Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D · Causa EX-2019-60236423-APN-SGAI#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar la Resolución N° 39/2019, con costas.
2Regular los honorarios del Dr. Gonzalo Luis Brest por su actuación en el doble carácter de apoderado y patrocinante de la recurrente, fijándolos en la suma de $2.905117, equivalente a 30,38 UMA, los que quedan a cargo del Fisco Nacional, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada en la única etapa procesal cumplida y el resultado obtenido, conforme lo dispuesto por los arts. 14, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 29, y 51 de la ley 27.423.
Las sumas reguladas no incluyen en impuesto al valor agregado.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Informe firma conjunta Número: IF-2026-51459024-APN-VOCXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 22 de Mayo de 2026 En la fecha se reúne la Sala D del Tribunal Fiscal de la Nación, integrada por la Dra. Edith Viviana Gómez (Vocalía de la 10º Nominación) y la Dra. Agustina O’Donnell (Vocalía de la 11º Nominación) para resolver el Expediente N° EX-2019-60236423-APN-SGAI#TFN caratulado “Banco Santander Rio SA s/apelación”
La Dra. O’Donnell dijo:
I. Por sentencia del 24 de mayo de 2024, obrante en el IF-2024-54285826-APN-VOCXI#TFN, esta Sala revocó, con costas, la Resolución N° 39/2019, por la cual se determinó a Banco Santander Rio S.A. su obligación en el impuesto de emergencia a los premios de determinados juegos de sorteos y concursos deportivos –ley 20.630 y sus modif.- por los períodos fiscales febrero de 2012 a mayo de 2014, y se la intimó a ingresar $6.112.081,56, más intereses resarcitorios (art. 37, ley). En dicho acto, la Administración Tributaria había hecho reserva de aplicarle sanciones hasta que se dictara sentencia en la causa penal, conforme a lo previsto en el art. 20 de la ley 24.769 (t.v.).
Apelada la sentencia por el Fisco Nacional, el 23 de mayo de 2025, la Cámara resolvió dejarla sin efecto, con costas en el orden causado.
Para ello dijo que dicha decisión “…omitió considerar que el 23 de abril de 2024 se había presentado un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación caratulado “Recurso Queja N°1 – Banco Santander Rio SA y otros s/incidente de recurso extraordinario”, y se hizo referencia a “…el efecto que ese recurso podría tener respecto de la sentencia penal dictada en el marco de la causa “Cristofani, José Luis s/Incidente de falta de acción en autos “BANCO SANTANDER RIO SA S/INF LEY 24.769”, que fue tenida en consideración para resolver la cuestión debatida”.
Por ello, remitió la causa a este Tribunal, para que dicte un nuevo pronunciamiento teniendo en cuenta la existencia del recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En atención a lo resuelto por la Cámara, por IF-2025-92784530-APN-VOCXI#TFN, esta Sala puso a cargo de las partes el deber de informar en este Expediente sobre el estado procesal del mencionado recurso de queja y, de corresponder, de adjuntar la sentencia que se dictara, lo que fue cumplido por la recurrente el 1° de septiembre de 2025 que informó que el 11 de noviembre de 2025, la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió desestimar el recurso de queja interpuesto por el Fisco Nacional, acompañando copia de dicha decisión en el RE-2025-
126785482-APNDTD#JGM.
De esa presentación se corrió traslado al Fisco Nacional, el que fue contestado solicitando nuevamente que se confirme la Resolución N° 39/2019, por los argumentos expuestos al contestar el recurso de apelación interpuesto en la presente causa, que allí reitera.
II. Cabe recordar que en la decisión de la Cámara del 23 de mayo de 2025 se dejó sin efecto la sentencia de este Tribunal del 24 de mayo de 2024 debido a que se encontraba pendiente a esa fecha el recurso de queja por denegación de recurso extraordinario interpuesto por el Fisco Nacional contra la sentencia dictada por la Cámara Federal de Casación que confirmó la de la Cámara Nacional en lo Penal Económico que sobreseyó a los directivos del banco del delito de evasión fiscal en el marco de la causa penal tributaria instruida -“Cristofani, José Luis s/Incidente de falta de acción en autos “BANCO SANTANDER RIO SA S/INF LEY 24.769-”, y que dicho remedio fue desestimado en la sentencia del 11 de noviembre de 2025.
De los Considerandos de la Resolución recurrida, surge que los ajustes practicados se originaron en los siguientes antecedentes de hecho y de derecho: a) en los períodos fiscales en cuestión, el banco organizó promociones que estaban autorizadas por Lotería Nacional Sociedad del Estado que consistían en la realización de sorteos de los que surgían potenciales ganadores; b) para acceder a los premios, éstos debían responder correctamente dos de tres preguntas de conocimiento y/o cultura general, c) el concurso era fiscalizado por Escribano Público; y d) las preguntas eran sencillas, de fácil comprensión y sin ningún nivel de dificultad, tales como “quién es el Presidente actual de la República Argentina?”, “cuál es la nacionalidad del Papa Francisco?”, “cuál es la capital de Francia?” y quién es el actual ministro de hacienda?.
Es por ello que, primero para la fiscalización y luego para el juez administrativo, el derecho a obtener el premio por parte de los beneficiarios no pudo ser atribuido a sus conocimientos y/o cultura, sino que fue, en realidad, consecuencia del sorteo previo y, por lo tanto, del azar. De ese modo, consideraron que los concursos no reunían las condiciones del art. 3° del decreto 668/74, que establece que “Los premios de juegos que combinan el azar con elementos o circunstancias ajenas a éste, tales como la cultura, habilidad, destreza, pericia o fuerza de los participantes, sólo se considerarán alcanzados por la ley si la adjudicación de los mismos depende de un sorteo final”, quedando, entonces, alcanzados por el impuesto previsto por la ley 20.630, que impone a los organizadores, en el caso, el banco, la obligación de ingresar el gravamen allí previsto.
Por su parte, en su recurso de apelación ante este Tribunal Banco Santander Rio S.A. sostiene, en primer lugar, que la Resolución es nula por carecer de causa y motivación “… por cuanto no se corresponde con los antecedentes del caso e ignora la legislación aplicable”.
Sostiene, asimismo, que si bien en los concursos se realizaron sorteos, se requería una acción de los participantes para ganar los premios, como la contestación de preguntas, lo cual excluía el azar, ya que el resultado dependía exclusivamente de su pericia y sus conocimientos en cultura general.
Aduce, además, que el art. 3 del decreto 668/74 no requiere que los conocimientos en cultura sean complejos, si no que “…por el contrario, si las preguntas fueran de difícil resolución, perderían su carácter de culturales, pues requerirían un saber propio de un especialista”. Justifica la recurrente el tenor o nivel de las preguntas, en que “… en nuestro país, hay un 30% de la población que se encuentra debajo de la línea de pobreza (http://www.uca.edu.ar ver datos públicos del Observatorio de Pobreza y Desigualdad de la Universidad Católica Argentina)”.
Abona también su postura en que los sorteos se realizaban al comienzo del concurso y no al final, por lo que considera aplicable el art. 3° del decreto 688/74.
Agrega que Lotería Nacional S.E., como ente encargado de aprobar el concurso y controlar el pago del impuesto, aunque pudiendo haberlo hecho, no efectuó cuestionamiento alguno al respecto y dice que no puede hacerlo cinco años después la Administración Tributaria.
Invoca que los intereses resarcitorios fueron aplicados sin comprobarse la mora culpable del deudor, aporta documentación, ofrece la producción de pruebas -documental en poder de la entonces AFIP, testimonial e informativa- y solicita que se revoque la Resolución, con costas.
Por su parte, al contestar el traslado del recurso, la representación fiscal, remitiéndose a los argumentos expuestos en los Considerandos de la Resolución recurrida, expone las razones por las cuales pide que se confirme el acto dictado, también con costas.
El 21 de abril de 2020, se rechazaron las pruebas informativa y testimonial ofrecidas por inconducentes y dilatorias, atento a que recaían sobre hechos no controvertidos en la causa.
Por otro lado, mediante presentación del 27 de junio de 2020, la recurrente acompaña un escrito “Manifiesta. Invoca Hechos sobrevinientes. Acompaña copias. Solicita libramiento oficios”, en el que en los términos del art. 365 del CPCC, pone en conocimiento de este Tribunal hechos que considera relevantes para el desarrollo del proceso.
Así, por un lado, adjuntó documentación consistente en una encuesta encargada a una reconocida consultora independiente sobre 178 clientes de las Sucursales Avellaneda y Pompeya a quienes se les hicieron las mismas preguntas que formaron parte de los concursos -las más arriba transcriptas- y que el juez administrativo sostuvo en la Resolución que eran de tal sencillez que, por ende, debía primar el azar que hacían encuadrar los concursos en el hecho imponible del gravamen; en la misma presentación, la recurrente solicitó a este Tribunal que librara oficio a la consultora para el caso que la contraparte dudara de la veracidad del informe.
Por otro lado, en la misma oportunidad adjuntó copia de la sentencia dictada el 26 de junio de 2020 por la Sala B de la Cámara Nacional en lo Penal Económico en la Causa N° 928/2019/1 “Cristofani, José Luis s/Incidente de falta de acción en autos “BANCO SANTANDER RÍO S.A. S/INF. LEY 24.769”, en la que se resolvió hacer lugar a la excepción de falta de acción y sobreseer al señor Cristofani y al Banco Santander Rio S.A. por los mismos ajustes a los notificados en la Resolución recurrida ante este Tribunal.
De dicha presentación, se corrió traslado a la representación fiscal, que la rechazó, entre otras consideraciones, porque a esa fecha la sentencia no estaba firme.
Por providencia del 4 de septiembre de 2020 no se hizo lugar al oficio propuesto por la recurrente, aunque se decidió tener presente la encuesta aportada para su oportunidad, y el 16 de septiembre de 2020 se rechazó el recurso de revocatoria interpuesto por el Fisco Nacional contra esa providencia.
Posteriormente, se requirió a las partes que como medida de mejor proveer, informaran sobre el estado procesal de la causa penal, así como también de las novedades que se dictaran en dicho proceso.
Así, la recurrente acompañó la sentencia interlocutoria dictada por la Cámara Nacional en lo Penal Económico en la que resolvió denegar el Recurso Extraordinario Federal interpuesto por el Fiscal General de Cámara, decisión contra la cual el Fisco Nacional dedujo recurso de queja que fue desestimado en la sentencia del 11 de noviembre de 2025.
III. En primer lugar, en relación al planteo de nulidad invocado por la recurrente que considera que la Resolución carece de causa y motivación, cabe señalar que no se advierten vicios de la simple lectura de sus Considerandos, ni de los antecedentes administrativos en los que obran reseñadas con minucioso detalle las tareas llevadas a cabo por la fiscalización con carácter previo a su dictado, que le dan causa y motivación en la forma requerida en el art. 7° de la ley 19.549 y los art. 16 y ss. de la ley 11.683. Debe recordarse que la nulidad de un acto no puede invocarse en forma abstracta, sino que es indispensable acreditar la existencia de afectación en algún derecho de quien la pide y un perjuicio concreto, requisitos que en el caso no se han cumplido.
Así lo ha manifestado en forma reiterada y constante la Excma. Cámara que ejerce como tribunal de alzada de este Tribunal al decir que “…cuando se plantea la nulidad de un acto administrativo debe señalarse, concretamente, cuáles son los vicios que exhibe y qué perjuicio ha provocado (causa “Cooperativa de Trabajo AEI “Colonia Barraquero” LTDA c/ INAES – Resol. 806/08 (Expte. 137/03)”, pronunciamiento del 3 de febrero de 2012). También ha sostenido que el interesado debe acreditar la violación de una forma procesal, o la omisión de un acto, que origine el incumplimiento del propósito perseguido por la ley y que pueda dar lugar a su indefensión, por lo que las nulidades son inadmisibles cuando no se indican las defensas de las que se vio privado de oponer el impugnante (causa “EDI Fumigaciones SRL (TF 27564-I) c/ DGI”, “Cachape SRL c/ DGI” y “Ángel Russo Combustibles SRL (TF 24979-I) c/ DGI”, pronunciamientos del 2 de febrero de 2012, del 12 de julio de 2012 y del 20 de mayo de 2015, respectivamente)” conf. ”Bringas Raul”, sentencia del 1.10.2020, entre muchos otros.
Del mismo modo, se citan en los Considerandos de la Resolución, tanto las normas legales como reglamentarias, en las que el juez administrativo sustenta la pretensión fiscal, de lo que se sigue que la recurrente ha tenido oportunidad de conocer la causa y motivación del acto administrativo y de formular sus agravios contra el mismo en el procedimiento reglado que a tal fin dispone la ley 11.683.
Ello, es suficiente para rechazar el planteo, lo que así se decide sin costas (Fallos 336:70, “Bolland”).
IV. En cuanto a la cuestión de fondo, lo que este Tribunal debe resolver es si el Banco Santander Rio S.A., como entidad organizadora de los concursos involucrados en las campañas de promoción denominadas comercialmente como “Con Santander Rio, Sos Hincha VIP”, “El Genio de los Pagos”, “Resumen de Cuenta On Line 2013” y “Mi Cajero Favorito”, estaba obligada a ingresar el impuesto a los premios creado por la ley 20.630 y sus reglam. Es que no se encuentra en discusión que para acceder al premio, los participantes, clientes o no del banco ya que eran concursos abiertos al público en general, eran preseleccionados y luego eran convocados a asistir en una fecha determinada al “acto de asignación del premio” en el que éstos, potenciales ganadores, se les formulaban tres preguntas de cultura general ante Escribano Público. El o la participante que respondía correctamente al menos dos de las tres preguntas, ganaba los premios (en especie) previamente informados por el organizador. Lo que discuten las partes y determina el encuadramiento de los concursos en el hecho imponible del gravamen es si ganar el premio dependía exclusivamente del azar o si además había un componente determinado por conocimientos en cultura general.
Cabe recordar que el hecho imponible definido en el art. 1° de la ley son los premios ganados en juegos de sorteo (loterías, rifas y similares), así como en concursos de apuestas de pronósticos deportivos distintos de las apuestas de carreras hípicas, organizados en el país por entidades oficiales o por entidades privadas con la autorización pertinente, que en los períodos que aquí importan era Lotería Nacional S.E.
Por su parte, el decreto 668/74, reglamentario de la ley, dispone en su art. 3° que los premios de juegos que combinan el azar con elementos o circunstancias ajenas a éste, tales como la cultura, habilidad, destreza, pericia o fuerza de los participantes, sólo se considerarán alcanzados por la ley si la adjudicación de los mismos depende de un sorteo final (art. 3°).
La recurrente sostiene que los concursos que organizara en los períodos fiscales que aquí importan deben ser comprendidos en esta última norma debido a que probó que los participantes tenían que responder acertadamente preguntas de cultura general para acceder a los premios; por su parte el juez administrativo, no niega esa etapa del concurso, sino que dice que las preguntas eran tan obvias o fáciles que no implicaban conocimientos culturales y, como tales, no eran un elemento determinante en el resultado y, por ende, que no resulta de aplicación la excepción de la norma reglamentaria que invoca la recurrente.
Sin perjuicio de que la obviedad, o no, de las preguntas comprendidas en el concurso es claramente una cuestión subjetiva que no puede ser evaluada en forma genérica y sin tener en consideración el público a las que van dirigidas, máxime tratándose, como en el caso, de concursos abiertos al público en general y no solamente a la clientela de determinado producto o línea del banco, lo cierto es que a la fecha en que se dicta este pronunciamiento ya se ha expedido la justicia penal al respecto y su sentencia ha analizado específicamente ese elemento esencial de la operatoria y configurativo, a su vez, del hecho imponible del gravamen del que aquí se trata.
En efecto, al fallar la Cámara Nacional en lo Penal Económico en los autos “Cristofani, José Luis s/Incidente de falta de acción en autos “BANCO SANTANDER RÍO S.A. S/INF. LEY 24.769” (Expte. N° 928/2019/1), se dijo que “…los premios no se obtenían como consecuencia de un “juego de sorteo” como refiere el art. 1° de la ley 20.630, ni de un “sorteo final” como precisa el decreto reglamentario de la ley citada para los casos en los cuales se conjuguen el azar “…con elementos o circunstancias ajenas a éste, tales como la cultura, habilidad, destreza, pericia o fuerza de los participantes…”, sino que, por el contrario, mediaba un sorteo “inicial” que sólo establecía los participantes y, posteriormente, aquellos que resultaban sorteados, debían contestar preguntas de cultura general y dependiendo de la corrección de las respuestas adjudicarse (ganar), o no, un premio.
La Cámara concluyó que “…por más que las respuestas a los interrogantes planteados puedan visualizarse subjetivamente como sencillas, en los términos mencionados precedentemente, esto no modifica la circunstancia objetiva relativa a que la adjudicación de premios de los concursos de que se trata se encontraba condicionada a circunstancias diferentes del azar o del sorteo”.
Y a partir de ello, decide “…, por lo expresado, los hechos denunciados no se adecuan a los hechos imponibles descriptos por la ley 20.630 y su decreto reglamentario N° 668/74, ya que, en el caso, no se obtenía el premio por un sorteo final, sino por la contestación correcta de preguntas de cultura general, y en consecuencia, como los hechos descriptos en la denuncia no podrían encontrarse alcanzados por el tributo establecido por las normas citadas, se trata de hechos que examinados en función del Régimen Penal Tributario resultan atípicos manifiestamente”.
Como antes se dijo, contra esa sentencia, el Ministerio Público Fiscal y la entonces Administración Federal de Ingresos Públicos interpusieron recursos ante la Cámara Federal de Casación Penal los que fueron rechazados por la mayoría integrante de dicho Tribunal en la sentencia del 27 de diciembre de 2023 que quedó firme. Para resolver de tal modo, entendieron, esencialmente, que la menor o mayor dificultad de las preguntas no impedía que el premio quedara excluido del gravamen.
Por ello, en virtud de la normativa y la jurisprudencia antes citada, a efectos de evitar el dictado de sentencias contradictorias, corresponde también aquí aplicar el mismo criterio respecto de la pretensión fiscal notificada en la Resolución recurrida.
En efecto, por la forma en que se resuelve sobre los hechos en la sentencia penal, debe reconocérsele los alcances del último párrafo del art. 20 de la ley 24.769 (t.v.); ello, en los términos de reiterada y constante jurisprudencia de la Excma. Cámara, entre ella, la dictada in re "EDESA SA c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, el 3 de marzo de 2021, en cuanto a que “Si bien en las normas de la ley 24.769 citadas se descarta el sometimiento de la cuestión tributaria a los resultados alcanzados en sede penal, ello no empece a que se debe impedir la existencia de una posible contradicción sobre aspectos esenciales de los presupuestos fácticos comunes a ambos, pues se caería en un inaceptable escándalo jurídico, riesgo que se supera, encontrándose en discusión la obligación impositiva, condicionando la apreciación de los hechos a las conclusiones arribadas en el proceso penal…” (in re: “Procesamiento Industrial Laminados Arg. SA (TF 19.396-I) c/ AFIP-DGI”, Causa Nº 9200/04, del 13/10/06. Confirmado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 17/3/09)”.
En el caso, entonces, la sentencia dictada en sede penal da clara cuenta que los concursos organizados por la aquí recurrente que dieron lugar a los ajustes comprendidos en la Resolución recurrida y que por los montos involucrados llevaron a la promoción de la denuncia penal prevista en el art. 1° de la ley 24.769, no quedaron sujetos al gravamen previsto por el art. 1° de la ley 20.630 por falta del azar exigido en los arts. 2 y 3 del decreto 668/74 que es uno de los elementos configurativos del hecho imponible del gravamen creado en dicha norma. El Considerando 8° de la sentencia de la Cámara Nacional en lo Penal Económico es por demás claro al decir que “…de la lectura de la denuncia efectuada por la A.F.I.P. y de lo que se establece por la ley N° 20.630 y su decreto reglamentario transcriptos “ut supra”, resulta manifiesta la atipicidad de la conducta imputada al BANCO SANTANDER RIO S.A. y al presidente de la entidad mencionada,…”, y que “…los hechos por los que se formuló la denuncia carecen manifiestamente de la característica de sujeción exclusiva al azar que los tornaría alcanzados por el tributo establecido en el art. 1 de la ley N° 20.630”, conclusión que es la que, en virtud de la normativa y la jurisprudencia de la Excma. Cámara antes citada, corresponde también aquí aplicar respecto de la pretensión fiscal notificada en la Resolución recurrida y revocar la Resolución N° 39/2019, con costas. La Dra. Gomez dijo:
Que adhiero a los expuesto en el voto de la Vocal Instructora, a lo que me permito agregar que la interpretación que allí se hace es coincidente con el criterio expuesto por la suscripta al resolver con fecha 26 de diciembre de 2018 la causa “Axis Mundi SA s/recurso de apelación”, donde se debatía una cuestión similar a la planteada en autos, decisorio éste que quedó firme. Que ello así, corresponde revocar la determinación practicada. Asimismo, atento a las vicisitudes que presenta la resolución de este expediente, considero que, en esta oportunidad, corresponde imponer las costas a cargo de la vencida.
Por ello, SE RESUELVE:
1. Revocar la Resolución N° 39/2019, con costas.
2. Regular los honorarios del Dr. Gonzalo Luis Brest por su actuación en el doble carácter de apoderado y patrocinante de la recurrente, fijándolos en la suma de $2.905117, equivalente a 30,38 UMA, los que quedan a cargo del Fisco Nacional, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada en la única etapa procesal cumplida y el resultado obtenido, conforme lo dispuesto por los arts. 14, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 29, y 51 de la ley 27.423.
Las sumas reguladas no incluyen en impuesto al valor agregado.
Se hace constar que esta sentencia se emite con el voto coincidente de dos Vocales Titulares de esta Sala por encontrarse en uso de licencia el Vocal Titular de la 12° Nominación (conf. art. 184 de la ley 11.183). Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese.
Date: 2026.05.22 13:46:04 -03:00 Date: 2026.05.22 16:11:42 -03:00 Edith Viviana Gomez Agustina O'Donnell Vocal Vocal Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2026.05.22 16:11:42 -03:00
Fin de la sentencia