Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D · Causa EX-2019-60236423-APN-SGAI#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar la Resolución N° 39/2019, con costas.
2Regular los honorarios del Dr. Gonzalo Luis Brest por su actuación en el doble carácter de apoderado y patrocinante de la recurrente, fijándolos en la suma de $1.490.968, equivalente a 30,38 UMA, los que quedan a cargo del Fisco Nacional, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada en la única etapa procesal cumplida y el resultado obtenido, conforme lo dispuesto por los arts. 14, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 29, y 51 de la ley 27.423.
Las sumas reguladas no incluyen en impuesto al valor agregado.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD Informe firma conjunta Número: IF-2024-54285826-APN-VOCXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 24 de Mayo de 2024 s/ recurso de apelación”
En la fecha se reúne la Sala D del Tribunal Fiscal de la Nación, integrada por la Dra. Edith Viviana Gómez (Vocalía de la 10º Nominación) y la Dra. Agustina O’Donnell (Vocalía de la 11º Nominación) para resolver el Expediente EX-2019-60236423- -APN-SGAI#TFN caratulado “BANCO SANTANDER RIO S.A. s/ recurso de apelación”.
La Dra. Agustina O’Donnell dijo:
I. Banco Santander Rio S.A. interpone el recurso de apelación previsto por el art. 76, inc. b) de ley 11.683 contra la Resolución N° 39/2019, dictada el 6 de junio de 2019 por la División Determinaciones de Oficio B de la Subdirección de Operaciones Impositivas de Grandes Contribuyentes Nacionales de la Administración Federal de Ingresos Públicos, mediante la cual se determinó su obligación en el impuesto de emergencia a los premios de determinados juegos de sorteos y concursos deportivos –ley 20.630 y sus modif.- por los períodos fiscales febrero de 2012 a mayo de 2014, y se la intimó a ingresar $6.112.081,56, más intereses resarcitorios (art. 37, ley).
Asimismo, en dicho acto el juez administrativo hizo reserva de aplicarle sanciones hasta que se dictara sentencia en la causa penal que allí también se anuncia que se le va a instruir, conforme a lo previsto en el art. 20 de la ley 24.769 (t.v.).
De los Considerandos de la Resolución, surge que los ajustes practicados se originan en los siguientes antecedentes de hecho y de derecho: a) en los períodos fiscales en cuestión, el banco organizó promociones que estaban autorizadas por Lotería Nacional Sociedad del Estado que consistían en la realización de sorteos de los que surgían potenciales ganadores; b) para acceder a los premios, éstos debían responder correctamente dos de tres preguntas de conocimiento y/o cultura general, c) el concurso era fiscalizado por Escribano Público; y d) las preguntas eran sencillas, de fácil comprensión y sin ningún nivel de dificultad, tales como “quién es el Presidente actual de la República Argentina?”, “cuál es la nacionalidad del Papa Francisco?”, “cuál es la capital de Francia?” y quién es el actual ministro de hacienda?.
Es por ello que, primero para la fiscalización y luego para el juez administrativo, el derecho a obtener el premio por parte de los beneficiarios no pudo ser atribuido a sus conocimientos y/o cultura, sino que fue, en realidad, consecuencia del sorteo previo y, por lo tanto, del azar. De ese modo, consideraron que los concursos no reunían las condiciones del art. 3° del decreto 668/74, que establece que “Los premios de juegos que combinan el azar con elementos o circunstancias ajenas a éste, tales como la cultura, habilidad, destreza, pericia o fuerza de los participantes, sólo se considerarán alcanzados por la ley si la adjudicación de los mismos depende de un sorteo final”, quedando, entonces, alcanzados por el impuesto previsto por la ley 20.630, que impone a los organizadores, en el caso, el banco, la obligación de ingresar el gravamen allí previsto.
Por su parte, en su recurso de apelación ante este Tribunal Banco Santander Rio S.A. sostiene, en primer lugar, que la Resolución es nula por carecer de causa y motivación “… por cuanto no se corresponde con los antecedentes del caso e ignora la legislación aplicable”. Sostiene, asimismo, que si bien en los concursos se realizaron sorteos, se requería una acción de los participantes para ganar los premios, como la contestación de preguntas, lo cual excluía el azar, ya que el resultado dependía exclusivamente de su pericia y sus conocimientos en cultura general.
Aduce, además, que el art. 3 del decreto 668/74 no requiere que los conocimientos en cultura sean complejos, si no que “…por el contrario, si las preguntas fueran de difícil resolución, perderían su carácter de culturales, pues requerirían un saber propio de un especialista”. Justifica la recurrente el tenor o nivel de las preguntas, en que “… en nuestro país, hay un 30% de la población que se encuentra debajo de la línea de pobreza (http://www.uca.edu.ar ver datos públicos del Observatorio de Pobreza y Desigualdad de la Universidad Católica Argentina)”.
Abona también su postura en que los sorteos se realizaban al comienzo del concurso y no al final, por lo que considera aplicable el art. 3° del decreto 688/74.
Agrega que Lotería Nacional S.E., como ente encargado de aprobar el concurso y controlar el pago del impuesto, aunque pudiendo haberlo hecho, no efectuó cuestionamiento alguno al respecto y dice que no puede hacerlo cinco años después la Administración Tributaria.
Invoca que los intereses resarcitorios fueron aplicados sin comprobarse la mora culpable del deudor, aporta documentación, ofrece la producción de pruebas -documental en poder de AFIP, testimonial e informativa- y solicita que se revoque la Resolución, con costas.
Por su parte, el 13 de febrero de 2020 al contestar el traslado del recurso, la representación fiscal, remitiéndose a los argumentos expuestos en los Considerandos de la Resolución recurrida, expone las razones por las cuales pide que se confirme el acto dictado, también con costas.
II. El 21 de abril de 2020, se rechazaron las pruebas informativa y testimonial ofrecidas por inconducentes y dilatorias, atento a que recaían sobre hechos no controvertidos en la causa.
Por otro lado, mediante presentación del 27 de junio de 2020, la recurrente acompaña un escrito “Manifiesta. Invoca Hechos sobrevinientes. Acompaña copias. Solicita libramiento oficios”, en el que en los términos del art. 365 del CPCC, pone en conocimiento de este Tribunal hechos que considera relevantes para el desarrollo del proceso.
Así, por un lado, adjuntó documentación consistente en una encuesta encargada a una reconocida consultora independiente sobre 178 clientes de las Sucursales Avellaneda y Pompeya a quienes se les hicieron las mismas preguntas que formaron parte de los concursos -las más arriba transcriptas- y que el juez administrativo sostuvo en la Resolución que eran de tal sencillez que, por ende, debía primar el azar que hacían encuadrar los concursos en el hecho imponible del gravamen; en la misma presentación, la recurrente solicitó a este Tribunal que librara oficio a la consultora para el caso que la contraparte dudara de la veracidad del informe.
Por otro lado, en la misma oportunidad adjuntó copia de la sentencia dictada el 26 de junio de 2020 por la Sala B de la Cámara Nacional en lo Penal Económico en la Causa N° 928/2019/1 “Cristofani, José Luis s/Incidente de falta de acción en autos “BANCO SANTANDER RÍO S.A. S/INF. LEY 24.769”, en la que se resolvió hacer lugar a la excepción de falta de acción y sobreseer al señor Cristofani y al Banco Santander Rio S.A. por los mismos ajustes a los notificados en la Resolución recurrida ante este Tribunal. De dicha presentación, se corrió traslado a la representación fiscal, que la rechazó, entre otras consideraciones, porque a esa fecha la sentencia no estaba firme.
Por providencia del 4 de septiembre de 2020 no se hizo lugar al oficio propuesto por la recurrente, aunque se decidió tener presente la encuesta aportada para su oportunidad, y el 16 de septiembre de 2020 se rechazó el recurso de revocatoria interpuesto por el Fisco Nacional contra esa providencia. Posteriormente, esta Vocalía instructora requirió a las partes que como medida de mejor proveer informaran sobre el estado procesal de la causa penal, así como también que informaran las novedades que se dictaran en dicho proceso.
Así, la recurrente acompañó la sentencia interlocutoria dictada por la Cámara en lo Penal Económico en la que resolvió denegar el Recurso Extraordinario Federal interpuesto por el Fiscal General de Cámara.
III. Las actuaciones se elevan a consideración de la Sala y por IF-2024-53806758-APN-VOCXI#TFN quedan en estado de dictar sentencia.
IV. Corresponde referirse en primer lugar al planteo de nulidad invocado por la recurrente que considera que la Resolución carece de causa y motivación, vicios que no se advierten de la simple lectura de sus Considerandos, ni de los antecedentes administrativos en los que obran reseñados con minucioso detalle las tareas llevadas a cabo por la fiscalización con carácter previo a su dictado, que le dan causa y motivación, en la forma requerida en el art. 7° de la ley 19.549 y los art. 16 y ss. de la ley 11.683. Debe recordarse que la nulidad de un acto no puede invocarse en forma abstracta, sino que es indispensable acreditar la existencia de afectación en algún derecho de quien la pide y un perjuicio concreto, requisitos que en el caso no se han cumplido.
Así lo ha manifestado en forma reiterada y constante la Excma. Cámara que ejerce como tribunal de alzada de este Tribunal al decir que “…cuando se plantea la nulidad de un acto administrativo debe señalarse, concretamente, cuáles son los vicios que exhibe y qué perjuicio ha provocado (causa “Cooperativa de Trabajo AEI “Colonia Barraquero” LTDA c/ INAES – Resol. 806/08 (Expte. 137/03)”, pronunciamiento del 3 de febrero de 2012). También ha sostenido que el interesado debe acreditar la violación de una forma procesal, o la omisión de un acto, que origine el incumplimiento del propósito perseguido por la ley y que pueda dar lugar a su indefensión, por lo que las nulidades son inadmisibles cuando no se indican las defensas de las que se vio privado de oponer el impugnante (causa “EDI Fumigaciones SRL (TF 27564-I) c/ DGI”, “Cachape SRL c/ DGI” y “Ángel Russo Combustibles SRL (TF 24979-I) c/ DGI”, pronunciamientos del 2 de febrero de 2012, del 12 de julio de 2012 y del 20 de mayo de 2015, respectivamente)” conf. ”Bringas Raul”, sentencia del 1.10.2020, entre muchos otros. Del mismo modo, se citan en los Considerandos de la Resolución, tanto las normas legales como reglamentarias, en las que el juez administrativo sustenta la pretensión fiscal, de lo que se sigue que la recurrente ha tenido oportunidad de conocer la causa y motivación del acto administrativo y de formular sus agravios contra el mismo en el procedimiento reglado que a tal fin dispone la ley 11.683. Ello, es suficiente para rechazar el planteo, lo que así se decide sin costas (Fallos 336:70, “Bolland”).
V. En cuanto a la cuestión de fondo lo que este Tribunal debe resolver es si el Banco Santander Rio S.A., como entidad organizadora de los concursos involucrados en las campañas de promoción denominadas comercialmente como “Con Santander Rio, Sos Hincha VIP”, “El Genio de los Pagos”, “Resumen de Cuenta On Line 2013” y “Mi Cajero Favorito”, estaba obligada a ingresar el impuesto a los premios creado por la ley 20.630 y sus reglam.
Es que no se encuentra en discusión que para acceder al premio, los participantes, clientes o no del banco ya que eran concursos abiertos al público en general, eran preseleccionados y luego eran convocados a asistir en una fecha determinada al “acto de asignación del premio” en el que éstos, potenciales ganadores, se les formulaban tres preguntas de cultura general ante Escribano Público. El o la participante que respondía correctamente al menos dos de las tres preguntas, ganaba los premios (en especie) previamente informados por el organizador.
Lo que discuten las partes y determina el encuadramiento de los concursos en el hecho imponible del gravamen es si ganar el premio dependía exclusivamente del azar o si además había un componente determinado por conocimientos en cultura general.
Cabe recordar que el hecho imponible definido en el art. 1° de la ley son los premios ganados en juegos de sorteo (loterías, rifas y similares), así como en concursos de apuestas de pronósticos deportivos distintos de las apuestas de carreras hípicas, organizados en el país por entidades oficiales o por entidades privadas con la autorización pertinente, que en los períodos que aquí importan era Lotería Nacional S.E. Por su parte, el decreto 668/74, reglamentario de la ley, dispone en su art. 3° que los premios de juegos que combinan el azar con elementos o circunstancias ajenas a éste, tales como la cultura, habilidad, destreza, pericia o fuerza de los participantes, sólo se considerarán alcanzados por la ley si la adjudicación de los mismos depende de un sorteo final (art. 3°).
La recurrente sostiene que los concursos que organizara en los períodos fiscales que aquí importan deben ser comprendidos en esta última norma debido a que probó que los participantes tenían que responder acertadamente preguntas de cultura general para acceder a los premios; por su parte el juez administrativo, no niega esa etapa del concurso, sino que dice que las preguntas eran tan obvias o fáciles que no implicaban conocimientos culturales y, como tales, no eran un elemento determinante en el resultado y, por ende, que no resulta de aplicación la excepción de la norma reglamentaria que invoca la recurrente. Sin perjuicio que la obviedad, o no, de las preguntas comprendidas en el concurso es claramente una cuestión subjetiva que no puede ser evaluada en forma genérica y sin tener en consideración el público a las que van dirigidas, máxime tratándose, como en el caso, de concursos abiertos al público en general y no solamente a la clientela de determinado producto o línea del banco, lo cierto es que a la fecha en que se dicta este pronunciamiento ya se ha expedido la justicia penal al respecto y su sentencia ha analizado específicamente ese elemento esencial de la operatoria y configurativo, a su vez, del hecho imponible del gravamen del que aquí se trata.
En efecto, al fallar la Cámara Nacional en lo Penal Económico en los autos “Cristofani, José Luis s/Incidente de falta de acción en autos “BANCO SANTANDER RÍO S.A. S/INF. LEY 24.769” (Expte. N° 928/2019/1), en la sentencia del 25 de junio de 2020, acompañada a estos autos por la recurrente a su escrito del 27 de julio de 2020, se dijo que “…los premios no se obtenían como consecuencia de un “juego de sorteo” como refiere el art. 1° de la ley 20.630, ni de un “sorteo final” como precisa el decreto reglamentario de la ley citada para los casos en los cuales se conjuguen el azar “…con elementos o circunstancias ajenas a éste, tales como la cultura, habilidad, destreza, pericia o fuerza de los participantes…”, sino que, por el contrario, mediaba un sorteo “inicial” que sólo establecía los participantes y, posteriormente, aquellos que resultaban sorteados, debían contestar preguntas de cultura general y dependiendo de la corrección de las respuestas adjudicarse (ganar), o no, un premio”. La Cámara concluyó que “…por más que las respuestas a los interrogantes planteados puedan visualizarse subjetivamente como sencillas, en los términos mencionados precedentemente, esto no modifica la circunstancia objetiva relativa a que la adjudicación de premios de los concursos de que se trata se encontraba condicionada a circunstancias diferentes del azar o del sorteo”.
Y a partir de ello, decide “…, por lo expresado, los hechos denunciados no se adecuan a los hechos imponibles descriptos por la ley 20.630 y su decreto reglamentario N° 668/74, ya que, en el caso, no se obtenía el premio por un sorteo final, sino por la contestación correcta de preguntas de cultura general, y en consecuencia, como los hechos descriptos en la denuncia no podrían encontrarse alcanzados por el tributo establecido por las normas citadas, se trata de hechos que examinados en función del Régimen Penal Tributario resultan atípicos manifiestamente”.
Cabe destacar que contra esa sentencia, el Ministerio Público Fiscal y la Administración Federal de Ingresos Públicos interpusieron recursos ante la Cámara Federal de Casación Penal los que fueron rechazados por la mayoría integrante de dicho Tribunal en la sentencia del 27 de diciembre de 2023. Para resolver de tal modo, entendieron, esencialmente, que la menor o mayor dificultad de las preguntas no impedía que el premio quedara excluido del gravamen. Por su parte, mediante auto del 16 de abril de 2024, la Cámara rechazó el recurso extraordinario presentado por la Administración Tributaria contra dicha decisión.
Por ello, en virtud de la normativa y la jurisprudencia antes citada, a efectos de evitar el dictado de sentencias contradictorias, corresponde también aquí aplicar el mismo criterio respecto de la pretensión fiscal notificada en la Resolución recurrida y dejarla sin efecto.
En efecto, por la forma en que se resuelve sobre los hechos en la sentencia penal, debe reconocérsele los alcances del último párrafo del art. 20 de la ley 24.769 (t.v.); ello, en los términos de reiterada y constante jurisprudencia de la Excma. Cámara, entre ella, la dictada in re "EDESA SA c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, el 3 de marzo de 2021, en cuanto a que “Si bien en las normas de la ley 24.769 citadas se descarta el sometimiento de la cuestión tributaria a los resultados alcanzados en sede penal, ello no empece a que se debe impedir la existencia de una posible contradicción sobre aspectos esenciales de los presupuestos fácticos comunes a ambos, pues se caería en un inaceptable escándalo jurídico, riesgo que se supera, encontrándose en discusión la obligación impositiva, condicionando la apreciación de los hechos a las conclusiones arribadas en el proceso penal…” (in re: “Procesamiento Industrial Laminados Arg. SA (TF 19.396-I) c/ AFIP-DGI”, Causa Nº 9200/04, del 13/10/06. Confirmado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 17/3/09)”. En el caso, entonces, la sentencia dictada en sede penal da clara cuenta que los concursos organizados por la aquí recurrente que dieron lugar a los ajustes comprendidos en la Resolución recurrida y que por los montos involucrados llevaron a la promoción de la denuncia penal prevista en el art. 1° de la ley 24.769, no quedaron sujetos al gravamen previsto por el art. 1° de la ley 20.630 por falta del azar exigido en los arts. 2 y 3 del decreto 668/74 que es uno de los elementos configurativos del hecho imponible del gravamen creado en dicha norma.
El Considerando 8° de la sentencia de la Cámara Nacional en lo Penal Económico es por demás claro al decir que “…de la lectura de la denuncia efectuada por la A.F.I.P. y de lo que se establece por la ley N° 20.630 y su decreto reglamentario transcriptos “ut supra”, resulta manifiesta la atipicidad de la conducta imputada al BANCO SANTANDER RIO S.A. y al presidente de la entidad mencionada,…”, y que “…los hechos por los que se formuló la denuncia carecen manifiestamente de la característica de sujeción exclusiva al azar que los tornaría alcanzados por el tributo establecido en el ar. 1 de la ley N° 20.630”, conclusión que es la que, en virtud de la normativa y la jurisprudencia de la Excma. Cámara antes citada, concretamente evitar el dictado de sentencias contradictorias, corresponde también aquí aplicar respecto de la pretensión fiscal notificada en la Resolución recurrida.
A mayor abundamiento, cabe recordar que esta Sala se pronunció en un caso similar al fallar en “Axis Mundi S.A.”, sentencia del 26-12-2018, en la que revocó la determinación de oficio practicada por el Fisco Nacional, decisión que quedó firme. Dijo allí, entre otras consideraciones, que “…el detalle y la especificidad de los requisitos que el Fisco toma en cuenta para entender que los concursos se encuentran gravados, esto es la valoración que hace de la dificultad de las consignas incluidos en éstos y la falta de acreditación de la pregunta de interés para adjudicar el premio, al tratarse de recaudos tan precisos llevan a la conclusión de que solo podrían hallar su exigibilidad en una previsión legal que así lo dispusiera y que no existe en el caso concreto, por lo que la exigencia pretendida por el Fisco vulneraría un principio de raigambre constitucional como lo es el de legalidad (cfr. criterio de la Corte Suprema de Justicia in re “Tecpetrol S.A. (TF 27621-I) c/DGI”, sentencia del 12 de septiembre de 2017)”. Dicha jurisprudencia, que quedó firme, puede ser consultada en https://jurisprudenciatfn.mecon.gob.ar.
Por todo lo expuesto, corresponde revocar la Resolución N° 39/2019, con costas a la vencida (art. 68 primer párrafo CPCCN.).
Por la forma en que se resuelve resulta insustancial referirse al resto de los agravios.
La Dra. Gómez dijo:
I. Respecto a la nulidad planteada por la actora, corresponde adherir a la solución propiciada por la Dra. O´Donnell, no correspondiendo imposición de costas por no ser articulada como cuestión previa.
II. Que coincidiendo con lo expuesto por la Vocal Instructora en cuanto al análisis de lo resuelto in re “Cristofani, José Luis s/Incidente de falta de acción en autos “BANCO SANTANDER RÍO S.A. S/INF. LEY 24.769” (Expte. N° 928/2019/1) y la interpretación propiciada respecto a su aplicación en autos, sumado ello al criterio expuesto por esta Juzgadora in re “Axis Mundi S.A. s/recurso de apelación” –sentencia del 26 de diciembre de 2018 que se encuentra firme- en una cuestión similar a la aquí debatida, corresponde revocar la determinación practicada.
En cuanto a las costas, considero que existiendo un pronunciamiento firme en la causa penal que desestimó la pretensión del Fisco Nacional y teniendo en cuenta que la cuestión ventilada ya no resulta novedosa, aquellas deben ser impuestas al organismo recaudador por resultar la parte vencida en autos (cfr. art. 68 primer párrafo CPCCN).
En atención al resultado de la votación que antecede,
1. Revocar la Resolución N° 39/2019, con costas.
2. Regular los honorarios del Dr. Gonzalo Luis Brest por su actuación en el doble carácter de apoderado y patrocinante de la recurrente, fijándolos en la suma de $1.490.968, equivalente a 30,38 UMA, los que quedan a cargo del Fisco Nacional, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada en la única etapa procesal cumplida y el resultado obtenido, conforme lo dispuesto por los arts. 14, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 29, y 51 de la ley 27.423.
Las sumas reguladas no incluyen en impuesto al valor agregado.
Se hace constar que este pronunciamiento se emite con el voto coincidente de las dos Vocales Titulares de esta Sala por encontrarse en uso de licencia el Vocal Titular de la 12ª Nominación (conf. art. 184 de la ley 11.183).
Regístrese, notifíquese, y archívese.
Date: 2024.05.24 13:31:47 -03:00 Date: 2024.05.24 13:37:48 -03:00 Edith Viviana Gomez Agustina O'Donnell Vocal Vocal Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2024.05.24 13:37:50 -03:00
Fin de la sentencia