Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa B-2412/20-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por la parte demandada a fs. 479/494 vta. y, en consecuencia, revocar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial, obrante a fs. 496 y vta..-
2Declarar de oficio la nulidad parcial del pronunciamiento dictado por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 459/462 vta. en la parcela que dispone la regulación de honorarios, punto 2° de la parte resolutiva, debiendo ser adecuados por dicha instancia revisora por nuevos jueces hábiles según lo dispuesto en el artículo 278 del CPCyC.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: B-2412/20-TSJ Interlocutorio N°: 3743 Actor: BANCO DE SANTA CRUZ S.A.
Demandada: CASELLA VICENTE SALVADOR Objeto: EXCLUSION DE TUTELA SINDICAL Fecha: 25-4-23 Texto: TOMO XXXIV -INTERLOCUTORIO- T.S.J..-
REGISTRO Nº 3743 FOLIO Nº 6704/6709 PROT. ELECT. TSS1 14 I.231
Río Gallegos, 25 de abril de 2023.-
Los presentes autos caratulados: “BANCO DE SANTA CRUZ S.A. c/ CASELLA VICENTE SALVADOR s/ EXCLUSION DE TUTELA SINDICAL”, Expte. Nº B-16.824/14 (B-2412/20-TSJ), venidos al Acuerdo para resolver; y
Voto de la Dra. Reneé Guadalupe Fernández y del Dr. Fernando Miguel Basanta:
I. Que llegan los presentes autos a tratamiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso de casación articulado por la parte demandada por intermedio de sus letrados apoderados Dr. Paulo Luis Schmidt y Dra. Marta Soledad Quiroga a fs. 479/494 vta. contra la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial a fs. 459/462 vta., que hizo lugar a la acción de exclusión de tutela sindical promovida, imponiendo las costas de ambas instancias al demandado.-
II. En la especie, el Banco de Santa Cruz S.A. promovió demanda de exclusión de tutela sindical en contra del Sr. Vicente Salvador Casella, en los términos de los artículos 47 y 52 de la Ley N° 23.551, a fin de proceder a su despido (cfr. fs. 8/20).-
El juez de Primera Instancia había declarado abstracta la cuestión sometida a debate, al considerar que la protección gremial del accionado había fenecido a la época del pronunciamiento. Además, había regulado los honorarios de los letrados y del perito informático interviniente y distribuido las costas en el orden causado (cfr. fs. 421/423 vta.).-
Apelada esta decisión por ambas partes, el Tribunal de Alzada revocó el primero de los puntos descriptos (cfr. foja 462 vta.).-
Para así decidir, consideró que lo resuelto por el juzgador resultaba infundado, por cuanto aún se encontraba vigente la tutela sindical de la que gozaba el accionado (cfr. fs. 462 y vta.).-
A continuación, entendió que los hechos atribuidos al delegado gremial, consistentes en el ocultamiento de una falta grave de un compañero de trabajo así como en su consentimiento para una extracción irregular de dinero, fueron comprobados y revestían la entidad suficiente como para aniquilar esa protección (cfr. foja 461 vta.).-
Por último, confirmó los estipendios profesionales fijados por el sentenciante e impuso las costas de ambas instancias al accionado.-
Luego de ello, el demandado planteó la nulidad de la resolución, argumentando que el recurso de apelación de la contraria no se había sustanciado debidamente, por cuanto se había omitido correrle traslado de los agravios esgrimidos por ella (cfr. 466/467 vta.). Tras la réplica de la contraparte (cfr. fs. 471/472), la Excma. Cámara de Apelaciones desestimó el pedido, con costas. Ello, por cuanto consideró que la actividad procesal anterior al fallo fue consentida por el nulidicente y que todo lo actuado había logrado la finalidad a la que estaba destinada (cfr. fs. 474/475).-
III. En su recurso de casación, el demandado aduce quebrantamiento de forma y violación de la ley, en los términos de los artículos 2º y 3º, inciso a) del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- y arbitrariedad (cfr. foja 479).-
Solicita que se “…declare la nulidad de la sentencia atacada, disponiendo el dictado de una nueva sentencia por parte de la Excma. Cámara de Apelaciones, quien a su vez, y en forma previa, deberá remitir los presentes actuados al Juzgado de origen a los fines que sustancie debidamente el recurso de apelación interpuesto por la parte actora…y supletoriamente y para el improbable caso de no hacerse lugar a lo antes peticionado se confirme la sentencia de Primera Instancia, por no constituir la sentencia emitida por la Cámara A quo, una derivación lógica y razonada de los escritos constitutivos, de las constancias de la causa y del derecho vigente aplicable al caso particular…” (cfr. fs. 479 y vta.).- En una aclaración preliminar, puntualiza que: “…la presente casación resulta comprensiva de los pronunciamientos de fs. 459/462 vta. y 474/475, en tanto, en tanto (sic) y en cuanto resulta a todas luces claro que en el caso particular, esta parte jamás fue notificada ni personalmente ni por cédula, del proveído de fecha (sic) 437, que expresamente ordena correr traslado del memorial de expresión de agravios de la contraria a nuestra parte, todo lo cual, tampoco fue debidamente observado y certificado por la Actuaria, al momento de ser recibido el expediente por la Cámara A quo…siendo que además se agregó prueba documental de manera extemporánea y sin ocurrir por las vías establecidas en el ritual…” (cfr. fs. 479 vta./480).- Sigue diciendo que: “…resultan totalmente erróneos y desacertados, los fundamentos esgrimidos por la Cámara A quo a la hora de rechazar el planteo de nulidad formulado, al sostener que mi parte 'pudo haberse notificado' del proveído de fs. 437, en forma personal el día 12/12/18, a partir de la constancia de notificación de fs. 439 vta., cuando claramente la notificación realizada fue del auto de fs. 430, que concedía el recurso a esta parte...y cuando el traslado dispuesto a fs. 437 expresa 'notifíquese con entrega de copias', no existiendo constancia alguna en la causa, de notificación personal o por cédula a nuestra parte, con entrega de las copias del memorial de agravios de la actora, habiéndose vulnerado abiertamente el debido proceso y el derecho de defensa sin posibilidad que se haya consentido…” (cfr. foja 480).- Expresa que: “…tampoco posee asidero jurídico, la afirmación que nuestra parte no planteó el incidente de nulidad en tiempo y forma, cuando la Cámara jamás notificó mediante cédula a nuestra parte, de medida alguna, ni el ingreso de las actuaciones…” (cfr. foja 480 vta.).-
Concluye esta parcela de su recurso, arguyendo que: “Supletoriamente y para el improbable caso que se resuelva rechazar el pedido de nulidad formulado...dejamos planteado el pertinente recurso de casación en contra de la sentencia emitida por la Excma. Cámara…” (cfr. fs. 481 vta./482).-
En el acápite “fundamentos casatorios” esgrime, en primer término, que: “…se ha incurrido en una clara violación de la ley y quebrantamiento de forma, por cuanto la Excma. Cámara de Apelaciones de la Segunda Circunscripción Judicial, procedió a dictar sentencia y resolver el recurso de apelación interpuesto por la contraria sin haberse sustanciado debidamente el mismo…” (cfr. foja 487 vta.).-
En segundo lugar, afirma que: “…el fallo emitido por la Cámara A quo, carece de toda motivación y fundamentación, constituyendo un claro caso de sentencia arbitraria, por cuanto no se exponen en el pronunciamiento de qué elementos de prueba se obtienen las conclusiones a las cuáles arriba la Cámara A quo, pero lo mas (sic) agrave (sic) aún, es que la sentencia en crisis desconoce de manera también arbitraria, los planteos formulados por nuestra parte en el escrito de responde (fs. 48/61) y la prueba producida que ha demostrado los extremos invocados por la demandada, que determinan las improcedencia (sic) de la acción de exclusión de tutela deducida por la contraria y su pretensión de despido con justa causa del accionado.” (cfr. fs. 488 y vta.).- Por último, indica que: “…la Cámara A quo omitió lisa y llanamente, todo tratamiento del recurso deducido por nuestra parte a fs. 440/441...constituyendo ello otro quebrantamiento de forma, por violación del principio de congruencia…” (cfr. foja 493).-
Hace reserva del caso federal (cfr. foja 494).-
A foja 496 y vta. la Excma. Cámara de Apelaciones declara formalmente admisible el recurso de casación interpuesto.-
En PE53372-2021 pasan los presentes autos al Acuerdo.-
IV. Sentado ello se debe, en esta etapa, efectuar el examen preliminar que establece el artículo 7º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- a efectos de verificar si se encuentran reunidos los extremos formales que habilitan la admisibilidad del recurso intentado.-
En el caso, se advierte que el recurso extraordinario planteado contra la resolución que luce a fs. 459/462 vta. se ha interpuesto fuera del término legal (cfr. art. 4° del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-) y aún después de vencido el plazo de gracia contemplado en el artículo 124 del CPCyC, toda vez que el pronunciamiento que se impugna fue notificado el 15 de octubre de 2019 (cfr. cédula obrante foja 465 y vta.); en tales condiciones, el plazo aludido se agotó el 30 de octubre de ese año, a las 9:00 hs., por lo que el recurso, presentado el 6 de febrero de 2020 (cfr. foja 494 vta.), devino extemporáneo.- Resulta oportuno recordar que tras el vencimiento del plazo previsto en la normativa adjetiva precitada, la declaración de inadmisibilidad es inevitable, en razón de constituir un plazo perentorio que no puede ser ampliado por decisión judicial, por lo cual el incumplimiento de la carga procesal de impugnar en término acarrea inexorablemente la pérdida de esa facultad (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomos XXVI, Reg. 3147, Folio 5165/5168 y XXX, Reg. 3476, Folio 5931/5933).-
Es de suma relevancia destacar que el planteo de nulidad incoado a fs. 466/467 vta. no suspendió ni interrumpió el plazo para interponer el recurso de casación, por lo tanto, habiéndose dejado transcurrir el plazo para tal remedio extraordinario, esperando un resultado favorable a la nulidad intentada, ya no resultaba viable cuestionar el decisorio primigenio, en tanto se encontraba alcanzado por los efectos de la preclusión. En virtud de ello, el demandado debió someterse a las normas procesales que regulan el procedimiento recursivo, o en su caso, por imperio del principio de eventualidad, interponer en forma principal y directa la totalidad de los medios a su alcance, siendo deber del órgano judicial conceder el correcto. Esta precaución se agudizaba aún más en el caso en concreto, teniendo en cuenta que los embates propuestos versaban, fundamentalmente, sobre tópicos distintos: en un caso, se pretende revertir la decisión de fondo que le fue adversa, relativa a la exclusión de la tutela sindical y, en el otro, el intento de conseguir la nulidad de un acto sentencial, basándose exclusivamente en vicios procedimentales anteriores a él.-
V. Sin perjuicio de lo expuesto, se reputa pertinente formular una consideración adicional.-
Si bien en el objeto del escrito portador de su recurso el casacionista precisa que su impugnación se dirige contra la resolución de fs. 459/462 vta. (esto es, la que dirime la cuestión de fondo), lo que se refleja en la mayor parte de su discurrir argumental, lo cierto es que en el apartado “Nota preliminar” que esboza a fs. 479 vta./482 puntualiza que: “…la presente casación resulta comprensiva de los pronunciamientos de fs. 459/462 vta. y 474/475…” (cfr. foja 479 vta.), por lo que deviene pertinente, igualmente, dirimir si la impugnación incoada en contra de la última de las resoluciones enunciadas reúne las condiciones formales necesarias para superar la presente etapa de admisibilidad.- El recurso de casación por error in procedendo se basa en la violación de normas de derecho procesal que se han establecido por el legislador para regular el proceso, por lo que cuando se verifique el hecho o la conducta -antecedente- que una norma de derecho procesal contempla, surge una voluntad concreta de la ley dirigida al juez, y si éste no se ajusta al mandato o a lo que la ley prescribe, comete la violación de la ley, que típicamente se denomina error in procedendo.
En nuestro derecho positivo el error in procedendo recibe el nombre de “quebrantamiento de forma”. El fundamento del recurso de casación basado en éste motivo reside en la violación de la garantía fundamental de la defensa en juicio, dado que ese vicio siempre puede implicar una lesión a aquella garantía constitucional. La nulidad puede encontrarse en el procedimiento o en la sentencia. En este último caso la nulidad puede producirse por errores “extrínsecos” (estructura, fecha y firma) o “intrínsecos” (v.gr. congruencia o fundamentación adecuada) (cfr. Perrachione, Mario C., “La casación como método de control de la función jurisdiccional”, Alveroni Ediciones, 2003, Córdoba, págs. 55, 56, 215, 216 y 217).- Nuestro régimen adjetivo admite como causal casatoria el acuse de irregularidades en el procedimiento, en tanto el artículo 2° del Libro I, Título IV, Cap.
IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, prescribe que: “El recurso de casación por quebrantamiento de forma procede cuando se hubieran violado las formas y solemnidades sustanciales prescriptas para el procedimiento…”. Ahora bien, este supuesto de impugnación debe conjugarse con el precepto normativo inmediatamente anterior, esto es, el artículo 1°, a tenor del cual el recurso de casación únicamente procede ante sentencias definitivas o resoluciones que sean equiparables a esa condición.- Dicho esto, es preciso advertir que la simple lectura de la parcela del recurso bajo examen revela que su discurso se encuentra dirigido a denunciar exclusivamente la existencia de vicios en el procedimiento que se habrían consumado en la faz instructoria de la Segunda Instancia, consistentes -según sus propios términos- en la falta de traslado de la expresión de agravios de la contraria así como la incorporación de prueba documental irregular por parte de aquella.
Así las cosas, la oportunidad adecuada para introducir este tipo de cuestionamiento ante esta instancia extraordinaria se produjo tras la emisión de la resolución de fs. 459/462 vta., que decidió la desafectación de la tutela sindical y se expidió sobre la justificación de la medida que el empleador prevé adoptar. Y, como se explicó en el apartado precedente, en el caso concreto el lapso de diez (10) días para recurrirla fue superado, sin que sea dable convalidar que dicha cuestión sea renovada fuera de ese tiempo, al haber sido alcanzada por los efectos de la preclusión.- Debe advertirse, además, que el motivo casatorio en tratamiento supedita su viabilidad al hecho de que: “…la nulidad no haya sido consentida por las partes.” (cfr. art. 2° del Libro I, Título IV, Cap.
IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-), lo que, a su vez, debe correlacionarse con los propios fundamentos vertidos por el Tribunal de Alzada en su decisión de fs. 474/475, en la que expuso que: “…habiendo la demandada tomado vista del expediente en fecha posterior a la agregación del memorial de agravios de la actora y asimismo consentido los actos y diligencias anteriores a su planteo y sobretodo (sic) la elevación de las actuaciones a esta instancia, corresponde rechazar el planteo de nulidad…” (cfr. foja 475).- De la confrontación de estos argumentos con los expuestos en el recurso, se desprende la existencia de un planteamiento recursivo que sólo alcanza a cristalizar un criterio distinto en la interpretación de normas procesales con el sostenido por la Alzada, invocación que por sí sola no basta en el ámbito casatorio dada la limitación extraordinaria de la instancia; máxime teniendo en cuenta que no se alcanza a avizorar arbitrariedad alguna.-
La insuficiencia del embate se releva con suma nitidez ni bien se repara que el interesado omite efectuar una crítica razonada, profunda, visceral, concreta y eficaz de la estructura sentencial atacada. Por el contrario, la simple lectura del escrito portador del recurso permite advertir sin mayores esfuerzos que el casacionista se limita a exponer su propia opinión acerca de cómo debió resolverse el punto bajo tratamiento, según su propia postura.-
En suma, tampoco resultan de recibo los agravios aquí analizados.-
VI. Que más allá de lo antedicho, del examen de las actuaciones se advierte en forma decisiva que el procedimiento por el cual se llegó a una parcela de la resolución atacada adolece de vicios substanciales que afectan a dicho resolutorio en lo referido a honorarios.-
Así las cosas, surge de las constancias obrantes en autos que el pronunciamiento de Primera Instancia regula honorarios en favor de los Dres. Daniel Martín, César Gustavo Gorocito (apoderados de la actora), Paulo L. Schmidt y Marta S. Quiroga (apoderados del demandado) y del Lic. Lionel Thomas (perito informático), con costas en el orden causado (cfr. foja 423 vta.). Este resolutorio fue notificado a los apoderados de la parte demandada como de la actora (cfr. fs. 426 y vta. y 428 y vta. y 453 y vta., respectivamente) y al perito interviniente (cfr. fs. 454 y vta.).- Esta resolución fue apelada por ambas partes (cfr. fs. 427 y 429). No obstante, únicamente la accionante se agravió ante la regulación de honorarios de todos los profesionales intervinientes, por considerarlos elevados (cfr. foja 435 vta.).-
La Excma. Cámara de Apelaciones confirmó la regulación de los estipendios profesionales fijada en la instancia de origen. No obstante, en materia de costas decidió imponer las de ambas instancias a cargo del demandado (cfr. foja 462 vta.).-
Esta regulación fue notificada por cédula al domicilio constituido por la actora y el demandado (cfr. fs. 464 y vta. y 465 y vta., respectivamente).-
Debe mencionarse que el demandado oportunamente denunció su domicilio real en Barrio Mutual YPF, casa N° 148 de la localidad de Caleta Olivia (cfr. foja 48).-
El artículo 32, inciso e) de la Ley N° 1444 dispone que los honorarios se notificarán personalmente o por cédula. Por su parte, el artículo 72 de la Ley Nº 3330 determina que: “Los autos que regulen honorarios deberán ser notificados personalmente o por cédula a sus beneficiarios y a los obligados a su pago en el domicilio real de éstos, o en el que especialmente hubiere constituido a estos efectos en el expediente o en otro instrumento público. Serán apelables en el término de cinco (5) días, pudiendo fundarse la apelación en el acto de deducirse el recurso, que se resolverá previo traslado a la parte contraria en el plazo perentorio de diez (10) días de recibido el expediente por la Alzada sin excepción y dilación alguna atento el carácter alimentario que reviste el honorario profesional.”.- De lo expuesto, se colige que en autos falta cumplir con la notificación de los honorarios fijados en Primera Instancia en el domicilio real del obligado al pago (el demandado).-
Asimismo, en la cédula de notificación de los honorarios al domicilio real del demandado debe transcribirse obligatoriamente el artículo 74 de la Ley de Honorarios bajo pena de nulidad, lo que tampoco se ha cumplido en el sub lite, pues ni siquiera se diligenció tal cédula. El mencionado artículo concretamente dispone: “Todo honorario regulado judicialmente deberá pagarse por la parte condenada en costas, entre siete (7) y treinta (30) días corridos según el monto de condena a abonar. En el supuesto que dicho pago no se efectuare, el profesional podrá reclamar el pago al cliente, salvo acuerdo en contrario...Operada la mora, el profesional podrá optar: Reclamar los honorarios con más los intereses a tasa activa del Banco Nación o la que resulte más favorable al profesional, salvo lo previsto en leyes especiales. Los honorarios a cargo del mandante o patrocinado quedarán firmes si la notificación se hubiere practicado en su domicilio real. En la cédula de notificación, en todos los casos y bajo pena de nulidad, deberá transcribirse este artículo.”.- Con las omisiones señaladas se ha producido una flagrante violación de la garantía de defensa en juicio, ya que se privó al demandado de la posibilidad de recurrir los honorarios regulados en Primera Instancia al no habérsele notificado los mismos. De este modo, el Sr. Casella no contó con la oportunidad de argumentar y hacer valer sus derechos frente a este resultado. Consecuentemente se ha vulnerado el principio de bilateralidad o contradicción.-
Asimismo, la ausencia de notificación de la sentencia de Primera Instancia, en lo tocante a la regulación de honorarios, implica un cercenamiento de la garantía a la doble instancia judicial, reconocido en la Ley de Honorarios Provincial de acuerdo a su artículo 72. También debe ponderarse que: “La exigibilidad de los honorarios se encuentra supeditada a la debida notificación del auto regulatorio...lo cual incidirá directamente no sólo en su firmeza sino también en la constitución en mora y, como corolario de ello, en la posibilidad de que el letrado exija el pago del capital adeudado con más los intereses respectivos.” (cfr. sum. “Dattolo Yolanda Noemi C/ Puglia Conrado S/ Divorcio Vincular”, causa MP 151.584 I, del 11/07/2012,). Es que: “…la regular manera de anoticiar un acto judicial incidirá directamente en su firmeza o no, y en lo referente a la mora.” (cfr. Cairo, Silvina - Hitters, Juan Manuel: “Los recursos ordinarios contra las regulaciones de honorarios de abogados y procuradores de la provincia de Buenos Aires”, www.informacionlegal.com.ar. Cita Online: 0003/801011).- La decisión que debe ser dada en estos actuados por este Alto Cuerpo trata, en definitiva, del debido contralor de los actos jurisdiccionales, que siempre y necesariamente deben respetar la lógica interior de los hechos, pruebas y legalidad de las respuestas jurisdiccionales, sin lo cual se malogran irremediablemente las garantías del debido proceso, de la defensa en juicio y, fundamentalmente, del principio de seguridad jurídica. Esto es, comprobado el vicio de procedimiento, la parcela sentencial de la Alzada vinculada a la regulación de honorarios no existe como acto procesal válido.- Debemos señalar que es oportuna la declaración de la nulidad de oficio en esta etapa del proceso por razones de celeridad y economía procesal. Pues permitir el avance de las actuaciones ante una evidente nulidad implicaría incurrir en un excesivo rigorismo formal y en un dispendio jurisdiccional inútil (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXIX, Reg. 3374, Folio 5639/5642).-
VII. Por todo lo expuesto, corresponde suplir la omisión acaecida en la instancia de origen y mandar a notificar la regulación de honorarios de la sentencia de Primera Instancia al domicilio real del demandado y con las formalidades previstas en la Ley de Honorarios (cfr. arts. 72, 74 y cctes. Ley Provincial Nº 3330). También debe declararse la nulidad parcial de la resolución de Segunda Instancia, en la parte que confirmó la regulación de honorarios fijados en la instancia anterior (cfr. pto. 2° de la parte resolutiva), en virtud de la vulneración de las garantías procesales del demandado (cfr. arts. 170, 173 y 175 CPCyC) por violación del principio de bilateralidad o contradicción.-
VIII. Que, en mérito a las consideraciones vertidas, el recurso de casación articulado a fs. 479/494 vta. no ha logrado habilitar la presente instancia extraordinaria por lo que corresponde declararlo mal concedido y, en consecuencia, revocar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial, obrante a fs. 496 y vta., de conformidad con lo establecido por el artículo 7º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-. Asimismo, corresponde declarar de oficio la nulidad parcial del pronunciamiento dictado por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 459/462 vta. en la parcela que confirma la regulación de honorarios fijada en la instancia de origen (cfr. pto. 2° de la parte resolutiva), debiendo reenviar las presentes actuaciones a la Cámara de origen para que tome las medidas adecuadas para notificar la regulación de honorarios de la sentencia de Primera Instancia al domicilio real del demandado con las formalidades exigidas por la Ley Provincial Nº 3330 y, ulteriormente, con nuevos jueces hábiles, dicte resolución conforme a derecho y según corresponda dentro de los límites indicados. Así lo votamos.- Voto del Dr. Daniel Mauricio Mariani, de la Dra. Alicia de los Ángeles Mercau y de la Sra. Presidenta, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos:
I. Que si bien compartimos el relato efectuado por nuestros distinguidos colegas preopinantes de los antecedentes de la causa, la solución arribada con relación a la inadmisibilidad del recurso casación interpuesto por la parte demandada y la nulidad decretada de oficio respecto de la parcela que confirma la regulación de los honorarios profesionales practicada en Primera Instancia, disentimos con lo expresado en el Considerando VII y con la orden de notificar la regulación de honorarios de Primera Instancia, dispuesto en el Considerando VIII in fine.- Ello es así en virtud que el artículo 278 del CPCyC dispone que cuando la sentencia o resolución fuere revocatoria o modificatoria del fallo de Primera Instancia, el Tribunal adecuará las costas y el monto de los honorarios al contenido de su pronunciamiento, aunque no hubiesen sido materia de apelación. Este Tribunal Superior de Justicia se ha expedido en este sentido en Libro de Registro de Sentencia, Tomo XVII, Reg. 583, Folio 3332/3338.-
Julio Federico Passarón y Guillermo Mario Pesaresi, en su obra “Honorarios Judiciales” nos ilustran que las costas y los honorarios hacen a condenas secundarias, que dependen de la cuestión principal sometida a revisión del tribunal de apelación, resulta lógico que, cuando se rescinde total o parcialmente la sentencia se haya considerado por el legislador que implícitamente se sometió al órgano ad quem la decisión de la imposición de las costas y de los honorarios pertinentes a los profesionales intervinientes en el proceso con obvias ventajas desde la perspectiva de los principios de economía y celeridad procesal. La regla es, entonces, que con la modificación de la cuestión de fondo, y la condena en costa por la alzada, las regulaciones de honorarios quedan sin efecto y deben ser nuevamente practicadas por la instancia revisora (cfr. aut. y ob. cit., Ed. Astrea, 2008, Tomo 2, págs. 259/260).- En el caso que nos ocupa, la Excma. Cámara de Apelaciones decidió revocar el fallo de Primera Instancia respecto a la cuestión principal -haciendo lugar a la acción de exclusión de la tutela sindical (cfr. foja 462 vta.)-, razón por la cual consideramos que los honorarios profesionales deberán ser adecuados por dicha instancia revisora con nuevos jueces hábiles. Así lo votamos.-
Por los fundamentos del Acuerdo que antecede y el voto mayoritario y concordante de las Sres. Vocales, Dr. Daniel Mauricio Mariani, Dr. Dra. Alicia de los Ángeles Mercau y de la Sra. Presidenta, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos, y el voto en disidencia de los Sres. Vocales Dra. Reneé Guadalupe Fernández y Dr. Fernando Miguel Basanta, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por la parte demandada a fs. 479/494 vta. y, en consecuencia, revocar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial, obrante a fs. 496 y vta..-
2. Declarar de oficio la nulidad parcial del pronunciamiento dictado por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 459/462 vta. en la parcela que dispone la regulación de honorarios, punto 2° de la parte resolutiva, debiendo ser adecuados por dicha instancia revisora por nuevos jueces hábiles según lo dispuesto en el artículo 278 del CPCyC.-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Presidenta-, Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal-, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau -Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-, Dr. Fernando Miguel Basanta -Vocal-; Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos.-
Protocolización: TSS1014I.231 Tomo: XXXIV Interlocutorio: 3743 Folio N°: 6704/6709 Secretaría: 1
Fin de la sentencia