Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D · Causa 47.060-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la Resolución N°132/2016, con costas.
2Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional: a) por la excepción de prescripción resuelta, en las sumas de $17.213 por la representación procesal y $43.032 por el patrocinio letrado, los que quedan a cargo del recurrente, teniendo en consideración el monto del litigio y el resultado obtenido de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 7,9,19,37,38 y concordantes de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432.
B) por la cuestión de fondo, en la suma de $172.129 por la representación procesal, y $430.323 por el patrocinio letrado, los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y las tareas desarrolladas por los profesionales intervinientes en la primera etapa procesal, de acuerdo con lo dispuesto por los arts. 7, 9, 19, 37, 38 y concordantes de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432. c) por la cuestión de fondo, en la suma de $585.788 equivalente a 65,08 UMAS por la representación procesal y de $1.464.470, equivalente a 162,70 UMAS por el patrocinio letrado, los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el resultado obtenido y las tareas desarrolladas por los profesionales intervinientes en la segunda y tercera etapa procesal, conforme lo dispuesto por la ley 27.423. …
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Informe firma conjunta Número: IF-2022-85517748-APN-VOCXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 17 de Agosto de 2022 apelación”. Sentencia En la fecha se reúne la Sala D del Tribunal Fiscal de la Nación, integrada por la Dra. Edith Viviana Gómez (Vocalía de la 10º Nominación), la Dra. Agustina O’Donnell (Vocalía de la 11º Nominación) y el Dr. Daniel Alejandro Martín (Vocalía de la 12º Nominación), para dictar sentencia en el Expte. N°47.060-I caratulado “ BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SA s/ apelación”, La Dra. O’Donnell dijo:
I. Banco de Servicios y Transacciones S.A. (en adelante, BST) interpone el recurso de apelación que prevé el art. 76, inc. b) de la ley 11.683 contra la Resolución N° 132/2016, dictada el 24 de junio de 2016 por la División Determinaciones de Oficio A del Departamento de Grandes Contribuyentes Nacionales de la Administración Federal de Ingresos Públicos, en la que se determinó su obligación en el impuesto a las ganancias y, en consecuencia, se ajustaron los montos de los quebrantos correspondientes a los periodos períodos fiscales 2008 y 2009 en $10.998.015,15, estableciéndose el saldo a su favor en las sumas de $22.837,87 y $7.760,33, respectivamente.
En dicho acto, el organismo fiscal consideró como ganancia gravada del período fiscal 2008 los resultados de los certificados en fideicomisos financieros por $494.111,09, así como también cuestionó el método utilizado por el BST para el cálculo del prorrateo de gastos utilizado en la declaración jurada del período fiscal 2009, vinculados con ganancias gravadas, exentas y/o no gravadas previsto en el art. 117 del decreto reglamentario de la ley del impuesto a las ganancias, al no haber tomado en consideración como parte integrante del coeficiente de asignación de dichas erogaciones a la renta proveniente de la tenencia de certificados de participación en fideicomisos financieros, lo cual sostiene contradice las normas aplicables. Explica a continuación que reformuló el prorrateo incluyendo el referido concepto a los efectos del cálculo del coeficiente, de lo que resultó la impugnación de los gastos consignados en su declaración jurada de los períodos fiscales 2008 y 2009 y la consecuente disminución de los quebrantos declarados por esos ejercicios.
En su recurso, BST plantea como de previo y especial pronunciamiento la excepción de prescripción. Sostiene para ello que el plazo en relación al periodo 2008 se inició el 1° de enero de 2010 y venció el 1° de enero de 2015. En cuanto al periodo 2009, considera que aún de aplicarse el plazo especial previsto por el art. incorporado a continuación del 65 de la ley 11.683, los 120 días allí previstos se cumplieron el 27 de abril de 2016, concluyendo que la prescripción por ese periodo se produjo el 30 de abril de 2016.
Agrega que para ninguno de los periodos determinados rige la suspensión de un año que estableció el art 17 de la ley 26.860, ya que ésta entró en vigencia el 3 de junio de 2013, por lo que a su entender rige sólo para las relaciones jurídicas nacidas con posterioridad a esa fecha, y por otra parte, tampoco la considera aplicable por cuanto BST no se acogió al régimen de regularización allí previsto.
En cuanto al ajuste en particular, sostiene que no corresponde la inclusión en el prorrateo de ningún gasto vinculado a las utilidades de los fideicomisos, dado que no se trata de ingresos exentos y/o no gravados como dispone el art. 80 de la ley, sino que constituyen una renta no computable, tal como surge de su art. 64, es decir que se trata de una categoría de ingresos que tiene una naturaleza distinta de los exentos y no gravados y, por lo tanto, que tiene un distinto tratamiento legal. Exige así que este Tribunal interprete que los dividendos y la renta de los certificados de participación en los fideicomisos financieros son conceptos no computables y que no se puede prohibir su deducción por analogía.
A continuación, y en forma subsidiaria, rechaza el método de cuantificación de ingresos y egresos utilizado por el organismo para realizar el prorrateo puesto que considera un absurdo que ante la imposibilidad de asignar gastos en forma directa a la tenencia de certificados de participación fiduciarios, todos los gastos deban ser considerados indirectos y sujetos a prorrateo. Considera, en cambio, que a ese grupo sólo deben destinarse aquellos gastos que carezcan de asignación específica sobre la renta de que se trate o pertenezcan a un régimen especial. Señala que los gastos que sustentaron la distribución de utilidades ya se encontraban imputados al patrimonio fiduciario y que la liquidación de los ajustes provocó una considerable distorsión en las cifras finales. Así, aclarando especialmente que lo hace a título enumerativo, se refiere a gastos por deducciones de intereses, malos créditos, gastos de organización, gastos asociados a la actividad de las sucursales, gastos o contribuciones realizados en favor del personal, gastos de representación y otras erogaciones, que considera necesarias para el desarrollo de la actividad y afirma que no pueden someterse a prorrateo porque la ley admite su deducción en forma expresa.
Ofrece la producción de una prueba pericial contable y solicita que se revoque la Resolución, con costas. A su turno, contesta el recurso la representación fiscal, que por las consideraciones que invoca, solicita la confirmación de la Resolución, también con costas.
II. A fs. 132/139 se presenta la recurrente e informa su acogimiento parcial al régimen de la ley 27.260 en relación a los conceptos y montos que surgen de la documentación que acompaña, que fue total para el período fiscal 2008 y parcial para el período fiscal 2009, por lo que en la sentencia del 24 de octubre de 2017 que obra a fs. 151/152 se la tuvo por desistida parcialmente de la acción y del derecho, incluso el de repetición, con costas. Allí también se dispuso continuar el trámite de la causa por la porción del ajuste correspondiente al período fiscal 2009 que no fue objeto de acogimiento que implica una pretensión fiscal de $5.868.037,65 en lugar de la originaria de $10.998.015,15.
III. A fs. 187 se abrió la causa a prueba y se hizo lugar a la pericial que obra junto con sus respectivas aclaraciones a fs. 207/249, fs. 265/270 y fs. 274/275. A fs. 281 se elevaron los autos a consideración de la Sala. A fs. 289/302 y 303/305 las partes presentan sus respectivos alegatos y a fs. 308 la causa queda en estado de dictar sentencia.
IV. Corresponde que este Tribunal se expida en relación a los agravios presentados por la recurrente contra la determinación notificada en la Resolución, en la parte que no ha sido objeto de desistimiento.
En efecto, como ya se dijo, encontrándose en trámite el Expediente BST formuló acogimiento al régimen de la ley 27.260 por el ajuste practicado en el período fiscal 2008. Es por ello, que en su alegato manifiesta que “…no subsiste controversia ni planteo alguno vinculado a las obligaciones tributarias que fueron oportunamente determinadas de oficio en el impuesto a las ganancias del periodo fiscal 2008, como así tampoco ostenta relevancia actual alguna el planteo de prescripción oportunamente incoado con relación a este mismo impuesto y periodo fiscal”.
En cambio, en relación al período fiscal 2009 manifiesta que “…continúan vigentes -aunque en forma parciallas impugnaciones formuladas con relación al ajuste de ese mismo impuesto en función de que el desistimiento formulado en los términos de la ley 27.260 sólo contempló el allanamiento parcial a la pretensión fiscal…”, y aclara que “…dado que se trata de una entidad financiera y en virtud de los beneficios contemplados en la ley 27.260, a pesar que la esencia del ajuste practicado resulta totalmente absurda, como se verá a continuación, por cuestiones de índole económica, decidió incorporar algunos conceptos en el régimen de regularización citado a fin de aminorar sus pasivos contingentes…”, pero que mantiene todas las restantes críticas realizadas en su recurso de apelación.
Así, explica que en virtud de su acogimiento, modificó los montos de los gastos ajustados impositivamente por los siguientes conceptos: Intereses Pagados por Obligaciones Negociables por $10.394.203,36, Cargos por Incobrabilidad por $41.629.000 y Pérdidas por Quitas por $1.381.617,15 . También ajustó los ingresos por los siguientes conceptos: por venta de títulos públicos $41.985.040,80 y como contrapartida de la detracción de los ajustes por incobrabilidad, incorporó la misma suma como ingresos del período fiscal ($41.629.000). Por lo que cabe resolver la cuestión tal como quedó planteada después del desistimiento homologado en la sentencia de esta Sala del 24 de octubre de 2017.
a. En cuanto a la excepción de prescripción por el período fiscal 2009, que es la única que debe ser tratada dada la regularización de los ajustes del período fiscal 2008, según los arts. 56 y 57 de la ley 11.683 las acciones y poderes del Fisco Nacional para determinar y exigir el pago de los impuestos prescriben por el transcurso del plazo de 5 años, el que comienza a correr desde el 1º de enero siguiente al año en que se produzca el vencimiento de los plazos generales para la presentación de declaraciones juradas e ingreso del gravamen.
En el caso de autos, teniendo en cuenta que BST cerró su ejercicio el 31 de diciembre de 2009, el plazo de prescripción para la determinación de sus obligaciones se inició el 1° de enero de 2011, por lo que el vencimiento del plazo se produjo el 1° de enero de 2016. Ello así, teniendo en cuenta la fecha de la Resolución recurrida –del 24 de junio de 2016 -cabe analizar si se han verificado en autos circunstancias que pudieran haber tenido la virtualidad de suspender o interrumpir el curso normal de dicho plazo.
Y en ese aspecto, resulta aplicable lo resuelto por esta Sala en una anterior composición en los autos “Molinari, Carlos Juan”, sentencia del 27 de diciembre de 2017 y, más recientemente, en su actual composición en los autos “Ford Credit Compañía Financiera S.A”, sentencia del 16 de abril de 2019 y “HSBC Argentina Holdings SA” del 17 de diciembre de 2019, en las que haciendo referencia también al art. 17 de la ley 26.860, reglamentado por el art. 7° de la RG AFIP N° 3509, dijo en lo que aquí interesa, que “De la lectura de la normativa transcripta surge que el texto legal que nos ocupa es indudablemente de una claridad meridiana. Y como es sabido, cuando una norma es clara en su formulación y sus alcances no ofrecen inconvenientes interpretativos, no cabe sino su directa aplicación (Fallos 308:1745; 320:2145). Es doctrina inveterada de nuestro más Alto Tribunal que no cabe admitir una interpretación de las disposiciones legales que equivalga a prescindir de su texto, si no media para ello declaración de inconstitucionalidad o ilegalidad (Fallos 285:358; 307:2153) pues la exégesis de la norma debe practicarse sin violencia de su letra o de su espíritu”.
Y que, por lo tanto, “… el plazo de suspensión incorporado por la ley N° 26.860 alcanza a la totalidad de contribuyentes hayan o no optado por hacer uso del régimen de exteriorización de moneda extrajera, resultando plenamente aplicable en el sub examen y por ende, el artículo agregado a continuación del artículo 65 de la ley 11.683 …”, constituyendo ésta una decisión del entonces legislador, que no se repitió en su similar posterior ley 27.260 cuyos beneficios en este proceso la actora también invocó, de la cual no corresponde apartarse ya que no existen a la fecha precedentes en la que se haya declarado su inconstitucionalidad (conf. art. 185, ley 11.683). En virtud de lo expuesto, cabe concluir que en el caso el plazo de prescripción fue suspendido por 1 año por aplicación del art. 17 de la ley 26.860, por lo que operó el 1° de enero de 2017 para el periodo fiscal 2009. En consecuencia, las acciones del Fisco Nacional para determinar de oficio las obligaciones de la aquí recurrente no habían prescripto, por lo que cabe rechazar la excepción, con costas.
Por lo tanto, no corresponde tratar el planteo efectuado en relación a la suspensión de 120 días que prevé el artículo incorporado a continuación del art. 165 de la ley 11.683.
b. En lo que se refiere a la cuestión de fondo, cabe recordar, en primer lugar, que el Tribunal no está obligado a seguir a las partes en todas y cada una de las cuestiones y argumentaciones que proponen, sino tan sólo aquéllas que son conducentes para decidir el caso y que bastan para dar sustento a un pronunciamiento válido (conf. Fallos 258:304; 262:222; 265:301; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970).
La pretensión fiscal se funda en los resultados de las tareas de fiscalización efectuadas a BST, como absorbente de Credilogros Compañía Financiera SA, -cuyas actividades principal y secundaria son, respectivamente, la de “Servicios de Banca Minorista” y “Servicios de intermediación financiera realizada por las compañías financieras”-, en la que se impugnó la declaración jurada presentada en el impuesto a las ganancias en el período fiscal 2009 ya que “…, “…respecto del método de prorrateo de gastos, se constató que la responsable no había impugnado gastos relacionados con ingresos exentos o excluidos, no obstante haberse observado, del análisis de la información brindada por la encartada la declaración de ingresos no computables en dicho ejercicio fiscal, provenientes de utilidades distribuidas por los certificados de participación en los fideicomisos financieros”. En función de ello, teniendo en cuenta que la recurrente no efectuó el prorrateo de gastos ni aportó el detalle de aquellos que se encontraban vinculados con utilidades provenientes de esos fideicomisos, el organismo adoptó el método de prorrateo en base a la clasificación de los ingresos y considerando la totalidad de los gastos del ejercicio, por aplicación de lo dispuesto en el art. 80 de la ley del gravamen y el art. 117 de su decreto reglamentario en relación al resultado de la tenencia de certificados y utilidades distribuidas de los fideicomisos denominados Best Consumer II, Best Consumer III y Best Consumer V.
BST, por su parte, asegura que el juez administrativo omitió realizar un correcto análisis de la normativa aplicable, concretamente de los arts. 64 y 17 y 80 de la ley del impuesto a las ganancias, en el texto vigente en el período fiscal 2013, y el art. 117 de su decreto reglamentario, exponiendo que los ingresos no computables permiten la plena deducción de los gastos que puedan tener asociados.
Cabe adelantar que la cuestión que aquí debe resolverse ya fue tratada por la Cámara que ejerce como alzada de este Tribunal en “Banco Mariva S.A.”, sentencia del 29 de noviembre de 2018, en la que en lo que aquí interesa dijo que “…, vista la cuestión desde el plano teórico, se reduce a lo siguiente: cuando un sujeto obtiene conjuntamente rentas alcanzadas y no alcanzadas por el IG, los gastos que podrá deducir de la renta bruta deben ser proporcionales a las primeras. Para determinar qué porcentual de gastos se podrá deducir, se aplica un “coeficiente”, que se obtiene de una fórmula aritmética, consistente en la división de los ingresos no alcanzados por el IG - numerador- respecto de los ingresos alcanzados -denominador-”.
Y agregó, en lo que aquí interesa, que, “…los dividendos efectivamente se encuentran gravados en cabeza del accionista; sin embargo, el legislador dispuso que no sean computados en la determinación de su ganancia neta, ya que la sociedad que los distribuye ya habrá ingresado el gravamen”, y que “Ello explica la razón por la cual el artículo 69 bis impone a la sociedad el ingreso del 35% de los dividendos que no tributaron el IG, siendo el propósito de la norma “...evitar que ganancias consideradas exentas por la ley del impuesto se trasladen, sin la incidencia del tributo, a los accionistas o socios por vía de dividendos o de la distribución de utilidades.” (CSJN - “Cerro Vanguardia SA”, 30/6/09 y “HSBC New York Life Seguros de Vida (TF 28.978-I) c/DGI”, 11/11/14)”, y concluyó que “…si bien los ingresos en concepto de dividendos se encuentran gravados en cabeza del accionista, al liquidar el gravamen no los habrá de computar.”
A partir de ello, sostuvo también que “…, a la luz de la estructura sobre la cual se cimienta el IG -en el cual, a las ganancias brutas se le restan los gastos necesarios para obtenerlas, mantenerlas y conservarlas (arts. 17 y 80)-, mal podría admitirse la deducción del gasto en el que se haya incurrido para la obtención de una ganancia no computable por el contribuyente. Tal tesitura derivaría, sin más, en una indebida reducción de la base imponible del impuesto”, ya que “…las deducciones están, en principio, regidas por el principio de causalidad, es decir que sólo se podrán computar de la renta bruta aquellos gastos que guarden una relación causal directa con la generación de la renta...(“Tetra Pak SA (TF 34349-I) c/DGI” -Causa N° 36171/13-, del 18/2/14)”, doctrina que es también la que este Tribunal considera que debe ser aplicada en el caso por resultar más acorde al régimen de deducción de gastos que permite la ley del gravamen y al objetivo que con él se persigue, y no se han esgrimido otros fundamentos, ni se han ofrecido ni aportado pruebas que justifiquen un análisis diferente al ya efectuado en la sentencia que, como ya se dijo, esta Sala comparte, tal como se resolvió en “Banco Patagonia S.A.”, sentencia del 30 de mayo de 2019 y “Banco Finansur S.A.”, del 15 de noviembre de 2021, entre otros casos.
En un sentido similar se pronunció en fecha reciente la Sala A de este Tribunal al fallar en “Swiss Medical S.A.”, el 8 de septiembre de 2020, en sentencia confirmada por la Excma. Cámara el 12 de agosto de 2021. Dijo allí que, “Concretamente, vista la cuestión desde el plano teórico, se reduce a lo siguiente: cuando un sujeto obtiene conjuntamente rentas gravadas y no gravadas por el Impuesto a las Ganancias, los gastos que podrá deducir de la renta bruta deben ser proporcionales a las primeras. Para determinar qué porcentual de gastos se podrá deducir, se aplica un “coeficiente”, que se obtiene de una fórmula aritmética, consistente en la división de los ingresos no gravados por el impuesto -numerador- respecto del total de ingresos (gravados y no gravados) - denominador-, el cual luego aplicado sobre el total de gastos del contribuyente determinará el monto total de Gastos No Computables, que no podrán ser deducidos”.
Y agregó que, “Sin pretender agotar el tema del llamado “impuesto de igualación o equiparación”, es posible discernir del texto legal expuesto que “los dividendos efectivamente se encuentran gravados en cabeza del accionista; sin embargo, el legislador dispuso que no sean computados en la determinación de su ganancia neta, ya que la sociedad que los distribuye ya habrá ingresado el gravamen” (Fallo “Banco Mariva SA c/EN-AFIP s/DGI”, CNACAF, Sala III, 29/11/2018). Y esto explica por qué el artículo 69 bis impone a la sociedad el ingreso del 35% de los dividendos que no tributaron el Impuesto a las Ganancias, siendo el propósito de la norma “...evitar que ganancias consideradas exentas por la ley del impuesto se trasladen, sin la incidencia del tributo, a los accionistas o socios por vía de dividendos o de la distribución de utilidades” (Fallos CSJN “Cerro Vanguardia SA”, sentencia del 30/6/09; “HSBC New York Life Seguros de Vida (TF 28.978-I) c/DGI”, sentencia del 11/11/14; TFN “Tele Red Imagen SA s/ recurso de apelación”, Sala A, sentencia del 08/08/2019). En síntesis: si bien los ingresos en concepto de dividendos se encuentran gravados en cabeza del accionista -Swiss Medical S.A.-, al liquidar éste el gravamen no los deberá computar porque ya fueron incididos por el impuesto en cabeza de la sociedad que los distribuye”.
Para concluir que, “Esclarecido entonces el tratamiento dado por el texto de la ley de rito a los dividendos cobrados, corresponde hacer lo propio respecto de los gastos necesarios para obtener, conservar y mantener dicha renta, desde la perspectiva del sujeto-empresa que los cobra. Tomando en cuenta el carácter de “no computable” de la renta “dividendos” en cabeza del accionista y la mecánica de liquidación del impuesto antes indicado, tiene dicho la Sala III de la Alzada, que “mal podría admitirse la deducción del gasto en el que se haya incurrido para la obtención de una ganancia no computable por el contribuyente…[porque]... Tal tesitura derivaría, sin más, en una indebida reducción de la base imponible del impuesto. Dicho en otros términos, si a las rentas gravadas se le detraen los gastos necesarios para alcanzarla, junto con -además- los producidos para obtener aquellas que no se encuentran gravadas, se rebajaría incorrectamente la renta neta y, por ende, la obligación fiscal” (Fallo “Banco Mariva SA c/EN-AFIP s/DGI”, CNACAF, Sala III, 29/11/2018)”.
Esta Sala ya había señalado también, luego de analizar la normativa aplicable, en “Banco Hipotecario S.A.”, del 19 de febrero de 2020, que “…contrariamente a lo que expone la recurrente, que los ingresos no computables como los dividendos no dan lugar al cómputo de los gastos que pretende en la liquidación del prorrateo, alcance que surge claramente del texto de las normas aplicable, esto es de los arts. 17 y 80 de la ley del impuesto a las ganancias, que fijan el criterio general en materia de deducción de gastos, y de igual modo del art. 64 que es la norma que BHN especialmente hace valer en la deducción de los gastos asociados a los dividendos objeto de impugnación –siempre del texto vigente en el período fiscal 2013 que es el que aquí importa-”. Este criterio fue mantenido en “Banco Hipotecario S.A.”, del 21 de diciembre de 2021 y en fecha más cercana en “BBVA Banco Frances S.A.”, del 12 de mayo de 2022.
Por ende, conforme a la jurisprudencia citada, que puede ser consultada en https://jurisprudenciatfn.mecon.gob.ar/ y en www.cij.gov.ar, cabe concluir que resultado de la tenencia de certificados y utilidades distribuidas por BST en relación a los fideicomisos nominados Best Consumer II, Best Consumer III y Best Consumer V, que son las que dieron lugar a los ajustes notificados en la Resolución, deben ser incluidos en el cálculo del prorrateo, y por ende la pretensión fiscal debe ser confirmada.
Por otro lado, si bien BST reconoce en su presentación ante este Tribunal que el ajuste tiene un sustento claramente conceptual, critica también en subsidio la metodología utilizada en la liquidación y la forma en que el juez administrativo determinó el prorrateo, sosteniendo que fue errónea y para demostrarlo, ofreció la prueba pericial contable que se produjo a fs. 207/249. Según sus propios dichos, el propósito de esta prueba era acreditar cuáles fueron los únicos gastos imputados al patrimonio fiduciario de los fideicomisos financieros -sobre la base de lo consignado de antemano en los contratos constitutivos de los mismos- y cuáles a su juicio, no debieron haberse prorrateado. Entre tales gastos enuncia a los intereses pagados por obligaciones negociables, los cargos por incobrabilidad, los cargos por quitas, los gastos de personal, gastos de sucursales.
A continuación aclara que tales conceptos se citan “…sólo a titulo enumerativo -por tratarse quizás de aquellos conceptos más representativos del absurdo cometido en materia fiscal”.
Al respecto cabe destacar, por una parte, que el valor probatorio de la pericia contable no tiene la contundencia que BST pretende endilgarle en su escrito de alegato, no solamente porque prácticamente en ninguno de sus puntos pudo lograrse un dictamen concordante de los profesionales intervinientes, sino además por las observaciones formuladas por la perita designada por el Fisco Nacional respecto de la dificultad para visualizar la documentación compulsada y la duda sobre la existencia de respaldo documental de los registros examinados en ocasión de llevarse a cabo que dieron lugar únicamente a conclusiones del perito designado por BST (v. respuesta a puntos 3.4, 7, 7.1, 7.3, 7.6). Así, los agravios de la recurrente tendientes a excluir determinados gastos, como los de organización y de representación y los incurridos en su personal alegando su desvinculación con las actividades de inversión de la entidad, quedan sin sustento, aunque resulta inverosímil suponer que los certificados no requirieron ni seres humanos, ni estructura administrativa alguna en la gestión de las inversiones. Es decir, en el criterio de BST por el mero hecho de ser una renta pasiva, originada en la mera tenencia de participaciones societarias, la renta no tuvo ningún gasto asociado, ni financiero ni administrativo, asignando al término renta pasiva un alcance que no tiene al punto de considerar que sus resultados son prácticamente sin costo alguno.
Por otra parte, el carácter meramente enumerativo que según los dichos de la propia recurrente de los rubros de gastos y erogaciones integrantes del prorrateo sobre los que recaen sus agravios, carece de la precisión que permita identificar y sustentar cuáles son sus objeciones concretas a la liquidación de los ingresos y los gastos efectuada en la Resolución a partir de la adopción del tratamiento fiscal que es compartido por este Tribunal, y por la Cámara que ejerce como alzada de sus decisiones, en los fallos más arriba citados.
Es que en el informe pericial, el perito designado por la actora se limita a contestar los puntos dando cuenta de los gastos que por diferentes conceptos, vgr. intereses pasivos, por obligaciones negociables, por incobrables, gastos de personal e indemnizaciones y gratificaciones (gastos laborales), gastos de organización y de representación, sucursales incluidas, fueron incluidos en el prorrateo, pero la realidad es que sobre ello no había discusión, ni tampoco sobre el monto de cada uno de lo que allí se cuantifica; la pretensión fiscal consistió, precisamente, en la incorporación conceptual de tales rubros en el prorrateo de gastos e ingresos a efectos de la liquidación del gravamen del periodo fiscal 2009, por ende nada aportan a los agravios formulados y no alteran la decisión de este Tribunal en cuanto a que se trata de gastos que integran el prorrateo.
Asiste también razón a la representación fiscal cuando en ocasión de alegar sobre el mérito de la prueba rendida en esta instancia sostiene que no deben confundirse los gastos propios del fideicomiso con los que se vinculan a la estructura empresaria del tenedor de los certificados de participación, ya que varios puntos del informe pericial se refieren a los gastos ordinarios y extraordinarios de los fideicomisos financieros en los que Credilogros, luego BST, era fiduciante, que son ajenos a la presente controversia.
A ello cabe agregar que otro de los puntos del informe pericial, el N° 5, se refiere específicamente a los montos de la deducción por deudores incobrables y cargos por quitas, que fueron expresamente conformados y desistidos por BST y regularizados en el régimen de la ley 27.260, y como destaca en su alegato, sobre los mismos no subsisten discrepancias, por lo que carece de sentido expedirse sobre los mismos cuando han sido expresamente conformados por la recurrente cuando la causa se encontraba en trámite.
Por último, las críticas formuladas en relación a la cuantificación del ajuste no guarda coherencia con la conformidad y consecuente desistimiento que hiciera respecto a muchos de los conceptos ajustados en el marco de la ley 27.260, como erogaciones financieras que subsistieron luego del acogimiento, que corresponden, de nuevo, conceptualmente, a los mismos gastos, al solo efecto de cuestionar no ya su sustento sino el monto de la pretensión fiscal. Ello, en modo alguno implica negar la posibilidad del contribuyente de allanarse parcialmente a la pretensión fiscal, pero cuando, como en el caso, se invocan solamente como razones por tratarse de una entidad financiera y en virtud de los beneficios contemplados por la ley 27.260, así como aminorar pasivos contingentes, son indudables los efectos que ese acto propio tiene en la íntegra liquidación fiscal, más aun si se trata del mismo gravamen y del mismo período fiscal. Para decirlo más claro, no se trata aquí que BST conformó la pretensión fiscal de algunos conceptos y de otros no, sino que de un mismo concepto solamente regularizó una parte del reclamo, tal el gasto en erogaciones financieras, sin brindar razones valederas que justifiquen apartarse de la teoría de los actos propios.
A mayor abundamiento, de la respuesta de la perita designada por la representación fiscal se desprende que los Intereses Pasivos del ejercicio eran $41.617.000, no $62.725.000 como invoca BST y que dentro del rubro había conceptos, como aportes al fondo de garantía de depósitos, impuesto sobre los ingresos brutos y primas por pases de pasivos con el sector financiero, que no podían calificarse a los efectos de la deducción pretendida como Intereses. Asimismo, respecto a los gastos de representación es el perito de BST el que dice que no están identificados en los Estados Contables y Balance de Saldos. Si bien a fs. 258/259, BST requirió explicaciones al Informe pericial, estos aspectos no fueron incluidos.
En definitiva, los resultados de la prueba rendida en esta instancia no aportan elementos que permitan modificar la cuantificación de la pretensión fiscal, ya que el prorrateo aplicado en la Resolución resulta conforme a derecho, por lo que corresponde confirmar la Resolución N°132/2016, con costas.
El Dr. Martín y la Dra Gómez dijeron:
Que adhieren al voto precedente.
Atento al resultado de la votación que antecede,
1. Confirmar la Resolución N°132/2016, con costas.
2. Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional: a) por la excepción de prescripción resuelta, en las sumas de $17.213 por la representación procesal y $43.032 por el patrocinio letrado, los que quedan a cargo del recurrente, teniendo en consideración el monto del litigio y el resultado obtenido de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 7,9,19,37,38 y concordantes de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432.
b) por la cuestión de fondo, en la suma de $172.129 por la representación procesal, y $430.323 por el patrocinio letrado, los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y las tareas desarrolladas por los profesionales intervinientes en la primera etapa procesal, de acuerdo con lo dispuesto por los arts. 7, 9, 19, 37, 38 y concordantes de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432. c) por la cuestión de fondo, en la suma de $585.788 equivalente a 65,08 UMAS por la representación procesal y de $1.464.470, equivalente a 162,70 UMAS por el patrocinio letrado, los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el resultado obtenido y las tareas desarrolladas por los profesionales intervinientes en la segunda y tercera etapa procesal, conforme lo dispuesto por la ley 27.423.
3. Regular los honorarios del Contadora Pública María Angélica Gattorronchieri en la suma de $516.373 equivalente a 57,37 UMAS a cargo de la recurrente, por su actuación en autos en el carácter de perito designada a propuesta del Fisco Nacional teniendo para ello en consideración las pautas establecidas por el decreto ley 16.638/57.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. Date: 2022.08.17 10:36:12 -03:00 Date: 2022.08.17 12:54:12 -03:00 Daniel Alejandro Martín Edith Viviana Gomez Vocal Vocal Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.08.17 13:12:23 -03:00 Agustina O'Donnell Vocal Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.08.17 13:12:24 -03:00
Fin de la sentencia