza la integridad del contenido del instrumento.
En virtud de la diferencia existente entre ambas firmas (la electrónica y la digital) el artículo 3 de la ley 25.506 -en consonancia con lo que prescribe el art. 288 CCyCN- establece que la exigencia de una firma manuscrita quede satisfecha si se utiliza una firma digital. Como se dijo, la presunción iuris tantum de autoría e integridad consagrada en la ley 25.506 (arts. 7 y 8 respectivamente) resulta operativa únicamente respecto de los documentos firmados digitalmente. Así, se invierte la carga de la prueba y solamente quien niegue esas cualidades debería probar por qué la firma no pertenece a aquel a quien se le atribuye y/o que el contenido del documento efectivamente ha sido modificado (arts. 7 y 8 ley 25.506).
Ahora bien, la firma electrónica también es una firma y tiene plena eficacia jurídica (art. 1 ley 25.506). La circunstancia de que no pueda predicarse -en un primer momento- la autoría del sujeto que la realizó, no es una razón válida para negar su calidad de tal, pues esto también ocurre con la firma ológrafa (no certificada). En efecto, el juez tampoco puede -sin el auxilio de un perito o sin que resulten operativas las presunciones establecidas en los ordenamientos procesales (vgr. el art. 526, CPCCN)- tener por probado en un proceso que el demandado ha sido quien suscribió ológrafamente un título ejecutivo en soporte papel. No puede saber con certeza que la firma manuscrita estampada en el contrato de préstamo es la del sujeto que ha sido demandado en juicio, ni tampoco si esta ha sido falsificada.
Ante la orfandad probatoria de la demandada que desvirtúe la conclusión arribada en punto a la existencia del crédito y que a su vez acredite su pago o cancelación, evidenciándose la falta de corroboración y prueba de los asertos de la accionada (art. 375, CPCC) corresponde dar por probado los dichos de la parte actora en su escrito de inicio y admitir la idoneidad de la misma para promover la presente demanda, como también debo tener por reconocida la documentación acompañada en autos, con lo que deviene aceptado el monto reclamado y la existencia del crédito (arts. 354, 375, 384 del CPCC.).
Cuarto: Intereses : Teniendo en cuenta la obligación instrumentada, las tasas de intereses compensatorios y punitorio -moratorios- resultan excesivas. Por lo tanto, entiendo que corresponde hacer uso de la facultad morigeradora que compete al juzgador (reconocida por constante y uniforme jurisprudencia para casos análogos).
En consecuencia, y en cuanto a las sumas en pesos, las mismas se calcularán a la tasa que percibe el Banco Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de descuento a treinta días (tasa activa acorde el juego armónico de los arts. 767, 768, 771 y concs. del Cód. Civil y Comercial).. Teniendo en cuenta las fechas de mora del día 05/03/2025 ( tarjeta de Crédito visa), del día 10/02/2025 (tarjeta de Crédito Mastercard), del día 12/12/2023 (préstamo 335-9589143) y del día 26/06/2024 (préstamo 335-5000395).
Quinto: Costas : Las costas del juicio serán soportadas por la parte demandada, que resulta vencida (art. 68 del CPCC.).
Por todo ello, normas legales citadas y lo dispuesto en los arts. 288, 313, 314, 319, 726, 727, 730, 731, 768, 769, 778, 957, 959 1021, 1061, 1251, 1708, 1710/1713, 1747, 2651 del Código Civil y Comercial, RESUELVO : a) Hacer lugar a la demanda entablada por Banco de la Provincia de Buenos Aires, contra Alejandra Veronica Fojo
En consecuencia, condenar a ésta última a abonar a la parte actora Banco de la Provincia de Buenos Aires, la suma total de $1.996.336,33.-, con más sus intereses calculados de acuerdo a lo pautado en el considerando cuarto; dicho interés se aplicará a partir de la fecha de constitución en mora:
Préstamo personal de la línea Microemprendedores 335-5000395 por la suma de $ 750.000.- con fecha de mora 26/06/2024.
Préstamo personal de la línea Microemprendedores 335-9589143 por la suma de $ 412.300.- con fecha de mora 12/12/2023.
Tarjeta de crédito Mastercard cuenta N° 000696417-6 por la suma de $449.051,09.- con fecha de mora 10/02/2025
Tarjeta de crédito VISA cuenta N° 1072343628 por la suma de $438.714,61.- con fecha de mora 05/03/2025.
b) Imponer las costas a la parte demandada (art. 68, CPCC); y
c) Diferir la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes para la oportunidad prevista en el art. 51 de la ley arancelaria.
Notifíquese en forma automatizada (Ac. 4013/21 SCBA)
Firmas
Funcionario firmante: TABOSSI CHAVES Ramiro Julian - JUEZ
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS - Número: RS- 145-2026
Fin de la sentencia