Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 46969-I
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
29930/2025 BANCO SANTANDER ARGENTINA SA (TF 46969-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, diciembre de 2025.
El recurso interpuesto por la parte actora el 14/03/25 contra el pronunciamiento del 20/12/24; y
1. Que, mediante pronunciamiento del 20/12/24, el Tribunal Fiscal de la Nación: (i) confirmó la resolución n° 88/2016 que determinó de oficio la materia imponible en el Impuesto a las Ganancias del Banco Santander Río S.A. (“Banco Santander”), por los períodos fiscales 2008 y 2009, con más sus intereses resarcitorios y aplicó una multa en los términos del art. 45 de la ley 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificatorias); (ii) impuso las costas a la vencida; y (iii) reguló los honorarios de los profesionales intervinientes por parte del fisco nacional (conf. fs. 290/296). En lo que aquí interesa, destacó que a fin de determinar el tratamiento impositivo de los ingresos no computables (dividendos) que habían sido excluidos de prorrateo de gastos, correspondía atender a la doctrina jurisprudencial del precedente dictado por la Sala III de esta Cámara in re “Banco Mariva S.A.”, sentencia del 29/11/18. Puntualizó que en dicha ocasión, ese tribunal había señalado que, a la luz de la estructura del Impuesto a las Ganancias, “mal podría admitirse la deducción del gasto en el que se haya incurrido para la obtención de una ganancia no computable para el contribuyente”, puesto que ello derivaría en una indebida reducción de la base imponible del gravamen.
En apoyo al referido criterio, remitió a lo que había resuelto en las causas “Banco Patagonia S.A.” (sentencia del 30/05/19), “Banco Finansur” (sentencia del 15/11/21), “Banco de Servicios y Transacciones” (sentencia del 17/08/22), “Swiss Medical S.A.” (sentencia del 8/09/20 -confirmada por esta Cámara el 12/08/21-), “Banco Hipotecario S.A.” (sentencia del 19/02/20), “Banco Hipotecario S.A.” (sentencia del 21/12/21 -confirmada por esta Cámara el 30/03/23-), “Banco Industrial S.A.” (sentencia del 5/05/23) e “Industrial and Commercial Bank of China –Argentina- S.A.” (sentencia del 5/05/23). Así pues, coligió que “los ingresos obtenidos por el Banco en concepto de dividendos debieron ser incluidos en el cálculo del coeficiente a aplicarse para el prorrateo de gastos y, por ende, la pretensión fiscal notificada en la Resolución debe ser confirmada en ese aspecto” (fs. 292vta./293).
En lo atinente al planteo de prescripción relativo a la multa del período 2008, la mayoría del Tribunal manifestó que la suspensión dispuesta por la ley 26.860 alcanza a las sanciones multas. En consecuencia, rechazó el planteo de prescripción. Adicionalmente, consideró reunidos los elementos que permiten confirmar la subsunción de la conducta de la recurrente en la figura infraccional al configurarse el presupuesto básico de omisión de pago. Asimismo, puntualizó que la actora tampoco había demostrado su la falta de culpa ni la existencia de un error.
2. Que, disconforme con la decisión, la parte actora apeló y expresó agravios a fs. 311 y 319/331, respectivamente, que fueron replicados por su contraria a fs. 343/355vta.
En primer lugar, cabe advertir que circunscribió su memorial a la confirmación del ajuste vinculado a la deducibilidad de los gastos asociados a dividendos (fs. 320).
Puso de resalto que el criterio del a quo es opuesto a lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia en la causa “Telecom Argentina S.A. (TF 70161445-I)” (Fallos: 347:2352).
Sostuvo que las ganancias no computables no se encuentran incluidas en el prorrateo de gastos “ya que éstas no se encuentran incluidas en la norma ni resultan asimilables a ganancias exentas o no gravadas” (fs. 321/321vta.).
Reseñó la normativa aplicable y precisó que a efectos de la determinación del gravamen: (i) siempre se deducen los gastos efectuados para obtener, mantener y conservar ganancias gravadas; (ii) nunca se deducen los gastos vinculados a ganancias exentas o no comprendidas en la ley del gravamen, esto es, ganancias no gravadas; (iii) cuando existen gastos incurridos para obtener ganancias gravadas y no gravadas, debe efectuarse un prorrateo; y (iv) los dividendos constituyen ganancias gravadas, y dado que los únicos gastos no deducibles son aquellos vinculados con ganancias no gravadas y exentas, resulta que, a efectos de la determinación de la ganancia neta, los dividendos no pueden asimilarse a rentas no gravadas o exentas, ni deben incluirse en el prorrateo de gastos.
Aseveró que la sentencia apelada había prescindido del análisis del art. 64, segundo párrafo, de la ley del Impuesto a las Ganancias (“LIG”).
Transcribió parte del precedente “Telecom” supra mencionado y solicitó la aplicación de la doctrina jurisprudencial allí fijada.
En segundo término, la actora se agravió de la confirmación de la multa por omisión. En concreto, puntualizó que la ley 26.860 resulta inaplicable en atención al principio de irretroactividad de la ley penal más gravosa toda vez que las sanciones previstas por la ley 11.683 tienen naturaleza penal. Citó jurisprudencia que consideró CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 29930/2025 BANCO SANTANDER ARGENTINA SA (TF 46969-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO aplicable y, en consecuencia, alegó que el fisco carecía de potestad para imponer la sanción relativa al ejercicio 2008 al momento de dictar la resolución 88/2016. Destacó que “la supuesta falta de pago del impuesto que endilga el Fisco nacional a mi mandante, se sustentó, en lo que aquí interesa, en la impugnación de parte de los gastos deducidos por mi mandante, en el entendimiento de que los dividendos percibidos por Banco Santander, importarían ganancias ‘no gravadas’ o ‘exentas’, y como tales, debían incluirse –a efectos del cálculo del coeficiente de gastosen el prorrateo de gastos” (fs. 327vta.). Ello así y en función al precedente de la Corte supra expuesto, arguyó que la inexistencia de impuesto ingresado en defecto resulta indiscutible. Añadió que en atención a la literalidad de las disposiciones legales, tampoco se le podía endilgar una conducta negligente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. En consecuencia, solicitó que se revocara la multa por omisión relativa a los ejercicios 2008 y 2009.
Por su parte y respecto a la existencia de error excusable, estimó que el fallo “Telecom” supra referenciado acredita la existencia de un universo de contribuyentes que aplicó una interpretación idéntica a la del Banco Santander que luego fue convalidada por la Corte. En este punto, reiteró que había demostrado “una conducta razonable en función a la literalidad de las disposiciones legales aplicables a la materia” (fs. 329vta.).
Por último, puso de relieve que el criterio fiscal que asimila los dividendos a rentas exentas o no gravadas no surge de la letra de la ley ni de una aplicación armónica de las normas aplicables. En consecuencia, arguyó que en el caso no existió mora reprochable de modo que solicitó se dejara sin efecto la obligación de pago de los intereses reclamados.
3. Que, la cuestión en debate ante esta Alzada requiere determinar si los gastos vinculados a dividendos cobrados por el Banco Santander (ingresos no computables) deben ser tratados de manera análoga a los ingresos exentos o no alcanzados y, por ende, integrar el numerador del cálculo practicado para obtener el coeficiente de prorrateo de gastos.
De acuerdo a las constancias obrantes en la O.I. nº 842.874, el área fiscalizadora impugnó la deducción en exceso efectuada por el contribuyente como consecuencia de la incorrecta determinación del cálculo de prorrateo de gastos vinculados con ganancias gravadas, exentas o no gravadas en el Impuesto a las Ganancias.
En concreto, al importe de $54.490.151,78 consignado como ingresos exentos y no alcanzados por el Banco Santander en el ejercicio 2008, el Fisco adicionó “la suma de $65.876.732 correspondiente a los Ingresos por Dividendos, teniendo en consecuencia un total de Ingresos exento y/o no computables de $ 120.366.883,78. Por lo cual el porcentaje de ingresos exentos sobre Ingresos totales ha variado de 1.68% al 2.82%” (fs. 564 del cuerpo principal III de las actuaciones administrativas). Por su parte, respecto al período 2009 “se siguió un criterio similar al del período anterior, incorporando como Ingresos exentos o no gravados $22.606.021,44 correspondientes a los Ingresos por Dividendos por lo cual el porcentaje de ingresos exentos sobre Ingresos totales varió de 0.52% al 0.93%” (fs. 565 del cuerpo principal III de las actuaciones administrativas).
En el acto determinativo de oficio, el Fisco sostuvo que el período 2008 se encuentra alcanzado por el art. 17 de la ley 26.860 de modo que concluyó que no se encontraban prescriptas sus facultades para determinar y exigir el pago del impuesto y para aplicar y hacer efectiva la multa. En cuanto al fondo de la cuestión y en lo que aquí interesa, el organismo fiscal precisó que “las rentas no computables y exentas deben ser merituadas con alcance similar, un criterio distinto conduciría a que los costos incurridos para producir rentas no imponibles se transformen en quebrantos computables, lo cual está imposibilitado en la propia economía del impuesto”. Asimismo aplicó una multa del 70% del impuesto omitido en los términos del art. 45 de la ley 11.683 y justificó la graduación en la deducción de gastos en exceso por la incorrecta estimación del coeficiente de prorrateo y por no contar con la respectiva documentación respaldatoria (conf. resolución 88/2016 obrante a fs. 2382/2407, cuerpo principal XII de las actuaciones administrativas).
4. Que, esta Sala tiene dicho que el art. 17 de la ley 26.860 dispuso la suspensión con carácter general, por el término de un año, del curso de la prescripción de la acción para determinar o exigir el pago de los tributos y para aplicar multas [cfr. “TRV6 SA c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, sent. del 12/11/19 y “INC SA /TF 44098-I) c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, sent. del 18/05/21].
De acuerdo a la doctrina jurisprudencial de este Tribunal, la normativa que dispone la suspensión general de la prescripción resulta de aplicación al caso, toda vez que no existía una sanción prescripta al momento de la suspensión, y el contribuyente poseía una mera expectativa y no un derecho consolidado, ya que nadie tiene derecho adquirido al mantenimiento de leyes o reglamentos o a su simple inalterabilidad (Fallos: 339:245 y 340:257, entre muchos otros), por lo que no se encuentra vulnerado derecho alguno [cfr. “Petronor SA c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, sent. del 14/10/25; “SA Tala Viejo -TF 34437-I c/ c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, sent. del 6/10/22 e “Incidente Nº 1 - CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 29930/2025 BANCO SANTANDER ARGENTINA SA (TF 46969-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO ACTOR: E Y G Construcciones SRL (TF 33221-I) s/Inc. de Apelación”, sent. del 16/08/22].
A mayor abundamiento, se añade que esta Sala ha desestimado los planteos de inconstitucionalidad de la leyes 26.860 y de leyes análogas [cfr. doctrina de las causas “TRV6 SA c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, sent. del 12/11/2019; “INC SA /TF 44098-I) c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, sent. del 18/05/2021; y “Telefónica de Argentina SA (TF 137454217-i) / Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, sent. del 16/05/2024].
En función a lo expuesto, corresponde desestimar el agravio impetrado por la actora con relación al punto examinado en este acápite.
5. Que, en cuanto al fondo de la cuestión, es conveniente reseñar la normativa vigente en los períodos fiscales aquí involucrados. Ello así, cabe tener en consideración lo establecido en los artículos 17, 64 y 80 de la LIG (texto vigente con anterioridad a la reforma introducida por la ley 27.430 -B.O. 29/12/17-) y el artículo 117 del decreto 1344/98.
El art. 17 de la LIG dispone que “[p]ara establecer la ganancia neta se restarán de la ganancia bruta los gastos necesarios para obtenerla o, en su caso, mantener y conservar la fuente, cuya deducción admita esta ley, en la forma que la misma disponga. Para establecer la ganancia neta sujeta a impuesto se restarán del conjunto de las ganancias netas de la primera, segunda, tercera y cuarta categorías las deducciones que autoriza el artículo 23. En ningún caso serán deducibles los gastos vinculados con ganancias exentas o no comprendidas en este impuesto”.
El artículo 64 prescribe que “[l]os dividendos, así como las distribuciones en acciones provenientes de revalúos o ajustes contables no serán computables por sus beneficiarios para la determinación de su ganancia neta. A los efectos de la determinación de la misma se deducirán -con las limitaciones establecidas en esta leytodos los gastos necesarios para obtención del beneficio, a condición de que no hubiesen sido ya considerados en la liquidación de este gravamen. Igual tratamiento tendrán las utilidades que los sujetos comprendidos en los apartados 2, 3, 6 y 7 del inciso a) del artículo 69, distribuyan a sus socios o integrantes”.
El art. 80 señala que “[l]os gastos cuya deducción admite esta ley, con las restricciones expresas contenidas en la misma, son los efectuados para obtener, mantener y conservar las ganancias gravadas por este impuesto y se restarán de las ganancias producidas por la fuente que las origina. Cuando los gastos se efectúen con el objeto de obtener, mantener y conservar ganancias gravadas y no gravadas, generadas por distintas fuentes productoras, la deducción se hará de las ganancias brutas que produce cada una de ellas en la parte o proporción respectiva. Cuando medien razones prácticas, y siempre que con ello no se altere el monto del impuesto a pagar, se admitirá que el total de uno o más gastos se deduzca de una de las fuentes productoras”.
Por último, el art. 117 del decreto reglamentario de la LIG precisa que “[a] los efectos de la proporción de los gastos a que se refiere el primer párrafo del artículo 80 de la ley, cuando los mismos se efectúen con el objeto de obtener, mantener y conservar ganancias gravadas y no gravadas, se entenderá que estas últimas comprenden también a los resultados exentos del gravamen”.
6. Que, a fin de interpretar las disposiciones aplicables, resulta esclarecedor analizar sus antecedentes normativos y las modificaciones que fueron incorporadas por el legislador a lo largo del tiempo respecto al tratamiento de los dividendos o utilidades en el Impuesto a las Ganancias reseñadas por este Tribunal en la causa nº 9548/2021, caratulada “Telecom Argentina SA (TF 70161445-I) c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, sentencia del 23/08/22 (considerando 7º) que fue confirmada por la Corte federal (Fallos: 347:2352), a la cual se remite en honor a la brevedad.
En dicha ocasión, esta Sala concluyó que la evolución normativa supra referenciada: (i) demuestra que los dividendos derivan de renta alcanzada por el Impuesto a las Ganancias en cabeza de la sociedad que los distribuye y comportan ganancia “no computable” para los accionistas receptores a fin de evitar la doble imposición de una misma renta imponible; y (ii) da cuenta de las consecuencias que genera la calificación de rentas “no computables” en materia de deducibilidad de gastos a ellas asociados.
La expresión utilizada por el Congreso Nacional en el artículo 64 de la LIG no significa que esa renta (de tercera categoría) no se encuentre alcanzada por el tributo. Por el contrario, debe entenderse que es la sociedad la que debe liquidar e ingresar el gravamen correspondiente aplicable sobre los dividendos, de modo tal que el beneficiario no los computará en la determinación de su ganancia neta. De lo contrario, se generaría una doble imposición sobre la misma porción de renta, primero en cabeza de la sociedad y, luego, en cabeza del beneficiario (cfr. Sala V, in re “Grupo Financiero Galicia SA”, sent. del 27/11/18 ya citada, y Sala II in re “HSBC Argentina Holdings SA – TF 48911-I c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, sent. del 1º/07/22).
En este escenario, es dable destacar que tampoco corresponde calificar la referida renta como “exenta” puesto que el artículo 18 inc. a, de la LIG vigente en el período bajo análisis, alude al período en que se imputarán los dividendos de acciones y CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 29930/2025 BANCO SANTANDER ARGENTINA SA (TF 46969-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO los intereses de títulos, mientras que su artículo 20 no incorpora a los dividendos dentro de las exenciones allí previstas, todo lo cual ratifica su “gravabilidad” (cfr. Sala V, in re “Grupo Financiero Galicia SA”, sent. del 27/11/18 ya citada).
Asimismo, las sucesivas reformas legislativas han puesto de resalto la vinculación existente entre la renta “no computable” y la deducibilidad de los gastos asociados (véase por ejemplo, la alusión expresa a la aplicación o no del prorrateo previsto en el art. 80 y la posterior incorporación del segundo párrafo del art. 64 de la LIG). En consecuencia, es desacertado colegir que la utilización de la terminología “no computable” carece de efectos respecto de la deducibilidad de los gastos vinculados a ella. Por el contrario, es razonable concluir que el legislador incorporó una nueva categoría de renta y determinó el tratamiento aplicable a sus gastos asociados, a propósito de la existencia de “rentas exentas” y “no alcanzadas” y sus correspondientes disposiciones en materia de gastos (art. 17 y 80 de la LIG).
Máxime, si se atiende a la previsión expresa incorporada en el segundo párrafo del art. 64 de la LIG. En efecto, la admisión del criterio fiscal equivaldría a desoír y deslegitimar la letra de la ley en cuanto dispone que “(…) se deducirán —con las limitaciones establecidas en esta ley— todos los gastos necesarios para obtención del beneficio”, a condición de que no hubiesen sido ya considerados en la liquidación del gravamen (el destacado es propio).
En análogo sentido, la Corte federal expresó que cuando el legislador consideró que a los efectos de la deducción de gastos correspondía otorgar a las ganancias no computables el mismo tratamiento que a las ganancias no gravadas, lo estableció expresamente en el texto de la norma y aludió a la ley 23.260 (B.O. 11 de noviembre de 1985) en cuanto sustituyó el texto del entonces art. 66 de la LIG para establecer que “[l]os dividendos percibidos por los sujetos comprendidos en el art. 63, serán considerados como no computables a los efectos de esta ley. Al respecto será de aplicación lo previsto en el art. 73” (esto es, el art. 80 de la LIG). Así pues, el Máximo Tribunal advirtió que al disponer que la regla del prorrateo de gastos establecida en el art. 80 (t.o. en 1997) para las ganancias no gravadas resultaba aplicable también a las rentas no computables derivadas de dividendos, la ley dejó en claro que constituyen categorías completamente diferentes que sólo pueden tener el mismo tratamiento a los efectos de su deducción si una norma expresamente así lo dispone (Fallos: 347:2352).
De este modo y en atención a uno de los postulados básicos en materia de hermenéutica jurídica, atinente a que la primera fuente de interpretación de la ley es su letra y que las palabras deben entenderse empleadas en su verdadero sentido, el que tienen en la vida diaria, la Corte federal ha dicho que, “si la ley emplea determinados términos, la guía interpretativa más segura es la que indica que ellos no son superfluos, sino que han sido empleados con algún propósito” (del dictamen de la Procuración General de la Nación, al que se remitió in re “Agua y Energía Eléctrica S.E. c/ Montelpare, Gustavo s/ expropiación incidente de desindexación”, sentencia del 8/07/03). Por otro lado, “no puede entenderse que exista una redacción descuidada o desafortunada del legislador” (arg. de Fallos: 328:456), toda vez que “la inconsecuencia del legislador no se presume” (Fallos: 306:721; 307:518 y 319:2249).
En esta línea, aquel Tribunal ha sostenido reiteradamente que, al interpretar una norma, se deberá dar pleno efecto a la intención del legislador, y que la primera fuente para determinar esa voluntad es la letra de la ley, sin que sea admisible una inteligencia que equivalga a prescindir de su texto (Fallos: 308:1745; 318:1887). En este sentido, cuando la norma no exige esfuerzo en su hermenéutica debe ser aplicada directamente, con prescindencia de consideraciones que excedan las circunstancias del caso expresamente contempladas por aquélla (Fallos: 311:1320; 315:727; 321:802; 326:756; 327:5614; 329:3470). De no respetarse este principio, podría arribarse a una interpretación que, sin declarar la inconstitucionalidad de la disposición legal, equivalga a prescindir de ella [cfr. esta Sala in re “SAF Zona Franca y MSA c/ EN-DGA-Resol 4326/08 (Expte 606669/01) s/ Dirección General de Aduanas”, sent. del 29/12/20].
Ello, sin soslayar que, “la misión de los jueces es dar pleno efecto a las normas vigentes sin sustituir al legislador ni juzgar sobre el mero acierto o conveniencia de disposiciones adoptadas por los otros poderes en ejercicio de sus propias facultades” [del dictamen de la Procuración General de la Nación, al que remitió la Corte Suprema, in re “Martínez, Alberto Manuel c/ Universidad Nacional de Tucumán”, sentencia del 12/12/06 (Fallos: 329:5621); esta Sala en autos “Bona Fields S.A. (TF 36.594I) c/ Dirección General Impositiva s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, sentencia del 26/5/15 y in re “Turismo Doss S.A. c/ EN-AFIP-DGI Resol 1/11 (NGDE) s/ proceso de conocimiento”, sentencia del 21/10/21, entre otros].
Es dable concluir entonces que la definición empleada por la LIG al calificar a los dividendos y utilidades como ganancia “no computable” adquiere relevancia respecto a la deducción de gastos —y aun cuando podría sostenerse que la referida calificación no implica per se la habilitación a deducirlos puesto que el legislador decidió consignarlo de modo expreso—, lo cierto es que el segundo párrafo del art. 64 de la LIG: (i) despeja toda duda con relación a las ganancias de tercera categoría y (ii) ratifica la improcedencia de asimilar la renta “no computable” a la “renta exenta” o “no alcanzada” en materia de gastos [v. esta Sala en la causa “Telecom” ya citada; en los autos “BBVA Banco Francés SA (TF 48121-I) c/ Dirección General Impositiva s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, sent. del 15/08/23 y “ P & G Holding CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 29930/2025 BANCO SANTANDER ARGENTINA SA (TF 46969-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Company SRL (TF 30327-I) c/ Dirección General Impositiva s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, sent. del 19/09/23].
Tal como lo indicó la Corte en Fallos: 347:2352, la LIG emplea diferentes conceptos relacionados con la determinación del impuesto, a saber: “ganancias exentas”, “no comprendidas”, “ganancias gravadas”, “no gravadas” y ganancias “no computables” que presuponen la existencia de una ganancia gravada. Por consiguiente, puntualizó que los dividendos generan rentas gravadas respecto de las cuales la ley ha inhibido el nacimiento de la obligación tributaria en cabeza del accionista en tanto la renta que los originó ya fue gravada en cabeza de la sociedad que los distribuyó, respondiendo así al propósito de política tributaria de evitar la doble o múltiple imposición económica. Ese mecanismo expone la diferencia insalvable entre las rentas gravadas pero no computables y las rentas no gravadas o exentas que escapan por completo del impuesto. Por ende, la Corte entendió que “no corresponde incluir a las ganancias no computables en la prohibición de deducir gastos vinculados con ‘ganancias exentas o no comprendidas’ establecida en el art. 17, ni corresponde considerarlas como ganancias ‘no gravadas’ a los efectos de prorrateo establecido en el art. 80”.
En este escenario, se colige que las rentas “no computables” no resultan equiparables a las “rentas no gravadas” o “exentas” a efectos de aplicar el “prorrateo de gastos” tal como pretende el fisco nacional. En consecuencia, asiste razón a la apelante en cuanto arguye que los dividendos constituyen ganancia gravada por la que las sociedades pagadoras ya ingresaron el gravamen; circunstancia por la cual aquéllos resultados comportan en todo momento renta no computable en cabeza del Banco Santander: ya sea al determinar el monto de la renta neta o bien al establecer la base de cálculo para obtener el coeficiente de prorrateo de gastos vinculados a ingresos exentos o no gravados destinado justamente a determinar la medida del gravamen adeudado [conf. esta Sala in re “Banco Hipotecario SA (TF 57598025-I) c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, sent. del 24/06/25]. Por último, cabe destacar que este mismo criterio fue aplicado por la Sala I de esta Cámara in re “Banco Hipotecario S.A. (TF 46961-I) c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo” en la sentencia del 23/02/23 que fue confirmada por la Corte Suprema el 27/12/24 por remisión a la doctrina de Fallos: 347:2352 supra referenciada.
En virtud al modo en que se decide, es inoficioso expedirse respecto a los planteos vinculados a la multa y a los intereses resarcitorios relativos al ajuste de fondo aquí examinado.
En atención a las consideraciones formuladas, corresponde admitir parcialmente el recurso interpuesto por la parte actora y dejar sin efecto el pronunciamiento apelado en los términos y con el alcance supra expuesto (incluyendo la parte proporcional de la multa y de los intereses resarcitorios que por lógica consecuencia de lo aquí decidido, también se revoca), con costas en ambas instancias por sus respectivos vencimientos (arts. 71 y 279 del CPCCN). ASÍ SE RESUELVE.
7. Que, en función a la solución que se adopta, corresponde dejar sin efecto los honorarios regulados por el a quo (conf. puntos 2º y 3º de fs. 295vta. y 296). ASÍ TAMBIÉN SE DECIDE.
El Dr. Rogelio W. Vincenti no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109, RJN).
Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase al organismo de origen.
MARCELO DANIEL DUFFY JORGE EDUARDO MORAN
Fin de la sentencia