Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa B-2384/19-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso de casación interpuesto por la parte actora a fs. 135/150 vta. y, en consecuencia, confirmar la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 121/128 vta.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: B-2384/19-TSJ Sentencia Nº: 758 Actor: BANCO SANTA CRUZ S.A.
Demandada: GUAYMAS MÓNICA RAQUEL Objeto: EJECUTIVO Fecha: 12-07-2024 Texto: TOMO XXIV -SENTENCIA- T.S.J..-
REGISTRO Nº 758 FOLIO Nº 4659/4667 PROT. ELECT. TSS1 016 S.241
Río Gallegos, 12 de julio de 2024.-
Los presentes autos caratulados: “BANCO SANTA CRUZ S.A. c/ GUAYMAS MÓNICA RAQUEL s/ EJECUTIVO”, Expte. N° B-25.700/15 (B-2384/19-TSJ), venidos al Acuerdo para dictar sentencia; y
I. Que llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso de casación interpuesto por la parte actora, por intermedio de su letrada apoderada Dra. Laura Cecilia de Julio (cfr. fs. 135/150 vta.) contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial, en cuanto resuelve admitir el recurso de apelación deducido por la demandada y rechazar la acción ejecutiva con costas (cfr. fs. 121/128 vta.).-
II. Contra este pronunciamiento, la parte actora interpuso recurso de casación acusando quebrantamiento de forma y violación o errónea interpretación de la ley (cfr. foja 135).-
Expresa que: “…conforme el artículo 2º y 3º, incisos a y b…por considerar que la resolución…ha quebrantado las exigencias que son propias de una decisión jurisdiccional, ha violentado y aplicado erróneamente las normas que el mismo tribunal cita, recayendo la decisión sobre cuestiones no introducidas en tiempo y forma al debate, como así también ha conculcado derechos reconocidos y protegidos por la Constitución nacional, no siendo además, una derivación razonada de lo actuado en la causa y del derecho y jurisprudencia aplicable al caso.” (cfr. foja 135 vta.).- Sostiene que: “… la Cámara invoca el carácter de orden público de la ley de defensa del consumidor, para atribuirse la facultad de inspeccionar de oficio la aplicación de las previsiones de la ley 24.240…esta postura, entra en crisis con la noción de congruencia de las decisiones judiciales, viola los límites que posee la Alzada para revisar las sentencias de primera instancia y colisiona con otros postulados, incluso de jerarquía constitucional, como es la defensa en juicio, e igualdad de las partes en el proceso.” (cfr. fs. 138 y vta.).-
Entiende que la Excma. Cámara de Apelaciones excedió notoriamente los términos en que quedó trabada la litis en cuanto: “…la ejecutada no incorporó oportunamente al debate, la circunstancia relativa a la relación de consumo a fin de que esta defensa pudiera ser válidamente evaluada y admitida en primera instancia y luego en la Cámara de Apelaciones…” (cfr. foja 138 vta.).-
Bajo el título de quebrantamiento de formas reitera que: “…la sentencia de la Cámara…se expide sobre un aspecto no sometido a su decisión; el argumento relativo a la existencia de una relación de consumo no fue sometida a decisión del juez de primera instancia ni no (sic) fue objeto de debate y prueba, razón por la cual, la sentencia que recoge dicho aspecto como esencial para su resolución, es nula, por haberse emitido violando los términos en que quedó trabada la Litis.” (cfr. foja 139 vta.).-
En cuanto a la violación y errónea aplicación de la ley entiende que: “…aún en el supuesto que se considerara que la defensa relativa a la existencia de un contrato de consumo hubiera sido debidamente introducida y probada por las partes…resulta inválida la sentencia de la Cámara, pues tampoco se procede en forma congruente con la aplicación de las normas de defensa del consumidor que se invocan. La Cámara invoca la aplicación del art. 36 de la ley de defensa del consumidor; no obstante, en lugar de disponer el cumplimiento de la misma, infundadamente rechaza la ejecución.” (cfr. foja 148).- Insiste en que: “…la Alzada, en lugar de anular la sentencia y remitir las actuaciones a otro juez a fin de que se ordene la integración del título de acuerdo a la normativa y jurisprudencia que invoca, rechaza la ejecución; es decir, el fallo incurre en violación de la ley, careciendo también de una estructura lógica interna […] De este modo, nos encontramos ante una sentencia que quebranta la misma normativa que invoca.” (cfr. foja 149 vta.).-
Agrega que: “La Cámara de Apelaciones…incurre en una evidente falla al aplicar de manera errónea la normativa que el propio tribunal estima aplicable, aspecto que afecta la validez del pronunciamiento, afectando el patrimonio de mi representado. La arbitrariedad en la que se incurre es más que evidente, en primer lugar se invoca una norma que no correspondía considerar, y luego, absurdamente, no se hace uso de la solución que dicha norma prevé, sino que se rechaza la ejecución, tergiversando la solución que la ley da al caso, prevista para proteger los derechos del consumidor, cuando dicha relación es debidamente invocada y acreditada.” (cfr. foja 150).- Finalmente se agravia porque considera que la relación de consumo tampoco fue probada (cfr. foja 149). Al respecto afirma: “…la Alzada da por cierta la existencia de una relación de consumo…que la ejecutada no invocó… obsérvese que lo único que ofreció como prueba…son recibos de haberes y resúmenes de cuenta…cabe señalar que si la ejecutada consideraba que existía una relación de consumo, aun cuando no tuviera en su poder documentación respaldatoria, válidamente pudo ofrecer otros medios de prueba, no obstante, sólo se limitó a alegar que la deuda…se encontraba cancelada. En este contexto, el juez no puede suplir la negligencia de las partes ni crear presunciones sin sustento objetivo, sin alterar la igualdad de las partes, el principio dispositivo y en definitiva el debido proceso.” (cfr. foja 148 vta.).- A fs. 152/153, la Excma. Cámara de Apelaciones declara formalmente admisible el recurso de casación interpuesto por la parte actora y a fs. 168 y vta., obra interlocutorio de este Tribunal Superior de Justicia, declarándolo bien concedido, poniendo los autos a disposición de las partes, de conformidad con los términos del artículo 8º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, haciendo uso de ese derecho la demandada en PE 23827-2020 y la actora en PE51092-2021.-
En su memorial la demandada argumenta que: “…no puede el Banco sostener que no introduje la relación de consumo en el responde de la demanda, pues es el propio Banco el primero que introduce esta cuestión en su demanda ejecutiva cuando en los hechos explica el origen del pagaré al señalar que proviene de una ‘solicitud de Préstamo Personal’ […] al señalar la causa de la deuda instrumentada en el pagaré…abrió la posibilidad para que mi parte aclarase en el responde que el préstamo personal no es mas que aquellos dos préstamos que solicité en los años 2011 y 2012 por un valor total de $ 35.000 y cuyo saldo impago refinanciado se instrumentó posteriormente en el pagaré de la ejecución.” (cfr. PE23827-2020, pág. 2). Y agrega que allí había citado el fallo “Banco Macro S.A c/ González Carmen del Valle” por tratarse de un caso idéntico al presente, referido a la relación de consumo (cfr. PE y pág. cits).- Aduce que: “…el Banco ya conocía la existencia de esta defensa cuando se le corrió traslado de la excepción y así quedó trabada la litis con la relación de consumo incorporada a la misma. […] al llegar a la Alzada, la cuestión de la relación de consumo ya había sido objeto de debate entre las partes y de decisión en la sentencia de primera instancia…Por lo tanto, la Cámara ha obrado dentro de los límites que le marca el art. 270 del CPCyC al resolver esta cuestión y en este aspecto su fallo no ha quebrantado ninguna forma legal.” (cfr. PE cit. pág. 3).-
Con relación a lo señalado por la Cámara en cuanto que en Primera Instancia debió intimar al Banco a adjuntar toda documentación vinculada a su parte y con el pagaré base de la ejecución, incluyendo el o los contratos y documentación que su parte hubiere firmado, sostiene que: “…no debemos olvidar que esta es una facultad que como tal pudo haber ejercido o no, pero, aun no habiéndola ejercido el Sr. Juez de primera instancia, ella no cambia la solución legal del caso, ya que ante el reconocimiento del Banco de que el pagaré tenia (sic) como origen un préstamo personal y siendo éste un contrato bancario regulado por las normas de la relación de consumo, debió sin mas rechazar la via (sic) ejecutiva…este ha sido el camino elegido por la Cámara, sin que pueda atribuirsele (sic) la violación o errónea aplicación de la LDC porque el art. 36 de esta última no obliga a efectuar este requerimiento en un juicio ejecutivo cuando se vislumbra que la verdadera base es una relación de consumo. La solución legal del art. 36 LDC es la declaración de nulidad del contrato ante la falta de los requisitos exigidos por la norma. En el presente caso, debió rechazar sin mas la demanda ejecutiva y ordenar ocurrir por la via (sic) ordinaria (art. 297 del C.P.C.yC) en la cual, inexcusablemente debe verificar los requisitos del art. 36 LDC.” (cfr. PE cit., pág. 4).- Por su parte la actora reproduce los argumentos ya expuestos en el recurso de casación, manteniendo la reserva del caso federal (cfr. PE. 51092-2021).-
El Sr. Agente Fiscal Subrogante ante este Alto Cuerpo dictamina, por las razones que allí esgrime y a las que nos remitimos en honor a la brevedad, que: “…por existir un quiebre del principio de congruencia…V.E. puede hacer lugar al recurso interpuesto…” (cfr. PE90482-2021, pág. 7).-
En PE98484-2021 se llaman autos para dictar sentencia y, en PE711923-2022, pasan los presentes a estudio.-
III. En primer término es preciso aclarar que los fundamentos de los agravios vertidos reposan en las causales de quebrantamiento de forma y violación de la ley. Por una cuestión de método se tratará, inicialmente, el recurso desde el prisma del artículo 2° del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, ya que de existir quebrantamiento de las formas, resultaría innecesario analizar el resto de los agravios esgrimidos.-
Como punto de partida es menester señalar que el proceso civil es esencialmente dispositivo y que la congruencia entre los elementos componentes de lo que es materia de pretensión en la demanda y/o agravios en el recurso de apelación y lo decidido por la sentencia de primera instancia o de alzada, es una de las reglas básicas en la construcción lógica de una sentencia válida (cfr. Molina Sandoval, Carlos A.: “Recurso de Casación, Aspectos sustanciales, argumentales y procesales”, 1 edición, Advocatus, Córdoba, 2016, pág. 56).-
Asimismo, se ha dicho que el principio de congruencia: “…se vincula, básicamente, con la forma en que los órganos jurisdiccionales deben resolver las cuestiones sometidas a su decisión, teniendo en cuenta los términos en que quedó articulada la relación procesal, esto es, sin incurrir en omisiones o demasías decisorias. El destino de dicha directriz es conducir el proceso en términos de razonable equilibrio dentro de la bilateralidad del contradictorio, imponiendo que la sentencia se muestre atenta a la pretensión jurídica que forma el contenido de la disputa…” (cfr. sum. SCBA “Ternium Argentina S.A. c/ Provincia de Buenos Aires s/ Inconstitucionalidad art. 149, ley 14.394”, causa LP I 72410, I. 28/12/2020).- En el recurso en estudio, la parte actora acusa quebrantamiento de forma porque entiende que la Excma. Cámara de Apelaciones excedió de manera notoria los términos en que quedó trabada la litis. En tal sentido, afirma que la ejecutada no incorporó oportunamente al debate la circunstancia relativa a la relación de consumo, a fin de que esa defensa pudiera ser evaluada y admitida en Primera Instancia y luego en la Cámara de Apelaciones (cfr. foja 138 vta.).-
Mencionado esto, es preciso adelantar que no asiste razón a la recurrente toda vez que, de las constancias de las causa, se observa que el Tribunal de Alzada ha realizado una clara aplicación del derecho sin alterar, ni exceder la pretensión deducida por las partes en los escritos constitutivos del proceso, como tampoco los hechos alegados en la causa.-
A fin de evidenciar lo expuesto en el párrafo anterior, resulta apropiado recordar que el actor inició la presente acción ejecutiva contra la Sra. Mónica Raquel Guaymas persiguiendo el cobro de una suma de dinero con más sus intereses, costos y costas. En referencia a ello sostuvo: “…Que el ejecutado con fecha 27 de agosto de 2014, firmo (sic) el pagare (sic)…sin protesto por un monto de pesos treinta mil ($ 45.172,26) (sic) que conforme a las condiciones de solicitud de Préstamos Personales, el deudor se obligó a abonar dicho importe…La presente acción está basada en el ‘Pagare (sic) sin Protesto’ que se acompaña…” (cfr. foja 11).- Por su parte, el título ejecutivo expresa: “En la ciudad de Río Gallegos…A la vista pagaré sin protesto…la cantidad de pesos….por igual valor recibido a nuestra entera satisfacción en préstamo. […] El importe…devengará un interés compensatorio…En caso de mora…un interés punitorio adicional… ” (cfr. foja 9).-
Que en la oportunidad prevista en el artículo 521 del CPCyC comparece la parte demandada e interpone excepción de pago total ofreciendo la prueba que hace a su derecho. Afirma que la deuda que surge del pagaré base de la ejecución es la misma que contrajo en los años 2011 y 2012 con el Banco de Santa Cruz S.A por préstamos personales que por ser pagaderos bajo la modalidad de descuento por planilla, son abonados mediante la retención de sus haberes como empleada del Consejo Provincial de Educación (cfr. fs. 72 y vta.). Sostiene que el Banco ejerce abusivamente su derecho en tanto pretende cobrar dos veces la misma deuda proveniente de préstamos personales (cfr. foja 73 vta.). Finalmente remite a la aplicación de dos antecedentes jurisprudenciales referidos a la relación de consumo (cfr. fs. 73 vta./74).- Que corrido el traslado de rigor, la ejecutante se opone al progreso de la defensa manifestando: “…dicha documentación y excepción planteada deben ser rechazadas, por pretender el accionado discutir la causa de la obligación y pretender ilegítimamente desvirtuar la naturaleza sumaria del juicio ejecutivo. […] El demandado solo (sic) se ha limitado alegar (sic) la causa de la obligación, prohibida en estos juicios…” (cfr. foja 76 vta./77). Acto seguido solicita el rechazo de las pruebas ofrecidas con expresa imposición de costas (cfr. foja 77).-
El magistrado de origen, al dictar sentencia, rechazó la excepción de pago total mandando a llevar adelante la ejecución con costas a la ejecutada (cfr. fs. 79/84vta.). Para así resolver entendió que los recibos de haberes acompañados tenían fecha anterior al pagaré y no generaban la convicción que los pagos hubieran sido realizados para abonar el título ejecutado (cfr. foja 82). En cuanto a la relación de consumo consideró que, si bien era de orden público y contenía el principio ‘favor debilis’, ello no autorizaba a desplazar sin más la aplicación de las normas relativas al régimen cambiario, debiendo efectuarse dicho planteo por la vía que corresponda (cfr. foja 83).- Contra ésta decisión la demandada deduce recurso de apelación argumentando que el yerro de la sentencia consiste en: “…haber realizado el tratamiento legal de la excepción y su consecuente rechazo sin aplicar las normas imperativas de orden público de la Ley de Defensa del Consumidor y de las normas relativas a la relación de consumo…y por lo tanto, sin haber considerado que la relación jurídica entablada entre el Banco ejecutante y la suscripta es de consumo y por ende no puede de ninguna manera equipararse a la de dos personas humanas o jurídicas en pie de igualdad en la negociación…” (cfr. foja 94).- En la oportunidad procesal correspondiente, la Excma.
Cámara de Apelaciones resuelve admitir el recurso deducido y rechazar la acción ejecutiva con costas (cfr. foja 128). Funda su decisión en la improcedencia de la acción ejecutiva promovida con un pagaré librado en fraude a la ley en razón de la prohibición de la reformatio in pejus, principio de jerarquía constitucional, con la finalidad de enmascarar la vía específica de cobro establecida por una ley de orden público (cfr. foja 125 vta.) Agrega además que, al quedar demostrada la existencia de una relación de consumo y ser la Ley de Defensa de Consumidor una normativa de orden público, la Cámara se encontraba facultada a inspeccionar de oficio la aplicación de las previsiones de la Ley Nº 24.240, en procura de la defensa de los derechos de la consumidora, circunstancia que debió ser ponderada también por el juez de grado al inicio de la demanda ejecutiva (cfr. foja 126 vta.).- Se aprecia, entonces, que la Excma.
Cámara de Apelaciones se encontraba habilitada para ponderar la causa de la obligación habida entre las partes y para analizar la aplicabilidad al caso de la Ley de Defensa del Consumidor, toda vez que dicho planteo fue objeto de pronunciamiento por el Sr. Juez titular del Juzgado de Primera Instancia y rebatido por la demandada en su escrito de expresión de agravios -que luce a fs. 94/96-, sin exceder ni preterir la Alzada los planteos formulados en esa impugnación.-
De esta manera no se advierte que el pronunciamiento en crisis haya quebrantado la razonable correspondencia que debe existir entre la pretensión de primera instancia y los agravios de segunda instancia con lo decidido (cfr. Molina Sandoval, Carlos A., ob. cit., pág. 59).-
El decisorio cuestionado muestra estricto respeto a los contornos del reclamo y no se observa el defecto en el que se pretende estar incurso según los agravios invocados por la accionante, ello en virtud que el camino sentencial recorrido no deja de observar las normas que denotan la validez sustancial y formal del pronunciamiento que se analiza, sin apreciarse el quebrantamiento de formas denunciado por la casacionista.-
En definitiva, la recurrente no ha logrado demostrar con éxito que el Tribunal de Alzada haya infringido las reglas básicas del razonamiento sentencial o incurrido en demasías decisorias susceptibles de configurar una transgresión al principio de congruencia, resultando a todas luces inconducente el planteo formulado.-
IV. Seguidamente corresponde adentrarnos al análisis del resto de los agravios invocados por la impugnante.-
La casacionista se agravia porque considera que la causa de la relación de consumo no fue probada (cfr. foja 149). -
Al respecto afirma que: “…la Alzada da por cierta la existencia de una relación de consumo…obsérvese que lo único que ofreció como prueba…son recibos de haberes y resúmenes de cuenta…cabe señalar que si la ejecutada consideraba que existía una relación de consumo, aun cuando no tuviera en su poder documentación respaldatoria, válidamente pudo ofrecer otros medios de prueba, no obstante, sólo se limitó a alegar que la deuda…se encontraba cancelada. En este contexto, el juez no puede suplir la negligencia de las partes ni crear presunciones sin sustento objetivo, sin alterar la igualdad de las partes, el principio dispositivo y en definitiva el debido proceso.” (cfr. foja 148 vta.).- Analizando las constancias de autos encontramos que la Sra. Guaymas ofreció prueba documental e informativa dirigida al Banco ejecutante y al Consejo Provincial de Educación (cfr. fs. 74 y vta.) que fue considerada inadmisible por el Magistrado de origen. Sin embargo, esta situación no impidió al Tribunal de Alzada discernir que el reclamo efectuado tenía su origen en una relación de consumo.-
Así encontramos que la misma surge de manera inequívoca del título ejecutivo base de la acción al expresarse que el valor recibido fue en carácter de “préstamo” (cfr. foja 9), de los propios dichos de la parte actora en su libelo de inicio al afirmar que el pagaré fue firmado “conforme las condiciones de solicitud de Préstamos Personales” (cfr. foja 11), de la defensa introducida por la ejecutada al interponer excepción de pago documentado y finalmente de las circunstancias personales de las partes toda vez que la ejecutante es una entidad bancaria y la ejecutada una persona física.- La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, reunida en pleno, no sólo determinó que siempre que se ejecute un pagaré librado por una persona física a favor de una entidad financiera se impone -en virtud de las circunstancias personales de las partes- la presunción de existencia de una operación para consumo sino que, además, afirmó que la ejecutante es quien posee la carga de aportar los elementos de prueba que puedan desvirtuar esa presunción (cfr.
CNCom., en pleno, Autoconvocatoria a plenario s/competencia del fuero comercial en los supuestos de ejecución de títulos cambiarios en que se invoquen involucrados derechos de consumidores, del 29/06/2011, www.informaciónlegal.com.ar, Cita Online: AR/JUR/27786/2011).- Esta postura también fue adoptada por la destacada doctrina nacional al sostener: “…‘de conformidad con lo que establecen los usos y costumbres comerciales, si quien pretende ejecutar un pagaré es una entidad financiera se presume que la causa es un préstamo para consumo, por lo que queda a cargo de ésta aportar elementos probatorios a fin de destruir tal presunción, ello de conformidad con la carga fijada para los proveedores por el artículo 53 de la Ley de Defensa del Consumidor’…” (cfr.
Wajntraub, Javier H.: “Justicia del Consumidor. Nuevo Régimen de la ley 26.993” 1° Edición, Rubinzal-Culzoni, Santa Fé, 2014, pág. 222).- Por lo tanto, al surgir de las constancias de la causa indicios serios y suficientes que permitían presumir de manera cierta e inequívoca que la relación que unía a las partes podía encuadrarse en una de consumo y, como contrapartida, al no existir elementos probatorios que habiliten a destruir la presunción que pesaba sobre la ejecutante entendemos que la interpretación sustentada por la Excma. Cámara de Apelaciones resulta coherente y debidamente fundada lo que avienta la posibilidad de su descalificación como acto jurisdiccional inválido, debiendo rechazarse el agravio esgrimido por improcedente.-
V. La impugnante se agravia en cuanto la anterior instancia se atribuye la facultad de inspeccionar de oficio la aplicación de las previsiones de la ley de Defensa del Consumidor (cfr. foja 148 vta.).-
Previo debemos recordar que, conforme se expresó en el considerando III, la Excma. Cámara de Apelaciones trató la cuestión relativa a la relación de consumo que unía a los litigantes en virtud de constituir una defensa incorporada a la causa por la ejecutada en la oportunidad prevista por el artículo 521 del CPCyC y sometida a su consideración a través de los agravios invocados en el recurso de apelación a fs. 94/96 de los presentes.-
Ahora bien, aunque dicha defensa no hubiera sido expresamente sometida a su competencia, la anterior instancia también se encontraba habilitada para ingresar a su análisis en virtud que se extiende a ésta el deber de verificar de oficio la eficacia del título ejecutivo y la facultad -en caso de silencio de las partes- de aplicar “de oficio” la Ley de Defensa del Consumidor en atención al carácter de orden público que ostenta dicha normativa (cfr. art. 65 LDC) y -reiteramos- de extraerse de la causa indicios suficientes que permitían concluir de manera inequívoca que el vínculo que unía a las partes podía ser encuadrada en una relación de consumo.- Así las cosas, la facultad de la Alzada de fiscalizar el título ejecutivo no sólo surge de nuestra ley de procedimientos (cfr. art. 510 CPCyC) sino que además encuentra respaldo en destacada doctrina entre las cuales se ha afirmado que: “…En la actualidad se acepta que el tribunal de alzada, a pedido de parte o de oficio, vuelva a examinar el título, pese a que…el juez de grado hubiera considerado hábil el título ejecutivo. […] Es indiferente que la falta de idoneidad la dicte el juez de primera instancia o el tribunal de apelación, dado que la obligación no es exclusiva de aquél, sino extensiva a todas las instancias.” (cfr.
Elena I. Highton - Beatriz A. Areán: “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Concordado con los códigos provinciales. Análisis doctrinal y jurisprudencial”, 1º edición, Hammurabi, Buenos Aires, 2008, Tomo 9, págs. 629/630).- La Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Tucumán al referirse al tema en estudio también ha adoptado una postura similar. En particular tiene dicho que: “…la existencia y habilidad del título constituyen presupuestos inexorables para el ejercicio de la acción ejecutiva. Y que corresponde al juez examinar la concurrencia de los recaudos legales al momento de despachar el mandamiento de intimación de pago y, aún a falta de oposición del ejecutado, al momento de dictar sentencia de trance y remate.
Y se destacó que este deber legal, en caso de apelación, viene impuesto asimismo, al Tribunal de Alzada porque el control de oficio de los presupuestos de admisibilidad, es característica del juicio ejecutivo, advirtiendo que ‘los límites impuestos por el art. 775 procesal no vedan el reexamen de la habilidad del título cuando el pronunciamiento sobre el particular, fue objeto de apelación’…” (cfr. “La Gaceta S.A c/ Tale Luis Roberto y Otros s/ Ejecución Hipotecaria”, del 10/11/2008, www.informaciónlegal.com.ar, Cita Online: 70051639).- En cuanto a la facultad que posee la Excma. Cámara de Apelaciones de aplicar de oficio la ley consumeril numerosa doctrina en la materia se ha expedido en sentido favorable a tal interpretación.
Entre ellas podemos destacar la que afirma que: “…no es indispensable para efectivizar la protección que tal estatuto concede al consumidor la petición expresa realizada en el proceso por el destinatario del régimen protectorio, puesto que al ser de orden público dicha normativa, el juzgador no sólo se encuentra facultado sino que debe actuar de oficio en procura de la defensa de los derechos consagrados en la ley 24.240 -ref. por ley 26.361…las leyes de orden público son irrenunciables y deben ser aplicadas de oficio por el Juez, pues…la aplicación oficiosa de la Ley de Defensa del Consumidor no resulta ser una alternativa para el magistrado sino un deber. De allí que, la ley nacional de defensa del consumidor es un ‘piso’ de protección que ninguna otra legislación de jerarquía inferior, o bien perteneciente a otro ámbito (provincial o municipal), e incluso las decisiones judiciales, pueden afectar.
Y siguiendo este razonamiento, el Juzgador deberá necesariamente indagar si el negocio que subyace al título traído a debate ha cumplido con lo que establece el art. 36 de la ley de defensa del consumidor.” (cfr. Brun, Carlos A. y Rodríguez, Gonzalo M.: “La defensa del Consumidor y los pagarés de consumo”, www.informaciónlegal.com.ar, Cita Online AR/DOC/5883/2012).- En concordancia con ello, Carlos E. Camps nos ilustra que: “…incumbe al juez de oficio frente a la presentación de un título abstracto analizar si existe tal vínculo de consumo, ya que de ello podrá depender la configuración de esenciales elementos que hacen a una adecuada conformación de una litis donde están en juego derechos del consumo.
Concretamente, su propia competencia y, en un paso posterior, hasta la existencia y cuantía misma de la deuda, entre otros aspectos. Frente a ello, forzoso resulta concluir que solamente indagando en la causa de la obligación que se ejecuta podrán los jueces -en el actual marco regulatorio procesal- cumplir adecuadamente con el mandato de la eficacia en materia de ejecución de títulos derivados de contratos de consumo.” (cfr. aut. cit. “Contrato de consumo, títulos ejecutivos y eficacia procesal”, www.informaciónlegal.com.ar; Cita Online: AR/DOC/1875/2017).- Por su parte, Javier H. Wajntraub en la obra citada indica que: “…‘la abstracción cambiaria no puede constituirse en un obstáculo para analizar la aplicación de la normativa de la Ley de Defensa del Consumidor a una acción ejecutiva, toda vez que en los casos que presentan colisión normativa debe tenerse en cuenta que no es la ley sino la Constitución Nacional -artículo 42- la que resulta fuente principal del derecho consumerista, por lo que debe prevalecer frente al Derecho común’…” (cfr. ob. y pág. cit.).-
Este criterio también ha sido adoptado por numerosa jurisprudencia. En tal sentido se ha expresado que: “…se impone al juez indagar aún de oficio, sobre la naturaleza del título esgrimido por el ejecutante...‘La calidad de las partes en el juicio ejecutivo constituye un indicio que permite inferir la existencia de una relación de consumo subyacente’…‘La ausencia de un planteo expreso por parte del ejecutado no releva al juez del deber de verificar de oficio, la concurrencia de la totalidad de los requisitos legalmente impuestos al instrumento base de la ejecución y la consiguiente habilidad de título’…” (cfr. sum. CSJ Tucumán, Sala civil y penal, autos: “Banco Hipotecario S.A c/ Ruiz Paz Maria Estela s/ Cobro Ejecutivo” Expte Nº 2649/16, S, del 19/04/2021) y que: “Mas allá de las limitaciones cognoscitivas propias de los procesos de ejecución, que impiden debatir aspectos ajenos al título, cuando la pretensión ejecutiva reconoce arraigo en una relación de financiación para el consumo, es posible y necesario interpretar la aludida regla procesal, de modo compatible con los principios derivados de la legislación de protección de usuarios (arts. 1, 2, 36 y 37, ley 24.240).
Y ello a fin de poder arribar a la solución que proteja del modo más eficiente posible la finalidad tuitiva de grupos tradicionalmente postergados y particularmente vulnerables, como ocurre con los usuarios y consumidores…” (cfr. sum. SCBA; “Cuevas, Eduardo Alberto c/ Salcedo, Alejandro René s/ Cobro ejecutivo”, causa LP 109305. S, del 01/09/2010).- No está demás señalar que: “La relación de consumo no pierde ni cambia su naturaleza por el hecho de haberse instrumentado mediante títulos valores; predicar lo contrario implicaría vaciar de aplicación la norma protectoria por el simple expediente de imponer al consumidor la firma de un papel de comercio. Entonces, si mediante la instrumentación por medio de un título cambiario y por medio de un juicio ejecutivo (CPCCN, título 2, arts. 520 y ss.) se procura la satisfacción de una deuda contraída con el objeto adquirir (sic) bienes para consumo, no puede dudarse de la directa aplicabilidad de las normas protectorias contenidas en la ley de Defensa del Consumidor.” (cfr.
CNCom, plenario cit.).- En consecuencia, se puede concluir que la Excma. Cámara de Apelaciones -aún cuando las partes no lo hubieran solicitado-, se encontraba habilitada para fiscalizar si el instrumento base de la pretensión se ajustaba a las exigencias legales requeridas para los títulos ejecutivos y, al observar indicios inequívocos de la existencia de una relación de consumo, también tenía el deber de verificar si el ejecutante había dado cumplimiento con los recaudos establecido en el artículo 36 de la Ley Nº 24.240 por lo que el agravio invocado tampoco puede recibir favorable acogida.-
VI. Por último, y a fin de dar acabada respuesta a todos los planteos recursivos de la recurrente se debe sostener que tampoco puede prosperar la violación de la ley que se denuncia, toda vez que la impugnante no esboza ningún argumento atendible que permita vislumbrar la existencia de alguno de los presupuestos que la configuran.-
En este caso, el remedio articulado no cumple con el requisito de adecuada fundamentación ni refuta todas y cada una de las razones desplegadas en la sentencia impugnada (cfr. TSJ Santa Cruz, Tomo IV, Interlocutorio, Reg. 427, Folio 714/715; ídem Tomo V, Interlocutorio, Reg. 850, Folio 956/958). Es que pese a invocarse por la recurrente que la casación se sustenta en la errónea interpretación de la ley, en su recurso se limita a enumerar la norma supuestamente conculcada omitiendo efectuar una cabal demostración de cómo es que se ha producido esa violación de la ley o errónea que genéricamente denuncia, de manera de suministrar con ello, fundamentos que estén referidos directa y concretamente a los conceptos que estructuran la construcción jurídica en que se asienta la sentencia.- En cuanto a la violación o errónea interpretación de la ley la ejecutante considera que la Alzada incurrió en dicho vicio al rechazar la ejecución y no disponer el cumplimiento del artículo 36 de la Ley 24.240 (cfr. foja 148). Igualmente se agravia porque entiende que ésta debería haber remitido las actuaciones a otro juez a fin de que ordene la integración del título (cfr. foja. 149 vta.).-
Conforme lo venimos manifestado, cuando se inicia una acción ejecutiva derivada de una relación de consumo es preciso que el instrumento acompañado cumpla con la información requerida en el artículo 36 de la Ley de Defensa del Consumidor a fin que el sentenciante pueda corroborar si se han resguardado debidamente los derechos del ejecutado. En cambio, si el título base de la acción no contiene dichos recaudos el accionante debería acompañar -en la oportunidad procesal correspondiente- documentación complementaria de la que surja la información omitida.-
El ordenamiento en cuestión en su parte pertinente reza: “De las Operaciones de Venta de Crédito. Artículo 36. Requisitos. En las operaciones financieras para consumo y en las de crédito para el consumo deberá consignarse de modo claro al consumidor o usuario, bajo pena de nulidad: a) La descripción del bien o servicio objeto de la compra o contratación, para los casos de adquisición de bienes o servicios; b) El precio al contado, sólo para los casos de operaciones de crédito para adquisición de bienes o servicios; c) El importe a desembolsar inicialmente -de existir- y el monto financiado; d) La tasa de interés efectiva anual; e) El total de los intereses a pagar o el costo financiero total; f) El sistema de amortización del capital y cancelación de los intereses; g) La cantidad, periodicidad y monto de los pagos a realizar; h) Los gastos extras, seguros o adicionales, si los hubiere. Cuando el proveedor omitiera incluir alguno de estos datos en el documento que corresponda, el consumidor tendrá derecho a demandar la nulidad del contrato o de una o más cláusulas...En las operaciones financieras para consumo y en las de crédito para consumo deberá consignarse la tasa de interés efectiva anual. Su omisión determinará que la obligación del tomador de abonar intereses sea ajustada a la tasa pasiva anual promedio del mercado difundida por el Banco Central de la República Argentina vigente a la fecha de celebración del contrato.”.- Ahora bien, en este caso, la oportunidad procesal para que la parte actora acompañe la documentación que acreditaba el cumplimiento de los recaudos previstos en la norma transcripta se encontraba fenecida tal como lo prescribe el artículo 310 del CPCyC. Esta norma indica que con la demanda, reconvención y contestación “en toda clase de juicios” deberá acompañarse la prueba documental que estuviese en su poder. Si no estuviera a su disposición la individualizará indicando su contenido, el lugar, archivo, oficina pública y persona en cuyo poder se encuentre.- Por otra parte, nuestro código de rito también establece que, después de interpuesta la demanda, no se admitirán al actor sino documentos de fecha posterior o anteriores, bajo juramento o afirmación de no haber antes tenido conocimiento de ellos (cfr. art. 312 del CPCyC).-
A la luz de tales premisas podemos afirmar que la recurrente debía acompañar la documentación complementaria del título ejecutivo al momento de iniciar la acción o, en su defecto, al contestar el traslado de la excepción interpuesta por la contraria, carga que no fue cumplida en ninguna de las oportunidades mencionadas.-
Si analizamos detenidamente las constancias de autos se observa que el título ejecutivo carece de la información indicada en el artículo 36 de la Ley de Defensa del Consumidor, así como también de documentación que lo complemente y que la accionante -al contestar el traslado de las excepciones- centró su descargo en que el análisis de la causa de la obligación se encontraba vedado en este tipo de procesos y en el carácter abstracto e incausado del título ejecutivo, omitiendo acompañar -también en dicha oportunidad- documentación respaldatoria que acredite la inexistencia de la relación de consumo alegada por la ejecutada o, en su defecto, el cumplimiento de la información requerida por la Ley Nº 24.240 (cfr. fs. 76/77 vta.).- Por otro lado -en Segunda Instancia- tampoco brindó explicación alguna que justifique la incorporación tardía de la documentación omitida conforme lo prescribe el artículo 312 del CPCyC.-
Ante este panorama es preciso traer a colación que la agregación en la Alzada de prueba instrumental debe ser de interpretación restrictiva, por cuanto importa una excepción al principio general. En consecuencia, deben darse razones suficientes y verosímiles para poder agregar la documentación omitida, no siendo procedente la agregación cuando es precisamente la misma parte la creadora del documento que pretende incorporar, máxime si es de fecha anterior a la oportunidad legal (cfr. CNCiv. Sala A 16/6/92, LL, 1992-D-207 citado por Elena I. Highton y Beatriz A. Areán, ob. cit., Tomo 6, pág. 408).- Idéntica postura se ha adoptado en los procesos ejecutivos derivados de una relación de consumo.
Es criterio jurisprudencial que: “…la integración del título se impone como condición de admisibilidad de la pretensión ejecutiva, y debe tener lugar, por regla, antes de ser dictada la sentencia de trance y remate, por cuanto la habilidad del título se supedita, en estos casos, a que el título integrado cumpla con los requisitos del artículo 36 de la LDC, cuestión que, será analizada al momento de ser dictado el pronunciamiento final del proceso.” (cfr. CCiv. Com. y Minas, La Rioja, Sala unipersonal, “Centro Card SA c/ Vázquez José Gabriel s/ Juicio ejecutivo” del 11/02/2022, www.informacionlegal.com.ar, Cita Online: AR/JUR/9449/2022) y que: “…‘El pagaré de consumo puede integrarse con documentación adicional relativa al negocio causal, dentro del mismo juicio ejecutivo, conformando un título complejo que deberá contener información clara y veraz, y además cumplir con los requisitos previstos en el art. 36 de la LDC para las operaciones de financiación o crédito para el consumo.
Dicha documentación debe agregarse en primera instancia, hasta el momento de la sentencia, sin que se admita su integración en la alzada…’”. (cfr. CCiv. y Com. Santa Fé, Sala III, “Nuevo Banco de Santa Fe SA c/ Isaz Ezequiel Maximiliano s/ Juicio ejecutivo”, del 21/12/2021 www.informacionlegal.com.ar, Cita Online: AR/JUR/216769/2021).- Asimismo se ha considerado que: “La falta de adjunción de la documental mencionada al interponer la demanda sin brindar explicación alguna, no puede responder a otro fin que pretender especular con la posibilidad de que el consumidor demandado no se presente, y con esto soslayar la presentación acabada de la documentación del título complejo en ejecución, conducta que conculca con el derecho de defensa del demandado y con los principios de cooperación procesal, buena fe y lealtad procesal previstos en la legislación procesal…” (cfr. sum.
Documentos y Locaciones de Tucumán, Sala II s/ Cobro ejecutivo, Expte: 4641/21 del 24/05/2023, Registro: 00068128-3).- Citando a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires podemos agregar que: “…cuando la documentación respaldatoria del contrato base no fue acompañada junto con la demanda, su admisibilidad está supeditada a la temporaneidad en su incorporación...Dicha oportunidad encuentra su límite en la constitución regular de la litis…pudiendo, en consecuencia, agregarse frente al requerimiento formulado de oficio por el juez al proveer la ejecución, o, a instancias del propio ejecutante, con anterioridad al diligenciamiento del mandamiento de intimación de pago…o bien al momento de contestar las excepciones planteadas…Ello toda vez que, la posterior presentación de los instrumentos relativos al negocio causal importa la modificación sustancial de los términos contenidos en la demanda, así como la reconducción del proceso a los fines de la preparación de la vía ejecutiva…De esta manera, la integración del pagaré una vez trabada la litis implicaría retrotraer el proceso a su fase inicial, debiendo dejarse sin efecto el mandamiento otrora diligenciado, vulnerándose así los principios de eventualidad, preclusión, irreiterabilidad del proceso, defensa en juicio e igualdad de las partes…Lo expuesto encuentra sustento en el artículo 331 del CPCC que habilita al sujeto activo del proceso a modificar o ampliar su pretensión pero con carácter previo a la notificación de demanda.
Principio que encuentra aplicación también en el campo del proceso ejecutivo o en el de apremio, en los cuales la transmisión de la pretensión se materializa mediante la intimación de pago…quedando con su realización trabada la litis con el destinatario del acto. Por tanto, hasta ese entonces, el accionante puede ampliar o transformar los términos de su pretensión…” (cfr. “Coop. de Crédito Vivienda Consumo y Servicios Soc. Acreditar LTDA c/ Bravo Sandra Valeria s/ Cobro Ejecutivo”, Causa MP 169159 S, del 20/02/2020).- Finalmente, se ha considerado que: “…‘si bien el pagaré que pretende ejecutar una entidad financiera cumple los requisitos del decreto-ley 5965/63, debe concluirse que fue librado en fraude a la Ley de Defensa del Consumidor dado que, como lógica consecuencia de su carácter de autónomo, carece de la información necesaria para poder corroborar si en la relación subyacente se han resguardado debidamente los derechos del usuario’”.
(cfr. Wajntraub, Javier H., ob. y pág. cits.).-
Que, por lo expuesto no puede ser objeto de censura en esta instancia extraordinaria la decisión de la Excma. Cámara de Apelaciones de rechazar la acción ejecutiva ya que el análisis efectuado por ésta no resultó equivocado, ha ponderado de manera prudente las constancias que surgen del proceso, ha optado por una solución conforme a derecho y finalmente ha fundamentado debidamente su postura resultando improcedente la impugnación efectuada.-
En último término, tampoco puede prosperar la pretensión referida a que la Alzada debería haber remitido las actuaciones a otro juez a fin de que se ordene la integración del título.-
Ello es así por cuanto los tribunales ordinarios de apelación no constituyen una instancia casatoria, por lo tanto, si revocan la decisión del inferior, no pueden “reenviar” la causa para que éste la falle nuevamente, sino que deben pronunciarse ellos (cfr. T.S.J. Santa Cruz, Sentencias, Tomo VIII, Reg. 287, Folio 1560/1562; Reg. 288, Folio 1563/1565 y Reg. 289, Folio 1566/1568).-
El reenvío perseguido por la ejecutante constituiría una afectación directa e inmediata de la garantía del debido proceso legal (art. 18, Const. Nac.) y significaría la reedición de la decisión definitiva del juicio en una instancia que se encuentra definitivamente superada (cfr. SCBA, autos: “Romero, Lidia Beatriz c/Transporte ‘La Perlita’ S.A. y otra s/Indemnización de daños y perjuicios”, causa LP 79404 S, del 08/09/2004).-
En virtud de lo expresado este agravio debe ser desestimado, puesto que el “reenvío” a primera instancia que pretende la recurrente no resulta procedente.-
VII. Que, en atención a los argumentos expuestos se puede concluir que el contenido de la protesta en estudio no logra desvirtuar la estructura del fallo impugnado. La casacionista no ha logrado brindar argumentos suficientes que pongan de manifiesto el quebrantamiento de forma y la violación o errónea interpretación de la ley que denuncia. Su discurrir se dirige a contradecir los argumentos expuestos en el decisorio impugnado, partiendo de un punto de vista diferente, que cuestiona el criterio sustentado respecto de la valoración y ponderación de las circunstancias que llevaron a la Alzada a decidir en un sentido distinto del pretendido, y desde este particular cuadrante, no refuta todas y cada una de las razones desplegadas en el pronunciamiento objetado por lo que corresponde rechazar en todas sus partes el recurso deducido.- Que en razón de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso de casación articulado por la parte actora a fs. 135/150 vta. y, en consecuencia, confirmar la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial, obrante a fs. 121/128 vta. con costas a la actora por aplicación del principio objetivo de la derrota (art. 68 del CPCyC); difiriendo la regulación de honorarios de las letradas intervinientes en la casación hasta tanto den cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes y sean regulados en las anteriores instancias.-
Por todo ello, y oído que fue el Sr. Agente Fiscal Subrogante, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Rechazar el recurso de casación interpuesto por la parte actora a fs. 135/150 vta. y, en consecuencia, confirmar la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 121/128 vta.-
3. Diferir la regulación de honorarios de las letradas intervinientes en la casación hasta tanto den cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes y sean regulados en las anteriores instancias.-
Fdo: Dr. Daniel Mauricio Mariani -Presidente-, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau -Vocal-, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-, Dr. Fernando Miguel Basanta -Vocal-; Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos.-
Protocolización: TSS1016S.241 Tomo: XXIV Sentencia: 758 Folio N°: 4659/4667 Secretaría: 1
Fin de la sentencia