Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe revoca la resolución recurrida y se ordena que siga entendiendo en las presentes actuaciones el Sr. Juez a cargo del Juzgado Civil y Comercial Nro. 8 de La Plata. Las costas de alzada serán soportadas en el orden causado dada la suerte del recurso, existencia de posiciones jurisprudenciales y doctrinarias diversas en torno a la cuestión debatida y tratarse de agravios generados de oficio (doctrina arts. 68, 69, 166 y 267 del CPCC).
MP
En la ciudad de La Plata, a los 9 días del mes de Noviembre de 2023, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Sala Primera de la Cámara Segunda de Apelación, Doctores Jaime Oscar López Muro, Ricardo Daniel Sosa Aubone y por disidencia, el Señor Presidente del Tribunal, doctor Francisco Agustín Hankovits (art. 36 de la ley 5827), para dictar sentencia en los autos caratulados: "BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ A. R. S. S/ COBRO EJECUTIVO" (causa: 135265), se procedió a practicar el sorteo que prescriben los artículos 168 de la Constitución de la Provincia, 263 y 266 del Código Procesal, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor Sosa Aubone.
LA SALA RESOLVIO PLANTEAR LAS SIGUIENTES CUESTIONES:
1ra. ¿ Resulta ajustada a derecho la apelada resolución de fecha 7/7/23?
2a. ¿ Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el doctor Sosa Aubone dijo:
1. La decisión El Sr. Juez del juzgado civil y comercial N°8 de La Plata con fecha 7/7/23 se inhibió de entender en las presentes actuaciones y las remitió al Juzgado de Paz letrado de San Vicente.
Para así decidir, consideró que se trata de una relación de consumo teniendo en cuenta la multiplicidad de procesos de idéntica materia y escasos montos en trámite ante este órgano y los que tramitan en los demás juzgados de igual fuero departamental, según surge de la Mesa de Entradas Virtual (M.E.V.) de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, el origen de la deuda que surge de la documentación base del presente y el hecho de que la legitimada pasiva resulta ser una persona física, destinataria de ese servicio financiero; que la accionada tiene su domicilio real en la localidad de San Vicente, con competencia "amplia", es decir también en juicios ejecutivos; y, a la luz de reiterados precedentes jurisprudenciales emanados del más Alto Tribunal de Justicia de la Provincia, los jueces deben declarar de oficio la incompetencia territorial a partir de la constatación (mediante elementos serios y adecuadamente justificados) de la existencia de una relación de consumo a las que se refiere el art. 36 de la Ley de Defensa del Consumidor (C. 109.193 del 11/08/2010; C. 116.507 del 07/03/2012; C. 117.930 del 7/08/2013).
2. Recurso La ejecutante interpuso recurso de apelación el 14/7/23 que fue concedido el 14/7/23, fundado con el memorial de fecha 1/8/23 y llega a la Cámara sin contestación.
3. El dictamen.
El Fiscal de Cámaras el 16/8/23 dictamina que no se trataría de una relación de consumo por lo que propone revocar la decisión.
4. Tratamiento de los agravios.
El fundamento de la incompetencia declarada de oficio por la Sra. jueza, radica en que la causa de la obligación sería una relación de consumo.
La ley 24.240 tiene por objeto la defensa del consumidor o usuario. Se considera consumidor a la persona física o jurídica que adquiere o utiliza -o como consecuencia o en ocasión de ella-, en forma gratuita u onerosa, bienes o servicios como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social (arts. 1, ley 24.240; 1092, C.C.C.N.).
La existencia de una asimetría en la relación contractual es insuficiente para encuadrar en dicho régimen (arts. 1, 2 y 7, C.C.C.N.; 163, 164 y 384, C.P.C.C.).
No es ocioso destacar que constituye elemental regla hermenéutica que cuando el texto de la ley es claro y expreso no cabe prescindir de sus términos, correspondiendo aplicarla estrictamente y en el sentido que resulta de su propio contenido (SCBA, C. 123.475, 30/12/2021; C. 117.387, 13/5/2015; Ac. 94.535, 22/3/2006; Ac. 69.271, 29/2/2000; Ac. 65.508, 23/3/99; Ac. 47.842, 6/4/93; Ac. 39.014, 12/4/89; entre otros). El carácter de relación de consumo se define por el "destino final", ya sea para uso del bien o servicio adquirido, utilizado de forma personal, familiar o social (art. 1 Ley 24.240). No atiende sólo al elemento subjetivo sino objetivamente a la confrontación del destino del bien o servicio conforme su utilidad reconocida, con el área de actividad del pretendido consumidor, de modo que la utilización o adquisición de productos o servicios para integrarlos al proceso de producción o comercialización, nos coloca frente a una relación que indudablemente queda excluida de la noción de "destinatario final" y, por ende, de la aplicación de la ley 24.240, siendo aplicable el régimen del derecho común.
Según surge de la documental adjuntada, los fondos provenientes de la acreditación de los mutuos cuya deuda luego se refinanció fueron otorgados para ser afectados a un micro emprendimiento de la demandada, por lo cual es una relación comercial y no de consumo.
Con tal piso de marcha, queda descartada la presencia de una relación de consumo, por lo que no existiendo el presupuesto requerido por la norma para aplicar la normativa consumeril, no corresponde declarar la incompetencia con base en lo normado por el art. 36 de la ley 24.240 que prohíbe la prórroga de jurisdicción e impone que el consumidor sea demandado ante el juez de su domicilio (arts. 163, 164, 260, 261 y 384, C.P.C.C.; 1, 2 y 7, C.C.C.N.).
Respecto de las costas, propongo sean soportadas por su orden, dada la suerte del recurso, existencia de posiciones jurisprudenciales y doctrinarias diversas en torno a la cuestión debatida y tratarse de agravios generados de oficio (doctrina arts. 68, 69, 166 y 267 del CPCC). Consecuentemente, voto POR LA NEGATIVA.
A la primera cuestión planteada el señor Juez doctor López Muro dijo que Disiento con la opinión de mi distinguido colega porque considero que en autos se está tratando una relación de consumo y que por ello debe aplicarse el estatuto pertinente.
Fundo mi opinión del siguiente modo.
1. En primer término, señalo que la ley de defensa del consumo tuvo por finalidad proteger a los llamados "consumidores".
Si bien en su art. 1 la ley define a los sujetos que protege (personas físicas o jurídicas) en la medida que los objetos y/o servicios que adquieren sean "para consumo propio o de sus familias", advierto en ello una visión limitada que supone que existe una diferencia clara y tajante según sea el destino de los bienes y que ello puede advertirse por las características de cada uno de los bienes o servicios.
Por otra parte, señalo que si bien se habla habitualmente de la defensa del consumidor, la normativa apunta a establecer un régimen tuitivo sobre aquellas relaciones jurídicas que se consideran como "de consumo". Como puede verse, no se trata de tutelar personas, sino de avaluar, según ciertos principios, aquellas relaciones jurídicas conocidas como contratos de consumo.
2. Por un lado, analizaré el aspecto objetivo, referido al "objeto que es materialmente el contenido del contrato de consumo".
La doctrina económica clásica distinguía aquellos bienes que llamaba "finales" o de "consumo", de aquellos que constituían parte del proceso productivo. Así, los ejemplos de los primeros eran, un par de zapatos y de los segundos el trigo, que pasaría primero por el molino, para convertirse en harina, luego por la industria para convertirse en pan. Este último producto se calificaba como bien final o de consumo.
Así desde la perspectiva económica, se elaboró la llamada "matriz insumo-producto" mediante la cual se trata de establecer el esfuerzo del sistema económico para elaborar los productos finales (ver por todos Leontief, Wassily, "Análisis económico input-output", Ed. Planeta-De Agostini, Barcelona, 1993). Empero, claramente se advierte que los ejemplos que se brindan permiten analizar lo que la economía pretende: cuál es el esfuerzo del sistema económico para elaborar, por caso, un kilo de pan.
Pero ello no define al pan como producto final, pues quien lo adquiere puede ser un emprendedor que lo revende como parte de su servicio de comidas, y quien le compra tal servicio puede estar alimentándose para continuar trabajando. Y así el pan se convierte en energía humana, y los zapatos en parte del uniforme, como el resto de la vestimenta. La persona que utiliza estos bienes para vestirse y brindar un servicio, es un consumidor final o un intermediario?
Por otra parte, y también desde el análisis económico, A. Toffler ("La Tercera Ola", Plaza & Janes. S.A.. Editores, 1980) hablaba, en el siglo pasado, del advenimiento del "prosumidor", esto es de un sujeto que, al mismo tiempo, es productor y consumidor de las cosas que consume. Pone como ejemplo la adquisición de kits de muebles que el comprador arma en su casa, o el autodiagnóstico que, prescindiendo del médico, muchas personas se realizan con tecnología de uso sencillo para autoadministrarse la terapia correspondiente.
3. La discriminación que se realiza a partir del "consumo para uso propio o de su familia" a mi entender, no abastece las expectativas legales. En la causa "PASTRANA, MARIA ELISABETH c/SEGUROS BERNARDINO RIVADAVIA COOP. LTDA. s/DAÑOS Y PERJ. INCUMP.
CONTRACTUAL (EXC. ESTADO)", causa: 126.908, que fue sentenciada por esta Sala en abril de 2020, el voto del Dr. Sosa, al que adherí, con acierto y elevada pluma señaló, evaluando la problemática que nos ocupa, lo que transcribo:
"Se ha dicho que el derecho del consumidor es un sistema de protección que no puede acotarse a las normas de la ley especial 24.240, y que intenta ser enriquecido por la reforma del Código Civil y Comercial en el contexto de una línea de cultura jurídica marcada por la multiplicidad y por el diálogo de fuentes. El derecho del consumidor siempre avanza. Lo ha hecho a través de la ley 24.240, la Constitución Nacional (arts. 42 y 43), y ahora llevando nuevas normas progresivas (Stiglitz, Gabriel, "Aportes del Proyecto del Código Civil y Comercial de 2012 al Derecho del Consumidor", en Derecho del Consumidor, Hammurabi, Bs. As., pág. 110, cit. por Lidia M. R. Garrido Cordobera, "La aplicación de la prescripción del art. 50, L.D.C. y el principio "pro consumidor", en la obra "Tratado de Derecho del Consumidor", t. IV, ed. La Ley, 2015, pág. 96). Para dar respuesta a dicho interrogante, parto de la base que las normas que regulan las relaciones de consumo deben ser aplicadas e interpretadas conforme con el principio de protección del consumidor; y que en caso de duda sobre la interpretación del C.C.C.N. o las leyes especiales -como la ley de seguros-, prevalece la más favorable al consumidor (art. 1094, C.C.C.N.)." En esa línea de pensamiento reitero que el art. 1 de la ley 24.240 establece, en el tramo que interesa, que se consideran consumidores a las personas físicas o jurídicas que adquieran o utilicen, en forma gratuita u onerosa, bienes o servicios como destinatarios finales, en beneficio propio o de su grupo familiar o social.
Por su parte, el art. 2 refiere que el proveedor es la persona humana o jurídica de carácter público o privado que actúa profesionalmente en el mercado, con actividades de producción, importación, distribución y comercialización de bienes y servicios destinados a los sujetos del art. 1 de la LDC. Tal plexo normativo configura el núcleo de la protección y defensa de los consumidores.
El legislador ha tomado como criterio para ello la asimetría entre éstos y el sector empresario. Tal asimetría configura una debilidad generada en desigualdades reales que los colocan naturalmente en una posición de desequilibrio en el poder de negociación, en la no equivalencia del contenido del contrato, derechos y obligaciones recíprocas y esencialmente en una desinformación del consumidor en torno al objeto de la relación (arts. 4, 8 bis, 37 y concs., ley 24.240).
Y estas características de la relación jurídica son, a su vez, objetivas. No dependen del objeto que se adquiera ni para qué finalidad se lo adquiere. Lo que se advierte es que el contrato se lleva adelante bajo esta relación asimétrica y es por ello que la legislación acude a suplir tales diferencias con la tutela que brinda.
Este "microsistema" como bien se lo ha llamado, responde a la garantía contenida en el art. 42 de la CN. El dato relevante es que existe una marcada desigualdad en la capacidad de negociación: el proveedor tiene, por su posición en el mercado, una posición dominante. Es él quien fabrica el producto o diseña el servicio, establece las condiciones en que lo entregará y fija el precio y establece las modalidades de la compraventa. Frente a ello, el usuario se caracteriza por ser una persona física o jurídica que deberá aceptar el tipo de producto y las condiciones predispuestas, sin poder negociar ninguna de ellas. Aun cuando se pueda elegir entre algunas variantes, éstas están previamente ofrecidas por el fabricante o vendedor. Por lo tanto, debieran considerarse dignos de esta tutela también los pequeños empresarios que sufren las consecuencias de la desigualdad (Farina, "Defensa del consumidor y del usuario", 3ra ed., Ed. Astrea, Bs. As., 2004, pág.51).
Por otra parte, el argumento de admitir el criterio del uso que le dará al objeto o servicio adquirido "objetivo" como criterio para establecer si debe aplicarse el estatuto consumeril importa una simplificación extrema. Así no parece que una operación de crédito que ha enmarcado a múltiples usuarios financieros, deba regirse por normas distintas si existieren diversas aplicaciones del uso de los fondos, aspecto que en modo alguno afecta las cláusulas del contrato, ni parece haber tenido incidencia alguna en los términos del mismo.
Justamente, lo que aquí se trata, es de establecer si el hecho de ser utilizado un mutuo con finalidad de un microemprendimiento modifica en algo la debilidad del adquirente, a quien la ley debe tutelar por ser particularmente débil en una relación jurídica contractual, caracterizada principalmente por que su voluntad solamente puede optar entre aceptar las cláusulas predispuestas o no hacerlo. A los fines de la negociación jurídica, carece de relevancia absoluta el fin que se le dé al objeto del contrato. Resulta una simplificación extrema la de dejar de lado la ley que protege a una de las partes con este solo argumento. Como he dicho, el uso que se le asigne al bien adquirido o al dinero prestado no altera la situación de debilidad del comprador o prestatario, resultando entonces arbitrario proteger a unos y no a otros cuando se trata de personas igualmente débiles. La interpretación contraria llevaría a una desatención de la garantía constitucional de igualdad ante la ley (art. 16 CN, Art. 11 CPBA, art. 24 CADH).
4. Como sostienen Mosset Iturraspe y Lorenzetti: ""El dictado de la Ley de Defensa del Consumidor es, por una parte, la culminación de una normativa que a través de muchos años se ha ido ocupando de fenómenos de mercado, de cuestiones juzgadas abusivas o inadmisibles para una economía con pretensión de justicia y equidad", de ahí que el dictado de la ley Nº 24.240 no es novedosa en la legislación argentina, sino que es el resultado de distintas normativas que se han ido ocupando en los fenómenos mercantiles con miras de protección a la parte más débil, entre las que se encuentran las leyes Nº 22.262 de Defensa de la Competencia, 22.802 de lealtad comercial, 20.680 de Abastecimiento y 22.284 Código Alimentario Argentino (MOSSET ITURRASPE, Jorge y LORENZETTI Ricardo Luis, "Defensa del Consumidor", 1994, Editorial Rubinzal Culzoni, Pág. 22).
Otros autores han insistido en la evolución que ha tenido el sistema. Cito por todos a Pereiro de Grigaravicius: "Siendo evidente que la ética sensibiliza esta materia, se fue dando una evolución en este tema, especialmente con relación a ciertos consumidores que fueron mereciendo protecciones más específicas. Proteger al consumidor no es atacar a los proveedores, no es querer destruir al empresario, sino que, por el contrario, se trata de buscar un equilibrio de acuerdo con las más elementales normas de equidad" (PEREIRO de GRIGARAVICIUS, María; Revista Jurídica La Ley, 14.07.2011, Suplemento Actualidad, pág. 1).
Cabe señalar que si bien los principios jurídicos que benefician a la parte más débil del contrato y se inclinan contra el estipulante de las cláusulas convencionales se encontraban previstos en nuestros códigos Civil y Código de Comercio, en la reforma de 1994 se incorporó el art. 42 de la Constitución Nacional que otorgó rango constitucional a los derechos de los consumidores y usuarios, y fue a partir de tal reforma que se propuso proteger a tales sujetos estableciendo garantías a los competidores (productores u oferentes de bienes o servicios y la transparencia del mercado) para garantizar la libertad de opción de los consumidores. Con particular referencia al auge de la actividad privada generado a partir de 1990 señala Gelli dijo que "En medio de ese impulso privatista, con predominio mercantil, actos de fe liberal y retroceso del Estado, se produjo al reforma constitucional de 1994 que incorporó algunos de los llamados derechos de la tercera generación. Así, la protección de usuarios y consumidores ingresó en la Constitución, mientras el espacio público disminuía ostensiblemente y cada persona se tornaba usuario vulnerable, en un creciente mercado de consumidores" (GELLI María Angélica;
"Constitución de la Nación Argentina, Comentada y Concordada", T I, La Ley, 2008, págs. 582/583).
5. En síntesis, señalaré que lo sustancial de mi argumentación radica entonces en tres aspectos.
5.a. el primero consiste en que la garantía Constitucional no se limita a los consumidores finales de bienes y servicios, como lo hace la ley 24.240. Algunos autores, refiriéndose a la garantía Constitucional, omiten esta gran deficiencia legal en tanto que otros critican la exclusión de sectores amplios, tales como los profesionales.
Como puede advertirse, el constituyente buscó equilibrar los desajustes contractuales producidos por la contratación masiva y proteger a la parte más débil del contrato, reconociendo legitimación activa para interponer amparo en lo relativo a los derechos de los usuarios y consumidores, dándole legitimación al defensor del pueblo y asociaciones que propendan a tal fin (artículo 43 de la C.N.), y que los consumidores y usuarios puedan iniciar acciones de tipo administrativo ante la Secretaria de Comercio Interior en defensa de sus derechos.
Siguiendo la lógica de la norma constitucional, estimo que lo que ha de regir el análisis de las relaciones de consumo no es, como se afirma, si los bienes o servicios son para consumo final, sino el tipo de relación jurídica y económica que la Constitución ha definido como "relación de consumo". 5.-b) Abierta así, por las razones constitucionales expresadas que la interpretación de las normas dictadas en su consecuencia no pueden interpretarse en el sentido de establecer limitaciones que la Constitución no impone (art. 28 CN, art. 1 CCCN) sostengo que lo que ha de analizarse, y ahora sí con criterio objetivo, es el alcance que habrá de darse a la aplicación de las normas del consumidor. Obviamente, y como lo he dicho más arriba, no basta con preguntarse si el bien adquirido es "para consumo propio o de su familia". Lo que debe protegerse es una relación jurídica (relación de consumo), caracterizada, como dije anteriormente, por la asimetría entre proponente y aceptante dado por la especialidad, magnitud económica y conocimientos del primero. Esta relación de consumo se caracteriza por circunstancias particulares, que deben analizarse en cada caso. Y ello sin perjuicio de que en la mayoría de ellos la cuestión es clara, por tratarse de cuestiones más o menos estandarizadas y que abastecen los requisitos para que la interpretación tenga carácter expansivo. Considero innecesario entrar en detalles sobre estos aspectos, que la doctrina jurídica y económica ha elaborado detenidamente, pero cabe señalar que esta asimetría está dada principalmente:
Asimetría por razones de especialización: el productor conoce el producto y servicio mucho más acabadamente que el consumidor. El producto o servicio está estandarizado y a menudo es consecuencia de una gran especialización. El proveedor cuenta con "expertisse" no solamente en relación al producto que comercializa, sino también sobre los aspectos financieros y jurídicos del negocio. El adquirente solo conoce lo que se le ha informado y carece de conocimientos técnicos y jurídicos para comprender todas las contingencias que no se encuentran expresamente aclaradas. Asimetría en términos económicos en relación al negocio particular: esto se explica por cuanto el proveedor vende el bien o servicio en forma masiva y lo que le vende a cada uno de los adquirentes es una ínfima parte de su producción, en tanto que para el adquirente lo adquirido configura un esfuerzo económico importante en relación a su renta y a la utilidad o satisfacción que el bien o servicio le brinda. El comprador es precio-aceptante: el proveedor es quien establece los términos del contrato (características del producto, forma de entrega,etc.) y el precio. El consumidor puede aceptar o no, pero no puede elegir a menos que el proponente admita algunas opciones.
Homogeneidad de producto y de los contratos: tanto por las características del producto, como por las del mercado, el negocio que se realiza con un consumidor es similar al que se lleva a cabo con todos los restantes consumidores lo señala la potencia expansiva de las interpretaciones legales y decisiones que se formulen.
Concluyo entonces que la interpretación restrictiva de la calidad de consumidor que se realiza desde la perspectiva de "consumo final" genera una discriminación que va contra la correcta interpretación de la garantía constitucional.
6. Corroborando por el absurdo lo que sostengo, ejemplificaré algunos casos.
Si admitimos el criterio simplista del consumidor final, veremos que la compraventa de un automóvil adquirido por un vecino para salir con su familia sería protegido por la ley del consumidor. Pero si el mismo automóvil fuera adquirido por un taxista, no lo sería. Y si el automóvil es adquirido por un vecino que en sus ratos libres hace traslados mediante las aplicaciones Uber o Cabify ¿se aplicará o no el estatuto del consumidor?
Supongamos ahora que en los tres casos se trata de un el vehículo similar, vendido por la misma terminal y por la misma concesionaria. Los tres automóviles sufren el mismo desperfecto por mal armado de fábrica: ¿deberá tratarse de modo diferente al vecino que lo usaba para pasear con su familia, al taxista y a quien le daba ambos usos?
Y así, ¿deberemos exigirle al dueño de un negocio que vende panificados que al comprar en el mayorista solicite facturación separada respecto del pan que va a revender y del que va a consumir en su casa cuando concurre al mayorista? Si la partida adquirida está en mal estado, ¿deberá sujetar sus reclamos a regímenes jurídicos distintos?
Me inclino a pensar que la multiplicidad de tratamientos disímiles y antigiualitarios que conlleva el error interpretativo que estamos comentando deja al descubierto la gravedad del mismo.
7. Por último (last but not least), corresponde advertir que la ley de defensa del consumo no puede considerarse como un "estatuto excepcional", a los fines de su interpretación restrictiva. Tal afirmación es claramente una "petición de principio". No hay tal excepcionalidad. Si la ha habido ha sido solamente por el modo en que los juristas descubrieron, tardíamente, que el mercado se había expandido en forma exponencial y mientras en las cátedras se discutían las cláusulas de un contrato de compraventa, en el mundo se vendían y compraban empresas gigantescas con una sencilla operación bursátil. El mercado habitualmente se adelanta a la legislación, pero en estos tiempos advertimos una particular aceleración histórica.
Por efecto de la producción seriada y la comercialización masiva la concentración de los productores/vendedores y la "dispersión" de los compradores es la regla. Consecuentemente, toda vez que el derecho debe ser interpretado con el mayor sentido de "realismo económico" según la expresión utilizada por nuestro Superior Tribunal no podemos dejar de comprender que el estatuto consumeril debe ser aplicado, ya no con tal criterio restrictivo sino como norma habitual para todas las negociaciones caracterizadas por su ejecución masiva. De modo que el estatuto consumeril es la norma que debe aplicarse, por principio, a todas las operaciones de compraventa de bienes más o menos estandarizados, donde la relación comercial pueda caracterizarse como "de consumo", exceptuando aquellas que no se adecuan al paradigma de la asimetría económica y de poder entre quien predisponen los términos de las transacciones y quienes solamente adhieren a ellos (SCBA L. 122.532,"Papalia, Marcos Sebastián contra MTI Mantenimiento Técnico Integral S.R.L. y otros Accidente de trabajo - acción especial", y sus citas CSJN; causas "Melgarejo", Fallos: 316:1972, "Segovia", Fallos:317:836, "Román Benítez", Fallos: 317:989, "Escobar",Fallos: 319:2420).
8. En consecuencia si el demandado utilizó el préstamo para un microemprendimiento, ello no le quita la condición de consumidor pues la garantía Constitucional y las leyes que según ésta se dicten deben aplicarse respecto de todas las relaciones de consumo, sin generar restricciones que la norma fundamental no ha dispuesto.
Con fundamento en tales principios, entiendo que corresponde interpretar que la relación que nos ocupa debe ser enmarcada en la ley de defensa del consumo y por ello, propondré confirmar la resolución apelada, por lo que mi voto es por LA AFIRMATIVA.
A la misma primera cuestión planteada, el Sr. Presidente Dr. Hankovits dijo:
Como punto de partida cabe señalar que no nos encontramos en el presente supuesto con una laguna normativa (esto es con la falta de solución legal en un caso genérico), ni tampoco con las llamadas lagunas de conocimiento o de reconocimiento (ver Alchourrón Carlos- Bulygin Eugenio, "Sistemas normativos", segunda ed., 2012, págs. 25, 45 y ss.). El legislador puede solucionar un número infinito de casos individuales mediante un número finito de normas generales. Sólo si no soluciona algún caso genérico tendrá el ordenamiento una laguna normativa, lo que no acontece en la especie.
En el presente asunto tampoco se observa falta de información acerca de los hechos del caso (dado que no existe una laguna de conocimiento), ni vaguedad en los conceptos jurídicos con relación a los conceptos empíricos (o sea tampoco hay una laguna de reconocimiento; aunque éstas últimas aparezcan en el nivel de la aplicación de las normas a los casos individuales y tienen su origen en problemas empíricos o empíricos conceptuales -semánticos). Asimismo, es dable advertir que tampoco nos encontramos frente a lo que Hart denomina como problemas de penumbra (Hart, "Positivism and the Separation of Law and Morals", 'Harvard Law Review", 71, 19.58, p. 593 a 629; trad. castellana de Carrió, en Hart Derecho y moral; citado por Alchourrón y Bulygin en Sistema normativo, pág. 50). Igualmente, corresponde expresar que no toda solución injusta o mala supone una laguna. Concretamente los juristas se refieren a las lagunas cuando la solución es inadecuada porque el legislador no tuvo en cuenta una distinción que debía haber considerado. En este supuesto, nos encontraríamos ante lo que se ha dado en llamar laguna axiológica. En ese orden, se inscribe la disidencia que motiva mi intervención en las presentes actuaciones.
En otros términos, se dirá que el caso tiene una solución, pero la misma se manifiesta como inadecuada para el distinguido colega Dr. López Muro, porque no toma en cuenta una propiedad que por él es conceptuada como relevante: la asimetría de poder y económica entre el proponente y el aceptante en el negocio particular. Es decir, lo que motiva el voto disidente es un conflicto entre la hipótesis de relevancia sostenida por el Dr. López Muro (que es la asimetría económica) y la tesis de relevancia afirmada en la ley 24.240 para su aplicabilidad, que se expresa en la contratación a título oneroso para su consumo final o beneficio propio o de su grupo familiar o social (art. 1). En este mismo sentido se inscribe el Código Civil y Comercial -en adelante CCC- cuando define a la relación de consumo como el vínculo jurídico entre un proveedor y un consumidor. Y considera consumidor a la persona humana o jurídica que adquiere o utiliza, en forma gratuita u onerosa, bienes o servicios como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social (art. 1092). Es decir, se genera así un conflicto valorativo.
Ahora bien, el interrogante que se plantea es si se torna imprescindible sustituir la propiedad relevante instituida en la ley a fin de tutelar a quien se presume -por falta de prueba- "ser particularmente débil en una relación jurídica contractual" (voto del Dr. Lopez Muro). Ello más allá del eventual debate de si la judicatura está facultada a ese efecto, en razón de que se podría estar resolviendo de lege ferenda (cosas a legislar en el futuro), ya que si bien la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada se constituye para las partes del proceso en la norma individual que regulará su conducta, solo se aceptará su criterio de pertenencia al sistema jurídico cuando son la consecuencia lógica (deducible) de las normas generales del mismo (conf. Caracciola, R. A, "El sistema jurídico", cit. por Bulygin, Eugenio en "Lógica, normas y sistemas jurídicos", Cap. 37 "Algunas consideraciones sobre los sistemas jurídicos"; pág. 643); entendiéndose por norma todo enunciado jurídico, lo que implica tanto reglas como principios. Ello nos conduce a precisar los conceptos orden jurídico y sistema jurídico; siendo éste un conjunto de normas (en el caso, el régimen consumeril) mientras que aquél se instituye como una secuencia de sistemas jurídicos (conf. Bulygin, Eugenio; cit. pág. 641).
Esto conlleva a plantearnos si un subsistema del orden jurídico no acepta el criterio de aplicabilidad de las normas integrantes del mismo al caso, es necesario reversionarlo para encuadrar la conducta en él o resulta pertinente indagar en los otros que componen dicho orden jurídico. La segunda opción -en mi criterio- luce como más razonable y atiende más a la coherencia del orden normativo como un todo (art. 1 del CCC).
En ese orden se observa, a partir de la presumida asimetría desde la figurada posición de debilidad del aceptante del crédito, que el CCC prevé una serie de disposiciones que protegen a la persona que, aunque no sea consumidor, que realiza operaciones como la efectuada y objeto de estos obrados. Así, se puede citar genéricamente el art. 10 que entroniza el abuso del derecho y particularmente, el art. 987 que establece que las cláusulas ambiguas predispuestas se interpretan en sentido contrario a la parte predisponente; el art. 988 que determina, en relación con las cláusulas abusivas, que se tendrán por no escritas; art. 989 que prescribe el control judicial de las cláusulas abusivas aun cuando hayan sido aprobados por la autoridad administrativa; como también la facultad judicial de morigerar los intereses (arts. 771, por aplicación del 1532; todos del digesto civil y comercial); entre otros.
Como puede apreciarse de ello, no resulta indispensable alterar la propiedad relevante como criterio de aplicabilidad del régimen consumeril para que el accionado de estos obrados tenga protección legal al presuponerse la parte débil de la relación contractual con la consecuente alegada asimetría negocial y económica. Se disipa así pues -en mi criterioel conflicto axiológico que motivó la opinión discordante del Dr. López Muro y, por otra parte, se preserva la coherencia lógica del ordenamiento legal. Específicamente, que la demandada tenga que litigar en la cabecera departamental en lugar del juzgado de San Vicente no constituye, en las particulares circunstancias del caso en juzgamiento, un menoscabo a sus derechos desde que no se la obliga a litigar en extraña jurisdicción sino dentro del mismo departamento judicial.
Por todo ello, adhiero al voto del Dr. Sosa Aubone, dando el mío, en igual sentido, por la NEGATIVA.
A la segunda cuestión planteada, el Sr. Juez Dr. Sosa Aubone dijo:
Atendiendo al Acuerdo logrado por mayoría, se revoca la resolución recurrida y se ordena que siga entendiendo en las presentes actuaciones el Sr. Juez a cargo del Juzgado Civil y Comercial Nro. 8 de La Plata. Postulo que las costas de alzada sean soportadas en el orden causado dada la suerte del recurso, existencia de posiciones jurisprudenciales y doctrinarias diversas en torno a la cuestión debatida y tratarse de agravios generados de oficio (doctrina arts. 68, 69, 166 y 267 del CPCC).
ASÍ LO VOTO.
En un todo de Acuerdo, los doctores López Muro y Hankovits adhieren al voto que antecede, con lo que se dio por terminado el Acuerdo, dictándose por el Tribunal la siguiente:
POR ELLO, y conforme los fundamentos expuestos, se revoca la resolución recurrida y se ordena que siga entendiendo en las presentes actuaciones el Sr. Juez a cargo del Juzgado Civil y Comercial Nro. 8 de La Plata. Las costas de alzada serán soportadas en el orden causado dada la suerte del recurso, existencia de posiciones jurisprudenciales y doctrinarias diversas en torno a la cuestión debatida y tratarse de agravios generados de oficio (doctrina arts. 68, 69, 166 y 267 del CPCC). REGISTRESE.
NOTIFIQUESE. DEVUELVASE.
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Fin de la sentencia