Abriendo la norma
Juzgado en lo Civil y Comercial N.º 4 de San Isidro · Causa SI-25591-2024
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor todo ello, en orden a la normativa legal citada, FALLO esta causa de remate:
I. Mandar llevar adelante la ejecución promovida por BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. contra PAULA MARIANA CARRIZO hasta tanto ésta última le haga a la acreedora íntegro pago del capital reclamado de PESOS NOVECIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE C0N CINCUENTA CENTAVOS ( $ 920.679,50.) con más los intereses - por todo concepto - a la tasa ACTIVA que cobra el Banco de la Provincia de Buenos Aires para sus operaciones de descuento a 30 días , desde la fecha de cierre de la cuenta 29/04/2024 y hasta su efectivo pago, desestimándose por extemporáneo el pedido de capitalización de intereses formulado en la presentación en despacho
2Imponer las costas del presente a la accionada vencida, difiriendo la regulación de los honorarios para la oportunidad prevista por el art. 51 de la ley 14.967.-
3Tiénese por constituidos los domicilios físico y electrónica de la ejecutada en los estados del Juzgado ( art. 40 y 41 del C.P.C.C.).-
REGITRESE.
SI-25591-2024
San Isidro, de Noviembre de 2026
Proveyendo la presentación electrónica de fecha 16 de noviembre de 2026
Atento el estado de las presentes actuaciones, hágase lugar a lo solicitado y en su correlato, estése a lo que de seguido se dispone:
AUTOS, VISTOS Y CONSIDERANDO:
PRIMERO: LA NORMA APLICABLE: Previo al análisis de las consideraciones fácticas de la cuestión habida en autos, resulta menester ahondar si en el caso de autos estamos o no en presencia de una relación de consumo, para la postre resolver en consecuencia.
Para ello, resulta menester circunscribir la noción de la relación de consumo y su exégesis, para luego analizar las características de los sujetos alcanzados y su implicancia.
En cuanto al primero de los interrogantes, podría definirse a la relación de consumo como aquél vinculo jurídico generado por una relación contractual que se establece a título oneroso entre consumidores o usuarios finales y quienes participan en la producción o intercambio de los bienes y servicios (conf. Horacio Luis Bernsten "Derecho Procesal del Consumidor" pág. 4 La Ley , Bs. As. 2004) disponiendo la Ley 23.361 en su artículo tercero como asimismo nuestro actual ordenamiento del Cód. Civil y Comercial de la Nación (Ley 26.994) en su art. 1092 que " ..la relación de consumo es el vínculo jurídico entre proveer y consumidor o usuario..".
De allí que la relación de consumo alude, entonces al vínculo que se establece entre consumidor o usuario, con quien en forma profesional y aún ocasionalmente, produzca, importe, distribuya o comercialice cosas o preste servicios destinados a consumidores o usuarios (conf. art. 2do. LDC y art. 1093 del Cód. Civil y Comercial de la Nación) siempre sobre la mira de un conjunto de mecanismos tendientes a resguardar el equilibrio prestacional propio de toda relación de consumo, básicamente a través de la tipificación de las llamadas cláusulas abusivas que afecten equitativamente al consumidor o usuario en cotejo entre los derechos u obligaciones de ambas partes (conf. art. 37 Decreto Reglamentario 1798/1994 LA 1994 - C 3413), que pone el acento en el resultado práctico de las cláusulas abusivas - es decir en la alteración del equilibrio de la ecuación económica subyacente en todo contrato.
Y en segundo lugar en lo que a su elemento subjetivo se refiere, resulta necesario e ineludible la enunciación de las características diferenciales de ambos sujetos (consumidor y proveedor) únicos alcanzados por la relación de consumo.
Así las cosas, se entiende por "consumidor" a la persona física o jurídica que adquiere o utiliza bienes o servicios en forma gratuita u onerosa como destinatario final, en beneficio propio o el de su grupo familiar o social como asimismo a aquellos consumidores o usuarios a quienes, sin ser parte en la relación de consumo, como consecuencia o en ocasión de ella adquieren o utilizan bienes o servicios como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar u a quien de cualquier manera esta expuesto a una relación de consumo y "proveedor" a la persona física o jurídica de naturaleza pública o privada, que desarrolla de manera profesional y aún ocasionalmente, actividades de producción, montaje, creación, construcción, transformación, importación, concesión de marcas, distribución y comercialización de bienes y servicios, destinados a consumidores o usuarios y obligada al cumplimiento de la presente Ley.
Por lo que la actividad de este sujeto debe tener por finalidad establecer un vínculo con el consumidor o usuario - a título oneroso o gratuito - aún con aquellos potenciales indeterminados (conf. art. 7mo LDC) pero siempre que la actuación del proveedor sea profesional aún aunque se cumpla ocasionalmente.
De la alquimia de ambos preceptos, si nos abocamos por un instante en el elemento objetivo, se advierte pima facie que en la especie - atento la existencia de un reclamo por saldo deudor en cuenta corriente, tengo para mi que atento el carácter del sujeto pasivo de la relación " persona humana " ; la actividad desplegada por la ejecutante entidad bancaria, cuyo objeto social y operacional no es otro que la intermediación entre el crédito, préstamos etc y la cuantía de la imposición, que la referida contienda se encuentra alcanzada por la ley consumeril.-
Y así lo sostengo, por cuanto, conforme fuera explicitado supra, para que un sujeto (persona física o jurídica de carácter público o privado) resulte ser proveedor de bienes y servicios ( conf. Cód. Civil y Comercial de la Nación y LDC) aquél debe desarrollar su actividad de manera profesional, la que en el caso lo es de manera habitual, permanente y manifiesta. Criterio este sustentado por la Jurisprudencia al expresar: "Tratándose de servicios financieros, más allá de los debates doctrinarios, se ha considerado aplicable a las operaciones financieras el régimen emergente de la Ley 24.240 al sostener: "que si bien la norma no hace mención expresa a entidades financieras y bancarias (salvo en lo referente a créditos para consumo, art. 36) ha de considerarse que estas se encuentran abarcadas, ya que se trata de aquellas personas jurídicas a que se refiere el art. 2do. de la LDC y art. 1093 del Cód. Civil y Comercial de la Nación, que en forma profesional prestan servicios a consumidores o usuarios....".
Por lo que reitero tanto desde el punto de vista objetivo como el subjetivo, el contrato de cuenta corriente bancario adunado en PDF a los presentes resulta ser la relación causal fundacional de la emisión del certificado de saldo deudor en cuenta corriente que se ejecuta, por lo que constituye una relación de consumo y como tal, le resultan aplicables las normativas previstas en las disposiciones aludidas, pues en la medida que el cliente sea consumidor final de una operación de crédito activa o pasiva, esta constituye un contrato de consumo, pues se trata de la prestación de un servicio realizado por un banco y/o entidades financieras y/o de préstamo, en su condición de persona pública o privada con carácter profesional, a favor de una persona física o jurídica que contrata a título oneroso para su consumo final o en beneficio propio o de su grupo, extremos que se ven reforzados normativamente en lo dispuesto pro el art. 36 de la misma norma (conf. Stiglitz R.S. "Defensa del Consumidor - Los Servicios bancarios y financieros" LL 1998-C-1035).
De allí que concluyo, que en esta dirección y sobre la base de la normativa reseñada, será dictada la sentencia solicitada.
SEGUNDO : OBJETO: Que se presenta la actora por intermedio de su apoderado, promoviendo demanda contra PAULA MARIANA CARRIZO por la suma de $ 920.679,50 con más sus intereses, IVA s/ estos, gastos y costas.-
Refiere que la deuda proviene del saldo deudor de la cuenta corriente Nro.3680564 abierta en la Sucursal General Pacheco , cuyo cierre operó el día 29/04/2024 ( conf. certificado que en este acto tengo a la vista )
Y siendo que el término que tenía la ejecutada para oponer excepciones se encuentra vencido, según informa la Actuaria en este acto (conf. lo informado por el Oficial de Justicia en fecha 20/10/2026 del que da cuenta la pieza digitalizada en fecha 26/10/2026) y arts. 116 y 155 C.P.C.C., corresponde darle por perdido el derecho que ha dejado de usar y conforme lo dispuesto por el art. 540, 541 y 549 del C.P.C.C. debe sentenciarse esta causa de remate, mandando llevar adelante la ejecución.-
TERCERO: LA MORA: Si bien el certificado de deuda de una cuenta corriente bancaria expedido en regla, constituye un título ejecutivo (conf. art. 1406 del Cód. Civil y Comercial), lo cierto es que ello hace a su exigibilidad pero no a la constitución en mora del deudor, para lo cual es necesario su interpelación (arts. 886 a 888 del Cód. Civil y Comercial y jurisprudencia de la SCBA, Ac 36122 S 24-6-86, AyS 1986-II-134 - JA 1987-III, 425 - DJBA 1986-131; Ac 47080 S 21-9-93; Ac. 52768 S 8-3-94, AyS 1994 I, 248).
Resolviendo en idéntico sentido la Casación local al expresar que "de la naturaleza ejecutiva del título y de la exigibilidad de la obligación no deriva necesariamente la mora del deudor ("Banco de los Arroyos Cooperativo limitado c/ Fernandez, Mariano Victorio s/Cobro ejecutivo", AyS 1986-II-134 JA t.1987-III p.425 DJBA t.1986-131 p.282; SCBA LP AC 036122 24-06-86; SCBA LP AC 052768 08-03-94).
En mérito de lo expuesto y toda vez que conforme surge de autos, no se encuentra acreditado ni probado la interpelación ut supra referida respecto de la ejecutada, corresponde tener por configurada esta con la intimación efectuada a través del mandamiento digitalizado en fecha 26/10/2026, instituyendo por tanto la aludida para el día 20 de octubre de 2026 lo que así dejo resuelto.-
CUARTO : LOS INTERESES: Si bien en anteriores oportunidades y en casos similares al presente no se ha discriminado entre intereses compensatorios y moratorios y la fecha desde la cual se establece su fijación, atento el criterio adoptado por el Superior (Banco de la Provincia de Buenos Aires c/ Rodriguez Nora s/ Prepara via ejecutiva, Sala I de la Cámara de Apel. en lo Civil y Comercial de este Departamento Judicial), cabe efectuar un distingo en cuanto a los intereses aplicables y su relación con la fecha de mora establecida.
De allí que, se entiende por "intereses compensatorios" el precio por el uso de un capital ajeno con independencia del dolo o culpa del deudor, los mismos corren como accesorios de la prestación a cargo del deudor (conf. Busso E. "Código Civil anotado", Bs.As. 1944, Tomo Nro. IV pág. 267; "Borda, Guilermo - "Tratado de Derecho Civil Argentino, Obligaciones" Tomo Nro. 1 pág. 339); a diferencia de los "intereses moratorios" que se adeudan con motivo de la privación del uso de un capital, al cual el deudor no tiene derecho, porque nunca lo tuvo o bien porque ha dejado de tenerlo como consecuencia de su incumplimiento, de allí que se lo considera una forma de sanción o indemnización.
Sin olvidar por cierto la definición que de aquellos efectuara el ordenamiento legal, pues cuando se trata de un certificado de saldo deudor bancario ambos deben ser tenidos en cuenta.
Por lo que en lo que a intereses compensatorios se refiere, estos correrán desde la exigibilidad del capital (es decir hasta el momento en que se ha permitido su uso, otorgando por ello un beneficio o lucro) por lo cual aquellos lo serán desde el cierre de la cuenta bancaria hasta la fecha de la constitución en mora (conf. arg. art. 1433 Cód. Civil y Comercial; fallo aludido y Cám Nac. Apelaciones en lo Comercial - Sala A Banco Credicoop Ltda. c/ Naso, Carlos s/ ejecutivo del 25/4/2006, entre tantos otros) . Y con relación a los moratorios - los que sí requieren de la previa constitución en mora del deudor-, deberán ser calculados a partir de dicho incumplimiento y hasta su efectivo pago.-
En cuanto a la tasa de interés aplicable, la normativa de fondo signa en sus arts. 767 del Código Civil y Comercial que "La obligación puede llevar intereses y son válidos los que se han convenido entre el deudor y acreedor, como también las tasas fijadas para su liquidación. Si no fue acordada por las partes, ni por las leyes, ni resultan de los usos, la tasa de interés compensatorio puede ser fijada por los jueces"; y el 768 reza "A partir de su mora el deudor debe los intereses correspondientes. La Tasa se determina: a) por lo que acuerden las partes; b) por lo que dispongan las leyes especiales y c) en subsidio, por tasas que se fijen según las reglamentaciones del Banco Central" y lo normado "específicamente" sobre el instituto el art. 1381 al ordenar: "El contrato debe especificar la Tasa de interés y cualquier precio, gasto comisión u otras condiciones económicas a cargo del cliente. Si no determina la tasa de interés, es aplicable la nominal máximas y mínimas respectivamente para las operaciones activas y pasivas promedio del Sistema, publicadas por el Banco Central de la República Argentina a la fecha del desembolso o a la fecha de la imposición".-
Como se advierte, la tasa de interés es un elemento esencial del contrato y la transparencia a su respecto es un recaudo decisivo, llegando al extremo de que si no se la determina, el código y/o los jueces son los encargados de determinarlos.
A tal punto que, en caso de omitirse la agregación de aquel pacto expreso, la norma impone aplicar la tasa más favorable al cliente del banco dentro de las usuales y aprobadas por la autoridad de aplicación que rigen, para el tipo de operación de que se trate dentro del Sistema Financiero (conf. Drucaroff Aguiar, Alejandro "Los intereses en los contratos bancarios y el Nuevo Cód. Civil y Comercial de la Nación" RCCyC, 162, AR/DOC 2015;), resultando relevante entonces que corresponde al Banco, en su carácter de sujeto principal de la relación, acompañar todos los elementos necesarios para acreditar el vínculo contractual que lo une con el sujeto, para evitar de tal modo, la aplicación de la tasa de interés supletoria establecida en el ordenamiento jurídico.-
En el caso, la entidad bancaria si bien adunó a los presentes el contrato fundacional, no surge de este la tasa acordada y/o aplicable , por lo sobre la base de los principios normativos desarrollados , la tasa de interés - por todo concepto-, conforme lo expresamente solicitado por el ejecutante no será otra que la ACTIVA que cobra el Banco de la Provincia de Buenos Aires para sus operaciones de descuento a 30 días desde la fecha del cierre de la cuenta y hasta su efectivo pago ( conf. Cámara Civil y Comercial Departamental - "Sala I" autos: " HSBC Argentina S.A. c/ Vega Eduardo Anibal s/ Ejecutivo ", Sala II causas 33.264 RI del 13/08/2015; Nro. 211.614 RI 220 : ; Nro. 764/2022 de fecha 7/11/2022 entre tantos otros ) -
QUINTO: LA CAPITALIZACIÓN AHORA INTRODUCIDA : La ejecutante en la presentación el despacho, requiere se disponga la capitalización de los intereses otrora reclamados .-
Y en tal dirección, puesto el suscripto a analizar las constancias de la causa, se advierte a toda luces que en el escrito inaugural ( ver punto II OBJETO ) la actora solicitó .. " el cobro de la suma de PESOS NOVECIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 50/100 CENTAVOS ($920.679,50) en concepto de capital, con más los intereses del fuero (Tasa Activa del Banco de la Provincia de Buenos Aires) devengados desde la mora hasta su efectivo pago, el I.V.A. sobre los réditos según Dec. 879/92, gastos y costas del proceso" , sin haber peticionado expresamente la aplicación del mecanismo de capitalización ( a sus propias manifestaciones y teoría de los actos propios me remito ).
Sobre la base de dichos términos fue que se ordenó y libró el mandamiento de intimación de pago y citación de remate diligenciado en fecha 26/10/2026 , acto procesal con el cual quedó trabada la litis y delimitado el marco del debate y defensa de la ejecutada .-
Y así lo sostengo en virtud del principio de congruencia que rige el proceso civil ( conf. art. 34 In .4ro. y 163 Inc. 6to. del C.P.C.C), en el cual la sentencia debe guardar estricta conformidad con las pretensiones deducidas oportunamente en el juicio. Admitir la introducción de una modalidad agravada de cálculo como el anatocismo en este estadio - cuando ya ha precluído la etapa postularoria y el deudor fue intimado por una pretensión distinta - importaría fallar ultra petita y vulnerar la garantía constitucional de defensa en juicio ( conf. art. 18 de la Constitución Nacional) , por lo que corresponde y así decido, desestimar por extemporáneo el pedido ahora introducido.-
SEXTO: LAS COSTAS: Se imponen a la accionada en su calidad de vencida (conf. art. 68 del CPCC.).
Por todo ello, en orden a la normativa legal citada, FALLO esta causa de remate:
I. Mandar llevar adelante la ejecución promovida por BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. contra PAULA MARIANA CARRIZO hasta tanto ésta última le haga a la acreedora íntegro pago del capital reclamado de PESOS NOVECIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE C0N CINCUENTA CENTAVOS ( $ 920.679,50.) con más los intereses - por todo concepto - a la tasa ACTIVA que cobra el Banco de la Provincia de Buenos Aires para sus operaciones de descuento a 30 días , desde la fecha de cierre de la cuenta 29/04/2024 y hasta su efectivo pago, desestimándose por extemporáneo el pedido de capitalización de intereses formulado en la presentación en despacho
2. Imponer las costas del presente a la accionada vencida, difiriendo la regulación de los honorarios para la oportunidad prevista por el art. 51 de la ley 14.967.-
3. Tiénese por constituidos los domicilios físico y electrónica de la ejecutada en los estados del Juzgado ( art. 40 y 41 del C.P.C.C.).-
REGITRESE. NOTIFIQUESE.-
A lo demás, expídase por Secretaría saldo bancario mediante el sistema informático, obrando la constancia correspondiente adjuntada al presente en PDF., el que asciende a la suma de $ 1.428.312,95
Miguel L. Alvarez
Juez Civil y Comercial
Firmas
Funcionario firmante: ALVAREZ Miguel Luis - JUEZ
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS - Número: RS- 188-2026
Fin de la sentencia